Trabajadoras sexuales de la ciudad de Chennai, en India, muestran el uso del condón. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
CHENNAI, India, Jul 11 2017 (IPS)

En una habitación en penumbras, en un barrio de la capital de este sureño estado indio de Tamil Nadu, varias mujeres están sentadas alrededor de una mesa, rodeadas de cajas de Nirodh, la marca de condones más popular de India.

Vestidas con coloridos saris, anillos de pie y el punto rojo en la frente, nada indica su actividad. Lentamente, una de ellas abre una caja, saca un puñado de condones y un pene de madera. La habitación se llena de risas a medida que se lo pasan de una en una para colocarle un preservativo.

Es un raro momento de distensión para esas mujeres dedicadas a la difícil actividad del trabajo sexual, que cuidadosamente ocultan a sus familias.

Baby, solo conocida por su primer nombre, tiene unos 40 años y es la que más experiencia tiene en el uso del condón. Es una educadora que enseña a otras trabajadoras sexuales de Chennai a mantener relaciones sexuales seguras y a protegerse del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y de otras enfermedades de transmisión sexual.

Gracias a la continua capacitación y a la creación de conciencia, los preservativos forman parte de la vida de casi todas las 6.300 trabajadoras sexuales de esta ciudad, destacó Baby.

Pero su adecuada protección y salud sexual depende totalmente de la disposición de sus clientes a usar el condón.

“Hacemos lo mejor posible para que el cliente comprenda que es muy importante porque nos mantiene a ambos protegidos del VIH y de otras infecciones como la gonorrea. Pero es necesario convencerlo. La mayoría lo usa a regañadientes”, explicó.

Preservativos femeninos son un espejismo

India es uno de los mayores fabricantes y exportadores de condones del mundo. La compañía estatal Hindustan Latest Limited (HLL) produce más de 1.000 millones de preservativos al año, entre los que está Nirodh. De estos se entregan 650 millones al año sin costo en el marco de la campaña de sexo seguro. Pero los condones femeninos, no son gratuitos y es necesario pagarlos.

Los condones femeninos podrían ser una inmensa ayuda para las trabajadoras sexuales, pero son muy difíciles de conseguir por su elevado precio, explicó AJ Hariharan, fundador y director general de la Organización India de Bienestar Comunitario, con sede en Chennai, una de las mayores del país dedicada al bienestar de ese sector de población.

Los condones para hombres cuestan unas 25 rupias (unos 39 centavos de dólar), mientras que los de mujeres ascienden a 59 (91 centavos de dólar) o más, una suma excesiva para la mayoría de las trabajadoras sexuales que suelen ganar entre 200 y 500 rupias (entre 3,10 y 7,75 dólares) al día, que destinan a la manutención de sus familias.

“Al precio actual, el condón femenino es un lujo fuera del alcance de las mujeres pobres. Nunca podrán usarlo, una lástima porque el promedio de las trabajadoras sexuales realmente lo necesitan”, se lamentó Hariharan.

La razón de la “gran necesidad” es económico y de empoderamiento, explicó. Lleva un tiempo explicarle al cliente por qué debe usar condón y luego ayudarlo a usarlo. Tras lo cual, el duo debe esperar a que el hombre vuelva a tener una erección.

Con el condón femenino, todo es más rápido, ella ahorra tiempo y energía y lo atiende rápido. Para aquellas que alquilan un lugar, es fundamental, pues pueden tener múltiples clientes en pocas horas y pagar menos alquiler.

Organizaciones como la suya le pidieron a las autoridades que suministraran los condones femeninos de forma gratuita, pero todavía no han recibido nada. “Es una de las mayores necesidades insatisfechas a la que hay que prestarle atención”, subrayó.

A pesar de imposibilidad de pagar los preservativos femeninos, las trabajadoras sexuales tienen más suerte que otros sectores marginados, pues tienen acceso regular a los servicios de salud sexual y reproductiva.

“Hay ocho hospitales en la ciudad donde pueden hacerse revisiones médicas regulares, que incluyen análisis de VIH y de ITS (infecciones de transmisión sexual) y les dan condones”, indicó Vasanthi, una de las trabajadoras sexuales.

Salud sexual para personas transgénero

Pero para las personas transgénero, unas 450.000, hasta las revisiones médicas regulares son un problema.

“Una de las mayores dificultades es encontrar un médico que pueda y esté dispuesto a comprender nuestros problemas”, relató Axom, un transexual de 26 años.

“En cuanto ingresas a un hospital o a una clínica privada, el médico comenzará a juzgarte y a reprocharte por tu elección sexual, en vez de asesorarte sobre qué hacer. Siempre empieza con ‘¿por qué elegiste ser así?’ Después de eso, obviamente nunca vuelves a sentir ganas de abrirte acerca a tus problemas de salud”, se lamentó.

Además de la persecución moral, las personas transgénero tienen que hacer frente a la ardua batalla de pagar el elevado costo de la atención médica, como el tratamiento hormonal.

Axom recibe tratamiento hormonal y espera la cirugía de reasignación de sexo, los procedimientos quirúrgicos que le permitirán tener un pene ortopédico, que asciende a más de 10.000 dólares.

Gracias a su empleo en una de las mayores empresas de comercio electrónico del mundo, puede pagar esa suma, pero para la mayoría, esa alternativa es una quimera.

“En nuestra comunidad, más de 90 por ciento de las personas viven mendigando”, recordó. “¿Cómo van pagarse esos tratamientos?”, preguntó.

Planificación familiar, compromisos y brechas

En 2012, India se integró a Planificación Familiar 2020 (FP2020), una asociación mundial para cumplir el tres y el cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.

Este país se comprometió a invertir 2.000 millones de dólares en ocho años para reducir las necesidades insatisfechas y atender “la igualdad para que las poblaciones más pobres y vulnerables tengan un mayor acceso a suministros y servicios de calidad”.

El 11 de este mes, representantes de los países del FP2020 participaron en una cumbre en Londres para informar y analizar los avances en los compromisos asumidos hace cuatro años.

Para India es una buena oportunidad de decirle al mundo qué hizo y renovar su compromiso de alcanzar los objetivos, destacó Lester Coutinho, subdirector de planificación familiar de la Fundación Bill & Melinda Gates.

“Los gobiernos, incluido el de India, responden a las brechas que quedaron en los compromisos. Jóvenes y adolescentes son una de las áreas, la cadena de suministro es otra y fondos para comprar productos básicos es la tercera y asesorar e informar a las mujeres y jóvenes es otra más”, detalló.

“Hay soluciones tangibles en estas áreas que los gobiernos pueden adoptar”, subrayó.

Mientras, en Chennai, hombres y mujeres transexuales como Axom esperan que el gobierno subsidie algún día la cirugía de reasignación de sexo y el tratamiento hormonal.

“La Corte Suprema de India reconoció a las personas transgénero como un tercer género en 2014, así que ahora tenemos los mismos derechos y prestaciones que cualquier otro ciudadano”, recordó Axom.

“Si el gobierno otorga cirugías gratuitas en casos de enfermedades con riesgo de vida, ¿por qué no podemos esperar que nos subsidie tratamientos que podrían eliminar amenazas a nuestra identidad y restablecer cierta normalidad en nuestras vidas?”, acotó.

Traducido por Verónica Firme

Alain Bothorel, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea ante la Habana, durante una declaración en la sede diplomática del bloque en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 10 2017 (IPS)

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE), refrendado ahora por la eurocámara,  abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones entre La Habana y Bruselas, que dentro de dos meses comenzarán a trabajar para implementar lo convenido.

Un aspecto decisivo para la firma de este acuerdo de largo plazo, el 12 de diciembre de 2016, fue la derogación seis días antes de la llamada posición común, una cláusula que condicionaba desde 1996 la colaboración y el diálogo de la UE a la apertura democrática en la nación caribeña e impedía para esta un convenio marco de cooperación.

La revocación de la posición común “aumenta la confianza mutua”, dijo a IPS el encargado de negocios de la delegación de la UE ante La Habana, Alain Bothorel.

Sin embargo, al dar su visto bueno al acuerdo de largo plazo, con 567 votos a favor, 61 en contra y 31 abstenciones,  el Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución no legislativa y “no vinculante” para recordar que el acuerdo puede ser suspendido en caso de irrespeto a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.“El Parlamento Europeo no añadió nada al texto. El Consejo Europeo, como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”: Alain Bothorel.

Las autoridades cubanas consideraron “positiva” la aprobación europarlamentaria, pero rechazaron la resolución no legislativa sobre Cuba, por “injerencista” y “nociva a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

Al respecto, Bothorel  desmarcó ese asunto del convenio suscrito en Bruselas.  “El Parlamento Europeo no añadió nada al texto.  El Consejo Europeo (de los jefes de Estado y de gobierno del bloque), como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”,  afirmó el diplomático en breves declaraciones a IPS.

“Vamos a seguir el diálogo sobre derechos humanos y quisiéramos ver progresos”, agregó, para aclarar seguidamente que los encuentros anuales sobre ese tema que vienen sosteniendo  delegaciones de Cuba y el bloque comunitario son para  “intercambiar con el gobierno cubano, no para influir¨.

La tercera reunión de este tipo se realizó el pasado 22 de mayo,  en Bruselas. Las dos sesiones anteriores transcurrieron en junio de 2015 y 2016, en Bruselas y La Habana, respectivamente. En estos encuentros bilaterales, Cuba es evaluada, pero su delegación también expresa sus opiniones sobre democracia y derechos humanos en los  países del bloque.

En lo general,  el acuerdo ofrece a Cuba oportunidades adicionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la modernización del modelo socio-económico cubano, así como para encontrar soluciones comunes a desafíos globales.

Bothorel indicó que el convenio abarca más de 30 áreas de cooperación y abrirá la puerta para otros acuerdos sectoriales en educación, energía renovable, cambio climático, migraciones, lucha contra el terrorismo y contra armas de destrucción masiva, entre otras materias.

El pacto se considera provisional, pues debe ser ratificado por cada uno de los ahora 27 países que integran la UE (tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña), sin embargo ya se trabaja para su implementación. “En septiembre próximo nos reuniremos a nivel político  para decidir qué sectores son prioritarios para Cuba y crear comisiones de trabajo”, afirmó.

Representantes de medios informativos acreditados en Cuba mientras seguían el 12 de diciembre en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, la firma en Bruselas del acuerdo entre ese bloque y Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Actualmente, la cooperación de la UE con Cuba se rige por el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.  Se retomó en 2008 y desde entonces hasta 2014 la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, asignó unos  90 millones de euros (102,6 millones de dólares) a los sectores de seguridad alimentaria y respuesta y preparación ante desastres naturales.

También abarca áreas de ambiente, cambio climático y energía, cultura y patrimonio, apoyo a la modernización socio-económico y capacidades de gestión.

Bothorel confirmó que además se concedieron 50 millones de euros adicionales (57 millones de dólares) para el periodo 2014-2020, destinados a apoyar el desarrollo del país en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria,  mejor uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible  y  apoyo a la modernización socioeconómica sostenible.

Estos sectores están alineados con las prioridades nacionales recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social  de Cuba, documento estratégico aprobado en 2011 para promover un paquete de reformas en el país. “Queremos apoyar los lineamientos que lleva a cabo el gobierno cubano”, comentó el diplomático.

La UE y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y todos sus países miembros  mantienen lazos bilaterales con este país insular caribeño.

El tema de los derechos humanos en la isla caribeña fue hace más de una década motivo de grandes desacuerdos entre el gobierno cubano y el bloque comunitario, que tuvieron una de sus mayores crisis en 2003, tras el arresto y severas condenas de 73 opositores en marzo de ese año y la  ejecución en abril de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros.

La UE, que en marzo de 2003 había inaugurado su representación diplomática en la Habana, reaccionó disgustada y congeló los intercambios culturales, limitó las visitas de alto nivel efectuadas en el marco bilateral y decidió invitar a los principales disidentes a las  fiestas nacionales de los países comunitarios acreditados en La Habana.

Cuba no demoró su repuesta. A  las recepciones europeas dejaron de asistir ministros, viceministros y hasta funcionarios de menor rango del gobierno, los embajadores de países miembros de la UE no eran invitados a las actividades oficiales cubanas y tampoco podían dirigirse directamente a un ministerio o institución alguna de la isla caribeña.

En nota verbal del 27 de agosto de 2003, el gobierno cubano comunicó su rechazo a toda ayuda oficial directamente administrada por la UE o por las agencias de cooperación europeas. El diálogo político y la cooperación se reanudaron en 2008, luego que Bruselas derogó sus medidas de 2003.

Fue a partir de entonces que las dos partes comenzaron a trabajar por una nueva relación de largo plazo.

Bruselas y La Habana comenzaron sus conversaciones el 29 de abril de 2014 y concluyeron tras siete rondas bilaterales de trabajo en marzo de 2016.  El proceso tuvo su mayor impulso durante 2015, en paralelo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que siguieron al anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.

Funcionarios cubanos y europeos advirtieron que se trataba de procesos no vinculantes, aunque paralelos.  El embargo estadounidense se encargó de remarcar la diferencia, cuando dos empresas francesas y una alemana fueron sancionadas por violar sus prohibiciones en medio del deshielo.

El pasado 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump despejó cualquier duda, cuando anunció el reforzamiento del embargo. El artículo 10 del acuerdo entre Cuba y la UE se prepara para enfrentar nuevas embestidas del bloqueo, aunque sin nombrarlo directamente.

Según el texto, las partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de  medidas y sobre la forma de “prevenir y mitigar” el impacto de medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que se utilicen como medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de otros Estados.

Editado por Estrella Gutiérrez

El presidente de Brasil, Michel Temer, durante una reunión con sus ministros el 5 de julio. Ocho miembros de su gabinete ministerial, 28,5 por ciento del total, son investigados por corrupción y algunos de ellos por varios casos. Crédito: Alan Santos/PR/FotosPúblicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 8 2017 (IPS)

Dos meses de agonía y un creciente deterioro moral de la presidencia de Michel Temer forzaron la decantación de una alternativa poco atractiva, pero viable, en el callejón sin salida que envilecía la política en Brasil.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aparece como el probable sucesor. Ya es el sustituto natural, cuando el mandatario viaja al exterior, pero a los 47 años y sin experiencia ejecutiva, está lejos de ser un líder capaz de generar entusiasmos.

Pero sí logró aunar hace un año los respaldos suficientes para asumir la presidencia de la cámara baja, una función clave por manejar una casa de 513 parlamentarios, donde más fuertemente se manifiestan los conflictos y la fragmentación política, dificultando las decisiones legislativas.

Amplios sectores económicos y políticos llegaron a la conclusión de que el derechista Maia es el mejor ubicado para impulsar medidas reclamadas por los voceros del sector económico, como la reforma previsional, mientras que el también conservador Temer perdió las condiciones con que contaba para conducir las labores parlamentarias.

Antes se rechazaba sustituir nuevamente el presidente del país, meses después de que la anterior mandataria, la izquierdista Dilma Rousseff, fuese separada del cargo en mayo de  2016 para ser enjuiciada por el Senado y destituida el 31 de agosto siguiente

Primaba para los factores de poder el no agravar la inestabilidad y las incertidumbres que afectan el país, especialmente a la economía, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en que Temer fue el candidato a la vicepresidencia con Rousseff. La prioridad era evitar nuevas turbulencias.

Pero las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre Temer y las continuas acciones judiciales contra él y sus colaboradores más allegados minaron la fortaleza de Temer en el legislativo Congreso Nacional y lo convirtieron, de hecho, el mayor factor de turbulencias.

El procurador general (fiscal general), Rodrigo Janot, precipitó la suerte de Temer, cuando el 27 de junio lo acuso formalmente de corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia que puede enjuiciar un presidente del país por un cargo penal.

Seis días después la Policía Federal detuvo, por orden judicial, a Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Temer, acusado de intento de obstrucción de la justicia.

Tres semanas antes la misma policía había detenido a Henrique Alves, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Turismo, acusado de corrupción y legitimación de capitales ilegales.

Dos exasesores especiales de Temer también fueron apresos en mayo, uno de ellos después de ser filmado con 500.000 reales (150.000 dólares) en una valija, soborno supuestamente destinado al presidente, según la acusación del procurador general y los diálogos grabados entre los acusados y empresarios corruptores.

La conclusión es obvia para quienes desean aderezar la economía, aunque en términos conservadores e impopulares, y superar la inestabilidad política: mejor un presidente anodino, con posibilidades de conducir la transición hasta las elecciones de octubre de 2018 y la llegada de un nuevo gobierno el 1 de enero de 2019.

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, llega el 4 de julio a la sede del Supremo Tribunal Federal, que enjuiciaría al presidente Michel Temer si, como se pronostica, se dan los pasos jurídicos y parlamentarios para ello. En ese caso, Maia, se convertiría en el nuevo mandatario de Brasil. Marcelo Camargo/EBC/FotosPúblicas

Maia, del partido Demócratas, parte de la alianza en el poder y con una bancada parlamentaria de mediana dimensión, conduciría un gobierno de baja intensidad, en contraposición al encabezado por Temer, tumultuoso y arrinconado.

Ocho ministros del actual gobierno están bajo investigación STF, por sospecha de corrupción denunciada por dirigentes del grupo empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia, con la revelación de los multimillonarios sobornos entregados los 10 últimos años, a cambio de contratos públicos y leyes ventajosas.

Prácticamente toda la dirigencia política del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer presidió entre 2001 y 2016, está detenida o bajo investigación penal.

Nuevos sobresaltos se espera de la colaboración judicial de otros miembros del PMDB ya detenidos, uno de ellos Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, preso desde octubre y condenado a 15 años en uno de los varios procesos en que es acusado de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Otro es Lucio Funaro, que no es un político, sino que fungió de operador financiero del PMDB e intermediario en varios casos de soborno. Su “delación premiada”, la colaboración con los jueces a cambio de rebajas en sus penas, ya se da por hecho y va apuntar al presidente y otros jefes del partido.

Temer puede ser alejado de la presidencia en las próximas semanas, si la Cámara de Diputados autoriza al STF juzgarlo por corrupción pasiva, por su presunta aceptación de un soborno de la compañía JBS, la mayor procesadora y exportadora de carne, a cambio de beneficiarla con medidas gubernamentales.

Esa autorización exige mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, una hazaña que parecía imposible hace unos días. Pero la erosión del respaldo a Temer se volvió palpable los últimos días.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado el fiel de la balanza y cuyas dudas favorecían a Temer, dio señales de que dejará la alianza. Su presidente interino, el senador Tasso Jereissati, manifestó su preocupación por la “ingobernabilidad” actual y su apoyo a la “alternativa Maia”.

La primera prueba será la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, donde habrá las primeras discusiones sobre las acusaciones de la Procuraduría General y se espera una decisión dentro de 10 días, por mayoría de sus 66 diputados.

El informe de la Comisión, a favor o en contra de enjuiciar a Temer en el STF, será votado después en la plenaria de Diputados, donde al presidente le basta el apoyo de un tercio de la Cámara,  172 votos, para evitar que se abra el proceso.

Si 342 diputados aprueban el juicio, Temer seria alejado de la presidencia, como le sucedió a Rousseff, para responder ante el máximo tribunal durante un máximo de 180 días, cuando podrá volver al poder si es absuelto o el proceso se prolonga por más tiempo.

Pero su vía crucis judicial no termina, porque la Procuraduría General prepara otras dos acusaciones, una por intento de obstrucción a la justicia y otra por organización criminal. Esta última se hace cada día más evidente por las investigaciones y las detenciones de miembros del PMDB.

Además, hay una veintena de pedidos por la inhabilitación de Temer. Le toca al presidente de la Cámara, el mismo Maia, acoger o no alguna de las solicitudes. En ese caso el juicio sería político, a cargo del Senado después que sea autorizado igualmente por dos tercios de la cámara baja.

La caída de Temer pareció volverse inevitable desde el 17 de mayo, cuando trascendió el diálogo grabado entre él y Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, hablando de sobornos y actuaciones, tanto para beneficiar a la empresa como para bloquear el avance de las investigaciones sobre corrupción.

La baja calidad de la grabación, con muchas interrupciones, alentó la resistencia del mandatario, abogado y antiguo profesor de derecho constitucional, basada en la posibilidad de descalificarla como prueba.

Pero en términos políticos y morales le fue fatal.

Los “hechos nuevos” de las investigaciones y detenciones en su círculo político completan un cerco que no parece admitir escapes. El hallazgo de una alternativa aceptable para los que deciden en la política y la economía de este país, como es la figura de Maia, acerca el desenlace.

Editado por Estrella Gutiérrez

Águeda Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 7 2017 (IPS)

La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.

Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su humilde casa a medio construir.

Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados, gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la provincia central de Villa Clara.

Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de edad.

Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones de habitantes.

Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en 2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el derecho familiar cubano a la tendencia mundial.

“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65 años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y cuidado luego de la separación.

“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil. Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y salas de familia, en las provincias.

Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela, que lo recibe con caricias y besos.

“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los trámites para el caso”, recordó Vidal.

“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la madre del niño”, recordó la abuela.

La jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150 jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.

Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las familias cubanas.

“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.

Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta tradicional de los jueces”, detalló.

El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el Tribunal Supremo Popular (TSP).

Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de alimentos”, explicó Rodríguez.

En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de adopción, 747 tutelas y  1.878 matrimonios formalizados.

“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.

Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba. Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”, especificó.

Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales.

La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.

Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.

También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos, entre otros.

“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con sede en La Habana Vieja.

“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35  de carrera profesional.

A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba, que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.

Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se prefieren para la escucha de menores.

Editado por Estrella Gutiérrez

Un grupo de voluntarios de defensa civil busca sobrevivientes tras un ataque con bomba de barril en Alepo, Siria, en agosto de 2014. Crédito: Shelly Kittleson/IPS.

Por Farhang Jahanpour
OXFORD, Gran Bretaña, Jul 4 2017 (IPS)

La política de Estados Unidos últimamente ha sido bastante desconcertante e impredecible, en especial en Medio Oriente, pero los últimos acontecimientos ya son abrumadores y alarmantes.

La Casa Blanca divulgó el 26 de junio un comunicado informando que Estados Unidos “identificó posibles preparativos de otro ataque químico del régimen (sirio de Bashar al) Assad”. E incluso dice: “Si Assad lanza otro ataque masivo con armas químicas, él y sus fuerzas armadas tendrán que pagar un alto precio”.

Las amenazas no eran solo para Damasco, pues la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, tuiteó después: “Cualquier otro ataque contra el pueblo de Siria será responsabilidad de Assad, pero también de Rusia e Irán que lo apoyan en el asesinato de su propio pueblo”.

Por supuesto, pasa a ser irrelevante la forma en que los funcionarios estadounidenses “identificaron” que Siria preparaba otro ataque químico, teniendo en cuenta que después de años de luchar contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos armados, no han podido saber quién les suministra armas y fondos.

Con esas declaraciones extrañas e infundadas, el gobierno de Donald Trump introduce otro elemento de incertidumbre al acontecer de Medio Oriente. Y como si la situación actual en esa atribulada región no fuera suficiente, las declaraciones bélicas la empeoran.

Muchas personas se preguntan si Washington prepara el terreno para una gran confrontación en Medio Oriente con consecuencias inimaginables.

Hace unos 14 años, en total violación del derecho internacional, el presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) lanzó un ataque salvaje contra Iraq basándose en información falsa de inteligencia, que destruyó al país, dejó a más de un millón de personas muertas y heridas y creó el contexto para el surgimiento del EI, que desde entonces atormenta al mundo.

Lejos de haber aprendido la lección, el gobierno de Trump parece tratar de repetir un error similar a gran escala.

En la campaña, el actual presidente acusó al anterior gobierno de Estados Unidos de crear al EI, no de forma indirecta, sino deliberada. También mencionó que este país había gastado seis billones (millón de millones) en guerras ilegales en Medio Oriente sin ningún logro para mostrar. También aseguró que no le interesaba promover cambios de régimen y que procuraría resolver las disputas internacionales mediante negociaciones y acuerdos.

Poco importa si cambió de idea o si los neoconservadores se infiltraron en su gobierno y lo controlan. El hecho es que el Trump parece optar por la lógica de la guerra, en vez de procurar resolver los conflictos por medios pacíficos.

Farhang Jahanpour

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses lanzaron numerosas operaciones contra las fuerzas aliadas de Damasco.

El 18 de mayo y el 6 de junio, un avión de Estados Unidos bombardeó a grupos armados favorables al gobierno sirio en el sur del país. Unos días después, el 8 y el 20, derribaron dos drones de fabricación iraní, y el 18, cazas estadounidenses dispararon contra un avión sirio que atacaba bases del EI al oeste de Al Raqa.

Antes, el 6 de abril, tras un supuesto ataque químico contra Jan Sheijun, una fragata estadounidense disparó 59 misiles Tomahawk contra la base desde la que había despegado un avión sirio.

El hecho ocurrió a pesar de que la ONU todavía investigaba la fuente del ataque y algunos investigadores experimentados e, incluso, Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Sensatez, que estaban en el terreno, plantearon dudas respecto de la participación de Damasco en el ataque químico.

Es raro que a medida que las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia e Irán, se imponen y liberan la mayor parte de Siria del control de grupos armados irregulares, aumenta la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses contra las fuerzas de Damasco.

Desde el inicio de la crisis en Siria, en 2011, circularon teorías elaboradas en base a información filtrada que explican que la situación en ese país es parte de un complot de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, al principio con apoyo de Turquía y Qatar, con el fin de aislar a Irán y cortar los vínculos entre la república islámica y el partido libanés Herzbolá a través de Siria.

Independientemente de que las teorías sobre la participación de Estados Unidos en Siria, con apoyo de Israel y contra Irán, sean correctas o no, el hecho es que el gobierno de Trump participa en acciones ilegales y peligrosas que pueden terminar en una guerra no deseada entre, por un lado, Rusia e Irán y, por otro, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

En ese contexto, es importante señalar:

Las acciones de Estados Unidos constituyen una clara violación a la Carta de la ONU y son actos de agresión contra un Estado soberano.

Las fuerzas iraníes y rusas pelean en Siria contra los insurgentes por invitación del gobierno sirio, pero Estados Unidos, un actor no invitado, se enfrenta a las fuerzas sirias.

Si el gobierno de Trump es sincero cuando dice que quiere eliminar al EI debe apoyar a Rusia e Irán para liberar el territorio que queda ocupado por los terroristas.

Si el gobierno de Trump cree en la democracia, las elecciones libres y el Estado de derecho, debe llamar a elecciones en Siria bajo la supervisión de la ONU cuando se haya derrotado a la insurgencia y luego aceptar el resultado electoral, en vez de reclamar la salida del presidente sirio.

Antes de lanzarse a una aventura peligrosa contra Rusia e Irán, el gobierno de Trump debe considerar cuidadosamente las consecuencias de una confrontación de esa magnitud.

Si el gobierno de Trump está decidido a promover la guerra en Siria, sus aliados deberían dejarle claro que no van a respaldar otra guerra innecesaria en Medio Oriente.

Mientras, en vez de preocuparse por las posibles amenazas contra Israel, es hora de que tome medidas serias para hacer frente al conflicto árabe-israelí, que incluya justicia para los presionados palestinos que viven bajo una brutal ocupación desde hace más de 50 años. Encontrar una solución justa al conflicto árabe-israelí garantizaría más la seguridad de Israel que cualquier intento de cambiar el régimen en otros países.

Durante la campaña presidencial, Trump criticó duramente al presidente Obama por trazar una línea roja en el uso de armas químicas por parte de Siria y luego no castigarla.

El presidente Trump debería darse cuenta de que al lanzar ultimátums similares contra Damasco en el hipotético uso de armas químicas, invita a los terroristas a lanzar falsas operaciones de bandera que lo obligan a actuar, ya sea que el gobierno de Siria sea responsable o no.

Por último, y para agregar algo de farsa a todo el episodio, el secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció el 28 de junio que el gobierno sirio había tomo nota de la alerta de Washington y cambiado su perspectiva respecto del uso de armas químicas.

La situación en el mundo es demasiado seria para que la principal superpotencia del mundo tenga políticas confusas y contradictorias. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos adopte un enfoque serio y sensato en lo que respecta a Medio Oriente antes de que el mundo sufra otra gran catástrofe.

Farhang Jahanpour es un exprofesor y decano de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Isfahan y exinvestigador de Harvard. Desde hace 30 años dicta cursos sobre Medio Oriente en el Departamento de Educación Continua y es miembro del Kellogg College, de la Universidad de Oxford.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de IPS ni pueden atribuírsele.

Suman Adhikari, hijo de Muktinath Adhikari, un director de escuela asesinado por los rebeldes maoístas durante la guerra civil de Nepal. Crédito: Renu Kshetry/IPS.

Por Marty Logan
KATMANDÚ, Jul 3 2017 (IPS)

“La reconstrucción y la reconciliación requieren fondos y una estructura física, pero las familias de las víctimas del conflicto de Nepal, antes que nada, necesitan ver su integridad protegida”, escribió Suman Adhikari hace casi 11 años, durante un cese del fuego en medio de enfrentamientos con los rebeldes maoístas.

“Las indemnizaciones físicas y económicas significan poco sin justicia”, subrayó.

El conflicto, que duró una década y terminó a fines de 2006, se cobró la vida de 17.000 personas, incluido el padre de Adhikari, maestro y director en el distrito de Lamjung.“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustradas y sufren traumas psicológicos”: Suman Adhikari.

Él y sus colegas se negaron en enero de 2002 a entregar 25 por ciento de sus salarios cumplir al grupo insurgente. Y 10 días después, combatientes maoístas lo sacaron de la clase y lo arrastraron con los pies y las manos atadas hasta el bosque, donde lo apuñalaron en el estómago y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol.

Poco después, Suman regresó a Katmandú, donde comenzó a tener contacto con otras víctimas del conflicto sobre sus propias experiencias traumáticas. También se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos y crearon una organización y elaboraron una serie de demandas que hicieron llegar a las autoridades, lo que dio lugar al Acuerdo Integral de Paz.

En la actualidad, como presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, Suman se encuentra reclamando muchas de las mismas demandas de antes.

Uno de los principales reclamos es que el gobierno otorgue una indemnización a las víctimas basada en sus necesidades.

El Estado le pagó a la mayoría 500.000 rupias (unos 4.834 dólares) como asistencia al final del conflicto, pero Adhikari arguye que un pago único no puede reemplazar a muchos de los proveedores fallecidos. Muchas personas tienen problemas para conseguir trabajo para vivir y pagar los gastos de educación.

“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustrados y sufren traumas psicológicos”, apuntó.

La sociedad funciona, por ejemplo, con la asunción en la última semana de junio del que fuera tres veces primer ministro durante el conflicto, reemplazando al líder maoísta Prachanda, pero las víctimas siguen olvidadas, observó Suman.

“Todavía no han tenido la oportunidad de hablar como corresponde de su dolor, desde el corazón”, explicó.

Suman Adhikari, presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto de Nepal, muestra una fotografía de su padre asesinado en 2002. Crédito: Marty Logan/IPS.

Las víctimas tienen diferentes reclamos en lo que respecta a la “verdad”, reveló un estudio realizado por la oficina del Centro Internacional para una Justicia Transicional (ICTJ, en inglés) y el grupo de estudio Martin Chautari que, en base a entrevistas, señala que muchas personas necesitan un cierre y poner fin a sus pérdidas ambiguas.

“Nuestra gente regresara hoy o mañana. Miramos los caminos”, dijo una mujer en Bardiya, el distrito con el mayor número de desaparecidos durante el conflicto.

El deseo de reconocimiento también es muy común, apuntó Aileen Thomson, directora de ICTJ Nepal, en diálogo con IPS.

“Creen que las violaciones ocurrieron porque formaban parte de ciertas comunidades; muchas veces, las violaciones perpetradas por el Estado obedecieron a su supuesta vinculación con los maoístas, que en realidad tenía más que ver con su identidad, comunidad y lugar de residencia”, explicó.

Los sobrevivientes quieren que la sociedad sepa que sus familiares fueron víctimas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado, precisa el informe.

Así como las demandas de las víctimas son diversas, la sociedad civil también tiene distintas ideas sobre qué debe lograr la justicia de transición, indicó Mandira Sharma, una de las fundadoras del no gubernamental Advocacy Forum, que presentó varias demandas en la justicia relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto.

Pero los debates teóricos se archivaron cuando se hizo evidente que los líderes de ambas partes enfrentadas aspiraban a que el proceso les permitiera eludir su procesamiento, añadió Sharma, quien actualmente realiza un doctorado sobre derechos humanos.

“Nos reunimos entonces con el primer ministro Girona Prasad Koirala y se mostró muy abierto y honesto. Y nos dijo: ‘Mira, el ejército me planteó sus preocupaciones, los maoístas me plantearon las suyas y les aseguré que no les pasaría nada. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo y debemos olvidar lo que pasó’”, relató.

Pero Forum Advocacy y otras organizaciones siguen presentando casos ante la justicia. Después de que las víctimas recibieron su indemnización, “podríamos haber cerrado el capítulo obligándolas a quedarse tranquilas, pero habría sido temporal. El profundo sentimiento de injusticia hubiera permanecido”, añadió Sharma.

“Eso hicimos en el pasado (utilizando comisiones tras los primeros logros políticos, como el retorno a la democracia en Nepal en 1990). Pero no ayudó a curar, no ayudó a mejorar el sistema de justicia, a corregir la sensación de que algunas personas están por encima de la ley. Y ese es un profundo sentimiento de injusticia en nuestro sistema. Consideramos que es algo que debíamos enmendar”, explicó.

Pero en la actualidad, la justicia de transición aparece casi como paralizada. El gobierno creó comisiones de verdad y desapariciones en 2014, pero la legislación recibió graves críticas en varios frentes. Luego la Corte Suprema emitió una disposición de amnistía por graves violaciones de derechos humanos.

El abogado de derechos humanos Raju Chapagain señaló que es necesario reformar las leyes que rigen esos ámbitos, pero la comisión por la verdad podría avanzar hacia una justicia transicional, lo que también ayudaría a reducir el fuerte escepticismo que genera su propio trabajo.

“Nada les impide realizar averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos. Las comisiones tienen potestades equivalentes a los tribunales y adecuadas en términos de investigación”, precisó.

Al actuar, la comisión sortearía la “brecha de credibilidad”, arguyó Chapagain, pero hasta ahora no lo ha hecho, en parte porque no ha contactado a las víctimas.

La comisión de la verdad abrió sus oficinas en Pokhara, al oeste de Katmandú, esta primera semana de julio, uno de los siete centros regionales, pero Adhikari critica que se sigue negando a acercarse a las víctimas.

“Las comisiones no son buenas, las designaciones son políticas, los comisionados son nuevos en esto: deberían por lo menos tener ganas de aprender y de colaborar, pero no nos escuchan”, se lamentó.

Traducido por Verónica Firme

Cristina Fernández y Mauricio Macri, en un acto poco antes de que el actual presidente de Argentina asumiera el cargo, en diciembre de 2015, en una imagen en que una silla en medio simbolizó la separación entre los dos rivales políticos. Crédito: CEDOC

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 30 2017 (IPS)

Pareciera que los dos son, para el otro, el enemigo perfecto. Ambos se acusan recíprocamente de ser responsables de los males de Argentina y se sienten aparentemente muy cómodos cuando tienen que medirse entre sí. El presidente Mauricio Macri y su antecesora, Cristina Fernández, se enfrentarán en las elecciones legislativas, que se consideran un test para los comicios presidenciales de 2019.

Fernández, quien el 10 de diciembre de 2015, en una decisión sin precedentes, no quiso colocarle la banda presidencial a Macri, será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, el principal distrito  del país, que concentra alrededor de 40 por ciento de los electores.

Su postulación  se concretó el sábado 24, que era la fecha límite para el registro de aspirantes a las elecciones de medio término del 22 de octubre, donde se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados del legislativo Congreso de la Nación.“Hay tres tipos de Estado. Los más estables son los que se organizan sobre instituciones, como Estados Unidos. Luego vienen los que lo hacen sobre partidos, como era hasta 2001 Argentina, que hoy depende de liderazgos individuales y por lo tanto es profundamente inestable. Cada político va para donde cree que debe ir; no hay contención institucional ni ideológica”: Raúl Aragón.

Era la noticia que, según muchos analistas, esperaba Macri, quien busca que los argentinos vivan esta elección como una encuesta de preferencia entre la administración actual y el período anterior, que abarcó 12 años, ya que entre 2003 y 2007 gobernó el fallecido Néstor Kirchner, esposo de Fernández, su sucesora.

El  presidente, de centroderecha, eligió como principal candidato de la coalición gubernamental Cambiemos a un funcionario de perfil relativamente bajo, que lo acompaña desde hace 10 años, cuando asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich.

La importancia asignada a las parciales elecciones legislativas  es más simbólica que real. Debido a las bancas que se ponen en juego, no se alterará el actual escenario, que es de gran fragmentación en Diputados y de predominio de la oposición en el Senado.

Desde que abandonó la Casa Rosada, Fernández, de centroizquierda,  ha seguido siendo noticia permanente, porque enfrenta múltiples investigaciones por supuesta corrupción, en tres de las cuales está procesada y podría ser juzgada en un futuro cercano.

Para ella, se trata de “una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes”, según dijo por escrito al juez federal Claudio Bonadio, que la señaló como responsable de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.

Bonadio sumó además como partícipes de los hechos de corrupción investigados  a los hijos del matrimonio Kirchner, Florencia y Máximo, este último diputado nacional.

El gobierno, por su lado, también llega a la elección con un lastre pesado: no tiene noticias económicas positivas para mostrar, y su impacto social se evidencia en datos como que desde diciembre de 2015, los salarios perdieron 5,8 por ciento de su poder adquisitivo, según datos oficiales difundidos el 26 de junio.

Así y todo, el de  los trabajadores formales es un sector privilegiado de la población, ya que la desocupación trepó en el primer trimestre de 2017 a 9,2 por ciento, frente a 7,6 por ciento del trimestre anterior, y se estima que el empleo informal ronda 35 por ciento de los trabajadores ocupados.

Macri responsabiliza a la corrupción y a las políticas económicas del binomio Kirchner por ese escenario económico,  que tiene su costado más delicado en la situación social: un tercio de la población es pobre, según datos oficiales.

A comienzos de este mes, el presidente dijo que su antecesora “ha hipotecado el país” y que “expresa un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina”.

“Una parte de la sociedad privilegia los años de gobierno de los Kirchner en los que, partiendo de una situación desastrosa, creció el poder adquisitivo del salario y hubo niveles altos de consumo, a pesar de que la economía se estancó en los últimos tres o cuatro años”, dijo a IPS el sociólogo Eduardo Fidanza,  analista de Poliarquía, consultora de opinión pública que es una referencia entre los líderes políticos y empresarios.

Mientras, “otra parte cree que la difícil situación de hoy es consecuencia de las decisiones tomadas en aquella época y está convencida de que por el camino actual tendremos un mejor futuro”,  adujo.

“No está claro cuáles son las proporciones de unos y otros en la población. Eso es lo que va a definir la elección”, agregó.

De acuerdo a las encuestas, la exmandataria atrae los mayores niveles de adhesión en los llamados segundo y tercer Cordón del  Conurbano bonaerense, los suburbios más alejados del centro de la capital,  donde la población está más castigada por la situación económica. En cambio, Fernández concita un gran rechazo en los sectores sociales medio-altos y altos.

“Empresarios de alto nivel de influencia nos manifestaron el temor de que Cristina gane esta elección. Es difícil explicarles que si gana va a ocupar un cargo legislativo y difícilmente vuelva a ser presidenta en 2019, por el alto nivel de rechazo que despierta. Los empresarios no quieren que el tiempo del kirchnerismo regrese”, dijo Fidanza.

Macri, quien fundó su partido  Compromiso por el Cambio luego del colapso financiero de 2001 que arrasó con el gobierno de Fernando de la Rúa y deslegitimó a toda la clase dirigente, llega con ventaja en términos de estructura política.

De hecho, la suya, la alianza de Cambiemos, es la única fuerza que  presentará en todo el país candidatos que reconocen una única conducción. En la mayoría de las provincias llevará como socio secundario a la Unión Cívica Radical, uno de los dos partidos históricamente más populares.

El otro es el Partido Justicialista, fundado en 1946 por el tres veces presidente Juan Domingo Perón, que encabezó el Frente por la Victoria que condujo a Kirchner y Fernández al poder, pero que vive una profunda dispersión y hoy no tiene un líder nacional.

De hecho, con tal de evitar una competencia interna,  Fernández le dejó el sello del justicialismo en la provincia de Buenos Aires a su exministro y ahora rival Florencio Randazzo, y fundó para concurrir a las elecciones a una nueva coalición electoral,  a la que llamó Unidad Ciudadana, con la que espera regresar al Senado, la cámara donde ya estuvo entre 2001 y 2007.

Todos las agrupaciones políticas afrontarán el 13 de agosto elecciones primarias simultáneas y obligatorias, según lo establece la ley, que en realidad funcionarán como una gran encuesta previa al 22 de  octubre, ya que en casi ningún caso habrá competencias internas.

“Hay tres tipos de Estado. Los más estables son los que se organizan sobre instituciones, como Estados Unidos. Luego vienen los que lo hacen sobre partidos, como era hasta 2001 Argentina, que hoy depende de liderazgos individuales y por lo tanto es profundamente inestable. Cada político va para donde cree que debe ir; no hay contención institucional ni ideológica”, dijo a IPS el doctor en Comunicación Social y analista de opinión pública Raúl Aragón.

“De todas maneras, entiendo que lo más importante que se define en la elección de la provincia de Buenos Aires es la conducción del justicialismo”, analizó.

A su juicio, aunque obtenga en las primarias menos votos que el oficialismo, si Fernández supera a los demás candidatos justicialistas, “probablemente ‘encolumne’ al justicialismo detrás suyo para ser candidata presidencial contra Macri en 2019”.

Editado por Estrella Gutiérrez

Niñas y niños sentados frente a una escuela muy dañada por el conflicto que sufre Yemen. Crédito: Abu Monassar/UNICEF.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 29 2017 (IPS)

Cuando Arabia Saudita, que encabeza la coalición de países árabes que desde 2015 interviene en la devastadora guerra que sufre Yemen, fue acusada de bombardear civiles, incluidos niños y niñas, Riad amenazó con recortar fondos de la ONU para actividades humanitarias.

En esas circunstancias, en 2016, el entonces secretario general Ban Ki-moon decidió sacar a ese país del Golfo del anexo de “infractores” que acompaña a un informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Pero el alto comisionado de los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, con estrechos lazos con la familia real de Jordania, mencionó un documento en el que nueve países árabes, que integran la coalición que lucha contra los rebeldes hutíes y seguidores del expresidente yemení Alí Abdalá Saleh, realizaron una “amenaza sin precedentes de retirarse de la ONU si figuraban como infractores en el anexo del informe del secretario general sobre niños y conflictos armados”.

La nueva información proporcionada por Zeid, exrepresentante de Jordania ante la ONU y exembajador en Estados Unidos, arrojó luz sobre una amenaza hasta ahora desconocida de la coalición árabe, coordinada quizá por Riad.

Además de Arabia Saudita, la coalición está integrada por Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán, Kuwait y Qatar, cuya participación ahora está suspendida tras la crisis entre los países del Golfo a principios de este mes.

El profesor de ciencias políticas Stephen Zunes, coordinador de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de San Francisco, dijo a IPS: “la amenaza de Arabia Saudita y de sus aliados puede, por cierto, no tener precedentes. Personalmente, digo que muestren su juego”.

“Es importante mantener los principios, en particular en lo que respecta al derecho humanitario internacional. La razón de que más países no se hayan retirado es que reconocen que formar parte de la ONU consiste en un equilibrio que los beneficia, entonces peor para ellos, quizá terminen por regresar”, opinó Zunes.

“Los países han amenazado, y a veces hasta se han retirado de agencias y comités de Estados Unidos como forma de protesta, pero retirarse de la ONU casi que no tiene precedentes”, acotó.

Indonesia se fue en enero de 1965, recordó, en protesta por la elección de Malasia para integrar el Consejo de Seguridad, pero volvió a participar tras el golpe de Estado de fines de ese año.

Técnicamente, no hay disposiciones para el retiro, por lo que el presidente de la Asamblea General se refirió entonces al hecho simplemente como “cese de cooperación”, lo que permitió el retorno de Indonesia con poca fanfarria, precisó Zunes, especializado en la ONU y en el Consejo de Seguridad.

En Israel y Estados Unidos, algunas figuras públicas de derecha amenazaron con retirarse por críticas contra el Estado judío y miembros del estadounidense Partido Republicano hacen intentos periódicos. De hecho, actualmente existe el proyecto de ley de Restauración de la Soberanía Estadounidense de 2017, presentado por el representante Mike Rogers, pero no avanzará mucho, apuntó.

Un comunicado de Amnistía Internacional de 2016 señala que la credibilidad de la ONU estaba en juego, “después de que cedió de forma vergonzosa a la presión de retirar a la coalición encabezada militarmente por Arabia Saudita de la lista de estados y grupos armados que violan los derechos de los niños en conflicto”.

La declaración se publicó tras el anuncio que hizo el portavoz del secretario general Ban Ki-moon respecto de los cambios realizados en la lista de países infractores, que figura en el informe anual del Representante Especial para Niños y Conflictos Armados.

“La iniciativa es el resultado directo de la presión diplomática de Arabia Saudita, enfadada con la conclusión de la ONU de que las operaciones de la coalición llevaron a la muerte y al sufrimiento de niños en el conflicto armado en Yemen”, indicó Amnistía.

“No hay precedentes de que la ONU se incline ante las presiones y altere su propio informe sobre niños en conflictos armados. Es inadmisible que la presión fuera ejercida por uno de los mismos estados que figuran en la lista”, reafirmó Richard Bennett, representante y director de la oficina de Amnistía en la ONU.

Hablando frente a la Sociedad de Derecho de Londres, el 26 de este mes, Zeid también dijo no habían quedado exentas de amenazas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comunidad de Desarrollo de África Austral y la Corte Penal Internacional.

“Por suerte, en casi todos los casos, la amenaza se diluyó o, incluso cuando se retiraron uno o dos países, no hubo reacción en cadena. Pero la regularidad de ese tipo de amenazas quiere decir que es cada vez más probable que algún día haya una hemorragia, una salida que cierre el libro en algunas partes del sistema de derecho internacional”, alertó.

Martin S. Edwards, profesor adjunto y director de Estudios de Graduados de la Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall, dijo a IPS que sin haber escuchado nada de esta última amenaza, uno pensaría “que esto podría volverse más común, no solo con autocracias bajo coacción, sino con países inspirados en la enloquecedora inconsistencia de la Casa Blanca respecto del multilateralismo”.

“No soy experto en política exterior saudí, pero me sorprendería que realmente estuviera redactado de esta forma”, observó.

“Después de todo, ¿cómo van a hablar los saudíes por otros países? Estoy seguro de que las propias amenazas saudíes de repensar sus aportes habrían sido igual de poderosas”, añadió Edwards, quien analiza la política de la ONU.

Zeid también dijo en Londres que Estados Unidos sopesa el grado en el que reducirá de forma paulatina su contribución económica a la ONU y a otras instituciones multilaterales.

“Todavía está decidiendo si se retira del Consejo de Derechos Humanos, e incluso se habló en un momento de retirarse de todos los instrumentos de derechos humanos de los que forma parte”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Representantes de los pueblos mapuche, lonko y machi, durante la izada de bandera en la plaza de Armas de Vilcún, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en uno de los numerosos actos que se realizaron en Chile el 24 de junio, declarado fiesta nacional por el We Tripantu, el año nuevo mapuche. Crédito: Mirna Concha/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Jun 28 2017 (IPS)

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”: Carlos Bresciani.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores  creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,  que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile

Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo.  Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión  trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento  han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato)  debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.

Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.

Editado por Estrella Gutiérrez