Dos chimeneas queman gas, a la izquierda de la imagen, en la refinería de Tula, en el estado de Tulio, colindante con Ciudad de México. La quema y venteo de gas en instalaciones del grupo estatal Pemex incrementa las emisiones de metano en México. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Jul 5 2017 (IPS)

México transita hacia la explotación comercial del gas de lutitas, también conocido como de esquisto, con su inclusión en dos subastas de 24 bloques hidrocarburiferos, al mismo tiempo que el país padece dificultades para evitar y reducir las emisiones del metano de la industria.

La crecient salida a la atmósfera de este gas, mucho más contaminante que el dióxido de carbono (CO2) y cuyas emanaciones se producen a lo largo de toda la cadena de producción, amenaza incluso las metas climáticas adoptadas por México dentro del Acuerdo de París, destinado a contener el recalentamiento planetario.

“El gas shale (el vocablo inglés para las lutitas) es lo último que queda después de explotar los yacimientos fáciles de acceder y el que tiene mayores costos económicos, ambientales y energéticos. Es prácticamente imposible que un pozo no contamine”, dijo a IPS el investigador Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitió el 22 de junio la resolución sobre dos convocatorias de subasta de 24 bloques de gas y petróleo, que incluyen por primera vez reservas de esquisto y están localizados en cinco cuencas del norte, sureste y sur del país. Las licitaciones se realizarán el 12 de julio y los campos ofertados totalizan reservas estimadas en 335 millones de barriles (de 159 litros) equivalentes.

Para el gobierno, excluir de la producción los hidrocarburos no convencionales equivaldría a una apertura parcial del sector de la energía, dadas las necesidades gasíferas del país, especialmente en el área industrial.

La reforma energética de México, vigente  desde agosto de 2014, abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de los hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

En los depósitos de gas de lutitas, la molécula del hidrocarburo está atrapada en esas rocas sedimentarias muy profundas, que requieren para perforarlas la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, considerados nocivos para la salud y el ambiente.

El gas y el petróleo se liberan mediante esa técnica de fractura hidráulica (fracking, en inglés), que deja masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

México, potencia en esquisto

La estadounidense Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas de lutitas técnicamente recuperables, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, con un volumen de 545 billones (millones de millones) de pies cúbicos, en un análisis sobre 137 depósitos en 41 países. En petróleo de esquisto, el país ocupa el séptimo puesto.

Pero la CNH maneja estimaciones de reservas probables más moderadas, del orden de 81 billones de pies cúbicos.

“La regulación existente está basada en las mejores prácticas, pero se ha abandonado la filosofía de la protección ambiental. La explotación ahonda la inequidad en las externalidades negativas, como el impacto ambiental. Es una imprudencia subastar campos sin disponer de una debida evaluación de sus impactos ambientales y sociales”, señaló a IPS el investigador Ramón Torres,  del Programa de Estudios del Desarrollo, también de la UNAM.

En marzo, la estatal Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, responsable de vigilar la operación del sector de hidrocarburos, publicó un paquete de disposiciones sobre la exploración y extracción de las reservas no convencionales.

Esa regulación identifica riesgos por derrames del fluido de fracturación, aumento en la demanda de agua, contaminación causada por fugas de metano u otros compuestos orgánicos volátiles provenientes del pozo, polución ocasionada por liberación de sustancias y por la inyección de fluido de retorno y agua congénita, que regresan de la perforación.

Las normas señalan que el fluido utilizado en el fracking retorna en proporciones de 15 a 80 por ciento, según el pozo. En cuestión de polución atmosférica, cita la emisión de óxidos de nitrógeno, benceno, tolueno, metano y carbón negro.

Al respecto, impone medidas a las empresas como verificar la integridad del pozo, aplicar procedimientos para la prevención de fugas de gases, revelar la composición de los fluidos de perforación. También prohíbe el venteo de gas y restringe su quema.

Desde 2003, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perforado mediante fractura hidráulica –una técnica no usada solo para el esquisto- al menos 924 pozos en seis de los 32 estados del país, según datos de la no gubernamental CartoCrítica. De ellos, al menos 28 se confirmó que son de crudo no convencional.

Emisiones de gas

En ese contexto,  México enfrenta problemas para reducir las emisiones de metano.

En 2013, el país lanzó a la atmósfera 126 millones de toneladas, de las cuales 54 millones provinieron del sector agropecuario, 31 millones, del petróleo y gas, 27 millones, de residuos.  El resto se originó en generación eléctrica, la industria y la deforestación. El uso de gas para generación eléctrica aportó al menos 0,52 millones de toneladas.

En total, la segunda economía de América Latina emitió 608 millones de toneladas de CO2 durante ese año.

Pemex Exploración y Producción, filial del grupo estatal,  indicó que en 2016 sus emisiones de metano totalizaron 641.517, 36 por ciento más que el año previo.

La extracción en aguas marinas poco profundas aportó 578.642 toneladas, en campos terrestres, 46.592; el almacenamiento y distribución de hidrocarburos, 10.376; en campos de gas no asociado al petróleo, 5.848, en campos no convencionales, 57 toneladas.

Desde 2016,  Pemex cambió la forma de reportar el CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), pues previamente lo hacía por regiones productivas, lo cual dificulta el análisis comparativo.

Un año antes,  la Región Marina Noreste, que abarca el golfo de México y donde están los mayores yacimientos petroleros marinos, contribuyó con 287.292 toneladas.

Las emisiones se contrajeron presumiblemente a causa de la reducción de la producción de hidrocarburos, debido a la baja internacional de los precios y la caída de recursos financieros de Pemex.

Pero entre 2012 y 2014 las emisiones aumentaron 329 por ciento, al saltar de 141.622 toneladas a 465.956, presuntamente por el incremento del venteo y quema de gas (asociado o no a los pozos de crudo), al carecer Pemex de la tecnología necesaria para capturar el gas.

La reducción de esa práctica llevó a Pemex a bajar ese nivel de 2009 a 2011, luego de que los GEI crecieron entre 2007 y 2009.

Para Ferrari, es un problema técnico y económico. “El primer paso es evitar el venteo”, pero ese requiere de inversión, planteó el experto.

En 2015, México quemó 5.000 millones de metros cúbicos, que lo sitúa en el octavo puesto mundial, el mismo que en la intensidad del venteo, la relación entre los metros cúbicos de gas quemados por barril de petróleo producido.

Así lo afirman cifras de la Asociación  Mundial para la Reducción de la Quema de Gas, promovida por el Banco Mundial con la meta de erradicar esas prácticas para 2030.

México es uno de los 24 gobiernos que forman parte de la iniciativa, junto a Guyana Francesa y Perú por América Latina, respaldada también por 31 empresas petroleras –donde no está Pemex- y 15 instituciones financieras multilaterales. El Banco Mundial publicará este año el primer informe sobre la quema y venteo del gas.

Torres y Ferrari coincidieron en que el volumen de gas aportado por la fractura hidráulica no bastará para cubrir la demanda interna.

“El volumen susceptible de explotación es reducido e insuficiente”, aseguró Torres. Cálculos de Ferrari indican que la obtención de gas alimentaría solo 10 meses de consumo interno.

En mayo, México produjo 5.299 millones de pies cúbicos por día de gas e importó 1.790 millones. Mientras, extrajo 2,31 millones de barriles diarios de petróleo.

Ese mismo mes, la Secretaría (ministerio) de Energía actualizó el Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 y fijó como nueva meta subastar reservas por casi 31.000 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos no convencionales.

Editado por Estrella Gutiérrez

La primera central nuclear de las tres existentes en Argentina, Atucha I, situada a 100 kilómetros de Buenos Aires. China está dispuesta a financiar 85 por ciento de la construcción de otras dos, con un costo previsto de 14.000 millones de dólares. Crédito: CNEA

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 23 2017 (IPS)

Dos nuevas centrales nucleares, a un costo de 14.000 millones de dólares, le darán un nuevo impulso a la relación de Argentina con la energía atómica, iniciada hace más de 60 años. El impactante anuncio lo realizó el presidente Mauricio Macri desde China, que aportaría los recursos para financiar  85 por ciento de las obras.

Sin embargo, y más allá de que rápidamente comenzó a organizarse un movimiento social de rechazo a las centrales, el proyecto parece tener un importante obstáculo a superar.

Se trata de las condiciones del gobierno chino, que amenaza con dejar sin efecto este y todo el resto de de sus planes de inversión en Argentina si no se concreta el contrato ya firmado para la construcción de dos gigantescas represas hidroeléctricas en el extremo sur de la región de la Patagonia, que hoy están en compás de espera por decisión de la Corte Suprema de Justicia.“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”: Dante Sica.

Junto a Brasil y México,  Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que ha desarrollado energía nuclear.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue fundada en 1950 por el entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y el país inauguró su primera central nuclear, Atucha I, en 1974. El desarrollo de este tipo de energía fue frenado luego de la última dictadura militar (1976-1983) por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) hasta que fue retomado durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007).

De acuerdo al anuncio realizado por Macri en mayo, durante su visita a Bejing, en enero próximo comenzará la construcción de Atucha III, con una potencia de 745 megavatios (MW), que se emplazará a 100 kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de Lima.

Allí están Atucha I y II, dos de las tres centrales nucleares ya existentes en el país, mientras la otra, llamada Embalse, está situada en la central provincia de Córdoba.

La quinta central nuclear, de 1.150 MW, comenzaría a hacerse realidad  en 2020 y estaría en algún lugar todavía no precisado de la provincia de Río Negro, en el norte de la sureña Patagonia.

Actualmente,  la energía nuclear aporta cuatro por ciento de la energía eléctrica argentina, terreno en el que dominan las centrales térmicas alimentadas a gas natural y petróleo (64 por ciento) y las centrales hidroeléctricas (30 por ciento), según cifras del Ministerio de Energía. Las fuentes renovables solo significan dos por ciento, aunque el gobierno busca expandirlas.

Más allá de diversificar la matriz energética,  las proyectadas centrales nucleares e hidroeléctricas se enmarcan dentro de una ambiciosa estrategia que  Argentina puso en marcha hace ya varios años: la de potenciar su relación económica con China, de la que espera que le compre cada vez más alimentos y le envíe cada vez más inversiones.

Durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo,  Macri se mostró entusiasmado acerca del rol que el gigante asiático puede jugar  en este país sudamericano.

“China es un socio absolutamente estratégico. Este será el principio de una época maravillosa entre ambos países. Debe haber pocos países en el mundo más complementarios que Argentina y China”, dijo Macri en Beijing  ante empresarios de los dos países.

El presidente argentino, Mauricio Macri, durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo, donde anunció la construcción de dos plantas para producir energía nuclear. Argentina, Brasil y México son los tres países latinoamericanos que desarrollan la controversial energía atómica. Crédito: Presidencia argentina

“Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en una plazo de cinco a ocho años”, afirmó Macri, quien precisó que espera de China inversiones en “rutas, puentes, energía, puertos, aeropuertos”.

El acercamiento entre Argentina y China comenzó hace más de 10 años y tuvo un fuerte impulso en 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández(2007-2015) recibió a su par Xi Jiping en Buenos Aires y firmaron varios acuerdos.

Entre ellos se incluían desde la construcción de las represas patagónicas hasta inversiones en la modernización del ferrocarril Belgrano, que transporta mercancías desde el norte del país hacia el occidental puerto fluvial de Rosario, con acceso al océano Atlántico y desde donde se embarcan para la exportación.

Este último contrato está en plena ejecución, ya que el 22 de junio llegaron a Buenos Aires 18 nuevas locomotoras chinas.

La relación entre la potencia asiática y este país sudameriano, de todas maneras, no está exenta de riesgos para Argentina, según advierte los expertos.

“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”, dijo a IPS el economista Dante Sica, exsecretario de Comercio e Industria de la Nación en el bienio 2002-2003.

“Así como ellos son compradores de alimentos, también quieren vender sus productos y generan tensión sobre la estructura industrial argentina. De hecho, nuestro país hace varios años que tiene déficit comercial con China”, agregó.

El especialista en Relaciones Internacional Roberto Adaro, del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, dijo a IPS que “Argentina puede sacar ventajas de su relación con China si tiene claro sus intereses. Debe hacer hincapié en la complementariedad y no dejar que los chinos inunden nuestro mercado local con sus productos”.

Adaro rescató como positiva la decisión de apostar a la energía nuclear por “la importancia de diversificar la matriz energética” y porque la construcción de este tipo de centrales “generan inversión y puestos de trabajo también en otros sectores de la economía”.

Sin embargo,  existe una piedra en el zapato en el vínculo chino-argentino en el tema nuclear que es el proyecto hidroeléctrico.

Se trata de dos gigantescas centrales, a un costo de casi 5.000 millones de dólares y con una potencia proyectada de 1.290 MW, a instalarse sobre el río Santa Cruz, que nace en el extraordinario Parque Nacional Los Glaciares, en el sur patagónico, y discurre hacia el océano Atlántico.

En diciembre, cuando la obra parecía lista para arrancar, la Corte Suprema de Justicia aceptó el amparo que introdujeron dos organizaciones ambientalistas, al considerar que no hubo un adecuado estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó no comenzar los trabajos.

En respuesta, los tres bancos estatales chinos que financian los dos proyectos,  dijeron que pondrían en funcionamiento una cláusula de incumplimiento cruzado, por la cual cancelarían el resto de las inversiones si no se hacen las represas.

Para construir las dos plantas se formó un consorcio de tres empresas chinas y una argentina, pero tras ganar la licitación en 2013 la construcción no ha comenzado.

Apurado ante la exigencia china, el gobierno hizo público el 15 de junio un nuevo estudio de impacto ambiental y llamaría en las próximas semanas a una audiencia pública para debatirlo, de manera que el máximo tribunal del país autorice el comienzo de las obras.

Al rechazo de ecologistas a las represas, en el horizonte se avizora el que despiertan las centrales nucleares, que ya han movilizado a activistas sociales y ambientales de Río Negro, que en las últimas semanas han realizado asambleas en distintos puntos de la provincia y exigen una consulta popular sobre la que se instalaría allí.

Incluso han generado un inusual conflicto con la vecina provincia de Chubut, cuyo parlamento  aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a las plantas nucleares.  El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, pidió a los chubutenses “que no se entrometan”.

“Argentina tiene que darse un debate serio sobre lo que significan estas centrales, en un momento en que el mundo está abandonando este tipo de energía. Necesitamos saber, entre otras cosas, cómo se va a conseguir el uranio que se necesita como combustible”, dijo a IPS el  director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli.

Hoy Argentina importa el uranio que utilizan sus centrales nucleares pero ambientalistas temen que se busque reactivar la producción local que fue abandonada hace más de 20 años.

Editado por Estrella Gutiérrez

La productora Hortensia Martínez, en uno de los corrales para la cría de cerdos en la finca La China, en las afueras de La Habana. Las excretas porcinas sirven para la producción de biogás en cada vez más instalaciones de Cuba dedicadas al este rubro, incluso en el ámbito doméstico. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 16 2017 (IPS)

Un popular dúo musical llama a declarar al cerdo “mamífero nacional”, en una canción humorística sobre el protagonismo en la vida de Cuba de este animal, considerado un salvamento alimenticio desde que en 1991 comenzó la crisis económica que aún perdura.

Entonces, para subsistir, muchas familias urbanas hasta criaron  “puercos” en lugares como bañeras y pasillos sanitarios. Actualmente,  la de cerdo es por varios factores la carne más producida y consumida, aunque las 194.976 toneladas obtenidas en 2016 no satisfacen la demanda de los 11,2 millones de habitantes de este país insular caribeño.

La persistencia de la cría porcina hasta en corrales en los patios traseros de las casas rurales y también urbanas, para el autoconsumo y la venta del excedente, tiene un lado oscuro en su efecto muy contaminante, que durante años estuvo poco regulado.

Por ello, las autoridades intentan frenar la mala disposición de las aguas residuales con la exigencia de construir sistemas de tratamiento, en especial biodigestores, unos contenedores herméticos donde se acumulan y tratan residuos orgánicos para transformarlos en gas metano y fertilizantes.

“Somos uno de los mayores contaminantes dentro de la agricultura”, informó María Tamara Cruz, especialista en gestión ambiental y cambio climático del Centro de Promoción y Desarrollo del Biogás (CPDB), sobre el rubro con predominio del sector cooperativo y privado con 3.370 productores y apenas 129 granjas porcinas estatales.

Se despliegan “acciones desde 2013 para contribuir a minimizar los impactos ambientales que estos productores pudieran hacer al ambiente. De hecho, respondemos al programa nacional de erradicación de focos contaminantes”, añadió a IPS.

“Están identificados en un mapa todos los productores”, explicó la investigadora del centro adscrito al estatal Instituto de Investigaciones Porcinas. No obstante, evaluó que se necesita “hacer un control más riguroso y una revisión a nivel nacional, ver lo que se ha hecho y qué falta por hacer, para ponerlo en el plan de inversiones del país”.

Las medidas incluyen un control mayor sobre la veda de la porcicultura en lugares “cercanos a fuentes de abasto de agua a la población, así como a bahías y cuencas de interés nacional”, apuntó, sobre la protección del recurso escaso del agua en un país que atraviesa desde 2014 una prolongada sequía.

Además,  la vigilancia arrecia para los criadores que de alguna manera tributan a cuencas de menor relevancia y hoy están identificados en los alrededores de 101 fuentes de agua del país.

“Hoy la mayoría de los productores están abocados a construir sus biodigestores”, indicó Cruz, que recorre las comunidades rurales observando la porcicultura. “La norma vigente orienta que el biodigestor trata 80 por ciento del agua residual porcina y el resto debe ir a una laguna de oxidación”, detalló.

Además de priorizar la generación de biogás, se establecen y combinan otras formas de tratamiento como las lagunas artificiales aeróbicas y los lechos de secado para que los productores construyan un sistema contra los vertimientos ajustado a su situación y diseñado por especialistas.

“Con (las excretas de) 10 cerdos ya se puede alimentar un biodigestor pequeño que dé el combustible para cocinar desayuno, almuerzo y cena en una casa con tres o cuatro personas aproximadamente”, puso como ejemplo Cruz.

Acotó que algunas familias campesinas obtienen con menos animales el biogás necesario para cocinar.

El biodigestor instalado en la finca La China, cerca de la capital de Cuba. En esos contenedores cerrados se acumulan los desechos de los cerdos, que al fermentar producen biogás para cocinar y otros usos domésticos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Al cierre de 2016, el CPDB registró 3.246 biodigestores en cooperativas y campesinos independientes, aunque existen otros en entidades del ejército, policía, el grupo empresarial estatal azucarero Azcuba y en patios de hogares de personas que lo instalaron por iniciativa propia.

La meta es lograr un crecimiento hasta 2020 de 1.000 nuevos biodigestores por año.

“Tenemos un programa amplio para el desarrollo de la producción de biogás, pero no tenemos la garantía de equipos suficientes para explotar todo el gas de nuestras instalaciones”, reveló Yasser Miguel Díaz, director del CPDB. Hoy se aprovecha apenas “50 por ciento del biogás que se produce”, precisó a IPS.

Díaz calculó que el aprovechamiento actual evita la emisión diaria de más de 15.000 toneladas de dióxido de carbono.

En la periferia de La Habana, la finca La China, de siete hectáreas en usufructo, cuenta desde el pasado año con 22 metros cúbicos de biogás para cocinar los almuerzos de los siete trabajadores y el alimento animal. Incluso el combustible alcanzará para abastecer la casa familiar que casi se termina de construir y cinco hogares vecinos.

“Ahora es obligatorio el biodigestor o la laguna de oxidación para tener la licencia de producción de cerdos y poder mantener convenios con la empresa estatal”, aseguró Hortensia Martínez, la jefa de la finca La China junto a su esposo, Guillermo García, que es el titular del usufructo del terreno estatal firmado en 2009.

Esta ingeniera mecánica devenida agricultora se refiere a los contratos que empresas estatales firman con privados para elevar la reproducción y producción porcina.

A través de estos convenios, la parte estatal garantiza en pienso industrial 70 por ciento de alimentación necesaria para la ceba de ejemplares y los privados siembran y elaboran 30 por ciento. También existen acuerdos para la reproducción de crías hasta el destete. Ambos incluyen la compra de cerdos cebados y crías en destete.

Esa es la única vía legal para que los productores accedan a alimento animal industrial, en un país de economía todavía muy estatizada, pese a medidas descentralizadoras del gobierno de Raúl Castro, en el poder desde 2008.

Las autoridades “nos pusieron un plazo para construir el biodigestor y la cooperativa nos dio facilidades para comprar los materiales de la construcción”, reveló Martínez, que trabaja sin descanso en la diversificación de su finca, el cierre de ciclos productivos, el logro del autoabastecimiento y el aporte de beneficios a la asociación que integran.

“Estamos haciendo un trabajo para ver cómo llevar el biogás a través de mangueras a las cinco casas vecinas, en las que hoy cocinan con gas licuado, electricidad o no tienen con qué hacerlo”, dijo Martínez a IPS sobre la iniciativa apoyada por la organización no gubernamental Justicia Alimentaria Global, con base en España, y entidades locales.

Concentrada en manos estatales hasta la depresión económica, un nuevo paradigma de producción porcina se consolida desde entonces en Cuba, con base en los pequeños productores privados, explicó Joaquín Díaz, el jefe de producción y comercialización porcina en el estatal Grupo Empresarial Ganadero.

“Debemos seguir perfeccionando este cambio de paradigma y defenderlo para el futuro”, valoró a IPS el ingeniero agropecuario, que lo calificó de “más eficiente, dedicado, a menor escala, de manejo más viable y por tanto sostenible”.

Por la baja producción de otras carnes en la isla caribeña, Díaz indicó que se necesitan más de 500.000 toneladas anuales de cerdo para satisfacer la demanda, con un crecimiento sostenido de 10.000 toneladas por año.

El municipio de Placetas, en el centro cubano, se erige como el mayor productor con 7.000 toneladas de carne porcina obtenidas en 2016. Y este año comenzó un proyecto ambicioso que aspira a echar a andar en 2019 el primero biodigestor conectado a la red nacional de generación eléctrica.

“Se piensa crear hasta un sistema de recolección local de excreta” de 60.000 cerdos, detalló a IPS el técnico Jesús Ramírez, del estatal Grupo de Producción Porcinadel municipio.

Editado por Estrella Gutiérrez

Planta de carbón europea. Crédito: Bigstock

Por Rabiya Shabeeh
ABU DHABI, May 29 2017 (IPS)

¿Es necesaria la presencia de la industria de combustibles fósiles en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? ¿O su participación en las conversaciones  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa un conflicto de intereses y socava el progreso mundial?

Los países en desarrollo que pretenden que los grupos de presión de los combustibles fósiles que participan de las negociaciones de la 23 Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) declaren sus conflictos de interés ganaron una importante batalla durante un acuerdo firmado en una sesión preliminar celebrada a principios de este mes en Bonn, Alemania.Los representantes de las industrias de combustibles fósiles tienen una fuerte representación en las asociaciones que participan en las negociaciones climáticas de la ONU.

Un informe de Corporate Accountability International (CAI), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se dedica a denunciar los abusos de las empresas, reveló que los representantes de las industrias de combustibles fósiles tienen una fuerte representación en las asociaciones que participan en las conversaciones climáticas de la ONU.

Aunque las empresas no pueden participar en las negociaciones directamente, las asociaciones empresariales e industriales emplean tácticas encubiertas para frenar políticas climáticas clave, sostiene el informe.

La CMNUCC permite a las organizaciones con “estado de observador”, como la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos, FuelsEurope, la Asociación Mundial del Carbón y el Consejo Empresarial de Australia – que incluye a las petroleras Shell, ExxonMobil y BP, entre otras -, estar presentes en reuniones donde los delegados discuten opciones políticas para evitar desastres climáticos.

Estas organizaciones representan a corporaciones que han negado sistemáticamente el cambio climático y que tienen una cartera que incluye décadas de lucrar a expensas del planeta.

El Acuerdo de París contra el cambio climático comprometió a los Estados a mantener el calentamiento global “muy por debajo de los dos grados Celsius”, pero también a “proseguir los esfuerzos” para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados para 2018.

“Una política transparente y claramente definida es esencial si queremos proteger realmente el espíritu y los objetivos del Acuerdo de París, y si hemos de tener la oportunidad de luchar para limitar el cambio climático a menos de dos grados”, escribió Mrinalini Shine, investigadora de Derecho Ambiental de la alemana Universidad de Colonia.

Muchos países del Sur en desarrollo – que representan colectivamente casi 70 por ciento de la población mundial – han luchado para incorporar una política de conflicto de intereses en la convención, por la cual estos grupos estarán legalmente obligados a declarar todos sus conflictos.

Por ejemplo, este mes en una reunión en Bonn, el delegado de Venezuela declaró que el Acuerdo de París es un “instrumento entre Estados” e hizo una “solicitud moral” para que los grupos de presión declararan sus conflictos de intereses.

Sin embargo, este pedido fue recibido con feroz resistencia por los países más ricos, con  Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y Australia a la cabeza.

En Bonn, el delegado de Noruega declaró que excluir a las empresas según sus intereses sería “contraproducente”, mientras que la delegación de Australia añadió que el sector privado era una parte clave para financiar la transición a una economía baja en emisiones de dióxido de carbono.

“Algunas de las empresas a las que se alude como las contaminadoras de la política serán las proveedoras de las mayores y mejores soluciones”, sostuvo el delegado australiano. “Y puede fijarse en algunas de las declaraciones procedentes de ExxonMobil y Shell recientemente para subrayar ese punto”, añadió.

Una investigación realizada en 2015 por Inside Climate News, una organización de noticias sin fines de lucro, denunció que ExxonMobil sabía del cambio climático desde 1981, pero en los años siguientes la empresa multinacional gastó millones de dólares para promover la negación del fenómeno.

El informe de la CAI, además, reveló que la Cámara de Comercio de Estados Unidos recibe millones de dólares de ExxonMobil a cambio de “campañas de información pública”. Para colmo, el gobierno de Donald Trump, en su ataque a la política ambiental estadounidense que incluye el desmantelamiento del Plan de Energía Limpia, también instaló al ex director ejecutivo de la petrolera, Rex Tillerson, como secretario de Estado.

“Con tantos incendiarios en el departamento de bomberos no es de extrañar que no hayamos podido apagar el fuego”, comentó Tamar Lawrence Samuels, directora de políticas internacionales de CAI, en un comunicado.

Esto, sin embargo, no implica que las industrias de los combustibles fósiles no tengan papel alguno en la desaceleración del calentamiento global, según el informe.

El informe de la CAI recomienda ​​que la industria transforme sus prácticas empresariales para alinearse con los compromisos asumidos por la comunidad global para frenar la crisis, adoptar las soluciones creadas por la comunidad científica para minimizar la devastación y esforzarse por alcanzar el progreso social y económico mundial.

El nuevo acuerdo negociado de la CMNUCC se compromete a mejorar la “apertura, transparencia e inclusión” y pide a los interesados ​​- cualquier persona o grupo afectado por el cambio climático o política climática – que presenten sus opiniones sobre cómo se podría lograr.

“Como comunidad global, tenemos la oportunidad sin precedentes para resolver la crisis climática de forma directa en el preciso momento en que todo – la gente, la justicia y el planeta – están en peligro”, destacó un portavoz de la CAI.

Los activistas, los grupos de presión e incluso los organismos gubernamentales de los países en desarrollo que buscan la justicia para el planeta y su población deben seguir presionando por las soluciones que la convención acordó.

La convención está aceptando sugerencias sobre cómo abordar la cuestión de las naciones miembros, y tiene la intención de considerarlas en 2018.

Traducido por Álvaro Queiruga

Una vivienda con un panel solar en el municipio de Tula, en Hidalgo, un estado contiguo a Ciudad de México. Las fuentes renovables no convencionales se consideran un instrumento para combatir la pobreza energética. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, May 24 2017 (IPS)

La pobreza energética fustiga a millones de hogares en México, con una cascada de impactos sociales, económicos y ambientales para el país.

Esos hogares,  repartidos entre zonas urbanas y rurales de esta nación latinoamericana de unos 121 millones de habitantes, enfrentan carencias para satisfacer necesidades de combustión, iluminación, calefacción y entretenimiento.

“No solo es un problema de acceso, porque la población requiere de otros insumos, para cocinar, bañarse, entretenimiento familiar. El insumo energético es un indicador fundamental de bienestar y en ese sentido es importante ver cuántas familias tienen carencias”, dijo a IPS el especialista Boris Graizbord.“Hay que regionalizar la respuesta, que exige una diferente combinación de insumos y costos. Si se invierte en calentadores de agua solares, se reduce el gasto en gas, o en energía renovable, se disminuye la distribución eléctrica. Esos escenarios son posibles si se descentraliza la generación”: Boris Graizbord.

El académico del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, del estatal  Colegio de México, señaló que algunos grupos de localidades pequeñas, incluso con ingresos propios o remesas enviadas por familiares desde Estados Unidos, no pueden acceder a gas natural o a otro tipo de energía.

El concepto de pobreza energética es novedoso en América Latina, aunque nació en los años 90 en Gran Bretaña para describir cuando un hogar destina más de 10 por ciento de su ingreso a la compra de insumos energéticos.

Pero en países como México se aplica con modificaciones que tienen en cuenta las diferencias culturales, sociales y de hábitos. En el país, se toma en cuenta la falta de acceso al servicio, su baja calidad o la ineficiencia energética.

En una investigación pionera, Graizbord y su colega Rigoberto García, del también estatal Colegio de la Frontera Norte, hallaron que casi 37 por ciento –unos 11 millones de hogares- padece privación energética en “bienes económicos”, como confort térmico, refrigerador eficiente y estufa (fogón o cocina) de gas o eléctrica.

La investigación “Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional”, publicada en 2016 en la revista Economía, Sociedad y Territorio, halló que los principales factores de tal fenómeno son el nivel de ingreso, el tamaño de la localidad y de la vivienda, el nivel de educación y el género del jefe del hogar.

Tal magnitud “representa un problema social relevante, debido a la asociación que tiene el uso de energía limpia y asequible para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población”, indica el estudio elaborado por Graizbord y García, quien ya trabajó el tema en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los sureños estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan los niveles de privación promedio más altos. Esos son las entidades federales que sufren las mayores tasas de pobreza.

En México, 46 por ciento de los habitantes vivía en pobreza en 2014, cuando se realizó la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en un índice que se habría incrementado desde entonces, según los expertos en el tema.

La Secretaría (ministerio) de Energía identifica que los usos finales de energía más importantes en el sector residencial son el calentamiento de agua, la cocción de alimentos, el refrigerador, la iluminación, el aire acondicionado y el entretenimiento.

En 2015, aún la quema de leña fue la que produjo 252.840 petajulios. El julio es la unidad de medida de la energía que equivale a un vatio por segundo y estima la cantidad de calor necesaria para efectuar una actividad. Un petajulio representa un cuatrillón (mil millones de millones) de julios.

Para Gabriela Niño, coordinadora de Cambio Climático de la organización no gubernamental Polea, existe un vínculo estrecho entre la pobreza energética y sus impactos sociales y ambientales, como la emisión de gases contaminantes, la degradación del suelo y la deforestación.

“Con la biomasa hay un grave riesgo a la salud, pues la gente se expone a contaminantes locales por la quema de biomasa en interiores, que genera efectos sobre la salud y está en detrimento del ingreso”, explicó a IPS.

Desde agosto de 2014, México ha emprendido una gran reforma energética que abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Pero queda la incógnita si esos cambios incidirán en la disminución de la pobreza energética, en la medida en que el gobierno deja en manos particulares actividades importantes del sector eléctrico, motivadas por el lucro y no por objetivos sociales.

Además, el país se ha sumado a las metas de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el programa a ser implementado durante el Decenio de la Energía Sostenible para Todos 2014-2024.

Esa iniciativa pretende garantizar el acceso universal a los servicios modernos de energía, duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética y la cuota de las energías renovables en la matriz energética global.

Asimismo, al igual que el resto de la comunidad internacional, ha adoptado uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, dentro de la Agenda 2030.

Graizbord plantea una respuesta en México por regiones, dadas las diferencias, incluidas las climáticas, en diferentes partes del país.

“Hay que regionalizar la respuesta, que exige una diferente combinación de insumos y costos. Si se invierte en calentadores de agua solares, se reduce el gasto en gas, o en energía renovable, se disminuye la distribución eléctrica. Esos escenarios son posibles si se descentraliza la generación”, propuso.

Para Niño, el enfrentamiento de la pobreza energética envuelve varios retos.

“Hay que investigar, generar indicadores, identificar causas, posibles soluciones, cómo se genera la energía, cómo se consume”, planteó.

A su juicio, “también se debe fomentar la democratización de la energía, que el gobierno genere acciones que respondan a un objetivo de política pública, enfocadas a que las personas aisladas de la red o que no pueden producir su energía o satisfacer sus necesidades tengan acceso a nuevas tecnologías, como paneles solares”.

La población de América Latina y el Caribe tiene un acceso a la energía de 97 por ciento, lo que significa que 23 millones de personas aún carecen de dicho servicio, según datos de fines de 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prevé no obstante que esta sea la región del Sur en desarrollo que primero logre el acceso energético universal.

En México, esa cifra supera los dos millones de habitantes, y según el BID es el cuarto país más rezagado en la universalidad del acceso, en una lista que encabeza Haití, con solo 40 por ciento de población incluida, seguido por Honduras, Perú, este país,  Colombia, Brasil, Guatemala y Bolivia.

En la cabeza del mayor acceso se sitúan Uruguay, Costa Rica y Chile, por ese orden.

Editado por Estrella Gutiérrez

Al ritmo actual, una de cada 10 personas seguirán sin electricidad en 2030. Crédito: Bigstock.

Por Stephen Leahy
VIENA, May 15 2017 (IPS)

En el siglo XXI, todavía tenemos más de 3.000 millones de personas que cocinan y se calefaccionan con fogones, de las cuales 1.000 millones no tienen electricidad, a pesar de la iniciativa mundial lanzada por el Foro de Energía de Viena en 2011 para universalizar el servicio.

“No nos encaminamos a cumplir nuestro objetivo de acceso universal para 2030, que también es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre energía”, alertó Rachel Kyte, directora general de Energía Sostenible para Todos, además de representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Tenemos que ir más lejos y más rápido juntos”, propuso Kyte a los 1.500 delegados y ministros presentes en el Foro de Energía de Viena de este año, realizado en la segunda semana de mayo y de cuya coordinación se encarga la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).Al ritmo actual, una de cada 10 personas seguirán sin electricidad en 2030.

Kyte recordó a los presentes que el ODS siete, “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, representa la promesa de llevar energía libre de carbón y descentralizada para todo el mundo a fin de transformar el mundo y tener “aire limpio, nuevos empleos, escuelas templadas, autobuses limpios, agua por cañería y mejor producción de alimentos nutritivos”.

Además, la comunidad internacional se propuso prevenir las consecuencias catastróficas del cambio climático, para lo cual se comprometió a reducir a cero para 2050 las emisiones de dióxido de carbono en el marco del Acuerdo de París, suscrito en la capital francesa en 2015, recordó, tras lo cual se preguntó: “por qué no avanzamos más rápido”.

Al ritmo actual, una de cada 10 personas seguirán sin electricidad en 2030, según el informe Global Tracking Framework 2017 (Marco de Seguimiento Mundial), de las cuales la mayoría residirán en África.

En Chad, Níger, Sudán de Sur y República Democrática del Congo solo una de cada 10 personas tienen electricidad actualmente, una proporción que incluso disminuye con el crecimiento poblacional, precisó Elisa Portale, economista del Banco Mundial, quien presentó el estudio realizado por este organismo.

Las energías renovables, como la solar y la eólica, concentran una gran atención general, pero el mundo no avanza hacia la meta de descarbonizar 36 por ciento del sistema energético mundial, y solo llegará a 21 por ciento en 2030.

Actualmente, se encuentra en 18 por ciento, pues las alternativas renovables incluyen la hidroeléctrica y la biomasa. Pocos países han logrado aumentar la participación de estas fuentes limpias en uno por ciento al año, y otros, como Brasil y Canadá, de hecho, retroceden.

Se avanza más hacia la descarbonización de la electricidad que de la energía empleada para calefacción y transporte, que parece ser un desafío mayor.

Además, las mejoras en la eficiencia energética también están muy rezagadas. Las inversiones en esta área deben multiplicarse por tres o por seis, respecto de los actuales 250.000 millones de dólares al año para llegar al objetivo en 2030, concluye el informe del Banco Mundial.

El mayor problema detectado por el estudio es que el número actual de personas que todavía utilizan combustibles sólidos tradicionales para cocinar aumentó ligeramente desde 2011 a 3.040 millones. Ellos son responsables de una gran parte de la contaminación del aire interior, la que reduce la vida de decenas de millones de personas y causa la muerte a cuatro millones, principalmente niños y niñas, todos los años, según la Organización Mundial de la Salud.

Eso parece ser una prioridad y, para 2030, solo 72 por ciento del mundo utilizará combustibles limpios para cocinar, observó Portale. En otras palabras, 2.500 millones de personas, la mayoría de Asia Pacífico y África, seguirán quemando madera, carbón o estiércol para cocer sus alimentos.

La cocina limpia no es una prioridad para la mayoría de los gobiernos, aunque Indonesia ha logrado avances en la materia, observó Vivien Foster, responsable de economía energética, mercados e instituciones del Banco Mundial.

“La contaminación del aire interior tiene un impacto mayor en la salud que el VIH/sida y la malaria juntas”, remarcó Foster en diálogo con IPS.

Una de las razones de que la cocina limpia no sea una prioridad es que los hombres son los principales responsables de la toma de decisiones en el ámbito gubernamental y del hogar y no suelen involucrarse en la cocina. Las cuestiones de salud ambiental reciben una atención mucho menor de los gobiernos. “Por desgracia, los teléfonos celulares están antes que los retretes”, observó Foster.

Pero en India, la situación es totalmente distinta.

La energía verde, descarbonizada y descentralizada, ya no es cara ni difícil de lograr. También es la alternativa más adecuada para los países en desarrollo porque tanto el acceso como sus beneficios se consiguen rápido, explicó el ministro de Energía de India, Piyush Goyal.

El acceso al gas propano licuado limpio para cocinar aumentó 33 por ciento en los últimos tres años, lo que representa unos 190 millones de hogares. En el último año, 20 millones de las personas más pobres recibieron el servicio de forma gratuita, indicó Goyal a IPS.

Hay millones de personas que todavía no están conectadas a la red eléctrica, pero el ministro se mostró confiado de que no será así en 2019, tres años antes del plazo que se fijó India para cumplir el objetivo.

“El primer ministro Narendra Modi está totalmente comprometido con lograr un acceso universal”, aseguró. “Se crío en la pobreza y sabe qué es no tener electricidad”, apuntó.

India agregará 160 gigavatios de energía eólica y solar para 2022 y podría llegar a superar el objetivo, pues el costo de ambas fuentes está muy por debajo del carbón, la principal fuente de energía de ese país.

En cambio, Estados Unidos actualmente solo tiene un poco más de 100 gigavatios en total; y un gigavatio permite alimentar a 100 millones de bombillas LED (acrónimo inglés de diodos emisores de luz), muy utilizadas en los hogares.

En materia de eficiencia energética, India también se acerca a cumplir su objetivo de reemplazar toda su iluminación con la tecnología LED, lo que le permitiría ahorrar decenas de millones de dólares en la factura energética y reducir las emisiones de dióxido de carbono en hasta 80 millones de toneladas al año.

“Lo hacemos a pesar de que nadie más lo hace. Tenemos un gran papel en la lucha contra el cambio climático”, observó Goyal.

Traducido por Verónica Firme

Dos torres de perforación en el yacimiento de Loma Campana, en Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, en el suroeste de Argentina. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, May 5 2017 (IPS)

Desde que un informe de la estadounidense Administración de Información Energética  (EIA, en inglés) estableció en 2011 que Argentina es una potencia mundial en reservas de hidrocarburos de esquisto, la ilusión de un cambio en el destino económico sobrevuela en la mente de muchos habitantes  de este país, donde casi un tercio de la población vive en pobreza.

La pregunta que flota en el aire es si es realmente posible que Argentina se convierta en  la Arabia Saudita de América del Sur o si todo, en cambio, no es más que una fantasía.

A seis años de la publicación de aquel informe, y aunque Argentina sigue siendo, como entonces, un importador neto de petróleo y gas natural, la esperanza parece intacta para el presidente centroderechista Mauricio Macri.“Hoy en la Argentina hay más de 1.500 pozos en explotación con el sistema de fractura hidráulica en explotación, no solo en Vaca Muerta sino en otros yacimientos de la zona. En los próximos años esto podría multiplicarse. Pero nosotros creemos que se deben debatir las consecuencias ambientales y también sociales, ya que se trata una región agrícola, de producción de frutas”: Diego de Rissio.

El mandatario visitó Estados Unidos entre el 25 y 27 de abril e hizo una escala en Houston, considerada la capital petrolera global. Allí pidió a los ejecutivos de las principales compañías energéticas mundiales que realicen las multimillonarias inversiones que el país necesita para explotar sus reservas.

“Argentina está entre los países con mayor potencialidad del planeta. Queremos que las mejores empresas vengan a asociarse”, planteó Macri el 26 de abril a los ejecutivos petroleros durante un almuerzo allí, antes de volar a Washington, donde al día siguiente se entrevistó con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.

“La demora para explotar los hidrocarburos no convencionales en la Argentina son las naturales del proceso desde el punto de vista técnico. La industria del petróleo y el gas se maneja en el largo plazo”, dijo Martín Kaindl, directivo del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas,  un centro de estudios vinculado a las empresas del sector.

“Tenemos que hacer las cosas bien para que esta oportunidad se convierta en riqueza para la Argentina”, planteó en diálogo con IPS.

Hasta ahora, sin embargo, lo que parece haber crecido más que las inversiones es el movimiento social que se opone al sistema de fractura hidráulica, utilizado para recuperar el petróleo y el gas de esquisto, por sus consecuencias ambientales.

Los hidrocarburos de esquisto se encuentran a gran profundidad entre rocas, que hay que romper mediante la técnica de la fractura hidráulica, con el bombeo a enorme presión de grandes cantidades de agua, químicos y arena.

Un procedimiento, conocido también por “fracking”, su nombre en inglés, que tiene efectos ambientales y socioeconómicos en su entorno, según expertos citados por el movimiento ambiental contrario a la técnica.

Los opositores al fracking tuvieron su mayor éxito hasta ahora el 25 de abril, cuando el parlamento  de la provincia de Entre Ríos, en el centro-este del país, prohibió la extracción de hidrocarburos con el sistema de la fractura hidráulica y otros métodos no convencionales.

Se trata de la primera provincia del país en tomar una decisión así, que fue precedida por normas locales de decenas de municipalidades. Entre Ríos no tiene tradición petrolera pero figuraría en los planes de exploración a largo plazo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de mayoría estatal.

“Entre Ríos es una provincia que vive fundamentalmente de la actividad agropecuaria y del turismo, en la que existe una tradición de lucha y compromiso ambiental”, dijo a IPS el sociólogo Juan Pablo Olsson, quien forma parte del movimiento Argentina sin Fracking.

“No hay que olvidarse que hace pocos años, llegó a haber 100.000 personas en el puente internacional protestando contra las plantas de celulosa”, agregó, en referencia al conflicto que se vivió entre 2005 y 2010 con Uruguay, por la construcción de las dos fábricas,  debido al impacto ambiental sobre las riberas del río que separa a Entre Ríos del país vecino.

Perales en flor en una finca en Allen, en la provincia de Río Negro, situada frente a un yacimiento de gas de esquisto. Los productores de fruta y otros sectores tradicionales de esa provincia temen el impacto negativo del desarrollo energético de Argentina en Vaca Muerta. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

De acuerdo a datos actualizados de la EIA, Argentina tiene reservas recuperables de esquisto de 802 billones (millones de millones) de pies cúbicos de gas y de 27.000 millones de barriles (de 159 litros) de petróleo. Solo lo superan China en el primer rubro y Estados Unidos, Rusia y otra vez China, en el segundo.

De las reservas de esos hidrocarburos, 38 por ciento del gas y 60 por ciento del petróleo están concentradas en la formación geológica de Vaca Muerta, donde la explotación comercial comenzó en 2013, en el yacimiento de Loma Campana, que desarrollan YPF y la estadounidense Chevron en la provincia de Neuquén.

Es un yacimiento de unos 30.000 kilómetros cuadrados ubicado en la llamada Cuenca Neuquina (tradicionalmente, la principal zona petrolera argentina) que  se extiende por cuatro provincias (Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa) en el suroeste del país.

El extraordinario potencial de Vaca Muerta es uno de los pocos temas en los que han concordado el actual presidente y su antecesora, la centroizquierdista Cristina Fernández (2007-2015), quienes jamás se refirieron a los cuestionamientos ambientales al método extractivo.

La anterior mandataria no ocultaba su entusiasmo cada vez que hablaba del yacimiento, al que en 2013 propuso llamar “Vaca Viva”, ya que ahora “le extraemos petróleo”.

Macri, por su lado, dijo que Vaca Muerta “cambia el futuro de la energía en nuestro país” ya que tiene recursos “abundantes, baratos y exportables”.

Fue en enero, cuando anunció la firma de un acuerdo con sindicatos del sector que permitirá reducir hasta en 40 por ciento los costos laborales de la actividad, para alentar la llegada de inversiones.

Más tarde, el presidente fijó por decreto un precio mínimo, superior al del mercado, para el gas de esquisto, reforzando la estrategia iniciada por su predecesora de mantener los valores internos de los hidrocarburos en niveles que permitan el desarrollo de los yacimientos convencionales.

Además, durante su estancia en Washington anunció una reducción de 35 a siete por ciento  de los aranceles de importación para la maquinaria usada de extracción, que favorecerá la llegada al país de equipos que cayeron en desuso en la cuenca Eagle Ford, que comparten Estados Unidos y México, ante la caída de los precios  internacionales.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien acompañó a Macri a Houston, dijo que actualmente se invierten en Vaca Muerta entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, pero que el objetivo del gobierno es llegar a los 20.000 millones en 2019.

“Hoy en la Argentina hay más de 1.500 pozos en explotación con el sistema de fractura hidráulica en explotación, no solo en Vaca Muerta sino en otros yacimientos de la zona. En los próximos años esto podría multiplicarse”, dijo a IPS el experto Diego de Rissio.

“Pero nosotros creemos que se deben debatir las consecuencias ambientales y también sociales, ya que se trata una región agrícola, de producción de frutas”, explicó el investigador del Observatorio Petrolero Sur, una organización que reúne a profesionales de distintas disciplinas interesados en la cuestión energética.

Una de las localidades dedicadas a la producción de frutas cercana a Vaca Muerta donde se está extrayendo petróleo de esquisto es Allen, en la provincia de Río Negro.

Juan Ponce, productor de dulces en Allen, dijo a IPS: “La producción petrolera avasalló a las chacras (fincas) productoras de frutas. Había 35 galpones de almacenamiento de frutas y ahora quedan solo cinco”.

Además, relató por teléfono desde el lugar, “la mayor parte de la gente compra hoy agua embotellada, porque nuestra agua ya no se puede tomar, a pesar de que acá tenemos el río más largo de la Patagonia, que es el río Negro”.

“La mejor prueba de la contaminación que está generando la extracción de petróleo y gas es que los dueños de las chacras de los alrededores están recibiendo subsidios de las compañías, porque ya no pueden producir frutas de buena calidad”, agregó.

Editado por Estrella Gutiérrez

Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, durante una manifestación el 29 de abril en defensa del Polo Naval del sureño estado de Rio Grande do Sul, uno de los proyectos petroleros de Brasil al borde de la quiebra, por la crisis de la empresa estatal Petrobras, por su escándalo de corrupción y la caída de los precios del petróleo. Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 4 2017 (IPS)

No se puede asegurar que la corrupción se hizo más amplia y cuantiosa en el país durante los últimos años, porque no hay datos objetivos de períodos anteriores para poder comparar, según Manoel Galdino, director ejecutivo de Transparencia Brasil.

Pero la impresión proyectada por las recientes revelaciones es de un incremento brutal de ese delito, involucrando sumas sin precedentes, casi toda la dirigencia política del país y numerosas empresas estatales y privadas.

El grupo empresarial Odebrecht, encabezado por la mayor constructora brasileña, admitió haber pagado 3.390 millones de dólares en sobornos a políticos entre 2006 y 2014.

Es solo una parte. Más de 30 empresas, incluidas otras grandes constructoras, habrían participado en fraudes para desviar recursos de la estatal  empresa petrolera Petrobras, objeto inicial de la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que desde hace tres años desnuda lo sistémico de la corrupción en Brasil.

La proliferación de megaproyectos en los sectores de energía y de transporte, a partir de 2005, coincide con el aparente auge de los negocios ilícitos, dentro de la colusión entre políticos y empresarios para mantener monopolios compartidos de poder y ganancias sobrevaluadas.

El descubrimiento en 2006 de gigantescos yacimientos petrolíferos bajo la capa de sal en el fondo del océano Atlántico, conocidos como presal,  desató una oleada de grandes proyectos, como dos grandes refinerías y decenas de astilleros para producir buques-sondas, plataformas y otros equipos de extracción.

Esos proyectos se sumaron a complejos petroquímicos que ya estaban planificadas desde antes.

Dos grandes centrales hidroeléctricas tuvieron su construcción iniciada en el río Madeira en los años siguientes y en 2011 comenzó la obra de otra gigantesca, la de Belo Monte sobre el río Xingu. Ello convirtió a la Amazonia en gran proveedora de energía al resto del país.

Tres ferrocarriles, de más de 1.500 kilómetros cada uno, puertos a lo largo de toda la costa marítima y algunos más en las riberas fluviales se sumaron a carreteras en proceso de pavimentación o duplicación para reducir el déficit nacional en infraestructura de transportes.

“Las megaobras siempre ofrecen más potencial de corrupción mayor. En Brasil siempre tuvimos mucha corrupción, que ahora es más visible por la actividad de los órganos de control y de los medios de comunicación”, corroboró a IPS el presidente del independiente Instituto No Acepto Corrupción, Roberto Livanu.

“Pero no podemos decir que hay más corrupción hoy que ayer, no hay como medir su magnitud, las sumas y personas involucradas”, puntualizó quien también ejerce como una especie de procurador de la acusación en los procesos judiciales.

Por la propia naturaleza del delito, “solo tenemos percepciones subjetivas estimuladas por la visibilidad, que hoy es agrandada también por involucrar gente de poder, atrayendo más interés de la prensa”, comentó.

Además, por su complejidad, los megaproyectos tienden al fracaso.  Un 65 por ciento de ellos falla en al menos uno de cuatro aspectos principales -costo, plazo, objetivo y calidad-, plantea Edward Merrow, presidente de la consultora estadounidense Independent Project Analysis (IPA, en inglés), en su libro “Industrial Megaprojects”.

Esa complejidad, aduce, también favorece la corrupción, por lo menos en países como Brasil, al multiplicar oportunidades de fraudes en los miles de contratos firmados con proveedores de bienes, servicios y financiamientos, y autoridades reguladoras y tributarias.

Senadores aprueban el 24 de abril la ley que penaliza los abusos de autoridad, en una norma que busca que no se repitan casos como la llamada operación “Lava Jato”, que investiga denuncias de corrupción contra un tercio de los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de Brasil. Crédito: Lula Marques/AGPT

“Es probable que con la mayor circulación de dinero, en una economía en crecimiento y de grandes inversiones, se haya incrementado la corrupción en Brasil, pero es posible afirmarlo”, matizó Galdino, de Transparencia Brasil, a IPS.

Ello porque no se conoce la proporción que el delito tuvo en el pasado en relación al producto interno, porque no había investigaciones que permitiesen los resultados obtenidos actualmente, explicó.

“Las instituciones de control avanzaron mucho en los últimos 15 o 20 años y es lo que produjo la operación Lava Jato”, también apuntalada por una movilizada sociedad civil, acotó.

El Ministerio Público se fortaleció y sus investigaciones pasaron a hacerse en conjunto con cuerpos judiciales especializados, la Policía Federal, autoridades tributarias y órganos de control financiero, ya que la corrupción prospera junto con la legalización de capitales ilícitos, destacó.

La llamada “delación premiada”, que estimula la colaboración con la justicia al obtener reducción de las condenas,  fue un instrumento decisivo para el éxito de la Lava Jato, al obtener 155 acuerdos con personas bajo investigación y contar con varios otros dispuestos a revelar lo que saben.

La ley que permite ese mecanismo solo se aprobó en 2013, en respuesta a protestas populares que estremecieron las ciudades brasileñas en junio de aquel año, recordó el director de Transparencia Brasil, organización no gubernamental que busca mejorar las instituciones a través del monitoreo y el debate público.

“Hasta los años 90 se buscó especialmente combatir la irregularidad administrativa, pero no se logró encarcelar a nadie”, comparó, ejemplificando con el caso del diputado Paulo Maluf, un símbolo de la corrupción desde que fue gobernador del sureño estado de São Paulo (1979-1982), que resultó condenado en el exterior pero no en Brasil.

Hay estudios, sin embargo, que constatan un aumento de la corrupción cuando hay abundancia de recursos públicos, así como mayor tolerancia en relación a los corruptos en la prosperidad.

Un alza de 10 por ciento en las transferencias de recursos del gobierno nacional a  pequeños municipios hizo aumentar 16 por ciento los casos graves de corrupción en las alcaldías beneficiadas, según una investigación de la economista brasileña Fernanda Brollo, profesora de la británica Universidad de Warwick, junto a cuatro colegas italianos.

Su estudio se basó en datos de 1.202 municipios con menos de 5.940 habitantes, durante dos períodos de gobierno y entre 2001 y 2008. Los alcaldes beneficiados lograron reelegirse en mayor cantidad que los demás, pese a la corrupción.

“Roba pero hace”, era el lema informal de un antiguo político de São Paulo, Adhemar de Barros, que gobernó ese estado durante varios períodos entre 1938 y 1966. En 1950 era tan popular que era apuntado como fuerte candidato a la presidencia de Brasil, pero no se postuló.

Construir grandes obras, como carreteras, hospitales y centrales energéticas, siempre fue una fuente de popularidad y, según una sospecha popular, también de riqueza ilícita.

La proliferación de megaproyectos durante los dos gobiernos del izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), con decenas de obras de más de 1.000 de dólares, en algunos casos superando 10.000 millones y multiplicando el costo original, parece confirmar su relación directa con aumento de recursos desviados.

Lava Jato investigó inicialmente los negocios petroleros. Pero la corrupción afectó a otros proyectos en variados sectores, como las plantas hidroeléctricas, la central nuclear Angra-3 (en construcción), ferrocarriles y estadios construidos o reformados para la Copa Mundial de Fútbol 2014, según esa y otras investigaciones del Ministerio Público.

Editado por Estrella Gutiérrez

Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera junto a su fogón a leña construido en el patio de su casa en la comunidad Blanquizal de la Güira, en el municipio de Yateras, dentro de la oriental provincia de Guantánamo, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
YATERAS, Cuba, Apr 29 2017 (IPS)

Las flores del jardín regalan una humilde belleza a la casa de Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera, rodeada por una cerca y con paredes, puertas y ventanas de madera roída por la lluvia y el inclemente sol en  Blanquizal de la Güira, en el oriente de Cuba.

“Cualquiera por aquí tiene un fogón a leña en su casa, es una tradición y una necesidad”, dijo Laurencio, una jubilada de 65 años, mientras atraviesa la sala, el comedor y la cocina, donde dispone de varios equipos eléctricos como hornilla, olla a presión y arrocera.

En un patio escoltado por la falda árida de una montaña, la mujer dispone de un enorme fogón a leña bajo un techo ligero soportado por rústicas columnas de troncos. Laurencio aseguró a IPS que lo enciende “casi todos los días” para calentar el agua del baño y cocinar granos y tubérculos, además de cuando realiza “comidas de festejos”.

Visto por algunas personas como un signo de subdesarrollo y precariedad, este tipo de cocinas siguen vivas en muchos hogares rurales de todo el país, en especial en la provincia de Guantánamo, adonde pertenece el caserío Blanquizal y que registra más de 30 por ciento de las 100.000 familias cubanas que aún usan leña para cocinar sus alimentos.

Familias rurales y especialistas consultados por IPS recomiendan analizar este problema desde la realidad de comunidades campesinas, la salud y el uso eficiente de fuentes renovables de energía.

Laurencio echa leña en la hornilla y deja un hueco en el centro donde coloca un pedazo de papel apretujado y lo moja en petróleo. Prende la lumbre y atiza el fuego abanicando con un cartón. Sube una columna de humo y se forman grandes llamaradas sobre las que la mujer pone un recipiente con agua.

“Es más rápido que la hornilla eléctrica y, después que está encendido, acepta todo tipo de leña… hasta una rama verde”, indicó esta jubilada mientras se aprestaba a colar café a la manera tradicional, pasando agua hirviendo por un colador de tela repleto del grano molido.

“También (el fogón a leña) es más incómodo y una de las causas del edema pulmonar que sufrí”, apuntó Laurencio, casada desde hace 45 años con Herrera, de 73 años y también jubilado. En Blanquizal, parte del municipio montañoso de Yateras, la pareja tuvo tres hijos que ya viven de manera independiente.

Sentado en un banco, Herrera bebe una abundante taza de café oscuro y azucarado. “Yo mismo hice el fogón… Primero preparé un cuadro de madera y lo rellené con piedras y tierra. Encima coloqué una cajuela con la hornilla de metal. Busqué la manera de que fuera más eficiente y menos peligroso”, contó.

Las autoridades “han acomodado un poco a los campesinos pero sube mucho la cuenta si usamos solo electricidad”, opinó este hombre que aún realiza “uno que otro trabajo en el campo”.

El servicio eléctrico es subsidiado aunque se elevan las tarifas en los altos consumos y son poco afrontables en un país donde el salario estatal promedio ronda los 23 dólares mensuales.

Unas 100.000 familias, mayormente rurales, usan aún leña para cocinar alimentos y otros usos domésticos, en fogones como en este donde hierve agua, en el hogar de Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera, en Blanquizal de la Güira, en el oriente de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Esta pareja de Blanquizal evidencia las deudas en el acceso de muchas familias rurales a fuentes de energía para cocinar de manera sostenible, eficiente y saludable.

“En Guantánamo no existe la posibilidad real de llevar otro tipo de energía al monte diferente de la biomasa”, valoró Ángel Almarales, director del estatal Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (Catedes), sobre la provincia de 514.909 habitantes, grandes zonas montañosas y la única región semiárida del país.

“No podemos instalar biogás en todos los lugares, por ejemplo en las montañas y la franja semiárida, donde no están todas las condiciones”, explicó. “Es muy difícil transformar la energía solar en calor para cocinar porque hay muchas pérdidas en el camino”, amplió a IPS en la ciudad de Guantánamo, la capital provincial y sede de Catedes.

“La opción más a la mano es la explotación eficiente de la biomasa”, afirmó Almarales, al frente del centro pionero en la instalación y monitoreo de tecnologías con energías renovables, para seleccionar las técnicamente posibles, económicamente viables y humanamente justas.

La institución científica y de servicios técnicos, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizó en 2002 en Guantánamo la única investigación sobre consumo y flujo de combustibles forestales.

“Se debe cambiar el dispositivo de cocción de alimentos”, sostuvo el experto. “Hoy el fogón que más se usa en el monte es el famoso tres piedras”, informó sobre la tecnología básica, ineficiente y contaminante de colocar tres piedras y entre ellas la hoguera de leña.

Catedes señala que el uso de cocinas ineficientes y en espacios poco ventilados afecta la salud de toda la familia y subraya a las mujeres como las más dañadas porque ellas tienen a cargo casi exclusivo las tareas del hogar en una sociedad machista. Incluso este mal uso es causa de deforestación en este país del Caribe insular.

“Las cocinas eficientes son muy rústicas, sencillas de hacer y elevan 10 veces la eficiencia”, resaltó Almarales. “Además, se deben educar a las familias en el uso de la leña, con qué humedad emplearla y cómo trocearla. Eso tendría un enorme impacto económico, en salud y ambiental”, sostuvo.

David López, un operario de una fábrica estatal en el pueblo de Consejo Popular Pablo Noriega, a 45 kilómetros al suroeste de la capital cubana, fabricó en su patio un fogón eficiente a partir de una rueda de camión que rodeó con un aro de metal inoxidable y le colocó una chimenea.

“Con poca leña se cocina bastante y rápido. Como le puse un colector y una chimenea alta, sale poco humo”, contó este obrero, de 47 años, que además cría animales para el autoconsumo familiar. “La leña la utilizo solo para cocinar el alimento de los cerdos, porque en la casa cocinamos con electricidad”, apuntó.

Su vecino, Félix Gómez, otro obrero de 62 años, también recolecta leña por los alrededores para elaborar alimento animal. “Resulta muy caro usar electricidad para esto”, dijo el trabajador, que vive solo con su esposa. Indicó que la panadería estatal de su localidad usa leña.

Cubasolar, una red digital que promueve las fuentes renovables de energía, observa que existe un número considerable de fogones a leña en comedores obreros, empresas estatales y centros educacionales del país.

La organización no gubernamental propone la incorporación de cocinas eficientes a partir de aserrín, cáscaras de arroz y café, y otros combustibles sólidos triturados que hoy se desaprovechan.

Según el último censo de población y viviendas, de 2012, de los 3.732.851 hogares con residentes permanentes 70 por ciento empleaba la electricidad como principal energía para cocinar, 17 por ciento gas licuado o manufacturado y cinco por ciento kerosén, petróleo o alcohol.

Además, siete por ciento, equivalente a 244.870 familias, usa carbón, leña u otro como su fuente principal de energía.

Cuba presenta un panorama energético complejo por la reducción de los envíos de crudo de Venezuela a causa del hundimiento económico interno del que ha sido su principal aliado en lo que va de siglo. De estos envíos, depende la mitad de la generación eléctrica en la isla caribeña.

Editado por Estrella Gutiérrez