Águeda Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 7 2017 (IPS)

La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.

Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su humilde casa a medio construir.

Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados, gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la provincia central de Villa Clara.

Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de edad.

Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones de habitantes.

Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en 2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el derecho familiar cubano a la tendencia mundial.

“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65 años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y cuidado luego de la separación.

“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil. Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y salas de familia, en las provincias.

Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela, que lo recibe con caricias y besos.

“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los trámites para el caso”, recordó Vidal.

“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la madre del niño”, recordó la abuela.

La jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150 jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.

Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las familias cubanas.

“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.

Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta tradicional de los jueces”, detalló.

El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el Tribunal Supremo Popular (TSP).

Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de alimentos”, explicó Rodríguez.

En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de adopción, 747 tutelas y  1.878 matrimonios formalizados.

“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.

Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba. Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”, especificó.

Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales.

La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.

Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.

También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos, entre otros.

“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con sede en La Habana Vieja.

“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35  de carrera profesional.

A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba, que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.

Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se prefieren para la escucha de menores.

Editado por Estrella Gutiérrez

Suman Adhikari, hijo de Muktinath Adhikari, un director de escuela asesinado por los rebeldes maoístas durante la guerra civil de Nepal. Crédito: Renu Kshetry/IPS.

Por Marty Logan
KATMANDÚ, Jul 3 2017 (IPS)

“La reconstrucción y la reconciliación requieren fondos y una estructura física, pero las familias de las víctimas del conflicto de Nepal, antes que nada, necesitan ver su integridad protegida”, escribió Suman Adhikari hace casi 11 años, durante un cese del fuego en medio de enfrentamientos con los rebeldes maoístas.

“Las indemnizaciones físicas y económicas significan poco sin justicia”, subrayó.

El conflicto, que duró una década y terminó a fines de 2006, se cobró la vida de 17.000 personas, incluido el padre de Adhikari, maestro y director en el distrito de Lamjung.“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustradas y sufren traumas psicológicos”: Suman Adhikari.

Él y sus colegas se negaron en enero de 2002 a entregar 25 por ciento de sus salarios cumplir al grupo insurgente. Y 10 días después, combatientes maoístas lo sacaron de la clase y lo arrastraron con los pies y las manos atadas hasta el bosque, donde lo apuñalaron en el estómago y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol.

Poco después, Suman regresó a Katmandú, donde comenzó a tener contacto con otras víctimas del conflicto sobre sus propias experiencias traumáticas. También se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos y crearon una organización y elaboraron una serie de demandas que hicieron llegar a las autoridades, lo que dio lugar al Acuerdo Integral de Paz.

En la actualidad, como presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, Suman se encuentra reclamando muchas de las mismas demandas de antes.

Uno de los principales reclamos es que el gobierno otorgue una indemnización a las víctimas basada en sus necesidades.

El Estado le pagó a la mayoría 500.000 rupias (unos 4.834 dólares) como asistencia al final del conflicto, pero Adhikari arguye que un pago único no puede reemplazar a muchos de los proveedores fallecidos. Muchas personas tienen problemas para conseguir trabajo para vivir y pagar los gastos de educación.

“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustrados y sufren traumas psicológicos”, apuntó.

La sociedad funciona, por ejemplo, con la asunción en la última semana de junio del que fuera tres veces primer ministro durante el conflicto, reemplazando al líder maoísta Prachanda, pero las víctimas siguen olvidadas, observó Suman.

“Todavía no han tenido la oportunidad de hablar como corresponde de su dolor, desde el corazón”, explicó.

Suman Adhikari, presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto de Nepal, muestra una fotografía de su padre asesinado en 2002. Crédito: Marty Logan/IPS.

Las víctimas tienen diferentes reclamos en lo que respecta a la “verdad”, reveló un estudio realizado por la oficina del Centro Internacional para una Justicia Transicional (ICTJ, en inglés) y el grupo de estudio Martin Chautari que, en base a entrevistas, señala que muchas personas necesitan un cierre y poner fin a sus pérdidas ambiguas.

“Nuestra gente regresara hoy o mañana. Miramos los caminos”, dijo una mujer en Bardiya, el distrito con el mayor número de desaparecidos durante el conflicto.

El deseo de reconocimiento también es muy común, apuntó Aileen Thomson, directora de ICTJ Nepal, en diálogo con IPS.

“Creen que las violaciones ocurrieron porque formaban parte de ciertas comunidades; muchas veces, las violaciones perpetradas por el Estado obedecieron a su supuesta vinculación con los maoístas, que en realidad tenía más que ver con su identidad, comunidad y lugar de residencia”, explicó.

Los sobrevivientes quieren que la sociedad sepa que sus familiares fueron víctimas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado, precisa el informe.

Así como las demandas de las víctimas son diversas, la sociedad civil también tiene distintas ideas sobre qué debe lograr la justicia de transición, indicó Mandira Sharma, una de las fundadoras del no gubernamental Advocacy Forum, que presentó varias demandas en la justicia relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto.

Pero los debates teóricos se archivaron cuando se hizo evidente que los líderes de ambas partes enfrentadas aspiraban a que el proceso les permitiera eludir su procesamiento, añadió Sharma, quien actualmente realiza un doctorado sobre derechos humanos.

“Nos reunimos entonces con el primer ministro Girona Prasad Koirala y se mostró muy abierto y honesto. Y nos dijo: ‘Mira, el ejército me planteó sus preocupaciones, los maoístas me plantearon las suyas y les aseguré que no les pasaría nada. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo y debemos olvidar lo que pasó’”, relató.

Pero Forum Advocacy y otras organizaciones siguen presentando casos ante la justicia. Después de que las víctimas recibieron su indemnización, “podríamos haber cerrado el capítulo obligándolas a quedarse tranquilas, pero habría sido temporal. El profundo sentimiento de injusticia hubiera permanecido”, añadió Sharma.

“Eso hicimos en el pasado (utilizando comisiones tras los primeros logros políticos, como el retorno a la democracia en Nepal en 1990). Pero no ayudó a curar, no ayudó a mejorar el sistema de justicia, a corregir la sensación de que algunas personas están por encima de la ley. Y ese es un profundo sentimiento de injusticia en nuestro sistema. Consideramos que es algo que debíamos enmendar”, explicó.

Pero en la actualidad, la justicia de transición aparece casi como paralizada. El gobierno creó comisiones de verdad y desapariciones en 2014, pero la legislación recibió graves críticas en varios frentes. Luego la Corte Suprema emitió una disposición de amnistía por graves violaciones de derechos humanos.

El abogado de derechos humanos Raju Chapagain señaló que es necesario reformar las leyes que rigen esos ámbitos, pero la comisión por la verdad podría avanzar hacia una justicia transicional, lo que también ayudaría a reducir el fuerte escepticismo que genera su propio trabajo.

“Nada les impide realizar averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos. Las comisiones tienen potestades equivalentes a los tribunales y adecuadas en términos de investigación”, precisó.

Al actuar, la comisión sortearía la “brecha de credibilidad”, arguyó Chapagain, pero hasta ahora no lo ha hecho, en parte porque no ha contactado a las víctimas.

La comisión de la verdad abrió sus oficinas en Pokhara, al oeste de Katmandú, esta primera semana de julio, uno de los siete centros regionales, pero Adhikari critica que se sigue negando a acercarse a las víctimas.

“Las comisiones no son buenas, las designaciones son políticas, los comisionados son nuevos en esto: deberían por lo menos tener ganas de aprender y de colaborar, pero no nos escuchan”, se lamentó.

Traducido por Verónica Firme

Las protestas contra la corrupción han perdido han su carácter multitudinario en Brasil y como sucedió con esta realizada en la ciudad de São Paulo el 24 de mayo, en demanda de la salida del presidente Michel Temer del poder. Crédito: Paulo Pinto/AGPT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 23 2017 (IPS)

Ahora que los escándalos de corrupción se hicieron más contundentes y con una secuencia más acelerada, afectando directamente el gobierno, sorprende el silencio de las calles en contraste con las masivas protestas de los dos últimos años en Brasil.

“Antes yo sentía irritación, ahora indiferencia, cansancio y descreimiento, ante los hilos de corrupción que nunca terminan”, confesó Paulo Costa, un funcionario público jubilado en la sureña metrópoli de São Paulo, en un sentimiento compartido por otros ciudadanos consultados por IPS.

Su evolución refleja al parecer la reacción de amplios sectores del país, tres años después del inicio de la oleada de crecientes revelaciones sobre como empresas conquistaban grandes negocios y beneficios oficiales, sobornando el sistema político.

“Es la sensación de que no hay remedio, hay mucha desesperanza e ira, las personas ya no le creen a la Justicia”, observó Mireya Valencia entre sus amigos y colegas, especialmente en la Universidad de Brasilia, donde es profesora de desarrollo rural.

Su sentimiento personal es de “mucha indignación y la convicción de que la crisis política, moral e institucional brasileña solo podrá superarse a mediano plazo”, resumió.

Está en juego nada menos que la presidencia de Brasil, 13 meses después que la mandataria Dilma Rousseff fuese separada del poder para responder a un proceso de inhabilitación ante el Senado, que la destituyó definitivamente el 31 de agosto de 2016.

Michel Temer, su sucesor como vicepresidente elegido en octubre de 2014, está en vías de ser enjuiciado en el Supremo Tribunal Federal bajo acusación de corrupción pasiva, basada en denuncias de Joesley Batista, propietario de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, y otras grandes empresas.

Batista grabó una conversación más que comprometedora con el presidente en marzo y lo acusa de comandar “la organización criminal más peligrosa de Brasil”.

Un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares al cambio actual) semanales durante 20 años empezó a ser pagado a esa alegada organización delictiva, según el empresario, para asegurar gas natural a precios reducidos a una central termoeléctrica de su grupo empresarial.

El primer pago, a fines de abril, se hizo a un exasesor del presidente, el diputado suplente Rodrigo Loures, en un encuentro filmado por la Policía Federal. Loures está detenido desde el 3 de junio y bajo investigación junto con Temer, quien ha rechazado renunciar.

Aecio Neves, acusado de recibir sobornos por el equivalente a 605.000 millones de dólares, por lo que puso a su Partido de la Socialdemocracia Brasileña en el centro de los escándalos de corrupción, como ha ido ocurriendo con los otros principales partidos del país. Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Convivir con un primer mandatario sin la dignidad del cargo y reconocer la carencia de líderes idóneos para sustituirlo están dañando el alma de los brasileños, como lo hacen algunas derrotas históricas del equipo nacional de fútbol.

“Tristeza”, resumió Maria Luiza Rossoni, jubilada como profesora de enseñanza básica, cuyos “restos de esperanza en el Partido de la Socialdemocracia se evaporaron”, al terminar de comprobar que son “todos corruptos y bellacos”.

“Mi esperanza es que el pueblo vote mejor en las próximas elecciones”, después de “la clase de política” que representaron las investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general), revelando como operan ilegalmente los políticos actuales, destacó.

“Un mixto de indignación y frustración” agobia, “en esa crisis anunciada”, al periodista Carlos Muller, director de Comunicación de la Asociación Nacional de Diarios, con sede en Brasilia.

Las reacciones tienen sesgos partidarios, con una tendencia a culpar adversarios por la corrupción o atribuir denuncias a conspiraciones políticas, constató.

Es poco probable que ocurran movilizaciones masivas contra la corrupción sistémica, en parte obstaculizadas por las opciones partidistas o ideológicas de cada uno, que se supeditan a cuestiones morales.

“Las personas están atónitas ante la cantidad de denuncias y la dificultad de identificar el mejor camino, pautas que puedan abrazar”, sostuvo Adelaide de Oliveira, coordinadora Nacional de Ciudades del movimiento “Vem pra Rua (Ven a la calle)”.

Así justificó ella la ausencia actual de movilizaciones en las calles. Su movimiento es acusado de no tener hacia el gobierno conservador presidido por Temer la misma actitud de cuando se trataba de derrocar a Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Vem pra Rua y otros grupos movilizaron millones de personas en manifestaciones que impulsaron el proceso de inhabilitación de la ex presidenta. “Fueron 6,4 millones de personas en las calles de todo Brasil el 13 de marzo de 2016”, dijo Oliveira a IPS. La policía y la los medios de comunicación divulgaron estimaciones muy inferiores.

“En 2016 rechazamos el gobierno del PT por su desastre económico y la corrupción”, en un momento que las investigaciones destacaban ese partido en la desviación de recursos del estatal consorcio petrolero Petrobras, recordó.

Pero el movimiento es suprapartidario y pregona “un combate sistemático a cualquier corrupción, por el fin de la impunidad”, afirmó. Renovación política es otro objetivo, realzado ahora por la falta de alternativas visibles si cae Temer. “Necesitamos gente nueva en la política”, sentenció.

Pasada la perplejidad, “la gente volverá a las calles” en nuevas protestas multitudinarias, aseguró Oliveira, quien argumentó que ya hubo pequeños actos en marzo y que su movimiento cuenta con 5.000 activistas en 300 ciudades de Brasil e incorporó las redes sociales de Internet para la movilización.

Pero las perspectivas brasileñas son de incertidumbres y riesgos de deterioro político y social, evaluó Fernando Lattman-Weltmann, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

“¿Quién conseguiría gobernar Brasil en el ambiente actual, en que la agenda política es policial?”, se preguntó, destacando la falta de gobernabilidad, dificultades de constituir una mayoría parlamentaria y la reñida lucha por el poder, sumándose el combate a la corrupción convertido en “cacería a las brujas”.

Con “las instituciones en harapos” e inestables, el Poder Judicial se politizó e interfiere en todo, rompiendo el equilibrio de poderes. “No hay un debate efectivo sobre alternativas políticas para el país”, lamentó.

La crisis política, “sin salida en el horizonte”, puede conducir Brasil a dos rumbos, la “argentinización” y la “colombianización”, opinó el académico a IPS.

El primer caso consistiría en “una decadencia durante décadas, con estancamiento económico y radicalización política”, con algo similar al antagonismo entre “peronistas y antiperonistas, en que los dos lados se sabotean mutuamente”, explicó.

Con cerca de 60.000 homicidios al año, “cifras de guerra civil”, el Estado en crisis incapaz de promover un mínimo de seguridad pública y las políticas actuales que tienden a ampliar la pobreza y la desigualdad, “la violencia se agravará en Brasil”, acercándose al nivel de “Colombia dominada por el narcotráfico”, según Lattman-Weltman.

“Son contextos distintos, la violencia en Brasil es de la delincuencia en reductos con disputa de sus dominios por el tráfico de drogas u otro tipo de criminalidad, pero no vinculados a supuestos reclamos políticos como en Colombia”, matizó Mireya Valencia, de origen colombiano y quien reside en Brasilia hace décadas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Usuarios de drogas intravenosas en Pakistán. Crédito: Fahim Siddiqi / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 23 2017 (IPS)

Los opiáceos se encuentran entre las drogas más devastadoras y están provocando una crisis mundial de proporciones epidémicas, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En su último Informe Mundial sobre Drogas, la UNODC concluye que existen tendencias preocupantes sobre el consumo de estupefacientes.El consumo de opiáceos “es una epidemia realmente dramática": Gilberto Gerra.

En 2015 se calculaba que aproximadamente 250 millones de personas había consumido drogas al menos una vez. De estas, casi 30 millones padecieron desórdenes en el consumo, incluida la dependencia. La UNODC concluyó que los opiáceos son el tipo de droga más dañino, ya que a ellas se debe 70 por ciento de las consecuencias negativas para la salud derivadas de los trastornos en su uso, y su producción es cada vez mayor.

El consumo de opiáceos “es una epidemia realmente dramática… en función de la carga que provocan las enfermedades están en la cima de la escala”, aseguró Gilberto Gerra, director de la División de Prevención de Drogas y Salud de la UNODC, en diálogo con IPS.

El consumo de opiáceos – como la heroína, la morfina y el fentanilo – aumenta los riesgos de contraer enfermedades, como el virus de inmunodeficiencia humana o la hepatitis C a través de prácticas inseguras de inyección, así como sobredosis y muerte.

En todo el mundo se producen un mínimo estimado de 190.000 muertes prematuras relacionadas con las drogas, en su mayoría evitables. Una gran proporción de esos decesos se atribuye a los opiáceos.

Aunque afecta a muchos países, la crisis es particularmente grave en Estados Unidos. Sobre todo debido a los opiáceos, aproximadamente 25 por ciento de las muertes relacionadas con las drogas en todo el mundo se producen en ese país.

Las muertes por sobredosis en territorio estadounidense pasaron de casi 17.000 a más de 52.000 anualmente entre 1999 y 2015, y aumentaron 11 por ciento en el último año, alcanzando el mayor nivel de la historia.

De hecho, más estadounidenses murieron por el uso indebido de opiáceos en 2016 que en la totalidad de la guerra de Vietnam, explicó Gerra.

En el oriental estado de Maryland, las muertes relacionadas con los opiáceos se cuadruplicaron desde 2010. Las muertes por fentanilo se multiplicaron por 38 en la última década. El gobernador Larry Hogan declaró el estado de emergencia por ese motivo.

“Tenemos que tratar esta crisis de la misma manera que tratamos cualquier otra emergencia estatal… todos tenemos que poner manos a la obra para que juntos podamos salvar las vidas de miles de habitantes de Maryland”, exhortó.

Aunque algunos estados comenzaron a restringir el acceso a los opiáceos farmacéuticos, incluido un proyecto de ley de Florida que limitaría las recetas de analgésicos a un suministro máximo de cinco días, Gerra subrayó la importancia de centrarse no solo en la oferta, sino también en la demanda.

“Si hay tanta gente que consume medicación con opiáceos, incluidos los… legales de la farmacia, cuando limiten los medicamentos… empezarán a recurrir a cosas como la heroína”, advirtió.

El consumo de heroína creció considerablemente en Estados Unidos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren que está relacionado con el abuso de opiáceos con receta.

“Hace falta mucha reflexión sobre este tema en América del Norte”, observó Gerra.

Sin embargo, los cambios que discute el Congreso legislativo estadounidense a la asistencia sanitaria en ese país pueden afectar el acceso al tratamiento.

El actual proyecto de ley de salud propone recortes a la ampliación de Medicaid, el seguro médico que utilizan muchos de los estados más afectados por la epidemia de opiáceos para el pago de medicamentos, terapia y otros servicios.

Defensores de la salud criticaron los recortes propuestos durante la primera reunión de la Comisión Presidencial de Lucha contra la Toxicomanía y la Crisis de Opiáceos, encargada de encontrar soluciones para la epidemia.

“Si hacemos que la gente tenga más dificultades para conseguir cobertura de atención médica, la crisis solo va a empeorar”, sostuvo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Algo similar sucede en el resto del mundo, ya que la disponibilidad y el acceso al tratamiento de los trastornos por consumo de drogas siguen siendo limitados. Menos de una de cada seis personas en esta situación reciben tratamiento cada año, según la UNODC.

Gerra resaltó la importancia del tratamiento, y apuntó a la necesidad de intervenciones personalizadas y una estrecha supervisión de médicos o terapeutas para evitar el uso indebido de los opiáceos.

También añadió que las personas que consumen drogas con fines personales no deben ser penalizadas, ya que eso evita que busquen tratamiento por miedo al castigo.

Aunque las políticas contra las drogas han sido diversas y, en algunos casos, polémicas, los países en la sesión de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas acordaron por unanimidad en 2016 adoptar un enfoque centrado en las personas, que considera el problema como un trastorno de salud y no penal o moral.

“No podemos responder a las personas atrapadas por las drogas con un enfoque punitivo. Tenemos que decirles que estamos aquí, que somos conscientes de su condición y comportamiento… de que están en problemas, por favor vengan y haremos lo que podamos para ayudarles a ustedes y a su familia a superar este problema de una manera humana y basada en los derechos humanos y la ciencia”, subrayó Gerra.

Gerra pidió continuidad en la atención para que los consumidores de drogas como la heroína se mantengan a salvo con programas de intercambio de jeringas y para brindar un tratamiento a largo plazo que sea accesible y asequible.

“Nadie debe quedar afuera en la prestación de las intervenciones de prevención y tratamiento”, destacó la UNODC en su informe.

Para Gerra, la prevención es, por lejos, la intervención más rentable a largo plazo, pero las estrategias deben basarse en la ciencia para ser eficaces.

Traducido por Álvaro Queiruga

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de Argentina, Adrián Pérez (segundo a la derecha), durante la primera reunión en la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de la ley de Gestión de Intereses, el 30 de mayo. Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES , Jun 16 2017 (IPS)

Cuando en Argentina se hacen encuestas acerca de la percepción social de la realidad, la corrupción suele estar entre las principales preocupaciones. En ciertas ocasiones, incluso, por encima de la pobreza, la inseguridad o la inflación.

La desconfianza no es exclusivamente hacia las prácticas de quienes tienen responsabilidades en el Estado, sino también de los actores del poder del ámbito privado, los llamados grupos de presión.

Este mes se dio a conocer una encuesta realizada en Brasil, Colombia, México y Argentina, que reveló que en este país solo 41 por ciento de los entrevistados tiene una buena imagen de las empresas, mientras que la aprobación supera 50 por ciento en los otros tres casos.

En ese contexto, el legislativo Congreso de la Nación comenzó a discutir un proyecto ley de Gestión de Intereses, que popularmente se conoce ya como ley del lobby, una materia que nunca ha estado regulada en ese país sudamericano de casi 43 millones de personas.

Esa definición engloba, según el texto, a “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de funcionarios, a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.

La iniciativa se discutió el año pasado en el ámbito de la gubernamental Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, dependiente del Ministerio del Interior, en reuniones amplias, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias y de profesionales de las relaciones públicas.

Con esos aportes, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto que fue enviado el 20 de abril a la Cámara de Diputados, que lo debatió por primera vez el 30 de mayo en reunión conjunta de dos comisiones.

Las normas vinculadas con la lucha contra la corrupción en Argentina tienen una historia poco feliz.

La más célebre de ellas es la llamada Ley de Ética Pública, que el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) propició cuando estaba a punto de dejar el gobierno y era acosado por denuncias de corrupción. Aprobada por el Congreso en septiembre de 1999, Menem la promulgó el 26 de octubre, apenas un mes y medio antes de dejar su puesto a Fernando de la Rúa.

Esa ley ordenó  la creación una comisión con representantes de todos los poderes del Estado, que debía asegurar que los funcionarios cumplieran las reglas de contrataciones públicas y de recepción de regalos, entre otras, y que presentaran periódicamente declaraciones juradas de bienes, para asegurar que el crecimiento de su patrimonio se correspondiera con sus ingresos.

Sin embargo, esa comisión jamás funcionó, hasta que en 2013 el Congreso decretó la eliminó del papel legal.

“Esto es una novedad para la Argentina, así que el objetivo es ir de menos a más. No queremos generar una reglamentación estricta al comienzo. Por eso creamos un registro para los funcionarios, en el que deberán dar cuenta de las audiencias de gestión de intereses que mantengan. Pero no está previsto un registro de los actores del sector privado”, explicó a IPS el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.

“Entendemos que el registro de lobbistas sirve cuando la actividad se realiza a través de un tercero. Pero esa no es la modalidad argentina. Queremos promover transparencia, sin que se pierda la accesibilidad. Si un productor agropecuario, por ejemplo, quiere visitar a un diputado para plantearle las necesidades del sector, no se le puede pedir que se anote en un registro de lobbistas. No queremos crear burocracia”, agregó.

En realidad, los funcionarios del Poder Ejecutivo ya tienen formalmente la obligación de registrar las audiencias de gestión de intereses que concedan.  Así lo estableció en 2003 un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), cuyos fundamentos hablaban de “la necesidad de mejorar la calidad de la democracia”.

Sin embargo, fue cayendo en general desuso ante el desinterés en la cuestión del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), según aseguran los críticos a su gestión.

Por su lado, la administración del actual presidente, Mauricio Macri, creó una plataforma en Internet para el registro de audiencias y asegura que el nivel de cumplimiento está cerca de 60 por ciento.

La principal novedad del proyecto en discusión es que la obligación de registrar las gestiones de intereses alcanza también a los funcionarios del Poder Legislativo y del Judicial y a un amplio espectro que incluye desde los rectores de universidades públicas hasta los embajadores, aunque cumplan servicios en el exterior.

Otros puntos salientes son que se establece el principio de igualdad de trato a todos los solicitantes de audiencias sobre una misma materia y que el cumplimiento de la ley será controlado por organismos con autonomía funcional dentro de cada poder del Estado.

“Es claro el reclamo de la sociedad argentina de que se transparente la relación entre el Estado y los privados. Pero creemos que no basta con que se registre cada audiencia de gestión de intereses; también sería necesario que sea obligatoria la publicación del resultado de la reunión, para que se puede saber qué pasó”, planteó a IPS el abogado Germán Emanuele, director de Transparencia de Poder Ciudadano, una de las organizaciones de la sociedad civil que participó en la discusión previa al proyecto.

Durante ese proceso también tomaron parte integrantes del Consejo para la Transparencia de Chile, organismo que fue creado en 2008 en el país vecino con la misión de garantizar el acceso a la información pública por parte de los particulares.

Argentina también ha ido por detrás de la mayoría de los países de la región en cuanto al derecho de acceso a la información pública, porque solo el año pasado sancionó una ley que lo resguarda en el orden nacional, que ni siquiera ha entrado en vigencia todavía.

“La creación o no creación de un registro de lobbistas es un temas espinoso. Sería bueno que se creara, pero si eso sucediera seguramente habría gestores de intereses que seguirían actuando por fuera del registro”, opinó Ignacio Viale, presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina, que reúne a 650 entidades del sector.

“Soy de los que piensa que no deberíamos ir hacia un sistema exageradamente restrictivo, porque en ese caso muchos van a seguir andando por la banquina (borde de la acera). Estoy a favor de una ley que traiga transparencia, pero no se debe copiar ningún modelo sino diseñarla según la modalidad argentina”, dijo a IPS.

El gobierno también abrió el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos este año para discutir una reforma al régimen de financiación de esas organizaciones políticas, muy cuestionado especialmente por su informalidad y porque no permite a la sociedad acceder a información confiable sobre la materia.

Sin embargo, el propio secretario de Asuntos Políticos e Institucionales reconoció a IPS que es prácticamente imposible que se realicen cambios en este tema este año, debido a que en octubre están previstas elecciones legislativas que son cruciales tanto para la alianza gobernante como para la oposición.

Editado por Estrella Gutiérrez

Los 8.000 folios del expediente sobre las irregularidades en la campaña electoral de 2014, elaborado por el relator Herman Benjamin, con pruebas “oceánicas”, según él, no sirvieron para la cond

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 11 2017 (IPS)

Fue una tragedia de errores, o de cinismo, que le resta credibilidad a la Justicia en Brasil. El Tribunal Superior Electoral (TSE) absolvió al presidente Michel Temer de corrupción electoral, en nombre de una estabilidad política invisible.

“Cuidamos el mandato, la soberanía popular” del voto, justificó Gilmar Mendes, presidente del TSE en su voto decisivo para asegurar una prorroga a la presidencia de Temer, al concluir el juicio que se celebró entre el  6 y el 9 de junio para parir una sentencia ya esperada, pero ampliamente rechazada.

“No se sustituye un presidente de la República a toda hora”, arguyó contra la inestabilidad histórica que vivió el país en las últimas décadas. Solo “situaciones inequívocas” justifican impugnar gobernantes elegidos y las pruebas sobre ilegalidades “no son suficientes” hacerlo ahora, sostuvo en su voto.

Tenía opiniones opuestas sobre la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), destituida en agosto de 2016, tras un turbulento proceso parlamentario que la sustituyó por Michel Temer, elegido vicepresidente en la fórmula que triunfó en las elecciones de octubre de 2014.

“Por primera vez en la historia un tribunal absolverá los reos por exceso de pruebas”, ironizó Jorge Bastos Moreno, veterano columnista del diario O Globo, atribuyendo el comentario a alguien no identificado que acompañaba el histórico juicio, antes de su dividido desenlace de cuatro votos contra tres.

Pareció un juego de cartas marcadas, ya se sabía desde antes que cuatro de los siete jueces no considerarían las pruebas que presentó el relator del proceso, Herman Benjamin. Son pruebas “oceánicas”, según él, al resumir su informe de 8.000 folios y votar por la condena.

El proceso buscaba anular las últimas elecciones presidenciales por “abuso del poder económico y político” de la fórmula vencedora. Lo demandó el partido del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), encabezado por el candidato derrotado, Aecio Neves.

El disparo apuntaba a Rousseff, pero con su destitución, terminó por herir a Temer y dejar cicatrices indelebles en la Justicia Electoral, en lo que sería una comedia de errores, no fuese la dramática situación de Brasil.

La demanda fue descartada por su primera relatora en el TSE, Maria Thereza Moura, en febrero de 2015, alegando insuficiencia de pruebas.

Pero el Tribunal decidió reabrir el proceso en octubre de 2015, por cinco votos contra dos. Se destacó el voto favorable de Gilmar Mendes que siete meses después asumiría la presidencia del TSE, lo que le permitió conducir este “juicio histórico”.

Arguyó que hechos nuevos, descubiertos por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos) que desnudó la corrupción sistémica en la política brasileña, deberían ser incluidos en el proceso, “en busca de la verdad de los hechos”.

Sus palabras de entonces fueron repetidamente recordadas ahora por el relator Benjamin, en un intento de cambiar su voto o destacar su contradicción. Esa táctica irritó a Mendes, forzándolo en su voto final a afirmar que “no tengo problemas en cambiar de opinión y lo hago con sinceridad”.

Pero son conocidas sus posiciones favorables a Temer, “un amigo de más de 30 años”, como admitió en otras ocasiones, y de sectores políticos conservadores.

Admitió en 2015 que nuevas investigaciones y pruebas sobre corrupción deberían hacer parte del proceso de impugnación. En aquel entonces estaban Rousseff y su izquierdista Partido de los Trabajadores en el poder.

Ahora que el blanco principal es el presidente Temer, Mendes descartó “nuevos hechos” en su voto. Es imposible evitar la conclusión generalizada de que su cambio de opinión se deba al nuevo titular en la presidencia de Brasil.

Mendes acompañó los argumentos de otros tres jueces, dos de ellos recién nombrados por Temer, de que el juicio electoral debe limitarse al objeto y evidencias presentadas en la demanda inicial.

Eso comprende el plazo fijado por el artículo 14 de la Constitución, de 15 días después de entregado el diploma a los electos, para acciones de impugnación por “abuso del poder económico, corrupción o fraude”.

En esa disposición se agarraron los cuatro jueces para “preservar el mandato de quien triunfó en las elecciones” contra “extrapolaciones” de la acción, aunque reconociendo las ilegalidades y la corrupción que se adueñaron del sistema electoral y político del país.

Hubo infracciones “extremadamente graves” pero que deben ser investigados y juzgadas por la vía criminal, no en la Justicia Electoral que debe “tener prudencia para no invalidar la decisión popular”, según el juez Napoleão Maia.

Los magistrados absolvedores descartaron como “hechos sin relación con la demanda inicial”, los testimonios de empresarios que revelaron sobornos en negocios petroleros y en elecciones, así como los publicitas João Santana y Mônica Moura, que condujeron la campaña electoral de Rousseff y Temer en 2014 y están colaborando con la Justicia.

Es decir, se juzgaron las posibles irregularidades en las elecciones, ignorando aportes de dos protagonistas del proceso, que confesaron haber recibido pagos ilegales, no declarados, desviados de contratos de la estatal petrolera e incluso depósitos en el exterior.

Benjamin destacó esas pruebas de abuso del poder económico, repitiendo que los investigó e que interrogó a esas personas porque así lo determinó el mismo TSE cuando fue nombrado relator, cumpliendo especialmente las orientaciones de Mendes.

El juez Luiz Fux fue el más contundente por la condena. “El TSE no es avestruz para meter la cabeza en el suelo e ignorar pruebas”, amonestó.

“No me sentiría cómodo usando un instrumento procesual para no encarar la realidad”, de “delitos gravísimos” reconocidos por todos y hartamente descritos por el relator Benjamin, dijo, con un llamado: “la hora del rescate es ahora”.

Otras maniobras se volvieron contra los hechiceros. El 4 de abril el tribunal decidió por unanimidad aplazar el juicio para nuevos testimonios, que al final fueron descartados. Es lo que permitió a Temer sustituir a dos jueces por otros que supuestamente le serian más favorables.

Sus votos se confirmaron, pero el juicio en este mes terminó por tener una repercusión más negativa para el oficialismo, con independencia del

Ello porque desde el 17 de mayo Temer enfrenta denuncias que lo dejan pendiente de una acusación penal que debe formalizar el Ministerio Público (fiscalía general) en las próximas semanas.

La absolución le asegura una prorroga a Temer en la presidencia, pero su inestabilidad en el poder se acentuó.

Una posible destitución de Temer por vía penal, será el próximo, penoso y largo desafío. Para enjuiciarlo, el Supremo Tribunal Federal, tras acoger la esperada acusación formal del Ministerio Público, tendrá que obtener autorización de la Cámara de Diputados.

Ello resulta improbable ahora, porque exige mayoría de dos tercios donde se concentra la fuerza política que sostiene a Temer. La posible deserción de aliados claves, como el PSDB, puede desatar un efecto manada similar al que derrocó a Rousseff en 2016, aunque el juicio podrá durar hasta seis meses.

Mientras, nuevas denuncias pueden acelerar la desestabilización.

Temer ni siquiera pudo celebrar el triunfo en el TSE. El día siguiente, 10 de junio, estalló otro escándalo. La revista Veja, de orientación derechista, divulgó que el gobierno ordenó a su Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espiar la vida de Edson Fachin, el magistrado del Supremo Tribunal responsable del caso Temer.

El objetivo sería debilitar las acciones anticorrupción que, además de Temer, involucran numerosos auxiliares directos del presidente, algunos de los cuales ya están detenidos y se disponen a colaborar con la Justicia, constituyendo otras amenazas a la estabilidad gubernamental que justificó el fallo del TSE.

Editado por Estrella Gutiérrez

Jóvenes con distintos carteles contra la violencia hacia las mujeres, durante la multitudinaria concentración bajo el lema “Ni una menos” del 3 de junio, en la capital de Argentina. Crédito: Ana Currarino/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 9 2017 (IPS)

En enero de 2008, Rosana Galliano fue asesinada a balazos por encargo en Exaltación de la Cruz, un municipio rural a 80 kilómetros de la capital de Argentina. Quien ordenó su muerte fue su exmarido, José Arce, condenado por la justicia  a prisión perpetua.

Nueve años después, Arce goza del beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud y vive con los  hijos de la pareja, dos varones que hoy tienen 13 y 12 años.

Organizaciones de mujeres sostienen que hay decenas de situaciones parecidas en Argentina, cuya sociedad se ha mostrado particularmente sensibilizada en los últimos años por casos de violencia de género. “En la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”: Mabel Bianco.

La respuesta fue salir a las calles: desde 2015, una extraordinaria movilización social que se mantiene hasta hoy ha instalado el tema en la agenda pública y ha obligado a los políticos a ocuparse del fenómeno de las altas cifras de feminicidios o femicidios, como se tipifica a los asesinatos de mujeres por razón de su género.

Así, el caso de los hijos de Rosana Galliano fue el principal disparador de una ley sancionada el 31 de mayo por el legislativo Congreso de la Nación, que priva de la responsabilidad parental a quien sea condenado como autor, instigador o cómplice del asesinato de de la madre/padre de sus hijos.

El mismo castigo se le aplica, dice la ley, al responsable de lesiones graves contra el otro progenitor o contra los hijos/hijas y de delitos sexuales contra estos últimos.

“Hemos recibido consultas por una cantidad de casos similares al de los hijos de Rosana Galliano, que no llegan a los medios de comunicación porque las familias de las mujeres asesinadas no quieren hacerlos públicos”, dijo Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización con sede en Buenos Aires que combate la violencia, el abuso y la discriminación hacia las mujeres.

“Nosotras presentamos en 2014 un proyecto orientado a privar a los femicidas de responsabilidad parental, se discutió junto otros siete similares y se alcanzó un consenso. Es una norma que seguramente va a ser copiada por otros países”, añadió en diálogo con IPS.

La Casa del Encuentro comenzó en 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, a recopilar la información publicada por los medios de comunicación sobre muertes violentas de mujeres por razones de género en este país sudamericano  con una población cercana a los 44 millones de personas.

Se trata de lo que, ese mismo año, fue definido como femicidio, durante una reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, el instrumento interamericano sancionado en 1994 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Manifestantes marchan por la Avenida de Mayo en Buenos Aires, detrás de una gran pancarta que reza “Estudiantes por ni una menos” durante una multitudinaria concentración contra la violencia machista en la capital argentina, el 3 de junio. Crédito: Ana Currarino/IPS

El Congreso argentino se puso en sintonía en 2012, cuando impuso la pena de reclusión perpetua a quien mate “a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Hasta entonces, un hecho de esas características encajaba dentro de la definición de homicidio simple, penado con un máximo de 25 años de prisión.

Sin embargo, esta novedad no sirvió para que disminuyera la violencia contra las mujeres en el país. Las estadísticas de la Casa del Encuentro demuestran que los femicidios se han mantenido medianamente estables en un muy alto nivel: 255 en 2012, 295 en 2013, 277 en 2014, 286 en 2015 y 290 el año pasado.

Entre los cientos de casos, hubo uno que alteró por completo la vida de una comunidad del interior del país y terminó por sacudir al país. Chiara Páez, una adolescente de 14 años, desapareció un domingo de mayo de 2015 en Rufino, provincia de Santa Fe.

Buena parte de los 20.000 habitantes de la localidad salieron a buscarla, pero finalmente la policía la encontró enterrada en la casa de los abuelos de su novio, un chico de 16 años que confesó que la había matado a golpes. La autopsia reveló que Chiara estaba embarazada y que había tomado una medicación para abortar.

Unos días más tarde, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país para exigir un freno a la violencia machista. “Ni una menos” fue la consigna ideada por un grupo de activistas feministas y periodistas, que  buena parte de la sociedad argentina hizo suya de inmediato.

Desde entonces, la marcha de “Ni una menos” se realiza anualmente, con convocatorias multitudinarias y su última edición fue el 3 de junio. Mujeres y hombres coparon la emblemática Avenida de Mayo –que une el Congreso Nacional y la Casa de Gobierno, en Buenos Aires- y una de las oradoras centrales fue Nora Cortiñas, prestigiosa dirigente de la organización humanitaria de Madres de Plaza de Mayo.

En el documento de la movilización se advirtió que muchas mujeres son asesinadas a pesar de haber denunciado ser víctimas de violencia y se señaló que, por eso, “el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida”.

“Ni una menos”, el lema que los y las manifestantes enarbolaron por Buenos Aires durante la concentración contra la violencia de género, el 3 de junio de este año. Crédito: Ana Currarino/IPS

Además, se reclamó el cese de la discriminación a las mujeres en el ámbito laboral y se exigió la despenalización del aborto, de manera que éste sea “libre, legal, seguro y gratuito”.

“La violencia contra las mujeres no va a disminuir rápidamente porque está vinculada principalmente a factores culturales muy marcados en la sociedad, como el mayor valor del hombre en todos los ámbitos”, dijo a IPS la médica Mabel Bianco, presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.  

“Además aún falta las respuestas gubernamentales. Se debe diseñar un protocolo que unifique las conductas a seguir en todo el país ante las denuncias de violencia de género”, explicó.

Actualmente, detalló la especialista, “en la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”.

Entre los resultados de la movilización social se incluye que, en 2015, finalmente el Estado comenzó a realizar estadísticas de femicidios. Están a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a fines de mayo presentó sus números correspondientes a 2016: fueron asesinadas por razones de género 254 mujeres, 19 más que el año anterior.

En el informe de este año la Corte discriminó por primera vez entre “mujeres biológicamente femeninas” y travestis, un colectivo en el que se registraron cinco asesinatos por cuestiones de género el año pasado.

El Congreso, por su lado, no se quedó solo en la ley de responsabilidad parental. El mismo día en que esta fue aprobada, se le dio media sanción en el Senado a otras dos normas vinculadas con la violencia de género.

Una de ellas establece una ayuda económica estatal para las mujeres que, por falta de recursos, no puedan alejarse del agresor. La otra instrumenta un subsidio para las familias que críen a los niños cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios. Los dos proyectos deben ser debatidos ahora en la Cámara de Diputados para convertirse en leyes.

Editado por Estrella Gutiérrez

Se prevé que la asamblea legislativa de Nueva York aprobará un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Crédito: George Gao / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 9 2017 (IPS)

El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.

“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos."El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que padece una niña en República Centroafricana": Heather Barr.

Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.

El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40.000 menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.

La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.

Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.

“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.

“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.

El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan ​​antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.

Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.

Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.

“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.

Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.

“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.

En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.

“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.

En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.

En mayo, el congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.

El senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.

No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.

“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.

En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.

En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.

Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión.

“No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.

La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.

“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.

En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de derechos humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”.

“Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.

Según Niñas, No Novias, cada año 1,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá 1.200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.

Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Traducido por Álvaro Queiruga

La sala del Tribunal Superior Electoral, de siete magistrados, al comenzar el 6 de junio en Brasilia el juicio sobre la demanda de anulación de las elecciones presidenciales de octubre de 2014, por alegadas irregularidades en la fórmula ganadora, de Dilma Rousseff y Michel Temer. Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 8 2017 (IPS)

El juicio que puede desalojar a Michel Temer de la presidencia de Brasil, por delitos electorales, contrapone aliados y une enemigos en un proceso donde la justicia puede resultar la única condenada.

Iniciado el 6 de junio, el juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE) decidirá en cuatro días, si anula el triunfo de Dilma Rousseff (2011-2016) y Temer, candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, en los comicios de octubre de 2014.

Pero el desenlace deberá demorar algunos meses. Primero si uno de los siete jueces pide más tiempo para analizar mejor los autos. Luego porque Temer, si es condenado, podrá recurrir al mismo TSE y luego al Supremo Tribunal Federal (STF), la instancia constitucional máxima, para revisar la sentencia.

Temer ascendió a presidente en mayo de 2016, cuando Rousseff fue suspendida del cargo para responder al proceso de inhabilitación que la destituyó definitivamente el 31 de agosto.

Se convirtieron en enemigos, con la expresidenta, su Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados acusando de “golpista” al sucesor. Pero ahora vuelven a luchar juntos por una absolución.

“Lo que está en juicio parece ser la misma Justicia Electoral”, opinó Diogo Rais, profesor de derecho de la Universidad MacKenzie, en un artículo publicado en el diario Folha de São Paulo el 6 de junio.

Ello porque en este juicio se concentraron las expectativas de solución de la grave crisis política brasileña que está entorpeciendo a la economía, cuyos indicadores apuntaban a una tímida recuperación, tras dos años y medio de aguda recesión.

Golpeado por sucesivos escándalos, Temer enfrenta también una investigación penal en que es acusado de corrupción pasiva, obstrucción judicial y organización para delinquir, al mismo tiempo que casi todos sus asesores directos, incluyendo a sus ministros más allegados, ya están encarcelados o denunciados por los mismos delitos.

Descartada su renuncia de forma tajante por el mismo presidente, su destitución por el TSE seria el camino más rápido para mejorar la gobernabilidad del país. Un nuevo presidente sería elegido por el parlamento en el plazo de 30 días para concluir el período gubernamental hasta el último día de 2018.

Pero se trata de un proceso judicial, que no debe ser decidido por razones políticas o económicas, sino por las normas del Derecho, sentenció Rais.

“El TSE no es instrumento para solucionar una crisis política”, advirtió el presidente del Tribunal, Gilmar Mendes, una semana antes del juicio, en respuesta, esta vez, a presiones para la destitución de Temer.

Gilmar Mendes, presidente del Tribunal Superior Electoral y miembro del Supremo Tribunal Federal. Muy polémico por su ostensible amistad con el presidente Michel Temer, sus posiciones muy conservadoras y sus polémicas con otros magistrados. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Será incomprensible, para la población, que se absuelva la fórmula Rousseff-Temer, después que los escándalos, especialmente las revelaciones de grandes empresarios que decidieron colaborar con el Poder Judicial, desnudaron la preponderancia de la corrupción en todo el sistema político brasileño durante las últimas décadas.

Centenares de millones de dólares aportados a las campañas electorales, buena parte producto de sobornos por contratos o beneficios gubernamentales, cuentas en Suiza, compra de adhesiones partidistas a las coaliciones, componen un festival de dinero sucio e ilegalidades que aparentemente se ahondaron en las elecciones de 2014.

¿Para qué sirve la Justicia Electoral? será una pregunta inevitable en una opinión pública que acompaña las denuncias casi diarias apuntando a las disputas electorales como la principal fuente de corrupción política.

Otra ironía de la historia, además de la alianza forzada entre Temer y Rousseff, es que el juicio en el TSE responde a la demanda de un aliado clave para la sobrevivencia del actual presidente, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Aecio Neves, candidato derrotado y presidente del PSDB, cuestionó el resultado electoral, acusando ante el TSE a la fórmula Rousseff-Temer de abuso económico y de poder político durante la contienda. Su pedido, hecho en diciembre de 2014, se juzga solo ahora en el tribunal.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y el PSDB solo se aliaron a comienzos de 2016 para impulsar la destitución de Rousseff, desalojar al PT del poder al que había llegado en 2003, y componer el nuevo gobierno.

El PSDB, conocido por su ambigüedad, no desistió de la acción ante la Justicia Electoral. Pero trató de postergar un desenlace y argumentó a favor de la absolución de Temer y la condena de Rousseff, alegando que el candidato a vicepresidente tenía cuentas electorales separadas y no puede responder por irregularidades de la titular.

El aplazamiento también le salió por la culata. El juicio tiene lugar en el peor momento para Temer, después de las denuncias de Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, quien grabó en marzo un diálogo con el presidente en que hablan de sobornos y de trabas a las investigaciones judiciales contra ellos.

Además en este semestre el Ministerio Público (fiscalía) y el juez relator del proceso, Herman Benjamin, pudieron agregar nuevos testimonios y pruebas de que el dinero ilegal irrigó las campañas electorales de los acusados.

Herman Benjamin, otro magistrado clave como relator en el juicio en el Tribunal Superior Electoral contra la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer, por abuso del poder económico en la campaña electoral de 2014. Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Algunas semanas atrás las fuerzas gubernamentales consideraban segura una mayoría de por lo menos cuatro votos por la absolución. La situación ahora cambió.

Uno de los argumentos de la defensa, de que los aportes ilegales de la Constructora Odebrecht a la campaña electoral, recién conocidos, no pueden fortalecer la acusación, aparentemente cayó por tierra.

Legalmente los hechos nuevos no contemplados en la demanda inicial no pueden ser considerados. Pero el relator Benjamin comprobó que recursos de Odebrecht, provenientes de desviaciones de contratos con el grupo petrolero estatal Petrobras, sí están incluidos en los abusos mencionados por el demandante en diciembre de 2014.

Con independencia del desenlace en el TSE, la situación de Temer parece insostenible.

El 6 de junio fue detenido otro de sus auxiliares más allegados, el exdiputado Henrique Alves, también exministro de Turismo del actual gobierno, acusado de recibir 7,1 millones de reales (2,2 millones de dólares) de sobornos para la construcción de un estadio de fútbol para la Copa Mundial de 2014.

Tres días antes, tuvo el mismo destino su exasesor especial, Ricardo Loures, filmado cuando recibía 500.000 reales (155.000 dólares), denunciado por el empresario Batista como un pago a Temer, que se repetiría semanalmente por 20 años, en una retribución por la rebaja al precio del gas natural suministrado por Petrobras a una central termoeléctrica de su grupo.

Neves, su aliado y posible verdugo involuntario, tuvo su mandato de senador suspendido por el STF y es investigado por recibir sobornos del mismo Batista. La policía también filmó a su sobrino recibiendo dinero en efectivo.

La resistencia de Temer en el sillón presidencial se explica principalmente por la falta de repuesto. No apareció entre las fuerzas que dominan la política y la economía de Brasil un nombre capaz de aunar apoyos y conducir una transición hasta las previstas elecciones presidenciales de octubre de 2018.

La falta de líderes políticos con credibilidad para obtener algún consenso parece otro subproducto de la corrupción sistémica que dominó la política brasileña, como forma de mantención del poder en manos de viejos dirigentes partidarios, sofocando la renovación.

Editado por Estrella Gutiérrez

Las protestas sociales y sindicales se han sido casi diarias en Brasil, como esta del 24 de mayo en la capital, en demanda de la renuncia del presidente Michel Temer por los casos de corrupción que lo involucran directamente, mientras crece el cerco judicial en su contra. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 2 2017 (IPS)

Brasil parece cerca de superar la actual  epidemia de corrupción en los centros del poder político y económico, pero para que se produzcan cambios que conviertan ese tipo de delitos en excepcionales se requieren batallas mucho más largas.

La corrupción sistémica, de relaciones promiscuas entre grandes empresas y casi todos los políticos influyentes en un asalto al Estado, es lo que se desarrolló en el país durante al menos la última década, indican las investigaciones del Ministerio Público (fiscalía) y la Policía Federal, especialmente de la llamada operación Lava Jato (lavado de vehículos).

Pero hay otras dos dimensiones del problema que se combinan en Brasil, dificultando el combate, según Luiz Hanns, sicólogo especializado en análisis de comportamientos individuales y colectivos.“Eso viene de la tradición portuguesa e ibérica de controlar e inspeccionar todo, basada en la desconfianza y contrastando con la sajona, de control por muestreo. Es disfuncional, con reglas incumplibles, donde corromper aparece como única forma de oxigenar la economía”: Luiz Hanns.

Una es la forma endémica, en una sociedad que practica y tolera deslices generalizados como coimas para borrar infracciones u obtener beneficios ilegales, fomenta el todo vale en el sistema político-electoral, restando eficacia a la represión del delito.

A eso se suma el síndrome del subdesarrollo o sindrómica, en que “la corrupción se amalgama a la burocracia y la mala gestión, por un exceso de reglas cuya violación es la única alternativa a la quiebra de los negocios”, destacó Hanns a IPS.

“Eso viene de la tradición portuguesa e ibérica de controlar e inspeccionar todo, basada en la desconfianza y contrastando con la sajona, de control por muestreo. Es disfuncional, con reglas incumplibles, donde corromper aparece como única forma de oxigenar la economía”,  explicó.

“Atacar esos tres tipos de corrupción”, con leyes duras y castigos efectivos, campañas educativas contra la deshonestidad y la desburocratización, es necesario para superar la dramática situación que vive Brasil, concluyó.

La denominada economía institucional, una corriente de pensamiento nacida en Estados Unidos a fines del siglo XIX y actualizada en los años 70, adquirió un renovado interés para los brasileños ante la avalancha de escándalos que asombran a sus 212 millones de habitantes casi diariamente desde que empezó el caso Lava Jato hace tres años.

Esa corriente considera decisivas para el desarrollo las instituciones nacionales, que comprenden no solo las organizaciones y las leyes sino también las reglas no escritas y los  comportamientos habituales.

Brasil se encuentra en una “trampa” en que “todos creen que la corrupción es la regla del juego”, evaluó Marcus André Melo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Federal de Pernambuco, en el Nordeste brasileño, en un artículo publicado en el diario Folha de São Paulo el 29 de mayo.

En ese contexto quien “juega limpio será un perdedor” y se instaura el “equilibrio inferior”, aquel donde lo común es la deshonestidad, por contrapartida al superior donde la honestidad predomina y la corrupción es la excepción.

Ese equilibrio está vigente en muchos países de bajo o mediano ingreso por persona, definió, con base en las ideas del estadounidense Douglass North, ganador del Premio Nobel de Economía en 1993 y uno de los renovadores del institucionalismo.

Salir de esa trampa no parece factible mediante una evolución gradual, incluso porque su vigencia en Brasil se consolidó a lo largo de al menos un siglo. El “choque institucional” que está sufriendo el país podría abrir paso a un real cambio en las instituciones, pero las fuerzas contrarias a ello son muy poderosas, concluyó Melo.

Torquato Jardim, ministro de Justicia desde el 31 de mayo, experto en justicia electoral, con el que el presidente Michel Temer busca reforzar su defensa ante en el Tribunal Superior Electoral, que el 6 de junio inicia un proceso que podría sacarlo del poder, si anula las elecciones de 2014 por vicios en su candidatura y la de la expresidenta Dilma Rousseff. Crédito: Adalberto Carvalho/Ascom-CGU

La oportunidad, sin embargo, puede cristalizar con la ola de persecución a la corrupción que parece que extinguirá la generación actual de dirigentes políticos, por condenas judiciales o por la desmoralización al trascender denuncias contra ellos por ese delito, lavado de dinero y organización para delinquir.

Autoridades parlamentarias, judiciales y ejecutivas de primer rango disfrutan del llamado “foro privilegiado”, por el que solo pueden ser juzgados por tribunales superiores. Ello es casi sinónimo de impunidad por la lentitud de esas cortes, abrumadas por la cantidad de recursos provenientes de instancias inferiores.

Se trata de un privilegio de muerte anunciada, tras desnudarse el dominio del dinero sucio en las elecciones y en la compra de partidos para ampliar coaliciones y de apoyos parlamentarios para la aprobación de leyes.

El mismo Senado ya aprobó el 31 de mayo la restricción de ese privilegio, que alcanzó el récord mundial de 45.300 autoridades beneficiadas, según la Asociación de Jueces Federales, reduciéndolo a los jefes de los tres poderes.

Falta su aprobación por la Cámara de Diputados con una mayoría de 60 por ciento, por tratarse de una enmienda al texto constitucional.

Los escándalos al parecer prepararon la opinión pública para los cambios institucionales. Las denuncias del grupo empresarial JBS, mayor procesadora mundial de carnes, elevaron al extremo el envilecimiento del sistema político brasileño.

Un total de 1.829 candidatos de 28 partidos fueron financiados en las elecciones de 2014 con dinero de la JBS, revelaron los propietarios y directores del grupo, en testimonios bajo la fórmula de “delación premiada” (colaboración con justicia a cambio de reducción de penas), hechos públicos a partir del 19 de mayo.

Los aportes, ilegales en su mayoría, habrían ayudado a elegir un tercio de los senadores y diputados y 16 de los 27 gobernadores estadales, además de la expresidenta Dilma Rousseff  (2011-2016) y su vice, ahora mandatario titular, Michel Temer.

La resistencia del sistema político, sin embargo, se comprueba en la permanencia en sus cargos del presidente Temer, un tercio de sus 28 ministros y decenas de parlamentarios, todos involucrados en varias investigaciones o ya enjuiciados.

La persistencia del dinero sucio en la actividad política, pese a las 205 personas encarceladas y 274 enjuiciadas dentro de Lava Jato, aún en plena fase ofensiva, confirma a la corrupción como hidra de múltiples cabezas y el oxígeno que se ha hecho indispensable para el sistema.

Temer, en el poder desde mayo de 2016, ya perdió cuatro de sus cinco asesores especiales en los seis últimos meses, todos involucrados en recepción de sobornos.

El último, el entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, fue filmado el 28 de abril en São Paulo recibiendo una valija con 500.000 reales (160.000 dólares) entregada por el director de Relaciones Institucionales de JBS, Ricardo Saud.

Esa suma seria, según directivos de JBS, el primer pago para que el grupo empresarial obtuviera precios más bajos en la compra de gas para su central termoeléctrica EPE, en la centro-occidental ciudad de Cuiabá.

El grupo petrolero estatal Petrobras compra ese gas de Bolivia y lo vende a precios extorsivos, se quejó el propietario de JBS, Joesley Batista, a Temer, quien indicó a Loures para negociar la rebaja reclamada por la empresa.

Lo asombroso es que los pagos serían semanales durante los 20 años de duración del contrato de suministro del gas, según los portavoces de JBS.

Saud aseguró que “el soborno” se acordó con Temer, Loures sería solo un “mensajero” del presidente para hacer las gestiones a favor de JBS y recibir el dinero, que él ya devolvió a la Policía Federal.

Si se confirma la denuncia, queda el misterio: ¿Para que querría Temer ese dinero durante dos décadas, si tiene 76 años? Podría destinarse quizás a asegurar su mayoría parlamentaria, ancla de su gobierno atormentado por una alta impopularidad y los continuos escándalos.

¿Por qué se habría arriesgado Temer a recibir en su residencia presidencial, el 7 de marzo, muy tarde en la noche, a Joesley Batista, ya conocido como gran corruptor? El diálogo grabado por el empresario desató la crisis que puede sacarlo de la presidencia anticipadamente y acentúa la necesidad de cambios institucionales en Brasil.

 Editado por Estrella Gutiérrez