Un grupo de voluntarios de defensa civil busca sobrevivientes tras un ataque con bomba de barril en Alepo, Siria, en agosto de 2014. Crédito: Shelly Kittleson/IPS.

Por Farhang Jahanpour
OXFORD, Gran Bretaña, Jul 4 2017 (IPS)

La política de Estados Unidos últimamente ha sido bastante desconcertante e impredecible, en especial en Medio Oriente, pero los últimos acontecimientos ya son abrumadores y alarmantes.

La Casa Blanca divulgó el 26 de junio un comunicado informando que Estados Unidos “identificó posibles preparativos de otro ataque químico del régimen (sirio de Bashar al) Assad”. E incluso dice: “Si Assad lanza otro ataque masivo con armas químicas, él y sus fuerzas armadas tendrán que pagar un alto precio”.

Las amenazas no eran solo para Damasco, pues la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, tuiteó después: “Cualquier otro ataque contra el pueblo de Siria será responsabilidad de Assad, pero también de Rusia e Irán que lo apoyan en el asesinato de su propio pueblo”.

Por supuesto, pasa a ser irrelevante la forma en que los funcionarios estadounidenses “identificaron” que Siria preparaba otro ataque químico, teniendo en cuenta que después de años de luchar contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos armados, no han podido saber quién les suministra armas y fondos.

Con esas declaraciones extrañas e infundadas, el gobierno de Donald Trump introduce otro elemento de incertidumbre al acontecer de Medio Oriente. Y como si la situación actual en esa atribulada región no fuera suficiente, las declaraciones bélicas la empeoran.

Muchas personas se preguntan si Washington prepara el terreno para una gran confrontación en Medio Oriente con consecuencias inimaginables.

Hace unos 14 años, en total violación del derecho internacional, el presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) lanzó un ataque salvaje contra Iraq basándose en información falsa de inteligencia, que destruyó al país, dejó a más de un millón de personas muertas y heridas y creó el contexto para el surgimiento del EI, que desde entonces atormenta al mundo.

Lejos de haber aprendido la lección, el gobierno de Trump parece tratar de repetir un error similar a gran escala.

En la campaña, el actual presidente acusó al anterior gobierno de Estados Unidos de crear al EI, no de forma indirecta, sino deliberada. También mencionó que este país había gastado seis billones (millón de millones) en guerras ilegales en Medio Oriente sin ningún logro para mostrar. También aseguró que no le interesaba promover cambios de régimen y que procuraría resolver las disputas internacionales mediante negociaciones y acuerdos.

Poco importa si cambió de idea o si los neoconservadores se infiltraron en su gobierno y lo controlan. El hecho es que el Trump parece optar por la lógica de la guerra, en vez de procurar resolver los conflictos por medios pacíficos.

Farhang Jahanpour

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses lanzaron numerosas operaciones contra las fuerzas aliadas de Damasco.

El 18 de mayo y el 6 de junio, un avión de Estados Unidos bombardeó a grupos armados favorables al gobierno sirio en el sur del país. Unos días después, el 8 y el 20, derribaron dos drones de fabricación iraní, y el 18, cazas estadounidenses dispararon contra un avión sirio que atacaba bases del EI al oeste de Al Raqa.

Antes, el 6 de abril, tras un supuesto ataque químico contra Jan Sheijun, una fragata estadounidense disparó 59 misiles Tomahawk contra la base desde la que había despegado un avión sirio.

El hecho ocurrió a pesar de que la ONU todavía investigaba la fuente del ataque y algunos investigadores experimentados e, incluso, Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Sensatez, que estaban en el terreno, plantearon dudas respecto de la participación de Damasco en el ataque químico.

Es raro que a medida que las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia e Irán, se imponen y liberan la mayor parte de Siria del control de grupos armados irregulares, aumenta la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses contra las fuerzas de Damasco.

Desde el inicio de la crisis en Siria, en 2011, circularon teorías elaboradas en base a información filtrada que explican que la situación en ese país es parte de un complot de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, al principio con apoyo de Turquía y Qatar, con el fin de aislar a Irán y cortar los vínculos entre la república islámica y el partido libanés Herzbolá a través de Siria.

Independientemente de que las teorías sobre la participación de Estados Unidos en Siria, con apoyo de Israel y contra Irán, sean correctas o no, el hecho es que el gobierno de Trump participa en acciones ilegales y peligrosas que pueden terminar en una guerra no deseada entre, por un lado, Rusia e Irán y, por otro, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

En ese contexto, es importante señalar:

Las acciones de Estados Unidos constituyen una clara violación a la Carta de la ONU y son actos de agresión contra un Estado soberano.

Las fuerzas iraníes y rusas pelean en Siria contra los insurgentes por invitación del gobierno sirio, pero Estados Unidos, un actor no invitado, se enfrenta a las fuerzas sirias.

Si el gobierno de Trump es sincero cuando dice que quiere eliminar al EI debe apoyar a Rusia e Irán para liberar el territorio que queda ocupado por los terroristas.

Si el gobierno de Trump cree en la democracia, las elecciones libres y el Estado de derecho, debe llamar a elecciones en Siria bajo la supervisión de la ONU cuando se haya derrotado a la insurgencia y luego aceptar el resultado electoral, en vez de reclamar la salida del presidente sirio.

Antes de lanzarse a una aventura peligrosa contra Rusia e Irán, el gobierno de Trump debe considerar cuidadosamente las consecuencias de una confrontación de esa magnitud.

Si el gobierno de Trump está decidido a promover la guerra en Siria, sus aliados deberían dejarle claro que no van a respaldar otra guerra innecesaria en Medio Oriente.

Mientras, en vez de preocuparse por las posibles amenazas contra Israel, es hora de que tome medidas serias para hacer frente al conflicto árabe-israelí, que incluya justicia para los presionados palestinos que viven bajo una brutal ocupación desde hace más de 50 años. Encontrar una solución justa al conflicto árabe-israelí garantizaría más la seguridad de Israel que cualquier intento de cambiar el régimen en otros países.

Durante la campaña presidencial, Trump criticó duramente al presidente Obama por trazar una línea roja en el uso de armas químicas por parte de Siria y luego no castigarla.

El presidente Trump debería darse cuenta de que al lanzar ultimátums similares contra Damasco en el hipotético uso de armas químicas, invita a los terroristas a lanzar falsas operaciones de bandera que lo obligan a actuar, ya sea que el gobierno de Siria sea responsable o no.

Por último, y para agregar algo de farsa a todo el episodio, el secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció el 28 de junio que el gobierno sirio había tomo nota de la alerta de Washington y cambiado su perspectiva respecto del uso de armas químicas.

La situación en el mundo es demasiado seria para que la principal superpotencia del mundo tenga políticas confusas y contradictorias. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos adopte un enfoque serio y sensato en lo que respecta a Medio Oriente antes de que el mundo sufra otra gran catástrofe.

Farhang Jahanpour es un exprofesor y decano de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Isfahan y exinvestigador de Harvard. Desde hace 30 años dicta cursos sobre Medio Oriente en el Departamento de Educación Continua y es miembro del Kellogg College, de la Universidad de Oxford.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de IPS ni pueden atribuírsele.

Suman Adhikari, hijo de Muktinath Adhikari, un director de escuela asesinado por los rebeldes maoístas durante la guerra civil de Nepal. Crédito: Renu Kshetry/IPS.

Por Marty Logan
KATMANDÚ, Jul 3 2017 (IPS)

“La reconstrucción y la reconciliación requieren fondos y una estructura física, pero las familias de las víctimas del conflicto de Nepal, antes que nada, necesitan ver su integridad protegida”, escribió Suman Adhikari hace casi 11 años, durante un cese del fuego en medio de enfrentamientos con los rebeldes maoístas.

“Las indemnizaciones físicas y económicas significan poco sin justicia”, subrayó.

El conflicto, que duró una década y terminó a fines de 2006, se cobró la vida de 17.000 personas, incluido el padre de Adhikari, maestro y director en el distrito de Lamjung.“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustradas y sufren traumas psicológicos”: Suman Adhikari.

Él y sus colegas se negaron en enero de 2002 a entregar 25 por ciento de sus salarios cumplir al grupo insurgente. Y 10 días después, combatientes maoístas lo sacaron de la clase y lo arrastraron con los pies y las manos atadas hasta el bosque, donde lo apuñalaron en el estómago y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol.

Poco después, Suman regresó a Katmandú, donde comenzó a tener contacto con otras víctimas del conflicto sobre sus propias experiencias traumáticas. También se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos y crearon una organización y elaboraron una serie de demandas que hicieron llegar a las autoridades, lo que dio lugar al Acuerdo Integral de Paz.

En la actualidad, como presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, Suman se encuentra reclamando muchas de las mismas demandas de antes.

Uno de los principales reclamos es que el gobierno otorgue una indemnización a las víctimas basada en sus necesidades.

El Estado le pagó a la mayoría 500.000 rupias (unos 4.834 dólares) como asistencia al final del conflicto, pero Adhikari arguye que un pago único no puede reemplazar a muchos de los proveedores fallecidos. Muchas personas tienen problemas para conseguir trabajo para vivir y pagar los gastos de educación.

“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustrados y sufren traumas psicológicos”, apuntó.

La sociedad funciona, por ejemplo, con la asunción en la última semana de junio del que fuera tres veces primer ministro durante el conflicto, reemplazando al líder maoísta Prachanda, pero las víctimas siguen olvidadas, observó Suman.

“Todavía no han tenido la oportunidad de hablar como corresponde de su dolor, desde el corazón”, explicó.

Suman Adhikari, presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto de Nepal, muestra una fotografía de su padre asesinado en 2002. Crédito: Marty Logan/IPS.

Las víctimas tienen diferentes reclamos en lo que respecta a la “verdad”, reveló un estudio realizado por la oficina del Centro Internacional para una Justicia Transicional (ICTJ, en inglés) y el grupo de estudio Martin Chautari que, en base a entrevistas, señala que muchas personas necesitan un cierre y poner fin a sus pérdidas ambiguas.

“Nuestra gente regresara hoy o mañana. Miramos los caminos”, dijo una mujer en Bardiya, el distrito con el mayor número de desaparecidos durante el conflicto.

El deseo de reconocimiento también es muy común, apuntó Aileen Thomson, directora de ICTJ Nepal, en diálogo con IPS.

“Creen que las violaciones ocurrieron porque formaban parte de ciertas comunidades; muchas veces, las violaciones perpetradas por el Estado obedecieron a su supuesta vinculación con los maoístas, que en realidad tenía más que ver con su identidad, comunidad y lugar de residencia”, explicó.

Los sobrevivientes quieren que la sociedad sepa que sus familiares fueron víctimas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado, precisa el informe.

Así como las demandas de las víctimas son diversas, la sociedad civil también tiene distintas ideas sobre qué debe lograr la justicia de transición, indicó Mandira Sharma, una de las fundadoras del no gubernamental Advocacy Forum, que presentó varias demandas en la justicia relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto.

Pero los debates teóricos se archivaron cuando se hizo evidente que los líderes de ambas partes enfrentadas aspiraban a que el proceso les permitiera eludir su procesamiento, añadió Sharma, quien actualmente realiza un doctorado sobre derechos humanos.

“Nos reunimos entonces con el primer ministro Girona Prasad Koirala y se mostró muy abierto y honesto. Y nos dijo: ‘Mira, el ejército me planteó sus preocupaciones, los maoístas me plantearon las suyas y les aseguré que no les pasaría nada. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo y debemos olvidar lo que pasó’”, relató.

Pero Forum Advocacy y otras organizaciones siguen presentando casos ante la justicia. Después de que las víctimas recibieron su indemnización, “podríamos haber cerrado el capítulo obligándolas a quedarse tranquilas, pero habría sido temporal. El profundo sentimiento de injusticia hubiera permanecido”, añadió Sharma.

“Eso hicimos en el pasado (utilizando comisiones tras los primeros logros políticos, como el retorno a la democracia en Nepal en 1990). Pero no ayudó a curar, no ayudó a mejorar el sistema de justicia, a corregir la sensación de que algunas personas están por encima de la ley. Y ese es un profundo sentimiento de injusticia en nuestro sistema. Consideramos que es algo que debíamos enmendar”, explicó.

Pero en la actualidad, la justicia de transición aparece casi como paralizada. El gobierno creó comisiones de verdad y desapariciones en 2014, pero la legislación recibió graves críticas en varios frentes. Luego la Corte Suprema emitió una disposición de amnistía por graves violaciones de derechos humanos.

El abogado de derechos humanos Raju Chapagain señaló que es necesario reformar las leyes que rigen esos ámbitos, pero la comisión por la verdad podría avanzar hacia una justicia transicional, lo que también ayudaría a reducir el fuerte escepticismo que genera su propio trabajo.

“Nada les impide realizar averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos. Las comisiones tienen potestades equivalentes a los tribunales y adecuadas en términos de investigación”, precisó.

Al actuar, la comisión sortearía la “brecha de credibilidad”, arguyó Chapagain, pero hasta ahora no lo ha hecho, en parte porque no ha contactado a las víctimas.

La comisión de la verdad abrió sus oficinas en Pokhara, al oeste de Katmandú, esta primera semana de julio, uno de los siete centros regionales, pero Adhikari critica que se sigue negando a acercarse a las víctimas.

“Las comisiones no son buenas, las designaciones son políticas, los comisionados son nuevos en esto: deberían por lo menos tener ganas de aprender y de colaborar, pero no nos escuchan”, se lamentó.

Traducido por Verónica Firme

Niñas y niños sentados frente a una escuela muy dañada por el conflicto que sufre Yemen. Crédito: Abu Monassar/UNICEF.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 29 2017 (IPS)

Cuando Arabia Saudita, que encabeza la coalición de países árabes que desde 2015 interviene en la devastadora guerra que sufre Yemen, fue acusada de bombardear civiles, incluidos niños y niñas, Riad amenazó con recortar fondos de la ONU para actividades humanitarias.

En esas circunstancias, en 2016, el entonces secretario general Ban Ki-moon decidió sacar a ese país del Golfo del anexo de “infractores” que acompaña a un informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Pero el alto comisionado de los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, con estrechos lazos con la familia real de Jordania, mencionó un documento en el que nueve países árabes, que integran la coalición que lucha contra los rebeldes hutíes y seguidores del expresidente yemení Alí Abdalá Saleh, realizaron una “amenaza sin precedentes de retirarse de la ONU si figuraban como infractores en el anexo del informe del secretario general sobre niños y conflictos armados”.

La nueva información proporcionada por Zeid, exrepresentante de Jordania ante la ONU y exembajador en Estados Unidos, arrojó luz sobre una amenaza hasta ahora desconocida de la coalición árabe, coordinada quizá por Riad.

Además de Arabia Saudita, la coalición está integrada por Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán, Kuwait y Qatar, cuya participación ahora está suspendida tras la crisis entre los países del Golfo a principios de este mes.

El profesor de ciencias políticas Stephen Zunes, coordinador de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de San Francisco, dijo a IPS: “la amenaza de Arabia Saudita y de sus aliados puede, por cierto, no tener precedentes. Personalmente, digo que muestren su juego”.

“Es importante mantener los principios, en particular en lo que respecta al derecho humanitario internacional. La razón de que más países no se hayan retirado es que reconocen que formar parte de la ONU consiste en un equilibrio que los beneficia, entonces peor para ellos, quizá terminen por regresar”, opinó Zunes.

“Los países han amenazado, y a veces hasta se han retirado de agencias y comités de Estados Unidos como forma de protesta, pero retirarse de la ONU casi que no tiene precedentes”, acotó.

Indonesia se fue en enero de 1965, recordó, en protesta por la elección de Malasia para integrar el Consejo de Seguridad, pero volvió a participar tras el golpe de Estado de fines de ese año.

Técnicamente, no hay disposiciones para el retiro, por lo que el presidente de la Asamblea General se refirió entonces al hecho simplemente como “cese de cooperación”, lo que permitió el retorno de Indonesia con poca fanfarria, precisó Zunes, especializado en la ONU y en el Consejo de Seguridad.

En Israel y Estados Unidos, algunas figuras públicas de derecha amenazaron con retirarse por críticas contra el Estado judío y miembros del estadounidense Partido Republicano hacen intentos periódicos. De hecho, actualmente existe el proyecto de ley de Restauración de la Soberanía Estadounidense de 2017, presentado por el representante Mike Rogers, pero no avanzará mucho, apuntó.

Un comunicado de Amnistía Internacional de 2016 señala que la credibilidad de la ONU estaba en juego, “después de que cedió de forma vergonzosa a la presión de retirar a la coalición encabezada militarmente por Arabia Saudita de la lista de estados y grupos armados que violan los derechos de los niños en conflicto”.

La declaración se publicó tras el anuncio que hizo el portavoz del secretario general Ban Ki-moon respecto de los cambios realizados en la lista de países infractores, que figura en el informe anual del Representante Especial para Niños y Conflictos Armados.

“La iniciativa es el resultado directo de la presión diplomática de Arabia Saudita, enfadada con la conclusión de la ONU de que las operaciones de la coalición llevaron a la muerte y al sufrimiento de niños en el conflicto armado en Yemen”, indicó Amnistía.

“No hay precedentes de que la ONU se incline ante las presiones y altere su propio informe sobre niños en conflictos armados. Es inadmisible que la presión fuera ejercida por uno de los mismos estados que figuran en la lista”, reafirmó Richard Bennett, representante y director de la oficina de Amnistía en la ONU.

Hablando frente a la Sociedad de Derecho de Londres, el 26 de este mes, Zeid también dijo no habían quedado exentas de amenazas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comunidad de Desarrollo de África Austral y la Corte Penal Internacional.

“Por suerte, en casi todos los casos, la amenaza se diluyó o, incluso cuando se retiraron uno o dos países, no hubo reacción en cadena. Pero la regularidad de ese tipo de amenazas quiere decir que es cada vez más probable que algún día haya una hemorragia, una salida que cierre el libro en algunas partes del sistema de derecho internacional”, alertó.

Martin S. Edwards, profesor adjunto y director de Estudios de Graduados de la Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall, dijo a IPS que sin haber escuchado nada de esta última amenaza, uno pensaría “que esto podría volverse más común, no solo con autocracias bajo coacción, sino con países inspirados en la enloquecedora inconsistencia de la Casa Blanca respecto del multilateralismo”.

“No soy experto en política exterior saudí, pero me sorprendería que realmente estuviera redactado de esta forma”, observó.

“Después de todo, ¿cómo van a hablar los saudíes por otros países? Estoy seguro de que las propias amenazas saudíes de repensar sus aportes habrían sido igual de poderosas”, añadió Edwards, quien analiza la política de la ONU.

Zeid también dijo en Londres que Estados Unidos sopesa el grado en el que reducirá de forma paulatina su contribución económica a la ONU y a otras instituciones multilaterales.

“Todavía está decidiendo si se retira del Consejo de Derechos Humanos, e incluso se habló en un momento de retirarse de todos los instrumentos de derechos humanos de los que forma parte”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Después de tres días caminando, refugiados sursudaneses llegan al campamento de Gure Shembola, recién construido, en Ethiopia. Crédito: Diana Dia/UNHCR.

Por Corresponsales de IPS
ROMA/GINEBRA, Jun 20 2017 (IPS)

Unas 66 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 2016, informó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El dato equivale a “una persona desplazada cada tres segundos, menos de lo que lleva leer esta frase”, señala un informe de Acnur, que subraya el ritmo “muy acelerado” con que el conflicto y la persecución obligan a las personas a huir de sus hogares.

El informe Tendencias Globales, divulgado antes del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora este martes 20, señala un incremento pronunciado que dejó a 300.000 personas más desplazadas desde fines de 2015. “Desde todo punto de vista, es un número inaceptable”, remarcó el alto comisionado Filippo Grandi, quien reclamó “solidaridad y un propósito común para prevenir y resolver la crisis”.

También urgió a una adecuada protección y atención de los refugiados, actualmente unas 22,5 millones de personas, de las desplazadas, 40,3 millones, y de las solicitantes de asilo, 2,8 millones.

Mayor generador de refugiados

Siria sigue siendo “el mayor generador de refugiados”, con 12 millones de personas en los países vecinos y/o más lejos en la misma región. Pero también hay 7,7 millones de colombianos desplazados, 4,7 millones de afganos y 4,2 millones de iraquíes.

Pero en 2016, Sudán del Sur se convirtió en el “mayor factor nuevo” cuando se frustraron los esfuerzos de paz en julio de ese año, lo que dejó a unas 737.000 personas fuera de sus hogares para fin de año.

La sursudanesa Nyawet Tut relató cómo los soldados incendiaron su aldea y tuvo que huir para salvar su vida con sus cinco hijos y otros cinco de familiares asesinados en el conflicto.

“A mi esposo lo mataron en la guerra lo que, además de la escasez de alimentos, me convenció de dejar atrás mi casa y todo”, declaró la mujer de unos 30 años al ser entrevistada por el personal de Acnur en un refugio provisorio en Etiopía.

Alrededor de 3,3 millones de sursudaneses habían huido de sus hogares a fines de 2016, convirtiéndose en el desplazamiento más rápido de personas del mundo.

Tendencias Globales, informe sobre desplazamientos forzados en 2016. Crédito: Acnur.

Los rostros más jóvenes de la guerra

Alrededor de la mitad de las personas refugiadas el año pasado eran niñas y niños menores de 18 años, señala el informe. Además, los menores representan solo alrededor de 31 por ciento de la población mundial.

Entre sus conclusiones, el informe destaca que alrededor de 75.000 solicitudes de asilo procedían de menores que viajaban solos o separados de sus padres. Entre ellos estaba Tareq, de 16 años, quien tuvo que eludir combatientes armados para escapar de Siria hacia la vecina Turquía.

“No había futuro donde vivíamos”, le dijo al personal de Acnur. “No había universidad ni trabajo. Había combatientes agarrando jóvenes como yo para mandarlos a la guerra, donde los matan. Yo quería estudiar”, explicó.

Refugiarse en países pobres

Los países en desarrollo reciben a la mayoría de los refugiados del mundo, informó Acnur.

Alrededor de 84 por ciento de ellos residían en países de bajos y medianos ingresos a fines de 2016. De los cuales, una de cada tres personas, alrededor de 4,9 millones, estaban viviendo en países menos adelantados.

“El enorme desequilibrio refleja varias cosas, incluso la continua falta de consenso a escala internacional en lo que se refiere al recibimiento de refugiados y a la cercanía de muchos países pobres a las regiones en conflicto”, precisó Acnur.

Además, el dato “ilustra la necesidad de países y comunidades de ayudar a los refugiados y a otras personas desplazadas a tener suficientes recursos y apoyo”, indicó, señalando que su carencia puede crear inestabilidad en los estados anfitriones.

Escapar de la guerra, de los desastres y de la persecución

Al haber alcanzado la marca de 65,6 millones de personas desarraigadas a la fuerza por la violencia y la persecución, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres llamó este martes 20 a la comunidad internacional a ofrecer apoyo y solidaridad.

“Pensamos en la valentía de quienes se ven obligados a huir y en la compasión de quienes los acogen”, destacó Guterres en un mensaje de vídeo con motivo del Día Mundial de los Refugiados.

Como nunca antes hay personas huyendo de la guerra, de desastres y de la persecución.

“Vicisitudes, separación, muerte”, indicó Guterres, al recordar historias terribles de la boca de refugiados y desplazados, que se incrementaron en 300.000 desde fines de 2015.

A pesar de las dificultades de escapar sin nada, “nunca pierden los sueños que abrigan para sus hijos ni el deseo de hacer de nuestro mundo un lugar mejor”, destacó. “Piden poco a cambio, solo nuestro apoyo en el momento en que más lo necesitan; y nuestra solidaridad”, añadió.

El secretario general remarcó: “Es tan inspirador ver que a menudo los países que menos tienen son los que más hacen por los refugiados”.

Traducido por Verónica Firme

La crisis que surgió en el Golfo en junio de 2017 no podría implicar riesgos más altos para las partes enfrentadas.

Por James M. Dorsey
SINGAPUR, Jun 9 2017 (IPS)

El parlamento de Turquía acelera esta semana el envío de unos 3.000 efectivos a Qatar, sede de su base militar de Medio Oriente. Seguro de reforzar la resolución de ese país de resistir a la presión de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos para que cambie sus políticas, la decisión de Ankara obedece a las señales de que el reino y sus aliados buscan debilitar al gobierno qatarí del jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Los riesgos para ambas partes enfrentadas en el Golfo no podrían ser más altos.

Arabia Saudita y Emiratos no pueden fallar en su esfuerzo de presionar a Qatar después romper relaciones diplomáticas e impulsar a varios países árabes, entre otros, a hacer lo mismo y declarar un boicot económico que también apunta contra el suministro de alimentos de ese pequeño país.

Asimismo, Qatar no puede ceder a las demandas de Arabia Saudita y Emiratos porque sería una humillación para él y lo convertiría, además, en su vasallo.

El despacho de tropas turcas, así como la oferta de Turquía e Irán de ayudar a Qatar a contrarrestar el impacto del boicot, ayudándolo a cubrir sus necesidades en materia de alimentos y agua, presentan a la crisis del Golfo y a la guerra indirecta de Arabia Saudita con la república islámica como una lucha política más que como un enfrentamiento sectario.

El freno de Turquía, sunita, y de Irán, chiita, a la campaña saudí-emiratí socava el esfuerzo del reino, que busca presentar su rivalidad con Irán como un conflicto sectario y una lucha de poder.

El envío de efectivos y el surgimiento de una alianza pro Qatarí, opuesta a la de Arabia Saudita, alivian la presión que soportan los países musulmanes no árabesde tomar partido. Al redoblar la apuesta, Turquía e Irán podrían contribuir a los esfuerzos para encontrar una solución política a la crisis.

La movida de despachar tropas rápidamente a Qatar surgió al otro día de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenara el intento saudí-emiratí de aislar a ese pequeños país y diezmarlo mediante sanciones. El mandatario alertó de que esa iniciativa no lograría resolver los problemas y se comprometió a hacer todo lo posible para poner fin a la crisis.

Kuwait ya trata de sortear la brecha entre los países del Golfo y Qatar, mientras Estados Unidos y Alemania llamaron a una solución política. Por su parte, el canciller iraní Javad Zarif tiene previsto viajar a Ankara para analizar posibles soluciones a la crisis.

Pero eso podría resultar más fácil decirlo que hacerlo.

Arabia Saudita y Emiratos quieren evitar que se repita lo de 2014, cuando Qatar no dio el brazo a torcer frente a sus demandas de dejar de financiar a grupos islamistas armados, aun tras el retiro de los embajadores saudí, emiratí y bareiní de Doha. Los tres países debieron volver a mandar a sus representantes después de nueve meses sin mucho para mostrar como resultado de esa medida.

Además, las autoridades de Arabia Saudita y de Emiratos se jugaron su credibilidad al optar no solo por romper relaciones diplomáticas con Qatar, sino al imponerle un duro boicot.

De hecho, Emiratos, al parecer preocupado de que el boicot, en especial porque afecta al suministro de alimentos, pueda suscitar críticas internas, expresó su simpatía hacia Qatar diciendo que había cometido un delito que le valdría 15 años de cárcel y/o una multad de por lo menos 136.000 dólares.

Alrededor de 40 por ciento de las importaciones de alimentos de Qatar, que ascienden a 1.000 millones de dólares al año, llegaban a ese país desde Arabia Saudita hasta que estalló la crisis esta primera semana de junio.

Otro elemento que también redobla la apuesta es que un Qatar capaz de resistir a la presión saudí-emiratí contribuiría, de hecho, a la conformación de un bloque musulmán en Medio Oriente alineado con todo lo que Arabia Saudita y Emiratos buscan derrotar.

Inevitablemente, los lazos más estrechos de Qatar con Turquía e Irán, con los cuales los estados del Golfo comparten el mayor yacimiento de gas del mundo, se convertirán en un variable de la geopolítica de Medio Oriente.

Irán ya ayuda a Qatar, no solo con alimentos, sino al permitir que los vuelos de Qatar Airways hacia Asia atraviesen el espacio aéreo iraní y eviten los de Arabia Saudita, Emiratos y Baréin, que les fue prohibido.

Además de demostrar que Qatar no está solo, el despacho de tropas turcas busca disuadir a Arabia Saudita y a Emiratos de realizar una intervención directa en ese pequeño país del Golfo.

Turquía y Qatar hace tiempo que comparten similitudes políticas. Ambos países soportaron revueltas populares en 2011, cuando se propagaron por numerosos estados árabes.

En cambio, Arabia Saudita y Emiratos hicieron todo lo posible para desbaratar su éxito, incluso ayudar a orquestar el golpe militar de 2013 en Egipto para derrotar a Mohammed Morsi, miembro de la Hermandad Musulmana y el primer presidente elegido en las urnas. También ayudaron a las autoridades de Baréin a aplastar violentamente la revuelta popular en su país.

Turquía y Qatar apoyan a la Hermandad Musulmana, a los que se rebelan contra el presidente sirio Bashar al Assad y a grupos islamistas en la dividida Libia. En cambio, Emiratos y Arabia Saudita, además de Egipto, respaldan al gobierno libio de Tobruk, reconocido internacionalmente, que se les unió y también rompió relaciones con Qatar.

De hecho, Turquía instaló una base militar en Qatar con unos 150 efectivos, la primera que tiene en Medio Oriente, en el marco de un acuerdo suscrito con ese país en 2014. Desde entonces, varios funcionarios han declarado que elevarían el número a 3.000.

La medida de Turquía de acelerar el envío de más efectivos a Qatar siguió a la declaración del canciller emiratí Anwar Gargash de que no se “podían descartar medidas adicionales. Esperemos que prevalezcan las cabezas más frías y no lleguemos a eso”.

Tras acusar a Qatar de ser el “principal promotor del extremismo y el terrorismo en la región”, Gargash insistió en que “no se trata de un cambio de régimen, sino de cambio de política y cambio de enfoque”.

Diarios egipcios, emiratíes y saudíes, ninguno de los cuales es conocido por gozar de verdadera independencia, informaron en los últimos días que aumentaba la oposición interna contra el emir qatarí Tamim.

“Hace tiempo que nos callamos sobre las prácticas irracionales del régimen de Qatar”, declaró al diario egipcio Youm7 el jeque Saud bin Nasser al Thani, un miembro poco conocido de la familia gobernante, que se cree representa a 20 por ciento de los ciudadanos de ese país pequeño.

El periódico también informó que opositores al jeque Tamim crearían un diario de oposición en Londres, encabezado por el jeque Abdelaziz Bin Jalifa Al-Thani, tío del emir y exministro de Petróleo y Finanzas, acusado de participar en un intento de golpe de Estado de oficiales qataríes en 2011 para derrotar a Hamad bin Jalifa Al Thani, padre y predecesor del jeque Tamim.

El diario emiratí The National informó que abogarán por una política qatarí de acuerdo con los reclamos saudíes y emiratíes, como frenar las actividades de la esposa del jeque Hamad, la jequesa Mozah Al-Misnad, quien encabeza la Fundación de Qatar, congelar las relaciones de ese país con Irán, poner fin su apoyo a los islamistas de Libia y Egipto y expulsar a líderes islamistas de esa nación del Golfo.

“En nombre del pueblo qatarí, ofrecemos nuestras mayores disculpas al pueblo de Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Baréin, Egipto, Yemen y otros agredidos y perjudicados por el régimen qatarí”, pidió el jeque Saud en un comunicado publicado por Egypt Today.

“Queremos informarles que el pueblo qatarí no aprueba las políticas nacionales que buscan romper la unidad árabe”, apuntó.

“Los qataríes se preguntan si esto terminará con un cambio de las propias autoridades de Qatar”, añadió Sultan Sooud Al Qassemi, destacado intelectual liberal, coleccionista de arte y empresario, además de miembro de la familia gobernante de Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos.

Antes, Salman al-Ansari, presidente del Comité de Asuntos de Relaciones Públicas Saudí-Estadounidense, una institución con sede en Washington, advirtió al jeque Tamim que podría seguir el mismo destino que el derrocado presidente egipcio Morsi.

A pesar de la información de la prensa árabe, hay pocos elementos para evaluar la posibilidad de que aparezca un respaldo a la oposición del jeque Tamim entre militares o el público dentro de Qatar, que al igual que los otros países de la región ejerce un fuerte control sobre los medios de comunicación, aunque no ha impuesto las penas draconianas en contra de la libertad de prensa y de expresión, aprobadas esta semana en Emiratos.

Mientras, Qatar y Turquía esperan que la presencia sustancial de más efectivos, y no por el hecho de que también hayan 10.000 soldados estadounidenses apostados en la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, complique, o al menos modere, cualquier plan para forzar una salida del jeque Tamim.

“Los qataríes no deben contar con que la base sea una garantía o una suerte de protección estadounidense ante un conflicto con Arabia Saudita. Creo que los estadounidenses elegirían estar del lado de Arabia Saudita por encima de cualquier otro país de la región”, declaró Al Qassemi.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan a IPS ni pueden atribuírsele.

Traducido por Verónica Firme

Niña yazidí en el campamento de Janke, cerca de la norteña ciudad de Dohuk, en el Kurdistán iraquí. Crédito: Fernando Burgés.

Por Mark Lattimer
LONDRES, Jun 8 2017 (IPS)

El área al este de la ciudad iraquí de Mosul, liberada del control del Estado Islámico, permanece vacía. Y al recorrer las llanuras de Nínive, territorio ancestral de minorías yazidíes, cristianas, chabaquíes y turcomanas, uno pasa de un pueblo fantasma a otro y donde solo quedan milicias armadas, conocidas en Iraq como “Hashd al-Shaabi” (movilización popular).

Las casas destruidas por coches bomba del Estado Islámico (EI) están junto a edificios arrasados por los ataques aéreos de la coalición internacional. Y en las casas de muchas calles residenciales, hay agujeros en las paredes que servían a los insurgentes para evadir la vigilancia.

La batalla por el control de Mosul ya lleva casi ocho meses, y como la resistencia en la margen derecha de la ciudad resultó intensa, las víctimas civiles aumentan con rapidez. Pero muchos de los territorios vacíos de Nínive, al este de Mosul, y de Sinjar, al oeste, fueron los primeros en ser recuperados hace unos meses.

Esos se unieron a Diyala, Kirkuk y Anbar, donde el EI ya fue derrotado, pero todavía quedan millones de personas desplazadas que todavía no han retornado a sus hogares. Para comprender por qué, hay que valorar las amenazas que se ciernen sobre Iraq y que no desaparecerán con la derrota de ese grupo armado.

El gobierno central de Bagadad y el regional del Kurdistán, de Erbil, están básicamente de acuerdo en que las personas desplazadas solo podrán regresar cuando se hayan recuperado la seguridad y los servicios, y con razón, pues la infraestructura básica está enormemente dañada.

Cuando miles de civiles regresaron a la central ciudad iraquí de Ramadi tras su liberación, hubo numerosas víctimas por trampa “cazabobos”, como se llama a varios tipos de dispositivos improvisados y explosivos camuflados.

Una iglesia destruida en el distrito de Tal Kaif, en la gobernación iraquí de Nínive. Crédito: Mays Al-Juboori.

Sin embargo, muchas de las comunidades minoritarias creen que las demoras se deben a otras razones.

Las minorías cristianas, yazidíes, chabaquíes y turcomanas citan casos de personas desplazadas y de suministros detenidos en puestos de control, como detalla el último informe de cuatro organizaciones no gubernamentales, Minority Rights Group International, el Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional, la Organización de Naciones y Pueblos No Representados y Sin Paz no hay Justicia.

La sospecha y el temor es que haya comenzado el acaparamiento de tierras.

Un dato conservador estima que hay unos 15 grupos armados controlando las áreas liberadas de Nínive, entre los cuales hay milicias étnicas formadas por integrantes de comunidades locales.

Los puestos de control de las milicias proliferan y a veces hay que pasar por tres o hasta cuatro seguidos. Esos grupos pujan por cuál puede izar la bandera más alto.

Por ahora, la relación es de mutua aceptación, pero no se sabe cuánto durará esa situación. Algunas están asociadas con las fuerzas de seguridad regulares de Iraq y otras con las autoridades de Kurdistán, pero hay otras más que responden a otros poderes.

Así como el gran ayatola Al Sistani llamó a voluntarios iraquíes a movilizarse para luchar contra el EI, en junio de 2014, muchos observadores esperan que emita una fatwa (edicto islámico) para desmovilizar a las milicias una vez que se haya derrotado al EI.

Las dificultades prácticas de desarmar, desmovilizar y reintegrar apenas comenzaron a discutirse en Iraq. Asegurar que los integrantes de las comunidades locales, incluso de las minorías, se integren adecuadamente a las fuerzas de seguridad regulares es fundamental para que aquellas se sientan seguras.

Pero muchos de los grupos armados más fuertes, respaldados por Irán que, por ejemplo, controlan gran parte de Diyala y áreas clave en Tel Afar, ya dejaron claro que no tienen intenciones de desmovilizarse.

Y mientras Turquía le tema a un corredor iraní de Bagdad a Siria, sus propios intentos de asegurar una base en Nínive se intensificarán. Con esas fuerzas en juego, el resurgimiento, pos-ISIS, de una oposición árabe sunita bajo otro nombre quizá sea inevitable.

En ese contexto de fragmentación sectaria, los integrantes de las minorías siguen apasionados por el futuro de su tierra y, muchos otros, permanecen como feroces patriotas al Estado iraquí.

Muchas de las personas desplazadas de la minoría chiita, entrevistadas el año pasado en Kerbala, expresaron enseguida su esperanza de retornar a sus hogares en Tel Afar y las llanuras de Nínive tras agradecer a las autoridades religiosas por darles un refugio temporal.

Por su parte, los cristianos caldeos y los asirios subrayaron su arraigo milenario a la tierra.

Aun los yazidíes, quienes sufrieorn tormentos a manos del EI y, en muchos casos, fueron traicionados por sus propios vecinos, comenzaron a mencionar la posibilidad de retornar.

Pero su retorno depende de la seguridad, lo que en definitiva depende de un acuerdo político entre las diferentes fuerzas que ahora compiten por el control de sus tierras.

Durante muchos años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) buscó promover un acuerdo entre Bagdad y Erbil por los “territorios disputados” en Nínive y en Kirkuk. Pero con la redefinición de nuevas fronteras en los hechos y los nuevos actores en el conflicto, la tarea no ha hecho más que complicarse.

La guerra contra el EI creó en Iraq un raro contexto de unidad.

Las fuerzas tribales sunitas y las milicias chiitas, Irán y Turquía, Estados Unidos y otros integrantes de la coalición internacional, el gobierno de Iraq y el de Kurdistán cooperan para derrotar a un enemigo común.

Como subrayó en Bagdad en marzo Gyorgy Busztin, director adjunto de la misión de la ONU, eso ofrece una ventana de oportunidades tanto para el pueblo iraquí como para la comunidad internacional.

Pero a medida que el control de los territorios recuperados sigue fragmentado y que las milicias se afianzan en el terreno, esa ventana se cierra rápidamente. Para cuando Mosul sea declarada libre al fin, quizá ya sea demasiado tarde.

Traducido por Verónica Firme

Campesinos se aprontan para cavar un pozo a mano en la aldea de Tunukkai, golpeada por la sequía, en el norteño distrito de Mullaithivu, en Sri Lanka. Crédito: Amantha Perera/IPS.

Por Baher Kamal
ROMA, Jun 7 2017 (IPS)

En 2025, es decir en menos de ocho años, 1.800 millones de personas padecerán la más absoluta escasez de agua, y las dos terceras partes de la población mundial sufrirán estrés hídrico, si la comunidad internacional no reacciona y toma medidas.

En la actualidad aumenta el temor de que el avance de la sequía y de los desiertos, así como la creciente escasez de agua y la inseguridad alimentaria generen un ‘tsunami’ de refugiados y migrantes climáticos."Las regiones propensas a la sequía y a la escasez hídrica suelen ser lugares de procedencia de muchos refugiados": Monique Barbut.

Ante esa situación, no es de extrañar que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) considere a la sequía como “uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis”.

De hecho, en 2050, la demanda de agua podría aumentar 50 por ciento. Con el aumento demográfico, en especial en las tierras secas, cada vez más personas dependen del suministro de agua potable en tierras que se degradan, alerta la secretaría de la UNCCD, con sede en Bonn.

La escasez hídrica es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, y la sequía y la escasez de agua se consideran de los desastres naturales con mayores consecuencias, pues generan pérdidas ecológicas y económicas a corto y largo plazo, además de tener impactos secundarios y terciarios, precisa.

Para mitigar las consecuencias, es necesario que una preparación para la sequía que responda a las necesidades humanas, a la vez que preserva la calidad ambiental y los ecosistemas, cuente con la participación de todos los actores, incluso de los usuarios y de los proveedores del servicio, para la búsqueda de soluciones, explica la UNCCD.

“Se atribuye a la sequía, un peligro natural complejo que avanza con lentitud y tiene significativas consecuencias ambientales y socioeconómicas generalizadas, causar más muertes y desplazamientos de personas que cualquier otro desastre natural”, subraya.

Sequía, escasez hídrica y refugiados

La secretaria ejecutiva de la UNCCD, Monique Barbut, recordó que las regiones propensas a la sequía y a la escasez hídrica suelen ser lugares de procedencia de muchos refugiados.

Ni la desertificación ni la sequía son causas de conflictos o de migraciones forzadas, pero pueden elevar el riesgo de su ocurrencia e intensificar los ya existentes, explicó.

“Factores convergentes, como tensiones políticas, instituciones frágiles, marginación económica, falta de redes de seguridad social o rivalidades entre grupos crean las condiciones que hacen que las personas no puedan hacer frente a las dificultades. La continua sequía y escasez de agua de 2006 a 2010 en Siria es uno de los últimos ejemplos conocidos”, apuntó Barbut.

¿En 2045 habrán 135 millones de personas desplazadas?

La UNCCD señala que los desafíos geopolíticos y de seguridad que afronta el mundo son complejos, pero mediante una mejor implementación de prácticas de gestión territorial se puede ayudar a las poblaciones a adaptarse al cambio climático, así como a construir resiliencia a la sequía.

Además, indicó, pueden reducir el riesgo de migraciones forzadas y conflictos por los escasos recursos naturales y asegurar la producción de una agricultura sostenible y de energía.

“La tierra es el verdadero aglutinador de nuestras sociedades. Revertir los efectos de la degradación de tierras y la desertificación mediante una gestión sostenible no solo se puede lograr, sino que es el próximo paso lógico y rentable para las agendas de desarrollo nacionales e internacionales”, observó.

La UNCCD alerta que 12 millones de hectáreas de tierras productivas se vuelven estériles cada año solo a causa de la sequía y la desertificación, lo que representa una oportunidad menos para producir 20 millones de toneladas de granos.

“No podemos seguir permitiéndonos el degradación de tierras, cuando deberíamos elevar la producción de alimentos en 70 por ciento para 2050 para alimentar a toda la población mundial”, subraya.

“La intensificación sostenible de la producción de alimentos con menos insumos, que evitan una mayor deforestación y expansión de cultivos en áreas vulnerables, debe ser una prioridad para los responsables políticos”, sugiere.

Además, la secretaría de la UNCCD señala que el aumento de las sequías y de las inundaciones repentinas, que son más fuertes, más frecuentes y extendidas, destruye la tierra, la principal reserva de agua dulce de la Tierra.

“La sequía mata a más personas que cualquier otra catástrofe relacionada con el clima, y los conflictos entre comunidades avanzan por la escasez de agua”, precisó.

“Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua, y la demanda aumentará 30 por ciento para 2030”, añadió.

Seguridad nacional y migraciones

Más de 40 por ciento de los conflictos de los últimos 60 años están relacionados con el control y la asignación de recursos, lo que expone a un número cada vez mayor de personas pobres a la escasez hídrica y al hambre, y abre la puerta a estados fallidos y conflictos regionales, alerta la UNCCD.

“Grupos no estatales se aprovechan de los grandes flujos migratorios y de las tierras abandonadas”, observa.

“Cuando bienes naturales, como la tierra, se administran mal, la violencia podría convertirse en el medio principal para el control de recursos, lo que quita el valor de los recursos naturales de las manos de gobiernos legítimos”, advierte.

El número de migrantes a escala mundial viene creciendo rápidamente desde hace 15 años, llegando a 244 millones en 2015, más que los 222 millones de 2010 y los 173 millones de 2000.

La UNCCD recuerda la relación entre ese número de migrantes y las dificultades en materia de desarrollo, en particular las consecuencias de la degradación ambiental, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y la pobreza, así como la importancia de atender los factores y las causas de raíz de la migración irregular.

La pérdida de tierras productivas hace que las personas elijan opciones arriesgadas, agrega. En las áreas rurales, donde las personas dependen de tierras poco productivas, su degradación es responsable de la migración forzada, explica.

“África es particularmente susceptible, pues más de 90 por ciento de su economía depende de recursos sensibles al clima, como la agricultura de subsistencia que necesita de las lluvias”, puntualiza la secretaría.

“A menos que cambiemos nuestra forma de gestionar la tierra, en los próximos 30 años podríamos dejar a 1.000 millones de personas o más vulnerables y sin opciones salvo huir o pelear”, acotó.

Mejorar el rendimiento y la productividad de la tierra permitirá aumentar la seguridad alimentaria y los ingresos de los usuarios de tierras y de los agricultores más pobres, recomienda la UNCCD.

“A su vez, eso estabiliza los ingresos de la población rural y evita el desplazamiento innecesario de personas”, detalla.

Por otra parte, la UNCCD trabaja con socios como la Organización Internacional para las Migraciones para hacer frente a los desafíos planteados por la degradación de tierras, los movimientos masivos de personas y sus consecuencias.

También busca demostrar cómo la comunidad internacional puede aprovechar las capacidades y habilidades de los migrantes y refugiados, además de subrayar el valor de las remesas que estos envían a sus países en la construcción de resiliencia.

Traducido por Verónica Firme

Un niño del sur de Somalia que sobrevivió el largo viaje hasta un campamento de desplazados en la capital, Mogadiscio Crédito: Abdurrahman Warsameh/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 26 2017 (IPS)

Los gobernantes de las mayores potencias del mundo deben redoblar esfuerzos y tomar medidas contra el hambre y evitar que la hambruna actual y las consiguientes muertes alcancen niveles más catastróficos, reclama la organización humanitaria Oxfam.

Antes de la 43 cumbre del Grupo de los Siete (G7) países más poderosos, Oxfam urgió a los gobernantes a atender con urgencia el hambre sin precedentes que actualmente soportan cuatro países.

El G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, están reunidos en la ciudad siciliana de Taormina, en Italia, este viernes 26 y sábado 27.

“El fracaso político generó estas crisis y se necesita liderazgo político para resolverlas. Los gobernantes más poderosos del mundo deben actuar ahora para prevenir que ocurra una catástrofe bajo su mandato”, reclamó la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima.

“Si los gobernantes del G7 viajaran a alguno de esos países, verían con sus propios ojos que la vida se vuelve imposible para muchas personas, muchas de las cuales, incluso, ya agonizan a causa de enfermedades y del hambre extrema”, prosiguió.

En el noreste de Nigeria, Somalia, Sudán de Sur y Yemen, unas 30 millones de personas sufren una severa inseguridad alimentaria. Entre ellas, hay 10 millones que viven en condiciones de emergencia y pasan hambre, un número mayor que la población de Londres, capital de Gran Bretaña, uno de los miembros del G7.

Con el conflicto, que se instaló hace tres años, se declaró el hambre en dos condados de Sudán del Sur, y hay un tercero en riesgo si no le llega asistencia alimentaria.

En Somalia, el conflicto y la prolongada sequía, probablemente exacerbada por el cambio climático, dejaron a siete millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria. Además, la falta de agua contribuyó a los brotes de cólera y obligó a muchas personas a abandonar sus hogares, quedando desplazadas.

Byanyima arremetió contra la hipocresía de un “mundo de abundancia” con cuatro hambrunas. Y la crisis generalizada no se limita a las fronteras de esos cuatro países.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), casi dos millones de sursudaneses huyeron a los países vecinos, principalmente Uganda, Etiopía y Kenia, generándose la crisis de refugiados de más rápida expansión.

Y debido al flujo de refugiados sursudaneses, el campamento de Bidi Bidi, en Uganda, es actualmente el más grande del mundo, exigiendo al máximo a los servicios locales.

Escapando del hambre y del conflicto, numerosos nigerianos se refugiaron en la región del lago Chad, compartido por Camerún, Chad y Níger, y donde no escapan a la gran inseguridad alimentaria y a los brotes de enfermedades.

Entre los países invitados a la cumbre del G7 se encuentran representantes de naciones con crisis como Etiopía, Kenia y Nigeria.

Oxfam pidió a los países del G7 que aportaran su cuota parte de fondos, pues hasta ahora suministraron 1.700 millones de dólares, que es menos del 60 por ciento de lo que les corresponde.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solo reunió 30 por ciento de los 6.300 millones solicitados para los cuatro países. Si cada miembro del G7 aportara lo suyo, podrían reunirse casi la mitad de los fondos.

En 2015, el G7 se comprometió a sacar a 500 millones de personas de la pobreza y la malnutrición. Oxfam señala que, para ello, deben cumplir con sus compromisos y concentrarse en la prevención de la crisis.

Pero algunas de sus acciones no presagian nada bueno en lo que respecta a medidas aceleradas de lucha contra el hambre.

Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos propuso recortes significativos a la asistencia extranjera, que incluyen una disminución de 30 por ciento de los fondos para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

La propuesta también incluye la eliminación de un gran programa de asistencia alimentaria, el Title II For Peace, lo que significaría la pérdida de más de 1.700 millones de dólares de asistencia alimentaria.

A propósito, el exjefe de Asistencia Extranjera a Desastres, Jeremy Konyndyk, señaló que los recortes son “catastróficos”. “Es tan malo que temo estar leyendo mal”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Comité de Rescate Internacional, David Miliband, subrayó la importancia de continuar con la asistencia al extranjero para aliviar el sufrimiento humanitario y proteger los intereses y la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados.

“Amenazas mundiales como el ébola y el Estado Islámico surgen de la pobreza, la inestabilidad y la mala gobernanza”, observó.

“Contrarrestar eso con políticas de asistencia al exterior no solo significa salvar vidas hoy, sino que le evita a Estados Unidos y a sus aliados el trabajo mucho más difícil y caro de combatirlas mañana”, añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump también propuso eliminar la Fundación para el Desarrollo Africano, que ofrece subsidios a comunidades vulnerables de África subsahariana, y sugirió recortar los aportes de Estados Unidos a programas de cambio climático, como el Fondo Verde para el Clima, de la ONU, que procura ayudar a las naciones en riesgo a luchar contra el fenómeno.

Por su parte, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, ya eliminó el Departamento de Cambio Climático.

Además de elevar la ayuda humanitaria, las naciones del G7 deben comprometerse a financiar soluciones a largo plazo para construir resiliencia y mejorar la seguridad alimentaria, y así evitar desastres a gran escala, subrayó Oxfam, lo que incluye acciones en materia de cambio climático, “sin excusas”.

Está previsto que el presidente Trump anuncie si Estados Unidos permanece en el Acuerdo de París sobre cambio climático tras la cumbre del G7, que terminará este sábado 27.

“La historia muestra que cuando los donantes no actúan frente a las primeras alertas de posible hambruna, hay consecuencias a gran escala, con una devastadora pérdida de vidas; ahora otra vez se emitieron alertas claras”, añadió Oxfam.

“La comunidad internacional tiene el poder de evitar los fracasos, si decide hacerlo, organizando la logística internacional y una red de respuesta humanitaria para trabajar de forma sostenible con los sistemas locales existentes, con el fin de prevenir la hambruna y de atender los conflictos, la gobernanza y las causas del cambio climático”, concluyó la organización.

Traducido por Verónica Firme

El campo de Egipto al sur de Luxor. En el fondo se ve el pueblo de Al Bayadiyah. Crédito: Marc Ryckaert (MJJR). Licencia de Creative Commons.

Por Baher Kamal
ROMA, May 24 2017 (IPS)

Los conflictos y la inseguridad son las principales barreras para el avance del desarrollo en Medio Oriente y el norte de África. Los países de la región dependen enormemente de la importación de alimentos, la que aumentará con el incremento de la población y la creciente urbanización.

En Iraq, Libia, Siria y Yemen, alrededor de la mitad de la población, unas 40 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria.

Esas fueron algunas de las conclusiones del Informe Mundial sobre Política Alimentaria, 2017, elaborado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y presentado este miércoles 24 en una reunión de expertos internacionales realizada en El Cairo.

Organizado por el IFPRI y la Facultad de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo, el foro de expertos debatió en torno al tema: “La rápida urbanización amenaza la seguridad alimentaria en Egipto”.

El rápido crecimiento poblacional y el consiguiente aumento del consumo de alimentos probablemente incrementen la dependencia de las importaciones de alimentos en los países de esa región, explicó el economista Clemens Breisinger, investigador del IFPRI en El Cairo, en entrevista con IPS.

Países con un considerable sector agrícola, como Egipto, Marruecos, Sudán y Túnez, generalmente no tienen grandes importaciones de alimentos, entre 10 y 20 por ciento, es decir que esa es la proporción de productos importados en el consumo.

Clemens Breisinger. Crédito: Cortesía.

Dependencia de alimentos importados

Pero otros países de la región dependen mucho más de los alimentos importados, pues estos superan 30 por ciento del consumo; en Iraq, Mauritania, Omán y Yemen, llegan a representar 50 por ciento, y en países del Golfo, como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, ascienden a 70 por ciento, detalló Breisinger.

El investigador considera que hay espacio para aumentar la producción agrícola en la región, pero que las tierras y los recursos hídricos son limitados. Además, el cambio climático reducirá las cosechas y las ciudades en rápido crecimiento se expanden sobre tierras agrícolas, a menudo fértiles.

“Para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro, los países de la región deberán prepararse para importar más alimentos de los mercados internacionales en un futuro cercano”, alertó.

Respecto a la disponibilidad de agua, Breisinger dijo a IPS que se proyecta una escasez mucho más severa en la región, pero que hay alternativas políticas y técnicas para evitar un desastre.

Los problemas para garantizar la seguridad alimentaria ejercen una presión mayor sobre las fuentes de agua disponibles, por encima de la mayor demanda generada por el aumento de la población, explicó. Las proyecciones para 2050 muestran que los recursos hídricos renovables disminuirán 25 por ciento en el mundo.

“Esas presiones varían enormemente de una región a otra del mundo. En Medio Oriente y el norte de África, una mayor disminución, de 778 a 506 metros cúbicos por habitante y por año, limitará gravemente los medios para ganarse la vida y el desarrollo económico”, alertó Breisinger.

Según el especialista, las posibles soluciones para mitigar el impacto del cambio climático en la escasez hídrica incluyen: aumentar el uso eficiente del agua e invertir en fuentes alternativas para conseguirla.

La mayor eficiencia puede lograrse con fondos para mejorar los esquemas de irrigación y la reutilización de aguas residuales, y en cuanto a las inversiones, estas pueden destinarse a tecnologías para desalinizar, para cosechar agua y para extraerla del subsuelo, explicó.

Según las proyecciones, la proporción de personas que viven en ciudades superará a las que viven en los entornos rurales de los países de la región en 2030, con la notable excepción de Egipto, Somalia, Sudán y Yemen, añadió Breisinger.

“Con la combinación del crecimiento poblacional y los mayores ingresos, la urbanización podría aumentar la demanda de alimentos procesados. Esa tendencia ofrece la oportunidad de transformar la economía de la región mediante la agroindustria con el fin de generar empleo, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza”, explicó.

La doble carga de la malnutrición

Al ser consultado sobre “la doble carga de la malnutrición” en Medio Oriente y el norte de África, ya sea por exceso o por falta de alimentos, Breisinger observó que prevalece en países de medianos ingresos, y en especial de esa región.

“Egipto presenta ejemplos relativamente más pronunciados de doble carga por malnutrición que otros países en desarrollo. Por ejemplo, casi uno de cada tres niños egipcios menores de cinco años tiene una desnutrición crónica, mientras que 78 por ciento de las mujeres casadas no embarazadas, de entre 15 y 49 años, tienen sobrepeso”, explicó.

El investigador opina que la atención de esos problemas, mediante reformas a las actuales políticas y programas, constituye un aporte fundamental al mejoramiento del desarrollo económico y social.

Reformas a la red de seguridad económica y social en Egipto

Egipto arrastra desde hace décadas muchos de los actuales problemas económicos.

“Para hacer frente a esos problemas de larga data, como el lento avance de la diversificación económica y un persistente y alto grado de desempleo y pobreza, Egipto emprendió hace poco un proceso histórico de reformas económicas”, indicó Breisinger.

Muchas reformas vieron la luz en 2016, como la imposición de un impuesto al valor agregado (en agosto), la flotación de la libra egipcia (en noviembre) y más reducciones en los subsidios a la energía (también en noviembre, tras la eliminación parcial de la prestación en 2014), detalló.

El gobierno egipcio estima que la población crece 2,4 por ciento, el doble del promedio de otros países en desarrollo. La mayor parte de ese crecimiento se concentra en las ciudades, y se pronostica que el área metropolitana de El Cairo tendrá medio millón más de personas para fines de este año, más que cualquier otra ciudad del mundo.

Además, los conflictos armados y la sequía que caracterizan a la región exacerban los problemas que acarrean el gran incremento de población y la urbanización, al sumar personas refugiadas y desplazadas a algunas de las poblaciones más vulnerables, señala el informe.

El IFPRI se creó en 1975 para identificar y analizar estrategias y políticas nacionales e internacionales para cubrir las necesidades alimentarias del mundo en desarrollo, con un énfasis particular en los países de bajos ingresos y de los grupos más pobres.

El instituto es miembro del CGIAR, una asociación mundial dedicada a la investigación agrícola para el desarrollo.

Traducido por Verónica Firme