El ciberespacio es un ámbito creciente de la violencia machista contra las mujeres. Crédito:Yixin Cen

Por Celia Guerrero
MÉXICO, Jun 13 2017 (IPS)

Eréndira Derbez e Israel Espinosa publicaron, en abril de 2017, el artículo “Bocafloja: El privilegio del marcho progre”, en el que analizaron la respuesta misógina del rapero Bocafloja a una colaboradora durante un acto público. La publicación desató una polémica en el círculo del hip hop latinoamericano sobre machismo, racismo y clasismo, pero también una serie de comentarios en redes sociales de quienes defendieron al rapero y atacaron a uno de los autores del artículo.

Lo curioso, dice Eréndira, fue que los mensajes de desprestigio, violentos, iban dirigidos solo a ella. “Fueron insultos en donde las ideas del texto fueron desestimadas por el hecho de que era mujer. Utilizaron el argumento de que yo no entendía nada del tema porque era una mujer blanca. Usaron el discurso del racismo para validar el machismo”, comenta.

Días después de la publicación, Eréndira se desconectó de redes sociales, cansada de bloquear a usuarios que a diario le enviaban insultos y mensajes violentos.

“Yo nunca aparecí en ningún tipo de reclamo, a mí no me nombraron nunca, todo era hacia Eréndira. Y creo que se volvió más violento porque ella se identifica abiertamente como feminista. Se vuelve más violento cuando se trata de una mujer con postura política”, opina Israel, coautor del artículo.

“Menstruadora” fue el nombre que Luisa Velazquez dio a la cuenta en Twitter con la que, en 2011, utilizó internet para ampliar su activismo lesbofeminista. Pero desde que emitió sus primeros mensajes comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios que se decían “agredidos” por sus publicaciones.

Las amenazas contra ella y sus compañeras del colectivo “Lesboterroristas” aumentaron en mayo de 2015, y obligaron a Luisa a cerrar sus cuentas de redes sociales.

“En los comentarios hablaban de violarme, matarme y colgarme, o primero matarme y luego violarme y luego colgarme, o violarme colgada y al final matarme”, cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet.

Sin embargo, cuando conocidos suyos la amenazaron con publicar su domicilio si no paraba el activismo, decidió alejarse del espacio virtual para cuidarse física y emocionalmente.

Luisa y el colectivo “Lesboterroristas” señalaron el hostigamiento como un acto de lesbofobia y la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un “debilitamiento del libre debate y difusión de información de los derechos de las mujeres”.

“Lo normalizamos. Es una de esas violencias que toleramos y no deberíamos”, dice Luisa sobre las agresiones virtuales que la llevaron a abandonar Internet.

Las amenazas virtuales llevaron a Luisa a cerrar las cuentas de “Menstruadora”, abandonando su activismo en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Los efectos
Hay una mujer en el piso, acostada sobre un trozo de papel, y otras tres mujeres pintan con plumones su silueta. “En el estómago, yo siempre siento todo en el estómago”, comienza diciendo una de ellas y dibuja una espiral a la altura del vientre del cuerpo delineado sobre el papel. “A mí me dan calambres en los pies”, añade otra y pinta un rayo en una de las extremidades del dibujo. “¿No les sudan las manos?”, pregunta alguien más. “Sí, a veces. Y el dolor de cabeza y de espalda, bueno, ese es permanente”.

Es una de las actividades del encuentro “Construyamos una Internet Feminista”, en el que activistas de diferentes estados de México, que han enfrentado agresiones virtuales, realizan el ejercicio de plasmar en un dibujo los impactos de esa violencia sobre sus cuerpos.

Una de las organizadoras explica por qué es necesario el feminismo en el espacio virtual. “Pensamos que la violencia en Internet no es violencia. ‘Como es virtual no es real’, nos dicen. Pero todas sabemos que no es así, todas sabemos cuáles son sus efectos”.

En 2006 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) inició la campaña “¡Dominemos la Tecnología!” para visibilizar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la violencia contra las mujeres.

“Dentro de los círculos feministas, cuando comenzamos a investigar sobre violencia en línea, nos dijeron: no es importante, son unas excesivas, no tiene nada que ver con la violencia real, no entienden que están matando mujeres, de verdad cállense, las feministas tenemos trabajo más importante que hacer”, cuenta Erika Smith, miembro de la APC en México.

“Y nosotras dijimos: es todo parte de la misma estructura, conforme vamos apropiándonos más de internet, e internet va ganando más espacio en nuestras vidas, esto va a crecer y ser más y más relevante, tenemos que prestar atención”.

En 2012, la APC comenzó a documentar en un mapa en línea hechos de violencia contra mujeres relacionados con la tecnología. Su objetivo era demostrar que este se trata de un problema sistemático y serio.

Lo primero que descubrieron fue que —al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios— no se trata de un “problema de primer mundo”. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico, en Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.

Otros hallazgos fueron: las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales, y en  41 por ciento de los casos el abuso es cometido por una persona conocida. “La violencia en Internet refleja totalmente la violencia que conocemos. Es parte de una estructura y, por supuesto, es ejercida por gente cercana a nosotras”, explica Smith.

Según el diagnóstico de la APC, Facebook y los teléfonos celulares son las plataformas más denunciadas.

La mitad de los casos documentados fueron denunciados ante alguna autoridad, sin embargo, seis de cada 10 denuncias no fueron registradas formalmente porque consideraron que no existió violencia o delito.

“Las mujeres van y buscan sus medios tradicionales de justicia y les están fallando de manera tremenda. Lo interesante es por qué”, opina Smith. Luego menciona algunas de las respuestas de las autoridades: “No es violencia real. Regresa cuando te violen. Regresa cuando de verdad te hagan algo. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Es una amenaza en Twitter o ¿Qué es Twitter? No entiendo”.

Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que, de un universo de más de 1.000 denuncias entre 2012 y 2014, 11 por ciento de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física.

“A nivel estadística a lo mejor no es tan alto, pero en América Latina esa violencia física es feminicidio”, alerta Smith.

El daño emocional que la violencia en línea ocasiona a las mujeres es el más notorio y el que tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana. Lo que la APC determinó con el análisis fue que “las sobrevivientes sufren de depresión, miedo y ansiedad, casi en todos los casos”, impidiendo la participación amplia de las mujeres dentro y fuera del espacio virtual.

En el encuentro “Construyamos una Internet Feminista” activistas feministas discutieron sobre los efectos emocionales y físicos de la violencia virtual. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

El cuerpo: la delgada línea

Un torbellino de mujeres se abalanza sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología: difamación; censura de contenido (como imágenes con pezones femeninos); vigilancia; difusión de contenido íntimo sin consentimiento; robo de identidad y “hackeo” de cuentas de redes sociales, correos electrónicos y sitios web.

La lista incluye acoso; “doxeo” (documentación y publicación de todo tipo de información que exista en Internet sobre una persona); violencia sexual, y amenazas de violación y muerte.

“Hay violencias que son delito y hay violencias que no lo son. Lo importante es considerar que todas tienen su impacto”, dice Erika de la APC.

Aunque en este momento se enfocan en los tipos de violencia en línea, también consideran que no se trata de una nueva clase de violencia ni de un abuso que esté separado de los que suceden en el “mundo real”. En realidad, opinan, hay una delgada línea que no separa, sino une la realidad a lo que sucede en el mundo virtual.

“La violencia se está ejerciendo a través de nuestros cuerpos en todos los espacios y el sistema patriarcal está en todos lados, no perdona ni un espacio”, opina Liliana Zaragoza (Lili_Anaz), cofundadora del Laboratorio de Interconectividades, una iniciativa que promueve la autodefensa hackfeminista.

De igual forma, la APC considera en que la violencia en línea contra las mujeres está conectada a la violencia “offline” o del “mundo real”. “Las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea y en diferentes plataformas digitales”, explican en Cultivando la violencia a través de la tecnología.

En Internet y dominación. Hacia una sociología de la nueva espacialidad, Mariana Celorio, académica e investigadora sobre los espacios virtuales y la dominación en internet, también habla de una dinámica en el ciberespacio semejante a la del espacio público.

En ambos “se propicia la interacción, la exclusión y la segregación social entre quienes pertenecen y no a él, entre quienes lo usan, lo viven, lo administran y gestionan; es sede de formas plurales de expresión ciudadana y de maneras distintas de apropiación colectiva que muchas veces pueden ser antagónicas, contradictorias, hasta llegar a la violencia”, señala Celorio.

“¿Sabemos que implica Internet? ¿Qué es territorio? o ¿De dónde a dónde abarca cuando hablamos de cuerpo? Esas son las preguntas, pero lo que sí sabemos todas es cómo se siente un cuerpo violentado todos los días” , dice Liliana Zaragoza para explicar las planteamientos que abordan en los talleres de autodefensa hackfeminista.

La violencia relacionada con la tecnología va desde la vigilancia, el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hasta las amenazas de muerte. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Un arma de doble filo

En un tendedero cada participante del evento “Construyamos una Internet Feminista” cuelga una hoja en donde relata una experiencia positiva vivida gracias a Internet, y en otra exponen una vivencia negativa y cómo las hizo sentir cada una.

La mayoría coinciden con que Internet —y en general el uso de las TIC— las ha ayudado a difundir y crecer su activismo, aunque también les ha traído consecuencias violentas.

Un miembro de un colectivo feminista de la ciudad de Guadalajara comenta que les permitió llevar a cabo proyectos sin recursos. Otras activistas de los estados de Michoacán, Guerrero, Yucatán, parecen estar de acuerdo con que las redes sociales potenciaron la difusión de sus causas. Sin embargo, también consideran su actividad en el ciberespacio como un arma de doble filo.

“A nosotras, en general, el ciberactivismo nos ha traído muchas experiencias terroríficas. No podemos obviar que en México existe una violencia de Estado contra quienes se organizan para exigir sus derechos”, comenta una activista de Ciudad de México.

Un ejemplo reciente es la historia de acoso callejero y en línea a Tamara de Anda, columnista del periódico El Universal. La periodista publicó en redes sociales que realizó una denuncia en contra de un chofer de taxi de Ciudad de México que le gritó guapa en la vía pública.

El resultado fue una sanción administrativa para el taxista y una cascada de agresiones por parte de usuarios de internet que comenzaron a acosar a la denunciante. Los mensajes de odio que recibió De Anda iban desde la desacreditación de su denuncia, hasta amenazas de muerte y violación.

“Hoy (la violencia en línea contra las mujeres) es más visible por los recientes ataques a periodistas. Pero, desde antes, muchas ya la vivían”, comenta Lulú Barrera, integrante de Luchadoras, un colectivo feminista.

A pesar de que Luchadoras nació y creció en redes sociales, Lulú cuenta que son cada vez más las activistas feministas que prefieren salir de plataformas como Facebook que, por ejemplo, no permiten imágenes de pezones femeninos, pero sí hordas de usuarios que promueven la misoginia y discursos de odio. “Para mí, estar en Facebook es como vivir en la casa del agresor”, dice.

La plataforma más denunciada por activistas, por ser en la que más agresiones en contra de mujeres suceden, fue Facebook. Esto, en parte, porque es la red social que más usuarios tiene en México, reflexiona Erika Smith de la APC.

Para activistas feministas, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Autoridades y plataformas

Para el segundo trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) contabilizó 62,4 millones de usuarios de Internet en México (57 por ciento de la población), y de cada 100 usuarios, 49 son mujeres.

Por su parte, en 2016 Facebook reportó 61 millones de usuarios en el país, de los cuales 41 millones utilizan la plataforma diariamente, convirtiéndola en la red social de mayor penetración en México, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.

Concientizar a autoridades y dueños de plataformas sobre la violencia contra de mujeres relacionada con la tecnología es un trabajo que la APC ha realizado desde que comenzaron la campaña “¡Dominemos la tecnología!”.

A nivel internacional, este también ha sido tema de debate. Recientemente, la policía de Chicago comenzó la búsqueda de cinco hombres que violaron en grupo a una adolescente de 15 años y transmitieron la agresión en Facebook Live.

La violación fue visualizada en vivo por al menos 40 personas y ninguna de ellas lo denunció ni a la policía ni a Facebook, dado que un día después de la transmisión la red social no había retirado el contenido y el video seguía público.

“Una de las exigencias a Facebook ha sido que sean específicos en sus condiciones en caso de violencia de género, cosa que no han querido hacer”, dice Smith.

Para este reportaje se buscó a la oficina de Facebook México para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

En el caso de iniciativas de sociedad civil e instituciones en México, en agosto de 2014 inició una campaña contra el “cyberbullying (ciberacoso”, promovida por legisladores, académicos y empresarios. La iniciativa, dirigida a adolescentes y niños, buscaba concientizar sobre “conductas perniciosas” en Internet.

En julio de 2016 comenzó otra campaña contra el llamado “sexting”, el intercambio consensuado de textos, audios, imágenes o videos eróticos. Sin embargo, la primera campaña considera el ciberacoso un problema de “adolecentes con poca supervisión”, mientras que la otra fue criticada por activistas y organizaciones por estigmatizar la práctica e intentar combatirla desde una postura moralista.

Para la comunicóloga Lisseth Pérez Manríquez el problema radica en que no se piensa en internet como un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de trabajo.

Erika Smith cree que lo que se requiere es sensibilización y no la coacción o sobrevigilancia. Pero las estrategias apuntan hacia el lado contrario. “Lo que quieren controlar internet, no la práctica y el comportamiento negativo o violento”, opina.

De acuerdo con el análisis de la APC, en México la violencia relacionada con el uso de las TIC no es considerada en la legislación.

Al respecto, las comunicólogas Florencia Goldsman y Graciela Natansohn señalan que es un error creer que la violencia contra mujeres en ambientes digitales es una nueva forma de violencia y por tanto se necesitan nuevas leyes específicas al tema.

“Se trata de la misma violencia histórica patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios”, argumentan en el documento Violencia contra las mujeres en red, vigilancia y el derecho a la privacidad.

La APC coincide con ellas pues ya existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo que es necesario, apuntan, es que estas leyes contemplen la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

Los casos de amenazas virtuales y mensajes intimatorios virtuales incrementan todos los días, pero el sistema de justicia mexicano no está preparado para atenderlos. Crédito: Redes Sociales

Internet feminista

Ante un panorama violento y complejo, la APC reunió en 2014 a activistas feministas, defensoras de los derechos en internet y la tecnología y redactaron los “Principios feministas para internet”, vaciados en un documento que está en permanente construcción.

“Para mí son provocaciones. Aprovechar Facebook para nuestro beneficio es hermoso, aunque haya vulnerabilidades asociadas. No necesariamente el foco del feminismo —cuando hablamos de Internet— debe ser la violencia. Rechazamos esto, porque no podemos reducir género a violencia”, dice Erika Smith.

“Por eso hablamos de internet feminista, porque nuestro espacio no puede ser solo de denuncia e indignación. Lo que queremos es apertura, tenemos que asegurarla”.

Es lo que también promueven iniciativas como el Laboratorio de Interconectividades: una visión amplia del espacio virtual, más allá de las redes sociales en donde se desarrolla la violencia.

“Cuando hablamos de violencia en línea contra las mujeres y hablamos de Twitter y Facebook, lo que queremos mostrar es que internet va más allá de estas plataformas. Si no toda nuestra energía se nos va a ir en buscar respuestas para cuidarnos en plataformas que de por sí nunca se preocuparon por nosotras, que más bien nos ven como potenciales clientes”, advierte Liliana Zaragoza.

Cuando Luisa comenzó a recibir amenazas de muerte y violación a través de sus redes sociales y decidió suspender las cuentas de Menstruadora, desde donde practicaba su activismo, algunas organizaciones sociales se acercaron a ella para apoyarla, pero ninguna tenía claridad de qué hacer. Mientras, lo máximo que las autoridades podían lograr era identificar a sus agresores, pero ella ya los conocía.

Ahora, dos años después de la experiencia, Luisa dice que tuvo que “despersonalizarse en Internet”. Sigue practicando su activismo y ha reactivado sus redes sociales poco a poco.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

Parte de una imagen de Jonathan Ernst, de la agencia Reuters, tomada en noviembre de 2016 en una reunión de partidarios de Donald Trump, utilizada por el CPJ para su informe de 2017. Crédito: CPJ

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 3 2017 (IPS)

Las tácticas de censura se han vuelto más complejas, lo que plantea desafíos mayores tanto para los periodistas como para otros actores sociales.

En su informe anual “Ataques a la prensa”, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta una serie de casos de censura en diferentes partes del mundo y muestra un mundo de represión contra los medios de comunicación.

La censura “se vuelve definitivamente más avanzada y compleja y ocurre en diversos niveles”, dijo a IPS la directora de campaña del CPJ, Courtney Radsch.

De hecho, el director ejecutivo del CPJ, calificó a esa nuevas estrategias de “represión 2.0”.

“La represión 2.0 es una actualización de lo peor de las tácticas viejas, desde la censura estatal hasta la detención de los críticos, con las nuevas tecnologías de la información, que abarcan a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales, suavizando los bordes”.

A fines de 2016, habían casi 260 periodistas en la cárcel, el mayor número que haya documentado el CPJ.

Turquía es el país que tiene más periodistas en la cárcel con más de 145 tras las rejas, más que China, Egipto e Irán sumados.

La represión contra los medios de comunicación se profundizó tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y la consiguiente imposición del estado de emergencia, en el que se amparó el gobierno turco para clausurar 50 diarios, 30 canales de televisión y tres agencias de noticias.

También se lo acusa de utilizar las leyes antiterroristas para detener periodistas, como el jefe editorial del diario turco Cumhuriyet, Can Dündar, detenido en noviembre de 2015 y condenado a seis años de cárcel por revelar secretos de Estado, espionaje y ayudar a una organización terrorista.

Hace poco, 30 profesionales fueron condenados a cadena perpetua por sus vínculos con el diario Zaman, relacionado con el clérigo musulmán Fethullah Gülen, a quien el gobierno considera responsable de la intentona golpista, tras lo cual el periódico quedó bajo control gubernamental.

En Kenia, las autoridades recurren a un nuevo mecanismo para controlar a los medios de comunicación: el dinero.

“Como escasean los recursos para los medios tradicionales por la intrusión de las tecnologías digitales, el uso de la autocensura por presiones económicas, conocido en inglés como ‘fiscing’, también es una forma de asegurarse de que los periodistas sean más ‘razonables’ en su cobertura”, explicó el periodista Alan Rusbridger, en el informe del CPJ.

“El asesinato es turbio. El dinero es prolijo”, apuntó.

Pero el control de la información no es exclusivo de los países en desarrollo, precisó Rasch.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump creó una hostilidad contra los medios a un grado “nunca visto a escala nacional”, opinó el periodista Alan Huffman en el informe del CPJ.

El presidente Trump criticó a algunas organizaciones de medios por dar “noticias falsas”, y hace poco reiteró que inventaron historias durante la Conferencia de Acción Política Conservadora. “No tienen fuentes; las inventan cuando no tienen nada”, dijo a los presentes.

La retórica de Trump suele envalentonar a sus seguidores, quienes luego abuchean a los periodistas. Huffman relató el caso de un partidario del presidente que llevaba una camiseta que sugería el linchamiento: “Cuerda, árbol, periodista: SE SOLICITA UNA REUNIÓN”.

El presidente estadounidense incluso restringió y hasta negó el acceso a periodistas considerados hostiles, entre los que había profesionales de Buzzfeed, de The Huffington Post y de The Washington Post, y hasta amenazó con cambiar las leyes de difamación para facilitar las demandas contra periodistas y agencias de noticias.

En uno de los capítulos del informe, Christian Amanpour señaló las similitudes entre esas tendencias “tóxicas” en Estados Unidos y en el resto del mundo.

“La misma dinámica infectó a poderosos segmentos de los medios estadounidenses, como ocurrió en Egipto, Turquía y Rusia, donde los periodistas se vieron arrinconados por cuestiones político-partidarias, deslegitimados y acusados de ser enemigos del Estado. El periodismo se convirtió en un arma. No podemos permitir que pase eso”, subrayó.

En Ecuador, se acusa al gobierno de usar las redes sociales para reprimir periodistas.

Después de tuitear de que el exvicepresidente Lenin Moreno no había pagado sus impuestos, la cuenta del periodista Bernardo Abad quedó cerrada por violar los términos del servicio. Al final de la semana, eran nueve las cuentas que habían quedado temporalmente suspendidas, por el mismo asunto.

Radsch dijo a IPS que con Internet y las redes sociales, ahora hay “más medios para la represión y las amenazas”.

China llevó eso a otro nivel al proponer relacionar los comentarios en línea de los periodistas con sus finanzas.

Bajo el plan de crédito social propuesto, los periodistas que critiquen al gobierno podrían sufrir consecuencias económicas personales, como la disminución de la calificación crediticia o hasta que les nieguen un préstamo. Ese tipo de censura supera a las tácticas habituales de bloquear cuentas de redes sociales para perjudicar las actividades cotidianas de los profesionales.

Rasch subrayó la necesidad de abogar por una Internet abierta y por los derechos de los periodistas.

“Debemos recordar la importancia de la prensa, que sigue ayudándonos a entender toda la información con la que se nos bombardea a diario”, explicó a IPS.

También recomendó a los periodistas adoptar prácticas de comunicación más seguras para preservar su privacidad y la de sus fuentes.

Y lo más importante, los profesionales deben mantenerse fuertes y comprometidos con una información basada en hechos.

“Esa es la mejor forma, y la más importante, de luchar contra la nueva censura”, subrayó Simon.

“Los periodistas no pueden sentirse desmoralizados. Necesitan seguir su vocación y buscar la verdad con integridad y creer honestamente que los reveses, si bien son reales, son temporales”, concluyó.

Traducido por Verónica Firme

Shammi Haque, una bloguera de Daca conocida por defender la libertad de expresión y el laicismo, recibió amenazas de muerte y de violación. Crédito: Center for Inquiry

Por Manipadma Jena
NUEVA DELHI, May 2 2017 (IPS)

“No es lo que una diga lo que los provoca, es el hecho de que lo esté diciendo”, observó Mary Beard, profesora de la británica universidad de Cambridge, acerca de la acción contra las mujeres periodistas de los trols, personas cuyo objetivo es provocar, molestar o buscar controversias en Internet con otros usuarios. 

“Si te aventuras en el territorio masculino tradicional, el abuso se produce de todos modos. Son las muchas maneras en que los hombres han silenciado a las mujeres extrovertidas desde los tiempos de los antiguos”, explicó la profesora de filología clásica."Humillar y dañar a las mujeres es una práctica milenaria, excepto que el intercambio de información en tiempo real a través de la tecnología hace que el alcance sea mucho mayor y el daño enorme": Dilrukshi Handunnetti.

El número de mujeres profesionales en las salas de redacción aumentó en muchos países de la región de Asia y el Pacífico, según un estudio, pero aun equivale a solo 30 por ciento del personal en el sector de las noticias.

Incluso con esta baja representación ya irrumpieron en el bastión masculino de las noticias consideradas serias, como la política, la corrupción, la guerra, la gobernanza y el ambiente, con confianza e impacto.

Dicen lo que piensan, expresan su opinión y debaten con conocimiento y vigor con las y los lectores sobre cuestiones de importancia en las plataformas de los medios sociales. No obstante, la imagen de las mujeres que perdura en la sociedad sigue siendo en gran medida conservadora.

Shammi Haque, una bloguera de Daca, recibió amenazas de muerte y violación y un correo electrónico de un grupo extremista islámico que se responsabilizó del asesinato de seis blogueros de Bangladesh.

“Dado que la ley  islámica considera un delito punible que las mujeres trabajen fuera de sus casas sin la cabeza cubierta, sus empleadores son culpables en el mismo grado. Exhortamos a los medios de comunicación a que liberen a las mujeres de sus empleos”, manifestaba el mensaje.

En India, como parte de una campaña del diario Hindustan Times de lucha contra el troleo, los periodistas Harry Stevens y Piyush Aggarwal se propusieron en abril mostrar lo difícil que es ser una mujer sin pelos en la lengua en la red social Twitter. Para eso recabaron una semana de tuits enviados a cuatro destacadas periodistas.

Del total, Barkha Dutt, una veterana comunicadora de la televisión, recibió 3.020 tuits abusivos, y Rana Ayyub, una musulmana, recibió 2.580, a menudo teñidos de islamofobia.

Los trols de Internet gozan de amplia libertad en la región desde hace al menos seis años. Las mujeres periodistas que respondieron a los comentarios abusivos en las redes sociales ignorando o bloqueando a los usuarios más persistentes, ahora encuentran que el acoso y las amenazas directas de ataque se incrementaron, obligándolas a recurrir a la vía legal o la protección policial.

“La seguridad de los periodistas es una condición previa para la libertad de expresión y los medios de comunicación libres”, señala la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

“Los medios de comunicación en línea hoy en día permiten el rápido flujo de la información y la participación activa del público en el intercambio de ideas, noticias y conocimientos. Una Internet abierta, libre y segura es esencial para el debate público y el libre flujo de información y, por lo tanto, debe ser debidamente protegida”, añade la OSCE.

Las mujeres periodistas, las blogueras y otras actoras de los medios de comunicación sufren más que los hombres las amenazas, el hostigamiento y la intimidación relacionados con el género en Internet, lo cual repercute directamente en su seguridad y sus actividades en la red mundial.

“Voy a cortarte la cabeza y violarla” fue una de las amenazas que recibió la sexagenaria Mary Beard en Twitter.

“¿Por qué nadie se cuestiona los matrimonios, divorcios y amoríos de mis colegas masculinos? ¿Por qué la fijación con mi vida privada? Porque el escrutinio público sobre las mujeres – y especialmente de las que estamos orgullosas de nuestra ambición y somos ferozmente independientes – es muy diferente al de los estándares usados ​​para medir a los hombres. Y el subtexto siempre es sexual”, se quejó la periodista televisiva Dutt.

“Los agresores cibernéticos son los mismos que los matones que amenazan en la vida real”, sostiene el psiquiatra Samir Parikh.

El abuso personalizado que las periodistas reciben en Internet por hacer su trabajo profesional “pueden hacer que se sientan traumatizadas, indefensas, enojadas y muy frustradas”, subraya.

“En algunas puede incluso causar problemas de autoestima, afectar la vida social y conducir a síntomas de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Para las mujeres, el abuso y las amenazas de violencia suelen ser abiertamente sexistas y sexuales, lo que las hace más difíciles de abordar”, agregó el psiquiatra.

Internet permite “encubrir la identidad y atacar a las personas de la manera más antiética y dañina”, expresó Dilrukshi Handunnetti, una editora en Colombo. “Humillar y dañar a las mujeres es una práctica milenaria, excepto que el intercambio de información en tiempo real a través de la tecnología hace que el alcance sea mucho mayor y el daño enorme”, razonó.

El troleo se relaciona con la psicopatía, el sadismo y el maquiavelismo, según un estudio sobre personalidad realizado en 2014. Otros estudios concluyen que el aburrimiento, la búsqueda de atención, venganza y placer, y el deseo de causar daño a la comunidad se encuentran entre las motivaciones de los trols.

Sin embargo, algunos trols entrevistados manifiestan que sus comentarios en Internet no son un acoso, sino un contrapeso necesario para las opiniones y noticias que consideran erradas, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

A medida que las amenazas se vuelven demasiado peligrosas para ignorarlas, las periodistas se ven obligadas a recurrir a la ley, a pesar de sus dudas acerca de si las autoridades competentes podrán garantizarles una investigación rápida y sensible.

Una Política contra el Acoso en los Medios Sociales en Internet, redactada en marzo de 2016 por la Federación Internacional de Periodistas, establece una hoja de ruta para que las empresas de comunicación protejan a sus empleados, creen espacios seguros en línea para el debate abierto y respetuoso y respondan al abuso y el acoso que padecen particularmente las periodistas.

Entre los mecanismos para garantizar la seguridad digital y la ausencia de hostigamiento, la hoja de ruta propone una división cibernética especial en las empresas que equipe especialmente a las mujeres periodistas con conocimientos y recursos legales. Cuando el acoso es extremo, las medidas también deben incluir la seguridad física, el acompañamiento legal y el apoyo para realizar denuncias policiales, además de ayuda psicológica.

Mientras tanto, algunos consejos prácticos para las periodistas que son víctimas de acoso electrónico son ignorar, filtrar, bloquear y denunciar a los trols. Si las cosas empeoran, denunciar al culpable a los cuatro vientos y nunca olvidarse de recopilar y documentar el abuso sufrido.

Traducido por Álvaro Queiruga

Periodista de IPS en Sri Lanka, Richard de Zoysa, fue secuestrado por un “escuadrón de la muerte” a los 30 años, torturado y asesinado en febrero de 1990.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Apr 28 2017 (IPS)

En un mundo políticamente peligroso para el periodismo, los profesionales del sector se han convertido en una especie en extinción, una realidad que no es ajena a IPS.

Los números son escalofriantes, unos 1.236 profesionales fueron asesinados desde 1992, según el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

Solo en 2016, murieron 48 periodistas, y en estos primeros meses de 2017, ya van ocho. Los “países donde más mueren” son Siria, Iraq, Yemen, Afganistán, Libia y México, donde las organizaciones de noticias internacionales registraron el mayor número de víctimas."Si su asesinato no era suficiente para silenciarlo, entonces la censura tendría que hacer lo suyo”: Kanya D'Almeida.

IPS, una agencia de noticias dedicada a los países en desarrollo desde hace más de 53 años, ha sufrido tanto a manos de regímenes autoritarios como en contextos de guerra, en los cuales sus periodistas han sido detenidos, torturados y hasta asesinados, ya sea en Asia, África, Medio Oriente o América Latina.

Para las familias, la tragedia ha sido doblemente devastadora porque el o los asesinos nunca fueron encontrados, procesados ni condenados por la justicia de sus respectivos países y, en algunos casos, ni siquiera pudieron recuperar sus cuerpos.

Uno de los ejemplos más impactantes es el caso de Richard de Zoysa, jefe de la oficina de IPS en Sri Lanka, quien fuera secuestrado por un “escuadrón de la muerte” a los 30 años, torturado, asesinado y lanzado desde un helicóptero al océano. El mar devolvió su cuerpo hinchado en Colombo.

En un artículo de febrero de 2013, “Morir por informar en Sri Lanka”, la editora de IPS para Asia, Kanya D’Almeida, recuerda que si bien Sri Lanka conoció un período conocido como “reino del terror”, con dos grupos insurgentes en el sur y el norte, en los años 90 y durante el cual hubo muchas víctimas, “nadie se esperó que una de ellas fuera Richard de Zoysa”.

Él era “descendiente de dos poderosas familias, estrella del teatro srilankés en inglés, conocido comunicador y jefe de la oficina en Colombo de la agencia IPS. Sus artículos sobre Sri Lanka en los años 80 le granjearon reputación a nivel local e internacional”, indicó.

El horrendo delito, ocurrido en febrero de 1990, sigue impune después de 27 años.

En 2006, Alla Hassan, corresponsal de IPS en Iraq, murió de un disparo cuando se dirigía al trabajo en una zona de guerra, donde los asesinatos eran comunes en un área prácticamente sin Estado de derecho.

Y en Argentina, a mediados de la década de los años 70, dos periodistas de IPS, Luis Guagnini y Roberto Carri, fueron secuestrados al finalizar su jornada laboral en las oficinas de la agencia en Buenos Aires y sus cuerpos nunca fueron recuperados.

Juan Gelman, entonces director de la oficina de IPS América Latina, que estuvo en Buenos Aires entre 1974 y 1977, recuerda que, como era usual en esa época, el secuestro se atribuyó a grupos paramilitares, como la conocida Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), a la que se le atribuyen los asesinatos de unos 2.000 sindicalistas, estudiantes e intelectuales de izquierda.

En “Periodistas que pusieron al mundo al revés”, que relata la historia de IPS, Gelman recuerda que los números de esa época son sorprendentes, refiriéndose a los 30.000 desaparecidos, un término que implica el secuestro de ciudadanos desarmados, su tortura y asesinato y finalmente la desaparición de sus cuerpos.

“A principios de 1975, la Triple A tenía a IPS en la mira, y las dificultades para conseguir información se multiplicaban”, añade Gelman. En una demostración de solidaridad, el entonces director general de la agencia, Roberto Savio, trasladó la oficina de IPS América Latina a Roma.

En el caso De Zoysa, lo asesinaron en la víspera de su traslado a Lisboa, donde ocuparía el cargo de jefe de la oficina de IPS para Europa.

“Al tercer día de que seis hombres armados (a uno de los cuales su madre identificó como un funcionario policial de alto rango) lo obligaron a subirse a un jeep vistiendo nada más que su “sarong” (especie de falda que en muchos lugares de Asia usan tanto mujeres como hombres), un pescador encontró flotando un cuerpo en la costa de Moratuwa, un suburbio del sur de Colombo”, recuerda D’Almeida.

En 1990, la noticia de la muerte de De Zoysa desató una indignación pública que superó a la convocada por las alrededor de 40.000 muertes de la década infame del “reino del terror”, apunta.

“Pocos días después del funeral, los medios recibieron una directiva del gobierno: no más menciones de Richard de Zoysa, ni en la prensa escrita ni a través de fotografías ni en la radio. Si su asesinato no era suficiente para silenciarlo, entonces la censura tendría que hacer lo suyo”, añadió D’Almeida.

Su último despacho desde Colombo fue: “Sri Lanka: cerca de un Apocalipsis de derechos humanos”

A fines de los años 90, IPS le entregó en su oficina de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York, el Premio Internacional al Logro por su excelencia periodística y su cobertura sobre el asesinato de estudiantes a manos de escuadrones de la muerte en Sri Lanka, de forma póstuma.

Pero el representante permanente de Sri Lanka recibió instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores de rechazar la invitación y boicotear la ceremonia, a pesar de que concurrieron unos 100 diplomáticos a la ceremonia.

Al ser consultada por la situación de la libertad de prensa en Sri Lanka tras el asesinato de De Soysa y de Lasantha Wickrematunge, jefe de redacción del Sunday Leader en enero de 2009, Sinha Ratnatunga, del Sri Lanka Sunday Times, dijo a IPS que el peligro es comparar el ambiente actual con lo que fue, en vez de hacerlo con lo que debiera ser.

Durante el “reino del terror” hubo cuantiosas acusaciones contra editores por difamación, seguidas de censuras a las noticias militares, y las nuevas normas contra el terrorismo que se promulgaron tuvieron consecuencias en la prensa, recordó Ratnatunga, expresidente del gremio de periodistas.

“Los periodistas que criticaban al ejército fueron blanco de ataques, algunos asesinados y otros secuestrados y torturados. La guerrilla del LTTE (los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Ealam) fueron igual de despiadados con sus detractores”, apuntó.

El gobierno que en 2015 reemplazó al régimen anterior prometió el cielo y la tierra a la prensa, pero poco después de asumir, perdió la paciencia y comenzó una política de “ellos” y “nosotros”, y el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, en el que participan los dos grandes partidos, se volvió víctima de su propia intriga.

Los medios estatales respaldaban de la boca para afuera al gobierno de unidad, pero por dentro había una puja entre los partidarios del presidente y los del primer ministro. Aparte, los medios de comunicación siguieron creciendo en Sri Lanka: la prensa mantuvo su influencia, surgieron nuevas publicaciones, todo salpimentado con las redes social, que suelen impedir que los hechos se interpongan frente a un buen chisme, opinó Ratnatunga.

Para controlar el “monstruo”, el gobierno regula las frecuencias según sus preferencias y busca crear una comisión de estándares para su funcionamiento.

Los medios srilankeses viven tiempos interesantes, sintetizó Ratnatunga.

Traducido por Verónica Firme

El fotógrafo mexicano Rubén Espinosa coloca una placa en honor de Regina Martínez, el 28 de abril de 2015, en la plaza central de Xalapa, la capital del sureño estado de Veracruz, para conmemorar los tres años del asesinato de la periodista. En julio de ese año, Espinosa fue asesinado también. Crédito: Roger López/IPS

Por Daniela Pastrana
MÉXICO, Apr 26 2017 (IPS)

El reportero mexicano Cecilio Pineda Brito cubría temas de narcotráfico en una región del sureño estado de Guerrero, conocida por el control que ostentan en ella los grupos criminales.

En septiembre de 2015 había sufrido un atentado y su condición de “altísimo riesgo” lo hizo beneficiario del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que existe en México desde diciembre de 2012. 

Le asignaron medidas de protección, que básicamente consistían en rondas policiales.  Le ofrecieron irse a un refugio en Ciudad de México. Se negó.

En octubre de 2016, los responsables del mecanismo decidieron quitarle la protección; cinco meses después, Pineda Brito se convirtió en el primer periodista asesinado en 2017 en el país puntero en violencia contra la prensa en el continente.“Además de México, Honduras, Brasil y Colombia, ahora la situación en Paraguay y Venezuela, especialmente, han marcado el deterioro de la libertad de prensa en la región”: Ricardo González.

Después del asesinato de Pineda Brito, el 2 marzo, siguieron seis semanas de terror en que fueron asesinados tres periodistas más, mientras otros dos fueron víctimas de graves atentados con armas de fuego en diferentes puntos de este país de 118 millones de personas.

El asesinato más impactante fue el ocurrido el 26 de marzo, de Miroslava Breach, una periodista con una larga y sólida trayectoria que enviaba información al diario La Jornada desde el norteño estado de en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y que cubría información política.

Pero el de Pineda Brito puso en evidencia la ineficacia de los mecanismos institucionales para la protección de los periodistas que existen en la región. 

“Este último año ha quedado claro el fracaso del modelo de protección estatal exportado de Colombia a México y recientemente a Honduras”, dijo Ricardo González, oficial de Protección y Seguridad de la organización internacional Artículo 19, con su base central en Londres y dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

“Los casos de periodistas asesinados en México que estaban bajo protección de diferentes mecanismos del Estado, así como la renuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa a participar en la evaluación de casos en el mecanismo colombiano son cosas que deben preocupar”, insistió en diálogo con IPS.

Para González, la ausencia de un sistema de justicia y reparación hacen del modelo un instrumento “ineficaz, además de financieramente insostenible”.

Los números de México le dan la razón: según el último informe de Artículo 19, de las 427 agresiones registradas en 2016 a los medios y a los periodistas,  99,7 por ciento no tuvieron castigo.

Mientras,  la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión solo ha conseguido que tres casos hayan concluido en una sentencia a los agresores.

La mayor parte de las agresiones  fueron contra periodistas que trabajan en medios pequeños fuera de la capital del país y al menos la mitad fueron cometidas por agentes del Estado.

En contraparte, el mecanismo federal de protección mantiene medidas a 509 personas (244 son periodistas y el resto defensores de derechos humanos).

Además, pese a que los riesgos lejos de disminuir, crecen, el gobierno y el Congreso legislativo le eliminaron los recursos para la protección, así que desde enero, el mecanismo funciona con los remanentes de un fideicomiso cuyas  reservas de aproximadamente 9,5 millones de dólares se terminarán en septiembre.

Para Artículo 19, la imparable violencia contra de la prensa sigue siendo uno de los principales retos en toda la región y un punto de reflexión cuando el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión.

“Además de México, Honduras, Brasil y Colombia, ahora la situación en Paraguay y Venezuela, especialmente, han marcado el deterioro de la libertad de prensa en la región”, dijo González.

Mapa de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, difundido el miércoles 26 de abril por Reporteros sin Fronteras, donde Cuba (puesto 173) y México (147) son los peor situados de América Latina, mientras Uruguay (25) y Chile (33) aparecen como los mejores en el ranking de 180 países analizados. Crédito: RSF

En el mismo sentido, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, publicada este miércoles 26, alerta sobre la inestabilidad política y económica registrada en varios países de América Latina, donde los periodistas que investigan temas que afectan a los intereses de dirigentes políticos o del crimen organizado suelen ser agredidos, perseguidos, asesinados.

“RSF lamenta el pernicioso y continuo deterioro de la situación de la libertad de prensa en América Latina”, dijo Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF, en la presentación de la Clasificación.

“Frente a una amenaza multifacética, con frecuencia los periodistas deben autocensurarse, incluso exiliarse, para sobrevivir. Esta es una situación intolerable en países democráticos”, agregó.

El informe de RSF destaca el caso de Nicaragua, país que “experimentó la mayor caída registrada en la Clasificación”, pues la prensa independiente y de oposición, la controvertida reelección de Daniel Ortega estuvo marcada por múltiples casos de censura, intimidación, acoso y detenciones arbitrarias. Bajó 17 puestos, para situarse  en el 92.

También considera “otro caso preocupante” el de México, que en 15 años ha caído del lugar 75 al 147 y por sus condiciones de peligro se encuentra situado  entre Siria y Afganistán.  “México sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado”, dice el informe.

De hecho, es el segundo país latinoamericano peor clasificado, después de Cuba, en el puesto 173, tras perder dos puntos, entre los 180 países analizados.

A nivel regional,  los mejor situados en el ranking son Uruguay (puesto 25, perdiendo cinco), Chile (puesto 33, perdiendo dos) y Argentina (puesto 50, subiendo cuatro).

Se sofistican los medios de control

A pesar de todas las amenazas y riesgos, el periodismo independiente está avanzando en la región. En 2016, la organización Sembramedia creó el primer directorio de medios nativos digitales en América Latina que suma más de 500 plataformas independientes.

Pero del mismo modo, los medios de control de la prensa independiente están en “plena sofisticación”, destacó González.

El acoso judicial, laboral y en Internet, así como la censura indirecta vía el control de la publicidad estatal son las herramientas que gobiernos y grupos políticos y económicos utilizan de manera cada vez más recurrente en toda la región.

En México, el caso más emblemático es el de la periodista Carmen Aristegui, quien fue despedida junto con su equipo de investigación de MVS radio tras la publicación de una investigación sobre corrupción que involucra al presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, hay otros casos aún más increíbles, como la orden de un juez de que se aplique exámenes psicológicos al politólogo Sergio Aguayo, después de la publicación en diversas columnas periodísticas de información documentada sobre masacres en el estado de Coahuila que involucraban al ex gobernador Humberto Moreira.

La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha documentado que el gobierno y los 32 estados en que se divide este país federal,  gastan en promedio unos 800 millones de dólares anuales para comprar espacios en los medios de comunicación y difundir anuncios institucionales.

Otra organización mexicana de defensa de los derechos digitales, R3D, documentó que varios gobiernos regionales compraron programas de Hacking Team, una empresa italiana de tecnología de información, que vende herramientas  de espionaje, bloqueo, control e intrusión a gobiernos y empresas en páginas digitales, redes sociales y servicios de correo electrónico

Según R3D, en México la intimidación y la vigilancia en línea han aumentado durante la presidencia de Peña Nieto

El patrón se repite en otros países de América Latina, donde las agresiones no solo no se han detenido, sino que van en aumento y ahora presentan nuevos retos.

“En el último año hemos visto como los riesgos de la violencia que antes estaban reservados a temas como el narcotráfico, ahora son enfrentados por quienes cubren temas relacionados con migración y tráfico de personas, además de ambientales y defensa comunitaria de la tierra frente a industrias extractivas”, dijo González.

Otro foco rojo está en la cobertura de asuntos fronterizos. “La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha tenido un efecto bastante negativo en términos de libertad de prensa, tanto interior, como internacional, en toda la región”, insistió.

Editado por Estrella Gutiérrez

En Kenia, los medios y los periodistas son señalados como responsables de la violencia postelectoral que se desató entre 2007 y 2008 y que adoptó un carácter étnico. Crédito: Justus Wanzala/IPS.

Por Justus Wanzala
NAIROBI, Apr 26 2017 (IPS)

En el marco de las próximas elecciones generales de Kenia, previstas para el 8 de agosto, la Autoridad de Comunicaciones de este país africano divulgó las pautas de cobertura electoral que rigen a los medios y a los periodistas, instalando dudas sobre si el gobierno busca controlar la información.

Las medidas, divulgadas el 28 de febrero, obligarían a los periodistas a guardar todos sus apuntes y grabaciones durante seis meses y a asegurarse de que los invitados de los programas de radio y televisión no realicen declaraciones de odio sobre personas o grupos étnicos.

Luego, el 7 de marzo, las autoridades de los medios de comunicación suscribieron otro código de cobertura electoral, diseñado esta vez por el Consejo de Medios de Kenia (MCK), con la colaboración de la Comisión Electoral y de Circunscripciones. El primer organismo se encarga de proteger la independencia de los medios y reforzar los estándares de profesionalismo.“Considerando que la mayoría de las empresas de medios son propiedad de políticos influyentes y personas con vínculos de poder, queda por ver si quienes incumplan, terminan en la justicia”: Kennedy Epalat.

La iniciativa del MCK también requiere que las organizaciones de medios se ajusten a los principios del periodismo responsable de ser sensibles a la preservación de la paz y proteger la objetividad durante los comicios.

Kenia ya sufrió la violencia postelectoral entre diciembre de 2007 y enero de 2008 por diferencias sobre el resultado que terminó con 2.000 personas muertas y unas 3.000 desplazadas de sus hogares. Entonces se responsabilizó a los medios de no contribuir a contrarrestar los enfrentamientos, los que adoptaron un carácter étnico.

El episodio tuvo consecuencias en las elecciones de 2013, que transcurrieron en paz, pero en las que se cuestionó a los medios por ser demasiado tímidos. Muchos observadores criticaron que la cobertura no contempló algunos problemas delicados que atravesaba el país.

Pero no todo el mundo piensa que las actuales pautas son contraproducentes.

El periodista Dennis Odunga, del Daily Nation, opinó que el cumplimiento de las normas seguirá siendo un desafío mientras prevalezca la impunidad. Pero las pautas de la Autoridad de Comunicaciones de Kenia (CAK) solo procuran recordar que se espera que los medios promuevan una cobertura justa de acuerdo con ciertos estándares periodísticos.

“Por ejemplo, guardar apuntes y grabaciones no es nada nuevo en los medios del mundo. Es una norma que aplicamos cuando trabajamos con temas sensibles, como artículos de investigación”, observó.

Es posible monitorear el discurso de odio en los medios impresos y electrónicos, observó. Y en el caso de la radio y la televisión, los conductores deberían controlar la situación y apurarse a interrumpir a los invitados que pretendan usarlos como plataforma para fomentar disputas étnicas, aunque es una medida que debe aplicarse con decoro, precisó.

“La libertad de expresión y el acceso a la información no son absolutas (en la Constitución)”, apuntó. “Pero siendo una entidad gubernamental, debemos de estar en guardia frente a la posibilidad de que haya malicia en algunas de las normas, en especial en la programación, que puede afectar el ingreso de fondos a las empresas de medios”, observó.

El equilibrio en la cobertura electoral podría no ser más que una utopía, pues los medios actúan en función de sus propietarios y de intereses editoriales, resumió.

Angela Koki, de la CAK, dijo a IPS, en representación del director general, Francis Wangusi, que la Ley de Información y Comunicación de 1998 le otorga el poder de dictar un código que fije estándares para el tiempo y la forma en que deben transmitirse los programas de radio y televisión.

La CAK preparó un Código de Programación y un procedimiento de Gestión de Reclamaciones para usar en la regulación de los servicios de transmisiones de radio y televisión.

“La consulta se hizo de acuerdo con la Constitución y la consolidación de insumos; los documentos finales se publicaron y entraron en vigor el 1 de julio de 2016”, recordó.

Koki precisó que en el marco de su mandato, la CAK solo le recuerda a las empresas las disposiciones normativas ya existentes en relación con el uso responsable de las transmisiones de radio y televisión antes, durante y después de las elecciones.

“La cobertura de las elecciones y de los partidos políticos se encuentra en la sección nueva del Código de Programación y requiere que las radiodifusoras ofrezcan una cobertura equilibrada y oportunidades a los partidos políticos y a los candidatos, entre otros estándares”, precisó.

En lo que respecta al exceso de normas y regulaciones, Koki explicó que el mandato de la CAK es regular a las empresas a las que les otorga licencia y no se extiende a los profesionales ni a las prácticas periodísticas.

El MCK es el regulador y el encargado de velar por la buena práctica profesional y por las responsabilidades de los trabajadores de los medios, añadió.

“El requisito para guardar las grabaciones por un año y el de demorar siete segundos una transmisión en vivo como para gestionar el contenido no deseado antes de que salga al aire se aplica a las empresas, no a los periodistas”, aclaró.

Además, coincidió con Odunga en que el Código de Programación es un documento vivo que debe revisarse cada dos años, por lo que urgió a los periodistas a realizar aportes para mejorarlo cuando se haga otro llamado a consultas.

Por su parte, el subdirector ejecutivo del MCK, Victor Bwire, coincidió, y mencionó que el organismo solo se refirió a la necesidad de implementar del Código de Programación, e indicó que el de la CAK se creó de forma participativa.

“No son nuevas, solo las actualizamos para incluir cuestiones relacionadas con la sensibilidad de género y otros asuntos emergentes como noticias falsas”, indicó.

“El objetivo es garantizar una cobertura electoral justa y profesional. La medida procura la adherencia a los estándares, como sucede con temas de cambio climático y negocios; si acaso, cada empresa tiene su propia política”, añadió.

Pero el editor de noticias Kennedy Epalat, de la Kenya Broadcasting Corporation, dijo que la iniciativa de la CAK responde a la idea de que los medios contribuyeron a la violencia postelectoral de 2007-2008, y en especial las emisoras locales de radio.

En lo que respecta a los invitados, Epalat opinó que los productores deben evitar invitar a aquellas figuras conocidas por propagar discursos de odio. Además, los conductores deben dar pautas a los invitados sobre cómo actuar y cómo no, aunque no son medidas fáciles de implementar.

“En 2004, puse a un parlamentario en la lista de personas que no podían participar en mis programas de radio porque atacaba al presidente cuando hablaba sobre delincuencia y corrupción, incluso cuando ya le había dicho que evitara el tema”, relató.

“Dos meses después, ese parlamentario fue nombrado ministro adjunto de Información y Radiodifusión y le pidió a mi emisora que le reservara una hora por semana que utilizaría para explicar la política gubernamental”, añadió.

“La gente que consultas quizá no quiera dar información tan libremente como si los entrevistara alguien de su propia comunidad. Tienden a confiar más en alguien de su propio entorno con la información, en especial en cuestiones sensibles”, opinó Epalat, al ser consulta por el impacto de las nuevas pautas de cobertura para las elecciones generales de este año.

Las dificultades se agravarán si quienes cubren los comicios no están capacitados ni conocen las nuevas normas. Y al igual que Odunga, le preocupa el tema de la impunidad.

“Considerando que la mayoría de las empresas de medios son propiedad de políticos influyentes y personas con vínculos de poder, queda por ver si quienes incumplan, terminan en la justicia”, apuntó.

En lo que respecta a los periodistas, opinó que como el MCK suscribió un memorando de entendimiento con la comisión electoral sobre la cobertura periodística, mientras cumplan las normas y apliquen el sentido común, teniendo en cuenta el caos de los otros comicios, no tienen nada de qué preocuparse.

Traducido por Verónica Firme

Fachada de La Prensa, el más antiguo periódico de Nicaragua y el principal medio crítico con el gobierno de Daniel Ortega, lo que le ha supuesto consecuencias económicas negativas, al igual que a otros medios opositores. Crédito: José Adán Silva/IPS

Por José Adán Silva
MANAGUA, Mar 28 2017 (IPS)

Durante el 61 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una silla vacía ante el relator de Libertad de Expresión, Edison Lanzas, resume las relaciones del gobierno de Nicaragua con el tema en el país: la ausencia.

En el foro de la CIDH, un órgano independiente  de la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollada entre el 15 y 22 de marzo, solo Cuba, Estados Unidos y Nicaragua estuvieron ausentes del debate en las sesiones de revisión y denuncia, que en el caso de este país se circunscribieron a la libertad de expresión.

Es la tercera vez que este país centroamericano rehúye su participación, lo que a juicio de expertos en libertad de expresión y periodismo refleja un “menosprecio” del gobierno  a las relaciones con los medios y los periodistas, desde que el presidente izquierdista Daniel Ortega retornó al poder en 2007, tras gobernar en los años 80.“Se puede medir desde la falta de acceso a información, cero entrevistas, cero publicidad estatal, control sobre la exoneraciones fiscales, o control de las instituciones sociales y laborales para ejercer presión administrativa a los dueños de medios (opositores privados)”: Adrián Uriarte.

El comunicólogo y decano de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, Adrián Uriarte, considera que “la libertad de expresión es un derecho humano primordial de los otros derechos y que va más allá del campo de los medios de comunicación”.

El académico ha creado un grupo de indicadores para determinar si en un país existe libertad de expresión, que detalló a IPS.

El primero “obedece al ejercicio de este derecho en los diversos espacios de socialización; hogar, comunidad, medios de comunicación, escuela, iglesia y ahora redes sociales”, mientras el segundo “está relacionado al ejercicio de este derecho en espacios públicos; manifestaciones, marchas, plantones”, señaló.

El tercero, dijo, se conecta con “la auditoría social, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos de demandar rendición de cuentas al Estado y a los Poderes establecidos, incluyendo a los medios de comunicación”.

En tanto, el cuarto se refiere “al derecho de buscar y acceder a información pública; y el quinto indicador tiene que ver con el ejercicio de este derecho de manera escrita, radial o televisivo, que desde luego está vinculado directamente a la libertad de prensa”.

En este país “los primeros indicadores tienen buenas notas en materia de libertad de expresión, sobre todo porque en Nicaragua todavía no se regula el uso y manejo del Internet, y por eso, las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas privilegiadas donde los ciudadanos ejercen su derecho a la libertad de expresión”, observó Uriarte.

Pero, “sin embargo, los periodistas y los medios de comunicación, irónicamente son el grupo poblacional que menos ejerce la libertad de expresión en Nicaragua, es más, diría que es donde más autocensura se practica”, precisó el académico.

Para Uriarte,  el gobierno de Ortega y su esposa y desde enero vicepresidenta del país, Rosario Murillo, “tiene una visión sectaria de la libertad de prensa”.

“Existen políticas públicas con el objetivo de favorecer el desarrollo tecnológico, acceso a información e inversión publicitaria para los medios estatales y medios privados, pero que están vinculados según investigaciones periodísticas a la actual administración pública”, observó.

“Haciendo un balance podríamos decir que en Nicaragua el saldo rojo de la libertad de expresión está en el terreno de los medios de comunicación privados ajenos a la influencia del Estado”, dijo Uriarte.

“La forma más visible ha sido la negación de este derecho”, planteó.

Eso “se puede medir desde la falta de acceso a información, cero entrevistas, cero publicidad estatal, control sobre la exoneraciones fiscales, o control de las instituciones sociales y laborales para ejercer presión administrativa a los dueños de medios”, detalló.

Además, amplió, “se mide por cancelación de espacios privados en noticieros locales, retiro de equipos técnicos de radios locales, lo cual desde luego ha llevado al cierre de espacios de opinión privados por la falta de sostenibilidad económica de muchos periodistas”.

La experiencia de ser considerado “periodista opositor” la ha vivido en persona el periodista de medios escritos y radiales,  Juan Rodríguez.

“En 2007  era oficial de Comunicación y Prensa de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Desastre, llegó la administración sandinista y me cancelaron el contrato sin justificación legal alguna. Me corrrieron (despidieron) por sospechar que era de los medios de la derecha”, narró a IPS.

Desde entonces, Rodríguez ha sorteado una serie de bloqueos y falta de apoyo institucional para sostener programas de radio, al tiempo que denuncia acoso político por haber sido presidente de la independiente Asociación de Periodistas de Nicaragua.

Luis Galeano, periodista y director del programa local de radio y televisión Café con Voz, lo resume así: “el periodismo uno lo ejerce pensando en si mañana podrá salir al aire”. Su programa, transmitido por señal abierta de televisión y una red de radios comunitarias, no es considerado todavía “opositor”, pero Galeano teme que cualquier día el poder presione para sacarlo del aire.

“No sé si de pronto el gobierno se va hartar de lo que digo y hago en mi programa y va mandar a cerrarlo o si los empresarios van a pedir que cese mi programa o van a presionar a los pocos empresarios que apoyan a los medios para que deje de hacerlo,

la verdad es que es un temor constante si voy a seguir al aire”, dice.

La misma incertidumbre la ha conocido de viva voz de decenas de periodistas el abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

La libertad de expresión, según determina la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se basa “en la libertad de buscar, recibir y difundir información”. “En el contexto actual ni los ciudadanos a título individual, ni los colectivos, ni periodistas independientes tienen garantizado su derecho a buscar y recibir información debido a una política secretista del Estado”, dijo a IPS.

De acuerdo al activista,  esa política establecida desde 2007 se basa en el control estricto de la información pública y se manifiesta en el silencio obligado de los funcionarios públicos.

Según Arce, el problema de la libertad de expresión se agrava con el control de los medios de comunicación por parte del gobierno. Eso, en su criterio, “va en detrimento de la obligación de los Estados de promover el pluralismo en los medios y su independencia”.

En este país de 6,2 millones de habitantes, en 2007 había solo un canal de televisión y una radio en manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), otra emisora estatal y dos más progobierno, así como algunos programas afines.

En 2017,  según Arce, más de 80 por ciento de las radios, canales de televisión, medios escritos y programas digitales, están bajo la el control del FSLN y son controlados por familiares, operadores políticos y periodistas afines, aunque públicamente se declaren en ocasiones independientes.

“Como defensor, el mayor problema es la falta de información de las instituciones y el temor que hay en mucha gente de expresarse por miedo a una represalia del gobierno”, expresó.

Para Arce, la ausencia del gobierno en los foros de debate continental sobre la libertad de expresión, se evidencia no solamente en las sillas vacías durante el 161 período de sesiones de la CIDH, sino en los incontables pronunciamientos de organizaciones internacionales sobre la violación a los derechos humanos y otros derechos universales.

Arce enumeró como ejemplos las críticas de la ONU en su Examen Periódico Universal a Nicaragua, en 2014,  y otros informes que desde 2008 han emitido el Departamento de Estados de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la OEA, Human Watch Rights, Reporteros Sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House, Amnistía Internacional y otros.

Editado por Estrella Gutiérrez

Pablo Piacentini, cofundador de la agencia internacional IPS-Inter Press Service, fallecido en Roma el 1 de marzo

Por Pablo Piacentini
ROMA, Mar 2 2017 (IPS)

La idea de crear IPS nació al comenzar los años 60 como consecuencia de la constatación de un vacío, en dos dimensiones.

Primero, un gran desequilibrio informativo mundial: un universo noticioso concentrado en los mayores países industrializados y manejado por pocas y grandes agencias y servicios de redifusión del Norte industrializado.

En el lado opuesto, falta de información sobre los países no desarrollados del Sur y no solo del Sur; casi ninguna información sobre sus realidades políticas económicas y sociales, salvo cuando ocurrían desastres naturales, e incluso muchas de las pocas informaciones estaban plagadas de prejuicios culturales sobre esos países. En resumen, poca imagen y mala imagen.

Segundo, la escasez en general de análisis y enfoques sobre los procesos detrás de los hechos noticiosos y la escasez en las agencias de géneros periodísticos como reportajes especiales, análisis, artículos de opinión y periodismo investigativo.En IPS nunca nos propusimos presentar una imagen "positiva" de los países del Sur, disminuyendo u ocultando los problemas reales como la corrupción, sino un enfoque objetivo que integrase la información del Sur, con los puntos de vista e intereses del Sur, en el universo informativo.

Las agencias se dedicaban principalmente a las “spot news” (noticia inmediata), a las meras noticias con escaso contexto. Es claro que ese género periodístico no deja lugar para los temas vinculados con el desarrollo.

Si, por ejemplo, se habla de una epidemia, o incluso de una catástrofe en un país del Tercer Mundo, las spot news se limitan a describir los hechos, transmitir las imágenes, y enfocar la asistencia internacional.

Pero generalmente no tratan de identificar las causas que hacen que enfermedades desaparecidas o completamente controladas en el Norte puedan generar terribles pandemias en algunos de los países menos desarrollados o que un terremoto de mayor intensidad en la ciudad estadounidense de Los Ángeles o en Japón cause muchas menos muertes y destrucción que uno de menor intensidad en Haití.

Este tipo de tratamiento superficial y parcial aún predomina en la información internacional.

La información contextualizada y analítica se encontraba en una parte de los periódicos al estilo anglosajón, en las llamadas páginas de opinión. Pero los artículos de fondo y análisis de las páginas de opinión se concentraban en los países del Norte, enfocados en los intereses del norte.

Con relación a los años 60 este tipo de artículos aumentó en forma neta, pero sigue prevaleciendo el enfoque del Norte.

Este tipo de periodismo vertical era funcional a los intereses de los países industrializados y, por lo tanto, se orientaba a prolongar y extender su dominación mundial y la subordinación de los países no industrializados y exportadores de materias primas, sin o con escaso valor agregado.

Esta estructura concentrada y desigual de la información mundial afecta a los países en desarrollo. A modo de ejemplo, debido a la imagen creada por la escasa y distorsionada información, era difícil que un empresario de una industria en expansión del Norte se decidiera a instalar una fábrica en países del Sur, sobre los que poco o nada sabía, que presumía poco civilizados y peligrosos, carentes de economías externas, con inseguridad jurídica, etcétera.

Es claro que pocos se arriesgaban y las inversiones se concentraban siempre más en la dimensión Norte/Norte, reforzando el desarrollo en los países desarrollados y el subdesarrollo en los países subdesarrollados.

En los años 60, los que creamos IPS nos propusimos trabajar para contribuir a corregir ese imagen parcial, desigual y distorsionada que las agencias internacionales daban del mundo de entonces, cuya geografía política y económica era por cierto bastante distinta de la actual.

De los países hoy emergentes se podía decir lo mismo que la irónica y despectiva frase que circulaba sobre Brasil: “Es el país del futuro… y lo será siempre.”

Se estaba en medio del proceso de descolonización en África, Asia y el Caribe. América Latina era políticamente independiente pero económicamente dependiente. En 1961 nace el Movimiento de los Países No Alineados

En IPS nunca nos propusimos presentar una imagen “positiva” de los países del Sur, disminuyendo u ocultando los problemas reales como la corrupción, sino un enfoque objetivo que integrase la información del Sur, con los puntos de vista e intereses del Sur, en el universo informativo.

Esto significaba un modo distinto de mirar el mundo y de hacer periodismo, es decir, mirarlo desde la realidad del Sur y de sus problemas sociales y económicos.

Veamos un ejemplo vinculado directamente al desarrollo.

Los medios tradicionales de información suelen asociar los aumentos de los precios de las materias primas con signos negativos: causantes de inflación, costosos para los consumidores y las familias, distorsionadores de la economía mundial.

Claramente, este punto de vista es el de los países industrializados, que importan materias a bajo costo que transforman en manufacturas y así pueden expandir sus empresas y competir en el mercado mundial.

No hay duda de que algunos aumentos fuertes y repentinos de algunas materias primas pueden causar problemas a la economía internacional e incluso afectar a las poblaciones de algunos países pobres que deben importar esas materias primas.

Pero el enfoque generalizado y constante contra los aumentos de precios de las materias primas omite una realidad: el estadísticamente comprobado deterioro secular de los precios de las materias primas en relación a los precios de las manufacturas, con la excepción del petróleo desde 1973.

Por lo tanto, la política editorial de IPS consiste en aportar informaciones y análisis que muestren como, sin precios justos y bien remunerados por sus materias primas, y sin un creciente valor agregado en sus productos agrícolas y minerales, los países exportadores de productos básicos, no podrán superar el desarrollo y la pobreza.

Mucho ha cambiado desde los años 60 en la geografía económica y la política mundial, y las nuevas tecnologías de la comunicación han producido una revolución en los medios, como es notorio.

En este contexto, muchos investigadores de la comunicación han reconocido que IPS ha contribuido a incorporar un tipo de periodismo más analítico y más apropiado para enfocar y comprender procesos económicos, sociales y políticos, que simultáneamente ha contribuido a un mayor conocimiento de la problemática de los países del Sur.

El enfoque de los periodistas dedicados a los temas de desarrollo implica, en primer lugar, un análisis crítico del contenido de las noticias que circulan en el espectro informativo.

En segundo lugar, consiste en analizar los temas económicos y sociales, desde “el otro punto de vista”: el de los sectores sociales marginados u oprimidos, el de los países pobres que no logran salir del subdesarrollo debido a los términos desfavorables del intercambio comercial, el proteccionismo agrícola u otras razones.

Esa otra mirada sirve también para comprender cómo están logrando salir del subdesarrollo algunos países emergentes, qué papel puede jugar la cooperación internacional y si para prestar ayuda o hacer acuerdos bilaterales o multilaterales los países del Norte y las instituciones internacionales que controlan exigen condicionamientos que en realidad perpetúan la situación de desarrollo desigual.

Estos son solo algunas importantes esferas en las que se comprueba un tratamiento informativo desequilibrado y discriminatorio.

La conclusión es que un periodista especializado en los temas del desarrollo debe poder mirar y analizar la información y la realidad desde “el otro lado”, que pese a la globalización y a la revolución en las comunicaciones, sigue siendo poco conocido y ocupa un espacio marginal en el universo informativo internacional.

Si se consideran los temas que hemos mencionado en su total y verdadera dimensión y se los confronta con las informaciones y análisis que a diario nos ofrecen los medios predominantes en casi todo el mundo -no solo en el Norte, también en muchos medios del Sur- salta a la vista la necesidad de una información global y desinteresada que corrija el desequilibrio entre norte y sur. A esta tarea ardua y a esta meta aún muy lejana dedica IPS todos sus esfuerzos desde hace medio siglo.

Pablo Piacentini fue cofundador de Inter Press Service-IPS y permaneció vinculado a la agencia hasta su muerte. Hasta hace escasos meses se mantuvo como director del Servicio de Columnistas de IPS.

Editado por Estrella Gutiérrez

Sandra Juárez, con el micrófono, ensaya junto a dos colegas de Izcanal Radio y Televisión la grabación de un programa. La estación es la única comunitaria de El Salvador y solo visible por suscripción, pero eso podría cambiar con la llegada al país en 2018 del sistema digital. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
NUEVA GRANADA, El Salvador, Feb 24 2017 (IPS)

El set de Izcanal Radio y Televisión es sencillo y austero, pero esta estación televisiva hizo historia en El Salvador al ser la primera, y hasta ahora la única, en dar el salto de la radio a la televisión comunitaria, en 2006.

Lo ha hecho mediante una compañía local de cable, no en señal abierta, pero eso podría cambiar muy pronto.

“Nuestro mayor deseo es competir para que Izcanal tenga su frecuencia y transmitir en señal abierta, ese es nuestro sueño”, dijo Wilfredo Hernández, coordinador de Prensa de la emisora, nacida en febrero de 1993 y ubicada en Nueva Granada, un municipio del oriental departamento de Usulután.“El derecho a la libertad de expresión tiene que ver con el acceso a diferentes fuentes de información y a espacios de participación, y cuando el esquema mediático es excluyente y corporativo, no es posible generar ese derecho”: Leonel Herrera.

La señal de Izcanal llega hasta los residentes en esta y otras 35 localidades cercanas, pero para sintonizarla deben contar con el servicio de pago por cable.

Su programación tiene como enfoque el mostrar los hechos e iniciativas positivas que suceden en la comunidad, basados en ejes como el desarrollo local, mujeres y género, ambiente, cultura de paz y migración, entre otros.

“Los medios grandes, nacionales, no presentan las cosas buenas que se hacen en las comunidades, la opción somos nosotros”, explicó Sandra Juárez, coordinadora de Programación y Contenido, mientras editaba en un ordenador un archivo de audio.

Las esperanzas de Hernández y de Juárez están cifradas en que los sectores de la radio y la televisión, altamente dominados por emisoras privadas de corte comercial, evolucione hacia una mayor apertura y democratización, para lo que las autoridades deben generar las condiciones adecuadas.

Hay bases legales y operativas para la apertura a nuevos y alternativos proyectos, que redundaría en un fortalecimiento de la libertad de expresión, estimaron ambos a IPS.

El gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén anunció ya el arranque de la televisión digital en 2018, una nueva tecnología que optimizará el ancho de banda y podrá dar cabida a nuevas estaciones, sobre todo comunitarias, públicas y académicas, entre otras.

Para la migración digital, las autoridades seleccionaron el modelo ISDB-Tb, conocido como el “japonés-brasileño”, el aprobado en América Latina, excepto en Colombia y Panamá.

Además, organizaciones sociales aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo) luchan porque el Estado salvadoreño, mediante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), promueva la inserción de esos nuevos jugadores en las bandas televisivas y que también abra espacios en el saturado dial de la radio.

La ampliación del espectro radioeléctrico adquiere fuerza tras la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, vigente desde mayo de 2016,  que reconoce a las emisoras comunitarias y otras sin fines de lucro, y establece mecanismos alternos para que participen en la concesión de frecuencias, como la asignación directa y el concurso.

Wilfredo Hernández durante la transmisión de uno de los noticieros radiales de Izcanal Radio Y Televisión, un proyecto surgido en 2003 en Nueva Granada, en el oriente de El Salvador. La emisora comunitaria fue la única que se expandió con un canal de televisión. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Al finalizar la guerra civil (1980-1992), una veintena de radios comunitarias se incorporaron al espectro, inicialmente transmitiendo sin autorización desde frecuencias privadas, lo cual generó persecución policial.

En 2008 lograron obtener, mediante terceros, una licencia en frecuencia modulada (FM), que fraccionaron y zonificaron para emitir su programación, aunque con dificultades de interferencia.

Por años batallaron para que se anulara el sistema de subastas, impuesto por la ahora reformada Ley de Telecomunicaciones de 1997, un esquema que impedía a los medios comunitarios competir en igualdad de condiciones.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón al dictaminar que debían existir criterios distintos a la subasta para garantizar la participación de estos actores, ante recursos de inconstitucionalidad interpuestos por organizaciones sociales en 2012 y 2013 contra ese mecanismo y otros aspectos de la ley.

La inclusión de esos nuevos jugadores en radio y televisión daría un perfil más plural e inclusivo al universo mediático del país, que fortalecería la libertad de expresión, dijo Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas).

“El derecho a la libertad de expresión tiene que ver con el acceso a diferentes fuentes de información y a espacios de participación, y cuando el esquema mediático es excluyente y corporativo, no es posible generar ese derecho”, acotó Herrera a IPS.

Pero ampliar la entrega de frecuencias enfrenta la frontal oposición del sector radiofónico comercial, controlado por cinco consorcios empresariales, que acaparan 92 por ciento del espectro, según datos de la Siget.

El segmento de la televisión abierta está casi en su totalidad en manos privadas, aunque de los 42 canales, siete son no comerciales y están regidos por organizaciones religiosas y otros dos son estatales.

Futuro incierto

Pero la entrada de nuevos jugadores, tanto en radio como en televisión, no puede darse por hecho, y si el esquema actual permanece intacto, bloqueando participantes alternativos, se robustecería la concentración mediática en monopolios y oligopolios,  consideró Herrera.

En el caso de la televisión, la plataforma digital y su mayor ancho de banda facilitan la amplitud y diversificación de la oferta, pero Herrera criticó que los actuales concesionarios pretenden mantener todo el ancho para sus canales.

En la radio el panorama es más difícil aún, porque el espectro está ya saturado y los consorcios comerciales rechazan otorgar espacios al sector comunitario, aunque hay propuestas de dividir el ancho de frecuencias para duplicar el espacio.

“La Siget tiene que cumplir y abrir los espacios, no le queda otra, sino la reforma que nos da reconocimiento como radios comunitarias solo se queda en papel”, comentó Hernández, de Izcanal.

Una solicitud de IPS para entrevistar a la superintendente de la institución reguladora, Blanca Coto, no obtuvo respuesta.

Una rendija para generar licencias en radio podría abrirse este año, cuando se lleve a cabo la renovación de frecuencias, un proceso que realiza cada 20 años. Hasta la reforma legal de 2016, se prorrogaban automáticamente, en un mecanismo que aseguraba a los concesionarios un usufructo casi vitalicio.

Ahora tendrán que cumplir con criterios como el de estar al día con los pagos, falta de infracciones graves y uso correcto de la señal.

RedCo sostiene que con esos parámetros casi todas las estaciones pueden lograr la renovación y considera que deben considerarse otros aspectos, como si el origen de la licencia tuvo un proceso legal y transparente.

Eso porque un informe de la presidencial Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción reveló en septiembre del 2016 que 60 por ciento de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Telecomunicaciones de 1997 carecen de respaldo documental que confirme la adjudicación.

Hasta entonces, al ente regulador de la época otorgaba frecuencias como premio por favores políticos o para beneficiar a parientes y amigos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder desde 1989 hasta 2009.

Si la Siget incluye ese factor de transparencia propuesto por las organizaciones integradas en RedCo, podría haber algunas licencias que no logren renovarse, y allí surgirían posibilidades para las estaciones comunitarias.

Pero aun si se otorgan las licencias en radio y televisión, ello es insuficiente para propiciar un esquema mediático más democrático. Se necesita que el Estado apuntale esas medidas con políticas públicas que las fomenten y desarrollen, dijeron los entrevistados.

Las organizaciones de RedCo ya entregaron a las autoridades una Propuesta de una Política Pública en Comunicaciones, para contribuir a un debate que, al final, genere medidas claras para democratizar los medios en el país.

Editado por Estrella Gutiérrez