Una plantación de soya de un país sudamericano. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jul 10 2017 (IPS)

Brasil superará a Estados Unidos como el mayor productor mundial de soya en la próxima década, mientras que el aumento de la producción de maíz será impulsado principalmente por América Latina, según el nuevo informe Perspectivas Agrícolas 2017-2026.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado este lunes 10, ofrece proyecciones de 10 años hasta 2026 para los principales productos agrícolas.

Afirma que Argentina y Brasil experimentaron la mayor expansión en las áreas de cultivo en los últimos 10 años, sumando respectivamente 10 millones de hectáreas y ocho millones de hectáreas a las tierras de cultivo mundial.

Durante los próximos 10 años, se espera que la expansión de las tierras de cultivo se encuentre en un rango similar para estos dos países.

Aumento de producción mundial de maíz por impulso de América Latina 

En el período analizado por el informe (2017-2026), la producción global de cereales crecerá alrededor de uno por ciento anual, lo que dará lugar a un aumento total en 2026 de 11 por ciento para el trigo, 14 por ciento para el maíz, 10 por ciento para los cereales secundarios y 13 por ciento para el arroz.

En el caso del maíz, la expansión del área representa solo 10 por ciento del aumento total de la producción, un incremento impulsado principalmente por el crecimiento de la superficie cultivada en América Latina, que aumentará 6,6 por ciento, de 33,5 millones de hectáreas en el período base a 35,7 millones de hectáreas en 2026.

América Latina aportará 28 por ciento del aumento total de la producción de maíz, 39 millones de toneladas. De esta cifra, alrededor de un cuarto se debe al aumento de las superficies cultivadas.

Asia y el Pacífico representarán 24 por ciento de incremento, 33 millones de toneladas. En contraste con América Latina, el crecimiento en Asia y el Pacífico será casi exclusivamente por aumento de rendimientos.

Norteamérica contribuirá con 31 millones de toneladas, 22 por ciento del aumento total. En conjunto, estas tres regiones representarán 74 por ciento del incremento total.

Brasil superaría a Estados Unidos como mayor productor de soya 

Durante el período analizado en el informe, se espera que la producción global de soya continúe expandiéndose, pero a un ritmo de 1,9 por ciento anual, lo que está muy por debajo de la tasa de crecimiento del 4,9 por ciento anual de la última década.

Se espera que la producción de soya en Brasil crezca a 2,6 por ciento anual, el mayor crecimiento de los principales productores, ya que dispone de más tierras, comparado con Argentina (2,1 por ciento anual) y Estados Unidos (1,0 por ciento anual).

En consecuencia, se proyecta que Brasil supere a Estados Unidos como el mayor productor de soya. Las exportaciones de la oleaginosa en 2026 estarán dominadas por Brasil y Estados Unidos, que juntos representan casi 80 por ciento de las exportaciones mundiales.

Carne, azúcar, leche 

Aunque se espera que los países desarrollados representen algo más de la mitad de las exportaciones mundiales de carne para el año 2026, su participación disminuirá de manera constante en relación al período base.

Por otra parte, se prevé que la participación de los dos mayores países exportadores de carne, Brasil y Estados Unidos, en las exportaciones mundiales de carne, aumente hasta alrededor de 44 por ciento, contribuyendo casi 70 por ciento del aumento previsto de las exportaciones mundiales de carne durante el período analizado.

El mercado de la carne verá crecer su concentración a medida que los proveedores de las Américas se beneficien de una mayor productividad y un suministro local favorable de cereales forrajeros, así como de la depreciación del tipo de cambio en Brasil y Argentina.

El índice de concentración para las aves de corral en 2026 será impulsado por el crecimiento de Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea. Para la carne de vacuno, la concentración del mercado también aumentará para 2026, impulsada por el crecimiento en Brasil y Australia.

La depreciación proyectada a mediano plazo de la moneda argentina y brasileña con respecto al dólar de Estados Unidos estimulará el crecimiento de las exportaciones de leche de estos países a medida que sean más competitivos.

Se prevé que las exportaciones de azúcar se mantendrán concentradas, con 48 por ciento procedente de Brasil, donde la producción de caña de azúcar se divide entre el suministro de azúcar -de los cuales 72 por ciento se exporta- y el etanol para uso doméstico.

Biocombustibles 

Se espera que la demanda brasileña de etanol se expanda en 6.000 millones de litros en el período analizado. El mandato brasileño de biodiesel debería alcanzar 10 por ciento para el año 2019, lo que daría lugar a un aumento de la producción de más de 40 por ciento en los próximos 10 años.

En Argentina, se supone que el cumplimiento de la mezcla de 12 por ciento de biodiesel y etanol se cumplirá para el año 2020. La producción argentina de biodiesel también debería ser impulsada por la demanda de importaciones estadounidenses para cumplir con el mandato avanzado de este último país.

No se espera que las exportaciones brasileñas de etanol se expandan, ya que es probable que el etanol estadounidense siga siendo más barato en el período analizado.

Se espera que Argentina sea un importante exportador de biodiesel, con la mayoría de las exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos.

Se prevé una desaceleración en el crecimiento de la producción de etanol durante el período analizado por el informe. El crecimiento anual de la producción de etanol se proyecta en alrededor de uno por ciento al año.

La desaceleración del crecimiento del etanol se debe en gran parte al estancamiento del uso obligatorio de etanol en Estados Unidos, mientras que se espera que la demanda de combustibles para el transporte en Brasil se mantenga.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

Revisado por Estrella Gutiérrez

Alain Bothorel, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea ante la Habana, durante una declaración en la sede diplomática del bloque en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 10 2017 (IPS)

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE), refrendado ahora por la eurocámara,  abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones entre La Habana y Bruselas, que dentro de dos meses comenzarán a trabajar para implementar lo convenido.

Un aspecto decisivo para la firma de este acuerdo de largo plazo, el 12 de diciembre de 2016, fue la derogación seis días antes de la llamada posición común, una cláusula que condicionaba desde 1996 la colaboración y el diálogo de la UE a la apertura democrática en la nación caribeña e impedía para esta un convenio marco de cooperación.

La revocación de la posición común “aumenta la confianza mutua”, dijo a IPS el encargado de negocios de la delegación de la UE ante La Habana, Alain Bothorel.

Sin embargo, al dar su visto bueno al acuerdo de largo plazo, con 567 votos a favor, 61 en contra y 31 abstenciones,  el Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución no legislativa y “no vinculante” para recordar que el acuerdo puede ser suspendido en caso de irrespeto a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.“El Parlamento Europeo no añadió nada al texto. El Consejo Europeo, como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”: Alain Bothorel.

Las autoridades cubanas consideraron “positiva” la aprobación europarlamentaria, pero rechazaron la resolución no legislativa sobre Cuba, por “injerencista” y “nociva a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

Al respecto, Bothorel  desmarcó ese asunto del convenio suscrito en Bruselas.  “El Parlamento Europeo no añadió nada al texto.  El Consejo Europeo (de los jefes de Estado y de gobierno del bloque), como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”,  afirmó el diplomático en breves declaraciones a IPS.

“Vamos a seguir el diálogo sobre derechos humanos y quisiéramos ver progresos”, agregó, para aclarar seguidamente que los encuentros anuales sobre ese tema que vienen sosteniendo  delegaciones de Cuba y el bloque comunitario son para  “intercambiar con el gobierno cubano, no para influir¨.

La tercera reunión de este tipo se realizó el pasado 22 de mayo,  en Bruselas. Las dos sesiones anteriores transcurrieron en junio de 2015 y 2016, en Bruselas y La Habana, respectivamente. En estos encuentros bilaterales, Cuba es evaluada, pero su delegación también expresa sus opiniones sobre democracia y derechos humanos en los  países del bloque.

En lo general,  el acuerdo ofrece a Cuba oportunidades adicionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la modernización del modelo socio-económico cubano, así como para encontrar soluciones comunes a desafíos globales.

Bothorel indicó que el convenio abarca más de 30 áreas de cooperación y abrirá la puerta para otros acuerdos sectoriales en educación, energía renovable, cambio climático, migraciones, lucha contra el terrorismo y contra armas de destrucción masiva, entre otras materias.

El pacto se considera provisional, pues debe ser ratificado por cada uno de los ahora 27 países que integran la UE (tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña), sin embargo ya se trabaja para su implementación. “En septiembre próximo nos reuniremos a nivel político  para decidir qué sectores son prioritarios para Cuba y crear comisiones de trabajo”, afirmó.

Representantes de medios informativos acreditados en Cuba mientras seguían el 12 de diciembre en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, la firma en Bruselas del acuerdo entre ese bloque y Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Actualmente, la cooperación de la UE con Cuba se rige por el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.  Se retomó en 2008 y desde entonces hasta 2014 la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, asignó unos  90 millones de euros (102,6 millones de dólares) a los sectores de seguridad alimentaria y respuesta y preparación ante desastres naturales.

También abarca áreas de ambiente, cambio climático y energía, cultura y patrimonio, apoyo a la modernización socio-económico y capacidades de gestión.

Bothorel confirmó que además se concedieron 50 millones de euros adicionales (57 millones de dólares) para el periodo 2014-2020, destinados a apoyar el desarrollo del país en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria,  mejor uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible  y  apoyo a la modernización socioeconómica sostenible.

Estos sectores están alineados con las prioridades nacionales recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social  de Cuba, documento estratégico aprobado en 2011 para promover un paquete de reformas en el país. “Queremos apoyar los lineamientos que lleva a cabo el gobierno cubano”, comentó el diplomático.

La UE y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y todos sus países miembros  mantienen lazos bilaterales con este país insular caribeño.

El tema de los derechos humanos en la isla caribeña fue hace más de una década motivo de grandes desacuerdos entre el gobierno cubano y el bloque comunitario, que tuvieron una de sus mayores crisis en 2003, tras el arresto y severas condenas de 73 opositores en marzo de ese año y la  ejecución en abril de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros.

La UE, que en marzo de 2003 había inaugurado su representación diplomática en la Habana, reaccionó disgustada y congeló los intercambios culturales, limitó las visitas de alto nivel efectuadas en el marco bilateral y decidió invitar a los principales disidentes a las  fiestas nacionales de los países comunitarios acreditados en La Habana.

Cuba no demoró su repuesta. A  las recepciones europeas dejaron de asistir ministros, viceministros y hasta funcionarios de menor rango del gobierno, los embajadores de países miembros de la UE no eran invitados a las actividades oficiales cubanas y tampoco podían dirigirse directamente a un ministerio o institución alguna de la isla caribeña.

En nota verbal del 27 de agosto de 2003, el gobierno cubano comunicó su rechazo a toda ayuda oficial directamente administrada por la UE o por las agencias de cooperación europeas. El diálogo político y la cooperación se reanudaron en 2008, luego que Bruselas derogó sus medidas de 2003.

Fue a partir de entonces que las dos partes comenzaron a trabajar por una nueva relación de largo plazo.

Bruselas y La Habana comenzaron sus conversaciones el 29 de abril de 2014 y concluyeron tras siete rondas bilaterales de trabajo en marzo de 2016.  El proceso tuvo su mayor impulso durante 2015, en paralelo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que siguieron al anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.

Funcionarios cubanos y europeos advirtieron que se trataba de procesos no vinculantes, aunque paralelos.  El embargo estadounidense se encargó de remarcar la diferencia, cuando dos empresas francesas y una alemana fueron sancionadas por violar sus prohibiciones en medio del deshielo.

El pasado 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump despejó cualquier duda, cuando anunció el reforzamiento del embargo. El artículo 10 del acuerdo entre Cuba y la UE se prepara para enfrentar nuevas embestidas del bloqueo, aunque sin nombrarlo directamente.

Según el texto, las partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de  medidas y sobre la forma de “prevenir y mitigar” el impacto de medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que se utilicen como medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de otros Estados.

Editado por Estrella Gutiérrez

El presidente de Brasil, Michel Temer, durante una reunión con sus ministros el 5 de julio. Ocho miembros de su gabinete ministerial, 28,5 por ciento del total, son investigados por corrupción y algunos de ellos por varios casos. Crédito: Alan Santos/PR/FotosPúblicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 8 2017 (IPS)

Dos meses de agonía y un creciente deterioro moral de la presidencia de Michel Temer forzaron la decantación de una alternativa poco atractiva, pero viable, en el callejón sin salida que envilecía la política en Brasil.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aparece como el probable sucesor. Ya es el sustituto natural, cuando el mandatario viaja al exterior, pero a los 47 años y sin experiencia ejecutiva, está lejos de ser un líder capaz de generar entusiasmos.

Pero sí logró aunar hace un año los respaldos suficientes para asumir la presidencia de la cámara baja, una función clave por manejar una casa de 513 parlamentarios, donde más fuertemente se manifiestan los conflictos y la fragmentación política, dificultando las decisiones legislativas.

Amplios sectores económicos y políticos llegaron a la conclusión de que el derechista Maia es el mejor ubicado para impulsar medidas reclamadas por los voceros del sector económico, como la reforma previsional, mientras que el también conservador Temer perdió las condiciones con que contaba para conducir las labores parlamentarias.

Antes se rechazaba sustituir nuevamente el presidente del país, meses después de que la anterior mandataria, la izquierdista Dilma Rousseff, fuese separada del cargo en mayo de  2016 para ser enjuiciada por el Senado y destituida el 31 de agosto siguiente

Primaba para los factores de poder el no agravar la inestabilidad y las incertidumbres que afectan el país, especialmente a la economía, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en que Temer fue el candidato a la vicepresidencia con Rousseff. La prioridad era evitar nuevas turbulencias.

Pero las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre Temer y las continuas acciones judiciales contra él y sus colaboradores más allegados minaron la fortaleza de Temer en el legislativo Congreso Nacional y lo convirtieron, de hecho, el mayor factor de turbulencias.

El procurador general (fiscal general), Rodrigo Janot, precipitó la suerte de Temer, cuando el 27 de junio lo acuso formalmente de corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia que puede enjuiciar un presidente del país por un cargo penal.

Seis días después la Policía Federal detuvo, por orden judicial, a Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Temer, acusado de intento de obstrucción de la justicia.

Tres semanas antes la misma policía había detenido a Henrique Alves, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Turismo, acusado de corrupción y legitimación de capitales ilegales.

Dos exasesores especiales de Temer también fueron apresos en mayo, uno de ellos después de ser filmado con 500.000 reales (150.000 dólares) en una valija, soborno supuestamente destinado al presidente, según la acusación del procurador general y los diálogos grabados entre los acusados y empresarios corruptores.

La conclusión es obvia para quienes desean aderezar la economía, aunque en términos conservadores e impopulares, y superar la inestabilidad política: mejor un presidente anodino, con posibilidades de conducir la transición hasta las elecciones de octubre de 2018 y la llegada de un nuevo gobierno el 1 de enero de 2019.

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, llega el 4 de julio a la sede del Supremo Tribunal Federal, que enjuiciaría al presidente Michel Temer si, como se pronostica, se dan los pasos jurídicos y parlamentarios para ello. En ese caso, Maia, se convertiría en el nuevo mandatario de Brasil. Marcelo Camargo/EBC/FotosPúblicas

Maia, del partido Demócratas, parte de la alianza en el poder y con una bancada parlamentaria de mediana dimensión, conduciría un gobierno de baja intensidad, en contraposición al encabezado por Temer, tumultuoso y arrinconado.

Ocho ministros del actual gobierno están bajo investigación STF, por sospecha de corrupción denunciada por dirigentes del grupo empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia, con la revelación de los multimillonarios sobornos entregados los 10 últimos años, a cambio de contratos públicos y leyes ventajosas.

Prácticamente toda la dirigencia política del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer presidió entre 2001 y 2016, está detenida o bajo investigación penal.

Nuevos sobresaltos se espera de la colaboración judicial de otros miembros del PMDB ya detenidos, uno de ellos Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, preso desde octubre y condenado a 15 años en uno de los varios procesos en que es acusado de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Otro es Lucio Funaro, que no es un político, sino que fungió de operador financiero del PMDB e intermediario en varios casos de soborno. Su “delación premiada”, la colaboración con los jueces a cambio de rebajas en sus penas, ya se da por hecho y va apuntar al presidente y otros jefes del partido.

Temer puede ser alejado de la presidencia en las próximas semanas, si la Cámara de Diputados autoriza al STF juzgarlo por corrupción pasiva, por su presunta aceptación de un soborno de la compañía JBS, la mayor procesadora y exportadora de carne, a cambio de beneficiarla con medidas gubernamentales.

Esa autorización exige mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, una hazaña que parecía imposible hace unos días. Pero la erosión del respaldo a Temer se volvió palpable los últimos días.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado el fiel de la balanza y cuyas dudas favorecían a Temer, dio señales de que dejará la alianza. Su presidente interino, el senador Tasso Jereissati, manifestó su preocupación por la “ingobernabilidad” actual y su apoyo a la “alternativa Maia”.

La primera prueba será la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, donde habrá las primeras discusiones sobre las acusaciones de la Procuraduría General y se espera una decisión dentro de 10 días, por mayoría de sus 66 diputados.

El informe de la Comisión, a favor o en contra de enjuiciar a Temer en el STF, será votado después en la plenaria de Diputados, donde al presidente le basta el apoyo de un tercio de la Cámara,  172 votos, para evitar que se abra el proceso.

Si 342 diputados aprueban el juicio, Temer seria alejado de la presidencia, como le sucedió a Rousseff, para responder ante el máximo tribunal durante un máximo de 180 días, cuando podrá volver al poder si es absuelto o el proceso se prolonga por más tiempo.

Pero su vía crucis judicial no termina, porque la Procuraduría General prepara otras dos acusaciones, una por intento de obstrucción a la justicia y otra por organización criminal. Esta última se hace cada día más evidente por las investigaciones y las detenciones de miembros del PMDB.

Además, hay una veintena de pedidos por la inhabilitación de Temer. Le toca al presidente de la Cámara, el mismo Maia, acoger o no alguna de las solicitudes. En ese caso el juicio sería político, a cargo del Senado después que sea autorizado igualmente por dos tercios de la cámara baja.

La caída de Temer pareció volverse inevitable desde el 17 de mayo, cuando trascendió el diálogo grabado entre él y Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, hablando de sobornos y actuaciones, tanto para beneficiar a la empresa como para bloquear el avance de las investigaciones sobre corrupción.

La baja calidad de la grabación, con muchas interrupciones, alentó la resistencia del mandatario, abogado y antiguo profesor de derecho constitucional, basada en la posibilidad de descalificarla como prueba.

Pero en términos políticos y morales le fue fatal.

Los “hechos nuevos” de las investigaciones y detenciones en su círculo político completan un cerco que no parece admitir escapes. El hallazgo de una alternativa aceptable para los que deciden en la política y la economía de este país, como es la figura de Maia, acerca el desenlace.

Editado por Estrella Gutiérrez

Águeda Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 7 2017 (IPS)

La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.

Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su humilde casa a medio construir.

Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados, gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la provincia central de Villa Clara.

Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de edad.

Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones de habitantes.

Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en 2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el derecho familiar cubano a la tendencia mundial.

“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65 años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y cuidado luego de la separación.

“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil. Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y salas de familia, en las provincias.

Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela, que lo recibe con caricias y besos.

“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los trámites para el caso”, recordó Vidal.

“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la madre del niño”, recordó la abuela.

La jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150 jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.

Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las familias cubanas.

“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.

Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta tradicional de los jueces”, detalló.

El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el Tribunal Supremo Popular (TSP).

Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de alimentos”, explicó Rodríguez.

En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de adopción, 747 tutelas y  1.878 matrimonios formalizados.

“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.

Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba. Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”, especificó.

Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales.

La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.

Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.

También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos, entre otros.

“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con sede en La Habana Vieja.

“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35  de carrera profesional.

A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba, que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.

Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se prefieren para la escucha de menores.

Editado por Estrella Gutiérrez

Una de las nuevas locomotoras llegadas de China para modernizar la red ferroviaria de carga de Argentina, mientras era descargada en el puerto de Buenos Aires, en mayo. Crédito: Ministerio de Transporte

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 6 2017 (IPS)

El desarrollo de Argentina, en la segunda mitad del Siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvo al ferrocarril como gran protagonista. En el que es el octavo país más extenso del mundo, que creció con la exportación de productos agropecuarios, el tren sirvió para fundar cientos de pueblos y ciudades y para transportar a los puertos las mercancías.

“El ferrocarril ha tenido un enorme impacto  social y cultural ya que llegó a muchas zonas antes de que estuvieran pobladas. Hacia mediados del siglo pasado alcanzó los 48.000 kilómetros de vías y entonces  se nacionalizó el sistema, con la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que era la compañía de trenes más grande del mundo”, contó a IPS el historiador Eduardo Lazzari.

Pero hacia 1950 comenzó la decadencia del tren, que vio cerrarse ramales (líneas subsidiarias) y reducir a casi la mitad su red en este país de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y una población estimada de 43,5 millones de personas.“Se debe pensar qué ferrocarril queremos, porque durante muchos años, el problema más que la falta de inversión fue la mala gestión No tiene sentido que se intente recuperar el tren que alguna vez tuvo el país, porque las necesidades han cambiado”: Alberto Muller.

Ese proceso es considerado por algunos argentinos como una causa, por otros como una consecuencia y por casi todos como un símbolo del devenir del país, que en las últimas décadas sufrió innumerables crisis económicas y que, según datos oficiales, actualmente tiene sumergidos en la pobreza a la tercera parte de sus 43,5 millones de habitantes.

Argentina tiene en marcha ahora un plan para recuperar su ferrocarril, con inversiones de miles de millones de dólares que incluyen tanto el transporte de carga como el de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, que con unos 15,2 millones de personas concentra cerca de 35 por ciento de la población del país.

También hay planes, pero de menor intensidad, para renovar el transporte ferroviario interurbano de la que es la tercera economía latinoameriana.

“En los últimos años ha habido inversiones como yo nunca había visto, especialmente  en el tren metropolitano, incluso algunas de ellas sin mucha planificación”, dijo a IPS el especialista en transporte Alberto Muller, director de uno de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Muller expone las dudas de muchos especialistas sobre el tema acerca de las prioridades fijadas: “Se debe pensar qué ferrocarril queremos, porque durante muchos años, el problema más que la falta de inversión fue la mala gestión No tiene sentido que se intente recuperar el tren que alguna vez tuvo el país, porque las necesidades han cambiado”.

En 2008 el Estado comenzó a revertir esa tendencia, cuando comenzó a comprar vagones nuevos para los trenes metropolitanos, cosa que no se hacía desde 1985.

En medio, se produjo la privatización del sector, realizada en los años 90 como parte de las reformas neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

Ese proceso, ante el visible deterioro de servicios e infraestructura, se fue revirtiendo en los últimos años, cuando la mayoría de los ramales fueron recuperados por el Estado.

Pero  fue una tragedia lo que puso los ferrocarriles en el tope de las prioridades políticas y aceleró las inversiones.

Ocurrió la mañana de un miércoles de febrero de 2012, cuando un tren con 1.200 pasajeros de la línea Sarmiento ingresaba a Once, una de las cuatro estaciones cabeceras de Buenos Aires, que diariamente utilizan miles de residentes en los suburbios.

El convoy no frenó, el choque dejó 51 muertos y desembocó en un juicio que captó la atención del país, en el que fueron condenados a penas de prisión funcionarios del área de transporte y directivos de la empresa privada que administraba el servicio.

En su sentencia, los jueces establecieron como causa del siniestro el “deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad”.

Con la opinión pública sensibilizada por el tema, hasta 2015 se invirtieran unos 1.200 millones de dólares en la modernización de las líneas metropolitanas.

En 2016,  en su primer año de gestión,  el gobierno del presidente Mauricio Macri anunció un plan de inversiones por 14.187 millones de dólares hasta 2023, con el objetivo de que en ese año los trenes que entren y salgan de Buenos Aires tengan capacidad para transportar diariamente a cinco millones de personas, contra los 1,2 millones actuales.

Este plan se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  créditos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y aportes del Tesoro argentino.

También se establecieron multimillonarias inversiones para la modernización de la red ferroviaria de carga.

China va a financiar con 4.000 millones de dólares un proyecto de renovación de más de 1.500 kilómetros de Belgrano Norte y San Martín, que transportan mercancías desde el norte y el oeste del país hacía los puertos de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, en el océano Atlántico, donde se embarcan para la exportación.

El acuerdo también incluye la compra de 3.500 vagones y 107 locomotoras a ese país asiático.

“El ferrocarril debe jugar un rol clave en la recuperación económica argentina”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich el 30 de mayo, al recibir 10 de esas locomotoras.

En cuanto al ferrocarril interurbano, el 3 de julio se reinauguró el servicio entre Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata, que fue cuestionado porque tarda casi siete horas para cubrir sólo 400 kilómetros.

Rápidamente se volvió viral por las redes sociales  un video de un noticiero de hace 60 años, que mostraba que el tren tardaba entonces cuatro horas y media para el mismo trayecto.

“Hay una visión nostálgica del ferrocarril por parte de la sociedad argentina y las políticas oficiales tienden a responder a eso, lo que es un error. Los trenes interurbanos, por ejemplo, tienen pocas chances de sobrevivir porque este es un país muy grande y despoblado y por lo tanto es demasiado costo”, dijo a IPS el coautor del libro “Historia del Ferrocarril en Argentina”, Jorge Wadell.

Una de las obras ferroviarias más importantes en marcha es el llamado soterramiento de la línea Sarmiento –la de la tragedia en 2012-, que conecta el centro de la capital con el oeste del Conurbano y prácticamente parte al medio la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de pasos a nivel que resultan peligrosos y complican el tránsito.

El proyecto, con un presupuesto de 3.000 millones de dólares, consiste en la construcción de un túnel de 22 kilómetros de largo por el cual circularían dos trenes, uno en cada dirección.

Se trata de una obra proyectada hace décadas y, si bien su concreción ha sido  reclamada por muchos vecinos, hay especialistas que lo cuestionan.

“Actualmente hay cuatro vías en la línea Sarmiento y van a quedar dos, por lo que todos los trenes tendrán que detenerse en todas las estaciones y ya no habrá trenes rápidos. En el mundo, nadie resigna (reduce) capacidad ferroviaria”, dijo a IPS el director del Instituto Ciudad en Movimiento, Andrés Borthagaray.

La otra obra más significativa en proyecto es la llamada Red de Expresos Regionales, que consiste en la construcción de 20 kilómetros de túneles y una red de estaciones subterráneas para enlazar las distintas líneas que actualmente llegan a Buenos Aires desde los suburbios a las distintas estaciones.

Editado por Estrella Gutiérrez

Dos chimeneas queman gas, a la izquierda de la imagen, en la refinería de Tula, en el estado de Tulio, colindante con Ciudad de México. La quema y venteo de gas en instalaciones del grupo estatal Pemex incrementa las emisiones de metano en México. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Jul 5 2017 (IPS)

México transita hacia la explotación comercial del gas de lutitas, también conocido como de esquisto, con su inclusión en dos subastas de 24 bloques hidrocarburiferos, al mismo tiempo que el país padece dificultades para evitar y reducir las emisiones del metano de la industria.

La crecient salida a la atmósfera de este gas, mucho más contaminante que el dióxido de carbono (CO2) y cuyas emanaciones se producen a lo largo de toda la cadena de producción, amenaza incluso las metas climáticas adoptadas por México dentro del Acuerdo de París, destinado a contener el recalentamiento planetario.

“El gas shale (el vocablo inglés para las lutitas) es lo último que queda después de explotar los yacimientos fáciles de acceder y el que tiene mayores costos económicos, ambientales y energéticos. Es prácticamente imposible que un pozo no contamine”, dijo a IPS el investigador Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitió el 22 de junio la resolución sobre dos convocatorias de subasta de 24 bloques de gas y petróleo, que incluyen por primera vez reservas de esquisto y están localizados en cinco cuencas del norte, sureste y sur del país. Las licitaciones se realizarán el 12 de julio y los campos ofertados totalizan reservas estimadas en 335 millones de barriles (de 159 litros) equivalentes.

Para el gobierno, excluir de la producción los hidrocarburos no convencionales equivaldría a una apertura parcial del sector de la energía, dadas las necesidades gasíferas del país, especialmente en el área industrial.

La reforma energética de México, vigente  desde agosto de 2014, abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de los hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

En los depósitos de gas de lutitas, la molécula del hidrocarburo está atrapada en esas rocas sedimentarias muy profundas, que requieren para perforarlas la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, considerados nocivos para la salud y el ambiente.

El gas y el petróleo se liberan mediante esa técnica de fractura hidráulica (fracking, en inglés), que deja masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

México, potencia en esquisto

La estadounidense Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas de lutitas técnicamente recuperables, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, con un volumen de 545 billones (millones de millones) de pies cúbicos, en un análisis sobre 137 depósitos en 41 países. En petróleo de esquisto, el país ocupa el séptimo puesto.

Pero la CNH maneja estimaciones de reservas probables más moderadas, del orden de 81 billones de pies cúbicos.

“La regulación existente está basada en las mejores prácticas, pero se ha abandonado la filosofía de la protección ambiental. La explotación ahonda la inequidad en las externalidades negativas, como el impacto ambiental. Es una imprudencia subastar campos sin disponer de una debida evaluación de sus impactos ambientales y sociales”, señaló a IPS el investigador Ramón Torres,  del Programa de Estudios del Desarrollo, también de la UNAM.

En marzo, la estatal Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, responsable de vigilar la operación del sector de hidrocarburos, publicó un paquete de disposiciones sobre la exploración y extracción de las reservas no convencionales.

Esa regulación identifica riesgos por derrames del fluido de fracturación, aumento en la demanda de agua, contaminación causada por fugas de metano u otros compuestos orgánicos volátiles provenientes del pozo, polución ocasionada por liberación de sustancias y por la inyección de fluido de retorno y agua congénita, que regresan de la perforación.

Las normas señalan que el fluido utilizado en el fracking retorna en proporciones de 15 a 80 por ciento, según el pozo. En cuestión de polución atmosférica, cita la emisión de óxidos de nitrógeno, benceno, tolueno, metano y carbón negro.

Al respecto, impone medidas a las empresas como verificar la integridad del pozo, aplicar procedimientos para la prevención de fugas de gases, revelar la composición de los fluidos de perforación. También prohíbe el venteo de gas y restringe su quema.

Desde 2003, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perforado mediante fractura hidráulica –una técnica no usada solo para el esquisto- al menos 924 pozos en seis de los 32 estados del país, según datos de la no gubernamental CartoCrítica. De ellos, al menos 28 se confirmó que son de crudo no convencional.

Emisiones de gas

En ese contexto,  México enfrenta problemas para reducir las emisiones de metano.

En 2013, el país lanzó a la atmósfera 126 millones de toneladas, de las cuales 54 millones provinieron del sector agropecuario, 31 millones, del petróleo y gas, 27 millones, de residuos.  El resto se originó en generación eléctrica, la industria y la deforestación. El uso de gas para generación eléctrica aportó al menos 0,52 millones de toneladas.

En total, la segunda economía de América Latina emitió 608 millones de toneladas de CO2 durante ese año.

Pemex Exploración y Producción, filial del grupo estatal,  indicó que en 2016 sus emisiones de metano totalizaron 641.517, 36 por ciento más que el año previo.

La extracción en aguas marinas poco profundas aportó 578.642 toneladas, en campos terrestres, 46.592; el almacenamiento y distribución de hidrocarburos, 10.376; en campos de gas no asociado al petróleo, 5.848, en campos no convencionales, 57 toneladas.

Desde 2016,  Pemex cambió la forma de reportar el CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), pues previamente lo hacía por regiones productivas, lo cual dificulta el análisis comparativo.

Un año antes,  la Región Marina Noreste, que abarca el golfo de México y donde están los mayores yacimientos petroleros marinos, contribuyó con 287.292 toneladas.

Las emisiones se contrajeron presumiblemente a causa de la reducción de la producción de hidrocarburos, debido a la baja internacional de los precios y la caída de recursos financieros de Pemex.

Pero entre 2012 y 2014 las emisiones aumentaron 329 por ciento, al saltar de 141.622 toneladas a 465.956, presuntamente por el incremento del venteo y quema de gas (asociado o no a los pozos de crudo), al carecer Pemex de la tecnología necesaria para capturar el gas.

La reducción de esa práctica llevó a Pemex a bajar ese nivel de 2009 a 2011, luego de que los GEI crecieron entre 2007 y 2009.

Para Ferrari, es un problema técnico y económico. “El primer paso es evitar el venteo”, pero ese requiere de inversión, planteó el experto.

En 2015, México quemó 5.000 millones de metros cúbicos, que lo sitúa en el octavo puesto mundial, el mismo que en la intensidad del venteo, la relación entre los metros cúbicos de gas quemados por barril de petróleo producido.

Así lo afirman cifras de la Asociación  Mundial para la Reducción de la Quema de Gas, promovida por el Banco Mundial con la meta de erradicar esas prácticas para 2030.

México es uno de los 24 gobiernos que forman parte de la iniciativa, junto a Guyana Francesa y Perú por América Latina, respaldada también por 31 empresas petroleras –donde no está Pemex- y 15 instituciones financieras multilaterales. El Banco Mundial publicará este año el primer informe sobre la quema y venteo del gas.

Torres y Ferrari coincidieron en que el volumen de gas aportado por la fractura hidráulica no bastará para cubrir la demanda interna.

“El volumen susceptible de explotación es reducido e insuficiente”, aseguró Torres. Cálculos de Ferrari indican que la obtención de gas alimentaría solo 10 meses de consumo interno.

En mayo, México produjo 5.299 millones de pies cúbicos por día de gas e importó 1.790 millones. Mientras, extrajo 2,31 millones de barriles diarios de petróleo.

Ese mismo mes, la Secretaría (ministerio) de Energía actualizó el Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 y fijó como nueva meta subastar reservas por casi 31.000 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos no convencionales.

Editado por Estrella Gutiérrez

La gente espera la ayuda tras la devastación causada por el huracán Matthew en Low Sound, en el distrito de Andros Norte, en Baharmas en octubre de 2006. Crédito: Kenton X. Chance/IPS.

Por Kenton X. Chance
KINGSTOWN, Jul 5 2017 (IPS)

Estados Unidos podría proteger sus intereses económicos y políticos ayudando al Caribe a adoptar una economía más verde, aseguró el destacado activista y exnegociador climático de esta región, James Fletcher.

El exministro de Desarrollo Sostenible, Energía, Ciencia y Tecnología de Santa Lucía dijo que el énfasis puesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la industria del carbón es un intento de crear empleos que ya no existen, mientras ignora las numerosas oportunidades que ofrece el sector de energías renovables.

Trump anunció el 1 de junio que retiraría a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015 en la capital francesa, arguyendo que el acuerdo no vinculante supone una enorme carga económica y financiera para Estados Unidos.“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”: James Fletcher.

El presidente estadounidense se refería al Fondo Verde para el Clima (FVC), al que las economías más fuertes se comprometieron a financiar con 100.000 millones de dólares para 2020, a partir de distintas fuentes, para hacer frente a las necesarias medidas de mitigación y adaptación al recalentamiento planetario de los países en desarrollo.

Trump está equivocado, aseguró Fletcher, el principal representante de la Comunidad del Caribe, de 15 miembros, en las negociaciones del Acuerdo de París, en el podcast del ministro de Desarrollo Sostenible de San Vicente y las Granadinas, Camillo Gonsalves.

“Son contribuciones voluntarias, por lo que no es algo a lo que los países estén obligados”, explicó, refiriéndose a las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (CPDN).

El expresidente estadounidense Barack Obama comprometió 3.000 millones de dólares al FVC y entregó 1.000 millones antes de dejar la Casa Blanca.

“Ahora le toca al presidente Trump decidir si quiere honrar esa obligación o ajustarla, sabemos que no la aumentará”, precisó Fletcher, aclarando que no hay nada que obligue a ese país a realizar una contribución al FVC.

“Solo aspiramos a reunir 100.000 millones de dólares”, subrayó.

“Las CPDN son precisamente lo que su nombre indica, contribuciones. No son compromisos. Ningún país es legalmente responsable, ni siquiera se puede señalar ni denunciar”, precisó.

“Es como un pacto de caballeros que acordamos hacer, acordamos que no habrá renuncias y creo que es una de las razones por las cuales muchos países consideraron que era seguro unirse al Acuerdo de París, sabían que no habría sanciones legales si se apartaban”, puntualizó.

“Así que hablar de las CPDN como básicamente algo que coloca una soga económica al cuello de Estados Unidos es cualquier cosa”, añadió Fletcher.

Además, acotó que en el sector energético de Estados Unidos, el crecimiento se da en las energías renovables.

“Y si el presidente Trump comprendiera un poco mejor el sector, sabría que es ahí donde tiene que concentrar la atención, y no en una industria del carbón que no tiene ningún futuro, desde el punto de vista de la generación de empleo, en Estados Unidos”, arguyó.

Además, contribuir con el FVC “tiene sentido para Estados Unidos”, sostuvo Fletcher.

“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”, explicó.

Cuando hay un desastre natural en el Caribe, “nos volvemos casi de inmediato hacia nuestro vecino más pudiente en busca de apoyo, que es Estados Unidos”, acotó.

“Y cuanto más puedan reducir esa carga haciéndonos resilientes y reduciendo la severidad y la frecuencia de esos desastres naturales, menos peso recaerá sobre Estados Unidos”, añadió.

Además, Fletcher observó que los refugiados climáticos serán un elemento común en los próximos años.

“La gente perderá sus ingresos, deberá desplazar sus casas y sus hábitats quedarán destruidos y tendrán menos oportunidades, en particular en las islas pequeñas como las nuestras”, abundó.

Fletcher señaló que su país, Santa Lucía, tiene 238 millas cuadradas (unos 616, 4 kilómetros cuadrados) y un terreno montañoso con una gran cantidad de asentamientos costeros.

“Cuando pierdes la mayor parte de tu franja costera, ¿a dónde vas? No vas tierra adentro, las oportunidades son limitadas, entonces la gente comienza a emigrar”, explicó.

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden reconoció esa realidad y habló al respecto en las dos cumbres Estados Unidos-Caribe que organizó.

“Cuando vio que el Caribe cambiaba los combustibles fósiles por las energías renovables, de inmediato observó dos cosas”, precisó.

“Vio una oportunidad para reducir la influencia de Venezuela en la región, desde un punto de vista estratégico, pero también vio una oportunidad de que las compañías estadounidenses del sector renovables, en especial solares y eólicas, vendieran sus servicios al Caribe porque le preocupaba que nuestro foco estuviera en Europa y que muchos buscáramos allí asistencia técnica y apoyo”, explicó.

Fletcher precisó que mientras Trump habla de empleos en la extracción de carbón, los datos sugieren que hay menos de 75.000 puestos de trabajo en esa industria en Estados Unidos y que es un sector en contracción.

En cambio, “hay 650.000 empleos en las energías renovables en Estados Unidos, y está en crecimiento. Tendrá más sentido concentrarse en un sector en crecimiento que en uno en desaparición”, añadió.

A Trump también le preocupa que China e India, los mayores emisores de gases contaminantes, puedan seguir liberándolos, mientras Estados Unidos debe limitarse.

Fletcher reconoció que eso es “parcialmente correcto” porque son grandes emisores.

“Pero ahí entra la cuestión de la responsabilidad común, pero diferenciada”, precisó. Países como China e India dicen que tienen un gran número de personas viviendo en la extrema pobreza y necesitan cierto espacio para desarrollar algunos sectores.

“Y si bien se comprometieron, e India logró avances significativos en materia de energías renovables, arguyen que no se los puede medir con la misma vara que a países como Rusia o Estados Unidos, responsables del problema actual”, recordó.

“Sí, trabajamos para hacer frente a nuestros problemas, pero todavía nos queda una trayectoria en materia de desarrollo que no nos pueden cortar de inmediato causándonos mayores problemas de los que tenemos”, añadió, al explicar el argumento de los dos gigantes.

Fletcher dijo que si le preguntaran, en un mundo ideal, si le gustaría que China e India redujeran sus emisiones de gases invernadero más rápido, respondería que absolutamente, y que le gustaría que todos los países hicieran lo mismo.

Traducido por Verónica Firme

El director general de la FAO, José Graziano da Silva (izquierda), con el ministro del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de Colombia, Rafael Pardo, en la sede de la organización de las Naciones Unidas en Roma. Crédito: Carlo Perla/FAO

Por Corresponsal Fao
ROMA, Jul 5 2017 (IPS)

El progreso alcanzado por Colombia con la utilización del desarrollo rural como instrumento para conquistar la paz después de más de medio siglo de guerra civil pueden “llenar al mundo entero de esperanza y de enseñanzas”, afirmó este miércoles 5 el director general de la FAO, José Graziano da Silva.

“El único camino hacia la paz es el camino del diálogo, la negociación, la cooperación, la inclusión y la equidad, que es también el camino hacia el desarrollo sostenible donde nadie se quede atrás”, dijo Graziano da Silva. “Todo el mundo espera que lo que está sucediendo en Colombia pueda ser un ejemplo para otros lugares del mundo”.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) está trabajando con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil y proporciona asesoramiento técnico a tres nuevas instituciones: la agencia nacional de tierras, la agencia de desarrollo rural y la agencia para la renovación del territorio.

Los 53 años de conflicto armado llegaron a su fin a principios de este mes cuando los miembros del grupo rebelde de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) entregaron sus armas en el marco de un Acuerdo de Paz negociado en los últimos años y formalizado en 2016.

Las tierras, las prácticas agrícolas y los medios de subsistencia de la población siguen sufriendo las consecuencias de un conflicto que afectó a gran parte del país.

El gobierno colombiano está implementando más de 80 leyes especiales y numerosos programas para poner en marcha el acuerdo de paz, que incluyen planes de electrificación rural, reconversión laboral y programas de apoyo a los ingresos económicos de los exmiembros de las milicias, e incentivos fiscales para empresas que construyan infraestructura pública.

También ha diseñado una campaña de gran alcance para eliminar las minas antipersona – Colombia es, después de Afganistán, el país con mayor número en su territorio-, en la que los exmiembros de las FARC tienen un papel clave.

El plan integral de reforma del gobierno colombiano aspira a beneficiar a unos 14 000 pequeños agricultores y requiere diálogo con los grupos locales para generar y poner en marcha programas que involucren a las comunidades en sus respectivos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

“Es en la zona rural fue donde se desarrolló el conflicto y, debido al conflicto, las oportunidades de los colombianos que viven en estas regiones son muy inferiores a las de los colombianos que viven en las ciudades”, señaló el ministro para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, que ha sido un acto fundamental para la paz en el país.

El ministro destacó que, gracias a su “amplísima experiencia y presencia en Colombia”,  la FAO será la encargada de hacer el “acompañamiento fundamental a todo el desarrollo rural durante los 15 años de implementación del acuerdo”.

El papel central de la reforma agraria y la tenencia de la tierra

Pardo también destacó la creación, con la ayuda de la FAO y otras instituciones, de un catastro para la formalización de tierras. Las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra son fundamentales para reactivar el enorme potencial agrícola de un país que sólo utiliza una cuarta parte de su superficie agrícola cultivable, en cuyo campo el conflicto desarraigó a millones de hogares y donde, a pesar de claros esfuerzos, todavía existe un extendido cultivo de coca.

El ministro describió los programas del gobierno colombiano para incentivar a los agricultores a abandonar el cultivo de la hoja coca y a sustituirlos por cultivos alternativos, confiando en que más de 50 000 familias se sumen a estos planes antes de finales de año.

El ejemplo de Colombia para otros países en conflicto

“Cada país tiene sus propios procesos y dinámicas pero, esencialmente, es el dialogo lo que permite que haya solución a los problemas”, afirmó Pardo este miércoles 5.

Lo más importante de la lección del acuerdo de paz colombiano, dijo, es que va mucho más allá de los temas tradicionales de un acuerdo de paz: desmovilización, desarme y reintegración (DDR).

En su opinión, el acuerdo de paz en Colombia es un acuerdo “comprensivo” que pretende “transformar la vida rural y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales dispersas”.

El ministro también destacó el estrecho vínculo entre paz y seguridad alimentaria. “Es uno de los requisitos fundamentales para que haya paz en las regiones más pobres del planeta. Una población que no tiene garantizada la seguridad alimentaria no tendrá posibilidades de paz”, añadió.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

Revisado por Estrella Gutiérrez