La gente espera la ayuda tras la devastación causada por el huracán Matthew en Low Sound, en el distrito de Andros Norte, en Baharmas en octubre de 2006. Crédito: Kenton X. Chance/IPS.

Por Kenton X. Chance
KINGSTOWN, Jul 5 2017 (IPS)

Estados Unidos podría proteger sus intereses económicos y políticos ayudando al Caribe a adoptar una economía más verde, aseguró el destacado activista y exnegociador climático de esta región, James Fletcher.

El exministro de Desarrollo Sostenible, Energía, Ciencia y Tecnología de Santa Lucía dijo que el énfasis puesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la industria del carbón es un intento de crear empleos que ya no existen, mientras ignora las numerosas oportunidades que ofrece el sector de energías renovables.

Trump anunció el 1 de junio que retiraría a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015 en la capital francesa, arguyendo que el acuerdo no vinculante supone una enorme carga económica y financiera para Estados Unidos.“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”: James Fletcher.

El presidente estadounidense se refería al Fondo Verde para el Clima (FVC), al que las economías más fuertes se comprometieron a financiar con 100.000 millones de dólares para 2020, a partir de distintas fuentes, para hacer frente a las necesarias medidas de mitigación y adaptación al recalentamiento planetario de los países en desarrollo.

Trump está equivocado, aseguró Fletcher, el principal representante de la Comunidad del Caribe, de 15 miembros, en las negociaciones del Acuerdo de París, en el podcast del ministro de Desarrollo Sostenible de San Vicente y las Granadinas, Camillo Gonsalves.

“Son contribuciones voluntarias, por lo que no es algo a lo que los países estén obligados”, explicó, refiriéndose a las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (CPDN).

El expresidente estadounidense Barack Obama comprometió 3.000 millones de dólares al FVC y entregó 1.000 millones antes de dejar la Casa Blanca.

“Ahora le toca al presidente Trump decidir si quiere honrar esa obligación o ajustarla, sabemos que no la aumentará”, precisó Fletcher, aclarando que no hay nada que obligue a ese país a realizar una contribución al FVC.

“Solo aspiramos a reunir 100.000 millones de dólares”, subrayó.

“Las CPDN son precisamente lo que su nombre indica, contribuciones. No son compromisos. Ningún país es legalmente responsable, ni siquiera se puede señalar ni denunciar”, precisó.

“Es como un pacto de caballeros que acordamos hacer, acordamos que no habrá renuncias y creo que es una de las razones por las cuales muchos países consideraron que era seguro unirse al Acuerdo de París, sabían que no habría sanciones legales si se apartaban”, puntualizó.

“Así que hablar de las CPDN como básicamente algo que coloca una soga económica al cuello de Estados Unidos es cualquier cosa”, añadió Fletcher.

Además, acotó que en el sector energético de Estados Unidos, el crecimiento se da en las energías renovables.

“Y si el presidente Trump comprendiera un poco mejor el sector, sabría que es ahí donde tiene que concentrar la atención, y no en una industria del carbón que no tiene ningún futuro, desde el punto de vista de la generación de empleo, en Estados Unidos”, arguyó.

Además, contribuir con el FVC “tiene sentido para Estados Unidos”, sostuvo Fletcher.

“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”, explicó.

Cuando hay un desastre natural en el Caribe, “nos volvemos casi de inmediato hacia nuestro vecino más pudiente en busca de apoyo, que es Estados Unidos”, acotó.

“Y cuanto más puedan reducir esa carga haciéndonos resilientes y reduciendo la severidad y la frecuencia de esos desastres naturales, menos peso recaerá sobre Estados Unidos”, añadió.

Además, Fletcher observó que los refugiados climáticos serán un elemento común en los próximos años.

“La gente perderá sus ingresos, deberá desplazar sus casas y sus hábitats quedarán destruidos y tendrán menos oportunidades, en particular en las islas pequeñas como las nuestras”, abundó.

Fletcher señaló que su país, Santa Lucía, tiene 238 millas cuadradas (unos 616, 4 kilómetros cuadrados) y un terreno montañoso con una gran cantidad de asentamientos costeros.

“Cuando pierdes la mayor parte de tu franja costera, ¿a dónde vas? No vas tierra adentro, las oportunidades son limitadas, entonces la gente comienza a emigrar”, explicó.

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden reconoció esa realidad y habló al respecto en las dos cumbres Estados Unidos-Caribe que organizó.

“Cuando vio que el Caribe cambiaba los combustibles fósiles por las energías renovables, de inmediato observó dos cosas”, precisó.

“Vio una oportunidad para reducir la influencia de Venezuela en la región, desde un punto de vista estratégico, pero también vio una oportunidad de que las compañías estadounidenses del sector renovables, en especial solares y eólicas, vendieran sus servicios al Caribe porque le preocupaba que nuestro foco estuviera en Europa y que muchos buscáramos allí asistencia técnica y apoyo”, explicó.

Fletcher precisó que mientras Trump habla de empleos en la extracción de carbón, los datos sugieren que hay menos de 75.000 puestos de trabajo en esa industria en Estados Unidos y que es un sector en contracción.

En cambio, “hay 650.000 empleos en las energías renovables en Estados Unidos, y está en crecimiento. Tendrá más sentido concentrarse en un sector en crecimiento que en uno en desaparición”, añadió.

A Trump también le preocupa que China e India, los mayores emisores de gases contaminantes, puedan seguir liberándolos, mientras Estados Unidos debe limitarse.

Fletcher reconoció que eso es “parcialmente correcto” porque son grandes emisores.

“Pero ahí entra la cuestión de la responsabilidad común, pero diferenciada”, precisó. Países como China e India dicen que tienen un gran número de personas viviendo en la extrema pobreza y necesitan cierto espacio para desarrollar algunos sectores.

“Y si bien se comprometieron, e India logró avances significativos en materia de energías renovables, arguyen que no se los puede medir con la misma vara que a países como Rusia o Estados Unidos, responsables del problema actual”, recordó.

“Sí, trabajamos para hacer frente a nuestros problemas, pero todavía nos queda una trayectoria en materia de desarrollo que no nos pueden cortar de inmediato causándonos mayores problemas de los que tenemos”, añadió, al explicar el argumento de los dos gigantes.

Fletcher dijo que si le preguntaran, en un mundo ideal, si le gustaría que China e India redujeran sus emisiones de gases invernadero más rápido, respondería que absolutamente, y que le gustaría que todos los países hicieran lo mismo.

Traducido por Verónica Firme

Turistas disfrutan de la playa en el balneario internacional de Varadero, en el occidente de Cuba. Científicos aseguran que es irreversible la erosión en el Gran Caribe de los ecosistemas arenosos, de alto valor económico y una barrera de protección de la vida tierra adentro. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 27 2017 (IPS)

Casi ninguna playa del caliente y turístico mar Caribe escapa de la erosión, un problema que fuentes científicas califican de extendido e irreversible en estos ecosistemas de alto interés económico y que funcionan como barreras de protección de la vida tierra adentro.

“El fenómeno de la erosión está generalizado en el Caribe”, dijo a IPS el geógrafo José Luis Juanes, investigador del recién creado y estatal Instituto de Ciencias del Mar de Cuba y quien participa en la coordinación científica de un proyecto de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) para proteger las costas arenosas de los efectos del recalentamiento planetario.

La iniciativa regional “Impacto del cambio climático en las costas arenosas del Caribe: alternativas para su control” pudiera comenzar a implementarse este año, luego de que culminen las negociaciones entre la AEC y el principal donante para el proyecto: la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur.

“Las playas caribeñas tienen una tendencia erosiva irreversible”, apuntó Juanes en una entrevista exclusiva, sobre un problema cuyas “causas principales están asociadas a las acciones incorrectas del ser humano en la zona costera, como extracciones de arena para la industria de la construcción y edificaciones turísticas encima de la duna”.

No obstante, el científico remarcó que investigaciones de autores locales y foráneos encontraron incluso este tipo de deterioro en playas vírgenes, de cayos deshabitados, lo que se justifica solo por la elevación del nivel del mar y otras consecuencias del calentamiento planetario.

Por ello, la AEC, fundada en 1994 y que agrupa a 25 países del llamado Gran Caribe, aprobó inicialmente en 2016 y ratificó en una cumbre en marzo de este año esta propuesta de Cuba, dentro de un programa mayor de enfrentamiento y adaptación al cambio climático.

Ese programa incluye también un proyecto contra el arribo de sargazos (macroalgas) y otro sobre la presencia de especies exóticas como el pez león.

Para financiar el programa, la AEC capta fondos de la cooperación para mitigar y adaptar al nuevo escenario climático esta región diversa, con pequeñas islas muy vulnerables y países continentales, pero que tienen en común economías en desarrollo con limitados recursos para la preservación ambiental.

Hasta el momento, el proyecto contra la erosión de las costas arenosas recibió en torno a un cuarto de millón de dólares de Holanda y Turquía, precisó Juanes. Y se prevé un aporte de 4,5 millones de dólares de Corea del Sur, para alcanzar los objetivos trazados durante cuatro años de implementación.

El geógrafo José Luis Juanes, del Instituto de Ciencias del Mar, en el litoral de La Habana donde tiene su sede el nuevo organismo estatal cubano, con muestras evidentes de erosión y de contaminación. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Además, cada país miembro de la AEC que confirme su participación contribuirá con recursos y base logística.

La coordinación de la iniciativa ya ha recibido el interés de Antigua y Barbuda, Colombia, Cuba, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Vicente, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, aunque la convocatoria sigue abierta.

La iniciativa persigue mejorar las prácticas de preservación y rehabilitación de playas en el Caribe con el establecimiento de una red regional para el monitoreo de la erosión, la elaboración de un Manual de Ingeniería de Costas, la capacitación del personal técnico y profesional, los intercambios científicos y la dotación de equipamiento, entre otros objetivos.

“Parte de los temas que se conversan con la contraparte coreana, es la colaboración de algunas instituciones científicas de ese país en el aporte de una infraestructura mínima con algunas tecnologías modernas como drones y radares costeros”, avanzó Juanes.

Una meta clave radica en obtener datos para modelar el efecto de la erosión costera hasta 2100 en el área del Gran Caribe, que está obligado a hacer un uso sostenible de las playas arenosas, su principal recurso natural para el desarrollo turístico.

Muchas de sus naciones dependen de la industria del ocio, sobre todo los pequeños estados insulares donde el turismo representa como promedio 25 por ciento del producto interno bruto y constituye el sector con el ritmo de crecimiento más alto de cada economía local.

Un hombre busca objetos entre los desechos esparcidos en las contaminadas arenas de la playa El Gringo, en el municipio de Bajos de Haina, el principal centro industrial y portuario de República Dominicana. Crédito: Dionny Matos/IPS

Juanes indicó que la preocupación por el problema surgió “fundamentalmente en los principales centros turísticos” de la región en las últimas décadas del siglo XX. De manera general, apuntó que los países han adoptado medidas legales de protección costera y soluciones ingenieras en las playas turísticas.

Pioneras en la materia, instituciones científicas y empresas estatales cubanas han compartido sus experiencias locales de protección y recuperación costera con países del área como Haití, Jamaica, México y República Dominicana, aseguró el científico.

El experto alertó que el “tipo de modelo de desarrollo turístico que venimos desarrollando resulta insostenible” y el Gran Caribe debe frenar el actual deterioro de las costas arenosas porque carece de los recursos millonarios que requiere mantener playas de forma artificial, como hace el estado de Florida, en Estados Unidos.

“Si tenemos deterioradas nuestras playas y ecosistemas en el Caribe, en pocos años la competencia con la oferta del turismo en el propio Estados Unidos será irresistible”, dijo sobre el gran país emisor de visitantes internacionales a la región caribeña.

Mientras  las playas de Varadero, en Cuba,  de la Riviera Maya, en México, y de Punta Cana, en República Dominicana, por citar algunos ejemplos,  autofinancian estudios y costosos mantenimientos con vertimientos de arenas extraídas en las profundidades, muchas playas fuera de las rutas turísticas están relegadas al olvido y la contaminación.

En respuesta, el proyecto de la AEC preparará “al menos tres proyectos ejecutivos de recuperación de playas en tres lugares críticos de tres países diferentes y con menos posibilidades económicas”, informó Juanes.

Pero puntualizó que se hará solo “la preparación conceptual, trabajo de campo y modelación” porque la ejecución es millonaria y quedará a cargo de los Estados.

“Una solución comunitaria y consciente es adoptar la playa de la que se beneficia la gente”, aseguró Ángela Corvea, la coordinadora del proyecto de educación ambiental Acualina, que moviliza a las autoridades y la comunidad en limpiezas del litoral en el municipio habanero de Playa, en el lado oeste de la capital cubana.

“Nadie limpia esas playas”, lamentó Corvea sobre la zona salpicada de playas mayormente rocosas, con unas pocas arenosas. Por ello, Acualina convoca desde 2003 a la población infantil y juvenil a recoger la basura en tres barrios del litoral, donde se incluye La Concha,  la única playa arenosa de libre acceso del municipio.

“Estas acciones comunitarias, si las hicieran todas las personas que se bañan en las playas, mejorarían su preservación”, abundó la activista. “Y para hacer esas cosas nadie en el mundo tiene que esperar por una orden o un decreto”, sostuvo, en referencia al poco efecto en la práctica de las leyes ambientales en distintos países de la AEC.

En otro país insular del Gran Caribe, República Dominicana, IPS comprobó uno de los mayores ejemplos de la deplorable situación ambiental de muchas playas cuando están ajenas a la explotación turística.

Montones de basuras colonizan las dunas de la playa El Gringo, en el municipio dominicano muy industrializado de Bajos de Haina. “El problema de la contaminación de la playa se ha hablado mucho en la junta de vecinos, necesita limpieza y hasta dragado”, indicó Mackenzie Andújar, un plomero de 41 años vecino del lugar.

Editado por Estrella Gutiérrez

Planta de carbón europea. Crédito: Bigstock

Por Rabiya Shabeeh
ABU DHABI, May 29 2017 (IPS)

¿Es necesaria la presencia de la industria de combustibles fósiles en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? ¿O su participación en las conversaciones  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa un conflicto de intereses y socava el progreso mundial?

Los países en desarrollo que pretenden que los grupos de presión de los combustibles fósiles que participan de las negociaciones de la 23 Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) declaren sus conflictos de interés ganaron una importante batalla durante un acuerdo firmado en una sesión preliminar celebrada a principios de este mes en Bonn, Alemania.Los representantes de las industrias de combustibles fósiles tienen una fuerte representación en las asociaciones que participan en las negociaciones climáticas de la ONU.

Un informe de Corporate Accountability International (CAI), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se dedica a denunciar los abusos de las empresas, reveló que los representantes de las industrias de combustibles fósiles tienen una fuerte representación en las asociaciones que participan en las conversaciones climáticas de la ONU.

Aunque las empresas no pueden participar en las negociaciones directamente, las asociaciones empresariales e industriales emplean tácticas encubiertas para frenar políticas climáticas clave, sostiene el informe.

La CMNUCC permite a las organizaciones con “estado de observador”, como la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos, FuelsEurope, la Asociación Mundial del Carbón y el Consejo Empresarial de Australia – que incluye a las petroleras Shell, ExxonMobil y BP, entre otras -, estar presentes en reuniones donde los delegados discuten opciones políticas para evitar desastres climáticos.

Estas organizaciones representan a corporaciones que han negado sistemáticamente el cambio climático y que tienen una cartera que incluye décadas de lucrar a expensas del planeta.

El Acuerdo de París contra el cambio climático comprometió a los Estados a mantener el calentamiento global “muy por debajo de los dos grados Celsius”, pero también a “proseguir los esfuerzos” para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados para 2018.

“Una política transparente y claramente definida es esencial si queremos proteger realmente el espíritu y los objetivos del Acuerdo de París, y si hemos de tener la oportunidad de luchar para limitar el cambio climático a menos de dos grados”, escribió Mrinalini Shine, investigadora de Derecho Ambiental de la alemana Universidad de Colonia.

Muchos países del Sur en desarrollo – que representan colectivamente casi 70 por ciento de la población mundial – han luchado para incorporar una política de conflicto de intereses en la convención, por la cual estos grupos estarán legalmente obligados a declarar todos sus conflictos.

Por ejemplo, este mes en una reunión en Bonn, el delegado de Venezuela declaró que el Acuerdo de París es un “instrumento entre Estados” e hizo una “solicitud moral” para que los grupos de presión declararan sus conflictos de intereses.

Sin embargo, este pedido fue recibido con feroz resistencia por los países más ricos, con  Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y Australia a la cabeza.

En Bonn, el delegado de Noruega declaró que excluir a las empresas según sus intereses sería “contraproducente”, mientras que la delegación de Australia añadió que el sector privado era una parte clave para financiar la transición a una economía baja en emisiones de dióxido de carbono.

“Algunas de las empresas a las que se alude como las contaminadoras de la política serán las proveedoras de las mayores y mejores soluciones”, sostuvo el delegado australiano. “Y puede fijarse en algunas de las declaraciones procedentes de ExxonMobil y Shell recientemente para subrayar ese punto”, añadió.

Una investigación realizada en 2015 por Inside Climate News, una organización de noticias sin fines de lucro, denunció que ExxonMobil sabía del cambio climático desde 1981, pero en los años siguientes la empresa multinacional gastó millones de dólares para promover la negación del fenómeno.

El informe de la CAI, además, reveló que la Cámara de Comercio de Estados Unidos recibe millones de dólares de ExxonMobil a cambio de “campañas de información pública”. Para colmo, el gobierno de Donald Trump, en su ataque a la política ambiental estadounidense que incluye el desmantelamiento del Plan de Energía Limpia, también instaló al ex director ejecutivo de la petrolera, Rex Tillerson, como secretario de Estado.

“Con tantos incendiarios en el departamento de bomberos no es de extrañar que no hayamos podido apagar el fuego”, comentó Tamar Lawrence Samuels, directora de políticas internacionales de CAI, en un comunicado.

Esto, sin embargo, no implica que las industrias de los combustibles fósiles no tengan papel alguno en la desaceleración del calentamiento global, según el informe.

El informe de la CAI recomienda ​​que la industria transforme sus prácticas empresariales para alinearse con los compromisos asumidos por la comunidad global para frenar la crisis, adoptar las soluciones creadas por la comunidad científica para minimizar la devastación y esforzarse por alcanzar el progreso social y económico mundial.

El nuevo acuerdo negociado de la CMNUCC se compromete a mejorar la “apertura, transparencia e inclusión” y pide a los interesados ​​- cualquier persona o grupo afectado por el cambio climático o política climática – que presenten sus opiniones sobre cómo se podría lograr.

“Como comunidad global, tenemos la oportunidad sin precedentes para resolver la crisis climática de forma directa en el preciso momento en que todo – la gente, la justicia y el planeta – están en peligro”, destacó un portavoz de la CAI.

Los activistas, los grupos de presión e incluso los organismos gubernamentales de los países en desarrollo que buscan la justicia para el planeta y su población deben seguir presionando por las soluciones que la convención acordó.

La convención está aceptando sugerencias sobre cómo abordar la cuestión de las naciones miembros, y tiene la intención de considerarlas en 2018.

Traducido por Álvaro Queiruga

La playa y el arrecife de Rarotonga, la más poblada de las Islas Cook. Crédito: Christoph Behrends/IPS.

Por Jan Kellett
NACIONES UNIDAS, May 26 2017 (IPS)

La Conferencia sobre los Océanos que se desarrollará del 5 al 9 de junio en Nueva York será fundamental porque, quizás por primera vez, enfocará la atención de la comunidad internacional sobre la importancia que tienen los océanos para nuestra vida y medios de subsistencia.

En marzo de 2015, en la Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres de Sendai, Japón, el entonces presidente de Kiribati, Anote Tong, evidenció la vulnerabilidad de su país frente al clima y el riesgo de desastres cuando informó al público presente que había comprado tierras en Fiyi para el potencial traslado de su población.La Conferencia sobre los Océanos por primera vez enfocará la atención de la comunidad internacional sobre la importancia que tienen los océanos para nuestra vida y medios de subsistencia.

La razón era sencilla. La amenaza que implica el cambio climático para cada aspecto de la vida de Kiribati y la creencia de que llegará un día, si el mundo no modifica su actitud hacia las emisiones de gases con efecto invernadero, en que su país podría desaparecer bajo las olas.

La conferencia en Nueva York reunirá a representantes de numerosos países para analizar la mejor manera de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, Vida submarina.

Incluso un vistazo a las metas e indicadores de este objetivo confirma que tiene que ver con la reducción de la pobreza, el desarrollo económico, la adaptación al cambio climático y la protección ambiental, y no solo con la salud de los océanos y de quienes dependen de ellos. El cumplimiento de este objetivo ayudará a cumplir los demás ODS y estos, a su vez, serán esenciales para lograr el 14.

Para los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), como Kiribati, este enfoque integrado no solo es importante, sino que es fundamental. Por un lado, su entorno oceánico les satisface necesidades críticas, con comunicaciones, transporte, medios de subsistencia, comercio y más. Pero también los hace vulnerables de muchas formas interconectadas.

La logística, el transporte y las comunicaciones son complejas y caras dada la distancia de estas naciones insulares a otros países y entre sus propias islas. Sus ingresos son vulnerables y, con frecuencia, su situación de ingresos medios oculta a sectores productivos muy poco diversificados, como el turismo.

Como a menudo carecen de combustibles fósiles, importan mucho y en algunos casos el acceso a la energía sigue siendo limitado. Estas vulnerabilidades son exacerbadas por el mayor riesgo climático y de desastres, la amenaza de ciclones y el aparentemente siempre creciente nivel del mar.

Esto sucede en la práctica en un conjunto diverso de pequeñas islas. Los Estados Federados de Micronesia tienen una población de poco más de 100.000 habitantes y constan de 607 islas con  700 kilómetros cuadrados de tierra y más de 2,6 millones de kilómetros de aguas territoriales.

El turismo representa un porcentaje muy alto del producto interno bruto (PIB) para las islas pequeñas, lo que hace que sean muy susceptibles al riesgo climático y los desastres naturales.

En Maldivas, por ejemplo, el turismo asciende a 28 por ciento del PIB y genera más de 60 por ciento de sus ingresos en divisas. Islas Salomón y Tuvalu en ocasiones obtuvieron cerca de la mitad de sus ingresos nacionales de la asistencia internacional para el desarrollo.

En Palaos aumentó el porcentaje de la población con acceso a la energía a casi 70 por ciento, pero a pesar de su considerable potencial de energías renovables, todavía depende casi totalmente de la importación de combustibles fósiles.

Mientras tanto, el cambio climático es una amenaza existencial para varios Estados. Más de 90 por ciento de la población de Kiribati, Maldivas e Islas Marshall vive por debajo de los cinco metros sobre el nivel del mar. 

En estos y muchos PEID más el nivel del mar ya está erosionando la tierra, amenazando de manera significativa al turismo, haciendo insostenibles las tierras agrícolas, infiltrando cada vez más los pozos de agua dulce, mientras que las oleadas de tormenta y las mareas sumamente crecidas aumentan en número y severidad.

Dada la multiplicidad de vulnerabilidades y riesgos interconectados que enfrentan estos países en particular, la conferencia oceánica tiene la tarea de ofrecer una visión completamente integrada, no solo para lograr el importante ODS 14.

La conferencia puede y debe garantizar que el mensaje de integración esté en el centro de sus deliberaciones, y especialmente en sus soluciones para los complejos problemas relacionados con los PEID.

El desarrollo económico, la reducción de la pobreza, el combate a la erosión costera, la adaptación agrícola y más solo podrán prosperar si se piensan como un único problema interconectado, al que deben aplicarse soluciones integradas.

La vía de Samoa,  el documento adoptado por la tercera Conferencia de los PEID celebrada en ese país insular en 2014, deja en claro este enfoque integrado cuando afirma que “promover la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que apoyan, entre otras cosas, el desarrollo económico, social y humano y al mismo tiempo facilita la conservación y la resiliencia ante los retos nuevos y emergentes” son la clave para el desarrollo sostenible.

Con Fiyi, a cargo de la copresidencia de la Conferencia de los Océanos y también actual presidente de las negociaciones sobre el clima, no hay mejor oportunidad para cumplir esta ambición desafiante, una ambición que une a los actores en una visión para cumplir con todos sus compromisos mundiales – Sendai, el Acuerdo de París, los ODS – a nivel nacional.

En estos temas trabaja el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en estos temas es necesario que se cumplan los compromisos para actuar, integrados.

Traducido por Álvaro Queiruga

Este edificio comercial, conocido como Savannah East y propiedad de RGM Limited, es considerado el primero certificado por el sistema de certificación de edificios sostenibles LEED en Trinidad y Tobago. Crédito: RGM Limited

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, Apr 26 2017 (IPS)

Los estados de la Comunidad del Caribe (Caricom) están redactando un código para la eficiencia energética en la construcción que ayudaría a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la región, pero su aplicación dependerá en gran medida de la voluntad de cada país.

“Cuando proponemos una norma o código a nivel regional se pretende que sea voluntario”, señaló Fulgence St. Prix, funcionario técnico de la Organización Regional de Normas y Calidad de Caricom (CROSQ, en inglés), que supervisa la elaboración del Código Regional de Construcción con Eficiencia Energética (REEBC)."Los estados miembros están en etapas muy diferentes de su desarrollo. Cualquier código de construcción es un desafío. El mayor reto son los recursos humanos y (la necesidad de) recursos económicos para poder emplear al personal necesario": Fulgence St. Prix.

De acuerdo con las pautas de la Organización Mundial del Comercio, “una norma es un documento voluntario. No se puede obligar a ningún estado miembro a implementarla”, añadió el funcionario. Por consiguiente, la decisión de aplicar el REEBC recae en cada gobierno.

El proyecto se presentó oficialmente en una reunión en Jamaica a fines de marzo, luego de consultas realizadas durante varios meses por un equipo integrado por representantes de algunos de los estados miembros de Caricom, así como de arquitectos, ingenieros, constructores y electricistas, sobre la necesidad de tener una norma de eficiencia energética mínima para la región.

El equipo acordó por unanimidad que el REEBC se basará en la versión 2018 del Código Internacional de Conservación de Energía, que se publicará en julio de este año.

“El objetivo es tener un documento que reduzca la huella de CO2 en promedio”, explicó St. Prix, y agregó que el cambio climático es solo una de las consideraciones que impulsan la iniciativa. “Si pudiéramos desarrollar el código y ponerlo en vigencia lograríamos una reducción de al menos 25 por ciento de las emisiones de CO2, pero eso es apenas una estimación”, aclaró.

En su quinto informe de evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que en 2010 los edificios fueron responsables de 32 por ciento del consumo mundial total de energía final, de 19 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía y de aproximadamente un tercio de las emisiones de carbono negro.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe procedentes de los edificios se elevaron a 280 millones de toneladas equivalentes a CO2 en 2010.

El informe también afirma que “el consumo final de energía puede permanecer constante o incluso descender a mediados del siglo, en comparación con los niveles de hoy, si las mejores prácticas y tecnologías rentables actuales se difunden con amplitud”.

Sin embargo, el documento del IPCC sugiere que la persuasión moral puede no ser el medio más eficaz para lograr la implementación de las normas de eficiencia energética.

“Los códigos de construcción y las normas de electrodomésticos con fuertes requisitos de eficiencia energética que se aplican bien, se ajustan con el tiempo y se adaptan al clima local y otras condiciones han sido entre las más ecológicas y rentables”, resumió.

La arquitecta Jo-Ann Murrell, directora general de Carisoul Architecture, una firma especializada en arquitectura ecológica, dijo que la aplicación del código regional de eficiencia energética podría tener que esperar hasta que las generaciones más jóvenes sean quienes toman las decisiones con respecto a las compras del hogar.

“Tenemos una generación más joven que será mayor en ese momento, que tendrá interés en invertir en eficiencia energética. Ellos tienen interés ​​en la sostenibilidad del clima”, aseguró.

El costo subsidiado de la electricidad en Trinidad y Tobago es de tres centavos de dólar por kilovatio/hora, por lo que “no existe el deseo por parte de los clientes, debido al factor de costo, de recurrir a fuentes alternativas de energía o utilizar dispositivos de ahorro”, explicó.

“Así que cuando les decimos a los clientes que pueden ahorrar energía si usan ciertos métodos de construcción, elegirán la unidad de aire acondicionado eficiente…, usarán luces LED, etc., pero no siempre cuando se trata de otras opciones”, observó Murrell.

“Tenemos arquitectos muy competentes en Trinidad y Tobago… muy conocedores en términos de diseño sostenible. Lo que no tenemos son clientes que estén dispuestos a hacer el gasto financiero para incorporar la sostenibilidad”, argumentó.

St. Prix también mencionó las dificultades económicas para los estados de Caricom que deseen aplicar el REEBC.

“Los estados miembros están en etapas muy diferentes de su desarrollo. Cualquier código de construcción es un desafío. El mayor reto son los recursos humanos y (la necesidad de) recursos económicos para poder emplear al personal necesario”, expresó.

El informe del IPCC también menciona los costos de los trámites, el acceso insuficiente a  la financiación y la energía subsidiada como una de las barreras para la adopción efectiva de tecnologías con eficiencia energética en la construcción en general.

“Los electrodomésticos tradicionales, como las heladeras y los lavarropas, siguen siendo responsables de la mayor parte del consumo de electricidad de los hogares… aunque con un descenso en su proporción frente a los equipos informáticos y de comunicaciones, que en la mayoría de los países constituyen 20 por ciento o más del consumo de electricidad residencial”, señaló.

Por esta razón, la CROSQ también lleva a cabo un plan de etiquetado energético para los electrodomésticos que se venden en la región. Aunque las etiquetas son comunes en Europa, no son una práctica habitual en el Caribe. La iniciativa es financiada por el gobierno alemán, informó Janice Hilaire, coordinadora del proyecto de Energía Renovable y Eficiencia Energética.

“Estamos armando una intensa campaña de información y sensibilización porque queremos lograr un cambio en el comportamiento. Queremos que las familias entiendan por qué deben adoptar ciertas prácticas. También deseamos lograr un uso más eficiente de la energía en la región, lo que afectará positivamente al producto interno bruto”, dijo.

“El REEBC no puede funcionar en el vacío. Debe complementarse con otras iniciativas”, recomendó.

El REEBC está en sus primeras etapas, subrayó St. Prix. A medida que se desarrolle, la CROSQ comenzará a recolectar datos que exhiban los ahorros reales en dólares que la región disfrutará gracias a la iniciativa. El equipo podrá entonces “dirigirse a nuestros políticos y decirles ‘si lo hacen obligatorio se ahorrarán este monto’”, precisó.

Traducido por Álvaro Queiruga

Acuaponía en Indonesia. Los sistemas bumina y yumina utilizan una técnica agrícola integrada que combina verduras, frutas y peces. Crédito: FAO

Por Kanis Dursin
YAKARTA, Apr 3 2017 (IPS)

“Mi cosecha de maíz se cuadruplicó desde que empecé a practicar la agricultura de conservación”, aseguró Theresia Loda, una agricultora de 52 años de la localidad de Kalimbu Ndara Mane, provincia de Nusa Tenggara del Este (NTE), en Indonesia.

La agricultura de conservación alienta a los agricultores a minimizar la perturbación del suelo. En vez de arar el campo, los granjeros cavan agujeros permanentes y utilizan el abono en lugar de fertilizantes químicos. También se les insta a optar por cultivos de cobertura, como las leguminosas, y a aplicar la rotación.En la acuaponía "los peces nadan entre el arroz y se comen las plagas, fertilizan el arroz con sus heces y, al final, obtenemos mejores rendimientos, mejores ingresos y una mejor nutrición": Mark Smulders.

Loda comenzó a practicar esas técnicas en una parcela de 2.800 metros cuadrados a principios de 2015. En la primera zafra cosechó unos 500 kilogramos de maíz, cuando antes cosechaba entre 100 y 150 kilogramos con las técnicas tradicionales.

La cosecha subió a los 800 kilogramos en la segunda zafra, antes de bajar a 600 kilogramos en la tercera.

La viuda y madre de 10 hijos informó que les vendió el maíz a los pobladores y utilizó el dinero para el estudio de sus hijos. En 2016 envió a su quinto hijo a estudiar a una academia de enfermería en Malang, en la provincia de Java Oriental.

Sus cuatro primeros hijos no pudieron continuar su educación debido a la falta de dinero, pero los últimos cinco aún están en la escuela.

En 2016, Loda, que enviudó en 1994 y se separó de su segundo marido en 2010, utilizó parte de los ingresos derivados del maíz para comprar lechones y alquilar un campo de arroz para aumentar sus ganancias.

“Acabo de vender dos cerdos para pagar la matrícula de mi quinto hijo en Malang. La próxima semana vamos a cosechar el arroz de nuestra granja por primera vez”, anunció.

Loda es una de los 13.000 pequeños agricultores de las provincias de NTE y Nusa Tenggara Occidental (NTO) que practican la agricultura de conservación que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) introdujo en 2013 como parte de su programa prioritario de reducción del riesgo de desastres causados ​​por el cambio climático en el país.

Ujang Suparman, gerente nacional de proyectos de la FAO para NTE y NTO, también se aplicaron proyectos de agricultura de conservación en 16 localidades de esas dos provincias.

“Los pequeños agricultores de NTE y NTO se encuentran entre los más pobres de Indonesia. Son propensos a los impactos del cambio climático, especialmente los períodos de sequía prolongada y las lluvias irregulares”, dijo a IPS Mark Smulders, representante de la FAO para Indonesia y Timor Oriental.

Según Smulders, la agricultura de conservación beneficia a todos. “Por un lado, conservamos el suelo, en el sentido de que lo protegemos del sol, preservamos la humedad, incorporamos materiales orgánicos y, por otro lado, los agricultores aumentan la producción y al mismo tiempo están mejor protegidos contra el cambio climático”, explicó.

Los datos proporcionados por FAO Indonesia y Timor Oriental confirman que la agricultura de conservación incrementa el rendimiento de maíz de un promedio de 2,1 toneladas a 4,3 toneladas por hectárea.

“Para nosotros, el aspecto más importante es el aumento de la productividad, la rentabilidad y la resistencia al cambio climático”, dijo Smulders.

Aparte de la agricultura de conservación, la FAO también alienta a los agricultores a probar el cultivo integrado de arroz y peces o acuaponía – conocido localmente como mina padi -por el cual parte del arroz irrigado se usa como estanques para peces.

Mark Smulders, representante de la FAO para Indonesia y Timor Oriental. Crédito: Kanis Dursin / IPS

Aunque la técnica de acuaponía es muy diferente a la agricultura de conservación, ambas procuran intensificar la producción utilizando un enfoque ecosistémico con un uso mucho menor de fertilizantes químicos y pesticidas, señaló Smulders.

En la acuaponía “los peces también nadan entre el arroz y se comen las plagas, fertilizan el arroz con sus heces y, al final, obtenemos mejores rendimientos, mejores ingresos y una mejor nutrición porque los agricultores no solo comen el arroz que cosechan sino también los peces”, añadió.

Alrededor del 37 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años en Indonesia padecen retraso en el crecimiento como resultado de la desnutrición crónica en los primeros cinco años de su vida. Unos 20 millones de personas, o casi ocho por ciento de los 260 millones de habitantes del país asiático, no consumen la cantidad diaria de calorías necesaria.

“Nos gustaría poner énfasis en una dieta saludable de la granja a la mesa. Nos gustaría ver a los agricultores producir una dieta saludable, no solo arroz, sino también otros productos”, comentó Smulders.

Sigit Paryono, un agricultor de 46 años de edad del distrito de Sleman, en la isla de Java, dijo que sus ingresos netos crecieron considerablemente desde que se sumó al programa acuapónico de la FAO en 2015.

“Ganaba entre 38 y 76 dólares cada 1.000 metros cuadrados, y ahora gano 226 dólares”, afirmó Sigit, que al principio tenía una media hectárea de plantación de arroz.

Desde que se incorporó al programa de la FAO en 2015 ganó suficiente dinero para comprar otra media hectárea. “También envié a mis dos hijos a la universidad”, agregó.

“Espero que la FAO ayude a los agricultores en el procesamiento posterior a la cosecha. Queremos vender arroz y peces mina padi por nuestra cuenta, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de otros”, se quejó Sigit.

Pramono, director de la División de Seguridad Alimentaria de la Agencia de Agricultura y Pesca de Sleman, dijo que la acuaponía funciona para ambos productos.

“Con las plagas que se comen los peces y sus heces sirviendo como fertilizante, los agricultores no necesitan pesticidas ni fertilizantes químicos”, aseguró.

Su oficina presentó el proyecto de mina padi a los agricultores locales en 2011. “En 2015, con la ayuda financiera de la FAO, pudieron formar un conjunto de 25 hectáreas de arrozales. Al menos 20 por ciento del arrozal se destina a estanques de peces”, indicó Pramono.

“Mientras que los campos de arroz plantados disminuyen un 20 por ciento, los rendimientos aumentan un 30 por ciento en promedio. Además, los agricultores aún cosechan de dos a cinco toneladas de pescado por hectárea”, sostuvo.

“Muchos jóvenes obreros de fábrica renunciaron a sus empleos para participar en el cultivo de mina padi”, según Pramono. El “futuro de la producción de arroz es fuerte de nuevo ahora que ingresan al sector agricultores jóvenes”, destacó.

Smulders dijo que tanto la agricultura de conservación como la mina padi están en línea con el plan del gobierno indonesio de crear más de 1.000 aldeas orgánicas. “Las tres técnicas, incluida la gestión integrada de plagas, podrían ser útiles para promover la agricultura ecológica”, declaró.

Traducido por Álvaro Queiruga

Precios del combustible en una estación de servicio en Trinidad y Tobago. Crédito: Jewel Fraser / IPS

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, Mar 28 2017 (IPS)

Trinidad y Tobago invirtió 74 millones de dólares en la primera fase de un proyecto de 295 millones de dólares para fomentar entre automovilistas el consumo de Gas Natural Comprimido (GNC), considerado un paso preliminar en la transición del país caribeño hacia el uso de formas más sostenibles de energía.

El uso del GNC sería un importante cambio de comportamiento de la población trinitaria, ya que la economía del país depende en gran medida de la exportación de grandes reservas de combustibles fósiles, que le generan uno de los mayores ingresos por habitante de la  Comunidad del Caribe y la ubican entre los diez principales emisores de dióxido de carbono por habitante en el mundo.La recesión económica hizo que los subsidios de los combustibles sean insostenibles, por lo que el gobierno los ha eliminado gradualmente.

El cambio al GNC “comienza un cierto comportamiento porque es el combustible más limpio que Trinidad y Tobago tiene a bajo costo”, aseguró Curtis Mohammed, presidente de NGC-CNG, una filial de la Compañía Nacional de Gas.

En 2013, el gobierno encargó a la Compañía Nacional de Gas promover la venta y el consumo de GNC, para lo cual se formó la empresa NGC-CNG en enero de 2014.

La filial ofrece incentivos a los propietarios de vehículos públicos y privados para que puedan adaptarlos al consumo de GNC, incluso miles de dólares en gas gratuito para autobuses escolares y taxis. El gobierno también otorgó importantes incentivos fiscales a los compradores de vehículos que consuman GNC.

Mohammed dijo que la Corporación de Servicios de Transporte Público, la empresa estatal de autobuses, tiene el plan de convertir a toda su flota de vehículos al GNC.

Asimismo, el ministro de Economía, Colm Imbert, anunció en su informe sobre el presupuesto 2016-2017 que la asociación que representa a los vehículos de servicio público de propiedad privada, conocidos como maxi taxis, se comprometió a introducir aproximadamente 1.200 unidades adaptadas al GNC en los próximos tres años.

Sin embargo, “aunque el GNC ofrece una opción más barata y limpia para el combustible del transporte se debe reconocer que es un combustible de transición y que… las fuentes de energía renovables son más sostenibles”, consideró Kishan Kumarsingh, del Ministerio de Planificación y Desarrollo.

“El objetivo de alcanzar una meta de 10 por ciento de energías renovables indica la intención del gobierno de alejarse gradualmente de los combustibles tradicionales hacia fuentes más sostenibles”, añadió en una entrevista por correo electrónico.

Varios factores en los últimos años aumentaron el interés de la ciudadanía por el consumo doméstico de GNC y, eventualmente, de las energías renovables.

El Estado otorga desde hace décadas generosos subsidios a los combustibles que hacen que la propiedad y conducción de un vehículo en el país sea asequible para gran parte de su población de poco más de 1,2 millones de habitantes.

Pero los ingresos fiscales descendieron 35 por ciento en los últimos años, de 8.400 millones de dólares en 2014 a 5.500 millones en 2016.

“Debido a la caída de los precios de petróleo y del gas, hemos perdido 20.000 millones de dólares en ingresos anuales desde 2014”, declaró el ministro Imbert.

La recesión económica hizo que los subsidios de los combustibles fueran insostenibles, por lo que el gobierno los ha eliminado gradualmente en su mayoría.

La adaptación al GNC es una alternativa más barata para los conductores, ya que el gas se vende a 15 centavos por litro, en comparación con los 46 centavos por litro de la gasolina súper, los 85 centavos por litro de la premium y los 25 centavos por litro del diésel. El gobierno aún subsidia el precio del diésel que utiliza el transporte público.

Otro factor es el compromiso que asumió Trinidad y Tobago a lo largo de los años con iniciativas para combatir el cambio climático. El país es signatario del histórico Acuerdo de París, alcanzado en la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2015.

“El país adoptó una Política Nacional de Cambio Climático y actualmente aplica una serie de proyectos dirigidos a abordar el cambio climático a nivel nacional, como la reducción de emisiones (de gases invernadero) y la evaluación de la vulnerabilidad climática”, explicó Kumarsingh.

“Trinidad y Tobago ha adoptado un enfoque proactivo y fue el primer país caribeño en someter sus Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional a la Organización de las Naciones Unidas, así como de los primeros países en formular y adoptar una Política Nacional de Cambio Climático”, afirmó.

Entre sus planes el gobierno incluye “una tarifa de suministro para permitir que se genere energía renovable y se suministre a la red eléctrica nacional”, dijo. Sin embargo, “la actual estructura legislativa y política limita un amplio despliegue de energía renovable principalmente debido a una legislación muy antigua”, subrayó.

“Como primer paso, tiene que haber un entorno propicio desde una perspectiva política y legislativa. Una vez que ese marco… esté establecido se pueden explorar más a fondo las oportunidades de instalación de capacidad de generación a partir de fuentes de energía renovables y, por lo tanto, oportunidades de creación de empleo y generación de ingresos”, indicó Kumarsingh.

La Cámara de Energía, que representa a más de 400 empresas petroquímicas y de gas de Trinidad y Tobago, también ve oportunidades de apertura con la eliminación del subsidio al combustible.

“Habría oportunidades para los vehículos eléctricos también. La electricidad de Trinidad es muy barata… Debido a la reducción del precio de la energía renovable podríamos llegar a un punto en que… los vehículos eléctricos fueran más atractivos”, pronosticó Thackwray Driver, presidente de la Cámara de Energía.

Existe “mucho interés” en la eficiencia energética y la energía renovable entre los miembros de su asociación, aseguró.

Driver observó que la Cámara siempre defendió la eliminación de los subsidios, porque estos alentaron “el derroche de valiosos recursos que podrían venderse en los mercados internacionales. En otros países ves que la gente derrocha menos al consumir combustible”, sostuvo.

“Cuando los precios son más altos, compran autos que son más eficientes en combustible, tienden a tomar decisiones más eficientes en cuanto al consumo… La gente en Trinidad no se preocupa” por eso, se quejó.

Con respecto a las energías renovables, “creo que dada la estructura de la economía de Trinidad y Tobago, (el sector) seguirá siendo relativamente pequeño en la próxima década”, opinó Driver, aunque prevé una expansión de 10 a 15 por ciento en ese lapso.

Traducido por Álvaro Queiruga