Una de las nuevas locomotoras llegadas de China para modernizar la red ferroviaria de carga de Argentina, mientras era descargada en el puerto de Buenos Aires, en mayo. Crédito: Ministerio de Transporte

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 6 2017 (IPS)

El desarrollo de Argentina, en la segunda mitad del Siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvo al ferrocarril como gran protagonista. En el que es el octavo país más extenso del mundo, que creció con la exportación de productos agropecuarios, el tren sirvió para fundar cientos de pueblos y ciudades y para transportar a los puertos las mercancías.

“El ferrocarril ha tenido un enorme impacto  social y cultural ya que llegó a muchas zonas antes de que estuvieran pobladas. Hacia mediados del siglo pasado alcanzó los 48.000 kilómetros de vías y entonces  se nacionalizó el sistema, con la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que era la compañía de trenes más grande del mundo”, contó a IPS el historiador Eduardo Lazzari.

Pero hacia 1950 comenzó la decadencia del tren, que vio cerrarse ramales (líneas subsidiarias) y reducir a casi la mitad su red en este país de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y una población estimada de 43,5 millones de personas.“Se debe pensar qué ferrocarril queremos, porque durante muchos años, el problema más que la falta de inversión fue la mala gestión No tiene sentido que se intente recuperar el tren que alguna vez tuvo el país, porque las necesidades han cambiado”: Alberto Muller.

Ese proceso es considerado por algunos argentinos como una causa, por otros como una consecuencia y por casi todos como un símbolo del devenir del país, que en las últimas décadas sufrió innumerables crisis económicas y que, según datos oficiales, actualmente tiene sumergidos en la pobreza a la tercera parte de sus 43,5 millones de habitantes.

Argentina tiene en marcha ahora un plan para recuperar su ferrocarril, con inversiones de miles de millones de dólares que incluyen tanto el transporte de carga como el de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, que con unos 15,2 millones de personas concentra cerca de 35 por ciento de la población del país.

También hay planes, pero de menor intensidad, para renovar el transporte ferroviario interurbano de la que es la tercera economía latinoameriana.

“En los últimos años ha habido inversiones como yo nunca había visto, especialmente  en el tren metropolitano, incluso algunas de ellas sin mucha planificación”, dijo a IPS el especialista en transporte Alberto Muller, director de uno de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Muller expone las dudas de muchos especialistas sobre el tema acerca de las prioridades fijadas: “Se debe pensar qué ferrocarril queremos, porque durante muchos años, el problema más que la falta de inversión fue la mala gestión No tiene sentido que se intente recuperar el tren que alguna vez tuvo el país, porque las necesidades han cambiado”.

En 2008 el Estado comenzó a revertir esa tendencia, cuando comenzó a comprar vagones nuevos para los trenes metropolitanos, cosa que no se hacía desde 1985.

En medio, se produjo la privatización del sector, realizada en los años 90 como parte de las reformas neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

Ese proceso, ante el visible deterioro de servicios e infraestructura, se fue revirtiendo en los últimos años, cuando la mayoría de los ramales fueron recuperados por el Estado.

Pero  fue una tragedia lo que puso los ferrocarriles en el tope de las prioridades políticas y aceleró las inversiones.

Ocurrió la mañana de un miércoles de febrero de 2012, cuando un tren con 1.200 pasajeros de la línea Sarmiento ingresaba a Once, una de las cuatro estaciones cabeceras de Buenos Aires, que diariamente utilizan miles de residentes en los suburbios.

El convoy no frenó, el choque dejó 51 muertos y desembocó en un juicio que captó la atención del país, en el que fueron condenados a penas de prisión funcionarios del área de transporte y directivos de la empresa privada que administraba el servicio.

En su sentencia, los jueces establecieron como causa del siniestro el “deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad”.

Con la opinión pública sensibilizada por el tema, hasta 2015 se invirtieran unos 1.200 millones de dólares en la modernización de las líneas metropolitanas.

En 2016,  en su primer año de gestión,  el gobierno del presidente Mauricio Macri anunció un plan de inversiones por 14.187 millones de dólares hasta 2023, con el objetivo de que en ese año los trenes que entren y salgan de Buenos Aires tengan capacidad para transportar diariamente a cinco millones de personas, contra los 1,2 millones actuales.

Este plan se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  créditos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y aportes del Tesoro argentino.

También se establecieron multimillonarias inversiones para la modernización de la red ferroviaria de carga.

China va a financiar con 4.000 millones de dólares un proyecto de renovación de más de 1.500 kilómetros de Belgrano Norte y San Martín, que transportan mercancías desde el norte y el oeste del país hacía los puertos de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, en el océano Atlántico, donde se embarcan para la exportación.

El acuerdo también incluye la compra de 3.500 vagones y 107 locomotoras a ese país asiático.

“El ferrocarril debe jugar un rol clave en la recuperación económica argentina”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich el 30 de mayo, al recibir 10 de esas locomotoras.

En cuanto al ferrocarril interurbano, el 3 de julio se reinauguró el servicio entre Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata, que fue cuestionado porque tarda casi siete horas para cubrir sólo 400 kilómetros.

Rápidamente se volvió viral por las redes sociales  un video de un noticiero de hace 60 años, que mostraba que el tren tardaba entonces cuatro horas y media para el mismo trayecto.

“Hay una visión nostálgica del ferrocarril por parte de la sociedad argentina y las políticas oficiales tienden a responder a eso, lo que es un error. Los trenes interurbanos, por ejemplo, tienen pocas chances de sobrevivir porque este es un país muy grande y despoblado y por lo tanto es demasiado costo”, dijo a IPS el coautor del libro “Historia del Ferrocarril en Argentina”, Jorge Wadell.

Una de las obras ferroviarias más importantes en marcha es el llamado soterramiento de la línea Sarmiento –la de la tragedia en 2012-, que conecta el centro de la capital con el oeste del Conurbano y prácticamente parte al medio la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de pasos a nivel que resultan peligrosos y complican el tránsito.

El proyecto, con un presupuesto de 3.000 millones de dólares, consiste en la construcción de un túnel de 22 kilómetros de largo por el cual circularían dos trenes, uno en cada dirección.

Se trata de una obra proyectada hace décadas y, si bien su concreción ha sido  reclamada por muchos vecinos, hay especialistas que lo cuestionan.

“Actualmente hay cuatro vías en la línea Sarmiento y van a quedar dos, por lo que todos los trenes tendrán que detenerse en todas las estaciones y ya no habrá trenes rápidos. En el mundo, nadie resigna (reduce) capacidad ferroviaria”, dijo a IPS el director del Instituto Ciudad en Movimiento, Andrés Borthagaray.

La otra obra más significativa en proyecto es la llamada Red de Expresos Regionales, que consiste en la construcción de 20 kilómetros de túneles y una red de estaciones subterráneas para enlazar las distintas líneas que actualmente llegan a Buenos Aires desde los suburbios a las distintas estaciones.

Editado por Estrella Gutiérrez

Sacos de alimentos de la agroempresa Rossgro en Sudáfrica. Crédito: Friday Phiri/IPS.

Por Friday Phiri
MPUMALANGA, Sudáfrica, Jul 6 2017 (IPS)

La preferencia de Estados Unidos y Europa por las carnes magras perjudica a la industria avícola de África, alertó Luc Smalle, gerente de la agroempresa Rossgro en esta localidad de Sudáfrica.

Con 3.000 hectáreas de maíz y 1.000 de soja, además de 1.500 cabezas de ganado, Rossgro elabora los alimentos que necesita, además de alimentar a millones de pollos ubicados en 40 espacios con ambientes controlados.

A Smalle le preocupa el futuro del mercado avícola, no solo de Sudáfrica, sino de todo el continente, y recordó que Estados Unidos y Europa exportaban millones de toneladas de carne de pollo a la disuelta Unión Soviética.La población joven y dinámica de África tiene la capacidad de encabezar la recuperación de la región, con la ayuda de reformas a corto y largo plazo en áreas clave.

Históricamente, Rusia ha sido el mayor importador de carne oscura de Estados Unidos. Según datos de 2009, Moscú destinó 800 millones de dólares para comprar 1.600 millones de libras (más de 725 millones de kilogramos) de muslos de pollo estadounidense solo ese año.

Pero en 2014, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió el ingreso de pollos de Estados Unidos, arguyendo que estaban tratados con cloro antimicótico “poco seguro”. La disposición sigue vigente, aunque muchos analistas coinciden en que se trata más de una decisión política que de salud pública.

Como sea, Smalle sostiene que la prohibición “hizo que Estados Unidos y Europa buscaran mercados alternativos para verter la carne marrón porque la mayor parte del primer mundo come carne blanca, y despachan el resto al tercer mundo, en especial a África. Tenemos que juntarnos y trabajar con nuestros gobiernos para dejar de importar o poner aranceles para que no lo viertan más”.

En los pollos, la carne blanca es la pechuga y las alas, mientras que los muslos y las patas se consideran roja u oscura. La diferencia en términos nutritivos es el contenido graso. La carne blanca es una fuente de proteínas más magra, a diferencia de la oscura, que tiene más grasa. Los países ricos suelen preferir la blanca por cuestiones de salud.

Smalle considera que esa situación perjudica la competitividad de la industria avícola de África, donde el costo promedio de la cría de un pollo es mucho más elevado que en los países ricos. La mayoría de los criadores africanos dependen de préstamos bancarios, mientras que los europeos o estadounidenses gozan de fuertes subsidios estatales.

“Van a matar a toda la industria avícola de África si no se hace nada para revertir la tendencia. Cuentan con subsidios que los africanos no tienen”, explicó Smalle a IPS, y puso el ejemplo del sector avícola de Sudáfrica, en el que la tercera parte de los trabajadores perdieron su trabajo porque las empresas se fundieron.

En las economías de libre mercado, los argumentos de Smalle parecen fuera de lugar. Pero el último Informe de Competitividad de África, elaborado por el Banco de Desarrollo Africano, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) parece respaldar su argumento.

El documento alerta que si no se toman acciones urgentes para atender el estancamiento de la competitividad, las economías africanas no crearán suficientes empleos para que los jóvenes ingresen al mercado laboral. Si las actuales políticas se mantienen, se crearán menos de la cuarta parte de los 450 millones de nuevos empleos necesarios para los próximos 20 años.

El informe bianual coincide con un momento en que el crecimiento de la mayoría de las economías de la región se enlentece, a pesar de una década de crecimiento sostenido, y probablemente se estanque al no mejorar las principales condiciones de competitividad.

Y lo que agrava el desafío para los gobernantes africanos es el rápido crecimiento de población, pues se estima que se sumarán 450 millones de personas al mercado laboral en las próximas dos décadas. Pero con las políticas actuales, se estima que solo 100 millones de puestos de trabajo se crearán en ese período.

La población joven y dinámica de África tiene la capacidad de encabezar la recuperación de la región, con la ayuda de reformas a corto y largo plazo en áreas clave, concluye el informe.

“A fin de cubrir las aspiraciones de la creciente población joven, los gobiernos africanos harían bien en implementar políticas que mejoren la productividad y el ambiente para el comercio y las inversiones”, observó Klaus Tilmes, director de práctica global de competitividad y comercio del Banco Mundial, quien participó en la elaboración del documento.

“El Banco Mundial ayuda a los gobiernos y al sector privado de África a dar los pasos necesarios para construir economías fuertes y acelerar la creación de empleo para aprovechar su potencial demográfico”, explicó.

Algunas de las soluciones y de los cuellos de botella pasan por fortalecer las instituciones que, según los expertos, es una condición necesaria para favorecer la implementación de políticas de forma más efectiva y rápida, por mejorar la infraestructura y permitir un mayor intercambio comercial y un crecimiento empresarial y por la mayor adopción de tecnología y el apoyo al desarrollo de la cadena de valor en los sectores extractivos para fomentar la diversificación y el valor agregado.

Por su parte, el director del Centro para la Agenda Global del WEF, Richard Samans, también miembro de la Junta Directiva, cree que “eliminar los obstáculos que impiden que África alcance su potencial en materia de competitividad es el primer paso necesario para lograr un avance económico sostenido y una prosperidad compartida”.

El informe se divulgó en mayo durante el 27 Foro Económico Mundial sobre África, realizado en la ciudad sudafricana de Durban bajo el lema “Lograr un crecimiento inclusivo a través de una dirección responsable y receptiva”, en el que participaron más de 1.000 personas entre jefes de Estado y de gobierno, empresarios y representantes de la sociedad civil, entre otros.

El documento cuenta con datos del Índice de Competitividad Global del WEF y estudios sobre políticas de empleo y competitividad en ciudades.

Traducido por Verónica Firme

Un hato de vacas pasta en tierras deforestadas de la Amazonia, en el norte de Brasil. El tipo de ganadería extensiva que se práctica en la región es de baja productividad y sirve en muchas ocasiones para la ocupación ilegal de tierras públicas. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 3 2017 (IPS)

Deficiencias sanitarias amenazan el auge de las exportaciones brasileñas de carne vacuna, pero ello poco va a influir a la reducción de la deforestación de la Amazonia, en su mayor parte provocada por la ganadería.

Estados Unidos suspendió la importación de carne bovina fresca de Brasil el 22 de junio, por la “preocupación persistente” por su calidad y seguridad, que acarreó el rechazo de 11 por ciento del producto, 10 veces más que lo ocurrido con otros países.

En marzo las propias autoridades policiales brasileñas revelaron fallas en la inspección sanitaria de frigoríficos, por corrupción en el nombramiento de responsables del servicio en el Ministerio de Agricultura.

A causa de la llamada operación “Carne Débil” de la Policía Federal, varios países suspendieron sus compras a Brasil, pero solo de 21 frigoríficos bajo sospecha. El escándalo también despertó la necesidad de mejor control sanitario de las carnes brasileñas.

En el mismo mes, las autoridades ambientales multaron a varios frigoríficos por comprar ganado criado en áreas ilegalmente deforestadas de la Amazonia, entre ellos dos pertenecientes a la compañía JBS, la mayor exportadora cárnica del mundo y cuyas denuncias de corrupción pueden sacar del poder al presidente Michel Temer.

Pese a los sucesivos golpes en su imagen, la carne vacuna brasileña seguirá disputando con India el primer lugar entre los exportadores del sector, con más de 1,4 millones de toneladas vendidas y 5.515 millones de dólares obtenidos en 2016.

“No hay alternativas de proveedores que puedan atender la demanda internacional”, sostuvo Fernando Molinari, analista de Proteína Animal de la consultora Safras & Mercado.

El embargo estadounidense representa poco en términos de ingresos inmediatos, porque aún eran pequeñas las ventas a ese mercado que solo volvió a comprar carne fresca brasileña el año pasado,  tras 17 años de gestiones para responder a las exigencias sanitarias. El grueso de las exportaciones a ese destino es de carne procesada.

Pero la medida “genera incertidumbres porque otros países pueden seguir el mismo camino, un riesgo para el futuro que preocupa”, admitió Molinari a IPS.

Ganadería vacuna, un gran problema ambiental

La carne vacuna constituye uno de los principales problemas ambientales del mundo, por la expansión de las tierras ocupadas por la ganadería y por su elevada participación en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero su producción comercial está concentrada.

Cuatro países, India, Brasil, China y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, acaparan más de 70 por ciento de las reses y dos tercios de la producción de carne.

En Brasil había una cabaña de 215 millones de vacunos en 2015, más que la población humana de 204,5 millones de entonces, según el instituto estadístico estatal. Gran parte de la expansión ganadera ocurrió en la Amazonia.

El mercado interno es el gran impulsor del sector, al representar cerca de 80 por ciento de la demanda. Pero las exportaciones ganaron peso, al ampliar su participación de cinco a 20 por ciento en lo que va del siglo y decuplicar sus ingresos en dólares.

Una vaca solitaria dentro de un área recién quemada en el estado de Acre, en la Amazonia brasileña. Se deforesta para emplazar en el lugar unas pocas cabezas y asegurar así la propiedad de la tierra. A ello se ha sumado el cultivo de la soya para para consolidar la expansión agrícola, con graves daños ambientales. Crédito: Mario Osava/IPS

Brasil se benefició del pánico generado por la propagación en las décadas  de los 80 y los 90 de la enfermedad de encefalopatía espongiforme o de “las vacas locas”, especialmente en Europa y Estados Unidos.

También influyó su esfuerzo en combatir la fiebre aftosa, vacunando 98 por ciento de su rebaño, recordó Paulo Barreto, investigador del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de Amazonia.

Eso y el crecimiento explosivo del mercado chino, incluyendo a Hong-Kong, le permitieron conquistar buena parte de la demanda mundial que creció explosivamente en los primeros siete años del siglo, para estancarse después.

Un fuerte crecimiento de la economía y del consumo brasileño completó el empuje que elevó a Brasil al segundo lugar del mundo como productor de carne bovina, superado solo por Estados Unidos.

Las tierras recién incorporadas a la ganadería representan  “más de 65 por ciento de las nuevas áreas deforestadas en la Amazonia”, destacó Barreto a IPS. La deforestación en la región volvió a crecer en los cuatro últimos años, después de cinco en descenso. Hasta ahora, la Amazonia ya perdió casi 20 por ciento de sus bosques.

El estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil y límite suroriental de la Amazonia, está en el centro de la expansión agropecuaria interna. Tiene el mayor rebaño del país, con 29 millones de bovinos frente a su población de 3,3 millones de personas. Además es el mayor productor nacional de soya y maíz.

“La agricultura empujó la ganadería hacia el norte”, resumió a IPS el activista André Nunes, del Instituto Centro de Vida (ICV), una organización no gubernamental que actúa en el norte de Mato Grosso, desde su sede en la ciudad de Alta Floresta, una de las fronteras de expansión agrícola hacia el interior de la Amazonia.

Escasamente poblado hasta los años 60, Mato Grosso recibió en las décadas siguientes oleadas de campesinos excedentarios del sur de Brasil en proyectos de “colonización” promovidas por la dictadura militar (1964-1985) como forma de integrar el centro-oeste y la Amazonia a la economía nacional.

Los impactos de una invasión

La ganadería extensiva fue una forma de ocupar las tierras, deforestando áreas inmensas, secundada por cultivos tradicionales sureños, como arroz, café, maíz y frijoles. Luego la soya se hizo dominante, especialmente en el centro-norte del estado.

El ganado se expandió al norte amazónico de Mato Grosso, pero “encuentra barreras en las reservas forestales” y las exigencias ambientales, sostuvo Nunes, educador de la Iniciativa Ganadería Sustentable con que ICV difunde buenas prácticas ambientales entre ganaderos.

Producto de la Iniciativa, nació en 2015 la empresa Ganadería Sustentable de la Amazonia (PECSA, en portugués), una consultora que aporta soluciones productivas, ambientales y de gestión para elevar la productividad, preservar los bosques y recuperar suelos degradados.

“Al comienzo hubo resistencia natural a la novedad, pero ahora tenemos demanda creciente”, aseguró a IPS el director ejecutivo de la empresa, Vando Telles. “Llegamos en buena hora, cuando los pastizales dejaban de ser productivos. Las tierras deforestadas hace 30 o 35 años, con mal uso de los recursos, sin recuperación, se degradaron”, señaló.

El avance de las siembras más rentables le va quitando tierras a la ganadería, bloqueada por los bosques amazónicos y “la presión ambiental que es mundial y hace que grandes compradores de carne controlen el origen de su materia prima”, acotó.

La solución es aumentar la productividad, criar y engordar mas ganado en menos tierras, explicó. Una de las medidas es mejorar el pastizal y la complementación alimentaria, que combina maíz y soja, de harta producción local.

En las haciendas asociadas a PECSA, el promedio de un bovino por una hectárea, vigente en Alta Floresta, se elevó a 2,5 y en algunos casos a 3,6 animales. La productividad de carne se multiplicó por seis, mientras se contuvo la deforestación y se recuperó los bosques de ribera en los ríos, asegura la empresa.

El embargo estadounidense y los escándalos de corrupción hicieron bajar los precios del ganado, con fuerte impacto local. El grupo JBS redujo fuertemente sus compras, cuya mitad eran hechas en Mato Grosso.

Iniciativas similares buscan conciliar ambiente y la ganadería, pero su sustentabilidad global es cuestionable ante el aumento del consumo de carne de vacuno en el mundo, que exige además un brutal aumento de la siembra de soya y otros cultivos forrajeros.

La primera central nuclear de las tres existentes en Argentina, Atucha I, situada a 100 kilómetros de Buenos Aires. China está dispuesta a financiar 85 por ciento de la construcción de otras dos, con un costo previsto de 14.000 millones de dólares. Crédito: CNEA

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 23 2017 (IPS)

Dos nuevas centrales nucleares, a un costo de 14.000 millones de dólares, le darán un nuevo impulso a la relación de Argentina con la energía atómica, iniciada hace más de 60 años. El impactante anuncio lo realizó el presidente Mauricio Macri desde China, que aportaría los recursos para financiar  85 por ciento de las obras.

Sin embargo, y más allá de que rápidamente comenzó a organizarse un movimiento social de rechazo a las centrales, el proyecto parece tener un importante obstáculo a superar.

Se trata de las condiciones del gobierno chino, que amenaza con dejar sin efecto este y todo el resto de de sus planes de inversión en Argentina si no se concreta el contrato ya firmado para la construcción de dos gigantescas represas hidroeléctricas en el extremo sur de la región de la Patagonia, que hoy están en compás de espera por decisión de la Corte Suprema de Justicia.“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”: Dante Sica.

Junto a Brasil y México,  Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que ha desarrollado energía nuclear.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue fundada en 1950 por el entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y el país inauguró su primera central nuclear, Atucha I, en 1974. El desarrollo de este tipo de energía fue frenado luego de la última dictadura militar (1976-1983) por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) hasta que fue retomado durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007).

De acuerdo al anuncio realizado por Macri en mayo, durante su visita a Bejing, en enero próximo comenzará la construcción de Atucha III, con una potencia de 745 megavatios (MW), que se emplazará a 100 kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de Lima.

Allí están Atucha I y II, dos de las tres centrales nucleares ya existentes en el país, mientras la otra, llamada Embalse, está situada en la central provincia de Córdoba.

La quinta central nuclear, de 1.150 MW, comenzaría a hacerse realidad  en 2020 y estaría en algún lugar todavía no precisado de la provincia de Río Negro, en el norte de la sureña Patagonia.

Actualmente,  la energía nuclear aporta cuatro por ciento de la energía eléctrica argentina, terreno en el que dominan las centrales térmicas alimentadas a gas natural y petróleo (64 por ciento) y las centrales hidroeléctricas (30 por ciento), según cifras del Ministerio de Energía. Las fuentes renovables solo significan dos por ciento, aunque el gobierno busca expandirlas.

Más allá de diversificar la matriz energética,  las proyectadas centrales nucleares e hidroeléctricas se enmarcan dentro de una ambiciosa estrategia que  Argentina puso en marcha hace ya varios años: la de potenciar su relación económica con China, de la que espera que le compre cada vez más alimentos y le envíe cada vez más inversiones.

Durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo,  Macri se mostró entusiasmado acerca del rol que el gigante asiático puede jugar  en este país sudamericano.

“China es un socio absolutamente estratégico. Este será el principio de una época maravillosa entre ambos países. Debe haber pocos países en el mundo más complementarios que Argentina y China”, dijo Macri en Beijing  ante empresarios de los dos países.

El presidente argentino, Mauricio Macri, durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo, donde anunció la construcción de dos plantas para producir energía nuclear. Argentina, Brasil y México son los tres países latinoamericanos que desarrollan la controversial energía atómica. Crédito: Presidencia argentina

“Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en una plazo de cinco a ocho años”, afirmó Macri, quien precisó que espera de China inversiones en “rutas, puentes, energía, puertos, aeropuertos”.

El acercamiento entre Argentina y China comenzó hace más de 10 años y tuvo un fuerte impulso en 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández(2007-2015) recibió a su par Xi Jiping en Buenos Aires y firmaron varios acuerdos.

Entre ellos se incluían desde la construcción de las represas patagónicas hasta inversiones en la modernización del ferrocarril Belgrano, que transporta mercancías desde el norte del país hacia el occidental puerto fluvial de Rosario, con acceso al océano Atlántico y desde donde se embarcan para la exportación.

Este último contrato está en plena ejecución, ya que el 22 de junio llegaron a Buenos Aires 18 nuevas locomotoras chinas.

La relación entre la potencia asiática y este país sudameriano, de todas maneras, no está exenta de riesgos para Argentina, según advierte los expertos.

“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”, dijo a IPS el economista Dante Sica, exsecretario de Comercio e Industria de la Nación en el bienio 2002-2003.

“Así como ellos son compradores de alimentos, también quieren vender sus productos y generan tensión sobre la estructura industrial argentina. De hecho, nuestro país hace varios años que tiene déficit comercial con China”, agregó.

El especialista en Relaciones Internacional Roberto Adaro, del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, dijo a IPS que “Argentina puede sacar ventajas de su relación con China si tiene claro sus intereses. Debe hacer hincapié en la complementariedad y no dejar que los chinos inunden nuestro mercado local con sus productos”.

Adaro rescató como positiva la decisión de apostar a la energía nuclear por “la importancia de diversificar la matriz energética” y porque la construcción de este tipo de centrales “generan inversión y puestos de trabajo también en otros sectores de la economía”.

Sin embargo,  existe una piedra en el zapato en el vínculo chino-argentino en el tema nuclear que es el proyecto hidroeléctrico.

Se trata de dos gigantescas centrales, a un costo de casi 5.000 millones de dólares y con una potencia proyectada de 1.290 MW, a instalarse sobre el río Santa Cruz, que nace en el extraordinario Parque Nacional Los Glaciares, en el sur patagónico, y discurre hacia el océano Atlántico.

En diciembre, cuando la obra parecía lista para arrancar, la Corte Suprema de Justicia aceptó el amparo que introdujeron dos organizaciones ambientalistas, al considerar que no hubo un adecuado estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó no comenzar los trabajos.

En respuesta, los tres bancos estatales chinos que financian los dos proyectos,  dijeron que pondrían en funcionamiento una cláusula de incumplimiento cruzado, por la cual cancelarían el resto de las inversiones si no se hacen las represas.

Para construir las dos plantas se formó un consorcio de tres empresas chinas y una argentina, pero tras ganar la licitación en 2013 la construcción no ha comenzado.

Apurado ante la exigencia china, el gobierno hizo público el 15 de junio un nuevo estudio de impacto ambiental y llamaría en las próximas semanas a una audiencia pública para debatirlo, de manera que el máximo tribunal del país autorice el comienzo de las obras.

Al rechazo de ecologistas a las represas, en el horizonte se avizora el que despiertan las centrales nucleares, que ya han movilizado a activistas sociales y ambientales de Río Negro, que en las últimas semanas han realizado asambleas en distintos puntos de la provincia y exigen una consulta popular sobre la que se instalaría allí.

Incluso han generado un inusual conflicto con la vecina provincia de Chubut, cuyo parlamento  aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a las plantas nucleares.  El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, pidió a los chubutenses “que no se entrometan”.

“Argentina tiene que darse un debate serio sobre lo que significan estas centrales, en un momento en que el mundo está abandonando este tipo de energía. Necesitamos saber, entre otras cosas, cómo se va a conseguir el uranio que se necesita como combustible”, dijo a IPS el  director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli.

Hoy Argentina importa el uranio que utilizan sus centrales nucleares pero ambientalistas temen que se busque reactivar la producción local que fue abandonada hace más de 20 años.

Editado por Estrella Gutiérrez

El barrio La Limonada, en la zona 5 de la capital guatemalteca, es una muestra de la pobreza y la desigualdad que persiste en América Latina. Crédito: Danilo Valladares/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 25 2017 (IPS)

El mundo no logrará erradicar la pobreza para 2030 si continúa la actual tendencia de crecimiento económico, concluyó un grupo de estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Fuerza de Trabajo Interagencia, integrada por 50 instituciones internacionales, elaboró un informe sobre el avance de la Agenda de Acción de Adís Abeba, un marco mundial sobre financiación para el desarrollo con el fin de ayudar a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por la comunidad internacional el 25 de septiembre de 2015.

Hubo algunos avances en materia de financiación para el desarrollo, pero el lento crecimiento económico mundial y la disminución del aumento del comercio y las inversiones, desde la crisis económica y financiera de 2008, obstaculizan los avances hacia los ODS, incluida la erradicación de la pobreza.

Wu Hongbo, secretario general adjunto de Asuntos Sociales y Económicos, informa a la prensa sobre el contenido del informe “Avances y perspectivas”, de la Fuerza de Trabajo Interagencia sobre financiación para el desarrollo. Crédit: Kim Haughton/UN Photo.

“A pesar de las expectativas de que este año y el que viene mejore el crecimiento, el actual entorno mundial no presagia nada bueno con respecto al cumplimiento de los ODS”, reconoció el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Wu Hongbo.

En 2016, la economía mundial registró el ritmo de crecimiento más bajo desde la crisis, y las proyecciones indican que el producto interno bruto mundial crecería a un ritmo inferior a tres por ciento en los próximos dos años, lo que dejaría a casi siete por ciento de la población mundial extremadamente pobre para 2030.

Los países menos adelantados (PMA) son los que quedarán más rezagados, alertó Hongbo.

El número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día disminuyó enormemente en las últimas décadas, pero se debió principalmente al fuerte crecimiento económico en los países en desarrollo, precisa el informe.

El menor crecimiento económico también es responsable del aumento del desempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que habrán 3,4 millones más de desempleados en 2017, respecto del año anterior, una tendencia que se prevé continúe en 2018.

El director de la división de globalización y estrategias de desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Richard Kozul-Wright, explicó que esas tendencias se deben en parte a la incapacidad de crear estrategias de crecimiento sostenible.

“Muchas personas esperaban que en el período posterior a la crisis financiera se hiciera una reflexión seria sobre los tipos de estrategias de crecimiento forjadas antes de la crisis, las que claramente no eran sostenibles ni inclusivas, pero eso no fue lo que ocurrió”, indicó.

La falta de inversiones es otro gran desafío para el logro de los ODS y, por ende, para el crecimiento, añadió.

Se necesita entre uno y cinco billones (millón de millones) de dólares más en inversiones solo para infraestructura, un elemento clave para ayudar a mantener el crecimiento en las naciones en desarrollo.

La infraestructura de transporte permite desarrollar el comercio y la economía, lo que es particularmente importante en países sin salida al mar o sin litoral, mientras que la vinculada al sector energético es fundamental para las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura, privadas y públicas, disminuyeron en todo el mundo. Y a pesar de que la asistencia oficial al desarrollo aumentó casi nueve por ciento en 2016, respecto del año anterior, las crecientes necesidades humanitarias generaron falta de fondos a corto y largo plazo.

La incertidumbre que pesa sobre algunas políticas clave de algunos de los países grandes no hace más que elevar los riesgos para la economía, como la propuesta de Estados Unidos de recortar la asistencia al extranjero y los fondos para el clima.

Hongbo también señaló que es fundamental la creación de políticas nacionales ajustadas a los ODS, así como la cooperación internacional para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Muchas de las dificultades que afrontan los países, como el lento crecimiento económico, el cambio climático y las crisis humanitarias, tienen repercusiones transfronterizas o mundiales, que no pueden ser atendidas por un un solo actor”, observó.

La presentación del informe coincide con el segundo foro anual sobre financiación para el desarrollo, que reunió a países miembro y a organizaciones internacionales para discutir sobre los asuntos acuciantes presentados en el informe y sobre sus posibles soluciones.

Los participantes llegaron a un acuerdo sobre la financiación para los ODS, llamando a los gobiernos a aumentar y a cumplir con sus compromisos en el marco de la asistencia oficial al desarrollo y a mejorar las políticas impositivas, como los esfuerzos internacionales para luchar contra la evasión fiscal, y urgiendo a los bancos de desarrollo y a actores privados a ayudar a movilizar recursos catalizadores.

“Alzaremos nuestra voz cuando podamos, hablaremos fuerte por los PMA y los países vulnerables y sus pueblos”, concluyó Hongbo.

Traducido por Verónica Firme

La importancia estratégica y comercial de Yibuti en el encuentro de África con Medio Oriente y el océano Índico se refuerza por su creciente red de puertos. Crédito: James Jeffrey/IPS.

Por James Jeffrey
YIBUTI, Apr 5 2017 (IPS)

No hace mucho tiempo, Yibuti apenas se conocía por los legionarios franceses, el calor atroz y sus viejas vías férreas que lo conectaban con Adís Abeba. En la actualidad, este pequeño país del Cuerno de África de tan solo 900.000 habitantes tiene grandes planes, como convertir su capital en la Dubai de África.

Desde su independencia de Francia en 1977, Yibuti se forjó una identidad regional de importancia estratégica y comercial donde se encuentra África con Medio Oriente y donde confluyen el mar Rojo y el golfo de Adén, con vista al corredor por donde pasan 30 por ciento de los barcos desde y hacia el canal de Suez.

“Es un lugar raro, realmente”, opinó un diplomático extranjero residente en Adís Abeba. “También es importante desde el punto de visto estratégico. No sé por qué no se informa más al respecto”, apuntó.

Una inversión china de más de 12.000 millones de dólares financia la construcción de seis nuevos puertos, dos nuevos aeropuertos, vías férreas y lo que se considera una de las mayores y más dinámicas zonas francas de África y que podría dar a esta capital una ventaja sobre sus competidoras.

“Unos dos millones de clientes africanos viajan al (emirato de) Dubai cada año”, indicó Dawit Gebre-ab, de la Autoridad de Zona Franca y Puertos de Yibuti, encargada del desarrollo de la infraestructura comercial en esta capital.

“Sabemos lo que hay en su lista de compras y podrían venir aquí”, apuntó.

En ese sentido, Yibuti también se conoce por su muy buena infraestructura militar, tanto para fortalecer la estabilidad regional como para frenar la piratería, que pone en riesgo a esa vía de circulación clave y que tras alcanzar un máximo de casos en 2011, cuando 151 barcos fueron asaltados y 25 secuestrados, disminuyó de forma drástica.

Otro diplomático extranjero consideró que Yibuti era un “oasis en un barrio malo”.

En 2014, el ejército estadounidense acordó ampliar su estancia en el país a 10 años, con la opción de extenderla otros 10 más, concentrado en el Campo Lemonnier, su sede africana.

El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, describió el campamento como “extraordinariamente importante, no solo para nuestro trabajo en el Cuerno de África, sino en toda la región”.

La población de Tadjoura, una pequeña ciudad sobre el golfo de Tadjoura, compra su baguete diaria, una costumbre heredada de la colonia francesa. Crédito: James Jeffrey/IPS.

Lo mismo ocurre con China. Además de sus inversiones en este país y de haber invertido enormes sumas en el resto de África oriental, en especial en la vecina Etiopía, una de las economías de más rápido crecimiento y 90 por ciento de cuyas importaciones llegan a través de Yibuti, Beijing quiere asegurar esos intereses y otros en África subsahariana.

Además, China, sedienta de petróleo, quiere cubrir su enorme dependencia de las importaciones de Medio Oriente, que al sur de Yibuti pasan por el golfo de Adén rumbo al océano Índico y luego hacia el mar de China meridional.

En 2016, el gigante asiático culminó el proyecto para una nueva base en Obock, un pequeño puerto a unas horas en ferri de Yibuti, al norte del golfo de Tadjoura. Unos 10.000 efectivos chinos residirán en la base cuando esté terminada.

Los soldados extranjeros ya estacionados en Yibuti, que son de Francia, Alemania, Holanda, España y Japón, ascienden a unos 25.000.

Pero detrás de las grúas, los llamativos hoteles y los campamentos militares, hay otro Yibuti.

Cada mañana, en la pequeña ciudad de Tadjoura, a unos 40 kilómetros de Obock, hacia la costa, la población local hace cola para recibir su cuota diaria de baguete, una escena que se repite en todo el país.

La pertenencia de Yibuti a la Somalilandia francesa colonial dejó una huella gala indeleble. Además del somalí, el afar y el árabe, el francés sigue siendo una de las lenguas más habladas.

Un constante murmullo de “bonsoir” saludan a los visitantes que deambulan por el llamado barrio europeo y su punto de encuentro la Place du 27 Juin 1977, una gran plaza rodeada de edificios blancos y arcadas de origen árabe, bautizada con la fecha de la independencia.

Una mujer vende jugo fresco en la calle para saciar la sed de los transeúntes bajo el sol abrasador de Yibuti. Crédito: James Jeffrey/IPS.

Al sur del barrio con arquitectura colonial francesa y avenidas y bulevares ordenados se ubica el barrio africano, más precario y sucio.

A la población local le preocupa que la animada mixtura cultural no sobreviva a la nueva ola de desarrollo modernizador, pues están orgullosos de su histórica mezcla heterogénea de tradiciones.

“Mi miedo no es al cambio cultural, pues lo necesitamos ya que esta es una sociedad ultraconservadora”, explicó una elegante profesional de unos 30 años, con la cabeza cubierta por un velo y un cigarrillo entre sus finos dedos, con el sol cayendo en el horizonte sobre el viejo puerto.

“Es más por las consecuencias sobre nuestras costumbres, como la decoración, los alimentos y la vestimenta tradicionales que simbolizan nuestra identidad”, precisó.

Otros son más abiertos con sus críticas a la actual estrategia y crecimiento económico, de seis por ciento al año, y que probablemente supere siete por ciento por el auge de la construcción.

Algunas personas critican al país, controlado por una dictadura hábil con los negocios que saca provecho de sus superpoderosos inquilinos y que no hace nada para aliviar la gran pobreza. El acuerdo de 10 años suscrito con China, la obliga a pagar 20 millones de dólares al año por concepto de alquiler. Estados Unidos, por su parte, paga 60 millones de dólares al año por el arriendo del campamento Lemonnier.

“Al gobierno solo le interesa recolectar la riqueza del país”, dijo un periodista yibutí que había estado detenido por informar sobre asuntos locales sensibles. “No les importa la libertad de expresión, los derechos humanos, la justicia ni la igualdad de oportunidades”, apuntó.

Los sueños de convertirse en la Dubai de África no son importantes para la gente de a pie, 42 por ciento de la cual es pobre, pues más de 60 por ciento de la fuerza laboral está desempleada, según las últimas estimaciones.

Un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos de 2014 menciona las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, el excesivo uso de la fuerza, que incluye la tortura, así como el acoso y la detención de los críticos del gobierno de Yibuti.

Incluso, hay quienes sostienen que funcionarios gubernamentales manipulan el uso del qat, una planta conocida por su efecto estimulante psicotrópico, a su favor, al facilitar la venta como forma de generar ingresos y mantener tranquila a la población, pues se aumenta su circulación en tiempos de campaña como forma de obtener favores.

Mientras, los barcos brillan hacia y desde los puertos del país, donde las grúas descargan los contenedores, que serán cargados en camiones ya entrada la noche.

A principios de este año, se inauguró la vía férrea de 4.000 millones de dólares, construida por China y que conecta Yibuti con el interior de Etiopía, y que podría conectarse con otras vías construidas también con capitales chinos en el resto del continente.

La ubicación de Yibuti siempre fue su más preciado recurso; al estar desprovisto de ríos o de minerales extraíbles, no produce casi nada.

Sin embargo, desde hace 150 años concentra la atención de ejércitos, mercenarios, contrabandistas de armas y de otras mercancías y comerciantes, todos los que están vinculados al movimiento o al control de mercancía. Y esa tendencia no parece más que afianzarse.

“Etiopía tiene una población 100 veces mayor a la de Yibuti, pero solo importa y exporta seis veces más”, indicó Aboubaker Omar, presidente y director general de la Autoridad de Zonas Francas y Puertos. “Imagine el día en que la demanda equipare a la población etíope”, propuso.

Traducido por Verónica Firme

El presidente del Banco de Desarrollo del Caribe, Warren Smith, dijo que la institución prioriza la atención a las consecuencias del cambio climático en la región. Crédito: Desmond Brown/IPS.

Por Desmond Brown
BRIDGETOWN, Apr 4 2017 (IPS)

Todos los países, tanto los dependientes del turismo, como Barbados, como los que tienen abundantes recursos naturales, como Guyana, deben hacer frente al gran desafío que supone el cambio climático en el Caribe.

Casi todos los países de esta región son vulnerables a eventos naturales como huracanes, por lo que no es de sorprender que la principal institución financiera de esta región, el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB, en inglés), se ocupe del riesgo que supone el recalentamiento planetario.

“Le damos mucha prioridad a la recuperación tras las consecuencias del cambio climático”, aseguró el presidente del banco, Warren Smith, en conferencia de prensa durante una visita a Barbados.“¿Por qué esto es tan importante? Porque el Caribe está frente a una crisis climática, que tenemos que afrontar ahora, con urgencia”: Warren Smith.

“Es una realidad ineludible y asumimos totalmente la implementación de los recursos financieros necesarios para reparar el impacto del aumento del nivel del mar y de los huracanes más peligrosos”, explicó.

El CDB también presentó nuevos fondos para energías renovables y para lograr la eficiencia energética.

Por primera vez, el banco consiguió un crédito de 33 millones de dólares de la Agencia Francesa para el Desarrollo para destinar a proyectos de infraestructura sostenible en determinados países del Caribe y tres millones de euros (unos 3,20 millones de dólares) para realizar estudios de viabilidad para financiar las iniciativas que cumplan con las condiciones para el crédito.

“Por lo menos 50 por ciento de los fondos se destinarán a proyectos de adaptación y mitigación climática”, explicó Smith.

“Convencimos al gobierno de Canadá de que contribuyera con cinco millones de dólares canadienses (unos 3,72 millones de dólares) para apoyar el sector energético del Fondo del Caribe, administrado por el CDB. Ese monto permitirá ayudar a construir capacidades en el sector energético entre 2016 y 2019”.

En febrero, el CDB también se volvió un socio acreditado del Fondo de Adaptación, y en octubre de 2016, concluyó la acreditación para el Fondo Verde para el Clima (FVC).

“¿Por qué esto es tan importante? Porque el Caribe está frente a una crisis climática, que tenemos que afrontar ahora, con urgencia”, subrayó Smith.

“El Fondo de Adaptación y el FVC abrieron nuevas vías de acceso a los tan necesitados subsidios o fondos a bajo costo para hacer frente a las vulnerabilidades del cambio climático en todos nuestros países prestatarios”, explicó.

Las opciones detalladas por el presidente del CDB sin duda son buenas noticias para los países caribeños tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar los fondos para contener el cambio climático.

El presupuesto federal propuesto para 2018 pondrá fin a los programas para disminuir las emisiones de gases invernadero a escala local, así como los esfuerzos diplomáticos para frenar el cambio climático a escala mundial y las misiones científicas para estudiar el fenómeno.

El presupuesto reducirá los fondos de la Agencia de Protección Ambiental en 31 por ciento, lo que incluye el Plan de Energía Limpia implementado por su antecesor, Barack Obama, para reducir las emisiones contaminantes de las centrales de generación eléctrica.

En el Departamento de Estado de Estados Unidos, el nuevo presupuesto elimina la Iniciativa Mundial para el Cambio Climático y cumple con la promesa del presidente de dejar de aportar a los programas de cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al eliminar la contribución estadounidense relacionada con el FVC y sus dos predecesores Fondos de Inversiones para el Clima.

El FVC es una iniciativa de la ONU para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático o a desarrollar tecnología para el sector energético con bajas emisiones de carbono; y la Iniciativa Mundial para el Cambio Climático es un programa que engloba a otros y que financia la asistencia a otros países que trabajan en otros aspectos, como las energías limpias.

El nuevo presupuesto de Estados Unidos también elimina una gran proporción de los programas vinculados al clima de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), a través de la cual los países del Caribe obtenían gran parte de los recursos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.

“Seríamos unos tontos si hubiéramos encabezado la iniciativa mundial en materia climática con el fin de concentrarnos en la innovación, para luego abandonar la agenda”, opinó el físico nuclear Ernest Moniz, en entrevista con CNN.

“Algunas de las declaraciones relacionadas con la ciencia hechas por personas que no son científicas son perturbadoras, pues la evidencia es clara para que avancemos con prudencia”, subrayó.

“No discutiría respecto de que diferentes funcionarios decidan tomar un camino o un ritmo distinto, pero no cuando se discute lo fundamental de la ciencia”, añadió Moniz, quien fue decisivo en las negociaciones del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Durante toda la campaña electoral de Estados Unidos, Trump amenazó con retirarse del acuerdo.

Moniz, quien ocupó el cargo de secretario de Energía en el gobierno de Obama, de mayo de 2013 a enero de este año, dijo que esperará y observará cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero al comentar sobre la amenaza de retirarse del Acuerdo de París, dijo: “obviamente, sería una muy mala idea”, pues todos los países del mundo apuestan a un futuro con bajas emisiones contaminantes.

“No hay vuelta atrás. Uno de mis amigos de la industria diría: ‘no puedes alejar las olas de la playa’. Nos dirigimos hacia un futuro con pocas emisiones de carbono”, sentenció.

Desde que asumió la Presidencia, Trump realiza declaraciones contradictorias en materia de cambio climático. Si bien él mismo considera que el fenómeno es un engaño, también dijo que mantiene una mentalidad abierta respecto de los esfuerzos para contenerlo.

Mientras, los países del Caribe observan con interés lo que sucede en Estados Unidos.

Por su parte, el director ejecutivo del Mecanismo de Pesca de la Región del Caribe, Milton Haughton, dijo que la pesca es una de las industrias que sufren el impacto del recalentamiento de la Tierra.

“El cambio climático, el aumento del nivel del mar, la acidificación oceánica y la gestión del riesgo de desastres son grandes desafíos para la pesca y, en general, para la economía de nuestros países”, precisó Haughton, antes de una reunión de dos días en Kingston para discutir medidas de adaptación y la gestión de desastres en el sector, además del estatus de las últimas tendencias en la pesca y la acuicultura de la región.

“Esos asuntos siguen siendo grandes prioridades para las autoridades y otros actores del sector porque necesitamos mejorar nuestra capacidad, la base de información y las políticas, así como los acuerdos institucionales a fin de responder a las amenazas y proteger nuestro futuro”, subrayó.

“En la reunión discutiremos la iniciativa impulsada por Estados Unidos de ofrecer a los pescadores un seguro de riesgo, entre otras opciones para mejorar y proteger la pesca y garantizar la seguridad alimentaria”, precisó Haughton.

Traducido por Verónica Firme

Durante la feria agrícola Expoagro, en el mes de marzo en San Nicolás, a 225 kilómetros de Buenos Aires, bancos públicos y privados concedieron créditos para maquinaria agrícola por más de 80 millones de dólares, el doble del año anterior, en un reflejo del aumento delas inversiones en el sector. Crédito: Expoagro

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Mar 22 2017 (IPS)

Mientras la mayoría de los sectores todavía no logra despegar de varios años de estancamiento, en la economía argentina brilla la actividad agrícola, que según el presidente Mauricio Macri se encamina a tener este año la mayor cosecha de granos de la historia: 130 millones de toneladas.

La mayor parte de los analistas independientes estiman que no serán tan altos como dice el gobierno los números finales, pero sí existe consenso en que las medidas oficiales tomadas durante los 15 meses del actual gobierno fueron tan beneficiosas para los productores que compensaron ampliamente los contratiempos climáticos, que generaron inundaciones en algunas zonas y sequías en otras.

Esas cifras definitivas se conocerán a mediados de año, cuando se hayan levantado las cosechas de soja, trigo y maíz, los tres principales cultivos de este país sudamericano.“Estamos contentos con el cambio de las reglas de juego, que permiten que los argentinos aprovechemos mejor el clima y el suelo que tenemos. Las regulaciones en el comercio y los altos impuestos habían hecho que los productores cayéramos a regañadientes en la soja, que era lo único rentable”: Pedro Vigneau.

“Los argentinos que trabajan en el campo tienen potencial para ganar lugar en los supermercados del mundo”, dijo Macri el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del legislativo Congreso de la Nación.

“La venta de tractores aumentó 25 por ciento en 2016, de cosechadoras, un 54 por ciento, y la de sembradoras 80 por ciento, y estamos teniendo la cosecha histórica más alta de la historia de trigo y una cosecha récord total de 130 millones de toneladas” durante este año,  afirmó entonces.

En su primera semana como presidente, en diciembre de 2015, el centroderechista Macri tomó trascendentes medidas de política económica favorables a los productores agrícolas: eliminó los impuestos a las exportaciones de maíz y trigo, de 20 por ciento y de 23 por ciento, respectivamente, y disminuyó de 35 a 30 por ciento los de la soja.

El maíz y el trigo fueron tradicionalmente los principales cultivos de la Argentina, pero en este siglo se han visto desplazados por la soja, proceso que se desencadenó a partir de 1996, cuando el gobierno del neoliberal Carlos Menem (1989-1999) autorizó la comercialización de las semillas de soja transgénicas, resistentes el herbicida glifosato, que la transnacional estadounidense de biotecnología Monsanto vende como RR-Ready.

Duraante los últimos años, la soja transgénica, gracias a su extraordinaria rentabilidad, no dejó de avanzar y hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada.

En la última campaña agrícola su área descendió levemente (de 20,2 millones de hectáreas a 19,2) por la eliminación de impuestos a la exportación de maíz y trigo, cuyas superficies crecieron de 4,9 a 5,8 millones de hectáreas y de 3,9 a 4,6, respectivamente, de acuerdo a los números de la Bolsa de Comercio de Rosario, que controla el mercado interno de granos.

La discusión de fondo parece ser cuál es y cuál será el impacto de esta auspiciosa realidad agrícola sobre una economía que tuvo en 2016 un año muy malo, con una caída de 2,3 por ciento, según el instituto oficial de estadísticas, y que en 2017 da muy escasos síntomas de recuperación.

En este país de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y tierras muy fértiles, en que viven 43 millones de personas, el sector agropecuario es uno de los puntales de su economía, a la que aporta en torno a 13 por ciento del producto interno bruto, más de la mitad de sus exportaciones y un tercio de su empleo directo e indirecto.

Gustavo López, analista de la consultora Agritrend, dijo a IPS que “yo no tengo dudas que habrá un efecto positivo. Esta cosecha conducirá a una exportación agrícola record, que incluyendo granos y productos industrializados alcanzará los 95 millones de toneladas y generará ingresos por 30.000 millones de dólares”

Según sus previsiones, “las exportaciones agrícolas serán este año entre 35 y  40 por ciento de las exportaciones argentinas totales y significarán ingresos para el Estado de no menos de 5.000 millones de dólares por derechos de exportación”.

López aseguró que “30 por ciento de la población argentina vive directa o indirectamente del campo”.

En sintonía con este dato, pero pesimista en cuanto al efecto en la economía, el economista Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central y referente del opositor Frente Renovador, consideró que “70 por ciento de los argentinos, que vive en centros urbanos, no sentirá el impacto positivo del crecimiento del campo”.

El aumento de la producción del campo argentino era también un objetivo que se había planteado la presidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien en septiembre de 2011 presentó un proyecto titulado Plan Estratégico Agroalimentario, a través del cual se proponía llevar la producción agrícola de las 100 millones de toneladas que rondaba en entonces a 150 millones de toneladas, en 2020.

Sin embargo, esa iniciativa –cuya forma de implementación nunca fue bien explicada- languideció en medio de un enfrentamiento político de su gobierno con las principales entidades de productores rurales, comenzado en 2008 y que nunca se superó.

Ese enfrentamiento había comenzado cuando centroizquierdista Fernández, pocos meses después de iniciar su primer mandato, intentó imponer un sistema impositivo móvil a las exportaciones de granos, sujeto a las variaciones de los precios internacionales.

Después de varios meses de huelgas y bloqueos de rutas por parte de los productores, el conflicto se saldó a favor de estos, cuando el Congreso de la Nación rechazó la iniciativa gubernamental, con el inesperado voto decisivo del entonces vicepresidente, Julio Cobos.

Fernández nunca concurría a las inauguraciones de las exposiciones que anualmente realiza en Buenos Aires la Sociedad Rural Argentina, la más tradicional de las entidades de productores agropecuarios, con más de 150 años de historia. Macri, en cambio, fue el año pasado y se llevó un estruendoso aplauso cuando dijo: “Trabajamos para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima”.

El presidente de la Asociación de Productores en Siembra Directiva, Pedro Vigneau, dijo a IPS que “estamos contentos con el cambio de las reglas de juego, que permiten que los argentinos aprovechemos mejor el clima y el suelo que tenemos. Las regulaciones en el comercio y los altos impuestos habían hecho que los productores cayéramos a regañadientes en la soja, que era lo único rentable”.

“Fíjese que ahora están volviendo el trigo y el maíz. Mejorando las rotaciones, mejoramos el suelo. Nosotros somos los primeros ambientalistas”, agregó.

De todas maneras, según el consultor Sebastián Olivero, de Agro-TECEI, “si bien hay optimismo y mayor inversión en los productores, tampoco veo un clima de euforia”.

“Las razones son que los precios de los ‘commodities (productos básicos)’ a nivel internacional, aunque no son malos, no son excelentes como fueron hace pocos años. Por otro lado, los costos de producción han ido aumentando, igual que para todos los sectores de la economía argentina, mientras se mantiene el atraso cambiario”, afirmó a IPS.

Efectivamente, en el curso del último año el peso, la moneda local, se apreció sensiblemente, ya que el valor del dólar –dato históricamente muy sensible en la Argentina, no solo para los economistas sino para todos- prácticamente no cambió, mientras que durante el mismo periodo hubo una inflación de 40 por ciento.

Entre los datos que muestran el excelente 2016 que tuvo el campo uno de los que más llamó la atención fue que el vehículo más vendido del año en Argentina fue la Toyota Hilux, una camioneta de doble tracción que se utiliza para la actividad agrícola.

Con 31.694 unidades vendidas, superó casi en 2.000 las del vehículo ubicado en el segundo puesto, el Fiat Palio, representante del más popular segmento de los automóviles de tipo turismo y de bajo coste.

Editado por Estrella Gutiérrez