El presidente de Brasil, Michel Temer, durante una reunión con sus ministros el 5 de julio. Ocho miembros de su gabinete ministerial, 28,5 por ciento del total, son investigados por corrupción y algunos de ellos por varios casos. Crédito: Alan Santos/PR/FotosPúblicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 8 2017 (IPS)

Dos meses de agonía y un creciente deterioro moral de la presidencia de Michel Temer forzaron la decantación de una alternativa poco atractiva, pero viable, en el callejón sin salida que envilecía la política en Brasil.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aparece como el probable sucesor. Ya es el sustituto natural, cuando el mandatario viaja al exterior, pero a los 47 años y sin experiencia ejecutiva, está lejos de ser un líder capaz de generar entusiasmos.

Pero sí logró aunar hace un año los respaldos suficientes para asumir la presidencia de la cámara baja, una función clave por manejar una casa de 513 parlamentarios, donde más fuertemente se manifiestan los conflictos y la fragmentación política, dificultando las decisiones legislativas.

Amplios sectores económicos y políticos llegaron a la conclusión de que el derechista Maia es el mejor ubicado para impulsar medidas reclamadas por los voceros del sector económico, como la reforma previsional, mientras que el también conservador Temer perdió las condiciones con que contaba para conducir las labores parlamentarias.

Antes se rechazaba sustituir nuevamente el presidente del país, meses después de que la anterior mandataria, la izquierdista Dilma Rousseff, fuese separada del cargo en mayo de  2016 para ser enjuiciada por el Senado y destituida el 31 de agosto siguiente

Primaba para los factores de poder el no agravar la inestabilidad y las incertidumbres que afectan el país, especialmente a la economía, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en que Temer fue el candidato a la vicepresidencia con Rousseff. La prioridad era evitar nuevas turbulencias.

Pero las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre Temer y las continuas acciones judiciales contra él y sus colaboradores más allegados minaron la fortaleza de Temer en el legislativo Congreso Nacional y lo convirtieron, de hecho, el mayor factor de turbulencias.

El procurador general (fiscal general), Rodrigo Janot, precipitó la suerte de Temer, cuando el 27 de junio lo acuso formalmente de corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia que puede enjuiciar un presidente del país por un cargo penal.

Seis días después la Policía Federal detuvo, por orden judicial, a Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Temer, acusado de intento de obstrucción de la justicia.

Tres semanas antes la misma policía había detenido a Henrique Alves, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Turismo, acusado de corrupción y legitimación de capitales ilegales.

Dos exasesores especiales de Temer también fueron apresos en mayo, uno de ellos después de ser filmado con 500.000 reales (150.000 dólares) en una valija, soborno supuestamente destinado al presidente, según la acusación del procurador general y los diálogos grabados entre los acusados y empresarios corruptores.

La conclusión es obvia para quienes desean aderezar la economía, aunque en términos conservadores e impopulares, y superar la inestabilidad política: mejor un presidente anodino, con posibilidades de conducir la transición hasta las elecciones de octubre de 2018 y la llegada de un nuevo gobierno el 1 de enero de 2019.

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, llega el 4 de julio a la sede del Supremo Tribunal Federal, que enjuiciaría al presidente Michel Temer si, como se pronostica, se dan los pasos jurídicos y parlamentarios para ello. En ese caso, Maia, se convertiría en el nuevo mandatario de Brasil. Marcelo Camargo/EBC/FotosPúblicas

Maia, del partido Demócratas, parte de la alianza en el poder y con una bancada parlamentaria de mediana dimensión, conduciría un gobierno de baja intensidad, en contraposición al encabezado por Temer, tumultuoso y arrinconado.

Ocho ministros del actual gobierno están bajo investigación STF, por sospecha de corrupción denunciada por dirigentes del grupo empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia, con la revelación de los multimillonarios sobornos entregados los 10 últimos años, a cambio de contratos públicos y leyes ventajosas.

Prácticamente toda la dirigencia política del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer presidió entre 2001 y 2016, está detenida o bajo investigación penal.

Nuevos sobresaltos se espera de la colaboración judicial de otros miembros del PMDB ya detenidos, uno de ellos Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, preso desde octubre y condenado a 15 años en uno de los varios procesos en que es acusado de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Otro es Lucio Funaro, que no es un político, sino que fungió de operador financiero del PMDB e intermediario en varios casos de soborno. Su “delación premiada”, la colaboración con los jueces a cambio de rebajas en sus penas, ya se da por hecho y va apuntar al presidente y otros jefes del partido.

Temer puede ser alejado de la presidencia en las próximas semanas, si la Cámara de Diputados autoriza al STF juzgarlo por corrupción pasiva, por su presunta aceptación de un soborno de la compañía JBS, la mayor procesadora y exportadora de carne, a cambio de beneficiarla con medidas gubernamentales.

Esa autorización exige mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, una hazaña que parecía imposible hace unos días. Pero la erosión del respaldo a Temer se volvió palpable los últimos días.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado el fiel de la balanza y cuyas dudas favorecían a Temer, dio señales de que dejará la alianza. Su presidente interino, el senador Tasso Jereissati, manifestó su preocupación por la “ingobernabilidad” actual y su apoyo a la “alternativa Maia”.

La primera prueba será la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, donde habrá las primeras discusiones sobre las acusaciones de la Procuraduría General y se espera una decisión dentro de 10 días, por mayoría de sus 66 diputados.

El informe de la Comisión, a favor o en contra de enjuiciar a Temer en el STF, será votado después en la plenaria de Diputados, donde al presidente le basta el apoyo de un tercio de la Cámara,  172 votos, para evitar que se abra el proceso.

Si 342 diputados aprueban el juicio, Temer seria alejado de la presidencia, como le sucedió a Rousseff, para responder ante el máximo tribunal durante un máximo de 180 días, cuando podrá volver al poder si es absuelto o el proceso se prolonga por más tiempo.

Pero su vía crucis judicial no termina, porque la Procuraduría General prepara otras dos acusaciones, una por intento de obstrucción a la justicia y otra por organización criminal. Esta última se hace cada día más evidente por las investigaciones y las detenciones de miembros del PMDB.

Además, hay una veintena de pedidos por la inhabilitación de Temer. Le toca al presidente de la Cámara, el mismo Maia, acoger o no alguna de las solicitudes. En ese caso el juicio sería político, a cargo del Senado después que sea autorizado igualmente por dos tercios de la cámara baja.

La caída de Temer pareció volverse inevitable desde el 17 de mayo, cuando trascendió el diálogo grabado entre él y Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, hablando de sobornos y actuaciones, tanto para beneficiar a la empresa como para bloquear el avance de las investigaciones sobre corrupción.

La baja calidad de la grabación, con muchas interrupciones, alentó la resistencia del mandatario, abogado y antiguo profesor de derecho constitucional, basada en la posibilidad de descalificarla como prueba.

Pero en términos políticos y morales le fue fatal.

Los “hechos nuevos” de las investigaciones y detenciones en su círculo político completan un cerco que no parece admitir escapes. El hallazgo de una alternativa aceptable para los que deciden en la política y la economía de este país, como es la figura de Maia, acerca el desenlace.

Editado por Estrella Gutiérrez

Representantes de los pueblos mapuche, lonko y machi, durante la izada de bandera en la plaza de Armas de Vilcún, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en uno de los numerosos actos que se realizaron en Chile el 24 de junio, declarado fiesta nacional por el We Tripantu, el año nuevo mapuche. Crédito: Mirna Concha/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Jun 28 2017 (IPS)

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”: Carlos Bresciani.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores  creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,  que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile

Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo.  Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión  trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento  han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato)  debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.

Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.

Editado por Estrella Gutiérrez 

La consolidación de los derechos de tenencia de las mujeres sobre la tierra genera diversos resultados positivos para ellas y sus familias, incluida la capacidad de resistencia a los choques climáticos, la productividad económica, la seguridad alimentaria, la salud y la educación. En la imagen, una mujer tribal trabaja junto a su esposo plantando arroz en la provincia de Rayagada, India. Crédito: Manipadma Jena / IPS

Por Manipadma Jena
NUEVA DELHI, Jun 13 2017 (IPS)

Las tres mayores tribus de Megalaya, un punto fuerte de la biodiversidad del noreste de India, son matrilineales. Los descendientes toman el apellido de la madre, mientras que las hijas heredan las tierras de la familia.

Como las mujeres son las propietarias de las tierras y siempre han decidido qué se cultiva en ellas y qué se conserva, el estado no solo tiene un sólido sistema de alimentos resistentes al clima, sino también algunas de las plantas comestibles y medicinales más escasas."Las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales aun no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios": Stephanie Keene.

Mientras que su antigua cultura les da poder a las mujeres indígenas de Megalaya, ya que la propiedad de la tierra mejora enormemente su resistencia a los choques alimentarios que provoca el cambio climático, a la abrumadora mayoría de las mujeres en el Sur en desarrollo la sociedad no les permite ni siquiera tener voz en la gestión de la familia o la comunidad.

Ni siquiera las leyes nacionales apoyan sus derechos a la propiedad de la misma tierra que siembran y cosechan para alimentar a sus familias.

Según un nuevo informe de la organización no gubernamental Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI, en inglés), las protecciones legales para que las mujeres indígenas y rurales posean y administren propiedades privadas son insuficientes o inexistentes en 30 países de ingresos bajos y medios.

Esta conclusión significa que gran parte de los recientes avances que las comunidades indígenas y locales consiguieron en relación con la conquista del reconocimiento legal de su territorio comunitario podrían tener una base inestable.

“En términos generales, las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales aun no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios”, señaló Stephanie Keene, de RRI, una coalición internacional con sede en Estados Unidos.

En conjunto, estos 30 países albergan 75 por ciento de los bosques del mundo en desarrollo, que siguen siendo esenciales para mitigar el calentamiento global y los desastres naturales, incluidas las sequías y la degradación de las tierras.

En Asia meridional la migración por necesidad debido a los fenómenos climáticos – en, particular, a las sequías – es alta, ya que más de 75 por ciento de la población depende de la agricultura, y de esa proporción más de la mitad son agricultores de subsistencia que dependen de las lluvias para el riego.

“En muchos pueblos indígenas son las mujeres las productoras de alimentos y quienes administran las tierras y bosques consuetudinarios. La salvaguardia de sus derechos consolidará los derechos de sus comunidades a poseer colectivamente las tierras y bosques que han protegido y de los cuales dependen desde hace generaciones”, afirmó Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La desertificación, una crisis silenciosa e invisible, amenaza a un tercio de la superficie mundial. Esta imagen de 2013 registra el intento de volver fértil partes del desierto de Kubuqi, en China. Crédito: Manipadma Jena / IPS

“Las comunidades indígenas y locales de los 10 países asiáticos analizados brindan el reconocimiento más consistente de los derechos de herencia de las mujeres a nivel comunitario. Sin embargo, esto… no se observa en India o Nepal, donde la insuficiencia de leyes sobre herencia y resolución de disputas a nivel comunitario hacen que los derechos forestales de las mujeres sean particularmente vulnerables”, explicó Keene a IPS acerca del estudio de RRI.

“Ninguno de los cinco marcos legales analizados en Nepal trata la herencia o la resolución de disputas a nivel comunitario. Aunque la ley sobre derechos forestales de India reconoce la herencia de tribus… y otros habitantes tradicionales de los bosques, no se reconocen expresamente los derechos específicos de las mujeres a la herencia o a la resolución de disputas a nivel comunitario”, añadió.

“La herencia en India puede estar regulada por leyes civiles, religiosas o personales, algunas de las cuales no garantizan expresamente derechos de herencia equitativos para esposas e hijas “, expresó Keene.

Madhu Sarin, que participó en la redacción de la Ley sobre Derechos Forestales de India y ahora impulsa su implementación, habló con IPS sobre la situación en Asia meridional.

“Donde los gobiernos han ratificado los derechos internacionales, en principio aceptan que las leyes nacionales sean compatibles con ellos. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre estos compromisos y su traducción en la práctica. En primer lugar, la mayoría de los gobiernos no tienen mecanismos ni requisitos vinculantes para garantizar dicha compatibilidad”, comentó.

“Además, las beneficiarias previstas de las leyes de género permanecen desorganizadas y no tienen conocimiento de ellas”, dijo.

Los derechos de las mujeres sobre la tierra, las sequías recurrentes y la desertificación progresiva

Según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), una manera de enfrentar las sequías – que causan más muertes y más desplazamientos que cualquier otro desastre natural – y detener la desertificación – la silenciosa e invisible crisis que amenaza a un tercio de la superficie terrestre – es aplicar urgentes reformas legales que apliquen la paridad de género en la propiedad y la gestión agrícola y forestal.

“Las mujeres rurales pobres en los países en desarrollo son fundamentales para la supervivencia de sus familias. La tierra fértil es su salvavidas. Pero el número de personas afectadas negativamente por la degradación de la tierra crece rápidamente”, declaró Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la UNCCD, en su estudio de 2017.

“El fracaso de los cultivos, la escasez de agua y la migración de los cultivos tradicionales perjudican a los medios de subsistencia rurales. La acción para detener la pérdida de tierras más fértiles debe centrarse en los hogares. En este nivel, el uso de la tierra se basa en los roles asignados a hombres y mujeres. Aquí es donde la marea puede comenzar a cambiar”, aseguró.

La reducción de la brecha de género en la agricultura por sí solo aumentaría el rendimiento de las granjas de mujeres de 20 a 30 por ciento y la producción agrícola total en los países del Sur en desarrollo de 2,5 a 4 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Traducido por Álvaro Queiruga

Indígenas se suman a las protestas por el derecho a la tierra en Asia. Crédito: IWGIA

Por Baher Kamal
ROMA, May 31 2017 (IPS)

Asia alberga a 260 millones de los 370 millones de indígenas del planeta. A pesar de su gran número, equivalente a la mitad de la población combinada de Europa, es común que a estos habitantes originarios se les discrimine y nieguen sus derechos.

Con sus 4.400 millones de habitantes, Asia es una de las regiones de mayor diversidad cultural del mundo. “Los pueblos indígenas viven en todos los países asiáticos”, indicó Signe Leth, asesora del no gubernamental Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, en inglés), a IPS.Los indígenas "a menudo luchan contra fuerzas muy poderosas que procuran sacar provecho de sus territorios, e incluso pagan con sus vidas": Signe Leth.

Sin embargo, los pueblos originarios asiáticos se enfrentan a problemas como el rechazo a su autodeterminación, la pérdida de control sobre sus tierras y recursos naturales, la discriminación y marginación, la fuerte presión de asimilación y la represión violenta por las fuerzas de seguridad del Estado.

“Varios países tienen legislaciones que, en cierta medida, protegen los derechos de los pueblos indígenas, como Filipinas, India y Nepal”, informó Leth. “Sin embargo, estos derechos son sistemáticamente diluidos, y a menudo sencillamente ignorados o anulados”, añadió.

Al preguntársele sobre los conocimientos de los indígenas asiáticos y su contribución como custodios y protectores de la naturaleza, la experta del IWGIA explicó que los pueblos originarios luchan contra la degradación forestal, protegen la biodiversidad y llevan una vida sostenible con respeto a su entorno.

“Pero a menudo luchan contra fuerzas muy poderosas que procuran sacar provecho de sus territorios, e incluso pagan con sus vidas”, destacó.

El IWGIA, con sede en Copenhague, presentó el 25 de abril su informe en inglés El mundo indígena 2017, dedicado a la situación mundial de los habitantes originarios, con motivo del décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Signe Leth.

El informe, cuya elaboración recibió más de 70 aportes de todo el mundo, se dio a conocer durante la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, celebrado del 24 de abril al 5 de mayo en la sede de la ONU en Nueva York.

Las “tribus programadas” de India

En India hay 461 grupos étnicos a los que oficialmente se les denominan “tribus programadas”, que son consideradas los pueblos autóctonos del país, según el IWGIA.

En India continental a las tribus programadas se las conoce como adivasis, que quiere decir pueblos indígenas. Con una población estimada de 84,3 millones, comprenden 8,2 por ciento del total de habitantes del país.

“Hay, sin embargo, muchos más grupos étnicos que calificarían para el estatus de tribu programada pero que no son reconocidos oficialmente. Se calcula que el número total asciende a 635 grupos tribales”, añade el informe.

La mayor concentración de indígenas se encuentra en los siete estados del nordeste indio y el llamado “cinturón tribal central”, que se extiende desde Rajastán hasta Bengala Occidental.

“India tiene una larga historia de movimientos de pueblos indígenas dirigidos a afirmar sus derechos”, señala el IWGIA.

Este gigante asiático tiene varias leyes y disposiciones constitucionales, tales como el Quinto Programa para India continental y el Sexto Programa para ciertas áreas del noreste del país, que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el autogobierno.

“Sin embargo, las leyes destinadas a proteger a los pueblos indígenas tienen numerosas deficiencias y su aplicación está lejos de ser satisfactoria”, precisa el informe.

El IWGIA también recuerda que el gobierno indio votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

“No obstante, no considera el concepto de ‘pueblos indígenas’, ni por lo tanto la Declaración… como aplicable a la India”, agregó.

Pueblos indígenas en China

Mientras tanto, China se proclama oficialmente un país unificado con una composición étnica múltiple, y todos los grupos étnicos son considerados iguales ante la ley, señala el capítulo chino del informe. Además de la mayoría china Han, el gobierno reconoce a 55 minorías étnicas dentro de sus fronteras.

Según el sexto censo nacional de 2010, la población de minorías étnicas ascendía a 113.792.211 personas, o 8,49 por ciento del total del país.

“Sin embargo, todavía hay ‘grupos étnicos no reconocidos’ en China, con un total de 734.438 personas, según el censo de 2000. La mayoría de ellos viven en las regiones suroccidentales de Guizhou, Sichuan, Yunnan y Tíbet”, indica el informe.

Los grupos de minorías étnicas reconocidos oficialmente tienen derechos protegidos por la Constitución, lo que incluye el establecimiento de regiones autónomas, del autogobierno local y el derecho a su propia lengua y cultura.

“Las regiones autónomas étnicas” constituyen alrededor de 60 por ciento del territorio chino.

El término “Pueblos indígenas”

De todas maneras, el gobierno chino no reconoce el término “pueblos indígenas” y los representantes de las minorías étnicas no se identifican a sí mismos como indígenas. Rara vez han participado en reuniones internacionales relacionadas con temas de los pueblos originarios, aclara el capítulo sobre China del informe del IWGIA.

“Por lo tanto, no se ha establecido claramente cuáles de los grupos étnicos minoritarios de China deben ser considerados como pueblos indígenas”, añade.

“El gobierno chino votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pero, antes de su adopción, ya había declarado oficialmente que no había pueblos indígenas en China, lo que significa que… la Declaración… no se aplica” al país más poblado del mundo, según el informe.

Traducido por Álvaro Queiruga

Representantes de los pueblos indígenas de Brasil, que anualmente se congregan en abril en el Campamento Tierra Libre, en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, durante una protesta contra los legisladores que atentan contra sus derechos de demarcación de tierra, salud y educación, con el edificio del Congreso Nacional al fondo. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 16 2017 (IPS)

El ataque que hirió por lo menos a 10 indígenas del pueblo gamela a tiros y machetazos, en el nororiental estado de Maranhão, puso los focos sobre el agravamiento de las amenazas al renacimiento y la sobrevivencia de los pueblos originarios de Brasil.

Decenas de hombres armados embistieron el 30 de abril contra los indígenas que ocupaban una hacienda en el municipio de Viana, que reclaman como una tierra que les pertenece, donde vivían sus ancestros. Dos heridos casi les mutilan las manos con profundos cortes.

La batalla unilateral recuerda las masacres que diezmaron la población originaria de Brasil durante cinco siglos, pero es solo la parte más brutal de una ofensiva que despliegan en múltiples frentes los hacendados que consideran excesivas las tierras destinadas a los indígenas.

“Es el peor momento de la política indigenista desde la dictadura militar (1964-1985)”, evaluó Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) y expresidente (1995-1996) de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de protección de los derechos de esa población.

El gobierno del presidente Michel Temer, en el cargo desde mayo de 2016, está promoviendo un “retroceso sin precedentes en todo el sistema de protección ambiental, de poblaciones  tradicionales y de los trabajadores del campo”, acusaron el ISA y otras 59 organizaciones no gubernamentales en una “carta pública” divulgada el 9 de mayo.

La ofensiva comprende el recorte este año de 55 por ciento del presupuesto de la Funai, la entrega de su presidencia a un general de Ejército, Franklimberg de Freitas, y medidas legislativas que buscan anular el derecho indígena a “tierras tradicionalmente ocupadas”, reconocido en la Constitución brasileña.

Una enmienda constitucional, en trámite desde el año 2000, pretende transferir al legislativo Congreso Nacional la decisión final sobre la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora una función del Poder Ejecutivo.

Su aprobación obstaculizaría el proceso de demarcaciones que impulsó la Constitución de 1988, ya que el parlamento es tradicionalmente conservador y actualmente está dominado por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), radicalmente contrario a atribuir más tierra a los indígenas.

Ese bloque multipartidista, también llamado “bancada ruralista”, reúne 257 diputados, la mitad de su Cámara, y 16 senadores, una quinta parte del Senado, según el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.

“El presidente Temer, muy impopular, es rehén del Congreso y débil ante presiones de los parlamentarios”, evaluó Santilli a IPS, para justificar sus temores con las iniciativas del gobierno, cuyo mandato concluye el primer día de 2019.

El actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era coordinador jurídico del FPA hasta febrero, cuando asumió el despacho que actualmente es responsable de la política indígena, con la Funai como un órgano subordinado.

El presidente del FPA, el diputado Nilson Leitão, pide, como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Funai y la Reforma Agraria, el enjuiciamiento de decenas de dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), antropólogos, fiscales del Ministerio Público y funcionarios gubernamentales por alegados fraudes en la demarcación de tierras indígenas.

“Es una paradoja, él pretende criminalizar quienes buscan cumplir lo que determina la Constitución”, que es asegurar que los indígenas ocupen las tierras que tradicionalmente eran suyas, criticó Santilli.

“Todos defendemos la Constitución desde puntos de vista distintos”, contrarrestó Leitão, explicando que la comisión parlamentaria examinó algunos casos y considera que están comprobadas ilegalidades sujetas a condenas judiciales. Su informe tiene 3.385 páginas y algunos documentos anexos.

Parte de una familia guaraní, que vive precariamente en tierras sin demarcar y con amenazas de expulsión, en el estado de Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. Allí se concentra la mayor población indígena de Brasil, y los terratenientes se han hecho con sus tierras, provocando el mayor número de asesinatos y suicidios de indígenas. Crédito: Mario Osava/IPS

“Hubo uso inadecuado de recursos públicos, incluso ONG que compraron armas de fuego para los indígenas y demarcaciones en que la misma etnia ni siquiera quería toda el área que le fue atribuida”, alegó el diputado el diálogo con IPS.

Su informe ataca algunas ONG que “recibieron abultadas sumas del exterior” y fomentan “invasiones de inmuebles rurales” reclamados como área indígena, ignorando la propiedad legal de sus dueños.

“El rito de demarcación tiene vicios, todo lo hecho últimamente se cuestiona en la Justicia”, señaló. Además, a su juicio, “la Funai se debilitó al ser tomada por funcionarios ideológicos”.

Pero su principal crítica es que la tierra sea “el único tema de Funai y los indigenistas”, olvidándose de “cuidar el ser humano, la salud y la educación” de los pobladores originarios.

En consecuencia, aseguró el diputado ruralista, que “en los últimos 10 años las muertes indígenas aumentaron 168 por ciento, no por la guerra o la violencia de los conflictos, sino por enfermedades” y 40 por ciento de los muertos son niños de cinco años o menos.

No tiene que ver con escasez de tierra, arguyó, recordando que en Brasil había 817.963 indígenas, 0,4 por ciento de la población total, según el censo de 2010, ocupando 117 millones de hectáreas, equivalentes a 13,7 por ciento del territorio nacional. Entonces, la población total apenas superaba los 190 millones de personas, frente a las proyecciones actuales de 211 millones.

Restar importancia a la cuestión de la tierra corresponde al interés de los ruralistas, en permanente conflicto con los competidores por la tierra, sean indígenas o campesinos que reclaman asentamientos de la reforma agraria. Todos los especialistas consideran la tierra como el factor clave para la sobrevivencia de los pueblos originarios.

La ofensiva ruralista actual, favorecida por su dominio legislativo, amenaza con poner fin al renacimiento indígena impulsado por el retorno a la democracia de Brasil en 1985 y la Constitución de tres años después.

La población indígena se limitaba a 294.131 personas en 1991, cuando se hizo el primer censo oficial que incorporó esa identificación étnica. En 2000 ese número más que se duplicó para alcanzar los 734.127 habitantes, y subió a 817.963 en 2010.

Esa multiplicación respondió a la demarcación de más de 80 por ciento de las 480 áreas ya homologadas como indígenas en Brasil desde 1988. Aún quedan por demarcar 224 áreas, la mitad ya identificadas y el resto aún en proceso de hacerlo.

“El crecimiento poblacional debe mantenerse en el censo de 2020, pese al recrudecimiento de las agresiones”, prevé Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una organización de la Iglesia Católica.

Muchas etnias están rescatando su identidad y tratando de recuperar tierras ocupadas en el pasado por sus pueblos. Es lo que pasa con los gamelas, que ocuparon haciendas buscando demarcar su territorio por su cuenta ante la inoperancia del gobierno, en una iniciativa que desató la violenta reacción de hacendados locales, explicó Buzatto.

La población indígena, pese a las adversidades políticas, sigue movilizada por sus derechos constitucionales.

Actualmente, en Brasil sobreviven 252 pueblos originarios, con 150 lenguas aún vivas de las 1.200 que se hablaban cuando llegaron los colonizadores portugueses en 1500, según datos de ISA. Los pueblos más numerosos son los guaraníes, tikunas, terena y yanomami.

El Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que tiene lugar en Brasilia, reunió cerca de 4.000 indígenas del 24 al 28 de abril, para denunciar “violencias, retrocesos y amenazas cometidos por el Estado brasileño” y defender los derechos asegurados por la Constitución y los tratados internacionales.

“Está en marcha un conjunto de amenazas y acciones que se relacionan y se retroalimentan”, con un ruralista en el Ministerio de Justicia, intentos de cambiar la Constitución para invadir tierras indígenas, descalificar el sistema de demarcación y asegurar impunidad a los agresores, resumió Buzatto.

Son acciones que se extienden al ambiente y a los derechos humanos, fomentando movimientos de resistencia.

Críticas a las actitudes del gobierno brasileño, especialmente en la cuestión indígena, se manifestaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el 5 de mayo sometió en Ginebra al país a la Revisión Periódica Universal. “Es un factor de esperanza”, concluyó el secretario de CIMI.

Editado por Estrella Gutiérrez

La ministra brasileña Luislinda Valois (segunda por la izquierda) durante el Examen Periódico Universal a su país sobre derechos humanos, realizado el viernes 5 de mayo, por un grupo de trabajo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Crédito:Mirtis Matsuura/Secretaria de DDHH de Brasil

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, May 5 2017 (IPS)

El informe que presentó el gobierno del presidente Michel Temer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Brasil refleja, “más que la realidad, un mundo de fantasía, de un país de maravilla”.

Así lo evaluó para IPS el diputado Paulo Fernando Dos Santos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, quien asistió este viernes 5 al debate sobre el caso brasileño en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en su sede en Ginebra.

Por el contrario, “lo que la gente percibe es que después del golpe (como definió la separación del cargo de la presidenta Dilma Rousseff en mayo de 2016, al comenzar un proceso de destitución en su contra que el Senado consumó en agosto), en Brasil están ocurriendo muchos retrocesos”, sostuvo Dos Santos.

“Se está enfrentando un momento de mucha gravedad, pero aquí en Ginebra se pinta la situación como si estuviéramos en una isla de fantasía”, insistió.

Dos Santos, legislador por el norteño estado de Alagoas, pertenece al Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al poder en 2003 de la mano de su fundador, el líder obrero Luis Inácio Lula da Silva, y quien tras gobernar dos cuatrienios sucedió su colaboradora y copartidaria Rousseff, en 2011.

Desde una vertiente opuesta a la de Dos Santos, la ministra de Derechos Humanos del actual gobierno de centroderecha, Luislinda Valois, reconoció también que Brasil atraviesa por dificultades especiales, al rendir el informe de su país durante el Examen Periódico Universal (EPU), al que el CDH somete en forma rotatoria a todos los Estados miembros de la ONU.

Son “momentos que imponen sacrificios en el corto plazo, pero que garantizarán la robustez del crecimiento futuro y la promoción, muy en breve, de importantes políticas sociales” aseguró Valois.

La ministra expuso lineamientos del ideario neoliberal que se extiende actualmente por gran parte de América Latina. “Brasil necesita grandes reformas, vitales para restaurar la credibilidad, que trae inversiones, que generan empleo”, dijo.

“Reformas cruciales para que tengamos un estado eficiente, que asegure oportunidades para todos, que responda a las legítimas expectativas del ciudadano y que promueva y respete los derechos humanos”, completó.

Esas políticas de ajuste económico y social se traducen ya en restricciones de los derechos laborales y en reformas que pretenden imponer recortes en el sistema previsional, explicó Dos Santos.

El diputado del PT afirmó que las políticas de Temer atentan contra la soberanía del Estado y citó el caso de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, “que va a ser desmontada”, alegó.

Otro foco de preocupación para Dos Santos es “la penalización de los movimientos sociales, principalmente de los movimientos agrarios, de los estudiantes, del movimiento por la vivienda popular, todos muy criminalizados”, aseveró.

Dos Santos mencionó como ejemplo el asesinato, en abril, de nueve trabajadores en el área rural de Colniza, en el estado centro-occidental de Mato Grosso.

El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad al Hussein, se había referido a esa matanza el lunes 1, cuando reseñó a periodistas en esta ciudad los casos más críticos de violaciones de derechos humanos en el mundo.

Zeid mostró entonces su preocupación por una ofensiva contra los defensores de los derechos humanos en Brasil.

El alto comisionado mencionó que la católica Comisión Pastoral de la Tierra  informó de la muerte de 61 personas en conflictos registrados en zonas rurales de Brasil durante 2016. Entre los 61 asesinados, 17 eran jóvenes menores de 29 años y 13, indígenas.

Dos Santos relacionó los conflictos en las zonas de arraigo indígena, con el auge de la agroindustria.

“Los capataces del agronegocio llegan a la capital federal (Brasilia) para presentar proyectos de venta a los extranjeros, pretendiendo disminuir las reservas, los espacios de los pueblos indígenas,  y despojar de sus derechos antropológicos a las poblaciones originarias”, dijo.

Precisamente, durante el debate del informe de Brasil, varios Estados se plantearon el tema indígena.

Suiza recomendó al gobierno de Temer que adopte un plan de acción eficaz para la demarcación de tierras indígenas, junto con el otorgamiento de recursos financieros necesarios para asegurar una política efectiva de derechos de los pueblos originarios y prevenir así conflictos vinculados a la tierra.

México, a su vez, sugirió a Brasilia que establezca mecanismos para erradicar la estigmatización y discriminación contra grupos indígenas y minorías étnicas, incluyendo la sensibilización de los servidores públicos, la rendición de cuentas y la creación de mecanismos de reparación.

La ministra Valois aseguro que la metodología que se aplica en su país para la demarcación de tierras cuenta con la participación indígena en todos los procesos.

En Brasil, con 218 millones de habitantes, viven casi un millón de indígenas, repartidos en todos los estados del país y 80 por ciento de los municipios. Pertenecen a 305 pueblos, con 274 lenguas.

La mayor parte de las tierras indígenas ya fueron demarcadas, afirmó Valois. Esas 462 tierras demarcadas  se extienden por más de un millón de kilómetros cuadrados, cerca del 13 por ciento del extenso territorio brasileño.

Un rasgo singular del informe presentado por el gobierno de Temer al CDH es que a la cabeza de los logros de Brasil en materia de derechos humanos, coloca los avances del programa de la Beca Familia.

Esa combinación de políticas de transferencia de rentas, de aumento del salario mínimo y de promoción de la agricultura familiar permitió que en la última década Brasil tuviera un éxito sin precedentes en la reducción del hambre en el país.

Como consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) retiró a la nación sudamericana de su “Mapa del Hambre” en el mundo.

Ese programa y sus efectos, alabados por numerosos Estados durante la sesión del CDH, fue iniciativa del gobierno de Lula y se mantuvo y actualizó durante la gestión de Rousseff.

Las observaciones y recomendaciones de los Estados de la ONU para que Brasil reafirme o modifique sus políticas de derechos humanos serán divulgadas el martes 10, aunque no se esperan conclusiones altisonantes pues el texto es negociado entre las partes, según las reglas del EPU.

El examen a Brasil se ha producido durante el 27 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU dentro del CDH, que se realiza entre el 1 y el 12 de mayo en Ginebra.

Editado por Estrella Gutiérrez

Mujeres regresan del bosque con canastas llenas de corteza de árbol, que recogieron con mucho trabajo, y estiércol seco. La comunidad bhumia practica una silvicultura sostenible. Crédito: Manipadma Jena/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Apr 27 2017 (IPS)

Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.

Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.

“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.

Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.

Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.

Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”

En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.

Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.

Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.

A pesar de estar a unos 12.900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.

La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.

“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.

“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.

Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.

Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.

“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.

Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.

En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.

“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.

Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.

En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.

Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.

“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.

El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.

Traducido por Verónica Firme

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas cumple 10 años en 2017, pero queda mucho por hacer para garantizar la total protección de las comunidades aborígenes. Crédito: FAO.

Por Tharanga Yakupitiyage y Baher Kamal
NACIONES UNIDAS/ROMA, Apr 25 2017 (IPS)

Se han logrado avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pero quedan muchos problemas por resolver, precisaron representantes de pueblos aborígenes en la reunión anual de la ONU.

Más de 1.000 delegados indígenas de todo el mundo se reunieron en la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que este año se concentra en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General hace 10 años.

“El día de la adopción de la declaración, hubo un gran cambio en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, destacó la presidenta del foro, Mariam Wallet Aboubakrine, en la apertura del mismo el miércoles 24.

Por su parte, el jefe de la nación Ermineskin Cree, Willie Littlechild, recordó que las comunidades no tenían voz en el concierto internacional hasta la década de los años 80, cuando comenzaron los debates sobre la creación de un instrumento especial para proteger a los pueblos indígenas del mundo.

Mujeres indígenas de Panamá redactan planes de acción para garantizar la seguridad alimentaria. Crédito: FAO.

Además de la declaración, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene otros mecanismos dedicados a las comunidades indígenas, como el foro y un relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas.

“Pasar de no tener voz a tener cuatro mecanismos en la ONU, creo que es un logro significativo”, destacó Littlechild.

La Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, adoptada en 2015, también menciona y contempla a los pueblos aborígenes, a diferencia de sus antecesores los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Pero todavía quedan muchos desafíos por delante para lograr que se implemente la declaración y que se aplique.

De hecho, Littlechild se mostró preocupado por la falta de mecanismos de implementación en Canadá. “Justin Trudeau fue el primer ministro que tan siquiera miró la declaración de la ONU, pero la tarea ahora es realizar el seguimiento”, comentó a IPS.

Tras adoptar formalmente la declaración en 2016, muchos críticos acusaron a Trudeau de violar el documento al aprobar varios oleoductos controvertidos sin el consentimiento total de las comunidades indígenas cuyo territorio se ve implicado en las obras.

Uno de esos proyectos es la expansión del oleoducto Trans Mountain, que recibió apoyo de 40 de las 139 Primeras Naciones de Canadá que viven en la ruta prevista.

Mariam Wallet Aboubakrine, de Mali. Crédito: Rick Bajornas/UN Photo.

La organización Artículo 19 subrayó la importancia de contar con ese consentimiento.

“Los estados están obligados a consultar y cooperar con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que los afecten”, explicó.

El derecho a las tierras, territorios y recursos también está entre las disposiciones más importantes de la declaración.

Aboubakrine y Littlechild subrayaron la importancia de discusiones y toma de decisiones inclusivas a escala internacional y estatal para garantizar la protección de los derechos indígenas.

“El conocimiento tradicional de los ancianos es fundamental para asegurar su desarrollo sano, si es lo que acordaron, o para proteger el ambiente”, dijo Littlechild a IPS.

Por su parte, Aboubakrine remarcó la necesidad de las agencias de la ONU de comunicar y coordinar para lograr el respeto efectivo del texto de la declaración.

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, los pueblos indígenas constituyen cinco por ciento de la población mundial, pero representan 15 por ciento de las personas más pobres del mundo, lo que explica su mal estado de salud y la discriminación que sufren.

La 16 sesión del foro procura atender esos desafíos y realzar los avances en materia de derechos indígenas en el encuentro que comenzó el miércoles 24 y terminará este 5 de mayo.

Australia

Australia debe reducir su “increíble” proporción de indígenas presos y redoblar la lucha contra el racismo, alertó el 4 de este mes la relatora especial para derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

“Es alarmante; el país adoptó numerosas políticas para atender las desventajas de los pueblos aborígenes y de las Islas del estrecho de Torres, pero no respeta sus derechos a la autodeterminación y su total y efectiva participación en la sociedad”, añadió al terminar una visita por Australia.

Las políticas del gobierno australiano no han logrado los objetivos en materia de “salud, educación y empleo e hicieron que un creciente número de indígenas terminen en la cárcel y que cada vez más niñas y niños sean separados de sus hogares en las comunidades de aborígenes e isleños del estrecho de Torres”, explicó Tauli-Corpuz.

Datos impactantes

“Me describieron la elevada proporción de detención como un ‘tsunami’ que afectaba a los pueblos indígenas. Los datos son sencillamente sorprendentes. Los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres representan solo tres por ciento de la población total, constituyen 27 por ciento de la reclusa, y mucho más en algunas cárceles”, subrayó.

“Visité el Centro de Detención para Jóvenes de Cleveland, en Townsville, Queensland, donde niños aborígenes e isleños constituyen 95 por ciento de los menores detenidos. Muchos pasaron de la atención fuera del hogar a la reclusión”, explicó Tauli-Corpuz.

La relatora de la ONU acotó que los niños aborígenes tienen siete veces más probabilidades de tener contacto con el sistema de protección infantil o sufrir abusos o negligencia en comparación con los de otros orígenes.

“Urjo a Australia a aumentar la edad de responsabilidad penal. Los niños deberían quedar detenidos solo como último recurso. Se los castiga simplemente por ser pobres y, en la mayoría de los casos, la cárcel no hará más que agravar el ciclo de violencia, pobreza y delincuencia”, precisó.

“Encontré en los niños, algunos de apenas 12 años, en detención, los elementos más perturbadores de mi visita”, añadió.

La experta de la ONU también se mostró preocupada por el programa gubernamental Estrategia de Avance Indígena, lanzado en 2014 y que implicó un gran recorte presupuestal en los programas de apoyo.

“La implementación de la estrategia ha sido burocrática y rígida y desperdició una cantidad considerable de recursos en administración”, cuestionó.

Tauli-Corpuz también instó al gobierno australiano a crear una nueva relación con el órgano nacional indígena, el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, y devolver los fondos.

También se mostró preocupada de que el gobierno no cumpla con los objetivos para acortar la brecha en materia de “esperanza de vida, mortalidad infantil, educación y empleo” y reclamó un enfoque integral que incluya objetivos específicos para la “reducción de la proporción de detenciones, de la retirada de los niños y de violencia contra la mujer”.

Aliados fundamentales

El mismo 4 de abril, cuando Tauli-Corpuz realizó estas declaraciones sobre la situación de los indígenas, el director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graziano da Silva, recibía en Roma a un grupo de jóvenes representantes indígenas de siete regiones del mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen oportunidades a los países, organizaciones indígenas y a la ONU de trabajar juntos para lograr un impacto desde ya para 2030, subrayó, y recordó que desde la creación del equipo de Pueblos Indígenas en 2014, la FAO refuerza su trabajo con organizaciones indígenas con dos enfoques:

“Por un lado, reconoció que los pueblos indígenas son “aliados fundamentales” en la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza “por sus abundantes conocimientos ancestrales y buenas prácticas”, según dijo Graziano da Silva en su discurso al Grupo Global de Jóvenes Indígenas.

Y “por otro lado, sabemos que la falta de reconocimiento de sus derechos en la gestión de los recursos naturales y la marginación que sufren los coloca en una posición muy vulnerable. Me refiero por encima de todo en vuestros derechos ancestrales a la propiedad de la tierra”, precisó.

El encuentro en Roma, de 5 al 7 de este mes, coincidió con la celebración del 10 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Traducido por Verónica Firme

Jailson Juruna, el "Caboclo" de la aldea Miratu, con su nueva arma de lucha en defensa de los derechos indígenas, en la Volta Grande del río Xingu, en la Amazonia brasileña. Actualmente realiza un curso de videasta promovido por Video en las Aldeas, un movimiento que capacita a indígenas en la producción de audiovisuales. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
MIRATU, Brasil, Apr 10 2017 (IPS)

El río no murió, pero está enfermo. Sus peces flacos ya no alimentan a los indígenas como antes ni les rinden los ingresos que aseguraban sus compras en la ciudad. Además se hizo inseguro para navegar.

Un vuelco de la pesca a la agricultura se le ha impuso a los indígenas que viven en la Volta Grande del río Xingu, como efecto del represamiento de las aguas para servir a la central hidroeléctrica de Belo Monte, la segunda mayor de Brasil y tercera en el mundo.

El cambio es más amplio y profundo, es incluso cultural. También el transporte fluvial en pequeñas embarcaciones, cede paso al terrestre especialmente en motocicletas. El río, con sus ciclos, el movimiento constante, deja de ser tan central en la vida de los indígenas.

“Los peces que comen fruta, como el pacu, van a acabar, porque no tienen que comer. Las frutas caerán en tierra seca”, lamentó Agostinho Pereira da Silva, el patriarca de la aldea indígena de Miratu, donde viven 20 familias del pueblo juruna, con las que IPS compartió más de una jornada.

El pacu (Myloplus e Myleus spp) es la especie de mayor consumo y pesca local. Su alimentación depende de las crecidas del río que durante varios meses inundan orillas, islas, riachuelos y canales naturales (igarapés, igapós), haciendo caer las frutas en el agua.

La hidroeléctrica elimina esas grandes crecidas, al retener las aguas río arriba y desviarlas en su mayor parte por un canal, atajando la Volta Grande, un gran tramo del Xingu en forma de U, para impulsar las turbinas de la planta generadora principal, al final de la curva.

“El ‘sarobal’ (vegetación fructífera de áreas inundables) está muriendo en los igarapés secos, los peces aparecen con huevas secas”, destacó Jailson Juruna, de 37 años, uno de los 10 hijos vivos de Pereira, que han adoptado el apellido Juruna para afirmar su identidad étnica.

“También el tracajá está flaco o muriendo, porque igual se alimenta de la vegetación en los igapós que se secaron”, acotó, refiriéndose a una especie de quelonio, de nombre científico Podocnemis unifilis, importante en la alimentación indígena en la Amazonia.

Agostinho Juruna, quien con sus 10 hijos e hijas constituyen el núcleo central de la aldea Miratu, siembra yuca, banano y piña, en este asentamiento indígena en la ribera de la Volta Grande del río Xingu, al que trastocó la vida la instalación de la central hidroeléctrica Belo Monte a pocos kilómetros, en el estado de Pará, en el norte de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Ese drama de los pobladores ribereños de la Volta Grande, que no son solo indígenas, empezó al cerrarse las compuertas del embalse principal de la hidroeléctrica en Pimental, unos 20 kilómetros río arriba de la aldea de Miratu, a fines de noviembre de 2015.

En los tres meses siguientes, 16,2 toneladas de peces aparecieron muertos, comprobó el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, autoridad ambiental que le impuso una multa de cerca de 11 millones de dólares a la empresa Norte Energía, dueña de Belo Monte.

La mortandad de peces ocurrió también antes, durante las obras del represamiento del cauce, de 2011 a 2015, que ensució las aguas río abajo.

Pero con el embalse la situación se agravó porque bajó el nivel del agua en la Volta Grande y porque la gran cantidad de peces muertos asustó a los consumidores, especialmente de Altamira, la gran ciudad cercana con unos 150.000 habitantes.

La población rechaza el “pez enfermo”, un temor que también contribuyó a reducir el pescado en la alimentación de los ribereños, sumándose al factor principal, la escasez de peces.

De 56 por ciento en 2015, índice similar al de los dos años anteriores, la participación del pescado en la alimentación de la aldea Miratu cayó a 36 por ciento en 2016, según el monitoreo hecho por los mismos juruna, a través de su Asociación Yudjá Miratu (AYMIX), el no gubernamental Instituto Socioambientalhttp://www.socioambiental.org (ISA) y la Universidad Federal de Pará (UFPA), el norteño estado donde se ubica Belo Monte y la Volta Grande.

Dejó de ser el principal componente en la dieta indígena, perdiendo ante los “productos (alimentarios) de la ciudad”, que subieron de 25 a 52 por ciento, reveló la bióloga Cristina Carneiro, doctora de la UFPA que orientó la recolección de datos entre octubre de 2013 y septiembre de 2016,

Gráfico de los cambios de la alimentación en la aldea indígena de Miratu, donde los jaruna redujeron drásticamente el consumo de pescado, antes base de su dieta.

“Los juruna están perdiendo su autonomía y seguridad alimentaria, teniendo que migrar a la agricultura y buscar trabajo remunerado para asegurar su alimentación. Con ello pierden también su cultura y conocimientos”, evaluó a IPS la abogada de ISA, Biviany Rojas.

La mayor parte de los ingresos monetarios que obtenían los indígenas provenía de peces ornamentales, que también escasean. El esfuerzo adicional para mantener esa actividad fue fatal para Jarliel Juruna, otro hijo de Pereira, muerto a los 20 años, cuando pescaba en octubre pasado.

Ampliar la agricultura, como fuente de alimentos e ingresos, se hizo indispensable para los indígenas de la Volta Grande, sostuvo Giliarde Juruna, de 36 años, cacique de Miratu y presidente de AYMIX y hermano de Jailson y Jarliel.

Él mismo ofrece su ejemplo, sembrando arroz, maíz, mandioca (yuca) y frutales, como banano, acai (palmera amazónica) y cacao, en cerca de tres hectáreas, pese al poco tiempo disponible entre las tareas de la asociación y el liderazgo de la aldea.

La escuela de la aldea indígena Miratu, construida por Norte Energía, la empresa que construyó y opera la central hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia brasileña. Con tres aulas, tiene exceso de capacidad para las 20 familias locales, pero la aldea está creciendo y podrá acoger alumnos de pueblos cercanos. Crédito: Mario Osava/IPS

Uno de sus tareas es buscar una empresa, “pero tiene que ser grande, con capacidad”, para prestarles asistencia técnica a los indígenas en la agricultura, como “actividad productiva en que no tenemos experiencia”.

La aldea ya dispone de una “casa de harina” (molino comunitario), para hacer harina de mandioca. “Queremos despulpadoras de frutas”, para vender pulpas, jaleas y dulces de frutas nativas, “que las hay en cantidad en los bosques”, anunció el cacique.

Otra fuente de ingresos son empleos formales, dentro y fuera de la aldea, que aportan sus sueldos a la comunidad. Dos quedan en la misma aldea, el profesor de la escuela inaugurada en marzo y la enfermera del puesto de salud.

Miratu es la aldea más nueva de las tres existentes en la Tierra Indígena Paquiçamba, un área de 15.733 hectáreas reservada a los juruna, en el margen izquierdo del Xingu. Se implantó hace cinco años, en parte con ayuda de Norte Energía, la empresa concesionaria de Belo Monte, que construyó la escuelas y el puesto de salud, además de algunas viviendas.

“Antes no comprábamos casi nada afuera, solo sal. Pero nuestras siembras eran pocas, solo para comer”, ya que la pesca proveía todo, recordó Agostinho Pereira o Juruna.

“Tambien se transportaba todo por el río, ahora casi todos tenemos motocicletas, incluso yo que no sé manejarla, pero voy a aprender”, prometió a sus 66 años, después de tener 12 hijos, dos ya muertos, incluyendo Jarliel.

Dos automóviles y una camioneta indican la opción forzada de esos indígenas por la tierra, en desmedro de la tradición fluvial.

Pero también hacen el camino opuesto. Yudjá, el nombre de la etnia que están recuperando, al lado de los juruna, quiere decir “dueños del rio” en su lengua original, prácticamente perdida en las aldeas de la Volta Grande.

La gran familia que compone Miratu están enviando sus hijos a estudiar con los parientes del Alto Xingu, más de 1.000 kilómetros en línea recta hacía el sur.

Editado por Estrella Gutiérrez