IPS Agencia de Noticias » América Latina y el Caribe http://www.ipsnoticias.net Periodismo y comunicación para el cambio global Mon, 20 Feb 2017 19:41:12 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1.15 Cuba ante el reto de mayor libertad de viajar para sus ciudadanos http://www.ipsnoticias.net/2017/02/cuba-ante-el-reto-de-mayor-libertad-de-viajar-para-sus-ciudadanos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cuba-ante-el-reto-de-mayor-libertad-de-viajar-para-sus-ciudadanos http://www.ipsnoticias.net/2017/02/cuba-ante-el-reto-de-mayor-libertad-de-viajar-para-sus-ciudadanos/#comments Fri, 17 Feb 2017 16:25:10 +0000 Patricia Grogg http://www.ipsnoticias.net/?p=134014 Viajeros ante los mostradores de facturación en la salida de la terminal internacional del Aeropuerto Internacional José Martí, en la capital de Cuba, donde una gran pantalla informa sobre los próximos vuelos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Viajeros ante los mostradores de facturación en la salida de la terminal internacional del Aeropuerto Internacional José Martí, en la capital de Cuba, donde una gran pantalla informa sobre los próximos vuelos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Feb 17 2017 (IPS)

Cada año nuevo,  muchos cubanos salen a la calle  cargando una maleta. Dan una vuelta a la manzana y regresan a su hogar, sorteando el agua que sus no menos entusiastas vecinos lanzan desde puertas y ventanas. Los primeros esperan que ‘”se les dé el viaje”, los otros solo quieren espantar lo malo de sus hogares.

Durante décadas, la salida a  otro país, temporal o definitivamente, estuvo sujeta a fuertes restricciones, suavizadas o eliminadas en una Ley de Migración vigente desde enero de 2013.  Con el reciente cese de beneficios para inmigrantes cubanos en Estados Unidos, creció la expectativa de una nueva actualización de la legislación de Cuba.

De acuerdo a informes oficiales divulgados al cumplirse cuatro años de la reforma migratoria del gobierno de Raúl Castro,  una de más esperadas por la población, en ese período viajaron legalmente al extranjero 671.000 cubanos.

De ese total,  45 por ciento ya regresó, y la mayor parte de los que aún siguen fuera “se encuentra en el plazo de 24 meses” otorgado, según se reportó.

La Ley, que sustituyó a la de 1976, suprimió engorros y costosos trámites de salida, extendió el tiempo de permanencia en el exterior de 11 a 24 meses, plazo sujeto a prórrogas por “causas justificadas”, y dejó como único documentos de viaje el pasaporte y la visa de  destino en los casos en que se requiera.

A una consulta de IPS, varios ciudadanos coincidieron, sin embargo,  en que frente a los cambios en la política estadounidense hacia la emigración cubana, establecidos el 12 de enero, se abre el reto de una reforma a la norma de 2013,  para garantizar a los residentes cubanos el derecho a salir y entrar del país cuando lo deseen.

Ese día, ocho antes de dejar la presidencia,  Barack Obama derogó la política de “pies secos, pies mojados”, vigente desde 1995, que otorgaba la residencia a los cubanos que llegasen a Estados Unidos.

El mandatario saliente argumentó que con la normalización de las relaciones bilaterales, no tenía sentido ese trato diferenciado a los migrantes procedentes de este país.

Cuba ante el reto de mayor libertad de viajar para sus ciudadanos

Un hombre sostiene un pasaporte cubano junto a boletos aéreos frente a la embajada de Ecuador en La Habana, durante un inusual reclamo por la decisión del gobierno de Quito de pasar a exigir visa a los cubanos para ingresar al país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“No es que yo espere cambios, sino que ya el propio gobierno (cubano) ha anunciado que los realizará  al informar del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos y de la desaparición de la política de pies secos, pies mojados”, dijo el cibernauta Joaquín Borges-Triana.

“Yo pienso que cada ciudadano debería poder  permanecer en el exterior el tiempo que desee  y retornar a Cuba cuando quiera”, recalcó.

El economista cubano Mauricio de Miranda,  residente en Colombia, consideró que en las condiciones de la Cuba contemporánea es de “urgente revisión” la política migratoria y la correspondiente Ley. En su opinión y la de otros expertos consultadas por IPS,  a la legislación cubana se debe incorporar el reconocimiento constitucional de la doble ciudanía.

Entre otras modificaciones deseables, Miranda mencionó además la eliminación de cualquier categoría migratoria que clasifica a los cubanos en residentes dentro y fuera del país, libertad para entrar y salir  a todo portador de un pasaporte cubano y reconocimiento pleno de todos los deberes y derechos de los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

La ampliación del período de vigencia del pasaporte cubano a 10 años, sin necesidad de prórroga dentro de ese período, “tal y como ocurre en la mayor parte de países del mundo” y fijar su costo en moneda nacional figura también entre las modificaciones esperadas.

Un 9,6 por ciento de quienes viajaron de enero de 2013 a diciembre de 2015 pasaron a ser emigrantes según la ley cubana modificada, que establece la perdida de la residencia en Cuba cuando un nacional de este país, sobrepasa los 24 meses en el extranjero. De este grupo, 5,7 por ciento se quedó en Estados Unidos, principal receptor de la emigración cubana.

En ese vecino país, separado tan solo por 90 millas náuticas (150 kilómetros) de esta isla caribeña, residen casi dos millones de emigrados cubanos,  57 por ciento nacidos aquí.

El cambio migratorio realizado por Obama, adoptado después de negociaciones con el gobierno de La Habana,  frustró los sueños de miles de cubanos de llegar a Estados Unidos, amparados en el trato preferencial para los migrantes cubanos, que estaba vigente desde 1995.

Cuba ante el reto de mayor libertad de viajar para sus ciudadanos

Pasajeros abordan una aeronave con destino al exterior en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

La política de “pies secos, pies mojados” daba a los cubanos la posibilidad de quedarse en el país,  acogerse a la Ley de Ajuste y obtener la residencia como refugiados. Además, desde 2006, a su amparo surgió el programa especial para los médicos de este país, destinado a recibir a esos profesionales cubanos que abandonasen sus misiones en terceros países.

“Creo que el momento era estratégico”, comentó a IPS la investigador Susan Eckstein, de la Universidad de Boston sobre emigración cubana. En su opinión, Obama quiso fortalecer las posibilidades de poner fin al aumento masivo de la inmigración no autorizada de Cuba a Estados Unidos.

En los últimos dos años, miles de ciudadanos cubanos salieron legalmente de Cuba,  tras vender sus viviendas y demás pertenencias, para tratar de llegar a Estados Unidos desde países latinoamericanos que luego cerraron sus fronteras ante las oleadas migratorias.

Durante 2016, un total de 6.000 frustrados emigrantes fueron devueltos a Cuba, según datos oficiales.

“Obama no inició el cambio antes de las elecciones de Estados Unidos para evitar influir en el voto del estado Florida”, donde la Ley de Ajuste cubano es muy popular entre la comunidad cubana, añadió Eckstein en declaraciones por correo electrónico.

La experta contrastó que la administración Obama recibió en 2016 a casi 55.000 inmigrantes  cubanos, mientras bloqueó la entrada a decenas de miles de haitianos que huyeron por iguales o peores condiciones económicas que los ciudadanos procedentes de Cuba.

El gobierno cubano culpa a Washington de alentar con fines  políticos la emigración ilegal e insegura desde Cuba,

Ahora solo queda vigente la Ley de Ajuste, destinada a garantizar el trato especial como refugiados políticos de los inmigrantes cubanos,  aprobada por el Congreso legislativo estadounidense en 1966, cuatro años después de establecer un embargo contra este país aún activo aunque flexibilizado en su aplicación.

Las autoridades de La Habana alegan que esa norma no se corresponde con el contexto actual, de normalización de los vínculos bilaterales  tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

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Los indecisos, claves en las elecciones post Correa de Ecuador http://www.ipsnoticias.net/2017/02/los-indecisos-claves-en-las-elecciones-post-correa-de-ecuador/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-indecisos-claves-en-las-elecciones-post-correa-de-ecuador http://www.ipsnoticias.net/2017/02/los-indecisos-claves-en-las-elecciones-post-correa-de-ecuador/#comments Thu, 16 Feb 2017 13:28:36 +0000 Kintto Lucas http://www.ipsnoticias.net/?p=134006 El voto de los indecisos, situados por las encuestas entre 25 y 35 por ciento de los electores, van a decidir el domingo 19 si habrá una segunda vuelta para escoger a quien sustituirá en la Presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo a Rafael Correa, tras una década al frente del país. Crédito: CNE

Los indecisos, situados por las encuestas entre 25 y 35 por ciento de los electores, van a decidir el domingo 19 si habrá una segunda vuelta para escoger a quien sustituirá en la Presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo a Rafael Correa, tras una década al frente del país. Crédito: CNE

Por Kintto Lucas
QUITO, Feb 16 2017 (IPS)

El alto nivel de indecisos en Ecuador convierte en una incógnita si algún candidato a la Presidencia obtendrá los votos necesarios para triunfar en la primera vuelta del domingo 19, o si habrá que esperar a abril para saber si el país escoge el continuismo o la ruptura con una década marcada por Rafael Correa y su Revolución Ciudadana. 

Los portavoces del favorito según todas las encuestas, Lenín Moreno, exvicepresidente (2007-2013) y candidato de la gobernante Alianza País y otras fuerzas minoritarias, sí se muestran seguros, no obstante, de obtener el triunfo durante esa jornada de elecciones generales.

La ley electoral ecuatoriana establece que para ganar la Presidencia en primera vuelta se necesita más de 50 por ciento de los votos válidos, o más de 40 por ciento con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al candidato siguiente.

A Moreno se le asigna esa ventaja de 10 puntos, pero sin llegar a 40 por ciento de los votos válidos y con una tendencia de decreciente respaldo, en unos sondeos que no concuerdan en quien sería su contrincante en un eventual balotaje, el 2 de abril.

La clave estará en el alto porcentaje de electores que decidirán su voto el mismo domingo, coinciden analistas, que recuerdan que ese elemento ha llevado a equivocarse a los sondeos en el pasado. En la penúltima semana antes de los comicios, entre 25 y 35 de los electores permanecían indecisos, según las firmas encuestadoras.

Adrián Bonilla, analista político y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseguró a IPS que la predicción de las encuestas para estas elecciones  se vuelve poco segura por este factor.

También puede jugar un papel protagónico el denominado “voto útil”, argumentó, porque un sector de indecisos puede decantarse por Moreno como “mal menor”, aunque sean críticos del gobierno del presidente Rafael Correa, y otro puede votar por quien ocupa el segundo lugar “para asegurar la segunda vuelta”.

Si se produce este segundo escenario, Moreno requeriría una corrección estratégica y Alianza País debería tender puentes reconociendo que no es la única fuerza política interna y que requiere establecer amplias alianzas para vencer, consideró.

Correa, en el poder desde enero de 2007 y quien triunfó en tres elecciones, impulsó una Revolución Ciudadana, que incluyó una nueva Constitución, inscribiéndose en la corriente de gobiernos bolivarianos y progresistas que triunfaron en América Latina a comienzo de siglo.

La reducción de la pobreza y la desigualdad, la mejora de la educación y la sanidad y la promoción de la inclusión social, se cuentan entre sus logros, mientras una gestión “pro autoritaria” y cortapisas a la libertad de expresión se mencionan como déficits de una década que transformó el país.

Los últimos sondeos de cinco firmas diferentes otorgan a Moreno la primera intención del voto, con entre 43 y 28,5 por ciento del favor de los encuestados, mientras que cuatro de ellos conceden al banquero Guillermo Lasso, de Creando Oportunidades, el segundo lugar, con entre 21,5 y 16 por ciento.

Los indecisos, claves en las elecciones post Correa de Ecuador

Lenín Moreno, en silla de ruedas, durante una ceremonia con representantes indígenas. El candidato de la gobernante Alianza País tiene la mayor intención de voto, dentro de una tendencia declinante de respaldo, según todas las encuestas. Crédito: Lenín Moreno

Una encuestadora coloca a Cynthia Viteri, del derechista Partido Social Cristiano, en el segundo, mientras las demás lo sitúan en tercera posición, con entre 20,2 y 13 por ciento. Quien aparece sin opciones es el exalcalde de Quito y aspirante de Izquierda Democrática, Paco Moncayo.

La campaña electoral, en que participan ocho candidatos, estuvo marcada por la difusión de escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del gobierno y figuras vinculadas a la oposición.

La corrupción en la estatal Petroecuador, un escándalo surgido a mediados de 2016, que involucró al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, hoy prófugo de la justicia, y altos funcionarios de esa empresa, fue un golpe para la campaña de Moreno, a quien hasta noviembre se le pronosticaba un triunfo en primera vuelta.

Meses después, el surgimiento de múltiples casos contra funcionarios del gobierno y líderes opositores terminaron ubicando a la corrupción como algo inherente a la política, que es solo el tercer tema de preocupación de los votantes, con 14 por ciento de los encuestados.

Paulina Recalde, de la empresa Perfiles de Opinión, aseguró a IPS que parece haberse posicionado en gran parte de los electores que todos los políticos son corruptos, y por lo tanto el tema no es decisivo para el voto.

Las denuncias de sobornos millonarios en los contratos de la empresa brasileña Odebrecht, estalladas en enero, sin que haya hasta ahora nombres de participantes o pruebas, fortalecieron esa percepción.

Para más de 60 por ciento de los encuestados, la mayor preocupación es el desempleo y la situación económica, así que los candidatos priorizaron en sus campañas las promesas de mejorar estos temas.

Moreno, por ejemplo, ofrece alcanzar el pleno empleo en dos años, con la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que Lasso promete crear un millón de empleos en el próximo cuatrienio.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 17 de enero, Ecuador tiene 5,2 por ciento de desempleados y 19,9 por ciento de subempleados, dentro de una población económicamente activa de 7.874.021 personas, en un país de 16,4 millones de habitantes.

El llamado “empleo inadecuado”, que reporta ingresos por debajo del mínimo considerado necesario, está en 53 por ciento.

Mario Unda, analista político y docente de la Universidad Central, aseguró a IPS que los indecisos son una muestra de la apatía electoral y el poco entusiasmo que despiertan los candidatos.

“Esta campaña ha sido la que menos interés ha concitado desde el regreso a la democracia en 1979”, afirmó. A su juicio, la elección se definirá “el mismo domingo” y será muy importante el “voto útil”.

El gobierno, por su parte, se ha dedicado a mostrar sus logros en infraestructura, con la construcción de nueva vialidad nacional y centrales hidroeléctricas, la disminución de la pobreza y la inclusión de amplios sectores en la actividad económica, para frenar la caída de su candidato.

Mientras, Lasso y Viteri atacan todo lo hecho la última década y Moncayo reconoce algunos logros pero critica el “autoritarismo” de Correa.

Si bien las encuestas no establecen claramente posibles porcentajes para la Asamblea Nacional, todo indica que el partido de gobierno ya no tendría mayoría como en la legislatura actual donde controla 100 de los 137 escaños.

Para la jornada electoral, están habilitadas para votar 12.816.698 personas, que elegirán presidente y vicepresidente, 137 legisladores y cinco parlamentarios andinos.

Una consulta inédita en el mundo

El domingo 19 también se votará una consulta popular que podría crear ejemplo en el mundo, sobre los paraísos fiscales propuesta por Correa.

Los electores se pronunciarán sobre la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?

La interrogante plantea, asimismo, el plazo de un año para que los servidores públicos que tengan recursos en paraísos fiscales acaten el pronunciamiento popular para no ser destituidos. Varios líderes opositores, entre ellos el propio Lasso, tienen capitales en países considerados paraísos fiscales.

La mayoría de las encuestas le dan un triunfo al “Sí” con más de 50 por ciento de intención de voto.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Normas de EEUU y UE complican la vida a exportadores del Caribe http://www.ipsnoticias.net/2017/02/normas-de-eeuu-y-ue-complican-la-vida-a-exportadores-del-caribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=normas-de-eeuu-y-ue-complican-la-vida-a-exportadores-del-caribe http://www.ipsnoticias.net/2017/02/normas-de-eeuu-y-ue-complican-la-vida-a-exportadores-del-caribe/#comments Thu, 16 Feb 2017 09:59:56 +0000 Jewel Fraser http://www.ipsnoticias.net/?p=134003 Oraine Halstead (izquierda) y Rhys Actie examinan tomates en un invernadero de la granja Colesome, en Antigua. Crédito: Desmond Brown / IPS

Oraine Halstead (izquierda) y Rhys Actie examinan tomates en un invernadero de la granja Colesome, en Antigua. Crédito: Desmond Brown / IPS

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, Feb 16 2017 (IPS)

Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) encuentran cada vez más dificultades para ingresar a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con sus exportaciones de alimentos.

Los aranceles ya no son los principales escollos para acceder a esos mercados, según un documento del programa Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio, aplicado en conjunto por el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la UE.América Latina y el Caribe proporcionan más de 90 por ciento de las frutas y casi 80 por ciento de las verduras que importa Estados Unidos. Sin embargo, algunos países de la región tienen "tasas de rechazo muy altas" en ese mercado.

La alianza ACP-UE considera que “los obstáculos no arancelarios se convertirán en el principal desafío del futuro sistema comercial multilateral”.  Específicamente se refiere a los obstáculos técnicos relacionados con el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias en los mercados de exportación y de otras disposiciones, incluidas aquellas relacionadas con el etiquetado y el envasado de los productos.

La UE considera que estos obstáculos técnicos y no arancelarios son tan problemáticos para sus socios de ACP que aportó 15 millones de euros a partir de 2013 para ayudar a esos países en desarrollo a mejorar sus procesos y poder cumplir con ellos.

La Asociación Caribeña de Agronegocios (CABA, en inglés) accedió a fondos para ayudar a sus miembros a avanzar en la certificación de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), un paso que Estados Unidos y la UE exigen desde principios del siglo XXI para todos los alimentos que ingresen a sus mercados.

Diez de los miembros de la CABA estuvieron presentes en una conferencia regional, celebrada en Puerto España el 29 y 30 de enero, para informar sobre los beneficios que recibieron del entrenamiento en la certificación HACCP.

Andre Gordon, director ejecutivo de la empresa TSL Technical Services Limited, dijo a los delegados presentes en la capital de Trinidad y Tobago que cada año Gran Bretaña registra aproximadamente un millón de personas que contraen enfermedades transmitidas por los alimentos, de las cuales 500 mueren y unos 20.000 requieren hospitalización. Lidiar con esa situación le cuesta a ese país europeo 1.750 millones de dólares al año, resumió.

En Estados Unidos se registran unos 48 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, lo que resulta en 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes. El costo asciende aproximadamente a 77.700 millones de dólares anuales, según dijo Gordon en la conferencia.

Un informe de 2016 titulado “Combatiendo las pérdidas de alimentos por incumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad en los mercados de exportación: el caso de frutas y hortalizas de la región de América Latina y el Caribe”, redactado por dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacó todo lo que está en juego para los exportadores caribeños.

Según el informe, América Latina y el Caribe proporcionan más de 90 por ciento de las frutas y casi 80 por ciento de las verduras que importa Estados Unidos. Sin embargo, algunos países de la región tienen “tasas de rechazo muy altas” en ese mercado, como Bolivia, República Dominicana y Jamaica, añade.

“Aunque muchos países de” América Latina y el Caribe “tienen un buen índice de aceptación en comparación con otros países que exportan a Estados Unidos y la UE, algunos… tienen muy mal desempeño, lo que revela una gran disparidad en la preparación para el comercio de exportación dentro de la región”, subraya el escrito.

“Los numerosos fallos en la manipulación a lo largo de la cadena son probablemente la causa de las quejas con mayor frustración de los compradores internacionales”, continúa el informe de la FAO.

Gordon, que a principios de este siglo supervisó la transformación de la industria jamaiquina de ackee (blighia sapida) para que cumpliera con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y accediera al mercado estadounidense, explicó a IPS los obstáculos que deben sortear los exportadores caribeños.

“El problema en general con todas las empresas agroindustriales del Caribe es la falta de capacidad técnica y desconocimiento de los requisitos, así como la falta de recursos para implementar los sistemas necesarios”, indicó.

“El cambio cultural necesario probablemente sea la mayor limitación para aplicar y sostener los sistemas de certificación… Si (las empresas) no tienen la visión de convertirse en actores globales, entonces el esfuerzo y los recursos necesarios van a parecer inalcanzables y sin una buena relación calidad-precio”, advirtió Gordon.

El documento informativo “Las medidas sanitarias y fitosanitarias generan altos costos y pérdidas para los países en desarrollo”, publicado en 2007, poco después de que la UE ordenara la certificación HACCP a todos los exportadores al bloque, señaló que “dado que el nivel de ingresos de los países en desarrollo es mucho menor, el costo del cumplimiento es relativamente superior al de los exportadores de los países industrializados”.

“El rápido cambio en las medidas sanitarias y fitosanitarias, los reglamentos y las notificaciones de nuevas reglamentaciones es otro problema que enfrentan los países en desarrollo al preparar su cumplimiento. También impone costos adicionales a los inversionistas y exportadores y crea incertidumbre”, agregó.

Sin embargo, concluyó Mehdi Shafaeddin, el autor del documento, “si bien el costo del cumplimiento es alto, el costo del incumplimiento es aun mayor” debido a la pérdida de cuota de mercado o a la reducción del acceso.

Gordon reveló que en 2010, el Caribe fue la segunda región con mayor número de rechazos de alimentos en los puertos de ingreso de Estados Unidos.

Un informe de la FAO de marzo de 2016 reveló otros problemas que padecen las agroindustrias caribeñas a la hora de exportar.

La diversificación y competitividad de la agricultura del Caribe padecen “la pequeñez y fragmentación de la mayoría de las unidades agrícolas, la ausencia de fuertes organizaciones agrícolas de base, el costo de la mano de obra agrícola, el envejecimiento demográfico de los agricultores caribeños, un sistema educativo que no prepara a los jóvenes para buscar oportunidades de empleo en el sector agrícola”, advirtió la FAO.

El presidente de la CABA, Vassel Stewart, afirmó que el problema de las pequeñas unidades agrícolas se está abordando de lleno con la formación de CABEXCO, una organización que reúne a las pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial de Caricom para adquirir  de forma conjunta materias primas y servicios y comercializar los productos de sus socios.

Las economías de escala resultantes también permitirán que sea más fácil soportar el costo del cumplimiento de las normas que exigen Estados Unidos y la UE a los exportadores de alimentos, aseguró.

Traducido por Álvaro Queiruga

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Expansión de energías limpias en México tiene sus víctimas http://www.ipsnoticias.net/2017/02/expansion-de-energias-limpias-en-mexico-tiene-sus-victimas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=expansion-de-energias-limpias-en-mexico-tiene-sus-victimas http://www.ipsnoticias.net/2017/02/expansion-de-energias-limpias-en-mexico-tiene-sus-victimas/#comments Wed, 15 Feb 2017 22:02:28 +0000 Emilio Godoy http://www.ipsnoticias.net/?p=133999 En México, los campos eólicos generan polémica por denuncias de tratos injustos, despojos de tierras, falta de consulta previa, libre e informada y exclusión de la electricidad generada. En la imagen, los aerogeneradores enmarcan el horizonte de la norteña ciudad de Zacatecas. Crédito: Emilio Godoy/IPS

En México, los campos eólicos generan polémica por denuncias de tratos injustos, despojos de tierras, falta de consulta previa, libre e informada y exclusión de la electricidad generada. En la imagen, los aerogeneradores enmarcan el horizonte de la norteña ciudad de Zacatecas. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
KIMBILÁ, México, Feb 15 2017 (IPS)

Los crecientes proyectos de generación eólica y solar en el estado de Yucatán son parte de un cambio positivo en la matriz energética de México. Pero en las comunidades afectadas esa expansión no se percibe igual, por la falta de información y consulta y por lo que altera sus vidas. 

“No tenemos información. Tenemos ciertas dudas, hay gente que dice que es bueno y otra que es malo. Hemos escuchado lo que se dice en otros estados”, dijo a IPS el campesino Luís Miguel.

Este indígena maya reside en Kimbilá, una localidad del municipio de Izamal que es la sede de un hasta ahora fallido emprendimiento privado de eoloenergía, frenado por la oposición de sus 3.600 habitantes y en particular de un ejido (tierra pública adjudicada para su explotación comunitaria), sobre cuyas tierras se instalaría el parque eólico.“Existe falta de información hacia las comunidades, que no conocen el alcance de los contratos, no les explican los problemas que van a surgir. Se genera una serie de conflictos bastante fuertes y condiciones de manipulación para obtener las licencias. Aplican ingeniería social y dividen a la comunidad”: Romel González.

“Tememos que perjudiquen nuestros cultivos”, enfatizó Miguel, cuyo padre es uno de los 573 integrantes del Ejido de Kimbilá, situado en el norte de la península de Yucatán, a unos 1.350 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

La obra cuestionada, a cargo de la empresa española Elecnor, que incluye la instalación de 50 aerogeneradores para la obtención de 159 megavatios hora al año.

La corporación instalaló una torre anemométrica en 2014, pero la población local, que vive del cultivo de maíz y hortalizas, la cría de pequeña ganadería y la cosecha de miel, apenas supo del proyecto hasta enero de 2016.

Desde entonces, en el ejido se organizaron dos asambleas y otra más se suspendió, sin llegar a un acuerdo para dar su aval al arrendamiento por 25 años de las tierras necesarias para el proyecto.

Entre tanto, en febrero de ese año, ejidatarios presentaron una queja contra la Procuraduría Agraria por su apoyo a los intereses de la empresa, impulsando asambleas contrarias a la legalidad para estos instrumentos comunitarios.

El parque tendría una vida útil de 30 años, incluidas las fases de preparación, construcción y operación, y para las cuales necesita 77 hectáreas de las 5.000 del ejido.

La empresa ofreció entre cinco y 970 dólares anuales por hectárea, según la utilidad de la tierra para la granja eólica, una propuesta que causó malestar entre los ejidatarios. Además, les daría 1,3 por ciento de la facturación por la energía generada. Pero la electricidad no atendería la demanda local.

“No hemos tenido información. A quienes trabajan la tierra no les conviene. Se va a destrozar el monte y 30 años es mucho tiempo”, señaló el apicultor Victoriano Canmex a IPS.

Este ejidatario, también  maya, expresó su temor por el posible daño a las abejas, “porque se abrirían caminos con maquinaria pesada”. “Dijeron que podían reubicar los apiarios y no saben nada de apicultura. No es justo, nos vamos a quedar sin nada”, se quejó.

Canmex, quien posee ocho apiarios, revisa las colmenas dos veces por semana, junto a cuatro de sus seis hijos. Colecta anualmente unos 25 tambos de 30 kilogramos, que terminan en las mesas europeas. La miel yucateca es altamente apreciada en el mundo, por su calidad y naturaleza orgánica.

Expansión de energías limpias en México tiene sus víctimas

Luís Miguel, un campesino maya de Kimbilá, en el suroriental estado de Yucatán, en México, teme que la instalación de un parque eólico en su comunidad perjudique sus cultivos de maíz y vegetales. Emilio Godoy/IPS

Yucatán, antiguo emporio maya que mantiene un alto porcentaje de población indígena,  se ha convertido en una nueva frontera energética en México, por su gran potencial eólico y solar.

Este estado adoptó la meta de uso de energías renovables y no convenciales de 9,3 por ciento en 2018. En Yucatán, la incorporación anual de nueva capacidad de generación totalizaría 1.408 megavatios en 2030.

Excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, las fuentes renovables  aportan  un escaso ocho por ciento de la matriz eléctrica de México. Según estadísticas oficiales, en diciembre de 2016, la hidroelectricidad tuvo una capacidad instalada de 12.092 megavatios, la geotermia de 873, la eólica, 699, y la solar fotovoltaica, seis.

De acuerdo con la empresarial Asociación Mexicana de Energía Eólica, en México existen al menos 31 parques ubicados en nueve estados, con una capacidad instalada total de 3.527 megavatios de energía limpia para las regiones del noreste, el oeste, el sur y el sureste de este país de 122 millones de personas.

Además de la falta de información, de consulta libre, previa e informada, como obligan la ley y convenios internacionales, los indígenas denuncian impactos a las aves migratorias, incremento de temperatura en zonas con paneles solares y contaminación del agua por derrames de las torres eólicas.

Para Romel González, miembro del no gubernamental Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, una localidad situada en el vecino estado de Campeche, el proceso de desarrollo energético sufre de lagunas jurídicas, relacionadas con modelos de contrato y estudios de impacto ambiental superficiales.

“Existe falta de información hacia las comunidades, que no conocen el alcance de los contratos, no les explican los problemas que van a surgir. Se genera una serie de conflictos bastante fuertes y condiciones de manipulación para obtener las licencias. Aplican ingeniería social y dividen a la comunidad”, aseguró González a IPS.

En la región, a su juicio,  hay recursos naturales que “no se habían tocado y ahora quieren aprovecharlos”, cuyo manejo se vuelve “atractivo para despojar a las comunidades”.

El estado vive una fiesta energética porque en  su territorio se proyectan  cinco centrales solares, con 536 megavatios de capacidad total y otros cinco parques eólicos, con capacidad de 256 megavatios, que funcionarían hasta 2030 y que ya fueron adjudicados a empresas locales y extranjeras.

En la primera subasta nacional de generación eléctrica organizada por el gobierno, en marzo de 2016,  ganaron cuatro proyectos eólicos y cinco solares, mientras en la segunda, en septiembre siguiente, se seleccionaron dos nuevos proyectos de viento.

El cambio de la matriz eléctrica se asienta en la reforma energética de México, vigente plenamente desde agosto de 2014, que abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Las autoridades locales proyectan que en 2018 la generación eólica sea de 6.099 megavatios, 478 de ellos provenientes de Yucatán, para subir dos años después a 12.823 megavatios, de ellos 2.227 aportados por este estado.

Para ello, Yucatán captaría 52 millones de dólares en 2017 y 1.584 millones en 2018.

La Ley de la Industria Eléctrica, vigente desde 2014, estipula que cada proyecto requiere una evaluación de impacto social, pero los críticos de los proyectos eólicos no tienen constancia de su realización en el estado, mientras solo existen evidencias de dos consultas públicas en las comunidades afectadas, en el caso de dos parques.

“La electricidad no será para nosotros y no sabemos qué pasará más adelante (con el proyecto instalado), por eso nuestras dudas”, recalcó Miguel.

Para la población local, el “modelo Oaxaca” es la invocación de malos presagios, pues ese estado del sur de México alberga la mayor cantidad de eologranjas, envueltas en denuncias por tratos injustos, despojos territoriales y falta de consulta libre, previa e informada. Nadie quiere replicar ese modelo.

“Las autoridades quieren hacerlo por todos los medios, solo tratan de que los proyectos sean aprobados”, cuestionó Canmex.

González criticó que el gobierno no haya exigido las evaluaciones. “Las hemos pedido y nos han respondido que no hay. Las respuestas de las comunidades a los proyectos dependerán del grado de conciencia y organización social. Algunas comunidades reaccionarán tarde, cuando el proyecto esté en construcción”, expuso.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Corrupción desmorona un imperio: el brasileño de Odebrecht http://www.ipsnoticias.net/2017/02/corrupcion-desmorona-un-imperio-el-brasileno-de-odebrecht/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corrupcion-desmorona-un-imperio-el-brasileno-de-odebrecht http://www.ipsnoticias.net/2017/02/corrupcion-desmorona-un-imperio-el-brasileno-de-odebrecht/#comments Tue, 14 Feb 2017 17:42:10 +0000 Mario Osava http://www.ipsnoticias.net/?p=133991 El American Airlines Arena, un emblemático estadio y centro de espectáculos de la Ciudad de Miami, y una de las muchas construcciones de Odebrecht en Estados Unidos, cuyos fiscales han comenzado a poner cifras a las dimensiones continentales de la corrupción del grupo brasileño. Crédito: Odebrecht

El American Airlines Arena, un emblemático estadio y centro de espectáculos de la Ciudad de Miami, y una de las muchas construcciones de Odebrecht en Estados Unidos, cuyos fiscales han comenzado a poner cifras a las dimensiones continentales de la corrupción del grupo brasileño. Crédito: Odebrecht

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Feb 14 2017 (IPS)

Los brasileños se sienten sobrepasados por la lluvia de informaciones sobre los enormes tentáculos de corrupción con que operó la mayor constructora del país, Odebrecht, un conglomerado de empresas con presencia en decenas de sectores y países.

El imperio empresarial construido por tres generaciones de la familia Odebrecht se está desmoronando en tres años de la llamada operación “Lava Jato” (lavado de automóviles) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que investiga la corrupción que desvió miles de millones de dólares de los grandes negocios del grupo petrolero estatal Petrobras.

Marcelo Odebrecht, quien presidió el grupo empresarial de 2008 a diciembre de 2015, está detenido desde junio de 2015 y condenado en primera instancia a 19 años de prisión.

En octubre dejó de resistir y aceptó colaborar con las investigaciones judiciales, como decisión empresarial. Un total de 77 dirigentes del conglomerado, buena parte ya alejados de sus funciones, prestó más de 900 testimonios a fiscales de Lava Jato, provocando un terremoto entre políticos brasileños y de toda América Latina.El grupo empresarial había creado un departamento especializado en la compra y pago de favores que, según la justicia estadounidense, resultaba un buen negocio. Cada dólar “invertido” en sobornos producía 12 dólares en contratos.

El compromiso es revelar todas las ilegalidades cometidas por la empresa y sus agentes en los países donde ya se identificaron prácticas de soborno para obtención de contratos de obras públicas.

El Departamento de Justicia estadounidense divulgó en diciembre que Odebrecht destinó presuntamente 1.038 millones de dólares para sobornar políticos y funcionarios gubernamentales en 10 países latinoamericanos y dos africanos, incluido Brasil, donde quedó 57,7 por ciento de esa suma.

Estados Unidos hace sus propias investigaciones, que podrían culminar con condenas penales locales, porque varias empresas del grupo, como la constructora y la petroquímica Braskem, operan allí y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Eso pasa también con Petrobras, considerada víctima de la corrupción en sus megaproyectos de extracción petrolera y sometida a varias investigaciones judiciales por parte de tenedores de acciones en Estados Unidos.

Estados Unidos y Suiza, cuyos bancos fueron utilizados para ocultar o legitimar capitales ilegales, firmaron acuerdos de cooperación con el Poder Judicial de Brasil, en la actual ofensiva contra la corrupción en este país latinoamericano.

Los efectos son abrumadores. En Brasil se espera que las revelaciones de Odebrecht provoquen un tsunami en la política. Se habla de dos centenares de parlamentarios y gobernantes que habrían recibido sobornos, incluso miembros de las cúpulas actuales de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El grupo empresarial había creado un departamento especializado en la compra y pago de favores que, según la justicia estadounidense, resultaba un buen negocio. Cada dólar “invertido” en sobornos producía 12 dólares en contratos.

Esa estimación se basa en más de 100 proyectos ejecutados o en marcha en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, más los africanos Angola y Mozambique.

Corrupción desmorona un imperio: el brasileño de Odebrecht

Parte del valle de Caracas, desde el Metrocable de San Agustín, una de las numerosas obras asignadas a Odebrecht en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), cuando la empresa brasileña se convirtió en la mayor constructora del país. Crédito: Raúl Límaco/IPS

La orden de detención solicitada por tribunales de su país contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien residiría en Estados Unidos, y denuncias que involucran a los actuales presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela, constituyen solo la punta del iceberg.

Aún no se conocen lo que revelaron dirigentes y exdirigentes de Odebrecht, como exdirectores del área externa del conglomerado y expresidentes de brazos especializados en infraestructura, ingeniería industrial o logística.

Se espera que nuevas cifras sobre presuntos sobornos se añadan en los próximos meses a las ya reveladas en Estados Unidos, encabezadas por los 599 millones de dólares distribuidos en Brasil, 98 millones en Venezuela, 92 millones en República Dominicana, 59 millones en Panamá y 50 millones en Angola.

En Perú fueron “solo” 29 millones de dólares desde 2005. Es poco considerando que solo en el gasoducto del Sur, aún en construcción, las inversiones previstas suman 7.000 millones de dólares. El gobierno peruano ya decidió quitarle el control de esa obra a Odebrecht.

La Carretera Interoceánica que cruza el sur peruano, de la frontera brasileña a puertos en el océano Pacífico, involucra juntó Odebrecht a otras tres constructoras brasileñas, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, todas investigadas por sospecha de corrupción.

Durante la presidencia de Alan Garcia (2006-2011) se firmó con Brasil un acuerdo para la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en Perú, anulado por su sucesor, Ollanta Humala (2011-2016), que sin embargo tiene su campaña electoral bajo sospecha de haber recibido tres millones de dólares brasileños.

Odebrecht, que tiene la concesión de Chaglla, la tercera mayor central hidroeléctrica de Perú, con 462 megavatios de potencia, sería la principal constructora de las nuevas plantas.

La multiplicación de los escándalos locales o sectoriales iluminan los tentáculos de Odebrecht. Braskem, brazo petroquímico del grupo, es acusada de distribuir 250 millones de dólares en sobornos para apoyar su papel de líder americano en producción de resinas termoplásticas, con 36 plantas en Brasil y Estados Unidos, además de Alemania.

El imperio nacido en 1944 como una simple constructora se fue diversificando el último medio siglo para expandirse a actividades tan diversas como la agroindustria de la caña de azúcar, el desarrollo de tecnologías militares o empresas de servicios petroleros, de logística y de industria naval, entre otras.

A comienzos de los años 70 construyó la sede de Petrobras, sellando una relación que desembocó en el desastre actual, que destruyó la reputación de la empresa orgullosa de su “Tecnología Empresarial”, un conjunto de principios éticos y operativos a que se atribuye su rápida expansión, pero no previó la corrupción.

Se puede atribuir el auge del conglomerado a su visión estratégica y un modo de operar que resultó exitoso hasta empezar la operación Lava Jato. La de ser “amigo del rey” era parte de sus métodos.

Angola es el mejor ejemplo. El aún presidente del Consejo de Administración del grupo, Emilio Odebrecht, hijo del fundador Norberto Odebrecht, se reúne anualmente con el presidente angolano, José Eduardo dos Santos, en Luanda, para discutir proyectos para el país.

Oficialmente se trata de hacer el balance de las obras ejecutadas por la empresa y definir nuevas metas.

Esa prerrogativa del gran empresario se justifica por la fuerte presencia de su constructora en las obras vitales del país en reconstrucción, en energía, en recursos hídricos, carreteras y urbanización.

Odebrecht cuenta con un prestigio único en Angola, desde que construyó la central hidroeléctrica de Capanda, en el río Kwanza, entre 1984 y 2007, con interrupciones y riesgos por la guerra civil (1975-2002). Ahora construye la mayor central angoleña, Lauca, también sobre el mismo Kwanza, con 2.067 megavatios de capacidad.

Su omnipresencia en el país le lleva a administrar el Belas Shopping, centro comercial de lujo en el sur de Luanda, ejecutar el plan hídrico para abastecer la capital, preparar la primera parte del distrito industrial en las afueras de Luanda, construir conjuntos de viviendas y recuperar la industria azucarera angolana.

En Cuba también ocupó el estratégico proyecto de la ampliación del Puerto Mariel y la gestión de una central azucarera, en búsqueda de recuperar ese decaído sector de la isla caribeña.

En otros países, como Panamá, Perú y Venezuela, sobresale la cantidad de obras y proyectos a cargo de la empresa brasileña, en áreas tan diversas como transportes urbanos, carreteras y puentes, puertos, centrales eléctricas, hidrocarburos e, incluso, agricultura.

Ese ciclo expansivo acabó. Muy endeudada, con su facturación desplomándose, sin acceso al crédito, incluso en bancos de fomento brasileños, y con el estigma de corruptor, el conglomerado trata de colaborar con la justicia de los países involucrados, buscando acuerdos que le permitan seguir operando y recuperarse más adelante.

Ahora queda por saber si Odebrecht es “tan grande que no puede quebrar”, como se dijo de algunos bancos en la crisis mundial estallada en 2008.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

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Lucha contra el hambre influye en el mundo desde América Latina http://www.ipsnoticias.net/2017/02/lucha-contra-el-hambre-influencia-al-mundo-desde-america-latina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lucha-contra-el-hambre-influencia-al-mundo-desde-america-latina http://www.ipsnoticias.net/2017/02/lucha-contra-el-hambre-influencia-al-mundo-desde-america-latina/#comments Fri, 10 Feb 2017 23:05:17 +0000 Orlando Milesi y Mario Osava http://www.ipsnoticias.net/?p=133970 Niños y niñas almuerzan en una escuela del estado de Río de Janeiro, en Brasil, en una comunidad donde la mayoría vive en pobreza, pero gracias a la sinergia entre la agricultura familiar y la alimentación en las escuelas se ha logrado eliminar la malnutrición entre el alumnado. Crédito: Mario Osava/IPS

Niños y niñas almuerzan en una escuela del estado de Río de Janeiro, en Brasil, en una comunidad donde la mayoría vive en pobreza, pero gracias a la sinergia entre la agricultura familiar y la alimentación en las escuelas se ha logrado eliminar la malnutrición entre el alumnado. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Orlando Milesi y Mario Osava
SANTIAGO/RÍO DE JANEIRO, Feb 10 2017 (IPS)

Primero desde Brasil y después desde América Latina,  se ha expandido por el mundo un modelo de lucha contra el hambre y la malnutrición con alcance global y éxitos dentro y fuera de la región, resalta una distinción para su gran promotor, José Graziano da Silva, actual director general de la FAO.

Graziano es uno de los “Latinoamericanos Globales” 2016, aquellos que tienen una influencia a nivel mundial, en un listado elaborado por la edición internacional de la revista AméricaEconomía, donde también están el papa Francisco, el empresario Carlos Slim, el escritor Mario Vargas Llosa,  la promotora del microcrédito María Otero, el restaurador Gastón Acuario, el periodista Jorge Ramos o el poeta Rafael Cadenas.

“Se trata de alguien que ha sido de los más constantes y perseverantes en el tema de la seguridad alimentaria, ha desarrollado todo el tema de la vida rural y por eso lo hemos destacado”, resumió a IPS el director de medios digitales de la publicación, Lino Solís de Ovando.

AméricaEconomía, cuya revista internacional se edita en Santiago y tiene ocho ediciones nacionales o subregionales, además de una gran plataforma digital, busca con esta “medición inédita” brindar “el listado de 25 hombres y mujeres más influyentes”, explicó. No todos están necesariamente “en la primera fila del teatro”, pero todos ellos son “los que realmente generan cambios” globales desde su actividad, subrayó.

Graziano, director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) desde 2012, donde permanecerá hasta 2019 después de ser reelegido para un segundo mandato en 2015, fue el impulsor en Brasil del Programa Hambre Cero, que se ejecutó parcialmente pero trazó un nuevo modelo mundial.

“Los reconocimientos a las personas son reconocimientos a las ideas y a las causas a las que dedican su vida. En este caso, se trata de un reconocimiento al desarrollo rural y la lucha contra el hambre en América Latina y en todo el mundo”, dijo Graziano el jueves 9 sobre su inclusión en el listado de figuras latinoamericanas con influencia mundial.

Ministro especial de Seguridad Alimentaria (2003-2006), durante los primeros años de la presidencia del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) , “Graziano tuvo un rol decisivo al buscar estrategias de combate al hambre que combinaban acciones estructurales con las emergenciales”, evaluó a IPS el director ejecutivo de ActionAid International, Adriano Campolina.

Lucha contra el hambre influye en el mundo desde América Latina

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, durante su intervención en la V Cumbre de la Celac, en Punta Cana, en República Dominicana. Crédito: FAO

“Sus esfuerzos se tradujeron en crédito a la agricultura familiar, mejora en la alimentación escolar y políticas de transferencia de renta, entre otras iniciativas”, indicó desde la sede central de la organización humanitaria en Johannesburgo, en Sudáfrica.

A juicio de Campolina, en su estrategia “tuvo la sabiduría de identificar en la sociedad las alternativas eficaces y emancipadoras del combate al hambre”, traduciéndolas en políticas públicas y “reconociendo que muchas soluciones estaban en las experiencias exitosas que movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales venían desarrollando”.

A Graziano correspondió poner en marcha “el más importante programa del gobierno de Lula, el Hambre Cero,  que tuvo plena aceptación de todos los segmentos de la sociedad brasileña, incluso de quienes se oponían al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula”,  recordó Frei Betto, quien ayudó a diseñar e impulsar el programa, como asesor especial de la Presidencia.

“El Hambre Cero comprendía más de 60 programas complementarios, incluyendo reforma agraria, sindicalización, agricultura familiar, captación de recursos hídricos y otros”, con un carácter “emancipador”, recordó a IPS el conocido escritor católico, también asesor de movimientos sociales.

La administración le tocaría a “la sociedad civil organizada en Comités Gestores, que fueron implantados en más de 2.500 municipios, mitad del total en Brasil, durante la gestión de Graziano”, detalló Betto.

Pero en 2004 el gobierno decidió concentrar los esfuerzos en la transferencia de renta, la Beca Familia, “de carácter compensatorio”. Ello llevó a Betto a su renuncia, mientras Graziano permaneció como asesor del presidente, hasta su designación en 2006 como representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

“La sustitución del Hambre Cero por el programa Beca Familia”, de subsidios directos,  se debió a presiones de alcaldías que deseaban controlar el catastro de beneficiarios con fines electoralistas, evaluó Betto.

“Graziano, felizmente, fue reconocido internacionalmente, elegido y reelegido para dirigir la FAO, llevando a otros países la propuesta y la experiencia del Hambre Cero”, concluyó.

“En la FAO, Graziano tuvo el coraje político de reconocer el papel primordial de la agricultura familiar y campesina, de las mujeres agricultoras, del agroecología y la agricultura sustentable en la erradicación del hambre”, destacó Campolina.

Valorizar esas corrientes, en lugar de priorizar la agricultura de latifundios y transnacionales que abusan de agrotóxicos, constituye “el cambio de paradigma que permite combatir las causas estructurales del hambre”, sostuvo.

“El liderazgo de Graziano fortaleció la lucha por el acceso a la tierra y al territorio, a la sustentabilidad, y al fortalecimiento de los agricultores y agricultoras familiares, que producen 80 por ciento de los alimentos en el mundo”, sentenció el director directivo de ActionAid International.

Francisco Menezes, economista y expresidente del brasileño Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2003-2207), destacó que un legado de Graziano es haber conseguido que en Brasil, en América Latina y en el mundo, se haya pasado “a dar prioridad a la seguridad alimentaria como objetivo”.

El propio Graziano se mostró esperanzado en la V Cumbre de la Comunidad de Estados Caribeños y Latinoamericanos (Celac), celebrada en enero, sobre que “América Latina y el Caribe podría ser la primera región en desarrollo en erradicar completamente el hambre”.

Para ello, es necesario, dijo que sus gobiernos refuercen la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, elaborado por la Celac con apoyo de la FAO y que tiene por meta acabar con el problema en la región para 2025.

Solís de Ovando resaltó también como algo positivo durante la gestión de Graziano en la FAO, el haber puesto el foco en el tema de la obesidad y el sobrepeso,  que ya afecta a 360 millones de personas en la región, según un estudio del organismo, lanzado en enero.

En su ránking “Latinoamericanos Globales” 2016, AméricaEconomía también destacó la labor del director general de la FAO en la promoción de la cooperación Sur-Sur, con el intercambio de soluciones y experiencias entre los países de las diferentes regiones del Sur Global, en procura de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Trump, brexit y Brasil: ¿En busca de la clase obrera perdida? http://www.ipsnoticias.net/2017/02/trump-brexit-y-brasil-en-busca-de-la-clase-obrera-perdida/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trump-brexit-y-brasil-en-busca-de-la-clase-obrera-perdida http://www.ipsnoticias.net/2017/02/trump-brexit-y-brasil-en-busca-de-la-clase-obrera-perdida/#comments Thu, 09 Feb 2017 23:24:56 +0000 Mario Osava http://www.ipsnoticias.net/?p=133963 Vehículos brasileños son embarcados para su exportación. La pérdida de valor y de empleos en la otrora poderoso industria metalúrgica y mecánica ha sido una de las causas de la desafección de importantes sectores de trabajadores por la política y, en particular, por la izquierda. Crédito: APPA

Vehículos brasileños son embarcados para su exportación. La pérdida de valor y de empleos en la otrora poderoso industria metalúrgica y mecánica ha sido una de las causas de la desafección de importantes sectores de trabajadores por la política y, en particular, por la izquierda. Crédito: APPA

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Feb 9 2017 (IPS)

¿Qué ocurriría ahora si el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se hubiera implantado como intentó Estados Unidos en las malogradas negociaciones que se prolongaron de 1994 a 2005?

El campeón de los acuerdos para eliminar las fronteras comerciales adopta ahora, con el republicano Donald Trump en la presidencia desde el 20 de enero, posiciones proteccionistas que Washington condenaba en los países latinoamericanos que resistían abrir sus mercados, tildándolas de trabas al progreso.

Con el ALCA, por lo menos México no se encontraría ahora en la soledad con que tiene que enfrentar las amenazas inmediatas del llamado “populismo de derecha” que, instalado en el centro del poder mundial, agrava de forma apocalíptica las incertidumbres de la humanidad.

“Volvimos a los años 30”, compara Fernando Cardim de Carvalho, economista brasileño que actualmente es investigador del estadounidense Instituto de Economía del Bard College, en el estado de Nueva York.

Recuperar empleos perdidos fue una bandera eficaz en la campaña electoral de Trump. Lo ayudó a triunfar en estados como Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, anteriormente de mayoría demócrata por componer el llamado “cinturón industrial”, con su masa obrera en el noreste y medio-oeste estadounidense.

Voltearlos fue decisivo y posible para el magnate Trump porque la desindustrialización en las últimas cuatro décadas convirtió la región en el “cinturón de la herrumbre”, con desempleo, violencia y fuga de la población, en una decadencia que cobró ahora su precio político al Partido Demócrata.

Detroit, capital de la industria automovilística, tenía 1,85 millones de habitantes en 1950. En 2010 el censo los redujo a 714.000. Sus ruinas urbanas molestan.

El proceso viene de lejos, desde la primera crisis del petróleo y la recesión económica en los años 70, acompañadas de la expansión automotriz y electrónica japonesa. Las empresas migraron en busca de menos costos dentro de Estados Unidos y los avances tecnológicos redujeron la mano de obra industrial.

Ese proceso restó mucho más empleos que los tratados de libre comercio, aseguran investigadores. Trump atribuyó a los acuerdos comerciales el éxodo de empresas nacionales, justificando el proteccionismo y los ataques a México y China.

Brasil dudó sobre el ALCA hasta volverse más nacionalista a partir de 2003, bajo el gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que puso en marcha varias iniciativas para proteger sus industrias y estimular la creación de otras nuevas. Se parece a lo que anuncia Trump.

“Pero es distinto. Brasil representa menos de uno por ciento del comercio mundial, actúa en nichos y puede apoyar sus industrias con estímulos y cambio más competitivo, sin impactos relevantes en el exterior. Estados Unidos no, es el centro del mundo, no puede cerrar su economía sin generar confusión, conflictos”, evaluó Cardim.

México concentra 80 por ciento de sus exportaciones en el mercado estadounidense, ejemplificó el profesor emérito de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Son imaginables los daños de medidas unilaterales del socio de proporciones aplastadoras, cuyo nuevo gobierno amenaza “no aceptar las reglas del juego”, advirtió Cardim.

Trump, brexit y Brasil: ¿En busca de la clase obrera perdida?

El descontento es el sentimiento generalizado en Brasil. La metrópoli brasileña de São Paulo, la misma que lideró las protestas contra la destituida mandataria Dilma Rousseff, sigue siendo escenario de multitudinarias manifestaciones contra el actual presidente, Michel Temer. Crédito Paulo Pinto/AGPT

En Brasil, intentos de recuperar el sector no evitaron la creciente desindustrialización, calificada de “precoz” por afectar un país aún de mediano ingreso por persona, de 15.000 dólares según la paridad del poder de compra, equivalente a solo 26 por ciento del estadounidense, según datos del Fondo Monetario Internacional.

La industria de transformación alcanzó su tope de 21,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1985, una participación que descendió a 11,4 por ciento en 2015, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Su producción se desplomó 9,8 por ciento en 2015.

El sureño estado de São Paulo, el más industrializado y por eso apodado “la locomotora” del país, soportó las mayores pérdidas. Su participación en la producción industrial era de la mitad del total a comienzos de los 90, pero cayó a 38,6 por ciento en 2013.

Esa decadencia no es tan visible como las ruinas del “cinturón de herrumbre” estadounidense y del norte de Gran Bretaña que aprobó el brexit, pero se manifesta en protestas callejeras desde 2013 y en un airado rechazo al PT, surgido en 1980 de las luchas sindicales paulistas.

El fundador y principal líder del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fue un obrero metalúrgico y sindicalista local que logró ser presidente entre 2003 y 2010 y mantiene una alta popularidad, pese a varios procesos de corrupción que amenazan su futuro.

Pero su sucesora, Dilma Rousseff, también del PT, fue reelegida en 2014 con un débil respaldo en São Paulo, donde obtuvo solo 35,69 por ciento de los votos válidos. Su destitución en agosto de 2016 por el parlamento, fue precedida e impulsada por masivas manifestaciones paulistas.

Escándalos de corrupción, que afectan políticos de casi todos los partidos, fueron decisivos en la caída de Rousseff. No hay acusaciones contra ella, pero fue durante los gobiernos del PT que ocurrió la gran rapiña en los negocios petroleros de la estatal Petrobras. Su vulnerabilidad era económica, por haber provocado una grave crisis fiscal.

Pero el perdido vigor industrial, al igual que los buenos empleos del sector, contribuyeron a la determinación con que los paulistas se movilizaron por la inhabilitación de Rousseff y la derrota del PT.

Muchos de los errores de la primera mujer en conquistar la presidencia de Brasil se debieron a intentos voluntaristas, “populistas” según sus críticos, de recuperar la industria. Incentivos fiscales, reducción forzada de las tasas de interés y de los costos de energía fueron algunas de esas medidas de resultados negativos.

Los gobiernos del PT intensificaron la protección a la industria nacional, con aranceles al máximo permitido por las reglas y exigencias de contenido nacional en ciertos productos.

“Pero el nacionalismo económico es condición de sobrevivencia, ante la competencia entre naciones”, justificó Luiz Bresser-Pereira, profesor emérito de la Fundación Getulio Vargas que alerta sobre la desindustrialización brasileña acentuada por la “enfermedad holandesa” (cambio sobrevaluado) desde 2005.

“En Estados Unidos el nacionalismo se hace agresión imperial, peligroso porque no es solo económico como el brasileño, sino que incorpora otras dimensiones, al tratarse de potencia militar”, extendiéndose a temas migratorios, religiosos y étnicos, destacó.

El brexit,  la salida británica de la Unión Europea, el triunfo de Trump y el ascenso de la ultraderecha en Europa desnudan “una crisis política del capitalismo causada por la renuncia al nacionalismo de las élites económicas de los países ricos, que ahora son los rentistas”, con ganancias también fuera del mercado interno, señaló Bresser.

La debilidad de la socialdemocracia desde 1989, con gobernantes que a veces “no supieron distinguir sus políticas de las neoliberales”, también traba la superación de la crisis, que comprende una mayoría de “perdedores de la globalización” cuya reacción no se puede menospreciar como “mero populismo”, concluyó.

La pérdida de peso del empleo industrial – por cambios tecnológicos, productivos y sociales, además de la migración de empresas- quita votos a la izquierda “no populista”, con sus partidos orgánicos, como el PT brasileño. Y también diluye su matriz política e ideológica, al debilitar el sindicalismo y la generación de cuadros y líderes.

La decadencia de polos industriales favorece opciones radicales y nacionalistas, que al parecer tienden a adherir a los movimientos conservadores y de extrema derecha.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Hay cómo abordar los desafíos del cambio climático en América Latina http://www.ipsnoticias.net/2017/02/hay-como-abordar-los-desafios-del-cambio-climatico-en-america-latina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hay-como-abordar-los-desafios-del-cambio-climatico-en-america-latina http://www.ipsnoticias.net/2017/02/hay-como-abordar-los-desafios-del-cambio-climatico-en-america-latina/#comments Thu, 09 Feb 2017 14:38:08 +0000 http://www.ipsnoticias.net/?p=133954 Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL

Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Feb 9 2017 (IPS)

“Existen opciones que nos permitirían abordar al mismo tiempo los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la región”, subraya Joseluis Samaniego, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

Y abordar esas opciones se hace necesario, dado que la CEPAL estima que si la temperatura media de América Latina y el Caribe aumenta 2,5 grados centígrados, probablemente alrededor de 2050, los efectos en la región serían, aún con un alto nivel de incertidumbre, de entre 1,5 por ciento y cinco por ciento del actual producto interno bruto (PIB).

“Hemos documentado tanto las perspectivas del cambio climático como la evaluación de sus posibles impactos en las economías latinoamericanas”, indica Samaniego en una entrevista en profundidad con el programa multimedia “Horizontes CEPAL”, mientras subraya que “hoy no hay ninguna duda, por lo menos no en la comunidad científica, de que hay una influencia humana importante sobre el calentamiento global”.

El director de Desarrollo Sostenible de la CEPAL apunta que hoy en día existe una tensión entre los viejos modos de producción y consumo heredados del siglo XX -cuyas consecuencias ambientales se están revelando insostenibles a largo plazo-  y un nuevo modelo más sostenible pero aún incipiente.

“Hay opciones de desarrollo distintas que pueden encuadrarse mejor dentro de los límites de la naturaleza sin sacrificar el bienestar”, defiende.

Como ejemplos positivos en la región, el especialista de la CEPAL señala que ya hay países cuya matriz eléctrica –no energética- es dominantemente renovable, como Costa Rica y Uruguay.

Destaca asimismo el impulso que Ecuador viene dando a la generación hidroeléctrica y el esfuerzo que Brasil, Chile y México también están realizando para facilitar la penetración de las energías renovables por medio de estrategias de licitación que han permitido bajar el precio al que compran los gobiernos de alrededor de 100 dólares a 30 dólares por megavatio-hora (MWh).

“Esto genera a la vez ganancias económicas, ambientales y sociales”, subraya el alto funcionario de la CEPAL en su didáctico análisis de los efectos del cambio climático y las alternativas al estilo de desarrollo actual.

En el ámbito de la movilidad urbana, que hoy genera graves problemas de salud y de productividad asociados a la contaminación y a la congestión de las ciudades, Samaniego plantea que la región podría generar cadenas de valor para construir infraestructuras de transporte colectivo.

“Con ello se podría al mismo tiempo mejorar la calidad de vida, aminorar la huella ambiental, ser mucho más inclusivo y generar nuevos motores de desarrollo”, recalca.

Junto a estas opciones, la tecnificación radical de la agricultura es otra de las alternativas planteadas por Samaniego en esta entrevista “para avanzar hacia un gran impulso ambiental, que implica un cambio en el estilo de desarrollo que permitiría cumplir con las metas económicas, sociales y ambientales de forma simultánea”, tal como plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este video fue difundido originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

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Sector privado aspira a más porción del pastel turístico en Cuba http://www.ipsnoticias.net/2017/02/sector-privado-aspira-a-mas-porcion-del-pastel-turistico-en-cuba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sector-privado-aspira-a-mas-porcion-del-pastel-turistico-en-cuba http://www.ipsnoticias.net/2017/02/sector-privado-aspira-a-mas-porcion-del-pastel-turistico-en-cuba/#comments Wed, 08 Feb 2017 21:15:54 +0000 Ivet Gonzalez http://www.ipsnoticias.net/?p=133947 Interior del Restaurante 1800, en la Plaza San Juan de Dios, en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, en el centro de Cuba. El establecimiento es una muestra del creciente emprendimiento privado, que busca mayor participación en el boom de la demanda turística, que el sector estatal no logra atender. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Interior del Restaurante 1800, en la Plaza San Juan de Dios, en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, en el centro de Cuba. El establecimiento es una muestra del creciente emprendimiento privado, que busca mayor participación en el boom de la demanda turística, que el sector estatal no logra atender. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
CAMAGÜEY, Cuba, Feb 8 2017 (IPS)

Hasta la adoquinada Plaza de San Juan de Dios de la urbe de Camagüey, llegan cientos de visitantes internacionales cada día, dentro de la imparable oleada turística que inunda ciudades y pueblos de Cuba, activando nuevos destinos. 

“El 94 por ciento de nuestros clientes son turistas internacionales y 50 por ciento de ellos, estadounidenses”, indicó a IPS el hostelero Edel Izquierdo, que inauguró en 2012 el Restaurante 1800 en esa plaza colonial, la mejor conservada de Camagüey, a 534 kilómetros al este de La Habana y en el centro de esta isla caribeña.

Con 17 años de experiencia en el sector turístico estatal, Izquierdo decidió convertirse en emprendedor de la restauración, gracias a una propiedad familiar en una esquina de la soleada explanada, aunque el negocio ha estado cerrado entre octubre y este mes, por un especial control del gobierno de las llamadas actividades por cuenta propia, que le obligó a renovar todas las licencias necesarias.

Según especialistas, el turismo constituye el único sector del país con condiciones para reflotar la economía cubana, agobiada por una nueva recaída, gracias a un mercado en expansión, con más de cuatro millones de visitantes en 2016, y a su capacidad para captar con rapidez las divisas imprescindibles para paliar la crisis de liquidez.

Y la industria del ocio presenta una participación sin precedentes del sector privado, aunque falten estadísticas oficiales sobre su aporte real.

“A Camagüey le hacen falta restaurantes como este”, estimó el Izquierdo, que busca “satisfacer a un segmento de mercado existente” en esta ciudad que, como en otras de la provincia cubana, los servicios turísticos estatales no logran absorber el boom de visitantes iniciado en 2015 y se complementan con el creciente sector privado.

En las paredes amarrillas del 1800, cuelgan fotografías de las celebridades locales y extranjeras que lo han visitado, como el cantautor cubano Pablo Milanés o el cantante italiano Zucchero. En temporada alta, entre diciembre y abril, un equipo de 20 empleados atiende entre 100 y 150 clientes diarios, estimó Izquierdo.

Sector privado aspira a más porción del pastel turístico en Cuba

Plaza del Carmen, en una de las restauradas zonas adoquinadas de la ciudad de Camagüey, en el centro de Cuba, que vive un auge turístico por la búsqueda de los visitantes extranjeros de destinos alternativos al sol y la playa. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Precisó que gran parte de ese flujo de clientes le llega mediante los seis contratos que mantiene con agencias de viaje estatales. “Tenemos capacidad para atender a muchas personas, muy buena ubicación y priorizamos el ‘marketing’ y la promoción a través de Internet, que funciona”, añadió.

El restaurador también colocó en cinco guías de referencia internacional al restaurante de comida internacional, cubana y típica de la tercera ciudad más importante del país.

“Ya el sector privado tiene clústeres (conglomerados locales) en el turismo, con casas de alquiler de habitaciones, paladares (restaurantes), cooperativas de construcción, taxistas, empresas que hacen muebles, productores agropecuarios, entre otros”, indicó a IPS el economista y académico estadounidense Richard S. Newfarmer, autor junto a Richard E. Feinberg de un estudio al respecto.

Con un análisis pormenorizado y recomendaciones para consolidar el sector, la investigación “Turismo en Cuba. En la ola hacia la prosperidad sostenible” fue presentada en enero tanto en La Habana como en la ciudad estadounidense de Miami.

Newfarmer destacó que en lugares como la emblemática villa de Trinidad, a 317 kilómetros de La Habana, “hay una ola de turistas y los hoteles estatales derivan a los clientes que no pueden atender a las casas privadas de alquiler”. “No hay competencia entre el sector privado y estatal, sino que se complementan”, resaltó.

Bendecida con un casco histórico único en conservación, la excelente playa de Ancón y el complejo montañoso de Guamuhaya, Trinidad es un destino capaz de satisfacer diversos intereses recreativos. Por ello, durante los 11 primeros meses de 2016 reportó un crecimiento del turismo internacional de más de 30 por ciento, respecto al mismo periodo del año precedente.

Sector privado aspira a más porción del pastel turístico en Cuba

Paisaje del Valle de Viñales, un nuevo polo de atracción para el turismo internacional, en la occidental provincia de Pinar del Río, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Allí el sector privado es el más dinámico, según las autoridades locales, ya que el Estado opera 200 habitaciones mientras existen 2.593 más en viviendas particulares y 92 restaurantes, además de artesanos y transportistas, entre otros. De alguna forma, los 7.000 trabajadores no estatales del municipio centro-sureño se vinculan al turismo.

Ese panorama se repite en el pueblo montañoso de Viñales, en el extremo occidental, y en Baracoa, la primera ciudad fundada por la colonia española, en la porción oriental, por citar algunos ejemplos.

“Cuba está en un momento de inflexión, cuando se está abriendo a nuevos mercados del turismo como el estadounidense”, apuntó Newfarmer.

De los más de cuatro millones de visitantes del año pasado, la mayoría provino de América del Norte y Europa y solo Canadá aportó 30 por ciento del total. Pero el nuevo fenómeno son los turistas estadounidenses, que sumaron 284.937, un incremento de 74 por ciento respecto a 2015.

Detrás de este auge está el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington ese año, que se ha ido acompañado con la flexibilización de las licencias de viajes y los vuelos directos entre los dos países.

En su estudio, Newfarmer y Feinberg aconsejan que Cuba construya una política turística enfocada al desarrollo sostenible y social, en la que se contemple el panorama de recaída económica y se tracen estrategias para captar las inversiones millonarias necesarias para el crecimiento de la industria hasta 2030.

Entre otros, proponen elevar la calidad en los servicios, diversificar la oferta, más acceso a Internet, facilitar más la inversión extranjera, revisar la política fiscal, conectar al turismo con otros sectores para el crecimiento económico integral, dar mejoras al medio ambiente y el paisaje urbano, y promover la inversión privada.

“Es irrefutable que la empresa privada también cuenta con un papel significativo y dinámico en la industria turística”, sostiene la publicación.

Sector privado aspira a más porción del pastel turístico en Cuba

Llegada a la bahía de La Habana del lujoso crucero Adonia, con más de 700 pasajeros, el primero procedente de Estados Unidos en más de 50 años en atracar en Cuba, en mayo de 2016. Los cruceros son un segmento del turismo con alto potencial para el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Cuba posee 65.000 habitaciones en hoteles estatales y con participación extranjera, además de más de otras 17.000 en viviendas particulares con licencia para rentar a extranjeros, según el Ministerio del Turismo. Las autoridades planifican contar con 104.000 habitaciones en 2030, además de nuevas opciones extra hoteleras.

Según cálculos de los autores a partir de cifras oficiales cubanas, el sector estatal absorbe 68,8 por ciento y el no estatal 31,2 por ciento de las recaudaciones del turismo internacional y nacional. A su juicio, este resultado refuta el argumento de que la eventual autorización del turismo estadounidense beneficiaría solo al Estado cubano.

En ese sentido, la investigación recomienda al gobierno, la industria y la sociedad civil  de Estados Unidos que apoyen la actual reforma económica cubana, liberalicen el turismo estadounidense a la isla caribeña, eliminen el embargo económico y financiero vigente desde 1962, y promuevan prácticas de sostenibilidad.

En 2015, el turismo aportó 2.800 millones de dólares con la atención a 3,5 millones de visitantes internacionales, por lo que se estima que los ingresos pudieran rondar los 3.000 millones de dólares en 2016.

Newfarmer especificó que, por la limitada disponibilidad de datos, es una incógnita la participación privada real. “Calculamos un estimado estatal y privado, pero la cifra de este último pudiera ser mucho mayor”, indicó a IPS.

El ministerio del sector informó que perfecciona la metodología vigente para calcular los ingresos derivados de los visitantes hospedados en casas privadas, ya que estas reciben 25 por ciento de los turistas. Calificó esto de imprescindible para conocer el impacto del turismo en la economía nacional.

Recorridos por La Habana y a polos cercanos como Viñales, ofrece a turistas extranjeros de forma ilegal un chófer que dice llamarse Ormani. “Son los que mejor pagan y además me llevo las comisiones que dan las casas de renta y restaurantes particulares si les llevo clientes”, dijo a IPS.

“No saco licencia porque no quiero pagar impuestos. Me arriesgo hasta el día que me pare la policía”, indicó sobre la franja informal que también capta ingresos no contabilizados por el turismo. En ella operan, pese a los recios controles, personas en actividades ilícitas como proxenetismo y venta de habanos robados, entre otras.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Argentina se endurece con los inmigrantes y genera críticas http://www.ipsnoticias.net/2017/02/argentina-se-endurece-con-los-inmigrantes-y-genera-criticas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=argentina-se-endurece-con-los-inmigrantes-y-genera-criticas http://www.ipsnoticias.net/2017/02/argentina-se-endurece-con-los-inmigrantes-y-genera-criticas/#comments Tue, 07 Feb 2017 20:20:24 +0000 Daniel Gutman http://www.ipsnoticias.net/?p=133936 Una manifestación a favor de los derechos de los de inmigrantes en Argentina, en 2016 en la Avenida de Mayo de Buenos Aires. En 2003, una ley les garantizó derechos de asistencia social y atención sanitaria, sin importar su situación legal, pero ahora afrontan nuevas medidas en su contra. Crédito: Cortesía de Red Nacional de Líderes Migrantes

Una manifestación a favor de los derechos de los de inmigrantes en Argentina, en 2016 en la Avenida de Mayo de Buenos Aires. En 2003, una ley les garantizó derechos de asistencia social y atención sanitaria, sin importar su situación legal, pero ahora afrontan nuevas medidas en su contra. Crédito: Cortesía de Red Nacional de Líderes Migrantes

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Feb 7 2017 (IPS)

La medida del gobierno argentino de endurecer la política para los inmigrantes y establecer la expulsión exprés para acusados de delitos o en situación irregular recibe críticas por criminalizar a los extranjeros y romper una política para el sector aplaudida internacionalmente.

Argentina es considerado, precisamente, un país de inmigrantes porque la mayor parte de la población desciende de los extranjeros que masivamente llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX.

Además, mucho más recientemente, a fines de 2003, se sancionó una Ley de Migraciones que fue calificada como “un ejemplo mundial” por el entonces director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson Mc Kinley.“Este nuevo decreto prevé la expulsión para todos los delitos que tengan pena de prisión, por ejemplo lesiones leves o resistencia a la autoridad. Incluso está previsto que se le retire la radicación definitiva en el país a aquellos que ya la obtuvieron por el solo hecho de estar procesado por un delito, lo que afecta derechos adquirido”: Diego Morales.

Esa norma, entre otras cosas, garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchos creen que esa realidad ha cambiado abruptamente el 30 de enero, a partir de una decisión del gobierno.

Ese día, se dio a conocer un decreto del presidente Mauricio Macri que permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular.

El gobierno de centro derecha sostiene que estas medidas eran necesarias –según se lee en los fundamentos del decreto- para hacer frente a “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y de migrantes sostienen que se busca asociar a los inmigrantes con el delito, que solo se perjudicará a los vulnerables, sin afectar a los poderosos, y que se estimula la xenofobia.

Desde hace años, las encuestas muestran que la inseguridad ciudadana es la primera o segunda preocupación de los argentinos. Un sondeo de la Universidad Católica Argentina, difundido en noviembre, arroja que nueve de cada 10 entrevistados teme ser víctima de un delito.

“Hasta ahora, solo se podía expulsar del país al extranjero que cometiera un delito grave, por el que le quepa una condena superior a tres años de cárcel, como lavado de dinero o un robo violento”, recordó Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Este nuevo decreto, en cambio, prevé la expulsión para todos los delitos que tengan pena de prisión, por ejemplo lesiones leves o resistencia a la autoridad”, explicó en diálogo con IPS.

“Incluso está previsto que se le retire la radicación definitiva en el país a aquellos que ya  la obtuvieron por el solo hecho de estar procesado por un delito, lo que afecta derechos adquiridos”, agregó Morales.

El gobierno niega que se le quiera cerrar la puerta a los extranjeros y en estos días difundió el dato de que, durante 2016, su primer año de gestión, se otorgó la residencia definitiva en el país a 215.000 personas.

Se trata de “ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”, dijo el director nacional de Migraciones, Horacio García.

Argentina se endurece con los inmigrantes y genera críticas

En Argentina, tres cuartas partes de los inmigrantes proceden de Paraguay, Bolivia y Perú, que son los más afectados por las nuevas medidas que permiten la expulsión exprés de cualquier imputado por cualquier delito castigado con la cárcel. Crédito: Cortesía de Red Nacional de Líderes Migrantes

La duración de los procesos de expulsión de extranjeros que cometieron delitos graves es una de las principales preocupaciones del gobierno. Según el decreto hoy pueden llevar hasta siete años.

Desde el gobierno citaron el caso de Marco Antonio Estrada González, un peruano con varias condenas por narcotráfico, que estaba bajo libertad condicional y, según la justicia, seguía manejando la venta de drogas en uno de los asentamientos precarios más poblados de Buenos Aires.

Pero entre quienes desconfían de las verdaderas intenciones de Macri está el presidente boliviano, Evo Morales, quien exhortó a sus colegas latinoamericanos a “no seguir las políticas migratorias del Norte”, en referencia a las medidas contra colectivos de extranjeros del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el lunes 6 una delegación boliviana llegó a Buenos Aires para sostener encuentros con la cancillería argentina y otras autoridades, para evaluar el impacto del decreto en la comunidad boliviana en el país.

De acuerdo a los datos del último censo, realizado en 2010, Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, de los cuales 1,8 millones son extranjeros, aunque se sabe que las dos cifras crecieron desde entonces.

La mayoría de los inmigrantes provienen de Paraguay, Bolivia y Perú: entre estos tres países aportan las tres cuartas partes de los extranjeros del país.

La medida del gobierno se tomó luego de la conmoción que generó, el 24 de diciembre, la muerte en Buenos Aires de un adolescente de 14 años, quien iba en el automóvil con su abuelo y fue baleado en la cabeza por dos ladrones que intentaban robar a dos mujeres.

Uno de los detenidos como presuntos autores de ese crimen resultó un adolescente peruano de 15 años, quien fue declarado inimputable por su edad y fue deportado a su país.

Pero si la pregunta es cuál es la participación real de los inmigrantes en los hechos de inseguridad la cuestión no está en los números sino en su interpretación.

“La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total”, dice el decreto, que modifica la Ley de Migraciones del 2003.

Sin embargo, Jennifer Wolf, jefa del área de extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria, órgano que protege los derechos humanos de los detenidos, explicó a IPS que “la gran mayoría de las personas extranjeras presas en cárceles federales han estado involucradas en delitos no violentos. Son, principalmente, el último eslabón en la cadena de narcotráfico, no son narcotraficantes”.

“Por otro lado, en las cárceles federales el porcentaje de extranjeros osciló entre un 19 y un 21 por ciento entre 2006 y 2014, subió al 23 por ciento en 2015 y descendió a 21 por ciento en 2016. Paralelamente el número total de presos ha ido en aumento constante en los últimos años”, planteó.

De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia  para fines de 2016, de los 3.804 detenidos en cárceles federales por la ley de drogas, 1.284 (casi 34 por ciento) son extranjeros. Entre ellos hay 428 paraguayos, 326 peruanos y 273 bolivianos.

Pero para Wolf, “lo que hay que mirar son las estadísticas de detenidos en todo el país, que incluyen a las cárceles provinciales: el año pasado terminó con 4449 presos extranjeros, que es aproximadamente el seis por ciento de la población carcelaria total de la Argentina”.

Más de 130 organizaciones que defienden los derechos de los migrantes pidieron una audiencia con el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para plantearle su “preocupación y desconcierto” por la decisión oficial.

También reclamaron que la cuestión se debata eventualmente en el legislativo Congreso de la Nación, ya que el gobierno decidió hacerlo por decreto, durante el receso parlamentario de verano austral, con el argumento de que “existe una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

“Este decreto habilita la persecución de los extranjeros por parte de la policía. Se corría el rumor hace tiempo que una medida de este tipo venía. Pero nunca imaginamos que podía ser algo tan fuerte”, dijo a IPS un hijo y nieto de chilenos, Alfonso Rojas, quien integra la conducción de la Red Nacional de Líderes Migrantes, que agrupa a organizaciones de todo el país.

Editado por Estrella Gutiérrez

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