Alain Bothorel, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea ante la Habana, durante una declaración en la sede diplomática del bloque en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 10 2017 (IPS)

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE), refrendado ahora por la eurocámara,  abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones entre La Habana y Bruselas, que dentro de dos meses comenzarán a trabajar para implementar lo convenido.

Un aspecto decisivo para la firma de este acuerdo de largo plazo, el 12 de diciembre de 2016, fue la derogación seis días antes de la llamada posición común, una cláusula que condicionaba desde 1996 la colaboración y el diálogo de la UE a la apertura democrática en la nación caribeña e impedía para esta un convenio marco de cooperación.

La revocación de la posición común “aumenta la confianza mutua”, dijo a IPS el encargado de negocios de la delegación de la UE ante La Habana, Alain Bothorel.

Sin embargo, al dar su visto bueno al acuerdo de largo plazo, con 567 votos a favor, 61 en contra y 31 abstenciones,  el Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución no legislativa y “no vinculante” para recordar que el acuerdo puede ser suspendido en caso de irrespeto a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.“El Parlamento Europeo no añadió nada al texto. El Consejo Europeo, como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”: Alain Bothorel.

Las autoridades cubanas consideraron “positiva” la aprobación europarlamentaria, pero rechazaron la resolución no legislativa sobre Cuba, por “injerencista” y “nociva a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

Al respecto, Bothorel  desmarcó ese asunto del convenio suscrito en Bruselas.  “El Parlamento Europeo no añadió nada al texto.  El Consejo Europeo (de los jefes de Estado y de gobierno del bloque), como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”,  afirmó el diplomático en breves declaraciones a IPS.

“Vamos a seguir el diálogo sobre derechos humanos y quisiéramos ver progresos”, agregó, para aclarar seguidamente que los encuentros anuales sobre ese tema que vienen sosteniendo  delegaciones de Cuba y el bloque comunitario son para  “intercambiar con el gobierno cubano, no para influir¨.

La tercera reunión de este tipo se realizó el pasado 22 de mayo,  en Bruselas. Las dos sesiones anteriores transcurrieron en junio de 2015 y 2016, en Bruselas y La Habana, respectivamente. En estos encuentros bilaterales, Cuba es evaluada, pero su delegación también expresa sus opiniones sobre democracia y derechos humanos en los  países del bloque.

En lo general,  el acuerdo ofrece a Cuba oportunidades adicionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la modernización del modelo socio-económico cubano, así como para encontrar soluciones comunes a desafíos globales.

Bothorel indicó que el convenio abarca más de 30 áreas de cooperación y abrirá la puerta para otros acuerdos sectoriales en educación, energía renovable, cambio climático, migraciones, lucha contra el terrorismo y contra armas de destrucción masiva, entre otras materias.

El pacto se considera provisional, pues debe ser ratificado por cada uno de los ahora 27 países que integran la UE (tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña), sin embargo ya se trabaja para su implementación. “En septiembre próximo nos reuniremos a nivel político  para decidir qué sectores son prioritarios para Cuba y crear comisiones de trabajo”, afirmó.

Representantes de medios informativos acreditados en Cuba mientras seguían el 12 de diciembre en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, la firma en Bruselas del acuerdo entre ese bloque y Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Actualmente, la cooperación de la UE con Cuba se rige por el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.  Se retomó en 2008 y desde entonces hasta 2014 la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, asignó unos  90 millones de euros (102,6 millones de dólares) a los sectores de seguridad alimentaria y respuesta y preparación ante desastres naturales.

También abarca áreas de ambiente, cambio climático y energía, cultura y patrimonio, apoyo a la modernización socio-económico y capacidades de gestión.

Bothorel confirmó que además se concedieron 50 millones de euros adicionales (57 millones de dólares) para el periodo 2014-2020, destinados a apoyar el desarrollo del país en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria,  mejor uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible  y  apoyo a la modernización socioeconómica sostenible.

Estos sectores están alineados con las prioridades nacionales recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social  de Cuba, documento estratégico aprobado en 2011 para promover un paquete de reformas en el país. “Queremos apoyar los lineamientos que lleva a cabo el gobierno cubano”, comentó el diplomático.

La UE y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y todos sus países miembros  mantienen lazos bilaterales con este país insular caribeño.

El tema de los derechos humanos en la isla caribeña fue hace más de una década motivo de grandes desacuerdos entre el gobierno cubano y el bloque comunitario, que tuvieron una de sus mayores crisis en 2003, tras el arresto y severas condenas de 73 opositores en marzo de ese año y la  ejecución en abril de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros.

La UE, que en marzo de 2003 había inaugurado su representación diplomática en la Habana, reaccionó disgustada y congeló los intercambios culturales, limitó las visitas de alto nivel efectuadas en el marco bilateral y decidió invitar a los principales disidentes a las  fiestas nacionales de los países comunitarios acreditados en La Habana.

Cuba no demoró su repuesta. A  las recepciones europeas dejaron de asistir ministros, viceministros y hasta funcionarios de menor rango del gobierno, los embajadores de países miembros de la UE no eran invitados a las actividades oficiales cubanas y tampoco podían dirigirse directamente a un ministerio o institución alguna de la isla caribeña.

En nota verbal del 27 de agosto de 2003, el gobierno cubano comunicó su rechazo a toda ayuda oficial directamente administrada por la UE o por las agencias de cooperación europeas. El diálogo político y la cooperación se reanudaron en 2008, luego que Bruselas derogó sus medidas de 2003.

Fue a partir de entonces que las dos partes comenzaron a trabajar por una nueva relación de largo plazo.

Bruselas y La Habana comenzaron sus conversaciones el 29 de abril de 2014 y concluyeron tras siete rondas bilaterales de trabajo en marzo de 2016.  El proceso tuvo su mayor impulso durante 2015, en paralelo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que siguieron al anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.

Funcionarios cubanos y europeos advirtieron que se trataba de procesos no vinculantes, aunque paralelos.  El embargo estadounidense se encargó de remarcar la diferencia, cuando dos empresas francesas y una alemana fueron sancionadas por violar sus prohibiciones en medio del deshielo.

El pasado 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump despejó cualquier duda, cuando anunció el reforzamiento del embargo. El artículo 10 del acuerdo entre Cuba y la UE se prepara para enfrentar nuevas embestidas del bloqueo, aunque sin nombrarlo directamente.

Según el texto, las partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de  medidas y sobre la forma de “prevenir y mitigar” el impacto de medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que se utilicen como medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de otros Estados.

Editado por Estrella Gutiérrez

Águeda Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 7 2017 (IPS)

La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.

Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su humilde casa a medio construir.

Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados, gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la provincia central de Villa Clara.

Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de edad.

Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones de habitantes.

Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en 2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el derecho familiar cubano a la tendencia mundial.

“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65 años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y cuidado luego de la separación.

“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil. Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y salas de familia, en las provincias.

Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela, que lo recibe con caricias y besos.

“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los trámites para el caso”, recordó Vidal.

“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la madre del niño”, recordó la abuela.

La jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150 jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.

Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las familias cubanas.

“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.

Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta tradicional de los jueces”, detalló.

El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el Tribunal Supremo Popular (TSP).

Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de alimentos”, explicó Rodríguez.

En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de adopción, 747 tutelas y  1.878 matrimonios formalizados.

“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.

Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba. Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”, especificó.

Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales.

La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.

Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.

También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos, entre otros.

“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con sede en La Habana Vieja.

“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35  de carrera profesional.

A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba, que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.

Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se prefieren para la escucha de menores.

Editado por Estrella Gutiérrez

Cristina Fernández y Mauricio Macri, en un acto poco antes de que el actual presidente de Argentina asumiera el cargo, en diciembre de 2015, en una imagen en que una silla en medio simbolizó la separación entre los dos rivales políticos. Crédito: CEDOC

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 30 2017 (IPS)

Pareciera que los dos son, para el otro, el enemigo perfecto. Ambos se acusan recíprocamente de ser responsables de los males de Argentina y se sienten aparentemente muy cómodos cuando tienen que medirse entre sí. El presidente Mauricio Macri y su antecesora, Cristina Fernández, se enfrentarán en las elecciones legislativas, que se consideran un test para los comicios presidenciales de 2019.

Fernández, quien el 10 de diciembre de 2015, en una decisión sin precedentes, no quiso colocarle la banda presidencial a Macri, será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, el principal distrito  del país, que concentra alrededor de 40 por ciento de los electores.

Su postulación  se concretó el sábado 24, que era la fecha límite para el registro de aspirantes a las elecciones de medio término del 22 de octubre, donde se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados del legislativo Congreso de la Nación.“Hay tres tipos de Estado. Los más estables son los que se organizan sobre instituciones, como Estados Unidos. Luego vienen los que lo hacen sobre partidos, como era hasta 2001 Argentina, que hoy depende de liderazgos individuales y por lo tanto es profundamente inestable. Cada político va para donde cree que debe ir; no hay contención institucional ni ideológica”: Raúl Aragón.

Era la noticia que, según muchos analistas, esperaba Macri, quien busca que los argentinos vivan esta elección como una encuesta de preferencia entre la administración actual y el período anterior, que abarcó 12 años, ya que entre 2003 y 2007 gobernó el fallecido Néstor Kirchner, esposo de Fernández, su sucesora.

El  presidente, de centroderecha, eligió como principal candidato de la coalición gubernamental Cambiemos a un funcionario de perfil relativamente bajo, que lo acompaña desde hace 10 años, cuando asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich.

La importancia asignada a las parciales elecciones legislativas  es más simbólica que real. Debido a las bancas que se ponen en juego, no se alterará el actual escenario, que es de gran fragmentación en Diputados y de predominio de la oposición en el Senado.

Desde que abandonó la Casa Rosada, Fernández, de centroizquierda,  ha seguido siendo noticia permanente, porque enfrenta múltiples investigaciones por supuesta corrupción, en tres de las cuales está procesada y podría ser juzgada en un futuro cercano.

Para ella, se trata de “una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes”, según dijo por escrito al juez federal Claudio Bonadio, que la señaló como responsable de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.

Bonadio sumó además como partícipes de los hechos de corrupción investigados  a los hijos del matrimonio Kirchner, Florencia y Máximo, este último diputado nacional.

El gobierno, por su lado, también llega a la elección con un lastre pesado: no tiene noticias económicas positivas para mostrar, y su impacto social se evidencia en datos como que desde diciembre de 2015, los salarios perdieron 5,8 por ciento de su poder adquisitivo, según datos oficiales difundidos el 26 de junio.

Así y todo, el de  los trabajadores formales es un sector privilegiado de la población, ya que la desocupación trepó en el primer trimestre de 2017 a 9,2 por ciento, frente a 7,6 por ciento del trimestre anterior, y se estima que el empleo informal ronda 35 por ciento de los trabajadores ocupados.

Macri responsabiliza a la corrupción y a las políticas económicas del binomio Kirchner por ese escenario económico,  que tiene su costado más delicado en la situación social: un tercio de la población es pobre, según datos oficiales.

A comienzos de este mes, el presidente dijo que su antecesora “ha hipotecado el país” y que “expresa un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina”.

“Una parte de la sociedad privilegia los años de gobierno de los Kirchner en los que, partiendo de una situación desastrosa, creció el poder adquisitivo del salario y hubo niveles altos de consumo, a pesar de que la economía se estancó en los últimos tres o cuatro años”, dijo a IPS el sociólogo Eduardo Fidanza,  analista de Poliarquía, consultora de opinión pública que es una referencia entre los líderes políticos y empresarios.

Mientras, “otra parte cree que la difícil situación de hoy es consecuencia de las decisiones tomadas en aquella época y está convencida de que por el camino actual tendremos un mejor futuro”,  adujo.

“No está claro cuáles son las proporciones de unos y otros en la población. Eso es lo que va a definir la elección”, agregó.

De acuerdo a las encuestas, la exmandataria atrae los mayores niveles de adhesión en los llamados segundo y tercer Cordón del  Conurbano bonaerense, los suburbios más alejados del centro de la capital,  donde la población está más castigada por la situación económica. En cambio, Fernández concita un gran rechazo en los sectores sociales medio-altos y altos.

“Empresarios de alto nivel de influencia nos manifestaron el temor de que Cristina gane esta elección. Es difícil explicarles que si gana va a ocupar un cargo legislativo y difícilmente vuelva a ser presidenta en 2019, por el alto nivel de rechazo que despierta. Los empresarios no quieren que el tiempo del kirchnerismo regrese”, dijo Fidanza.

Macri, quien fundó su partido  Compromiso por el Cambio luego del colapso financiero de 2001 que arrasó con el gobierno de Fernando de la Rúa y deslegitimó a toda la clase dirigente, llega con ventaja en términos de estructura política.

De hecho, la suya, la alianza de Cambiemos, es la única fuerza que  presentará en todo el país candidatos que reconocen una única conducción. En la mayoría de las provincias llevará como socio secundario a la Unión Cívica Radical, uno de los dos partidos históricamente más populares.

El otro es el Partido Justicialista, fundado en 1946 por el tres veces presidente Juan Domingo Perón, que encabezó el Frente por la Victoria que condujo a Kirchner y Fernández al poder, pero que vive una profunda dispersión y hoy no tiene un líder nacional.

De hecho, con tal de evitar una competencia interna,  Fernández le dejó el sello del justicialismo en la provincia de Buenos Aires a su exministro y ahora rival Florencio Randazzo, y fundó para concurrir a las elecciones a una nueva coalición electoral,  a la que llamó Unidad Ciudadana, con la que espera regresar al Senado, la cámara donde ya estuvo entre 2001 y 2007.

Todos las agrupaciones políticas afrontarán el 13 de agosto elecciones primarias simultáneas y obligatorias, según lo establece la ley, que en realidad funcionarán como una gran encuesta previa al 22 de  octubre, ya que en casi ningún caso habrá competencias internas.

“Hay tres tipos de Estado. Los más estables son los que se organizan sobre instituciones, como Estados Unidos. Luego vienen los que lo hacen sobre partidos, como era hasta 2001 Argentina, que hoy depende de liderazgos individuales y por lo tanto es profundamente inestable. Cada político va para donde cree que debe ir; no hay contención institucional ni ideológica”, dijo a IPS el doctor en Comunicación Social y analista de opinión pública Raúl Aragón.

“De todas maneras, entiendo que lo más importante que se define en la elección de la provincia de Buenos Aires es la conducción del justicialismo”, analizó.

A su juicio, aunque obtenga en las primarias menos votos que el oficialismo, si Fernández supera a los demás candidatos justicialistas, “probablemente ‘encolumne’ al justicialismo detrás suyo para ser candidata presidencial contra Macri en 2019”.

Editado por Estrella Gutiérrez

Representantes de los pueblos mapuche, lonko y machi, durante la izada de bandera en la plaza de Armas de Vilcún, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en uno de los numerosos actos que se realizaron en Chile el 24 de junio, declarado fiesta nacional por el We Tripantu, el año nuevo mapuche. Crédito: Mirna Concha/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Jun 28 2017 (IPS)

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”: Carlos Bresciani.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores  creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,  que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile

Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo.  Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión  trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento  han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato)  debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.

Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.

Editado por Estrella Gutiérrez 

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI/BARCELONA, Jun 26 2017 (IPS)

Hace años circulaban unos anuncios en los que un hombre aducía que había logrado su empleo a través de las páginas de ofertas laborales de The New York Times. Era una buena estrategia: anunciantes y buscadores de puestos de trabajo pagaban espacios en la sección de “clasificados” y los que deseaban empleo las consultaban.

Además, la seriedad del diario neoyorquino daba garantías de que la información era seria y correcta. Años después comenzaron a aparecer unos posters, de las decenas que presumían de las ventajas de los rascacielos donde aparecía un Fidel Castro sonriente haciendo el mismo mérito. “I got my job through the NY Times (logré mi empleo gracias al NY Times)”.

Solamente los lectores más avezados y conocedores de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y las hazañas de la Revolución Castrista, interpretaban correctamente la irónica afirmación. Se refería a un detalle histórico poco conocido acerca de cómo Castro capturó la atención de los medios norteamericanos y el poder de Washington.

Al parecer, Herbert Mathews, un experimentado periodista del diario, famoso tempranamente por haber informado de acontecimientos mundiales importantes, como la Guerra Civil de España, plasmó una entrevista con Castro en Sierra Maestra en 1957.

El texto tuvo tal impacto que en Washington se consideró que debía ser en interés de Estados Unidos apoyar a la incipiente revolución que terminaría por derribar la dictadura de Fulgencio Batista, quien había reclamado la muerte de Castro.

El resto es historia: Mathews ha quedado señalado por los anticastristas como un cómplice del sistema comunista, mientras que Castro y los suyos lo consideran a la altura de Ernesto Che Guevara.

Ahora, si la decisión de los editorialistas de The New York Times (NYT), al recomendar al gobierno español que pacte con el catalán y autorice la celebración del referéndum anunciado para el 1 de octubre, tiene éxito, los impresores de carteles y suvenires se apresurarán a diseñar uno con una efigie de aire “castrista”.

Si el resultado de la consulta deriva en un voto positivo y Catalunya se convierte en un estado independiente, y republicano (según la especificación de las boletas provisionales), el nuevo presidente catalán podrá ser deudo de un sincero agradecimiento.

Quizá entonces el mismo presidente catalán Carles Puigdemont se arrepienta de haber renunciado a repetir el cargo. Quizá la foto sea de Oriol Junqueras, el líder republicano que según las encuestas se apunta como vencedor de unas elecciones, constituyentes o transicionales. “I got my job through the NY Times”, en catalán, seguro sería un “best seller”, objeto de deseo de coleccionistas.

Lo que el editorial del diario estadounidense, el mejor y más influyente rotativo no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, habrá conseguido es atraer la atención sobre un dilema que sigue pesando sobre la cabeza del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Como bien dice el editorial, su tozudez no ha conseguido más que el aumento de las huestes independentistas. Al negarse en redondo tan siquiera a hablar sobre el referéndum, aduciendo (correctamente) que la Constitución española no lo permite, pues la soberanía nacional no está troceada, sigue regalando argumentos a los que, al parecer y por ahora, no tienen intención de frenar la carrera hacia el enfrentamiento.

Tampoco sirve de mucho que el NYT sepa bien que el propio ordenamiento constitucional de Estados Unidos no permite el ejercicio de consultas para estados individuales o en conjunto (como sucedió con la secesión del Sur). Entonces, el presidente Abraham Lincoln no se fue por las ramas y aplastó la rebelión, aunque simultáneamente evitó la represión. De la misma forma, la posterior doctrina del presidente Woodrow Wilson de la libre determinación se ofrecía para los casos, numerosos entonces, de colonialismo, y no es aplicable ahora.

El NYT, con sentido práctico liberal, aduce que sería mejor para el gobierno español autorizar el referéndum, sin rubor de disimulo de calcular que sería negativo para los independentistas, como revelan ciertas encuestas.

En otras palabras, tanto la democracia liberal como del propio interés de Estados Unidos ganarían, ya que Washington y Wall Street le tienen pánico a la fragmentación de los estados. Ya lo dijo Obama: Estados Unidos no se entromete en los asuntos internos de sus aliados, pero prefiere una España “unificada” (fue un lapsus, pues quiso decir modestamente “unida”).

Pero los observadores estadounidenses se preguntan qué quieren decir los partidos (como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE) que interpretan España como una “nación de naciones”, sin reparar que hace ya tiempo que sigue pendiente una definición aproximada y clara de la identidad nacional que se decante por la variante norteamericana de opción (es norteamericano que quiere serlo) o la étnica-cultural, la antigua germana, eterna y primordial.

Quizá el editorialista del NYT intuye que la interpretación de la Constitución, al distinguir “nacionalidades” y “regiones”, requiere sutiliza y flexibilidad. Pero quizá su corresponsal en Madrid (el autor en la sombra del editorial) no se da cuenta de que una mayoría notable de los españoles no están dispuestos a aceptar mayores ventajas para algunas “nacionalidades”. Ya se tiene bastante con el convenio vasco, del que nadie habla.

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

Las protestas contra la corrupción han perdido han su carácter multitudinario en Brasil y como sucedió con esta realizada en la ciudad de São Paulo el 24 de mayo, en demanda de la salida del presidente Michel Temer del poder. Crédito: Paulo Pinto/AGPT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 23 2017 (IPS)

Ahora que los escándalos de corrupción se hicieron más contundentes y con una secuencia más acelerada, afectando directamente el gobierno, sorprende el silencio de las calles en contraste con las masivas protestas de los dos últimos años en Brasil.

“Antes yo sentía irritación, ahora indiferencia, cansancio y descreimiento, ante los hilos de corrupción que nunca terminan”, confesó Paulo Costa, un funcionario público jubilado en la sureña metrópoli de São Paulo, en un sentimiento compartido por otros ciudadanos consultados por IPS.

Su evolución refleja al parecer la reacción de amplios sectores del país, tres años después del inicio de la oleada de crecientes revelaciones sobre como empresas conquistaban grandes negocios y beneficios oficiales, sobornando el sistema político.

“Es la sensación de que no hay remedio, hay mucha desesperanza e ira, las personas ya no le creen a la Justicia”, observó Mireya Valencia entre sus amigos y colegas, especialmente en la Universidad de Brasilia, donde es profesora de desarrollo rural.

Su sentimiento personal es de “mucha indignación y la convicción de que la crisis política, moral e institucional brasileña solo podrá superarse a mediano plazo”, resumió.

Está en juego nada menos que la presidencia de Brasil, 13 meses después que la mandataria Dilma Rousseff fuese separada del poder para responder a un proceso de inhabilitación ante el Senado, que la destituyó definitivamente el 31 de agosto de 2016.

Michel Temer, su sucesor como vicepresidente elegido en octubre de 2014, está en vías de ser enjuiciado en el Supremo Tribunal Federal bajo acusación de corrupción pasiva, basada en denuncias de Joesley Batista, propietario de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, y otras grandes empresas.

Batista grabó una conversación más que comprometedora con el presidente en marzo y lo acusa de comandar “la organización criminal más peligrosa de Brasil”.

Un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares al cambio actual) semanales durante 20 años empezó a ser pagado a esa alegada organización delictiva, según el empresario, para asegurar gas natural a precios reducidos a una central termoeléctrica de su grupo empresarial.

El primer pago, a fines de abril, se hizo a un exasesor del presidente, el diputado suplente Rodrigo Loures, en un encuentro filmado por la Policía Federal. Loures está detenido desde el 3 de junio y bajo investigación junto con Temer, quien ha rechazado renunciar.

Aecio Neves, acusado de recibir sobornos por el equivalente a 605.000 millones de dólares, por lo que puso a su Partido de la Socialdemocracia Brasileña en el centro de los escándalos de corrupción, como ha ido ocurriendo con los otros principales partidos del país. Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Convivir con un primer mandatario sin la dignidad del cargo y reconocer la carencia de líderes idóneos para sustituirlo están dañando el alma de los brasileños, como lo hacen algunas derrotas históricas del equipo nacional de fútbol.

“Tristeza”, resumió Maria Luiza Rossoni, jubilada como profesora de enseñanza básica, cuyos “restos de esperanza en el Partido de la Socialdemocracia se evaporaron”, al terminar de comprobar que son “todos corruptos y bellacos”.

“Mi esperanza es que el pueblo vote mejor en las próximas elecciones”, después de “la clase de política” que representaron las investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general), revelando como operan ilegalmente los políticos actuales, destacó.

“Un mixto de indignación y frustración” agobia, “en esa crisis anunciada”, al periodista Carlos Muller, director de Comunicación de la Asociación Nacional de Diarios, con sede en Brasilia.

Las reacciones tienen sesgos partidarios, con una tendencia a culpar adversarios por la corrupción o atribuir denuncias a conspiraciones políticas, constató.

Es poco probable que ocurran movilizaciones masivas contra la corrupción sistémica, en parte obstaculizadas por las opciones partidistas o ideológicas de cada uno, que se supeditan a cuestiones morales.

“Las personas están atónitas ante la cantidad de denuncias y la dificultad de identificar el mejor camino, pautas que puedan abrazar”, sostuvo Adelaide de Oliveira, coordinadora Nacional de Ciudades del movimiento “Vem pra Rua (Ven a la calle)”.

Así justificó ella la ausencia actual de movilizaciones en las calles. Su movimiento es acusado de no tener hacia el gobierno conservador presidido por Temer la misma actitud de cuando se trataba de derrocar a Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Vem pra Rua y otros grupos movilizaron millones de personas en manifestaciones que impulsaron el proceso de inhabilitación de la ex presidenta. “Fueron 6,4 millones de personas en las calles de todo Brasil el 13 de marzo de 2016”, dijo Oliveira a IPS. La policía y la los medios de comunicación divulgaron estimaciones muy inferiores.

“En 2016 rechazamos el gobierno del PT por su desastre económico y la corrupción”, en un momento que las investigaciones destacaban ese partido en la desviación de recursos del estatal consorcio petrolero Petrobras, recordó.

Pero el movimiento es suprapartidario y pregona “un combate sistemático a cualquier corrupción, por el fin de la impunidad”, afirmó. Renovación política es otro objetivo, realzado ahora por la falta de alternativas visibles si cae Temer. “Necesitamos gente nueva en la política”, sentenció.

Pasada la perplejidad, “la gente volverá a las calles” en nuevas protestas multitudinarias, aseguró Oliveira, quien argumentó que ya hubo pequeños actos en marzo y que su movimiento cuenta con 5.000 activistas en 300 ciudades de Brasil e incorporó las redes sociales de Internet para la movilización.

Pero las perspectivas brasileñas son de incertidumbres y riesgos de deterioro político y social, evaluó Fernando Lattman-Weltmann, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

“¿Quién conseguiría gobernar Brasil en el ambiente actual, en que la agenda política es policial?”, se preguntó, destacando la falta de gobernabilidad, dificultades de constituir una mayoría parlamentaria y la reñida lucha por el poder, sumándose el combate a la corrupción convertido en “cacería a las brujas”.

Con “las instituciones en harapos” e inestables, el Poder Judicial se politizó e interfiere en todo, rompiendo el equilibrio de poderes. “No hay un debate efectivo sobre alternativas políticas para el país”, lamentó.

La crisis política, “sin salida en el horizonte”, puede conducir Brasil a dos rumbos, la “argentinización” y la “colombianización”, opinó el académico a IPS.

El primer caso consistiría en “una decadencia durante décadas, con estancamiento económico y radicalización política”, con algo similar al antagonismo entre “peronistas y antiperonistas, en que los dos lados se sabotean mutuamente”, explicó.

Con cerca de 60.000 homicidios al año, “cifras de guerra civil”, el Estado en crisis incapaz de promover un mínimo de seguridad pública y las políticas actuales que tienden a ampliar la pobreza y la desigualdad, “la violencia se agravará en Brasil”, acercándose al nivel de “Colombia dominada por el narcotráfico”, según Lattman-Weltman.

“Son contextos distintos, la violencia en Brasil es de la delincuencia en reductos con disputa de sus dominios por el tráfico de drogas u otro tipo de criminalidad, pero no vinculados a supuestos reclamos políticos como en Colombia”, matizó Mireya Valencia, de origen colombiano y quien reside en Brasilia hace décadas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Policías reprimen con gases lacrimógenos una manifestación sindical que el 24 de mayo intentaba llegar a la sede del legislativo Congreso Nacional, en Brasil, en rechazo a las proyectadas reformas laborales y previsionales que recortan derechos sociales. Crédito: UGT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 19 2017 (IPS)

Además de elevar a 14,2 millones el total de desempleados, la aguda recesión en los dos últimos años introdujo a Brasil la tendencia mundial de flexibilizar las leyes laborales para abaratar más aún el costo del trabajo.

Generar más empleos sin afectar ningún derecho es el argumento básico del gobierno y defensores de la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente de votación en el Senado, anunciada para fines de este mes.

La “creciente precarización del trabajo” será la consecuencia de esa medida, sostuvo Ricardo Antunes, profesor de sociología en la Universidad de Campinas, en el sureño estado de São Paulo.“La tercerización elimina la relación empleado-empleador, con el desplazamiento frecuente del trabajador de un local de trabajo a otro, de funciones. El trabajador pierde su identidad, deja de saber si es metalúrgico o prestador de servicios, a que categoría pertenece”: Wagnar Santana.

El proceso que “devasta todos los derechos laborales”, según el académico, comprende también la ley de tercerización de las funciones empresariales, ya vigente desde marzo, y una reforma previsional aún en trámite inicial en el parlamento, pero de difícil aprobación por exigir mayoría de dos tercios en las dos cámaras legislativas.

“Esa es una tendencia mundial que avanza según la resistencia en cada país, menos donde el movimiento sindical es fuerte, como Alemania y Francia, y más donde el sindicalismo es débil, como el Reino Unido y Estados Unidos”, dijo Antunes en un análisis para IPS.

En Brasil los trabajadores enfrentan esa ofensiva del capital debilitados por el desempleo, que debe mantenerse elevado por un largo período.

La tasa de desempleo abierto, medida por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), fue de 13,7 por ciento en el primer trimestre de 2017, correspondiendo a los 14,2 millones de desocupados, en un país con 207,6 millones de habitantes y una fuerza de trabajo de 103,1 millones.

Pero la fuerza de trabajo “subutilizada” en la medición del IBGE alcanzó 24,1 por ciento o 26,5 millones de trabajadores, al incorporar los que trabajan pocas horas semanales y los que se considera solo mano de obra “potencial”.

La correlación de fuerzas parlamentarias también es totalmente desfavorable, con el gobierno del presidente Michel Temer con una amplia mayoría, aunque esté vulnerable por las denuncias de corrupción contra el propio mandatario y casi todos los líderes de la alianza gobernante, con la amenaza de ser enjuiciados por el Supremo Tribunal Federal.

La legislación propuesta por el gobierno “desregula las relaciones laborales con argumentos que revelan ignorancia o mala fe”, acusó Wagnar Santana, nuevo presidente electo del Sindicato de Metalúrgicos del ABC, región industrial vecina a São Paulo y cuna del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT).

“Esa desregulación no incrementó el empleo en países como España, México y Portugal, sino que aumentó el trabajo informal. En México quien trabaja en la Volkswagen necesita otro empleo para una vida decente como acá”, comparó el sindicalista, obrero de esa montadora de vehículos de capital alemán.

Mantener formalmente derechos, como descanso semanal y seguro enfermedad, representa poco si se le quita al trabajador condiciones de hacerlos efectivos, ante la diseminación de la informalidad, la tercerización, la inestabilidad en el empleo y también la debilidad sindical, razonó a IPS.

“La tercerización elimina la relación empleado-empleador, con el desplazamiento frecuente del trabajador de un local de trabajo a otro, de funciones. El trabajador pierde su identidad, deja de saber si es metalúrgico o prestador de servicios, a que categoría pertenece”, lamentó Santana.

Se difunde la dificultad de organización de los sindicatos como el del sector de construcción, donde es intensa la rotación de empleados, acotó.

De esa forma, hacer que acuerdos entre patrones y empleados se impongan a las leyes, como pretende la propuesta oficial, juega en contra de los trabajadores.

Los sindicatos más organizados y fuertes, como los de grandes industrias ciudades, podrían negociar mejores acuerdos y hacerlos respetar, pero no así los demás, sin capacidad de resistencia. “Eso terminaría por nos debilitar a todos, ya que no estamos aislados”, previó el sindicalista.

Otros factores conspiran contra el trabajo en Brasil, además de la coyuntura de desempleo y crisis económica agravada por los riesgos políticos. La desindustrialización debilita el sindicalismo más combativo, especialmente el de los metalúrgicos.

El sindicato del ABC, que llegó a representar hasta 150.000 trabajadores en los años 80, cuenta actualmente con solo 73.000 afiliados en su base, los municipios de São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires y Rio Grande da Serra, después de altibajos en las dos décadas pasadas, recordó Santana.

De los obreros metalúrgicos de São Bernardo do Campo surgió el líder sindical y político Luiz Inácio Lula da Silva, quien fundó en 1980 el PT, con el cual llegó al poder el primer día de 2003 y gobernó Brasil hasta el primer día de 2011, cuando entregó el testigo a su correligionaria Dilma Rousseff, destituida en agosto de 2016.

La crisis y la competencia internacional también contribuyeron al desempleo y a la menor participación de la industria en el producto brasileño.

Pero es la devaluación del trabajo a escala global, que Antunes atribuye a la transnacionalización de grandes empresas, al nuevo modo de producción y la hegemonía del capital financiero, la que promueve el retroceso en las reglas laborales, que se está imponiendo en Brasil.

Se trata de “arcaizar” las relaciones de trabajo de tal forma que apunta a la vuelta a la esclavitud, en muchos casos, según el experto en sociología del trabajo. “El esclavo se vendía, ahora se alquila” por la tercerización, dice.

Antunes publicó en 1995 el libro “¿Adiós al Trabajo?”, en que identifica la tendencia a la precarización y habla de “esclavitud del siglo XXI”. “El trabajo precario era excepción, ahora se volvió regla”, sostuvo.

Un ejemplo es el británico “Zero hour contract (contracto de cero hora)” que ya rige el trabajo de un millón de personas que quedan todo el tiempo a la disposición de la empresa y atiende a llamados, ganando solo por las horas trabajadas, sin ningún otro derecho, destacó Antunes.

En Brasil se incluyó esa modalidad en la reforma laboral como “trabajo intermitente”.

La incorporación al mercado mundial de la gran reserva de mano de obra china contribuyó a devaluar el trabajo en todo el mundo.

“Son trabajadores calificados que la revolución alimentó y escolarizó. Hace cinco años China ofrecía bienes industriales de mala calidad, hoy tiene tecnología de punta”, destacó el sociólogo, añadiendo que Asia dispone de mucha fuerza de trabajo barata en India, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, entre otros países.

La rebaja de costos es generalizada. “En Italia cierran fábricas que van para Polonia o Hungría, y los sueldos de 2.000 euros bajan a 300 euros”, ejemplificó.

“Hay una nueva morfología del trabajo. Tenemos en Brasil 1,5 millones de trabajadores en el ‘telemarketing’ que antes no había. El trabajo remoto, por conexión digital vía celular o computadora, se diseminó”, observó.

Pero la clase trabajadora creció, aunque “más fragmentada y más heterogénea que antes, y sometida al trabajo virtual”. Nuevas forma de lucha, “piquetes y bloqueos de carreteras”, como hicieron en Argentina, en lugar de huelgas, se van desarrollando, señaló.

“La perspectiva futura es de lucha, rebeliones, y también represión, masacres. El siglo XXI será de terremotos sociales”, concluyó Antunes.

Editado por Estrella Gutiérrez

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI/BARCELONA, Jun 19 2017 (IPS)

El anuncio del presidente Donald Trump acerca de una nueva política hacia Cuba no es novedoso ni constituye una agenda estratégica. Tampoco tendrá efectos sustanciales en la relación entre Cuba y Estados Unidos. El beneficiado de su limitado impacto será, como ha sido desde prácticamente el principio de las Revolución Cubana y la reacción norteamericana, solamente el régimen cubano.

Ni el exilio cubano, ni el pueblo, ni el interés nacional de Estados Unidos recibirán premio alguno.

La esencia del mensaje de Trump, en el seno del templo del exilio, la inmigración y la mera residencia de la comunidad cubana en Miami (que hay de todo), no constituye un contraste del discurso tradicional entronizado desde la imposición del embargo como resultado de los cambios drásticos del régimen cubano al adoptar el formato totalitario y la consiguiente destrucción del sistema capitalista y liberal.

La palabra y el fondo de su discurso en el Teatro Manuel Artime (nombrado en honor de un dirigente de la llamada Brigada 2506 que desembarcó en Playa Girón-Bahía Cochinos el 17 de abril de 1961) es un viaje veloz en el túnel del tiempo.

Muy cerca del escenario de Trump, John Kennedy leyó una de sus clásicas alocuciones en el Orange Bowl de Miami el 29 de diciembre de 1962. Fue seis días después de la liberación de los capturados (a cambio de medicinas y tractores). El presidente reconocía así su culpabilidad al haber abandonado a los invasores en la deplorable aventura. Prometió la liberación de Cuba.

Su discurso fue entonces mejor escrito por sus asesores que la lamentable gramática y léxico a que nos tiene acostumbrado el actual inquilino de la Casa Blanca. Pero el mensaje de Trump es igualmente vacío, retórico. Solamente contenta a un sector que lamentablemente persigue objetivos a corto plazo.

La salva de artificio es el clásico movimiento de un componente de la pareja del sempiterno diferendo para complicar una temporal situación de calma. En esas circunstancias, a un lado u otro del Estrecho de la Florida, uno decide romper la tregua, aplaudido silenciosamente por el otro, necesitado de resucitar la tensión para beneficio de su sector duro.

Ahora el turno ha sido para Trump. Nada nuevo. Esta película ya la hemos visto.

De momento, mientras a la universal opinión norteamericana Cuba no le importa nada, ya que nadie gana o pierde escaños en el Congreso o Senado, con la excepción de ciertos senadores o representantes conectados por los votos en Florida, el tema cubano levanta pasiones y hace saltar las alarmas alrededor de la Calle Ocho de Miami.

Es entonces cuando tantos numerosos predecesores de Trump se han subido al autobús renqueante de la lucha anticastrista.

La novedad del caso de Trump es que su decisión concuerda con la agenda adoptada en otras medidas desde su elección en noviembre del pasado año. Se trata simplemente de enmendarle la plana a su predecesor Barack Obama, atacando los logros emblemáticos en ciertos terrenos, sin que hasta ahora haya conseguido resultados concretos.

Es igual que en el diseño del insólito muro con México, el desmantelamiento del plan de salud llamado Obama Care, y el parón a la inmigración de media docena de países islámicos. Las medidas con Cuba tienen toda la marca de la inoperancia, con el resultado de daño al propio interés nacional de Estados Unidos.

La huella inmediata de la decisión del presidente norteamericano se verá en la indecisión de los ciudadanos norteamericanos que hasta ahora se han beneficiado del relajamiento de la política de Washington.

Los empresarios que habían comenzado a entablar relaciones comerciales (Estados Unidos, paradójicamente, a pesar del embargo, todavía vigente en sus fundamentos, es el tercer socio comercial de Cuba) y los que habían aprovechado los canales culturales y educativos, deberán andar con pies de plomo. Los perjudicados van a ser los ciudadanos de Cuba que se habían convertido en penosos “cuentapropistas”.

La corrección al deshielo iniciado por Obama va a servir de rampa de lanzamiento para los sectores que se consideran más duros en el contexto del régimen cubano, si es posible detectar diversas facciones. A la derecha (si esta ubicación es posible) del presidente Raúl Castro se puede favorecer a los que sin tregua señalarán que el régimen cubano está tan acosado como en los viejos tiempos de la Guerra Fría.

En ese escenario, los perdedores del sistema van a ser los “aperturistas” que han presionado a Raúl para la ampliación de los sectores “liberados” de la economía. Mientras tanto, han jugado arriesgadamente en los terrenos políticos que los más optimistas consideran que se pueden sublimar en el traspaso de poderes en febrero de 2018.

Los rumores que apuntan hacia una transición dinástica, que consolidaría al régimen cubano sobre otro escalón de la familia Castro, pueden verse confirmados por la energía demostrada por la línea dura, justificada por el acoso de Trump.

Mientras, en el propio seno del “establishment” de Washington, ese mundo que Trump detesta, los que (sea quien domine la Casa Blanca) siguen detentando los hilos de la seguridad (en el Pentágono y otras agencias), observan alarmados los movimientos irresponsables de Trump, traducción de sus “tweets” nocturnos.

El escenario latinoamericano está comparativamente estabilizado. Con la excepción de los estertores del régimen post-Chávez en Venezuela y algunos acólitos del ALBA en descomposición, la amenaza se ha quedado reducida a la criminalidad organizada, el tráfico de drogas y la inmigración descontrolada.

Una Cuba en convulsión por enfrentamientos internos, causados tanto por la incapacidad del régimen en mejorar la existencia de sus ciudadanos como por la presión desde Washington, es lo último que se desea.

Un segundo Mariel resulta terrorífico, al igual que una novedosa marea de balseros. Esta tesis está basada en la existencia de otros escenarios con más graves dolencias que inciden directamente sobre el protagonismo de Estados Unidos en el mundo.

De ahí que esos centros de influencia permanente consideren que, por el momento, lo mejor es que Cuba siga en el estado actual, pese a la resistencia del sistema a generar pleno respeto de los derechos humanos y libertad de expresión. Pero la caballería de Trump ha llegado para el rescate.

Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu