Trabajadoras sexuales de la ciudad de Chennai, en India, muestran el uso del condón. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
CHENNAI, India, Jul 11 2017 (IPS)

En una habitación en penumbras, en un barrio de la capital de este sureño estado indio de Tamil Nadu, varias mujeres están sentadas alrededor de una mesa, rodeadas de cajas de Nirodh, la marca de condones más popular de India.

Vestidas con coloridos saris, anillos de pie y el punto rojo en la frente, nada indica su actividad. Lentamente, una de ellas abre una caja, saca un puñado de condones y un pene de madera. La habitación se llena de risas a medida que se lo pasan de una en una para colocarle un preservativo.

Es un raro momento de distensión para esas mujeres dedicadas a la difícil actividad del trabajo sexual, que cuidadosamente ocultan a sus familias.

Baby, solo conocida por su primer nombre, tiene unos 40 años y es la que más experiencia tiene en el uso del condón. Es una educadora que enseña a otras trabajadoras sexuales de Chennai a mantener relaciones sexuales seguras y a protegerse del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y de otras enfermedades de transmisión sexual.

Gracias a la continua capacitación y a la creación de conciencia, los preservativos forman parte de la vida de casi todas las 6.300 trabajadoras sexuales de esta ciudad, destacó Baby.

Pero su adecuada protección y salud sexual depende totalmente de la disposición de sus clientes a usar el condón.

“Hacemos lo mejor posible para que el cliente comprenda que es muy importante porque nos mantiene a ambos protegidos del VIH y de otras infecciones como la gonorrea. Pero es necesario convencerlo. La mayoría lo usa a regañadientes”, explicó.

Preservativos femeninos son un espejismo

India es uno de los mayores fabricantes y exportadores de condones del mundo. La compañía estatal Hindustan Latest Limited (HLL) produce más de 1.000 millones de preservativos al año, entre los que está Nirodh. De estos se entregan 650 millones al año sin costo en el marco de la campaña de sexo seguro. Pero los condones femeninos, no son gratuitos y es necesario pagarlos.

Los condones femeninos podrían ser una inmensa ayuda para las trabajadoras sexuales, pero son muy difíciles de conseguir por su elevado precio, explicó AJ Hariharan, fundador y director general de la Organización India de Bienestar Comunitario, con sede en Chennai, una de las mayores del país dedicada al bienestar de ese sector de población.

Los condones para hombres cuestan unas 25 rupias (unos 39 centavos de dólar), mientras que los de mujeres ascienden a 59 (91 centavos de dólar) o más, una suma excesiva para la mayoría de las trabajadoras sexuales que suelen ganar entre 200 y 500 rupias (entre 3,10 y 7,75 dólares) al día, que destinan a la manutención de sus familias.

“Al precio actual, el condón femenino es un lujo fuera del alcance de las mujeres pobres. Nunca podrán usarlo, una lástima porque el promedio de las trabajadoras sexuales realmente lo necesitan”, se lamentó Hariharan.

La razón de la “gran necesidad” es económico y de empoderamiento, explicó. Lleva un tiempo explicarle al cliente por qué debe usar condón y luego ayudarlo a usarlo. Tras lo cual, el duo debe esperar a que el hombre vuelva a tener una erección.

Con el condón femenino, todo es más rápido, ella ahorra tiempo y energía y lo atiende rápido. Para aquellas que alquilan un lugar, es fundamental, pues pueden tener múltiples clientes en pocas horas y pagar menos alquiler.

Organizaciones como la suya le pidieron a las autoridades que suministraran los condones femeninos de forma gratuita, pero todavía no han recibido nada. “Es una de las mayores necesidades insatisfechas a la que hay que prestarle atención”, subrayó.

A pesar de imposibilidad de pagar los preservativos femeninos, las trabajadoras sexuales tienen más suerte que otros sectores marginados, pues tienen acceso regular a los servicios de salud sexual y reproductiva.

“Hay ocho hospitales en la ciudad donde pueden hacerse revisiones médicas regulares, que incluyen análisis de VIH y de ITS (infecciones de transmisión sexual) y les dan condones”, indicó Vasanthi, una de las trabajadoras sexuales.

Salud sexual para personas transgénero

Pero para las personas transgénero, unas 450.000, hasta las revisiones médicas regulares son un problema.

“Una de las mayores dificultades es encontrar un médico que pueda y esté dispuesto a comprender nuestros problemas”, relató Axom, un transexual de 26 años.

“En cuanto ingresas a un hospital o a una clínica privada, el médico comenzará a juzgarte y a reprocharte por tu elección sexual, en vez de asesorarte sobre qué hacer. Siempre empieza con ‘¿por qué elegiste ser así?’ Después de eso, obviamente nunca vuelves a sentir ganas de abrirte acerca a tus problemas de salud”, se lamentó.

Además de la persecución moral, las personas transgénero tienen que hacer frente a la ardua batalla de pagar el elevado costo de la atención médica, como el tratamiento hormonal.

Axom recibe tratamiento hormonal y espera la cirugía de reasignación de sexo, los procedimientos quirúrgicos que le permitirán tener un pene ortopédico, que asciende a más de 10.000 dólares.

Gracias a su empleo en una de las mayores empresas de comercio electrónico del mundo, puede pagar esa suma, pero para la mayoría, esa alternativa es una quimera.

“En nuestra comunidad, más de 90 por ciento de las personas viven mendigando”, recordó. “¿Cómo van pagarse esos tratamientos?”, preguntó.

Planificación familiar, compromisos y brechas

En 2012, India se integró a Planificación Familiar 2020 (FP2020), una asociación mundial para cumplir el tres y el cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.

Este país se comprometió a invertir 2.000 millones de dólares en ocho años para reducir las necesidades insatisfechas y atender “la igualdad para que las poblaciones más pobres y vulnerables tengan un mayor acceso a suministros y servicios de calidad”.

El 11 de este mes, representantes de los países del FP2020 participaron en una cumbre en Londres para informar y analizar los avances en los compromisos asumidos hace cuatro años.

Para India es una buena oportunidad de decirle al mundo qué hizo y renovar su compromiso de alcanzar los objetivos, destacó Lester Coutinho, subdirector de planificación familiar de la Fundación Bill & Melinda Gates.

“Los gobiernos, incluido el de India, responden a las brechas que quedaron en los compromisos. Jóvenes y adolescentes son una de las áreas, la cadena de suministro es otra y fondos para comprar productos básicos es la tercera y asesorar e informar a las mujeres y jóvenes es otra más”, detalló.

“Hay soluciones tangibles en estas áreas que los gobiernos pueden adoptar”, subrayó.

Mientras, en Chennai, hombres y mujeres transexuales como Axom esperan que el gobierno subsidie algún día la cirugía de reasignación de sexo y el tratamiento hormonal.

“La Corte Suprema de India reconoció a las personas transgénero como un tercer género en 2014, así que ahora tenemos los mismos derechos y prestaciones que cualquier otro ciudadano”, recordó Axom.

“Si el gobierno otorga cirugías gratuitas en casos de enfermedades con riesgo de vida, ¿por qué no podemos esperar que nos subsidie tratamientos que podrían eliminar amenazas a nuestra identidad y restablecer cierta normalidad en nuestras vidas?”, acotó.

Traducido por Verónica Firme

Jóvenes participantes en la conga por la diversidad, el 13 de mayo en La Habana, un desfile festivo que como cada año formó parte de los actos de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que este año ha tenido como lema “Por escuelas sin homofobia ni transfobia”. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
May 18 2017 (IPS)

La campaña de Cuba contra la homofobia y la transfobia se enfocó hasta ahora en el espacio familiar y laboral. Pero 10 años después de su primera edición, sus organizadores decidieron entrar al sensible mundo de la escuela, un sector enteramente público en el país. 

“Es un gran reto porque la escuela es el centro más importante de la comunidad, donde se forman los valores y los niños pasan la mayor parte del tiempo”, dijo Ana María Cano, del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que organiza desde 2007 la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia.

“Este año va a haber más resistencia (de la población) porque muchas veces no se comprende que se hablen estos temas en las aulas”, pronosticó a IPS la psicóloga infantil sobre la décima edición, que se desarrolla desde el 3 de este mes y culmina el viernes 20, bajo el lema “Por escuelas sin homofobia ni transfobia”.

Con sus principales actividades en torno al 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la campaña de Cenesex resulta permanente y el tema propuesto en 2017 de promover escuelas más seguras e inclusivas se mantendrá los próximos dos años.

“Las personas pueden estar alarmadas, los padres se pueden asustar y cuestionar (la propuesta)”, reconoció Cano. “Pero hay que empezar a trabajar estos problemas porque las experiencias no han sido muy saludables y siempre hay un niño o una niña que se distingue por diferente y es objeto de burlas”, explicó.

“Los padres se llenan de temores porque piensan que hablar de sexualidad la estimula o define”, abundó. “La orientación sexual se define en la etapa tardía de la adolescencia por eso no se puede juzgar a ningún niño o niña para determinar su orientación”, aclaró.

Con la valoración de Cano, coinciden otros especialistas, activistas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) consultadas por IPS durante las actividades que Cenesex despliega en el país, con énfasis en la sede central de la ciudad de Santa Clara, a 268 kilómetros al este de La Habana.

Un gran lápiz de color plateado resaltó en la tradicional y multitudinaria marcha festiva de personas LGBTI y defensores de sus derechos por parte de dos céntricas avenidas habaneras, que se celebró el 13 de mayo encabezada por la sexóloga Mariela Castro Espín, hija del presidente Raúl Castro y directora del Cenesex.

El símbolo de la educación era enarbolado por una activista transexual que se identificó como Yoilán. “Apoyo hablar de la diversidad sexual en la escuela porque quiero que todo el mundo se integre, las personas transgénero no nos aislemos de la escuela y estudiemos como todos”, consideró a IPS.

A su manera, este trabajador remarcó la situación más desfavorecida de las personas transgénero, que desde edades tempranas rechazan su sexo biológico y se identifican con el género opuesto, un proceso aún poco comprendido y apoyado por las familias e instituciones como la escuela.

Estudiantes de un centro educativo de la oriental ciudad de Baracoa. La escuela es el nuevo sector donde, no sin controversias, busca penetrar la campaña contra la homofobia y la transfobia en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Todos los años tenemos el ‘bullying’ (acoso escolar) con los homosexuales, porque siempre ha sido así”, aseguró Yoilán, que confesó haber sido víctima del problema cuando era estudiante y ahora integra la Red de Personas Trans, Parejas y Familias, TransCuba, acompañada por el Cenesex.

De hecho, el centro trabaja en la reincorporación escolar en la edad adulta de personas trans, que por diversas causas abandonaron las aulas, en este país insular caribeño, donde son obligatorios los estudios hasta el nivel secundario y el sector estatal exige título de bachiller hasta para empleos básicos como los del servicio de limpieza.

Vista como un derecho y uno de los grandes logros de la Revolución cubana de 1959, devenida socialista en 1961, de alguna manera la campaña señala pequeñas brechas de exclusión en el sistema educativo público, la única opción de formación básica porque operadores privados solo pueden ofertar repasos y cursos complementarios.

“Como mensaje para la familia cubana, nosotros no estamos promoviendo homosexualidad, ni heterosexualidad”, dijo Castro Espín en el programa televisivo  Mesa Redonda Informativa, del 12 de mayo, que cada año dedica una emisión a la campaña.

“Estamos promoviendo una educación basada en los derechos humanos, en el respeto entre las personas, un mecanismo para construir la paz. Ese aprendizaje de ciudadanía es fundamental desde la escuela por su rol en la comunidad”, aclaró la sexóloga, sobre la campaña que enfatiza en el fenómeno poco conocido del acoso escolar homofóbico.

Las críticas no se hicieron esperar y cibernautas dejaron comentarios en la página digital del programa. Alguien que dijo llamarse Michel opinó “que se debe respetar a cada cual como es”, pero rechazó “que las escuelas hablen de la sexualidad homosexual como algo normal”.

Mariela Castro, sentada en el centro, junto a activistas que el 13 de mayo participaron en La Habana en uno de los actos a favor de la diversidad, organizados por el Centro de Nacional de Educación Sexual, dentro de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A las personas que piensan así, Yohana Yánez, una mujer que se reconoce lesbiana, las conminó a “dejar el pasado atrás y ver hacia adelante”. “La diversidad sexual no es una enfermedad y nuestros hijos necesitan información, consejos y apoyo”, aseguró a IPS esta madre de dos pequeños.

El Cenesex coordina desde 1972 el Programa Nacional de Educación Sexual, la máxima política pública en ese sentido del país de 11,2 millones de habitantes, que ha ido ampliando su perspectiva con el desarrollo científico y social y es ejecutada por más de 20 entidades, entre ministerios y organizaciones civiles.

El Ministerio de Educación y el de Salud Pública han sido los más proactivos, indicó a IPS la socióloga Anamary Benavides, de Cenesex.

La especialista destacó el subprograma de Educación de la Sexualidad con enfoque de Género y Derechos, amparado por la Resolución 139 de 2011 y que rige el tratamiento curricular de estos temas en la cartera de Educación, responsable de más de 10.400 instituciones.

Benavides remarcó la importancia de este subprograma, que por vez primera regula el abordaje de estas cuestiones en las edades prescolar y escolar de manera transversal a todo el trabajo educativo. Apuntó la importancia de incorporar la equidad de género y los derechos humanos de manera directa.

La socióloga compartió que se observan “las mayores resistencias a abordar la diversidad sexual, la homofobia, la transfobia, la orientación sexual y también la violencia en general”, por parte de docentes, padres y madres. “A los niños y adolescentes les encanta hablar sobre sexualidad”, dijo.

Una de las debilidades señaladas por el Ministerio de Educación y Cenesex radica en la formación en ese sentido del personal docente.

“Muchas veces nos forman para darles clases a estudiantes perfectos y atender los diferentes grados de asimilación de los contenidos”, estimó a IPS el estudiante de pedagogía Yasmany Castro, que vive en la ciudad de Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este capitalino. “Se necesita más herramientas para enfrentar problemas sociales”, instó.

El joven espera que estas cuestiones queden resueltas en el actual proceso de perfeccionamiento de la educación pública y aconsejó abordar los problemas discriminatorios en general, tanto por raza, género u orientación sexual, entre otros. “La escuela tiene que estar preparada para enfrentar la diversidad social”, concluyó.

Editado por Estrella Gutiérrez

Sala de sesiones de la Asamblea General en la inauguración de la 61 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Crédito: Rick Bajornas/UN Photo.

Por Lyndal Rowlands
NACIONES UNIDAS, Mar 16 2017 (IPS)

Las crecientes restricciones de viajes en Estados Unidos y otros países impidieron que algunas personas participaran en las sesiones de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Las limitaciones exceden la prohibición impuesta por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana, una iniciativa otra vez bloqueada por un juez federal el miércoles 15.

El decreto no fue restablecido, pero las organizaciones de mujeres sienten que es cada vez más difícil organizarse en el ámbito internacional. Algunas delegadas se sorprendieron al darse cuenta de que no les concedieron visa para ingresar a Estados Unidos para una reunión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)."Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU": Sanam Amin.

A otras le preocupaba el trato cada vez más estricto que existe en los aeropuertos estadounidenses, mientras otras más directamente no pudieron viajar por prohibiciones de sus propios países.

La sesión anual de la comisión es una de las más dinámicas y diversas que hay en la sede de la ONU de Nueva York, con cientos de ministros y miles de delegados de la sociedad civil de todo el mundo.

Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo participan del 13 al 24 de este mes en el 61 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés)

Sanam Amin, del Foro de Asia Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD), dijo a IPS que dos integrantes de su delegación, originarias de Bangladesh y Nepal, los que “no figuraban en la primera ni en la segunda versión de la prohibición (de viaje de Trump)” no pudieron conseguir visa.

“Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU”, relató Amin.

Ella mantuvo “contactos con ONU Mujeres en Bangladesh, en Bangkok y en Nueva York” durante semanas por este asunto para tratar de encontrar una solución. La APWLD es una organización no gubernamental acreditada ante el Consejo Económica y Social de la ONU.

“Las que no consiguieron visas iban a hablar o a participar en actividades y reuniones al margen de la sesión de la comisión con organizaciones sociales y delegaciones oficiales”, se lamentó.

Entre las personas que no pudieron conseguir visa hay una joven activista de El Salvador, quien finalmente participó el miércoles 15 en una de las actividades paralelas por vídeoconferencia. En cambio, las defensoras de los derechos de la mujer Mozn Hassan y Azza Soliman, de Egipto, no pudieron participar porque su propio gobierno no las dejó salir de su país.

La dificultad para los representantes de la sociedad civil de obtener visas para participar en reuniones de la ONU en Estados Unidos es anterior al actual gobierno de Trump, del Partido Republicano. Al respecto, el Departamento de Estado (cancillería) dijo a IPS que no podía realizar comentarios sobre casos particulares.

Sin embargo, si bien existen muchas razones para negar la visa, varias organizaciones sienten que este año se hace más difícil viajar.

“Es increíblemente despreciable que las defensoras de los derechos de las mujeres sientan que la revisión del decreto y la retórica general de odio del gobierno de Trump las haga sentir inseguras de venir a esta CSW y eso es lo que escuchamos”, se lamentó Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International.

“Escuchamos a muchas activistas preocupadas por cómo las iban a tratar en los aeropuertos y en las fronteras de Estados Unidos. También escuchamos a activistas LGBTI que venían a esta reunión preocupadas por su seguridad”, añadió.

Stern y Amin se mostraron inquietas por las consecuencias y el significado de la prohibición de viaje, a pesar de que la justicia la dejó en suspenso, porque aun la versión revisada del decreto procura impedir el ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

“El texto incluso menciona a la violencia contra las mujeres, en la sección uno, en seis países, como motivo para ‘no admitir a quienes participan en actos de intolerancia y odio’”, precisó Amin.

“De hecho, impedirá a la sociedad civil de esos mismos países participar en encuentros como la CSW”, denunció.

“Y sus gobiernos se verán envalentonados para tomar posiciones más retrógradas con respecto a los derechos humanos de las mujeres, y Estados Unidos, con su ley mordaza global, entre otras políticas contra las mujeres, ocupa un lugar junto a esos mismos países a los que apunta con su prohibición”, explicó Amin.

Además, el tema del CSW de este año, el empoderamiento económico de las mujeres, no debe politizarse, añadió Stern.

“Debe ser un asunto no partidario que convoque a todos los gobiernos porque todos tienen interés en erradicar la pobreza y en el desarrollo económico nacional; y sabemos que las mujeres son mayoría entre los pobres, así que su empoderamiento económico empodera a las familias, a las comunidades y a las naciones”, remarcó.

También subrayó la importancia de la reunión como foro global para que las personas dedicadas a trabajar por la justicia de género en todo el mundo hablen con representantes de los gobiernos.

En la CSW, “miles de defensoras de los derechos de las mujeres y de la justicia de género hablan con los gobiernos del mundo para contarles las dificultades que encuentran con sus propios gobiernos y las responsabilidades que esperan que asuma el sistema internacional”, precisó Stern.

Las organizaciones que apoyan la campaña Sin fronteras para la Justicia de Género son MADRE, Just Associates (JASS), Center for Women’s Global Leadership, AWID, Fondo de Acción Urgente, Mujeres en la Red de Migración y OutRight Action International.

Traducido por Verónica Firme

Deborah Martínez, mujer transgénero, trabajadora sexual y ocasional peluquera, en una calle del oeste de Ciudad de México. La población trans sufre en México la falta de acceso a su identidad, salvo en la capital, entre otras discriminaciones y violencias. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Mar 7 2017 (IPS)

Sentada en una jardinera a la orilla de una calle del oeste de Ciudad de México, Deborah Martínez, una mujer transgénero, atisba los automóviles que transitan por si un potencial cliente se aproxima. 

Delgada, pelo rubio, chaqueta oscura y pantalones jeans claros, Martínez ofrece servicios sexuales de lunes a sábado, a partir de las ocho de la noche, en una manzana donde también trabajan unas 60 mujeres. Una de las mayores preocupaciones del grupo es la exposición a la violencia o incluso a la muerte.

“De acá han matado a dos o tres. Nos cuidamos entre nosotras y tratamos de ser precavidas”, aseguró a IPS esta mujer de 32 años, originaria de la capital.

A pesar de los riesgos callejeros, Martínez, quien empezó en la prostitución cuando contaba 22 años, consideró que la situación del segmento trans mejoró en los últimos años, al menos en Ciudad de México.“Las personas transgénero viven un ciclo de discriminación y violencia bastante cruda. Es una situación crítica, se deniega derecho a la identidad del cual deriva una situación de violaciones a derechos. Que no se reconozca la identidad genera una violación a derechos, laborales, salud, proyecto de vida, esparcimiento”: Juan Delgado.

“Ahora hay más apoyo, una puede cambiarse la identidad. Quizás falta un poco más de conciencia hacia nuestros derechos”, declaró Martínez, soltera y quien tramitó en febrero  la rectificación de su acta de nacimiento para acreditar su nueva identidad.

Empero, esta minoría padece violaciones a sus derechos en México, denuncian organizaciones de defensa de las personas transgénero.

Falta de acceso a identidad legal, discriminación, desigualdad en acceso a servicios públicos y agresiones componen el listado de atropellos que sufre ese segmento.

Activistas y expertos consultados por IPS coincidieron en que el quebranto al derecho a la identidad marca el inicio de la denegación de otros derechos.

“Falta el marco legal para el reconocimiento de identidad. La falta de identidad obstaculiza el acceso a derechos, como servicios sociales o vivienda. Hay una situación difícil, porque el segmento está invisibilizado. Es una situación de estigmatización, discriminación, violencia”, señaló Rocío Suárez, presidenta del no gubernamental Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

Suárez, una mujer transgénero que se ha negado a registrar el cambio de identidad, enumeró la existencia de discriminación laboral, “porque no pueden acceder a empleos”, y sanitaria, porque “no existen políticas específicas para atender a la problemática de esa población, como terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas (para cambio de sexo)”.

Solo el gobierno de Ciudad de México extiende la rectificación de acta de nacimiento desde 2015, aunque entre los requisitos demanda que la persona interesada resida en la metrópoli.

Al no existir una legislación nacional sobre la identidad, discriminación y otros derechos vinculados al género, cada estado y la capital pueden legislar a su gusto sobre ello.

En 2016, el Congreso legislativo mexicano congeló una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre matrimonio igualitario que incluía provisiones de acceso a la identidad de género.

El concepto transgénero define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo asignado al nacer.

En México, habitado por 122 millones de personas, no existen estadísticas fiables sobre esa minoría, ataques en su contra o asesinatos. La Secretaría (ministerio) de Salud calcula casi 5.000 transexuales, de los cuales más de 3.000 son mujeres trans y unos 2.000 son hombres trans.

El acceso al cambio de identidad se ha convertido en un viacrucis para la población transgénero en los estados mexicanos. Juan Delgado, fundador de la no gubernamental Amicus, lo ha constatado en el litigio estratégico de esos casos en los estados de Guanajuato y Querétaro, ambos en el centro del país.

“Las personas transgénero viven un ciclo de discriminación y violencia bastante cruda. Es una situación crítica, se deniega derecho a la identidad del cual deriva una situación de violaciones a derechos. Que no se reconozca la identidad genera una violación a derechos, laborales, salud, proyecto de vida, esparcimiento”, denunció el experto.

Desde julio del año pasado, esa organización, fundada en 2015, litiga en Guanajuato y Querétaro 10 casos de hombres y mujeres que desean cambiar su identidad, pero los registros civiles se la niegan. Este año Amicus ya obtuvo tres amparos provisionales que han sido desafiados legalmente por autoridades locales.

Los avances en Ciudad de México, cuyo gobierno autónomo permite las uniones de convivencia desde 2006 y el matrimonio igualitario desde 2009, no han desvanecido algunas percepciones sobre las minorías sexuales.

La Encuesta sobre Discriminación en Ciudad de México de 2013 encontró que 71 por ciento de las personas entrevistadas reconoció que la población transexual es discriminada.

Además, 4,2 por ciento de la población transexual manifestó recibir golpes solo por su condición y 3,8 por ciento ser excluida por su trabajo sexual.

Una de las peores manifestaciones del rechazo hacia ese grupo son los crímenes de odio. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, adscrito al no gubernamental Transgénero Europa, da cuenta que 123 personas fueron asesinadas en Brasil, 52 en México, 14 en Colombia y 14 en Venezuela, para un total global de 295 homicidios entre octubre de 2015 y septiembre pasado.

El recuento enumera 2.264 asesinatos en 68 países entre el 1 de enero de 2008 y 30 de septiembre de 2016, de los cuales 900 ocurrieron en Brasil, 271 en México, 114 en Colombia, 110 en Venezuela y 89 en Honduras.

Pero esos crímenes podrían ser mayores en México, pues muchos casos no se denuncian ni se les da seguimiento por el abandono familiar que padecen las víctimas.

En su informe de 2015 sobre Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que la mayoría de las mujeres trans se encuentra inmersa en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos.

Entre enero de 2013 y marzo de 2014, la CIDH documentó 176 casos de violencia no letal, sobre lo cual alertó una denuncia insuficiente.

Los expertos consultados señalan que México ha incumplido con los Principios de Yogyakarta, un conjunto de 29 principios sobre ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, empleo, salud, educación, migración y participación pública diseñados en 2006 por un grupo de expertos en esa ciudad de Indonesia.

“No se han armonizado leyes contra la discriminación, falta la tipificación de la discriminación, de crimen de odio. Hay impunidad en los crímenes. Se tiene que instrumentar leyes y políticas publicas que permitan a las poblaciones de la diversidad sexual acceder a sus derechos, se debe generar un plan de atención integral”, planteó Suárez.

La CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA),  instauró en 2013 la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex.

También recomendó a los gobiernos regionales recopilar datos sobre la violencia en contra de esos colectivos, investigar esos delitos y aplicar medidas para eliminar la discriminación.

Delgado confía en que la vía legal servirá para sentar precedentes.

“Estaríamos hablando que en Guanajuato se reconoce que una persona puede acceder a la rectificación del acta de nacimiento e ir generando antecedentes para que algún día la ley sea modificada y no sea necesario acudir a instancias judiciales para garantizar el derecho a la identidad”, previó.

Martínez, quien en una noche puede ganar más que en una semana como peluquera, espera que pronto el acceso a la identidad se generalice en México. “Debe haber derechos para todas y todos”, enfatizó.

Editado por Estrella Gutiérrez

“La Homosexualidad no es peligro, la homofobia sí”, reza un cartel que enarbola un activista de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), durante una manifestación en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Andy Hazel
NACIONES UNIDAS, Feb 28 2017 (IPS)

Las organizaciones religiosas conservadoras hace tiempo que trabajan en la ONU para frenar las nuevas interpretaciones de términos como “familia” y “matrimonio”, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A juzgar por el apoyo recibido en 2016 por los partidos conservadores, el mundo parece inclinarse hacia interpretaciones restrictivas de esos términos, en contraposición con los avances registrados en los últimos años, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la protección de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales).

Y al parecer, los enfrentamientos por ampliar o reducir el alcance de esos conceptos parecen recrudecerse este año.

Como suele ocurrir en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y Washington, la presión de los grupos religiosos conservadores suele ocurrir tras bambalinas y el éxito se mide en términos de si se adoptan o no políticas sociales más progresistas.“Tenemos que asegurarnos de que las razones culturales o los valores 'tradicionales' no sirvan para socavar los principios universales de derechos humanos o la aplicación equitativa de las leyes existentes para cualquiera”: Siri May.

Dos de las organizaciones más activas son el Congreso Mundial de Familias (WCF, en inglés), con sus históricos vínculos con gobiernos africanos, de Europa oriental y el ruso, además de dirigentes estadounidenses conservadores, y la Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF), con muchos logros obtenidos en la defensa de los derechos judeocristianos en tribunales internacionales.

Los dos grupos presentan su estatus consultivo dentro de la ONU como clave de su reputación.

El director de WCF, Larry Jacobs, señaló que en el actual contexto político, su organización y sus partidarios se sienten optimistas.

“Desde hace 50 años se promueve una fundamental negación de la necesidad de la familia”, explicó a IPS, refiriéndose a la diversificación de la estructura familiar, distinta del modelo nuclear tradicional que defienden los conservadores.

“La mayor parte de eso forma parte de la agenda de grupos favorables a una revolución sexual”, opinó.

“Creo que uno de nuestros mayores éxitos es proteger el artículo 16.3 (la familia es la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado)”, precisó.

“Otros grupos tratan de redefinir los mandatos existentes en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU; la idea de que la familia es ‘natural’ es uno de nuestros mayores éxitos”, destacó.

El papa Francisco coincidió, cuando en su discurso en la ONU describió a la familia como “la principal célula de cualquier desarrollo social”, recordó.

“El papa aboga por la aceptación y la tolerancia de la homosexualidad, pero nunca apoyó a la familia no nuclear o a la fluidez de género”, observó.

WCF coordina a organizaciones conservadores y ha estado vinculada a grandes cambios de políticas ocurridos en distintos países, como la ley rusa que prohíbe promover las “relaciones sexuales no tradicionales” y las políticas húngaras “favorables a la familia”.

Esas iniciativas se relacionan con la mayor persecución y violencia contra personas LGBTI.

Además personas vinculadas a esa organización incidieron en la aprobación de leyes que han prohibido la homosexualidad en varios países de África, así como en el fracaso del proyecto de la resolución Estrela en el Parlamento Europeo, una propuesta para tratar al aborto como una cuestión de derechos humanos y de educación estándar de salud sexual.

En defensa de los derechos de las personas LGBTI, también a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está la Comisión Internacional Gay y Lesbiana de Derechos Humanos (Outright Action International, en inglés)

Outright sostiene que negarse a la ampliación del término “familia”, más allá de una estructura nuclear, y “matrimonio”, más allá de una unión heterosexual, viola los derechos humanos.

“Tenemos que asegurarnos de que las razones culturales o los valores ‘tradicionales’ no sirvan para socavar los principios universales de derechos humanos o la aplicación equitativa de las leyes existentes para cualquiera”, señaló Siri May, coordinadora del programa ONU de Outright.

“Estamos agradecidos del apoyo del (ex secretario general) Ban Ki-moon. Se volvió en un gran defensor de la universalidad”, observó.

La Alianza para la Defensa de la Libertad se unió en 2014 a WCF como organización con estatus consultivo en la ONU, con el objetivo declarado de “ayudar a elaborar un lenguaje que afirme la libertad religiosa, la santidad de la vida, el matrimonio y la familia.

El asesor Benjamin Bull escribió: “ADF tiene voz en la elaboración de los tratados y las convenciones de la ONU que impactan directamente en la libertad religiosa y en otros asuntos importantes relacionados con la santidad de la vida, el matrimonio y la familia”.

“Ninguna persona, en ningún lado, debería ser castigada simplemente por sus creencias cristianas”, remarcó Bull, quien estaba en contra del apoyo de Ban a la comunidad LGBTI, con el argumento de que privilegiaba “los reclamos de personas confundidas sexualmente en perjuicio de los derechos de otras”.

Casos defendidos por ADF en Estados Unidos, Europa y el Sur Global, principalmente en América Central y del Sur, les valieron acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Uno de los hechos clave durante el mandato de Ban fue la creación de un relator especial para Orientación Sexual e Identidad de Género, cargo que ocupó el profesor Vitit Muntarbhorn, quien apenas si se mantuvo en el cargo porque la legitimidad del mismo fue cuestionada dos veces en la Asamblea General de la ONU, en un claro reflejo de las profundas diferencias entre sus miembros.

Larry Jacobs, de WCF, se esforzó por aclarar que no son una organización que promueve el odio ni la violencia contra la comunidad LGBTI.

“No somos antigay. Los homosexuales son las personas que más necesitan de una familia natural. Queremos ayudar a las víctimas de la revolución sexual, a las víctimas del divorcio, a las víctimas de las personas que han tenido una vida promiscua”, aseguró.

“La cuestión sobre la homosexualidad es ‘cómo atendemos lo que se rompió’”, apuntó.

Por su parte, May observó: “La historia nos dice que las unidades familiares no son un hombre, una mujer y dos hijos. Esa es una construcción occidental. Hay muchos ejemplos de familias del mismo sexo con niños a los que les dan amor”.

“Los derechos humanos se aplican a las personas, y las unidades familiares son muy importantes, pero nunca deben de estar por encima de los individuos”, subrayó.

“Lo que sabemos de la violencia de género y de los derechos LGBTI es que son necesarios para proteger a las personas cuyas familias las ponen en riesgo. Tienen derechos y obligaciones en el marco de los derechos humanos, y estos nunca deben utilizarse para privilegiar a la heterosexualidad”, apuntó.

A pesar de sus marcadas diferencias, tanto Jacobs como May expresaron un cauteloso optimismo respecto del enfoque del actual secretario general António Guterres, un hombre que a lo largo de su vida política y diplomática mantuvo un equilibrio entre sus ideas socialistas y sus creencias católicas.

“Esperamos que tenga la misma interpretación de las leyes de derechos humanos y de los valores culturales tradicionales que Ban Ki-moon”, señaló May. “Nos sentimos motivados por sus declaraciones”, apuntó.

Por su parte, Jacobs recordó: “Aun cuando su partido se le puso en contra sobre el aborto, Guterres se mantuvo fiel a su fe y a sus valores”.

“No temió hablar sobre la santidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte, así que son tiempos emocionantes”, analizó.

Traducido por Verónica Firme

Sellos conmemorativos de la campaña "Libres e Iguales" de la ONU en defensa de los derechos de las personas LGBTI, lanzada en 2016, que despertaron malestar en los 54 países africanos y Rusia. Crédito: Administración Postal de la ONU

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Feb 6 2017 (IPS)

El primer experto independiente de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, el abogado tailandés Vivit Muntarbhorn, ya comenzó el proceso de consultas abiertas y transparentes con individuos, organizaciones sociales y Estados, aunque algunos de estos aún objetan su mandato. 

Muntarbhorn, profesor de derecho internacional en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok, tiene por misión colaborar en la protección de los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), víctimas de violencia, odio y discriminación en numerosos países.

El jurista tailandés, formado en la inglesa Universidad de Oxford y colaborador desde 1990 de distintas agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), se integra al sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que tutela las garantías, civiles, culturales, económicas, políticas y sociales, conformado por 57 expertos, 43 temáticos y 17 con mandatos por país. “Aún tenemos esta clasificación particular (de enfermedad mental en la Organización Mundial de la Salud) para las personas transgénero y para las intersexuales. Debemos avanzar respecto a la identidad de las personas, sin estigmatizarlas, sin transformar el tema en una cuestión médica ni en una patología”: Vitit Muntarbhorn.

Muntarbhorn comenzó su labor a fines de enero, después que en una cerrada votación, el Consejo aprobó en junio de 2016 la creación del mandato que agencias del foro mundial y organizaciones sociales reclamaban durante décadas. De los 47 Estados que integran el Consejo, 21 votaron a favor, 18 en contra y seis se abstuvieron.

El texto aprobado sufrió enmiendas de último momento que “suavizaron” su contenido, impulsadas por “países retrógrados, Rusia y miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, como Pakistán, Egipto y Arabia Saudita”, recordó Pooja Patel, investigadora del Servicio Internacional de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.

El mandato del experto independiente superó a fines de 2016, en votaciones también reñidas, otros obstáculos interpuestos por países africanos ante el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, que se ocupa de temas sociales, humanitarios y culturales.

En cambio, Muntarbhorn recibió en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos, un sólido respaldo de organizaciones sociales y de Estados, principalmente de América Latina y Europa Occidental, además de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

El representante de la Unión Europea, Jérôme Bellion-Jourdan, resaltó la actitud de los siete países latinoamericanos -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico y Uruguay-, que presentaron y defendieron durante ásperos debates la resolución original de la creación del mandato.

Tras esas discusiones en el Consejo y en la Asamblea General, “los números y el apoyo a este mandato en todo el mundo solo han crecido”, sostuvo André du Plessis, uno de los directores de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, en inglés).

Muntarbhorn reconoció que es importante el disenso entre países, aunque adelantó que se propone entablar consultas con todos. “Trataremos de fortalecer, reforzar y aplicar de modo efectivo los estándares que ya existen en la materia”, dijo en un diálogo exclusivo con IPS.

El experto precisó que el término “orientación sexual” describe “cómo nos sentimos con relación a otros y es una dimensión externa de lo que somos”. A su vez, “identidad de género” es “la dimensión interna de lo que somos, que puede ser diferente, en términos de identidad, del género o sexo asignado en el nacimiento, y esto tiene mucho que ver con las personas transgénero”.

El jurista tailandés Vitit Muntarbhorn, el experto independiente de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, comienza su mandato a favor de los derechos de las personas LGBTI poniendo énfasis en cinco áreas interrelacionadas. Crédito: Jena Marc Ferré/ ONU

Todas las personas tienen orientación sexual e identidad de género (OSIG), pero “el rasgo más triste es que aquellas con OSIG diferente son perseguidas por ser distintas de la estrictamente considerada norma binaria heterosexual de varón/mujer”, expusó Muntarbhorn.

“Y eso es una invitación a una comprensión más amplia de la biodiversidad humana, que debe venir desde la más joven edad y que será una manera de prevenir malentendidos y equivocaciones que en última instancia pueden conducir a la violencia y la discriminación”, agregó.

El programa inmediato del experto incluye una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, durante su próxima sesión, desde el 27 de febrero y hasta el 24 de marzo, y también su primera visita de evaluación a un país, en este caso Argentina, del 1 al 10 de marzo.

En su plan de trabajo, Muntarbhorn pondrá el acento en cinco áreas interrelacionadas, consideradas decisivas en la protección contra la violencia y la discriminación, que son: despenalización, desestigmatización, reconocimiento legal de la identidad de género, inclusión cultural con diversidad sexual y de género, y empatía.

Sobre la despenalización, el experto dijo que todavía pertenecer al colectivo LGBTI se penaliza en 70 países y que entre cinco y siete de ellos se incluye la aplicación de la pena de muerte. “Esta es una preocupación de enorme importancia y necesitamos un diálogo satisfactorio con esos países”, puntualizó.

Un informe de ILGA, de 2015, refirió que la pena de muerte por actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplicaba en 13 países, o en parte de sus territorios, lo que equivalía a seis por ciento del total de miembros de la ONU.

La pena de muerte por esos actos, conforme conductas codificadas en la sharía, la ley islámica, regía en cuatro países: Sudán, Irán, Arabia Saudita y Yemen. Las mismas condenas se aplicaban en áreas provinciales de dos países: en 12 estados del norte de Nigeria y en partes meridionales de Somalia.

La pena capital por los mismos motivos codificados en la sharía rige igualmente en Mauritania, Afganistán, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, aunque se desconoce si se aplica de manera específica a casos de relaciones entre personas del mismo sexo.

La última modalidad de aplicación de la pena de muerte por esos motivos la ponen en práctica tribunales locales, vigilantes y actores no estatales, en Iraq y en zonas de Siria controladas por el grupo Estado Islámico.

Muntarbhorn mencionó casos de países donde existen leyes que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo, en particular a los gais. Pero esos mismos estados se muestran muy abiertos con las personas transgénero.

“Esa es la realidad a nivel local y, por tanto, es muy importante no generalizar demasiado, sino más bien observar lo especifico y procurar que a través de la totalidad de garantías de los derechos humanos se cumpla con las normas internacionales”, dedujo.

El nuevo experto de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género enfrenta problemas como el rechazo de muchos países africanos, como Uganda, donde las personas LGBTI sufren leyes muy duras contra sus derechos. Crédito: Amy Fallon/IPS

Desde 1980, unos 15 países han despenalizado esas conductas, “lo que demuestra que los cambios pueden lograrse mediante la promoción de modificaciones constructivas. Y 10 años atrás, tan siquiera dos años atrás, yo no hubiera pensado que un experto independiente de OSIG estaría hoy aquí presente”, dijo Muntarbhorn.

Con respecto a la desestigmatización, el experto recordó que hasta 1990 los gais eran considerados enfermos mentales, “cuando en realidad solo son parte de la biodiversidad humana”. Aquel año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

Sin embargo, “aún tenemos esta clasificación particular para las personas transgénero y para las intersexuales. Debemos avanzar respecto a la identidad de las personas, sin estigmatizarlas, sin transformar el tema en una cuestión médica ni en una patología”, reclamó.

El reconocimiento legal de la identidad de género alude a los problemas que enfrentan las personas transgénero e intersexuales. En el caso de las transgénero, ellas aspiran a que su identidad les sea reconocida legalmente aun cuando sea diferente a la identidad de género que tuvieron al nacimiento.

“La cuestión se relaciona en gran parte con la cirugía compulsiva que se les impone en algunos países, cando desean cambiar su identidad de género, aunque en otros países ni siquiera esa posibilidad existe”, explicó.

“Las trans son clasificadas como varones cuando ellas se sienten mujeres, visten como mujeres y afrontan muchos problemas, como el acoso escolar (bullying), la creación de estereotipos, el uso de los baños y, en síntesis, la tortura”, enumeró el experto.

Sobre la inclusión cultural con diversidad de género, Muntarbhorn encuentra algunas prácticas tradicionales positivas, como el caso de ciertas comunidades que históricamente protegían y valoraban a las personas transgénero “casi como dioses y diosas”.

“Pero también surgen casos de prácticas tradicionales negativas que matan, dañan y persiguen a las personas que son diferentes en términos de orientación sexual e identidad de género”, recordó.

El experto constató que eso ocurre en muchas comunidades, como consecuencia de la aplicación de ciertas interpretaciones de leyes religiosas y como remanente de leyes coloniales que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo.

La empatía que Muntarbhor propugna con los LGBTI significa “comprensión, actitud, conocimiento, disposición y, más aún, educación”. “Representa socialización, vínculos con familias y comunidades desde edad temprana y de esa manera sentimos empatía, un cierto entendimiento sobre aquellos que son diferentes de nosotros en términos de género y de diversidad sexual”, concluyó.

Editado por Estrella Gutiérrez

“La Homosexualidad no es peligro, la homofobia sí”, reza un cartel que enarbola un activista de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), durante una manifestación en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Nov 23 2016 (IPS)

Tras una polémica votación a puertas cerradas, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó en su cargo al nuevo experto para los derechos del colectivo LGBTI.

En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 47 miembros, autorizó el primer experto independiente dedicado a las cuestiones vinculadas a orientación sexual e identidad de género para atender las situaciones de violencia y de discriminación, cargo para el que designó al profesor tailandés de derecho internacional, Vitit Muntarbhorn.Según un informe de la ONU, por lo menos 76 estados tienen leyes que prevén penas para las personas por su orientación sexual y su identidad de género, que, incluso, consideran a la homosexualidad como un delito.

Pocas semanas después, un grupo de estados miembro africanos presentaron una resolución a la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General para suspender las actividades del experto en relación con el colectivo de LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).

El Grupo Africano se mostró preocupado por la “legalidad” del mandato, y planteó la duda de que el Consejo de Derechos Humanos podría estar violando la soberanía de los estados, así como propuso que la orientación sexual y la identidad de género no deberían estar relacionadas a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La iniciativa africana se frustró el lunes 21 de este mes, cuando un grupo de naciones de América Latina y el Caribe propuso una enmienda para eliminar la sección de la resolución que solicitaba la suspensión del experto y de su trabajo.

La enmienda, adoptada por la tercera comisión, contó con 84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones, y la resolución enmendada fue finalmente aprobada con 94 votos a favor, tres en contra y 80 abstenciones. El órgano está integrado por representantes de los 193 miembros de la Asamblea General, aunque solo participaron en la votación 178 y 177 estados, respectivamente.

Numerosas organizaciones de derechos humanos aplaudieron la iniciativa, que consideraron un triunfo para los derechos, en general, pero en especial para los de las personas LGBTI.

“Se puede lograr mucho cuando se unen fuerzas. Nos sentimos animados por el resultado de la votación y por la confirmación de que los estados creen en los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos”, opinó Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International.

Esa organización es una de las 850, de 157 países, que se unieron para abogar y defender el mandato del experto en LGBTI.

“La votación de la tercera comisión reafirma que el derecho a estar protegido de la violencia y la discriminación se aplica por igual a las personas LGBTI”, declaró Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

“También respeta la integridad del Consejo de Derechos Humanos como máximo órgano de la ONU en la materia, con capacidad para garantizar el funcionamiento de mecanismos que protejan los derechos, y no solo en teoría, sino también en la práctica”, remarcó el director de derechos LGBTI, de HRW, Boris Dittrich.

Según un informe de la ONU, por lo menos 76 estados tienen leyes que prevén penas para las personas por su orientación sexual y su identidad de género, que, incluso, consideran a la homosexualidad como un delito.

Los derechos de las personas LGBTI han sido un asunto muy controvertido dentro del foro mundial.

En 2014, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tuvo que hacer frente a la oposición de 40 estados, entre ellos Egipto e India, cuando anunció que la organización reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo entre su personal y, por ende, aplicaba la extensión de los beneficios.

Y en los últimos tiempos, Rusia, junto con la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) prohibieron que 11 organizaciones LGBTI participaran en una reunión de la ONU de alto nivel para erradicar el sida.

De hecho, la propia resolución del Consejo de Derechos Humanos que creó el cargo de experto en LGBTI revela las profundas divisiones que existen a escala mundial, pues solo fue adoptada con apenas 23 votos a favor y 18 en contra.

La resolución enmendada deberá ser aprobada de forma definitiva por la Asamblea General. El mando de Muntarbhorn será de tres años, durante los cuales deberá investigar los abusos contra las personas del colectivo en los países que integran el foro mundial.

Traducido por Verónica Firme

Juan Noriega Padrón, de 66 años, travestido como Victoria Now, muestra algunos recuerdos. Noriega contrajo el VIH hace un año y se desempeña como activista de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), en un municipio de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Sep 30 2016 (IPS)

El cubano Juan Manuel Noriega, de 66 años, toma cada día medicamentos para la hipertensión y la diabetes. “Y me adapté bien a la terapia antirretroviral”, dijo sobre el tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que contrajo hace un año.

Poco visibles hasta ahora por tabúes sobre el sexo entre los adultos mayores, las personas de más de 50 años comienzan a recibir una atención especial de los programas estatales y grupos de voluntarios en Cuba, que intentan revertir el lento y sostenido crecimiento del virus causante del sida.

En esa franja etaria, el Ministerio de Salud Pública registra un leve crecimiento de los contagios en los últimos años, una tendencia observada por organismos sanitarios en el resto del mundo debido, entre otras causas, a la baja percepción de riesgo.

El último informe del Registro Informatizado de VIH/sida de ese ministerio reveló que en 2015 fueron detectados 363 portadores de 50 años y más, de los cuales 79 eran mujeres y 284 hombres. Un año antes se habían diagnosticado 312 personas en ese rango, de las cuales 53 eran mujeres y 259 hombres.

Con una cobertura gratuita de salud, que en el caso del VIH/sida incluye la terapia antirretroviral y otros medicamentos dispensados en las farmacias estatales, en este país caribeño viven actualmente con el virus 19.915 personas, que constituyen 0,17 por ciento de la población de 11,2 millones de habitantes.

Noriega, vecino del municipio capitalino de Centro Habana, fue una de las 37 personas de 65 años y más diagnosticadas en 2015.

“En una relación ocasional hubo una rotura de condón. Me hice la prueba enseguida pero dio negativo. Antes de que pasaran los tres meses para repetirme la prueba, enfermé y bajé de peso 15 kilos. Al momento identifiqué al VIH”, contó a IPS este  jubilado del sector estatal, donde trabajó como cocinero.

“La prevención debe llegar a todas las personas de manera efectiva. Yo soy sexualmente activo y hay personas de 70 años que también”, valora el promotor voluntario, que se valió de los conocimientos adquiridos en esa función para acudir pronto al médico y hacerle frente a la enfermedad.

“Saber sobre sida es importante para evitar los riesgos pero también para actuar rápido en cuanto se sufren accidentes como en mi caso”, consideró. “Para mí fue muy duro contraer el VIH a esta edad y siendo promotor de salud. Me levanté, me adherí al tratamiento y mi carga viral es hoy no detectable”, compartió.

“Mis amigos y la red me han apoyado mucho”, contó sobre TransCuba, la Red Nacional de Personas Trans, Parejas y Familias, una de los colectivos comunitarios que acompaña el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que desde 2008 despliega una campaña contra la homofobia y la transfobia.

Integrantes de una peña deportiva del adulto mayor se ejercita en la ciudad de Ciego de Ávila, en Cuba, en el marco de unas jornadas contra la homofobia y la transfobia en el país, que se realizan anualmente. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Ante la sociedad, Noriega se mostró toda su vida como gay para ser más aceptado en el empleo estatal y entre practicantes como él de la religión yoruba (afrocubana), que calificó de “muy homofóbica”. “Pero siempre me gustó vestirme de mujer. Por esa causa, estuve preso dos veces cuando era joven”, recordó.

Juan Manuel o Victoria Now, su nombre travestido de mujer, sufrió “vejaciones y humillaciones” durante el período de homofobia institucionalizada, que comenzó en este país insular en los años 60 cuando las personas homosexuales eran llevadas a campos de trabajo.

Esta política se mantuvo hasta la década de los 90, con condenas por el otrora delito de “ostentación pública de la homosexualidad”.

“Las personas de la tercera edad hoy pueden hacer cosas que tiempos atrás no pudieron a causa del estigma y la discriminación. Tienen otras costumbres e ideas arraigadas que requieren de atención particular”, explicó Malú Cano, coordinadora nacional de TransCuba, con 3.000 integrantes en las 15 provincias del país.

La red, que previene las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida como parte de su misión de empoderar a las personas trans, incorporó en 2015 una línea de trabajo específica para los mayores de 50 años. “Siempre tuvimos integrantes de esas edades pero no habíamos particularizado en sus necesidades”, indicó Cano.

“Tenemos un país envejecido”, contextualizó la coordinadora.

Después de una intensa búsqueda en las comunidades, “incorporamos a 60 trans de la tercera edad”, indicó Cano. “Muchas de nosotras no llegamos a ser viejas a causa del VIH/sida, que a pesar de los tratamientos, disminuye la esperanza de vida”, explicó.

En TransCuba conviven las diferentes identidades trans, como transexuales (personas identificadas psicológicamente con el sexo opuesto al biológico) y travestis (que se visten a la manera del sexo opuesto).

Alrededor de 30 personas accedieron a la cirugía de reasignación sexual, como parte de un programa multisectorial donde participa la red.

Coordinado por Noriega, el grupo de 50 años y más en TransCuba identificó que esas personas en su mayoría padece VIH/sida, tienen poca percepción de riesgo y baja autoestima, carecen de familias y apoyos en materia de cuidado, y muchas adultas mayores tampoco reciben pensiones porque nunca accedieron al trabajo formal.

Desde que se detectó el primer caso en 1986, el VIH en Cuba ha estado concentrado en los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), una categoría de comportamiento que incluye a gays, bisexuales, heteroflexibles y trans. Fuentes oficiales estiman que los HSH son 70 por ciento de la población que vive con el virus.

En cuanto a la edad, las autoridades sanitarias señalan a los jóvenes entre 20 y 29 años como el grupo de mayor riesgo.

Sin embargo, el estatal Centro Nacional de Prevención de la ITS y el VIH/sida, con una larga trayectoria dirigida a jóvenes, HSH y mujeres, inauguró en 2015 una línea de trabajo para las personas de más de 50 años, que en estos momentos se encuentra en la fase de captación y formación de promotores voluntarios de salud sexual.

El estudio “Percepción de riesgo de sida en adultos mayores de un área de salud”, publicado en 2015 en la revista Medisan, concluyó que las personas estudiadas  ese grupo etario “poseían conocimientos sobre la enfermedad; sin embargo, no percibían el riesgo de esta para ellos mismos”.

Un equipo del Hospital Clínico-quirúrgico Universitario Dr. Ambrosio Grillo Portuondo, de la ciudad de Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este de La Habana, entrevistó a personas de la tercera edad atendidas en la policlínica Ramón López Peña, en la segunda ciudad en importancia del país.

Observó que no usan condones porque los consideran solo un método anticonceptivo y no suelen realizarse la prueba para detectar el virus con regularidad aunque mantengan una vida sexual activa y cambien de pareja. Alertó que, como en todo el mundo, es posible que existan más adultos mayores portadores que lo notificado.

Editado por Estrella Gutiérrez

Al menos 160 jóvenes menores de 18 años esperan su ejecución en Irán. Crédito: IPS

Por Rose Delaney
ROMA, Aug 15 2016 (IPS)

Irán ocupa el primer lugar en la cantidad de menores de 18 años que son condenados a la pena de muerte, habitualmente tras ser sometidos a juicio sin contar con la asistencia de abogados.

Entre otras organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) denunció que Irán ejecutó al menos a 230 personas en lo que va del año."Los antecedentes manchados de sangre de Irán al enviar a los delincuentes juveniles al patíbulo, habitualmente tras juicios manifiestamente injustos, son una burla absoluta de la justicia juvenil": James Lynch.

Mientras que la mayoría de los países luchan por la erradicación de la pena capital contra los adultos, Irán sigue condenando a la muerte a niñas, a partir de los nueve años, y a varones, a partir de los 15 años.

Un informe publicado por Amnistía Internacional en febrero aseguraba que 160 jóvenes iraníes esperaban por su ejecución.

Varios países, entre ellos Arabia Saudita, Pakistán y Yemen, comparten la postura iraní de que la pena de muerte es una forma aceptable de castigo para los menores de edad “desviados”.

La pena de muerte en Irán se aplica a quienes han cometido “delitos hodud”, que están definidos y castigados por la ley islámica, entre ellos el consumo de alcohol, el adulterio y la fornicación con una persona del mismo sexo.

Este mes HRW informó sobre la ejecución de 20 delincuentes en la prisión de Rajai Shahr, el día 2. El joven Alireza Tajiki logró escapar por poco a la pena capital, fijada para el 3 de agosto.

Alireza tiene 19 años, pero fue condenado a muerte por violación y asesinato a los 15, al cabo de un juicio que no cumplió con las normas internacionales de justicia. El joven iraní eludió la ejecución gracias a la ayuda de un abogado. Sin embargo, el aplazamiento es solo temporal.

Hassan Afshar, detenido y condenado a los 17 años por mantener relaciones sexuales “forzadas” con otra persona del sexo masculino, no tuvo la misma suerte que Alireza. El 18 de julio Amnistía Internacional denunció que fue ahorcado por las autoridades iraníes, sin haber tenido acceso a un abogado.

Los delitos relacionados con las drogas también se encuentran entre las “atrocidades” que se castigan con la muerte en la república islámica.

Janat Mir, un residente afgano en Irán, fue detenido por delitos vinculados con las drogas cuando la policía allanó la casa de un amigo. Al igual que la mayoría de los jóvenes en su situación, no tuvo acceso a protección legal ni a servicios consulares.

Se dice que tenía entre 14 y 15 años de edad cuando fue ejecutado en 2014.

Lamentablemente, son muchos los jóvenes condenados en Irán que se encuentran atrapados en situaciones similares.

El problema más alarmante es que la gran mayoría de los menores iraníes no saben que tienen derecho a un juicio justo.

Aunque la Corte Suprema iraní determinó un cambio progresista al anunciar que los jóvenes condenados a muerte podrían solicitar un nuevo juicio, la reforma no tuvo el impacto previsto ya que los menores de edad encarcelados ignoran esta posibilidad.

En 2013 se modificó el Código Penal Islámico con el fin de que los menores que “no comprendían la naturaleza de su crimen” o que carecían del “crecimiento mental y madurez” durante el acto criminal pudieran recibir una pena alternativa a la capital. De todas maneras, el código no cumple con las obligaciones internacionales del país.

El derecho internacional señala que ningún juez o tribunal, en ninguna circunstancia, debería tener la autoridad para condenar a un delincuente menor de edad a la muerte.

Irán incumple la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño porque no protege ni informa a los menores de edad sobre sus derechos y se niega a erradicar la pena de muerte para ellos.

Paradójicamente, las autoridades iraníes a menudo niegan que en su país se encarcele y ejecute a infractores jóvenes.

En abril de 2014, el presidente de la magistratura, el ayatolá Sadeq Amoli Larijani, declaró que “en la República Islámica de Irán no ejecutamos a personas menores de 18 años”.

“Los antecedentes manchados de sangre de Irán al enviar a los delincuentes juveniles al patíbulo, habitualmente tras juicios manifiestamente injustos, son una burla absoluta de la justicia juvenil y traicionan descaradamente los compromisos que Irán asumió con respecto a los derechos de los niños”, subrayó James Lynch, director adjunto para Medio Oriente y el Norte de África de Amnistía Internacional.

En muchos aspectos, la modificación del Código Penal Islámico de 2013 es la clave para lograr la justicia juvenil en  Irán.

Será necesario modificar el código penal con el fin de prohibir expresamente la aplicación de la pena de muerte para todos los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad, subir la edad mínima de responsabilidad penal de las niñas para equipararla a la de los varones – que actualmente es de 15 años -, y garantizar que ningún niño o niña sea considerado culpable como un adulto, según el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Traducido por Álvaro Queiruga

Los homosexuales sirios que buscan refugio en Europa padecen diversas dificultades, como la violencia en los campos de refugiados y la creciente islamofobia. Crédito: IPS

Por Rose Delaney
ROMA, Jul 18 2016 (IPS)

Los llamativos ojos azules, el físico trabajado y la ropa a la moda de Omar hacen pensar que se trata de un joven sin preocupaciones, agraciado por la belleza. Pero las apariencias engañan. El trauma de la guerra, el desplazamiento y su homosexualidad persiguen a este refugiado sirio en Alemania.

En 2013, tras la muerte de su mejor amigo en la guerra civil que comenzó en marzo de 2011, Omar huyó de Siria y finalmente se desplazó hasta territorio alemán. Desesperado y en busca de un refugio seguro, pagó 15.000 euros por un pasaporte nórdico falso que le fue confiscado cuando ingresó a Alemania por el aeropuerto de Hannover."Cuando llegué por primera vez, el pueblo alemán era hospitalario y de buen corazón, pero ahora está saliendo a las calles en protesta. Quieren que nos vayamos, creen que todos somos extremistas”: Omar, refugiado sirio.

La travesía de Omar, similar a la de miles de jóvenes refugiados en su mayoría de Siria e Iraq que llegaron a Alemania en los últimos años, no ha sido para nada fácil.

Los refugiados jóvenes como él son “personas de interés” para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y en gran parte su situación permanece indocumentada e insuficientemente representada. En este caso, la situación de Omar como joven desplazado fue especialmente difícil ya que él se identifica como gay.

Aunque llegó a Alemania en 2013, asegura que cada día de su vida lo pasa reviviendo el derramamiento de sangre y la guerra que presenció en Siria. “Cada vez que veo pasar un avión me atraviesa un temblor de terror”, afirmó en diálogo con IPS. Gran parte de su ansiedad también se debe al tiempo que pasó en un campo de refugiados, cuando recién llegó.

“En el campo sentía como si hubiera sido capturado y enjaulado como un león derrotado. Recuerdo tratar de saltar por encima del muro para escapar… cerraban todas las puertas a las 21 horas todas las noches”, relata.

La necesidad de ponerse una “máscara de heterosexualidad” para ocultar su orientación sexual también fue una forma de encarcelamiento para él.

“Era menos que una persona, sin el derecho a expresar mi verdadera identidad entre mi propia gente”, observó. Los hombres del campamento que se identificaban abiertamente como homosexuales o que eran percibidos como “femeninos” por los demás refugiados eran sometidos a violencia, tormento y humillación.

Omar expresó su alegría por el hecho de que en los últimos meses se instalaran campos exclusivamente para brindar refugio a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero.

La transición del campamento a su alojamiento financiado por el gobierno en Berlín lo obligó a Omar a superar muchos obstáculos. La realidad de su situación resultó muy lejana a la del “sueño europeo” con el que había fantaseado en Siria.

“Durante mi primer año, con el fin de enviar dinero a mi familia, empecé a vender drogas. Era uno de muchos sirios empujados a este negocio clandestino. Los sentimientos de depresión y desesperación hacen que los jóvenes caigan en esta trampa”, manifestó.

Omar explicó que el mercado legal jamás podría darle lo suficiente para llevar una vida sostenible y además financiar la educación universitaria de sus hermanas y mantener a sus padres. Otrora de buen pasar, la familia perdió su próspera empresa a causa de la guerra.

“Nadie podría entender lo difícil que es la vida para los sirios como yo. Mi principal prioridad es conseguir que mis hermanas terminen su educación. En este punto solo puedo pensar en ellas, mi familia se ha quedado sin nada”, dijo a IPS.

Un estudio sobre jóvenes desplazados publicado por ACNUR señala que la mayoría se ve obligada a asumir el papel de sostén de sus familias. Esto, a su vez, obliga a los hombres desplazados como Omar a involucrarse en negocios ilícitos y actos delictivos para atender las necesidades básicas de sus seres queridos.

Omar abandonó el tráfico de drogas para convertirse en trabajador sexual. “En tiempos como estos no se puede pensar en el amor o el respeto”, subrayó. Avergonzado, les dijo a amigos y familiares que trabajaba como modelo para salir adelante.

“Uno puede ganar normalmente entre 100 y 150 euros por hora en este trabajo. Encontrar a un hombre acomodado que pague las cuentas, la prostitución e incluso la pornografía” se convirtieron en formas para que muchos de los amigos refugiados de Omar se mantengan a sí mismos y a los seres queridos que dependen de ellos en Siria, indicó.

Hasta el amor puede ser difícil de encontrar debido a la creciente islamofobia en Alemania. En Grindr, una popular aplicación de citas utilizada por la comunidad homosexual en sus celulares, Omar y muchos de sus amigos sufrieron discriminación y abuso verbal por otros hombres que utilizan el servicio.

“Vuelve a casa, no queremos al Estado Islámico en nuestro país” y “Eres un terrorista musulmán” son algunos de los mensajes que recibe a diario. El joven antes sentía la necesidad de ocultar su sexualidad, pero ahora considera que es más importante ocultar su religión y nacionalidad.

“Cuando llegué por primera vez, el pueblo alemán era hospitalario y de buen corazón, pero ahora está saliendo a las calles en protesta. Quieren que nos vayamos, creen que todos somos extremistas”, se quejó.

Actualmente, Omar abandonó el mundo de la prostitución y las drogas que siente que lo deshumanizó de muchas maneras. Tiene esperanzas en el futuro, ya que ahora domina el alemán y está en proceso de convertirse en un entrenador personal.

IPS le preguntó si pensaba que la guerra civil siria acabaría pronto. “Una Siria en paz no es posible en el futuro próximo. Está en la misma situación que Iraq. La intolerancia religiosa conduce al conflicto, aunque es un estado laico. Nadie perdona y olvida, es un círculo vicioso”, opinó.

A pesar de todo, Omar aún sueña con volver a su patria. “Si la guerra cesara, volvería a Siria en un santiamén. Sin embargo, hablando en nombre de la mayoría de los gays sirios, no tienen ninguna prisa en volver a una sociedad que nunca los aceptó en primer lugar”, precisó.

Traducido por Álvaro Queiruga