Nikki Haley y el embajador de Egipto en la ONU, Amr Aboulatta, en el Consejo de Seguridad. Haley dijo en junio de 2017 en el Congreso legislativo que el presupuesto propuesto por Donal Trump ponía al foro mundial "sobre aviso". Crédito: Rick Bajornas/UN PHOTO.

Por Barbara Crossette
NACIONES UNIDAS, Jun 30 2017 (IPS)

A los cinco meses de asumir el cargo de embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley fue objeto de duros cuestionamientos por parte de figuras influyentes del Congreso legislativo, quienes reclamaron explicaciones por el recorte de fondos a agencias del foro mundial.

La decisión del gobierno de Donald Trump perjudica especialmente al Fondo de Población de la ONU (Unfpa), al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ONU Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos.

Los interrogatorios también se concentraron en la reducción del aporte de Estados Unidos a las operaciones de paz, de 27 a 25 por ciento, que no puede hacerse de forma unilateral sin incurrir en atrasos.

Haley se mostró orgullosa de sacar 150 millones de dólares a la misión en Haití, en un momento en que el propio secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, designó a Josette Sheeran como enviada especial para el cólera en ese país, el más pobre del hemisferio occidental.

También se cuestionaron los recortes a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en un contexto de proliferación nuclear.

Haley también se mostró orgullosa de que Estados Unidos promoviera este mes en el comité de presupuesto de la Asamblea General de la ONU una reducción del presupuesto de las operaciones de paz. De hecho, Washington pretendía un recorte de 1.000 millones de dólares, pero accedió a la mitad ese monto en un presupuesto anual de 7.300 millones de dólares.

Paradójicamente, Haley se lamentó de la falta de equipamiento de las fuerzas de paz, como la misión en Malí a la que le urgen tanques, los que podrían adquirirse con un presupuesto más generoso.

El tono con que los legisladores interrogaron a Haley hace pensar que el presupuesto de 2018 no reunirá un apoyo legislativo significativo en lo que respecta a la ONU, aunque todavía hay un núcleo duro de legisladores del gobernante Partido Republicano que, sin tener siempre claro los hechos o el contexto de trabajo de las organizaciones, son displicentes e insultantes.

Haley reconoció la presión de Israel, a la que se refirió como “apoyo”, que hizo que Estados Unidos presionara a Guterres para que revirtiera la designación de febrero de Salam Fayyad, ex primer ministro palestino, como representante especial de la ONU para Libia.

Al principio, Haley no se habría opuesto a la designación de Fayyad. Y al ser consultada por el cambio radical de último momento de Estados Unidos, la representante estadounidense explicó que como Palestina no era un Estado reconocido por su país, un ciudadano palestino no podía tener un cargo oficial en la sede de la ONU.

El argumento fue que con esa designación se promovía el “desequilibrio” dentro del foro mundial en perjuicio de Israel. Pero no dijo claramente si el estado judío lo presionó ni si algún día Washington aprobaría a un palestino para algún cargo en Estados Unidos.

El primer día de cuestionamientos, el martes 27, Haley se presentó ante un subcomité de presupuesto de la Cámara de Representantes, dedicado a los fondos destinados a organizaciones internacionales.

Al día siguiente, el miércoles 28, debió declarar frente a todo el comité de asuntos exteriores de la cámara baja. Como política consumada, Haley se defendió bien y eludió algunos asuntos, aunque siempre expresando su inquebrantable apoyo al equipo de Trump y al propio presidente.

En un intermedio del interrogatorio en el subcomité, Haley señaló que la última amenaza contra el presidente de Siria, Bashar al Assad, y sus defensores, Irán y Rusia, en caso de que lanzara otro ataque con armas químicas, no fue más que eso, sin ninguna acción planificada.

El objetivo fue “mandar un mensaje”, no solo a Siria, sino también a Rusia e Irán, para que “retrocedieran”.

En lo que respecta al recorte casi total de fondos a Unicef en el presupuesto federal para 2018, respecto del cual los miembros del comité tuvieron varias reacciones, desde incredulidad y desilusión hasta conmoción e indignación, Haley respondió como si tal cosa que el “punto de partida” del presupuesto era reforzar las fuerzas armadas y realizar recortes en los otros ámbitos.

Tampoco reaccionó cuando el representante por el estado de Virginia, Gerry Connolly, del opositor Partido Demócrata, le preguntó si los niños del mundo debían pagar por el fortalecimiento del sector militar de Estados Unidos, a lo que respondió “no es el orgullo lo que los estadounidenses defenderán”.

Varios legisladores, muchos de ellos demócratas, preguntaron por qué Estados Unidos parecía tener una política exterior incoherente, señalando pronunciamientos encontrados entre declaraciones públicas y tuits del presidente, medidas declaraciones del secretario de Estado (canciller) Rex Tillerson y declaraciones de Haley, a veces más parecidas a opiniones personales.

Para decirlo de forma delicada, Estados Unidos se volvió “impredecible”, observó un legislador.

Al ser interrogada sobre su relación con sus superiores en Washington, Haley informó al comité de asuntos exteriores que rara vez conversaba con Trump o Tillerson.

Su relación más estrecha es con el asesor sobre seguridad nacional, H. R. McMaster, el secretario (ministro) de Defensa, James Mattis, precisó, con quienes habla sobre asuntos vinculados a la ONU, así como con otros de los integrantes del gabinete de Trump.

En lo que respecta a Rusia, Haley mantuvo su objeción a la invasión de Crimea y a las incursiones lanzadas por Moscú en el este de Ucrania, y aceptó la intromisión de ese país en las elecciones estadounidenses de 2016. Pero insistió en que Trump no estaba en connivencia con esa interferencia, aunque confesó que no habló del tema con el presidente porque no era un asunto vinculado a la ONU.

Haley recibió muchos cuestionamientos por el recorte de fondos al Unfpa, principalmente de los demócratas, pero no solamente, sobre lo que dijo que no podía hacer mucho, pues había sido por decreto presidencial, e insistió en que el dinero, unos 70 millones de dólares, según los cálculos actuales, se destinaría a programas de asistencia estadounidenses similares.

Pero esos programas impiden toda contribución a organizaciones internacionales o no gubernamentales que asistan o asesoren en materia de aborto.

El gobierno de Trump, y antes el de George W. Bush (2001-2009), utilizaron informes desacreditados respecto de que el Unfpa apoyó abortos forzados en China para cortar sus contribuciones.

Haley repitió el argumento, aunque declaró al subcomité que el Unfpa estaba “asociado” con una “compañía” en China culpable de “esterilización” involuntaria, argumento que no repitió en la audiencia del comité de asuntos exteriores. Pero Lois Frankel, legisladora demócrata de Florida, consideró esa razón como una “excusa totalmente falsa”.

Gran parte de las audiencias se concentraron en críticas y cuestionamientos al Consejo de Derechos Humanos, con 47 estados miembros, y Haley repitió lo que dijo en enero respecto de que el órgano necesitaba “arreglo”.

También había declarado este mes, en el Instituto de Graduados de Ginebra, que Estados Unidos intentaría proteger los derechos humanos  “por fuera” del Consejo si no se cumplían dos condiciones no negociables.

En ese discurso, Haley reclamó un cambio en el proceso de elección, lo debería hacerse a través de la Asamblea General, para “mantener a los peores violadores de derechos humanos fuera del Consejo”. Eso significaría poner fin a la elección abierta de los miembros del Consejo, actualmente elegidos regionalmente por consenso o luego de un tira y afloja político.

La segunda demanda es que la disposición conocida como punto 7, de la agenda del Consejo de Derechos humanos, que favorece que se condene a Israel de forma permanente, “se elimine”, propuesta que concentra un amplio apoyo bipartidista. De hecho, diplomáticos estadounidenses han logrado en los últimos años reducir el número de resoluciones al respecto, y el asunto no será objeto de debate otra vez hasta 2020.

En el Congreso, Haley sostuvo que Egipto, Pakistán y Arabia Saudita son los “partidarios más sólidos” del punto 7.

Por último, Haley no tuvo ningún problema en defender la decisión de Trump de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático. “No vamos a tirar al clima por la ventana”, arguyó. “Lo que hizo el presidente fue lo más conveniente para las empresas y para nuestro país”, añadió.

A lo que Connolly respondió, la decisión de Trump coloca a Estados Unidos en el mismo barco que Nicaragua y Siria.

Artículo publicado por IPS por cortesía de PassBlue, cobertura independiente en línea de la ONU, un proyecto del Instituto Ralph Bunche de Estudios Internacionales, Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York.

Traducido por Verónica Firme

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI/BARCELONA, Jun 26 2017 (IPS)

Hace años circulaban unos anuncios en los que un hombre aducía que había logrado su empleo a través de las páginas de ofertas laborales de The New York Times. Era una buena estrategia: anunciantes y buscadores de puestos de trabajo pagaban espacios en la sección de “clasificados” y los que deseaban empleo las consultaban.

Además, la seriedad del diario neoyorquino daba garantías de que la información era seria y correcta. Años después comenzaron a aparecer unos posters, de las decenas que presumían de las ventajas de los rascacielos donde aparecía un Fidel Castro sonriente haciendo el mismo mérito. “I got my job through the NY Times (logré mi empleo gracias al NY Times)”.

Solamente los lectores más avezados y conocedores de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y las hazañas de la Revolución Castrista, interpretaban correctamente la irónica afirmación. Se refería a un detalle histórico poco conocido acerca de cómo Castro capturó la atención de los medios norteamericanos y el poder de Washington.

Al parecer, Herbert Mathews, un experimentado periodista del diario, famoso tempranamente por haber informado de acontecimientos mundiales importantes, como la Guerra Civil de España, plasmó una entrevista con Castro en Sierra Maestra en 1957.

El texto tuvo tal impacto que en Washington se consideró que debía ser en interés de Estados Unidos apoyar a la incipiente revolución que terminaría por derribar la dictadura de Fulgencio Batista, quien había reclamado la muerte de Castro.

El resto es historia: Mathews ha quedado señalado por los anticastristas como un cómplice del sistema comunista, mientras que Castro y los suyos lo consideran a la altura de Ernesto Che Guevara.

Ahora, si la decisión de los editorialistas de The New York Times (NYT), al recomendar al gobierno español que pacte con el catalán y autorice la celebración del referéndum anunciado para el 1 de octubre, tiene éxito, los impresores de carteles y suvenires se apresurarán a diseñar uno con una efigie de aire “castrista”.

Si el resultado de la consulta deriva en un voto positivo y Catalunya se convierte en un estado independiente, y republicano (según la especificación de las boletas provisionales), el nuevo presidente catalán podrá ser deudo de un sincero agradecimiento.

Quizá entonces el mismo presidente catalán Carles Puigdemont se arrepienta de haber renunciado a repetir el cargo. Quizá la foto sea de Oriol Junqueras, el líder republicano que según las encuestas se apunta como vencedor de unas elecciones, constituyentes o transicionales. “I got my job through the NY Times”, en catalán, seguro sería un “best seller”, objeto de deseo de coleccionistas.

Lo que el editorial del diario estadounidense, el mejor y más influyente rotativo no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, habrá conseguido es atraer la atención sobre un dilema que sigue pesando sobre la cabeza del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Como bien dice el editorial, su tozudez no ha conseguido más que el aumento de las huestes independentistas. Al negarse en redondo tan siquiera a hablar sobre el referéndum, aduciendo (correctamente) que la Constitución española no lo permite, pues la soberanía nacional no está troceada, sigue regalando argumentos a los que, al parecer y por ahora, no tienen intención de frenar la carrera hacia el enfrentamiento.

Tampoco sirve de mucho que el NYT sepa bien que el propio ordenamiento constitucional de Estados Unidos no permite el ejercicio de consultas para estados individuales o en conjunto (como sucedió con la secesión del Sur). Entonces, el presidente Abraham Lincoln no se fue por las ramas y aplastó la rebelión, aunque simultáneamente evitó la represión. De la misma forma, la posterior doctrina del presidente Woodrow Wilson de la libre determinación se ofrecía para los casos, numerosos entonces, de colonialismo, y no es aplicable ahora.

El NYT, con sentido práctico liberal, aduce que sería mejor para el gobierno español autorizar el referéndum, sin rubor de disimulo de calcular que sería negativo para los independentistas, como revelan ciertas encuestas.

En otras palabras, tanto la democracia liberal como del propio interés de Estados Unidos ganarían, ya que Washington y Wall Street le tienen pánico a la fragmentación de los estados. Ya lo dijo Obama: Estados Unidos no se entromete en los asuntos internos de sus aliados, pero prefiere una España “unificada” (fue un lapsus, pues quiso decir modestamente “unida”).

Pero los observadores estadounidenses se preguntan qué quieren decir los partidos (como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE) que interpretan España como una “nación de naciones”, sin reparar que hace ya tiempo que sigue pendiente una definición aproximada y clara de la identidad nacional que se decante por la variante norteamericana de opción (es norteamericano que quiere serlo) o la étnica-cultural, la antigua germana, eterna y primordial.

Quizá el editorialista del NYT intuye que la interpretación de la Constitución, al distinguir “nacionalidades” y “regiones”, requiere sutiliza y flexibilidad. Pero quizá su corresponsal en Madrid (el autor en la sombra del editorial) no se da cuenta de que una mayoría notable de los españoles no están dispuestos a aceptar mayores ventajas para algunas “nacionalidades”. Ya se tiene bastante con el convenio vasco, del que nadie habla.

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI/BARCELONA, Jun 19 2017 (IPS)

El anuncio del presidente Donald Trump acerca de una nueva política hacia Cuba no es novedoso ni constituye una agenda estratégica. Tampoco tendrá efectos sustanciales en la relación entre Cuba y Estados Unidos. El beneficiado de su limitado impacto será, como ha sido desde prácticamente el principio de las Revolución Cubana y la reacción norteamericana, solamente el régimen cubano.

Ni el exilio cubano, ni el pueblo, ni el interés nacional de Estados Unidos recibirán premio alguno.

La esencia del mensaje de Trump, en el seno del templo del exilio, la inmigración y la mera residencia de la comunidad cubana en Miami (que hay de todo), no constituye un contraste del discurso tradicional entronizado desde la imposición del embargo como resultado de los cambios drásticos del régimen cubano al adoptar el formato totalitario y la consiguiente destrucción del sistema capitalista y liberal.

La palabra y el fondo de su discurso en el Teatro Manuel Artime (nombrado en honor de un dirigente de la llamada Brigada 2506 que desembarcó en Playa Girón-Bahía Cochinos el 17 de abril de 1961) es un viaje veloz en el túnel del tiempo.

Muy cerca del escenario de Trump, John Kennedy leyó una de sus clásicas alocuciones en el Orange Bowl de Miami el 29 de diciembre de 1962. Fue seis días después de la liberación de los capturados (a cambio de medicinas y tractores). El presidente reconocía así su culpabilidad al haber abandonado a los invasores en la deplorable aventura. Prometió la liberación de Cuba.

Su discurso fue entonces mejor escrito por sus asesores que la lamentable gramática y léxico a que nos tiene acostumbrado el actual inquilino de la Casa Blanca. Pero el mensaje de Trump es igualmente vacío, retórico. Solamente contenta a un sector que lamentablemente persigue objetivos a corto plazo.

La salva de artificio es el clásico movimiento de un componente de la pareja del sempiterno diferendo para complicar una temporal situación de calma. En esas circunstancias, a un lado u otro del Estrecho de la Florida, uno decide romper la tregua, aplaudido silenciosamente por el otro, necesitado de resucitar la tensión para beneficio de su sector duro.

Ahora el turno ha sido para Trump. Nada nuevo. Esta película ya la hemos visto.

De momento, mientras a la universal opinión norteamericana Cuba no le importa nada, ya que nadie gana o pierde escaños en el Congreso o Senado, con la excepción de ciertos senadores o representantes conectados por los votos en Florida, el tema cubano levanta pasiones y hace saltar las alarmas alrededor de la Calle Ocho de Miami.

Es entonces cuando tantos numerosos predecesores de Trump se han subido al autobús renqueante de la lucha anticastrista.

La novedad del caso de Trump es que su decisión concuerda con la agenda adoptada en otras medidas desde su elección en noviembre del pasado año. Se trata simplemente de enmendarle la plana a su predecesor Barack Obama, atacando los logros emblemáticos en ciertos terrenos, sin que hasta ahora haya conseguido resultados concretos.

Es igual que en el diseño del insólito muro con México, el desmantelamiento del plan de salud llamado Obama Care, y el parón a la inmigración de media docena de países islámicos. Las medidas con Cuba tienen toda la marca de la inoperancia, con el resultado de daño al propio interés nacional de Estados Unidos.

La huella inmediata de la decisión del presidente norteamericano se verá en la indecisión de los ciudadanos norteamericanos que hasta ahora se han beneficiado del relajamiento de la política de Washington.

Los empresarios que habían comenzado a entablar relaciones comerciales (Estados Unidos, paradójicamente, a pesar del embargo, todavía vigente en sus fundamentos, es el tercer socio comercial de Cuba) y los que habían aprovechado los canales culturales y educativos, deberán andar con pies de plomo. Los perjudicados van a ser los ciudadanos de Cuba que se habían convertido en penosos “cuentapropistas”.

La corrección al deshielo iniciado por Obama va a servir de rampa de lanzamiento para los sectores que se consideran más duros en el contexto del régimen cubano, si es posible detectar diversas facciones. A la derecha (si esta ubicación es posible) del presidente Raúl Castro se puede favorecer a los que sin tregua señalarán que el régimen cubano está tan acosado como en los viejos tiempos de la Guerra Fría.

En ese escenario, los perdedores del sistema van a ser los “aperturistas” que han presionado a Raúl para la ampliación de los sectores “liberados” de la economía. Mientras tanto, han jugado arriesgadamente en los terrenos políticos que los más optimistas consideran que se pueden sublimar en el traspaso de poderes en febrero de 2018.

Los rumores que apuntan hacia una transición dinástica, que consolidaría al régimen cubano sobre otro escalón de la familia Castro, pueden verse confirmados por la energía demostrada por la línea dura, justificada por el acoso de Trump.

Mientras, en el propio seno del “establishment” de Washington, ese mundo que Trump detesta, los que (sea quien domine la Casa Blanca) siguen detentando los hilos de la seguridad (en el Pentágono y otras agencias), observan alarmados los movimientos irresponsables de Trump, traducción de sus “tweets” nocturnos.

El escenario latinoamericano está comparativamente estabilizado. Con la excepción de los estertores del régimen post-Chávez en Venezuela y algunos acólitos del ALBA en descomposición, la amenaza se ha quedado reducida a la criminalidad organizada, el tráfico de drogas y la inmigración descontrolada.

Una Cuba en convulsión por enfrentamientos internos, causados tanto por la incapacidad del régimen en mejorar la existencia de sus ciudadanos como por la presión desde Washington, es lo último que se desea.

Un segundo Mariel resulta terrorífico, al igual que una novedosa marea de balseros. Esta tesis está basada en la existencia de otros escenarios con más graves dolencias que inciden directamente sobre el protagonismo de Estados Unidos en el mundo.

De ahí que esos centros de influencia permanente consideren que, por el momento, lo mejor es que Cuba siga en el estado actual, pese a la resistencia del sistema a generar pleno respeto de los derechos humanos y libertad de expresión. Pero la caballería de Trump ha llegado para el rescate.

Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

Una de las muchas actividades a favor de los migrantes en el sureño estado de Texas, en Estados Unidos. Crédito Arturo Contreras Camero/EnelCamino

Por Arturo Contreras
AUSTIN, Estados Unidos, Jun 12 2017 (IPS)

Cuatro condados son la punta de lanza en la pelea legal por los derechos de millones de latinos en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esas cuatro localidades presentaron tres demandas en contra del gobierno estadal por la aprobación de la ley SB4, que busca aumentar la fuerza de deportación.

La ‘Ley muestra tus papeles’, que entrará en vigor el primero de septiembre, obliga a policías locales y estadales a adoptar tareas de agentes federales de migración, como pedir papeles que acrediten su estancia en Estados Unidos.

De acuerdo con los demandantes, la aplicación de la nueva norma podría desatar actos discriminatorios y prejuicios raciales en contra de los más de 10 millones de habitantes latinos en el estado.

“Esta ley es un ataque frontal contra los inmigrantes y sus familias, es un intento de reclutar la fuerza de deportación al convertir a todos los policías en agentes de migración, violan el debido proceso, violan la igual protección de las leyes”, explica Efrén C. Olivares, abogado defensor del Proyecto Organizativo de Texas, una de las agrupaciones civiles que demandaron al gobierno del estado.

Por eso, cuatro alcaldes, dos alguaciles y cinco organizaciones no gubernamentales tomaron acciones legales en contra de la SB4 bajo el argumento de que la nueva legislación atenta contra la separación de poderes local, estadal y federal.

Los demandantes no esperan que un juez federal dé un veredicto aprobando o rechazando la ley; más bien esperan una suspensión temporal en lo que dura el caso, porque la entrada en vigor de la ley podría afectar las libertades civiles de millones de ciudadanos; un problema que buscan atender inmediatamente.

“Cuando hay una demanda compleja, pero hay un tema urgente, le pedimos al juez que, como se va a tardar la resolución, que suspenda una sección de la ley, en lo que nos ponemos de acuerdo. Hay que convencer al juez y es una pelea con el juez. Nosotros vamos a pedir que se suspenda toda la ley, pero él puede escoger solo algunos artículos”, agrega Olivares.

Los efectos de la ley pueden ser tan fuertes que hay migrantes indocumentados que podrían dejar de salir de sus casas o perder acceso a programas sociales y de asistencia que el gobierno les hace llegar a través de distintas organizaciones no gubernamentales, como cuenta Angela-Jo Touza Medina, directora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas de Greater Austin.

“Es miedo a las redadas, básicamente. Que haya una reunión, en la organización en la que trabajo yo, por ejemplo, que somos un centro de salud mental y que la gente no venga por miedo a que, bueno, la policía sabe que está este grupo aquí, qué tal que están fuera esperándolos, ese tipo de miedo”.

Sin embargo, las comunidades inmigrantes no son los únicos afectados, sino también los policías locales, quienes, de negarse a acatar la SB4, podrían enfrentar la destitución de su cargo.

“Esta ley dice claramente, que, si los oficiales no respetan esta ley, nosotros somos los que vamos a ser multados o mandados a la cárcel”, dice casi gritando Tom Scherber, el alguacil de Eagle Pass en el condado de Maverick, quien firma una de las demandas.

Él es parte de un puñado de alguaciles en Texas que se niegan a hacer las veces de agentes de migración, pues alejaría a la gente de la policía, socavaría su confianza, lo que crearía el ambiente perfecto para que haya más crímenes.

“Yo lo que estoy rechazando es que mis oficiales, incluido yo, no vamos a hacer trabajo de inmigración en las calles. ¡Nada de eso! No vamos a arrestar gente porque vaya caminando y le preguntemos de qué país es y si trae documentos”, añade el alguacil en un español golpeado, con acento norteño.

Estas demandas legales son la última herramienta de protección de varios condados que albergan grandes comunidades latinas ante la ley de un gobierno que se ha mostrado agresivo con quienes desafían sus decisiones.

Como las represalias que tomó el gobernador Greg Abbott en contra del alguacil del condado de Travis, en donde se encuentra la capital del estado, Austin.

Cuando la SB4 apenas era una propuesta en el congreso estatal, la sheriff Sally Hernandez anunció que no estaba de acuerdo con ella y que buscaría una manera de evadir su puesta en acción. Como respuesta, el gobierno estatal cortó un millón y medio de fondos para la policía a cargo de Hernández.

Este es un panorama que los demandantes y sus abogados tienen claro, como Jose Garza, el abogado que lidera la demanda que interpuso el condado de El Paso:

“Siempre está ese peligro con la gente que lidera Texas, que la gente que no esté de acuerdo con ellos sea castigada”, por lo tanto, él considera que la única manera de defenderse es la demanda. “Lo que pedimos es que un juez federal revise los peligros potenciales que la ley representa para las personas, un juez que hará una evaluación independiente de la ley. Creemos que desafiar la ley es la mejor manera de proteger al condado y a sus residentes”.

Sin embargo, el gobierno estadl tenía presente la posibilidad de enfrentar resistencia, civil y legal ante la SB4. Por eso, un día después de que el gobernador firmara la ley, el fiscal del estado, el general Ken Paxton, levantó una demanda en contra del alcalde de la ciudad de Austin, Steve Adler; de la alguacil Hernandez y de los 10 concejales de la ciudad por anunciar que no acatarían una ley que aún no entra en vigor.

La rápida movida del gobierno estadal parece ridícula, explica Efrén Olivares, director del programa de justicia racial y económica del Proyecto por los derechos civiles de Texas, pero tiene un truco escondido. La táctica de Paxton busca que un juez federal declare como constitucional la nueva ley.

“Ellos entablaron una demanda que declara que la ley es constitucional, cuando el estado promulga una ley, uno quiere sobreentender que aprueban algo que es constitucional. Ahora lo que están intentando, es que un juez federal diga que lo que aprobaron no va contra la constitución”, dice.

Olivares describe estas tácticas como propias de un sistema totalitario, “esto se ve en dictaduras, no en democracias libres”.

A pesar de enfrentar a un gobierno con esas características, la gente que lucha con los litigios no tiene miedo de más represalias, como cuenta Martha Sánchez, vocera y coordinadora de trabajo comunitario para La Unión del Pueblo Entero, una organización de migrantes en el área de Brownsville, al sur del estado que elevó otra de las demandas en conjunto con la ciudad de San Antonio.

“Ya estamos bien castigados por el gobernador aquí, nunca tiene trato con esta área. En cambio, tenemos mucha gente vigilándonos, los que monitorean el ‘highway’ (autopista) y los que monitorean la frontera, tenemos mucha vigilancia, acosan a la gente de las áreas rurales, nosotros tenemos el yugo ya muy fuerte. Y (el gobernador) Gregg Abbott ya pidió más dinero para esto”, explica.

Esta lucha es el resultado del trabajo de organizaciones sociales que representan a un grupo de migrantes que históricamente no se había sabido coordinar para trabajar en conjunto. Ahora, caen en cuenta que estas leyes y estas acciones no afectan solo a los migrantes hispanos, sino a todas las minorías, y están dispuestos a hacerle frente.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Se prevé que la asamblea legislativa de Nueva York aprobará un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Crédito: George Gao / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 9 2017 (IPS)

El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.

“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos."El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que padece una niña en República Centroafricana": Heather Barr.

Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.

El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40.000 menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.

La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.

Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.

“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.

“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.

El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan ​​antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.

Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.

Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.

“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.

Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.

“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.

En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.

“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.

En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.

En mayo, el congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.

El senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.

No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.

“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.

En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.

En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.

Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión.

“No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.

La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.

“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.

En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de derechos humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”.

“Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.

Según Niñas, No Novias, cada año 1,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá 1.200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.

Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Traducido por Álvaro Queiruga

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI, May 22 2017 (IPS)

Por fin: el presidente obsesionado por su slogan de campaña preferido (“América, primero”) está de gira en el exterior. Se ha escapado del laberinto ruso y la defenestración de su director del FBI. El Medio Oriente y Europa sufren el impacto del desembarco de su Air Force One, con un coste que dejará como un picnic por el vecindario sus partiditas golfistas en Mar-a-Lago, en las que ya se ha gastado más de lo empleado por Barack Obama en todo un año.

Esta nueva excursión de Donald Trump merece algunos apuntes, porque unas escalas no son noticia, mientras otras probablemente se insertarán en los anales de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos.

En primer lugar, este viaje inaugural ha sido un desdén para México y Canadá, ya que ha violado la costumbre de visitar a sus vecinos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, debió acercarse por Washington y tomarse una foto en el Despacho Oval, mientras la hija de Trump, Ivanka Kushner, como asistente especial, se posesionaba de la mesa presidencial.

Por cierto, destaca que el presidente viaja en esta ocasión no solamente con su séquito de costumbre, sino que también le acompaña su esposa Melanie. No se sabe si cargará al presupuesto gubernamental el costo del “canguro” que se queda al cuidado de su hijo Barron, por quien decidió no mudarse a Washington hasta que termine su curso escolar.

En cuanto a la selección de escalas, Trump decidió inaugurar su viaje con una visita a Arabia Saudita. No solamente es el estado del Medio Oriente más sólidamente en sintonía con la estrategia de Washington, cualquiera que sea el presidente, sino que se trata del mayor beneficiario de la ayuda militar, y socio de inversiones multimillonarias.

Riad sabe corresponder a los favores cuando se necesita: que se lo pregunten al difunto dictador iraquí Saddam Hussein (1979-2003), cuando se le ocurrió invadir Kuwait en 1990. Los sauditas lideraron la liberación haciéndole un favor al presidente George Bush (1989-1993).

Si la visita a Israel es lógica, hay que anotar la duplicación de pisar, ejecutando un difícil eslalon  para esquivar las colonizaciones judías, los lugares que los palestinos tienen como virtual paupérrimo Estado, mientras a nadie se le ocurrirá referirse a esos terrenos como “territorios ocupados”.

Diplomáticamente, Trump va a reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Belén, tras hacerlo con el presidente israelita Reuven Rivlin en Jerusalén. Será en aras del premio que todos los presidentes de Estados Unidos han perseguido y en que todos han fracasado: la firma de un tratado de paz y el establecimiento de dos Estados, una utopía tal como se comportan ambos contendientes.

Todos los caminos van a Roma. Un encuentro en el Vaticano siempre vende bien para el presidente de un país que cuenta con todavía un impresionante número de católicos. Así, Trump realiza su sueño de relacionarse con las tres religiones fundamentales, sin que pueda demostrar que practica ninguna a fondo, pues esa labor la deja en manos de su hija, quien efectuó el rito de incorporarse al credo de su marido.

Siempre quedará en el terreno de la confidencialidad, pero nada sería de extrañar que la historia luego revele que el papa Francisco tiró de las orejas a Trump por el trato a los refugiados e inmigrantes.

Como guinda, queda la presentación de la nueva embajadora estadounidense, Callista Gingrich (tercera esposa del antaño presidente de la cámara baja de Estados Unidos, New Gingrich) ante la Santa Sede. Para que no se sienta discriminado, el tour romano se termina con un encuentro con el presidente italiano Sergio Mattarella.

Antes de regresar a territorio italiano, para asistir el viernes 26 a un cónclave del poderoso Grupo de los Siete en Sicilia, el bombón del viaje la denominada como “capital de Europa”, Bruselas, que se ha ganado a pulso el honor ser el único vínculo que une a los valones y flamencos en un país en el que el único belga es el rey, y además es alemán.

En realidad, lo que de veras le interesa a Trump es tener la oportunidad de suavizar la despectiva referencia a la Organización del Atlántico Norte (OTAN). De ser “obsoleta”, resulta que ahora puede ser útil, si cada uno de sus miembros pagan la seguridad proporcionada por los ejércitos americanos.

En rigor, la OTAN tiene un historial de éxito notable: sin haber disparado un solo tiro en Europa, consiguió parar las ambiciones soviéticas y continúa siendo una advertencia clara para la nueva Rusia bajo Vladimir Putin.

Cumplió en parte su credo sarcástico: conservar a Estados Unidos dentro, dejar a los rusos fuera, y a los alemanes postrados.  No se debe olvidar que fue la organización que se puso a la disposición de Washington el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados a las Torres Gemelas. Trump se sentirá en su ambiente inmobiliario al inaugurar el nuevo edificio de la alianza bélica.

Trump ya se habrá arrepentido de su lamentable comentario sobre los “beneficios” del “brexit”, esperando que el ejemplo cundiera. Aplicaba la máxima de los realistas que creen que “lo malo para la UE (Unión Europea) es bueno para Estados Unidos”. En cualquier caso, el presidente estadounidense se encara con un ente que ha sido calificado de diferente manera.

Jacques Delors lo definía como un “OPNI” (“un objeto político no identificado”). Sigue siendo un enigma, ya que se distingue de todos los experimentos de cooperación entre los estados por su especificidad de la característica de supranacionalidad de algunas de sus instituciones más emblemáticas. Ese ingrediente de su ADN confunde e irrita a los dirigentes estadounidenses, más inclinados a tratar con agentes individuales.

Sus reuniones con Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y con su tocayo Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, no harán más que aumentar la confusión, sobre todo si algún comentarista apresurado lo mezcla con el Consejo de Europa. Sugerirle otro viaje a Estrasburgo sería demasiado. Ya lo dijo Madeleine Albright, secretaria Estado de Bill Clinton: para entender a la Unión Europea, se debe ser muy inteligente o… francés.

Aunque París bien vale una misa, habrá que esperar a otro viaje y un desfile por los Campos Elíseos, pero como aperitivo Trump va a almorzar, en Bruselas, con el nuevo presidente francés Emmanuel Macron. Su mujer le rebasa veinticuatro años, detalle que el presidente norteamericano comparte con Melania, pero al revés. Seguro que esa coincidencia será la más recordada del periplo.

Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

El bosque de Selm Muir, en el concejo de West Lothian, Escocia. Crédito: Robert Clamp/UN Photo.

Por Baher Kamal
ROMA, May 18 2017 (IPS)

Los bosques del mundo se degradan o se pierden al escalofriante ritmo de 3,3 millones de hectáreas al año. En muchos países de Asia, su destrucción es rápida, pero aumentó 29 por ciento en la mayor selva del mundo, la Amazonia, respecto del año pasado. Además, las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y minerales amenazan a algunos de los ecosistemas más preciados de África.

La comunidad científica nos ha recordado en diversas oportunidades que alrededor de unas 1.300 millones de personas son “pueblos selváticos” y dependen casi totalmente de los bosques.

Patrick Durst, oficial de Silvicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Asia Pacífico, agregó, el 15 de este mes, que 28 por ciento de los ingresos de las comunidades que viven cerca o en los bosques proceden de ese ambiente y de su entorno.

En su Evaluación Global de Recursos Forestales de 2015, la FAO señala que se pierden bosques en muchos países de Asia Pacífico, incluso en Sri Lanka. Además, la degradación de la calidad perjudica más la capacidades de estos ambientes para ofrecer los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de poblaciones humanas.

Las pérdidas se agravarán a medida que la demanda de productos forestales crezca de forma sostenida.

La mayoría de los países en Asia Pacífico tienen dificultades para responder a la pérdida de bosques, pero algunos han tomado medidas, reconoce la evaluación. Mediante programas de reforestación, China y Vietnam, de hecho, aumentan su cobertura forestal, añade. Y el gobierno de Sri Lanka anunció planes para aumentar 35 por ciento el territorio selvático.

América Latina

“Las selvas más antiguas del mundo están en crisis, el pasmoso 80 por ciento ya se destruyó o degradó, y la mayoría de las que quedan están en peligro por la tala ilegal y destructiva”, señala el informe de la FAO.

Créanlo o no, esas estimaciones no son nuevas, tienen unos nueve años. De hecho, Greenpeace ya señaló el 30 de junio de 2008 que la tala ilegal tenía consecuencias devastadoras en las selvas del mundo.

La organización trabaja para cambiar comportamientos, proteger y conservar el ambiente, así como promover la paz.

Los efectos de la tala incluyen deforestación, pérdida de biodiversidad y aceleración del cambio climático, lo que crea “conflictos sociales con las poblaciones indígenas y locales y genera violencia, delincuencia y violaciones de derechos humanos”, explicó Greenpeace.

Según la organización, unas 1.600 millones de personas en el mundo dependen de los bosques para sobrevivir, además de 60 millones de indígenas.

Los bosques gestionados de forma sostenible tienen un enorme y desicivo papel en la lucha contra el hambre y el cambio climático, así como, en la mejora de los medios de vida. Crédito: Simon Maina/FAO.

Deforestación de la Amazonia ahora

Hace apenas seis meses, Grenpeace señaló que la deforestación de la Amazonia había aumentado 29 por ciento respecto del año pasado, según datos divulgados por el gobierno de Brasil el 31 de noviembre de 2016.

“Brasil pierde control sobre la destrucción de su selva por malas decisiones políticas y ahora podría tener problemas para cumplir con sus objetivos en el marco del acuerdo climático”, observó la organización el 1 de diciembre de 2016.

Datos del Programa de Monitoreo de la Deforestación para una Amazonia Legal indican que 7.989 kilómetros cuadrados de selva se destruyeron entre agosto de 2015 y julio de 2016, precisó.

“Este es el segundo año consecutivo en que aumenta la deforestación de la selva más grande del mundo, resultado directo de la falta de ambición del gobierno para hacer frente al problema de la pérdida forestal. Es la primera vez en 12 años que aumenta la deforestación en dos años consecutivos”, subrayó.

Cristiane Mazzetti, de la campaña por la Amazonia, de Greenpeace, alertó de que la aceleración de la deforestación puede relacionarse con señales del gobierno brasileño de que tolera su destrucción.

“En los últimos años, las políticas públicas de protección ambiental en Brasil se debilitaron”, observa. “Por ejemplo, se crearon muy pocas áreas protegidas y territorios indígenas, y el nuevo Código Forestal, aprobado en 2012, ofrece amnistía a los responsables de la deforestación ilegal”, detalla.

Según Greenpeace, la deforestación es responsable de alrededor de 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del gigante sudamericano.

“Al aumentar otra vez la pérdida forestal, el país podría tener dificultades para cumplir con sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, suscrito y ratificado hace poco por Brasil. Se estima que la deforestación de 7.898 kilómetros cuadrados liberó a la atmósfera el equivalente a 586 millones de toneladas de carbono, el mismo volumen que emiten los automóviles en ese país en en ocho años”, añade.

La recolección ilegal de madera, la expansión de la agroindustria y la conversión de bosques en pasturas son algunas de las actividades responsables de la deforestación, insistió Mazzetti.

Los grandes proyectos de infraestructura, como las centrales hidroeléctricas estimulan, además, la apropiación de tierras y la especulación, lo que genera más deforestación, añadió.

África

El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, actual presidente de Africa Progress Panel, alertó hace poco sobre la destrucción de los bosques, que ofrecen aire limpio y agua potable, y permiten a las comunidades locales tener alimentos y refugio, así como medios para ganarse la vida.

“Cada día, se talan más bosques por múltiples actividades, desde la agricultura, pasando por el desarrollo de infraestructura hasta el aumento de la demanda de madera y de otros productos forestales, lo que a menudo empeora por la tala ilegal”, subrayó.

En su discurso en la conferencia “Bosques para el futuro – Nuevos bosques para África”, realizada en Accra el 16 de marzo, Annan señaló: “algunos de los ecosistemas más preciados del mundo, como el parque nacional Virunga, en la cuenca del río Congo, están en peligro por la exploración y la exploración de petróleo, gas y minerales”.

“La recuperación de los bosques y la reforestación en África pueden contribuir al esfuerzo global contra el cambio climático y acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, observó Annam.

“La recuperación forestal de 350 millones de hectáreas puede generar 170.000 millones de dólares al año en beneficios netos de la protección de la cuenca, del mejoramiento de la producción agrícola y de los productos forestales”, añadió.

En el informe “Granos, pescado, dinero: Financiación para las revoluciones verde y azul de África”, Africa Progress Panel arguyó que la protección efectiva, la gestión y la movilización de los vastos recursos forestales son necesarios para respaldar un crecimiento transformador.

La organización estima que África perdió 12.400 millones de euros (unos 17.000 millones de dólares) a causa de la exportación ilegal de madera en 2011.

Traducido por Verónica Firme

Esta es la primera parte de una serie de dos sobre la responsabilidad de los seres humanos en la destrucción de los bosques, el verdadero pulmón de la Tierra. La segunda es La búsqueda de combustible agota los bosques.