Un agricultor cosecha lechugas en Santa Maria de Jetibá, un municipio serrano y agrícola que es el principal proveedor de productos hortícolas para la alimentación escolar de la ciudad de Vitoria, a 90 kilómetros por carretera sinuosa. Allí vive la más numerosa comunidad pomerana en Brasil y probablemente del mundo. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
VITORIA, Brasil, May 25 2017 (IPS)

“Vuelvo con muchas ideas a Panamá”, celebró Gilda Montenegro, una nutricionista del Ministerio de Educación, tras conocer el sistema de alimentación escolar del municipio de Vitoria, en el centro-este de Brasil.

Ella se declaró impresionada por “los altos niveles de organización”, los recursos puestos a la disposición de cada escuela y “el rol de las nutricionistas, en contacto directo con las cocinas, capacitando mejor a las cocineras en higiene y nutrición, educando a todos en una función pedagógica fundamental”.

Montenegro y otros 22 visitantes de otros países latinoamericanos y caribeños se juntaron con representantes brasileños en la ciudad de Vitoria, para un recorrido por escuelas y centros de producción y distribución de alimentos que abastecen a las escuelas municipales.“Las familias adhieren a nuestros hábitos, aunque solo cenamos en la casa. Ahora se come más verduras en mi casa. Yo era obeso, adelgacé con deportes y alimentación menos calórica, hoy tengo la salud regularizada”: Marcos Rodrigues.

Fue una visita técnica realizada entre el 16 y 18 de mayo, promovida por el programa de Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe, ejecutado por la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO), en el ámbito de su acuerdo de cooperación firmado con el gobierno brasileño en 2008.

El objetivo era conocer como se ejecuta en Vitoria el brasileño Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), una referencia mundial por atender a los 43 millones de estudiantes de la red pública de enseñanza infantil, básica y secundaria del país, donde los dos primeros sectores están a cargo de los municipios y el tercero de los estados.

El PNAE empezó en 1955, pero su gran avance, en términos de seguridad alimentaria, nutrición y participación social, surgió gracias a una ley de 2009, que estableció que, de la suma recibida por cada escuela, de acuerdo a la cantidad de sus alumnos, al menos 30 por ciento debe destinarse a comprar alimentos producidos por la agricultura familiar.

“Esa descentralización favorece el productor local y los estudiantes ganan mejores alimentos, frescos y más baratos. Se estimulan cooperativas y la economía local, a través de la pequeña agricultura, y se reduce el tiempo de transporte beneficiando el ambiente”, resumió Najla Veloso, coordinadora del proyecto regional por la FAO.

“En la mayoría de los municipios, los proveedores son padres de alumnos”, lo que promueve un acercamiento de las familias a las escuelas y la calidad del producto. Todo eso representa una “relevante ayuda para fijar la población en el campo”, acotó Veloso a IPS.

Escolares durante su almuerzo en el Centro Municipal de Educación Infantil Alberto Martinelli, en la ciudad de Vitoria. Buena parte de su alimentación proviene de la agricultura familiar de los alrededores, como en el resto de las escuelas públicas de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Las compras locales podrían reavivar los conocimientos agrícolas milenarios de los  pueblos ngäbe y buglé, que viven en el occidente de Panamá, observó Montenegro, de 29 años. Los dos grupos étnicos comparten desde 1997 una comarca indígena de unas 155.000 personas.

“Ellos suministran 80 por ciento de la alimentación de cuatro escuelas, pero no logran ampliarlas, debido al proceso de compras por licitaciones y se limitan casi a sembrar para comer”, lamentó la nutricionista panameña. Más compras escolares podrían “rescatar sus métodos tradicionales de cosecha y conserva, sus productos típicos”, acotó.

Las visitas técnicas organizadas por la FAO “muestran experiencias en la práctica para construcción de conocimientos en otros países, estimulan innovaciones”, destacó Veloso.

Se avanza así en una nueva generación de programas de alimentación escolar en la región, donde se combinan nutrición saludable, compras públicas, agricultura familiar e integración social.

Vitoria, capital del estado brasileño de Espírito Santo, fue elegida para acoger técnicos y autoridades de 13 países por “su buena ejecución del PNAE, su equipo organizado y por haber sido pionera en el tema”, explicó la coordinadora del proyecto regional.

En 2008, antes de entrar en vigor la ley, Vitoria ya priorizaba pequeños agricultores locales y alimentos saludables, recordó Marcia Moreira Pinto, coordinadora del Sector de Alimentación y Nutrición Escolar de la Secretaria Municipal de Educación.

Además siempre superó el mínimo fijado para la agricultura familiar, acotó. En 2016 alcanzó 34 por ciento de las compras en ese sector solo reconocido en tiempos recientes como clave para la seguridad alimentaria.

Gilda Montenegro, nutricionista del Ministerio de Educación de Panamá, quien conoció la experiencia de la alimentación escolar en Vitoria, Brasil, junto con otros 22 representantes de 12 países latinoamericanos y caribeños, en una visita técnica promovida por la FAO. Crédito: Mario Osava/IPS

“Esa integración entre educación y agricultura familiar beneficia a toda la sociedad, es fantástica. Intentaré hacerlo en mi pueblo”, prometió Mario Chang, director de Educación del departamento de San Marcos, de Guatemala.

“La visita me brindó buenas ideas”, reconoció Rosa Cascante, directora de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

Su desafío, dijo, será “adaptar la experiencia brasileña de compras locales” en su país, donde todo el abastecimiento de instituciones públicas pasa por el estatal Consejo Nacional de Producción, cuya limitada capacidad atiende a solo 20 por ciento de la alimentación escolar.

Una campaña contra el desperdicio de alimentos es una innovación creada por alumnos de la Escuela Municipal de Enseñanza Fundamental Eunice Pereira da Silveira. Inicialmente, en 2015, las pérdidas alcanzaban 50 kilos por semana. Ahora son siete a ocho kilos, según su dirección.

La escuela de educación básica tiene 322 alumnos a tiempo integral, porque permanecen en el centro de siete a 17 horas, recibiendo tres comidas.

La campaña empezó con pocos alumnos bajo orientación de profesores. Se hizo el monitoreo de pérdidas en el comedor, encuestas sobre nutrición, diálogo con estudiantes y las cocineras para adecuar las comidas a una mejor aceptación y reducir desperdicios.

Además del ahorro, una alimentación más saludable en la escuela, con más ensalada y menos grasa, mejora los hábitos familiares, sostuvo Marcos Rodrigues, de 14 años y alumno de penúltimo grado, uno de los líderes de la campaña.

El refrigerador de una escuela pública de educación infantil y a la vez guardería en la ciudad de Vitoria, lleno de frutas y hortalizas cultivadas en las cercanías. En Brasil, el obligatorio abastecimiento de al menos 30 por ciento de la alimentación escolar por la agricultura familiar mejora la nutrición de los estudiantes y promueve el desarrollo local. Crédito: Mario Osava/IPS

“Las familias adhieren a nuestros hábitos, aunque solo cenamos en la casa. Ahora se come más verduras en mi casa. Yo era obeso, adelgacé con deportes y alimentación menos calórica, hoy tengo la salud regularizada”, confesó el adolescente a IPS.

Pero es “en la aceptación de alimentos saludables donde faltan más esfuerzos, ante un escenario nacional de avance de los productos industrializados que ofrecen muchas facilidades”, advirtió Moreira Pinto.

La mayor parte de las verduras y frutas, en las escuelas de Vitoria, provienen de Santa Maria de Jetibá, un municipio montañoso a 90 kilómetros de distancia, poblado por los pomeranos, un grupo étnico europeo que ocupaba partes de Alemania y Polonia y se dispersó al final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La inmigración pomerana a Brasil llegó mayoritariamente concentrada a fines del siglo XIX y a Espírito Santo, donde mantuvo sus costumbres campesinas y su lengua en los municipios donde son numerosos.

“Santa Maria es el municipio más pomerano de Brasil y quizás del mundo”, según el alcalde Hilario Roepke, debido tanto a la cantidad de habitantes como al mantenimiento de una cultura que desapareció o cambió mucho incluso en su tierra de origen.

“De sus cerca de 40.000 habitantes, 72 por ciento sigue rural”, permitiéndole al municipio ocupar el primer lugar como productor agrícola del estado de Espírito Santo y el decimoprimero de Brasil, siendo el segundo mayor productor nacional de huevos, con nueve millones diarios, realzó el alcalde.

La Cooperativa de Agricultores Familiares de la Región Serrana (CAF), con 220 socios, es la gran proveedora de las escuelas.

“El programa de alimentación escolar de la región metropolitana de Vitoria es nuestro principal mercado”, reconoció Maicon Koehler, técnico agrícola de la CAF. La llamada Gran Vitoria, compuesta de siete municipios, tiene casi dos millones de habitantes.

La capital como tal cuenta con 360.000 habitantes, queda en una isla y prácticamente no tiene área rural, por lo que adquiere todos sus alimentos en municipios vecinos.

Con 102 escuelas municipales, la ciudad consume mensualmente cerca de 20 toneladas de carnes variadas y 6,3 toneladas de frijoles para alimentar sus cerca de 50.000 alumnos, estimó la coordinadora del sector, quien expicó que las cantidades de frutas y verduras, al ser estacionales, no son fijas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Tito Díaz, coordinador subregional de la FAO en Mesoamérica, durante su exposición en uno de los paneles del encuentro “La Alimentación Escolar como estrategia para el alcance de los Objetivos de Desarrollo, que se celebró en San José de Costa Rica del 20 al 22 de marzo. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/ IPS

Por Diego Arguedas Ortiz
SAN JOSÉ, Mar 23 2017 (IPS)

Sunita Daniel recuerda claramente cómo eran los programas de alimentación escolar en su natal Santa Lucía hasta hace un par de años: menús con comidas procesadas, productos importados y poca integración con las comunidades cercanas.

Todo esto cambió después de que la santalucense visitó Brasil, en 2014, y conoció el sistema brasileño que prioriza una atención continua, dietas balanceadas e integración con la agricultura familiar de cada localidad.

“Cuando regresé, le dije a mi gobierno: este es un buen ejemplo de algo que podemos hacer nosotros”, dijo Daniel, quien entonces era  jefa de planificación del Ministerio de Agricultura de su país.

Ahora, el pequeño Estado insular del Caribe prioriza las compras a productores locales, especialmente aquellos dedicados a la agricultura familiar, y trabaja en mejorar las dietas que reciben los escolares en los diferentes centros.

El caso de Santa Lucía no es único. Una nueva generación de programas de alimentación escolar que combinan nutrición saludable, compras públicas a agricultura familiar e integración social está transformando comedores y comunidades por la región de América Latina y el Caribe.

Estos proyectos toman como referencia la experiencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil, un amplio programa estatal que maduró por años y ahora se ubica en el corazón de un proyecto regional, impulsado por el gobierno brasileño.

Actualmente, el proyecto regional busca fortalecer la alimentación escolar en 13 países latinoamericanos y caribeños, mediante la cooperación triangular Sur-Sur que recibe el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Delegados de los países participantes en la iniciativa, de la FAO y del gobierno brasileño se dieron cita en la capital costarricense entre el lunes  20 y el miércoles  22  para participar en el encuentro “La Alimentación Escolar como estrategia para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, los ODS, y compartir sus experiencias.

“Este tipo de talleres fortalecen a todos. Al propio programa de Brasil, fortalece a los países y a los gobiernos. De verdad, funciona como una retroalimentación para inspirar el cambio”, explicó Najla Veloso, coordinadora regional del Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.

El sistema brasileño centra su atención en garantizar la cobertura de la alimentación escolar de manera continua y con alimentos de calidad. Los menús utilizan alimentos producidos por agricultores locales y huertas escolares en los propios centros educativos.

“(En Brasil), estamos hablando de ofrecer comida saludable y de manera continua todos los días del ciclo lectivo, alineado con educación alimentaria y nutricional y compras a agricultores familiares”, detalló Veloso a IPS durante el encuentro.

En un país de 208 millones de habitantes, más de 41 millones de estudiantes brasileños reciben una o más comidas en comedores de centros educativos, explicó Veloso, mediante una coordinación del gobierno federal, las autoridades de cada Estado y los representantes municipales.

“En ningún país del mundo se tiene esto”, aseguró la especialista brasileña.

Alumnas de una escuela en una aldea indígena del occidente de Honduras, en el huerto pedagógico donde cultivan y aprenden a la vez sobre la importancia de la alimentación nutritiva y saludable. Honduras tiene desde 2016 una ley que regula un programa de alimentación de nueva generación, donde la nutrición saludable, agricultura familiar de cada localidad y los huertos escolares se dan la mano. Crédito: Thelma Mejía/IPS

Con este caso de éxito como referencia, el proyecto de cooperación técnica regional comenzó en 2009 con cinco países, llegó a trabajar con 17 y ahora se mantiene el respaldo a 13 programas de nueva generación, en una iniciativa que está planificado que concluya este año.

Según dijo Veloso, más de 68 millones de escolares de la región, además de los brasileños,  se han beneficiado con los innovados comedores, pero además ha potenciado la articulación con comunidades y agricultores locales.

En la actualidad, el proyecto está presente en Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

El proyecto ha rendido diferentes frutos, ha seguido procesos diferentes en cada país y asume diferentes formatos, según las experiencias intercambiadas en San José.

En el caso de Santa Lucía, por ejemplo, las autoridades se aliaron con el sector privado para recaudar fondos y lograron así proveer comida a entre 8.000 y 9.000 escolares de entre 5 y 12 años, dijo Daniel.

En Honduras catalizó un trabajo desde las bases que permitió una articulación orgánica desde los municipios y las escuelas, compartió durante el encuentro Joselino Pacheco, coordinador del programa de Merienda Escolar.

“Nosotros no teníamos una ley de alimentación escolar hasta el año pasado, pero eso no nos detuvo porque nuestro trabajo viene desde la base”, explicó el delegado hondureño.

La ley, promulgada en septiembre de 2016, construyó sobre lo que venía trabajando un programa estatal fundado en 1998, y se respalda en organizaciones sociales que apoyan el proceso y que en parte son respaldadas por el proyecto regional, dijo Pacheco a IPS.

Junto a Honduras, también Bolivia, Brasil y Paraguay cuentan en la región con una ley específica para regular la alimentación escolar.

En el caso del anfitrión Costa Rica, el país ya tenía un programa de alimentación escolar extendido y que brindaba atención continua, por lo que las autoridades decidieron enfocarse  en expandir sus capacidades incluyendo los elementos innovadores a favor de la seguridad alimentaria de la nueva generación de iniciativas.

“Desde el año 2015 se ha desarrollado un programa de apertura de comedores durante el receso de mitad de período y al inicio y final del curso lectivo”, explicó la primera dama costarricense, Mercedes Peñas, una reconocida experta en el tema de desarrollo municipal.

En ese primer año se hizo un plan piloto en 121 comedores ubicados en los 75 distritos más vulnerables y para el 2016, el país amplió la cantidad de comedores y sirvió unos 200.000 platos en los primeros 40 días del curso escolar.

Estas son inversiones que ven frutos en el corto plazo, con una mejor alimentación de los niños, pero también tienen un impacto en la salud pública por décadas, dijo Ricardo Rapallo, coordinador técnico del programa Mesoamérica sin Hambre.

“Todo lo que no trabajemos sobre buenos hábitos alimentarios desde niños, es más complicados cambiarlos después”, apuntó Rapallo.

Lo que pase en los comedores escolares es fundamental para lograr un desarrollo económico, social y ambiental en América Latina, coincidieron los expositores, quienes ven este eje como un vehículo fundamental para alcanzar varios de los 17 ODS, que deben cumplirse para 2030.

“La experiencia de un programa de alimentación escolar, aunado a un programa de compras públicas a agricultura familiar, hace posible la agenda al  2030”, dijo Tito Díaz, coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO, durante uno de los paneles del encuentro de tres días.

Un caso icónico emergió del testimonio de Daniel. En Belle Vue, una localidad al suroeste de Santa Lucía, el comedor escolar inspiró a las mujeres de la comunidad y ellas empezaron su propio huerto.

“Ellas llegaron al comedor escolar y dijeron que querían producir. Muchos de ellas tienen niños en las escuelas”, apuntó Daniel, quien ahora ejerce como directora del programa de alimentación escolar en Santa Lucía y como enlace en la materia entre la FAO y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

La escuela instaló una guardería para atender a los hijos de las madres que aún no estaban en edad escolar y así ellas pudieron dedicarse al huerto. Gracias a ello, unas 30 madres reciben ahora un ingreso fijo.

Veloso explicó que si bien el proyecto de fortalecimiento cierra este año, están analizando qué necesidades y oportunidades existen para valorar si lanzan una segunda etapa.

Editado por Estrella Gutiérrez

En la próxima década, China albergará a la mayor población mundial de adultos mayores, mientras India, por su dividendo demográfico, necesitará generar empleos para la mayor la mayor fuerza laboral del mundo, lo que representa una oportunidad para que ambos países trabajen juntos. Crédito: Neeta Lal/IPS.

Por Neeta Lal
NUEVA DELHI, Sep 8 2016 (IPS)

Los desacuerdos y otros diferendos fronterizos no resueltos entre China e India, dos de las civilizaciones más antiguas, no han impedido que forjaran fuertes lazos de cooperación en diversos ámbitos.

La relación de estos vecinos asiáticos también hizo que la atención mundial se concentrara en los últimos años en el dominio demográfico de Asia, grandes economías en desarrollo preocupadas por aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo nacional.

Los dos países más poblados del mundo, con casi 37 por ciento de la población mundial, están comprometidos a mejorar la situación de sus habitantes, lo que ofrece un espacio para trabajar en sinergia y fortalecer los vínculos.Con las economías occidentales todavía volubles, India, con sus 1.250 millones de habitantes y su efervescente energía empresarial, ofrece a los inversores chinos un enorme margen de crecimiento.

En la próxima década, China albergará a la mayor población de adultos mayores del mundo, mientras India, por su dividendo demográfico, necesitará generar empleos para la mayor fuerza laboral del mundo. Esas áreas ofrecen oportunidades para que ambos países trabajen juntos.

En tanto que vecinos, China e India también tienen una larga historia de vínculos culturales, científicos y económicos. Pero tras una breve guerra por los límites fronterizos en 1962, se resintieron los lazos comerciales y de inversiones.

Sin embargo, en la última década, las relaciones de los dos gigantes se recuperaron, y de tan solo 3.000 millones de dólares de intercambio comercial a fin de siglo, ya se acercan a los 100.000 millones de dólares, lo que significa grandes oportunidades para comerciantes e inversores de ambos países.

Además de compartir su nueva extroversión y el entusiasmo en sus políticas económicas, Nueva Delhi y Beijing también han estrechado lazos económicos con el resto del mundo.

Ambos países integran la Organización Mundial del Comercio (OMC), India como miembro fundador y China desde 2001.

Sus fuertes lazos económicos también desempeñarán un papel estelar en una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo para 2020. Incluso las estimaciones más conservadoras pronostican que para ese año, el intercambio comercial entre ellos superará al de China y Estados Unidos.

Hay un sinfín de oportunidades de negocios entre China e India en diversas áreas como agricultura y procesamiento de alimentos, gestión de valores, construcción e infraestructura, electrónica y tecnologías de la información, transporte y logística. Además del sector farmacéutico, que ofrece posibilidades colosales para ambos países.

China, además, tiene una vasta capacidad subutilizada en el sector manufacturero, sumado a un excedente de capital que necesita nuevos mercados. Con las economías occidentales todavía volubles, India, con sus 1.250 millones de habitantes y su efervescente energía empresarial, ofrece a los inversores chinos un enorme margen de crecimiento.

Beijing también busca aumentar la cooperación económica con Nueva Deli en el corredor Bangladesh-China-India-Birmania y en el programa de la Nueva Ruta de la Seda.

China puede ayudar a acelerar el despegue económico de India concentrándose en áreas clave como manufactura, caminería, vías férreas y parques industriales, lo que puede constituir el cimiento de sus lazos bilaterales.

Los intentos de Beijing y Nueva Delhi por construir una asociación estratégica y de cooperación, a la vez que ampliar la cooperación económica y comercial, hizo que China se convirtiera en el mayor socio comercial de India.

Sin embargo, quedan algunas asperezas por limar como el déficit comercial de India con China, que se disparó de 1.000 millones de dólares, en 2001-2002, a 48.430 millones de dólares en 2014-2015. La asimetría plantea problemas de sostenibilidad.

Pero los acuerdos bilaterales forjados generan esperanzas de que se pueda instalar un intercambio comercial más sostenible.

Con ese fin, los ministros de Comercio de ambos países suscribieron un Programa de Desarrollo Económico y de Cooperación Comercial de cinco años, en septiembre de 2014, como forma de establecer una hoja de ruta a mediano plazo para promover un desarrollo sostenible y más equilibrado de las relaciones económicas y comerciales.

Las señales de cooperación también son visibles en los últimos acuerdos comerciales en materia ferroviaria, de ciudades inteligentes y desarrollo. Si bien ambos países se consideran rivales políticos, en octubre de 2013, suscribieron el Acuerdo de Cooperación para la Defensa Fronteriza.

El pacto reconoce “la necesidad de continuar manteniendo la paz, la estabilidad y la tranquilidad según el control actual de las áreas fronterizas entre China e India y seguir implementando medidas para construir la confianza en el ámbito militar según el control actual”.

Además, China e India también están entre los 21 países asiáticos que suscribieron el nuevo Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que le ofrece a esta región un contrapunto de las instituciones financieras dominadas por Occidente, como el Banco Mundial.

Los recursos y los talentos combinados de estos dos gigantes asiáticos pueden impulsar el crecimiento económico regional y global.

A pesar de criticar las políticas expansionistas de China y su mayor rigidez en el océano Índico y el mar de China Meridional, Nueva Delhi busca consolidar los vínculos con Beijing, así como estrechar la cooperación bilateral en materia de infraestructura, industria, comunicaciones y energía.

Además, China e India impulsan la cooperación sino-india en los foros multilaterales como el Grupo de los 20 países ricos y emergentes, la Cumbre Asia Pacífico y el BRICS, el grupo constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Ambos países fortalecieron el diálogo estratégico en grandes asuntos internacionales como el cambio climático y la salvaguarda de intereses comunes a los mercados emergentes y a los países en desarrollo, lo que está en sintonía con la importancia que la Organización de las Naciones Unidas concede a la cooperación Sur-Sur, que aprovecha a recordar este 12 de septiembre.

“Los países en desarrollo tienen la responsabilidad primordial de promover y realizar la cooperación Sur-Sur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino que la complementaría”, precisa la ONU.

Nueva Delhi y Beijing también están deseosos de aumentar su cooperación en materia ferroviaria, de construcción de parques industriales, de seguridad, operaciones antiterroristas, además de expandir la comunicación y los intercambios en educación y turismo, facilitar intercambios adicionales entre sus gobiernos regionales y salvaguardar juntos sus intereses comunes, así como los de los países en desarrollo.

Como China e India tienen muchos objetivos comunes y áreas de convergencia, las relaciones bilaterales basadas en una participación económica equilibrada, sumada a una mentalidad inventiva y audaz en materia política, puede llegar a beneficiar a ambos países a la vez que disparar una revolución asiática.

Traducido por Verónica Firme

Parte del puerto de Valparaíso, el principal de Chile, a 140 kilómetros al norte de Santiago, por el que en 2015, por ejemplo, salió 1,28 millones de toneladas de fruta, 51 por ciento de toda la exportada por el país. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Aug 8 2016 (IPS)

La infraestructura vial y logística en América Latina y el Caribe está al borde del colapso, amenaza las exportaciones de recursos naturales y encarece las importaciones, lo que coloca a la región ante un combinado desafío de inversión, inteligencia y capacidad de liderazgo, coinciden expertos.

“Los temas de la infraestructura para los recursos naturales han estado muy escondidos dentro de la agenda política”, dijo Gabriel Pérez, de la división de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).

El especialista aseguró a IPS que “esto sucede principalmente por la organización de los propios Estados que poseen una visión compartimentada entre ministerios que muchas veces no conversan entre si y hacen que estas temáticas queden ocultas”.“mucha infraestructura minera y granelera y en general de recursos extractivos posee un patrón similar desde los tiempos de la colonia, cuando se requería extraer esos recursos naturales y exportarlos rápidamente y no era necesario agregarles valor”: Gabriel Pérez.

A su juicio,  “mucha infraestructura  minera y granelera y en general de recursos extractivos posee un patrón similar desde los tiempos de la colonia, cuando se requería extraer esos recursos naturales y exportarlos rápidamente y no era necesario agregarles valor”.

En los años 60, noventa por ciento de las exportaciones de América del Sur correspondía a productos agrícolas, mineros o derivados del petróleo. Actualmente estos, junto con otros productos primarios, siguen dominando el comercio exterior y contribuyendo de manera significativa al producto interno bruto (PIB) de los países de la región.

La infraestructura ha desempeñado un papel crucial como facilitador de las actividades económicas e históricamente se ha desarrollado en función de los requerimientos de los sectores de exportación más relevantes.

Según el estudio “Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, realizado por la Cepal,  una infraestructura eficiente repercute en todas las actividades económicas y, en el contexto de los recursos naturales, esto incluye no solamente a los exportadores de productos básicos, sino también a los proveedores locales y las industrias relacionadas.

Además, destaca el reporte publicado en mayo, encarece el costo de las importaciones desde tecnologías hasta alimentos.

Entre 2003 y 2011 la demanda de transporte de los principales recursos naturales de la región aumentó 56 por ciento.

En tanto,  desde 2012, con la desaceleración de la economía mundial, han quedado atrás los precios máximos registrados en los años 2007 y 2011, justo antes y después de la crisis financiera mundial de 2008 y 2009. Pero muchos bienes primarios continúan registrando niveles de precios y volúmenes de exportación significativamente superiores a sus promedios históricos de los últimos 30 años.

Sin embargo, América Latina y el Caribe tienen costos logísticos que pueden ser hasta cuatro veces más altos que los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 grandes economías del mundo, entre ellas Chile y México de los de la región.

En este escenario, propiciar una adecuada logística para los recursos naturales es un tema de especial importancia para el desarrollo de la región debido a que la falta de infraestructura o los altos costos logísticos imperantes dificultan la posibilidad de realizar encadenamientos productivos o reexportaciones con valor agregado.

Dicho de otro modo, “no habrá una integración productiva en la región, sin una integración logística que la sustente”, señala el estudio.

Con ese fin, la Cepal impulsa desde 2014 el proyecto “Integración Logística para una explotación más sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, que busca incrementar el conocimiento de los gobiernos de la región sobre el papel de la logística para el uso más diversificado y la explotación sostenible de sus riquezas.

Un tramo de la carretera que integra el corredor Bolivia-Chile, destinado a incrementar los flujos comerciales y turísticos entre los dos países. Crédito: CAF

Esa agencia regional de las Naciones Unidas estima que eliminar su déficit de infraestructura le costaría a la región el equivalente a 6,5 por ciento de su PIB.

Sin embrago, Pérez precisó que si se aprovechan las potencialidades que tiene la integración de infraestructura entre países vecinos, la inversión necesaria disminuiría significativamente.

Por ejemplo, dijo, un ferrocarril que conecte varios países movería un mayor volumen  y mejoraría el resultado tanto económico como social de esa inversión. Mejoraría la conectividad desarrollando turismo y, finalmente, avanzaríamos en integración.

En lo concreto, el proyecto propone mejorar la distribución modal de los flujos internacionales, hoy día concentrados en el transporte por carretera en desmedro del ferrocarril y del transporte fluvial.

Bolivia y Paraguay, cuya vía natural es la fluvial, utilizan más el transporte vial debido a los problemas con el uso de los ríos navegables internacionales, reveló Pérez.

“El camión tiene un rol  fundamental en la  logística moderna, pero es eficiente en determinadas distancias y para determinados tipos de carga. La combinación de distintos modos de transporte,  que llamamos ‘comodalidad’, es fundamental para hacer un transporte más sostenible”, aseveró.

“Estamos realizando acciones importantes para recobrar esa infraestructura fluvial natural que tiene América del Sur, que la conecta prácticamente con todos los países y que permitiría mover una cantidad importante de recursos naturales con externalidades ambientales bastante más reducidas”, agregó.

José Joaquín Jara, director del chileno Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), advirtió a IPS que a futuro “los proyectos privados de explotación de recursos naturales van a ser menos competitivos, con costos más altos, mayor inversión y menores retornos”.

“Ello lleva a evaluar el cómo hacer estos proyectos más atractivos, y ahí el tema de infraestructura, transporte y logística del país cobra especial relevancia”, afirmó.

Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, el proyecto de la Cepal tiene una limitante: solo apunta a “expandir  y consolidar la lógica actual de la integración que apunta a seguir extrayendo materias  primas para colocarlas en el mercado internacional”.

Cuenca afirmó a IPS que esta es la fuente “de una gran cantidad de conflictos sociales en América Latina porque estos proyectos no están siendo  llevados adelante con la participación o con el consentimiento  de la gente que puede verse afectada”.

Añadió que las dificultades para avanzar en infraestructura no se basan “solo en falta de voluntad política o problemas de financiamiento,  sino que tienen que ver con que son megaobras que están teniendo un fuerte impacto”.

Pese a críticas como las de Jara, el proyecto de integración logística ya tiene planes piloto en Costa Rica, con una cadena agrícola en ese rubro; en Perú, con una cadena minera, y en Paraguay, lo mismo con la soja.

Además, en el Caribe insular y anglohablante se trabajará con un país importador y exportador de hidrocarburos. Mientras, El Salvador y Honduras implementan también iniciativas enmarcadas en el proyecto.

“Estamos haciendo esfuerzos para  una iniciativa de integración de infraestructura logística con los países vecinos, particularmente en América Central, apoyando la creación de una política subregional  donde no solamente está la provisión de la infraestructura sino también hacer la regulación de sus servicios para ser mucho más eficientes en las cadenas logísticas”, explicó  Pérez.

De acuerdo a un estudio conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cepal en el precio de importación de un producto agrícola en países de América Central hay 50 por ciento de recargo por problemas de facilitación, cruce de frontera y  falta de infraestructura.

Con el proyecto de la Cepal, “desde el  lado del exportador, hay una oportunidad de vender el doble y desde el punto de vista del importador podríamos reducir a la mitad el costo”, resumió Pérez.

Editado por Estrella Gutiérrez

Foto de familia de la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), clausurada en La Habana el sábado 4 de junio, en la que participaron 22 jefes de Estado o de gobierno de los 25 países que integran el grupo. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jun 5 2016 (IPS)

Los gobiernos de los países que bañan sus costas en el mar Caribe reivindicaron en La Habana su vocación de paz para enfrentar unidos los grandes desafíos de la región, que van desde adaptarse y mitigar los riesgos del cambio climático, hasta fortalecer la integración y el desarrollo sostenible.

“No podemos permanecer indiferentes ante las turbulencias que tienen lugar en América Latina y el Caribe  (….) La situación requiere fortalecer la consulta y la concertación”, afirmó  el mandatario cubano Raúl Castro durante la VII cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que concluyó este sábado 4.

La cita había generado expectativas ante la posibilidad de que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos aprovechara su participación en la reunión para el anuncio de  avances decisivos en los diálogos de paz que llevan a cabo en La Habana su gobierno y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero finalmente Santos desistió de acudir al encuentro caribeño.  Su gobierno estuvo representado por la canciller María Ángela Holguín, quien en su discurso en la sesión plenaria de la cumbre agradeció el apoyo a las conversaciones que se realizan en Cuba desde 2012 y se manifestó esperanzada de que la paz en Colombia llegue “dentro de muy poco tiempo”.

La Declaración de La Habana, aprobada por consenso junto con el Plan de Acción 2016-2018, saluda y expresa su apoyo al éxito de ese proceso y al que se iniciará próximamente con el Ejército de Liberación Nacional, “para que ambos conduzcan a alcanzar un acuerdo estable y duradero en bien del pueblo colombiano”.

En su punto 9, la declaración ratifica la vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno de la región en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana en enero de 2014.

Suman 25 de los 33 países de la Celac los que también integran la AEC, que a partir de agosto  será comandada por primera vez por una mujer, la embajadora de Santa Lucía June Soomer, electa secretaria general para sustituir al colombiano Alfonso Múnera. Cuba preside el Consejo de Ministros de la asociación desde principios de este año.

Múnera destacó en declaraciones al cierre de la cumbre de tres días en La Habana, que la séptima edición contó con la participación de 22 jefes de Estado o de gobierno, la más numerosa desde la celebrada en 1995, un año después de la fundación del grupo del Gran Caribe.

En primer plano, conversan de derecha a izquierda, el secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el colombiano Alfonso Múnera, con el anfitrión de su VII cumbre, el presidente cubano Raúl Castro, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Crédito; Jorge Luis Baños/IPS

En un comunicado aparte, los gobernantes de los estados miembros de la AEC respaldaron la iniciativa del ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y los exmandatarios Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición en Venezuela.

Con ese propósito se busca encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de Venezuela, según el texto emanado de la cumbre caribeña.

Tras agradecer ese respaldo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante 17 años continuos la “Revolución democrática, constitucional”  ha enfrentado una conspiración permanente de los poderes que gobiernan desde Washington”.

El mandatario venezolano usó la palestra de la cumbre para llamar a los gobiernos del continente a mantener el nivel de solidaridad, cooperación y entendimiento y no dejarse someter a ningún tipo de presiones.

“Son  brutales las presiones para aislar a Venezuela y aprobar este instrumento, que sería una vergüenza si se aprobara contra nuestro país”, dijo en referencia la Carta Democrática Interamericana invocada por el secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro,  por considerar que esa nación está cerca de un colapso.

También Castro calificó de inaceptable la iniciativa de Almagro. “Solo reitero nuestra opinión de que la OEA, desde su fundación fue, es y será, un instrumento de dominación imperialista y que ninguna reforma podrá cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso, Cuba jamás regresara a la OEA”, señaló en su discurso de inauguración de la Cumbre.

Al finalizar la reunión, insistió en que “la paz y la estabilidad, la defensa de los intereses de nuestros pueblos y el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación, sin injerencia externa, son elementos esenciales para avanzar hacia  las metas de integración y cooperación que nos hemos trazado”.

Desde su primera cumbre en 1995 en Trinidad y Tobago, la AEC  estableció el turismo, el transporte y el comercio como áreas estratégicas, a las cuales se sumó posteriormente la cooperación para enfrentar los desastres naturales que azotan frecuentemente a esta región.

Esos sectores continúan hasta ahora entre las prioridades, con resultados positivos, pero también con retos pendientes que se espera resolver a mediano y largo plazo para llevar prosperidad al conjunto de naciones que integran esa organización, que representan más de la mitad de la población latinoamericana y caribeña.

El plan de acción aprobado en la séptima edición del encuentro caribeño marca un programa de trabajo con metas precisas sobre turismo sostenible, desarrollo del comercio y las relaciones económicas externas, el fomento de la cooperación educativa y cultural y el riesgo de desastres asociados a eventos naturales.

La región, especialmente el Caribe insular, es particularmente vulnerable al impacto del cambio climático y fuentes diplomáticas de Cuba comentaron a IPS que la colaboración en este tema es justamente una de las áreas en que la asociación ha trabajado más en los últimos tiempos.

Sin embargo esos esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de financiamiento. Al respecto, La AEC hace en su declaración final un llamado especial a la cooperación internacional y al cumplimiento de los compromisos de financiamiento, que deben ser “nuevos y adicionales a la ayuda oficial al desarrollo”.

El barco de pasajeros Fathom Adonia atracado en la bahía de La Habana, de la compañía estadounidense Carnival, que desde mayo incorporó a Cuba en sus rutas de cruceros semanales por el área del Caribe. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, May 31 2016 (IPS)

Cuba busca fortalecer la integración y la concertación política con el Gran Caribe, en momentos en que grandes aliados en América del Sur comenzaron a mostrar un rostro menos acogedor, por giros hacia la derecha o por crisis políticas internas de impredecibles consecuencias.

Ese contexto genera mayores expectativas en torno a la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se desarrollará en La Habana entre el jueves 2 y el sábado 4, el día en que participarán numeroso de jefes de Estado y de gobierno de las 25 naciones integrantes de esa organización, creada en 1994.

La AEC representa a más de la mitad de la población latinoamericana y caribeña, que según estimados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ascenderá a mediados de este año a 625 millones de personas.

Se prevé que la asistencia de los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos,  y de Venezuela, Nicolás Maduro, concentrará la mayor atención.

Santos por previsibles anuncios sobre avances decisivos en los diálogos de paz que llevan a cabo en La Habana el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Maduro viajará  a La Habana poco después que el secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, haya activado este martes 31 la Carta Democrática Interamericana por considerar que su gobierno está al borde de la “ilegitimidad” y el país cerca de un colapso.

Buena parte de los apoyos a Maduro para neutralizar esa iniciativa se encuentran en los gobernantes que concurrirán a la cumbre de la AEC, ya que la solicitud de Almagro requiere el aval de 18 de los 34 miembros de la OEA para seguir adelante.

También en el marco de la cumbre se analizará la viabilidad de que cristalice un diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, para el que se ha realizado una “reunión exploratoria” el último fin de semana de mayo, en Santo Domingo, según detalles del diario cubano Juventud Rebelde.

Ese diálogo lo promueven el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los exmandatarios Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, y cuenta con el apoyo de varios países de la región.

Hasta ahora, la única reacción en Cuba al posible diálogo entre las partes enfrentadas en la grave crisis política, social y económica venezolana ha llegado de Jorge Gómez Barata, un exintegrante del aparato ideológico del gubernamental Partido Comunista de Cuba.

“Al saludar el diálogo con la oposición es preciso hacer votos porque sea breve, transparente y conclusivo, y permita regresar cuanto antes a la normalidad de las instituciones nacionales”, dijo en una columna difundida por Internet, en que también alertó sobre el riesgo para la soberanía de una mediación con participación foránea.

Manuel Aguilera, director general para América Latina y el Caribe de la cancillería cubana, definió como “muy compleja”, la situación actual de América Latina y El Caribe como consecuencia de “la contraofensiva oligárquica” contra los gobiernos populares y progresistas de la región.

En su opinión, en ese contexto actual  resulta imprescindible continuar fortaleciendo la consulta política entre los miembros de la organización regional para “enfrentar unidos los retos que amenazan la estabilidad, la paz, la unidad y la concordia entre las naciones y pueblos del Caribe”.

Vista de uno de los muelles de la Zona especial de Desarrollo de Mariel, una localidad portuaria situada a 45 kilómetros de La Habana, que Cuba aspira a convertir en un gran complejo logístico del Caribe. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

También resulta preocupante para Cuba la crisis política que vive Brasil, donde el 12 de mayo la presidenta Dilma Rousseff fue suspendida de sus funciones, al aprobarse un juicio político en su contra, que podría culminar con su destitución.

Desde entonces, la presidencia, por ahora interina, la asumió el vicepresidente Michel Temer, que ha impulsado un giro conservador a la conducción del país.

Si del intercambio con Venezuela depende el abastecimiento seguro y estable de petróleo, el tempestuoso giro político en Brasil deja en la incertidumbre el apoyo y las promesas de inversión de la potencia brasileña en Zona Especial de Desarrollo de Mariel, un proyecto estratégico para el desarrollo cubano.

Al inaugurar parte de las obras junto al presidente cubano Raúl Castro, en enero de 2014, Rousseff  situó el respaldo financiero de su país al proyecto e unos 1.000 millones de dólares en bienes y servicios.

“Brasil quiere ser un aliado económico de primer orden para Cuba”, subrayó en ese entonces la mandataria. Está por ver si el gobierno de Temer,  tendrá la voluntad  política y el interés económico de mantener las relaciones con la isla socialista al nivel que entonces expresó Rousseff.

Las autoridades cubanas no se han expresado públicamente respecto del  impacto en sus planes de desarrollo de la crisis brasileña o la inestabilidad en Venezuela, su principal socio económico.

Especialistas aprecian, no obstante, que ayudarían a aminorar el golpe la normalización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la mejora de los vínculos con los países de la Unión Europea.

Otros puntos a favor son las mejores relaciones con España, el fortalecimiento de los intercambios con Rusia y la recuperación de la credibilidad financiera internacional, gracias al acuerdo con el Club de País (de gobiernos acreedores), que eximió a la isla del pago de intereses por 8.500 millones de dólares.

El proceso de normalización de lazos con Estados Unidos aumentó el interés por viajar a este país, que en 2015 recibió tres millones 500.00 turistas y obtuvo ingresos por casi 1.940 millones de dólares. En 2016 aspira a recibir 175.200 viajeros más que en 2015.

Consolidar y elevar el intercambio con el Caribe, su entorno natural, adquiere en el contexto actual de la región especial relevancia para Cuba.

El Plan de Acción de la AEC para el periodo 2016-2018, que aprobará la cumbre,  incluirá entre sus metas la continuación del turismo multidestino sustentable, llamado a convertirse en motor principal de integración caribeña.

La cumbre, detalló Aguilera, tendrá por tema principal “Unidos para enfrentar los retos del desarrollo sostenible, el cambio climático y la paz en el Caribe”.

Además, dijo, en sus deliberaciones debe atender, además, desafíos como el desarrollo del comercio y las inversiones,  una asignatura pendiente en la región debido a problemas de conectividad aérea y marítima,

La cita también evaluará, entre otros, varios proyectos de cooperación para enfrentar el impacto del cambio climático, especialmente en el Caribe insular.  Al respecto, Aguilera reconoció que uno de los mayores obstáculos en ese sentido apunta a la escasez de presupuesto para atender las iniciativas en curso.

“Se trata de una tarea ardua, que está pendiente, y es una de las dificultades mayores con que se enfrenta la asociación, no sólo en este tema, sino en muchos otros”, señaló  ante una pregunta de IPS en una conferencia de prensa sobre la cumbre.

Editado por Estrella Gutiérrez

En la zona rural de Brito, en el departamento de Rivas, a 112 kilómetros al sur de Managua, comenzaron en diciembre de 2014 las primeras obras de infraestructura para el canal interoceánico de Nicaragua, con reparaciones de caminos de tierra para transporte terrestre. Desde entonces, las obras de infraestructura no han tenido más avances. Crédito: Ramón Villareal/IPS

Por José Adán Silva
MANAGUA, Apr 7 2016 (IPS)

Casi tres años después que Nicaragua entregara en concesión la construcción de un gigantesco canal interoceánico a la empresa china HKND Group, el megaproyecto aparece empantanado entre una severa sequía que amenaza los cuerpos de agua necesarios para la obra y su poco avance. 

La legislativa Asamblea Nacional aprobó en junio del 2013 la ley que otorga el derecho de construcción y la concesión del canal durante 50 años al grupo liderado por Wang Jing, un milmillonario empresario e inversor sobre cuyas finanzas existe una falta de trasparencia que también alimenta la incertidumbre.

Luego, en ceremonia formal de las autoridades nicaragüenses con representantes del grupo asiático, se inició en diciembre 2014 la reparación de caminos menores en Brito, en el suroccidental departamento de Rivas, donde la ruta acuática desembocaría en el océano Pacífico.“Los estudios del canal incluyen estos escenarios y otros peores de variabilidad climática, que establecen proyectos de reforestación de millones de hectáreas alrededor de las cuencas y la creación de lagunas artificiales que proveerían de agua la ruta del canal”: Kamilo Lara.

Esas vías terrestres eran necesarias para que en diciembre del 2015 comenzara allí la construcción de un complejo portuario.

En abril de 2016, nada más se ha construido de la enorme obra y de sus otros subproyectos: un aeropuerto internacional, dos puertos de aguas profundas, una zona franca industrial, un complejo turístico, bodegas y fábricas de materiales de construcción.

A nivel local, el portavoz nicaragüense de la Comisión Especial del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, Telémaco Talavera, aseguró a IPS que no hay atraso alguno en el proyecto y todo avanza conforme a los planes de HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development).

El también asesor presidencial, con rango de ministro, aseguró que un ejército de expertos internacionales trabaja arduamente en la elaboración de estudios técnicos y científicos para garantizar la calidad de la obra.

Talavera citó entre ellos: estudios arqueológicos, cartografía, geología, sismología, topografía, fotografía satelital, salinidad de las aguas, planes de mitigación y otros que son estudios complementarios al de Impacto Ambiental y Social de la obra, concluido en 2015.

El último esfuerzo visible se dio en marzo: Más de 15.000 piezas arqueológicas de la época precolombina encontradas en la ruta seleccionada para el canal por la zona del Pacífico fueron otorgados al Estado en un acto público en Managua.

A nivel internacional, el funcionario de HKND Group para obras del canal, Bill Wild, dijo al local El Nuevo Diario que en agosto o septiembre de este año será cuando comiencen las obras claves en el complejo portuario de Brito.

Según Wild, desde 2014 a la fecha la compañía ha avanzado en complejos estudios técnicos de ingeniería y diseños, contratando a empresas especialistas de todo el mundo para misiones específicas, antes de iniciar las labores de infraestructuras.

El canal uniría el océano Pacífico y el mar Caribe, con una vía bidireccional de 278 kilómetros de longitud, hasta 520 metros de ancho y una profundidad de hasta 30 metros.

La nueva vía atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca, también conocido como el lago de Nicaragua, y debería estar listo, según lo informado en 2013, a finales de 2019, a un costo superior a 50.000 millones de dólares, más de cuatro veces el producto interno bruto (PIB) del país.

El proyecto, insiste el gobierno, acabaría con la pobreza que afecta a más de 40 por ciento de la población de 6,2 millones de este país centroamericano, al aumentar el crecimiento económico local, de un promedio de cuatro por ciento del PIB de los últimos cinco años a más de 10 por ciento a partir de este año.

En el municipio de Moyogalpa, dentro de la isla de Ometepe en el lago Cocibolca, las lanchas locales tienen dificultades para navegar debido a la baja profundidad de sus aguas, por el impacto de la sequía que afecta a Nicaragua desde 2014. Crédito: Ramón Villareal Bello/IPS

En su sitio digital, HKND Group anuncia, entre otras gestiones, contrataciones de firmas internacionales para la obra, como a las especialistas en geología, datos y recursos, CSA Global (Australia) BMT Asia Pacific (Gran Bretaña), para desarrollar planes de operaciones del canal y sus puertos.

Sin embargo, dos factores oscurecen el entusiasmo por el proyecto: las noticias de las pérdidas financieras del multimillonario promotor de la obra y una severa sequía de tres años que mantiene casi innavegable al lago Cocibolca.

En 2015 medios especializados en operaciones bursátiles revelaron que Wang Jing, presidente y director ejecutivo de HKND-Group, habría visto reducir su fortuna personal de 10.200 millones de dólares a 1.100 millones, una pérdida estimada en aproximadamente 84 por ciento de su fortuna.

Sobre ese tema, ni el propio Wang Jing, ni HKND Group, ni la Comisión Especial del Gran Canal Interoceánico han emitido declaración alguna.

Lo anterior, sumado a la falta de información sobre los financiadores del capital de más de 50.000 millones de dólares del estimado costo de la obra, lleva a pensar a opositores al megaproyecto, como Octavio Ortega Arana, presidente de la Fundación de Municipios de Rivas, que no se cumplirán los plazos pautados.

“No le veo yo ningún avance al tal canal y pienso que más bien lo que el gobierno quiere es quedarse con las tierras valiosas de los campesinos, para negocios privados del partido sandinista y los familiares del presidente Daniel Ortega”, acusó el activista anticanal a IPS.

El mandatario gobernó el país entre 1985 y 1990, como líder del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el que retornó al poder en 2007 y volverá a ser candidato en los comicios de noviembre, gracias a una reforma de la Constitución que faculta la reelección presidencial permanente.

Para el activista Ortega Arana, otra situación que crea sombras sobre el proyecto y se suma a la resistencia de miles de familias asentadas en la ruta del canal, es la severa sequía que afecta al país desde 2014 y que ha impactado la navegabilidad del lago Cocibolca.

Informaciones periodísticas, boletines ecológicos, redes sociales y hasta autoridades nacionales han reconocido los devastadores efectos del cambio climático y la deforestación en los principales cuerpos de agua del país, incluyendo el lago Cocibolca y los ríos Brito, Las Lajas y San Juan, vitales en el desarrollo de la obra.

La estatal Empresa Portuaria Nacional admitió este mes que debido a la sequía que afecta al lago, las lanchas del transporte comercial han sufrido dificultades para atracar en los muelles dentro del lago, por la poca profundidad de sus aguas.

Ante ello, han recurrido a dragar algunas zonas aledañas a los puertos lacustres para permitir la navegación en barcos y lanchas de pequeño calado.

“Donde se supone que van a pasar grandes barcos de monstruoso calado, hoy por hoy no pueden navegar ni barquitos artesanales de madera”, alegó Ortega Arana.

Sin embargo, para funcionarios de la Comisión Especial del Gran Canal Interoceánico, como el ecólogo Kamilo Lara, el impacto ambiental de la sequía y décadas de reforestación de las cuencas del lago podrían revertirse con la ejecución de las obras de infraestructura y de mitigación ambiental del proyecto canalero.

“Los estudios del canal incluyen estos escenarios y otros peores de variabilidad climática, que establecen proyectos de reforestación de millones de hectáreas alrededor de las cuencas y la creación de lagunas artificiales que proveerían de agua la ruta del canal”, dijo Lara a IPS.

Para Talavera, de hecho, la salvación del lago comenzaría con la construcción de la obra. “Hoy más que nunca requerimos los recursos que va a aportar el Gran Canal Interoceánico para invertirlos en restaurar el medio ambiente y poder enfrentar los riesgos del cambio climático”, afirmó.

Editado por Estrella Gutiérrez

Interior de Texcin, la planta de confección del brasileño grupo Riachuelo, instalada en Paraguay, cerca del aeropuerto de Asunción, bajo su ley de maquila, que ofrece exenciones tributarias y otros incentivos a la producción destinada a la exportación. En primer plano una costurera en entrenamiento. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
ASUNCIÓN, Apr 7 2016 (IPS)

“Hubo casos de gente que dejó de venir a trabajar luego de recibir su primer sueldo y volvió algunos días después a preguntar si no había más  trabajo”, siguiendo la lógica de quien labora por cuenta propia que predomina en Paraguay, recordó Ivonne Ginard.

Como gerente de Recursos Humanos de la compañía textil Texcin, le tocó a Ginard reclutar los actuales 353 empleados y conducirlos en la transición del trabajo informal a las reglas de la producción industrial, como cumplir horarios, usar uniformes, cuidar la seguridad y justificar ausencias con certificados médicos.

Texcin, una empresa de confección instalada cerca del aeropuerto de Asunción, es emblemática del proceso de industrialización que vive Paraguay, de economía aún netamente agrícola, con gran producción de soja y carne de vacuno, y ciudades dominadas por actividades informales.

Se trata de una asociación de empresarios paraguayos con el grupo Riachuelo, líder de moda en Brasil donde posee 285 tiendas y dos plantas industriales, que decidió aprovechar los incentivos de la Ley de la industria maquiladora de exportación, vigente en Paraguay desde 2000, para producir allí su ropa y sustituir importaciones desde Asia.

La meta es doblar la cantidad de empleados al final de 2016 y seguir expandiéndose, ya que la empresa dispone de espacio para construir una nueva planta.

“Paraguay ofrece mano de obra abundante, joven y fácil de  capacitar, energía barata e incentivos fiscales tanto por la maquila como la Zona Franca, que permiten importar materia prima con arancel cero”, observó Andrés Guynn, socio paraguayo que dirige Texcin.

“Nuestra producción es competitiva con costos similares a los de Asia, con una gran ventaja de tiempo: mientras los productos chinos llevan 90 días para arribar a Brasil, los nuestros llegan en 72 horas a (la ciudad brasileña de) São Paulo por camión”, acotó.

“Bajo el régimen de maquila se instalaron 108 empresas en Paraguay, 62 en los últimos dos años, siendo 80 por ciento provenientes de Brasil”, destacó a IPS el director de Maquila del Ministerio de Industria y Comercio, Ernesto Paredes.

La maquila es como se conoce a las fábricas instaladas por empresas internacionales en un país, en general en zonas francas, para producir o ensamblar para la reexportación, con materias primas importadas exentas de aranceles, además de otros beneficios impositivos y tributarios, además de condiciones laborales flexibles.

La gerente de Recursos Humanos de Texcin, Ivonne Ginard (derecha), junto a la entrenadora de las trabajadoras textiles, Rosa Prieto. “Texcin cambió mi vida”, dijo Prieto, costurera informal durante 15 años, antes de entrar a la empresa en enero de 2015. Crédito: Mario Osava/IPS

“La industria maquiladora es dinámica, pero no admite la libertad sindical, no permitió la organización de sindicatos en sus plantas, violando derechos constitucionales”, denunció a IPS  como uno de los problemas del sector Julio López, presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora.

Autopartes es la principal rama, tanto por los ingresos como los empleos que genera la maquila en Paraguay, apuntó Paredes. Subrayó como factor  para la instalación de plantas en el país el de la implantación de los sistemas de entrega rápida y “just in time (justo a tiempo)”, desarrollados por la industria automovilística nipona.

La empresa japonesa Yasaki y la alemana Leoni son recientes conquistas de la maquila paraguaya, empleando a miles de personas, la casi totalidad mujeres, en la producción de cableados para vehículos.

Además de autopartes, Paraguay cuenta desde el 28 de marzo con su primera ensambladora de automóviles. El grupo nacional Reimplex empezó a montar autos J2 de la marca china JAC Motors en la periferia de Asunción.

Las firmas de confección también ya ocupan mucha mano de obra femenina y está en expansión la industria de plásticos en el departamento oriental de Alto Paraná, en la frontera con Brasil, realzó Paredes.

La mano de obra barata, “no tanto por sueldos nominales, sino por los bajos encargos sociales”, y los bajos impuestos son atractivos especialmente para las empresas brasileñas. A eso se agrega la energía eléctrica, 63 por ciento más barata que en Brasil, según el responsable del sector maquilero.

Una limitación es la infraestructura de transportes y energía. “Faltan rutas, puertos, caminos, inmuebles, aunque Paraguay viene invirtiendo mucho en aeropuertos, hoteles y edificios de oficinas”, reconoció.

Una solución será doblar la vía entre Asunción y Ciudad del Este, los dos principales polos económicos del país. Pero el plan no es ampliar la carretera existente, sino “construir una segunda carretera exclusiva para camiones, para el comercio”, así como el segundo puente a Brasil, anunció Paredes.

Depósito de telas de Texcin, detrás del cartel anunciando la ampliación de la planta industrial de la empresa brasileña con socios de Paraguay, instalada en las cercanías de Asunción. Crédito: Mario Osava/IPS

Otra vía para transporte de cargas pesadas y voluminosas, la Hidrovía Paraguay-Paraná, por donde se exporta soja y sus derivados también necesita inversiones. “Una mejor señalización doblaría su capacidad”, acelerando la navegación, aseguró a IPS el investigador Gustavo Rojas, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).

Este país de 6,8 millones de habitantes tiene la tercera mayor flota de barcazas del mundo y dispone de astilleros para construirlas, lo que favorece un incremento del transporte fluvial, enfatizó Paredes.

La electricidad es, potencialmente, la mayor ventaja comparativa de Paraguay, ya que el país es dueño de mitad de la energía de las grandes centrales hidroeléctricas de Itaipú, compartida con Brasil, y Yaciretá, en la frontera con Argentina, con capacidades respectivas de 14.000 y 3.200 megavatios.

Pero solo pasó a disponer de parte de esa energía al concluirse la línea de transmisión de Itaipú a Villa Hayes, cerca de Asunción, en octubre de 2013, una obra financiada por un fondo de Brasil destinado a reducir las asimetrías en el desarrollo de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), que también integran Argentina, Uruguay y Venezuela.

Sin una red de distribución adecuada, sin embargo, el repentino aporte de electricidad no eliminó problemas como el apagón de febrero, que dejó 300.000 domicilios sin luz en la Gran Asunción.

“Es cuestión de tiempo”, para que mejore la seguridad energética, confía Guynn, que trató de ubicar su empresa cerca de la línea de transmisión.

El problema es que la estatal Administración Nacional de Electricidad no tiene capacidad de inversión, por eso “no hay distribución segura”, advirtió Fernando Masi, director y fundador de Cadep, un centro de investigación y promoción de políticas públicas, además de estudios de posgrado en economía.

De todas formas, la amplia disponibilidad de energía es un factor nuevo para la atracción de industrias a Paraguay, ya que otras ventajas, como bajos costos laborales y tributarios ya existían antes.

La energía barata sedujo incluso al grupo Rio Tinto, un gigante angloaustraliano de minería, que estudió la posibilidad de producir aluminio en Paraguay, aunque tuviese que traer de muy lejos la bauxita, su materia prima. Ello porque la electricidad es el principal costo de esa industria.

Una gran campaña en contra, que obtuvo más de 100.000 firmas, logró rechazar el proyecto, que “consumiría más energía que toda la industria nacional”, exigiendo subsidios y empleando poca gente, sostuvo a IPS la ingeniera Mercedes Canese,  viceministra de Energía del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).

La verdad es que el proyecto Rio Tinto se inviabilizó porque “China empezó a producir aluminio muy barato, a 1.200 dólares la tonelada, un costo 40 por ciento más bajo que acá, y “Paraguay no puede darse el lujo de subsidiar la energía”, matizó el ingeniero Francisco Scorza, estudioso del tema.

La opción por atraer pequeñas y medianas industrias es mejor para el desarrollo y el empleo, pero la maquila tiene límites. La industria de autopartes, por ejemplo, está limitada a hacer cableados, “porque no hay un acuerdo bilateral con Brasil sobre la industria automotriz”, observó Masi.

Brasil exige que se interrumpa la importación de automóviles usados, un precio “muy costoso para Paraguay”, con una gran flota de vehículos japoneses usados, conocidos como los “Vía Chile”, por usar ese país como ruta para acceder al mercado paraguayo.

La exportación de la industria de maquila alcanzó solo 284 millones de dólares en 2015, muy poco en relación a los 3.000 a 3.500 millones de dólares de toda la industria, comparó Masi.

La industrialización paraguaya “despegó, pero no en el ritmo acelerado que se esperaba”, concluyó, señalando que mejorar la infraestructura energética y logística puede ayudar.

Editado por Estrella Gutiérrez

Participantes de un reciente taller sobre cooperación Sur-Sur en Xiamen, China. Crédito: Pratyush Sharma / IPS

Por Pratyush Sharma
NUEVA DELHI, Feb 22 2016 (IPS)

El poder de China en la cooperación Sur-Sur (CSS) radica en la realización de proyectos de infraestructura de magnitud en diversos países en desarrollo.

Esa cooperación es notable en función de la escala, la velocidad y la rentabilidad de los proyectos, y ejerce una función positiva en la promoción de la construcción nacional, el desarrollo económico y el progreso social de los países socios.Cuando China presta ayuda adhiere a los principios de no injerencia en los asuntos internos de su socio, de no condicionalidad - económica y política - y de respeto del derecho del socio a elegir independientemente su propio camino y modelo de desarrollo.

Sin embargo, la rápida conclusión de los proyectos de infraestructura de China también tiene sus problemas, como el escaso o nulo papeleo que provoca falta de transparencia, de supervisión y de seguimiento posterior al proyecto.

Los medios de comunicación internacionales denuncian que la reacción en contra de los trabajadores chinos que emplean las empresas chinas en los países en desarrollo genera escaramuzas con la población local, corrupción y robo de recursos.

Otra característica importante de la CSS de China es su carácter intergubernamental e impulsado por la demanda. Sin embargo, esto también generó el reclamo de que los proyectos de desarrollo en los países socios se realizan a pedido de las élites políticas, más que de la población general.

China es consciente de estas acusaciones. Tomó medidas para reparar su imagen y pretende adoptar un enfoque más inclusivo para su CSS, como la búsqueda de la valoración social de sus proyectos de infraestructura, la elucidación de los resultados y no solo del producto.

Los proyectos chinos no sólo aspiran a generar puestos de trabajo locales – el producto -, sino que también les importa la naturaleza de los empleos – el resultado – que generan para los habitantes de los países socios.

Entre otros resultados se incluirían la paridad de género y la paridad salarial de la mano de obra hasta el momento en que la gestión del proyecto esté en manos chinas. China también presta más atención a la creación de capacidad y la “ayuda directa” – becas -, está más dispuesta a trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil y se concentra en el desarrollo de recursos blandos.

China alienta a sus empresas estatales a llevar a cabo evaluaciones de impacto social y ambiental y a asumir una mayor responsabilidad social para mejorar la transparencia de la gestión. Es más dispuesta a coordinar con partes interesadas internacionales para la realización de su trabajo de desarrollo en el Sur global.

Dos ejemplos son la coordinación que se produjo entre los trabajadores de asistencia humanitaria chinos y los equipos de las organizaciones humanitarias multilaterales en las secuelas del ciclón Komen, que pasó por Birmania en 2015, y los esfuerzos coordinados de los expertos chinos con sus homólogos franceses y japoneses en los proyectos de restauración de los templos de Angkor en Camboya.

La igualdad y el respeto mutuo son los valores fundamentales. Cuando China presta ayuda adhiere a los principios de no injerencia en los asuntos internos de su socio, de no condicionalidad  – económica y política – y de respeto del derecho del socio a elegir independientemente su propio camino y modelo de desarrollo.

China brinda asistencia en la medida de sus posibilidades a otros países del Sur global en el marco de la CSS para apoyar y ayudar, especialmente a los países de menor desarrollo, con la reducción de la pobreza y la mejora de los medios de vida.

Por ejemplo, el proyecto TAZARA, el enlace ferroviario entre Dar-es-Salaam en Tanzania y Kapiri en Zambia fue construido por China a pedido de los gobernantes de los países respectivos por un valor de 500 millones de dólares.

El proyecto fue considerado inviable económicamente por los prestamistas de Occidente cuando Julius Nyerere (1964-1985) de Tanzania se acercó a Occidente para ayudar a reducir la dependencia económica zambia de Rhodesia – la actual Zimbabwe – y Sudáfrica mediante esta línea ferroviaria.

En la cumbre 2015 del Foro China-África, Beijing identificó cinco pilares de la cooperación bilateral en 10 áreas principales. Entre ellos se encuentran la consolidación de la confianza política, la búsqueda de la cooperación económica de beneficio mutuo, la mejora de los intercambios, el aprendizaje cultural, la ayuda en seguridad y la consolidación de la unidad y la coordinación en asuntos internacionales.

Los 10 sectores identificados para la cooperación de prioridad son muy diversos e incluyen a las áreas de la industrialización, la modernización de la agricultura, la infraestructura, los servicios financieros, el desarrollo ecológico, la facilitación del comercio y la inversión, la reducción de la pobreza, la salud pública, los intercambios de pueblo a pueblo, y la paz y la seguridad.

Los proyectos chinos, especialmente en África, se vieron envueltos en diferentes controversias y recibieron mala prensa, internacional y local. China ha incluido a la justicia, la apertura, la integración y la sostenibilidad como nuevos pilares y a las cuestiones de seguridad y terrorismo como nuevos sectores en la CSS.

Beijing negoció recientemente la reconciliación entre el gobierno de Afganistán y el movimiento extremista Talibán. Además, la cooperación triangular para el desarrollo propuesta entre China y Francia, y entre China y Gran Bretaña específicamente para el desarrollo de África, es un fenómeno inusitado y que habrá que ver cómo evoluciona. Esta propuesta en particular fue recibida tibiamente por los gobernantes africanos.

En este sentido, el papel de plataformas como la Red de Investigación para el Desarrollo Internacional de la Universidad Agrícola China adquiere un significado especial ya que intenta llenar el vacío de conocimientos con el intercambio de saberes sobre el desarrollo internacional con individuos e instituciones de renombre, tanto del territorio chino como del exterior.

Su objetivo es el desarrollo de una base de conocimientos sobre el desarrollo internacional en China, para facilitar el intercambio entre Beijing y la comunidad internacional para el desarrollo. Un foro homólogo de India sobre Cooperación para el Desarrollo, creado en 2013, aplicó una postura inclusiva similar.

Los puntos fuertes de China en la CSS son el establecimiento de prioridades para ayudar al pago y la realización mediante la transparencia y el seguimiento posterior al proyecto. La financiación de los proyectos de infraestructura la realiza principalmente el banco China Exim Bank, que también ofrece préstamos en condiciones favorables para la construcción de la infraestructura y el apoyo a la comercialización de los productos chinos.

El China Exim Bank aplica cada vez más una estructura de negocios – conocida como el “modo Angola” o de “recursos para la infraestructura” – por la cual el pago del préstamo para el desarrollo de la infraestructura se hace con recursos naturales, por ejemplo, petróleo.

En promedio, los préstamos chinos se ofrecen a un tipo de interés de 3,6 por ciento con un período de gracia de cuatro años y un vencimiento a 12 años. En general, esto equivale a un componente de donación de alrededor de 36 por ciento, lo que califica como préstamo en condiciones favorables de acuerdo con las definiciones oficiales.

Sin embargo, la variación de estos parámetros es considerable, según los países. La tasa de interés varía de 0,25 por ciento al seis por ciento, con un período de gracia de dos a 10 años, con vencimientos de 5 a 25 años y un elemento global de donación de 10 a 70 por ciento.

Traducido por Álvaro Queiruga