El Programa Mundial de Alimentos apoyó a 95.000 personas en Zimbabwe en 2016 mediante la recuperación o creación de activos comunitarios, como los sistemas de recolección de agua. Crédito: PMA.

Por Sally Nyakanyanga
HARARE, Jun 7 2017 (IPS)

“¿Quiere tomates o boniatos (batatas)? ¿Cuánto tiene?”. Los gritos de las vendedoras se oyen desde lejos a medida que uno se aproxima a Domboshawa, una localidad 30 kilómetros al noreste de la capital de Zimbabwe, Harare.

Decenas de mujeres y niños que cargan con verduras, bolsas de boniatos y recipientes llenos de productos agrícolas gritan por encima del estruendo de los vehículos en movimiento, con el fin de vender sus productos a cambio de una reducida ganancia."Los hogares y las comunidades se han comprometido a promover prácticas no opresivas, que reconocen la importancia de compartir roles": Ali Said Yesuf.

Tsitsi Machingauta, de 32 años y propietaria de una granja de dos hectáreas en la zona, se queja de los numerosos problemas que padecen los pequeños agricultores, que van desde la podredumbre de los productos en los campos debido a las fuertes lluvias que el país experimentó este año, hasta la mediocre red vial que restringe su acceso a los mercados.

“Incluso cuando las cadenas de supermercados nos compran productos, pagan muy poco porque no tenemos poder de negociación. Debido a las limitadas ganancias, apenas podemos ganarnos la vida y ni que hablar de enviar a nuestros hijos a la escuela”, aseguró Machingauta a IPS.

La mujer, fundadora y directora del Sindicato Agrícola de Mujeres, una organización que apoya a las pequeñas agricultoras en Domboshawa, explicó cómo la falta de conocimiento para aprovechar la tecnología y el tiempo limitado para acceder a la capacitación, además de las consecuencias del cambio climático, agravaron la situación de las mujeres en la zona.

Según el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Género y Desarrollo Comunitario de Zimbabwe, las mujeres constituyen 70 por ciento de la población rural y 86 por ciento de ellas se dedican a la agricultura. Pero de los pequeños agricultores que se beneficiaron del programa de reforma agraria estatal, solo 18 por ciento eran mujeres.

Un estudio realizado en 2016 por la Cámara Nacional de Comercio sobre mujeres emprendedoras reveló que pocas de las numerosas pequeñas agricultoras cumplen con los rigurosos requisitos que exigen los bancos para concederles un préstamo. Por eso es más probable que las mujeres operen en el sector informal.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre pequeños propietarios y agricultores familiares, si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres podrían aumentar el rendimiento en sus establecimientos entre 20 y 30 por ciento, lo cual sacaría de la pobreza a entre 100 y 150 millones de personas.

Ali Said Yesuf, asesor técnico de la FAO, dijo a IPS que el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña financió 72 millones de dólares para implementar el Programa de Subsistencia y Seguridad Alimentaria (LFSP) con el fin de aumentar la productividad y los ingresos agrícolas, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la pobreza en las zonas rurales de Zimbabwe.

“El LFSP abordará activamente las limitaciones específicas que enfrentan los pequeños agricultores, particularmente las mujeres, a la hora de mejorar la productividad de sus granjas y participar en los mercados”, según Yesuf. El proyecto abarca ocho distritos en Zimbabwe.

Las intervenciones tienen en cuenta las limitaciones temporales, que son consecuencia de las numerosas responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres. El LFSP promueve tecnologías que ahorran mano de obra, tales como la mecanización en la agricultura de conservación, las descascarilladoras y las tecnologías de extracción de agua, así como estufas de madera más eficientes.

Los servicios de extensión y de capacitación se realizan cerca de los hogares para evitar interrupciones en las rutinas de las mujeres, explicó Yesuf.

“Las cadenas de valor como las aves de corral – pollos de engorde y autóctonos – y el maní, que se perciben como un dominio de las mujeres, también reciben preferencia. Esto les permite tener cierto control sobre los ingresos derivados”, añadió.

El LFSP también asegura la participación de las mujeres en la toma de decisiones, como su pertenencia a comités rurales, consejos de ahorro y préstamo y asociaciones de productos básicos, y en el trabajo con mujeres y hombres para integrar las relaciones de género dentro del hogar.

El programa también promueve mejorar el conocimiento de las mujeres sobre los mercados.

El LFSP aplica el enfoque conocido como Sistemas de Aprendizaje de Acción de Género, que brinda espacios seguros para que las comunidades integren la toma de decisiones y las relaciones de poder.

Así, “los hogares y las comunidades se han comprometido a promover prácticas no opresivas, que reconoce la importancia de compartir roles”, afirmó Yesuf.

A medida que las mujeres son conocidas por sus buenas prácticas de ahorro, el LFSP ha mejorado y construido estas iniciativas mediante el ahorro y los préstamos internos a través de la capacitación y el desarrollo de capacidades y la introducción de actividades generadoras de ingresos.

Las mujeres de la provincia de Midlands han transformado sus vidas con el proyecto de Extensión y Capacitación para la Agricultura Rural del LFSP, como le sucedió al grupo de ahorro y préstamo de Vavariro.

“Comenzamos contribuyendo pequeñas cantidades de dinero, desde tres dólares por persona”, informó Virginia Gomana, una integrante del grupo.

“Ahora nos aventuramos en grandes proyectos que nunca pensamos que haríamos, como la cría de cabras y la horticultura, y esto nos permitió tener nuestros propios hogares. Vavariro también se convirtió en una plataforma donde podemos intercambiar ideas, fortalecer nuestras habilidades”, agregó.

Yesuf dijo que también se recurrió a las instituciones financieras para apoyar mejor las necesidades de estas mujeres. “Las mujeres acceden a préstamos de instituciones microfinancieras… con garantías grupales”, explicó.

Traducido por Álvaro Queiruga

Rosa Herrera retorna a la playa tras pasar la mañana recolectando moluscos en los manglares que bordean Isla de Méndez, en la Bahía de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután. La lucha por la obtención de alimentos es intensa en estas comunidades pesqueras de El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
ISLA DE MÉNDEZ, El Salvador , Mar 15 2017 (IPS)

Luego de una extenuante jornada recolectando moluscos en el fango del manglar, la salvadoreña Rosa Herrera, el rostro tostado por el sol, llega a la orilla de la playa a bordo de la lancha Topacio, cargando en sus hombros el fruto de la faena.

Durante toda la mañana logró recolectar, escarbando dentro de pequeñas cuevas en el lodo, 126 de esos moluscos (Anadara tuberculosa) llamados localmente “curiles” o “conchas”, muy demandados en El Salvador y por los cuales la Cooperativa Manglarón, de la que es miembro, le pagó 5,65 dólares.

“Hoy estuvo más o menos bien, a veces nos va mal y solo ganamos dos o tres dólares”, dijo a IPS esta mujer de 49 años que desde que tenía 10 faena en estos manglares de la bahía de Jiquilisco, cercanos a la Isla de Méndez, la comunidad de 500 familias donde vive, en el municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután.“He dejado mi vida en los manglares, no pude ir a la escuela a aprender a leer y a escribir, pero estoy contenta de que a todos mis hijos les he dado estudios, a puro curil”: Rosa Herrera.

La Isla de Méndez es en realidad un asentamiento ubicado en una península, bordeada al sur por el océano Pacífico, y al norte por la bahía. Un lugar donde la vida no ha sido fácil en los últimos meses.

La pesca y la extracción del molusco, las principales fuentes de alimentos e ingresos, se vieron afectadas por factores ambientales y por la violencia de las pandillas delictivas, un fenómeno que tiene sumido el país en la lista de las naciones más violentas del mundo.

Por temor a los constantes atracos de pandilleros, los pescadores disminuyeron sus jornadas, sobre todo de noche.

“Se sentía miedo, y en la noche nadie salía, y la pesca ahorita da más de noche, pero eso está cambiando un poquito”, contó Berfalia de Jesús Chávez, una de las socias fundadoras de la Cooperativa Las Gaviotas, creada en 1991 y conformada por 43 mujeres.

Pero la pandilla fue desarticulada y poco a poco la vida en la localidad está regresando a la normalidad, dijeron pobladores entrevistados por IPS durante las dos jornadas que compartió con ellos.

“El cambio climático también ha mermado la pesca, y los fenómenos de la Niña y el Niño”, dijo María Teresa Martínez, presidenta de la cooperativa, aunque agregó que la captura siempre tiene sus periodos de bonanza y de escasez.

Ofilio Herrera (izquierda) compra un kilogramo de pescado recién capturado por Álvaro Eliseo Cruz, en las aguas del océano Pacífico de Isla de Méndez, en Jiquilisco, en el oriente de El Salvador. Cruz obtuvo unos 15 kilogramos durante la jornada, entre pargos, mojarras y otras especies, que parte comercializa y parte deja para alimentar a su familia. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Las mujeres de Las Gaviotas se esfuerzan por reparar sus tres canoas y sus redes para arrancar nuevamente, un verdadero reto cuando buena parte de la actividad productiva fue también alcanzada por la violencia.

La pesca y la venta de comida a los turistas, en un pequeño restaurante a la orilla de la bahía, es la actividad principal de esta organización. Pero de momento ellas deben comprar los mariscos para poder atender a los pocos visitantes que llegan a la comunidad.

“Ahora vuelven a venir un poco los turistas”, narró a IPS un emprendedor que prefirió no revelar su nombre cuyo negocio de venta de comida también cerró debido a las extorsiones exigidas por los pandilleros. Solo hace poco, se animó a reabrir su pequeño negocio.

“Antes, a esta hora del mediodía, todas esas mesas estaban llenas de turistas”, acotó, señalando las mesas vacías de su local.

En Isla de Méndez, cada día es una constante lucha por poner alimentos a la mesa, como en la mayoría de familias rurales en este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes.

Según el documento Seguridad Alimentaria y Nutricional: camino hacia el desarrollo humano, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en julio del 2016, la prevalencia de la subalimentación en El Salvador alcanza a 12,4 por ciento de la población.

Esa prevalencia define la probabilidad de que una persona no consuma la cantidad de energía alimentaria suficiente.

Las Naciones Unidas aún está definiendo las metas por alcanzar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en el caso del país esa prevalencia debería caer al menos a la mitad, afirmó a IPS la representante de programas de la oficina de FAO en El Salvador, Emilia González.

“A veces una trae solo cuatro pescaditos solo para que la familia coma, para vender nada, pero siempre hay un plato en la mesa”, aseguró María Antonia Guerrero, miembro de la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera, conformada por 37 socios.

“Unas veces no se agarra ni para la gasolina”, señaló.

Por las limitaciones de equipo de la cooperativa (únicamente 10 barcas y dos motores), solo puede faenar dos o tres veces por semana. En días de suerte, añadió, puede atrapar el equivalente a 40 dólares a la semana.

En la comunidad, se siguen los protocolos ambientales que exigen el uso de una red que asegure la reproducción de las distintas especies de peces.

“Lo hacemos para no afectar a los más pequeños, de lo contrario se acaba y no tendremos qué comer después”, dijo Sandra Solís, también de la misma cooperativa.

González, la oficial de la FAO, sostuvo que uno de mandatos del organismo es luchar por la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, y solo empoderándolas en este proceso se puede lograr una mejora en su nivel de vida.

“Se ha trabajado mucho en las comunidades para que las familias sean las propias gestoras de su desarrollo”, indicó.

En esta comunidad se hacen esfuerzos para desarrollar proyectos para producir abono orgánico y para tratar los desechos sólidos, explicó Ofilio Herrera, de la Asociación de Desarrollo Comunal de la Zona 1.

Otros planes más ambiciosos incluyen establecer una planta de procesamiento de agua de coco y las pepitas y el fruto de marañón (Anacardium occidentale), añadió.

Rosa Herrera, en tanto, camina con un dejo de sonrisa en el rostro hacia su hogar, satisfecha de haber obtenido, aunque pírrico, un ingreso para que ella, su hija y su padre, tengan algo que comer este día.

Madre soltera, está orgullosa de que, haciendo este duro trabajo, logró sacar adelante sola a sus siete hijos, seis de ellos ya independizados.

“Por estar trabajando para la comida no pude ir a la escuela, nosotros éramos ocho hermanos, unos estudiaban, los menores, y los mayores trabajaban. Mi papá y mamá eran muy pobres, los mayores faenábamos para mantener a los más pequeños. Cuatro no aprendimos a leer, pero los otros lo hicieron de adultos, menos yo”, contó.

“He dejado mi vida en los manglares, no pude ir a la escuela a aprender a leer y a escribir, pero estoy contenta de que a todos mis hijos les he dado estudios, a puro curil”, dijo.

Editado por Estrella Gutiérrez

Clientes en mesas en el exterior de uno de los cuatro restaurantes privados en el Callejón de los Barberos, en el barrio del Santo Ángel, en la Habana Vieja, una calle peatonal muy frecuentada por los turistas que visitan Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Nov 25 2016 (IPS)

Plantas ornamentales y obras de arte engalanan las fachadas de las viviendas y negocios que se apretujan en el Callejón de los Peluqueros, en el turístico municipio de Habana Vieja. A simple vista, pasa desapercibido que es un lugar único en Cuba. 

En la angosta y típica calle peatonal, prosperan 23 pequeños negocios privados, que promueven la aplicación, adaptada a las condiciones de esta isla caribeña, de la “economía social y solidaria”, una modalidad que une la economía pública y privada, así como a las organizaciones no gubernamentales.

“Nosotros borramos la línea entre: Tú eres estatal y yo cuentapropista (privado), para trabajar juntos en el beneficio comunitario”, aseguró Gilberto Valladares, un barbero conocido internacionalmente después que habló al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante un foro empresarial durante su visita a La Habana en marzo.

“Ese es el modelo que nos permite crecer desde abajo”, sostuvo a IPS este emprendedor, conocido como Papito, que despliega una intensa labor comunitaria, apenas divulgada localmente, a través del Proyecto de Desarrollo Integral Comunitario Arte Corte, creado en 1999.

En estos días, emprendedores como Valladares se preguntan qué espacio tendrá el creciente sector privado en este país de economía centralizada, luego que el 28 de septiembre se anunció un aumento de los controles y medidas en los cada vez más numerosos pequeños negocios en la capital, sobre todo en restaurantes y bares.

“Nosotros demostramos qué puede aportar un cuentapropista al país, en lo económico, social, cultural y el rescate de los valores”, aseguró el peluquero, de 46 años. “El momento histórico de comprometer al sector privado con la sociedad es hoy, no mañana”, propuso el emprendedor, que aún lucha contra los prejuicios y vacíos legales del ramo.

A su juicio, las miles de personas que establecen negocios privados son muy diversas y tiene un potencial sin aprovechar.

“Es cierto que no todo es color de rosa y existen fenómenos negativos (en el sector privado), como la explotación y discriminación de la mujer, pero son problemas sociales mayores que se encuentran en todos los espacios”, valoró Valladares, quien asegura que su proyecto logró autosustentarse gracias a la alianza público-privada.

Interior del Café de los Artistas, uno de los emprendimientos privados que participa en el desarrollo comunitario del barrio del Santo Ángel y en el proyecto Arte Corte, una iniciativa única en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Papito recuerda que hace cinco años el callejón donde vive era “el más feo de La Habana”. “Aquí solo existía mi peluquería y la escuela”, contó sobre el centro de enseñanza gratuita que inauguró en un local estatal para “dignificar el oficio de la peluquería”.

Ahora, Arte Corte es una escuela que ofrece cursos de peluquería y gastronomía y talleres de arte a niños y jóvenes. En alianza con otros emprendedores, instituciones y organizaciones, capacita a jóvenes, en especial de grupos vulnerables como aquellos con problemas auditivos o discapacidades mentales, para que accedan a empleos dignos.

En esta calle, hay cuatro restaurantes para turistas, otras tantas galerías de arte,  una tienda de ropa y otra de artesanías. También se arriendan espacios para esas y otras actividades y se rentan habitaciones a visitantes extranjeros.

Estos negocios emplean a 97 personas, en su mayoría del barrio del Santo Ángel, donde está enclavado el callejón y es el área de acción de Arte Corte. El equipo del proyecto recabó la existencia de 200 emprendimientos en el barrio, que generan empleos y pagan impuestos.

“Hoy los proyectos económicos (del Santo Ángel) ayudan a sostener los proyectos sociales”, indicó Valladares, que resaltó la importancia del apoyo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, “sin la que hubiese sido muy difícil lograr el éxito actual”.

Arte Corte también cuenta con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación, empresas estatales, gobierno local y la cooperación internacional de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

Cuando en 2010 el gobierno de Raúl Castro amplió a más de 200 las pequeñas actividades permitidas en la producción y los servicios, el sector privado sumaba apenas 157.371 personas. Hoy cuenta con 518.479 trabajadores, entre propietarios y empleados, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Además, permitidas en 2013, existen 383 cooperativas no agropecuarias, que se concentran en las provincias de La Habana, Artemisa, Matanzas, Mayabeque y Pinar del Río. De ellas, 131 se dedican al comercio y la reparación de efectos personales, 102 son restaurantes, 60 operan en la construcción y 49 en la manufactura, entre otras áreas.

Cuba ostenta una larga tradición de cooperativismo en la agricultura y la ganadería, pero fue con la actual reforma económica que se permitió, de forma experimental, la gestión colectiva en actividades de construcción, reciclaje, gastronomía, transporte, informática, entre otras.

Gilberto Valladares, a la derecha, líder del proyecto comunitario Arte Corte, que funciona en la Habana Vieja y es fruto de una alianza entre los sectores estatal y privado, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Las dudas sobre la aceptación oficial del empuje del llamado sector no estatal, que incluye a privados y cooperativas, se reavivaron en septiembre cuando 129 dueños de restaurantes de la capital fueron citados por las autoridades para anunciarles que iban a ser inspeccionados.

En octubre, la prensa oficial informó que el gobierno de La Habana congeló el otorgamiento de nuevas licencias para abrir restaurantes porque los actuales eran controlados en busca de violaciones como tolerancia a las drogas y proxenetismo, blanqueo de dinero, compras en el mercado negro, evasión fiscal, empleados sin contratos y uso de la licencia para otros fines como clubes y discotecas.

La suspensión de nuevos permisos a los exitosos restaurantes en la capital, que comenzó en una fecha sin precisar y terminó el 23 de octubre, fue la medida más divulgada en medios locales pero otros emprendedores aseguraron a IPS que también sufrieron rigurosos controles.

“Nos realizaron inspecciones más fuertes y seguidas de lo común”, contó un maestro, que trabaja en un local de refacciones en el céntrico barrio de Vedado. “También revisaron que los vendedores de ropa y artesanías no estuvieran revendiendo productos industriales”, reveló el dueño de una pequeña tienda en la populosa avenida Carlos III.

“El sector de gestión no estatal podría ser un sector muy dinámico en el desarrollo de la economía nacional, incluidos los ámbitos social y político”, sostuvo a IPS el experto en sociedad civil Ovidio D´Angelo.

El psicólogo de formación indicó que, para ello, se requiere de “una reforma mucho más profunda en su legislación y la de los otros sectores de la economía: estatal, mixto, inversión extranjera, entre otros”, además de “un cambio de mentalidad” en la población y sobre todo en la política oficial.

Vacíos legales, trámites burocráticos, pocos contratos con empresas estatales a pesar de estar permitido, maltratos por parte de inspectores que algunos califican hasta de “hostigamiento”, ausencia de un mercado mayorista, escasas opciones de superación y altos impuestos, son algunas de las limitantes observadas por los privados.

“Hay que ir “alfabetizando” a mucha gente sobre las cooperativas no agropecuarias (CNA) y su papel en nuestra sociedad, pues merecemos igual respeto que las empresas estatales”, comentó Teresita Gómez, socia fundadora de la CNA Crea Entorno, que con un perfil ecológico produce piezas de cerámica en la capital.

“La cooperativa es una unidad muy ágil y, en las actuales circunstancias económicas de Cuba, puede ayudar mucho”, planteó a IPS sobre este segmento que padece obstáculos y estigmas similares a los pequeños negocios privados, aunque cuenta con las facilidades de tener personalidad jurídica y algunas pocas disponen de permisos de importación.

Editado por Estrella Gutiérrez

El agrónomo y ecologista Fernando Funes, junto a las colmenas para la elaboración de miel orgánica de la Finca Marta, en un municipio cercano a La Habana. Explotaciones agrícolas como la de Funes crean cadenas de producción y de valor que inyectan savia nueva al campo de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
JESÚS MÉNENDEZ, Cuba, Aug 18 2016 (IPS)

Al técnico en electrónica Eugenio Pérez lo conocen en este pueblo del este cubano por ser el mejor productor de posturas de frutales, idear un sistema automático de riego para sus plántulas y dirigir, además, un local privado especializado en jugos naturales.

“La ‘juguera’ (expendio de jugos) se pensó para culminar el ciclo productivo de la finca y llevar fruta fresca a la población”, explicó a IPS este propietario de una parcela familiar de ocho hectáreas en el municipio de Jesús Menéndez, a unos 650 kilómetros al este de La Habana, en la oriental provincia de Las Tunas.

Las oportunidades del trabajo privado, entre otras reformas en Cuba, son aprovechadas por productores que emergen con nuevas visiones para crear algunos encadenamientos a partir de sus fincas.

Sus iniciativas surgen en momentos en que las autoridades económicas y sobre todo los gobiernos locales estimulan y priorizan concatenar los diferentes eslabones del deprimido sector agroalimentario.

El enfoque de cadenas de producción y de valor, que consiste en asociaciones empresariales para explotar al máximo una materia prima, avanza como nueva filosofía de trabajo y elemento clave en las estrategias de desarrollo del país, que importa 80 por ciento de los alimentos que consumen sus 11,2 millones de habitantes y los 3,5 millones de turistas anuales.

Investigadores recetan los encadenamientos productivos, que pueden enlazar desde lo local hasta lo internacional, para impulsar las economías en desarrollo de América Latina porque potencian las pequeñas y medianas empresas, generan empleos, diversifican la producción, al tiempo que generan sociedades más equitativas.

Con coloridas paredes y una amplia área techada y abierta, la cafetería de Pérez expende desde 2014 jugos y otros alimentos con base en los cultivos de su Finca de Producción de Plantas y Hortalizas, que obtiene anualmente 10 toneladas de frutas y 100.000 posturas de guayaba, mango, aguacate, mamey (Mammea americana) y níspero.

Eugenio Pérez muestra diversas variedades que crecen en el vivero experimental de su finca en el municipio rural de Jesús Menéndez, en el este de Cuba, donde sus posturas frutales y sus plántulas gozan de creciente fama. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“El renglón fundamental consiste en jugos y dulces, para dar la mayor cantidad de servicios con producciones de la finca. También elaboramos otros tipos de comidas a partir de pollos, cerdos y cabras, que nos abastecen otros cooperativistas”, abundó Pérez, socio de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Manuel Rodríguez.

“La mayor parte de los recursos salieron de ingresos de la finca. Y el Programa de Innovación Agropecuaria Local nos brindó algún apoyo”, detalló, en referencia al proyecto agroecológico coordinado desde 2000 por el estatal Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y con financiamiento de la cooperación suiza.

La familia de Pérez escogió para construir su local, llamado Palma Caribe, un terreno abandonado entre su finca y la terminal municipal de buses, con servicio de transportistas estatales y privados. “El lugar fue parte de la estrategia, porque está cerca y por ahí pasan muchas personas”, apuntó el emprendedor.

“La cafetería se mantiene y prospera porque ya abre por las noches”, valoró una clienta asidua, quien resaltó el servicio nocturno por resultar poco común en asentamientos rurales como Jesús Menéndez, de 49.205 habitantes, donde a la caída de la tarde la actividad social muere y la mayoría de los comercios cierran.

Para el economista Armando Nova, “los encadenamiento productivos y de valores son elementos muy importantes a trabajar en el agro cubano”. “Parte del enfoque sistémico que requiere el sector radica en implementar cadenas”, valoró el investigador del Centro de Estudios de la Economía Internacional.

La cafetería Palma Caribe, gestionada por Eugenio Pérez y su familia, donde se venden jugos de fruta y verduras producidas en su cercana finca, en una iniciativa que trajo la prosperidad a su emprendimiento familiar, en Jesús Menéndez, en la oriental provincia de Las Tunas, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El experto considera que “el país dispone de fuerza técnica y profesional para lograr los encadenamientos” pero falta, entre otros, un mercado de insumos para toda la cadena productiva, un banco agrícola especializado, más descentralización y marcos regulatorios flexibles “donde puedan insertarse diversas formas productivas”.

“Lo que sí debe estar regulado y visto por el Estado son los márgenes de ganancia en cada eslabón de la cadena”, precisó el analista, quien señaló a la agricultura como el ramo donde la reforma del gobierno de Raúl Castro ha realizado más cambios estructurales desde que asumió la presidencia en 2008.

Publicaciones científicas destacan que el agro cubano ostenta algunas cadenas productivas exitosas en la elaboración de aceite comestible, leche vacuna y frutas, en especial los cítricos.

Con programas a corto, mediano y largo plazo hasta 2030, la industria alimentaria cubana se capitaliza y moderniza, con énfasis en los lácteos y cárnicos.

El plan estatal fomenta los encadenamientos productivos para elevar las ofertas, reducir los tiempos de entrega al consumidor y sustituir la distribución a granel por en envases y embalajes.

“Estamos siguiendo una concepción de producción, procesamiento, comercialización y consumo. Nosotros mismos hacemos toda la cadena”, sostuvo el agrónomo y ecologista Fernando Funes, que en 2011 se embarcó en aplicar sus conocimientos en una parcela ociosa de ocho hectáreas en el municipio de Caimito, a 20 kilómetros de la capital.

Promocionada hasta en la prensa internacional, en su Finca Marta trabajan ahora 16 personas que producen vegetales y hortalizas para venderlos directamente a 25 restaurantes de lujo en la capital, frutas ya empacadas con destino al consumidor y obtienen miel de abejas de 75 colmenas, que es comprada por una empresa estatal.

Turistas durante una visita a la Unidad Básica Producción Cooperativa Vivero Alamar, en un área rural al este de La Habana. El agroturismo es un nuevo ingrediente que algunos productores de Cuba están sumando a su actividad para mejorar sus ingresos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Hemos ido aprendiendo en la práctica cómo vincularnos con los mercados y hacer relaciones con el resto de la comunidad”, amplió Funes, que está también asociado a una cooperativa agropecuaria. “Dos fincas vecinas están produciendo vegetales y decidimos transportar y vender juntos esta mercancía”, apuntó.

Dos veces por semana, grupos de turistas curiosos recorren la Finca Marta para conocer su sistema ecológico y la vida rural de la isla caribeña.

“El agroturismo valoriza nuestro conocimiento para armar la finca y desde el punto de vista de las inversiones, porque esos ingresos los reinvertimos en el sistema productivo”, indicó.

Para ello, el equipo sacó un alto número de licencias, incluida la de elaboración de alimentos para brindar meriendas a los visitantes, y firmó contratos con agencias estatales de viajes. “También tenemos todo en regla para recibir a turistas que vienen independientes”, detalló.

Funes aseguró que “la proyección para el futuro no es solamente seguir enriqueciendo la finca, generar nuevos empleos, pagar mejores salarios y dar más garantías sociales a los trabajadores, sino empezar a tener un impacto en la transformación del territorio, es decir, en el desarrollo local”.

Muchos más obstáculos encuentran los gobiernos locales para fomentar a gran escala los encadenamientos en el sector agroalimentario.

“Hay limitaciones porque necesitamos capitalizar toda la infraestructura productiva, no solo las industrias”, explicó Julio César Estupiñan, el gobernador de la provincia Holguín, en el este del país, cuya capital del mismo nombre es la tercera más poblada de Cuba.

“En el caso de nuestra provincia, muy afectada por las sequías, tuvimos que comenzar por invertir en la parte hidráulica, tanto en las redes como en un trasvase”, detalló a IPS el funcionario, que considera a los encadenamientos como una oportunidad para asociar más al sector estatal, cooperativo y privado.

Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana.

Editado por Estrella Gutiérrez

Adriana de La Nuez (izquierda) e Irena Martínez recomponen un vitral en una estancia del convento de Santa Clara, en La Habana Vieja. Las dos jóvenes artesanas constituyeron la cooperativa Vitria, dedicada a la elaboración y restauración de vitrales, para poderse consolidar como emprendedoras. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, May 13 2016 (IPS)

La ampliación del cooperativismo dentro del programa de reformas de Cuba se abre paso en medio de la cautela del gobierno, que al mismo tiempo da señales de preferir esta alternativa para fortalecer el incipiente sector privado, a otras como las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Adriana de la Nuez e Irena Martínez, ambas de 26 años, poco o nada sabían acerca de las cooperativas cuando en septiembre de 2013 les recomendaron que constituyeran una de estas formas de gestión para optar por el desarrollo de una iniciativa presentada en La Oficina del Historiador de la capital, en La Habana Vieja.

Las jóvenes se graduaron en la escuela taller de la Oficina del Historiador en restauración del vitral, la composición realizada con vidrios de colores, pintados o recubiertos con esmaltes que se ensamblan mediante varillas de plomo. “La idea era que la Oficina nos facilitara el local y trabajábamos para ella a precios preferenciales”, contó De La Nuez a IPS.

“Vitria, la cooperativa que creamos en 2014, fue nuestra única opción, pero gracias a ella tuvimos un aporte en materiales de la cooperación internacional y un lugar para trabajar, aunque por ahora es prestado”, añadió.

Operan por encargo para la Oficina y particulares, sin perder de vista la aspiración de ofrecer algún día su propia línea de producción.

“Nuestra estrategia de crecimiento incluye tener un taller donde podamos exponer nuestro trabajo, dar cursos de capacitación en estas técnicas y aprovechar el sector turístico que se interesa por aprender de Cuba. En todo esto, la promoción es muy importante”, acotó Martínez.

“Empezamos de cero y nos abrimos camino con mucho esfuerzo”, recalcó. De ahí que una de las preocupaciones apunta a que, según se les ha informado, si pasados cinco años la cooperativa fracasa y se disuelve, todos los bienes adquiridos por ellas en ese tiempo pasan a manos del Estado.

Las dos jóvenes simultanean el trabajo con sus estudios universitarios de gestión y preservación del patrimonio histórico nacional, que consideran una herramienta más para el desarrollo de su emprendimiento privado.

Las cooperativas, que estuvieron por décadas limitadas a la producción agrícola y ganadera, comenzaron a ser impulsadas oficialmente hace tres años, aunque solo de manera  experimental, en sectores como el comercio, la gastronomía, servicios técnicos, pequeña industria y la construcción.

El entusiasmo oficial por autorizar las cooperativas no agropecuarias, como se les denomina habitualmente, se ha entibiado año a año. De acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2015  se aprobaron solo algo más de una veintena de nuevas cooperativas, para alcanzar un total de 367 en todo el país.

Los confundadores del Proyecto Bambú Centro, Gisela Vilaboy y Carlos Martínez, en su taller en el barrio chino de La Habana, en Cuba. Los dos esperan el demorado permiso para reconvertir su emprendimiento en una cooperativa. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Especialistas notaron que se trata del menor crecimiento desde 2013, cuando se dio luz verde a 198 de estas organizaciones de nuevo tipo. Seguidas de 147 en 2014. Autoridades del sector admitieron en mayo del pasado año que 205 nuevas propuestas esperan la evaluación de la  comisión gubernamental encargada del tema.

En su informe central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado del 16 al 19 de abril, el presidente Raúl Castro, también primer secretario de la única organización política legal en este país caribeño, anunció la decisión de “consolidar las cooperativas ya creadas y avanzar con mayor gradualidad”.

Al enumerar las razones del frenazo, Castro se refirió a deficiencias que incluyen inadecuada organización y control de la contabilidad, aumento de los precios y restricciones para acceder a suministros y servicios en el mercado mayorista. Sus palabras resultaron frustrantes para quienes están en la larga lista de espera para echar a andar sus proyectos.

El mandatario reconoció que el incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas que actualmente funcionan sin la debida personalidad jurídica.

Tras agregar que estas personas se rigen ante la ley por un marco regulatorio diseñado para las personas naturales dedicadas a pequeños negocios que se realizan por el trabajador y su familia, Castro invocó el programa de transformaciones vigente desde 2011, en el cual se precisa que no se permitirá la concentración de la propiedad de la riqueza.

“Por tanto, la empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país, todo lo cual deberá ser regulado por la ley”, recalcó.

En este contexto, se anticipa que se avecinan nuevas normas que pondrán a las pymes con menos posibilidades de subsistir que las cooperativas en este país socialista y de economía mayoritariamente centralizada.

El 2 de este mismo mes, entró en vigor una disposición que permite a cooperativistas privados comprar insumos de manera directa a productores y empresas mayoristas del sector estatal, lo que rebajaría sus costos de producción.

Según especialistas consultados por IPS, esa medida alivia la falta de un mercado mayorista de mayor calado y beneficia principalmente al sector alimentario.

Trabajadores de una cooperativa de construcción y restauración de edificaciones laboran en la remodelación de la biblioteca central de la Casa de Las Américas, institución cultural ubicada en el barrio de Vedado, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Pese a las dificultades, profesionales que llevan tiempo esperando una respuesta positiva a sus aspiraciones no pierden la esperanza y defienden este tipo de emprendimiento privado como el más apropiado para Cuba y su opción socialista de desarrollo.

“La cooperativa me gusta mucho como forma de propiedad. Su toma de decisiones en grupo y la división después de las ganancias. Me parece que en el contexto de Cuba, ese es  el modo de producción en el cual hay que meterse”, dijo a IPS el ingeniero civil Karel Pérez Alejo, de 34 años, que presentó hace dos años un proyecto.

A su vez, Carlos Martínez y Gisela Vilaboy, fundadores del proyecto Bambú Centro que produce muebles y artesanías derivados de ese vegetal,  presentaron hace tres años los documentos para convertirse en cooperativa, lo que consideran una importante avance para el desarrollo de su emprendimiento.

“Nos llamaron para confirmar asuntos que estaban ya explicados y aún aguardamos noticias.  Pero no nos sentimos frustrados,  si no nos responden seguiremos trabajando como hasta ahora. Como cuentapropistas (emprendedores privados) igual mantenemos un compromiso con el barrio”, afirmó Martínez a IPS.

La pareja asegura que no conciben un proyecto sin responsabilidad social, comprometido con el desarrollo local y por eso apuestan por las cooperativas. ”Ellas pueden contribuir a preservar el socialismo en Cuba, que vive momentos difíciles”,  comentó el artesano. En su opinión, las autoridades prefieren este tipo de propiedad a la privada.

El decreto ley emitido a fines de 2012 define a la cooperativa como una organización con fines económicos y sociales, que se constituye voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios, con el objetivo general de producir bienes y prestar servicios.

“La cooperativa tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; usa, disfruta y dispone de los bienes de su propiedad; cubre sus gastos con sus ingresos y responde de sus obligaciones con su patrimonio”, establece el texto legal, que deja claro, además, que estas organizaciones se crean con carácter experimental.

Editado por Estrella Gutiérrez

Xinia Solano y Luis Diego Murillo son una de las familias que trabajan con el programa de casas sombra en Los Reyes, en el municipio de Coto Brus, en el sureste de Costa Rica. El modelo es promovido por la FAO, junto con instituciones estatales del país. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/IPS

Por Diego Arguedas Ortiz
LOS REYES, Costa Rica, Mar 12 2016 (IPS)

Antes de iniciarse en la agricultura, los costarricenses Luis Diego Murillo y Xinia Solano pagaban sus cuentas y compraban la comida con el salario de él como capataz en la construcción, un empleo inestable.

Ahora, el hombre de 33 años recorre las eras donde crecen verdísimas hileras de cilantro, lechugas y tallos que presagian un puñado de rábanos enterrados bajo tierra. La pareja comparte con otra familia su terreno, pero son sus propios empleadores.

Sobre la cabeza de Murillo se extiende una enorme malla negra que resulta crucial para su nueva vida, porque protege sus cultivos en la comunidad de Los Reyes, en el municipio rural de Coto Brus, en la provincia de Puntarenas, en las faldas de la cordillera de Talamanca.“Una de las grandes ventajas es que pueden producir durante todo el año. Antes, en la época seca se quemaban por el sol…Ademas, se ha cortado el mito de que solo se podían producir algunas cosas, entonces la diversidad ha aumentado”: Guillermo Murillo.

“Estamos juntos, ya no estamos lejos de la familia. Uno no quiere estar trabajando en otro lado, lejos de los hijos y la esposa. Uno quiere estar con la familia, ¿no?”, comentó a IPS, al explicar porque decidió dedicarse al campo a tiempo completo.

Murillo y su esposa, de 34 años, son una de las 74 familias beneficiarias del programa de Casas Sombra que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa en el sureste de Costa Rica.

Se trata de ambientes protegidos de 700 metros cuadrados que permiten a los productores rurales manejar la cantidad y calidad de luz, los porcentajes de sombra y el impacto de la precipitación sobre los cultivos, que llega a ser cuantiosa en esta región.

Así, estos agricultores familiares mantienen su producción hortícola todo el año, mejoran la calidad y productividad de los cultivos e incluso logran cosechar hortalizas que eran impensables en condiciones regulares de la zona, como el brócoli y el repollo.

Con este sistema, que empezó a implementarse a finales del 2013 con solo seis unidades, las familias y producen los alimentos para su autoconsumo y venden sus excedentes para asegurarse un ingreso.

“Estamos muy contentos porque ahora con las casas sombra uno no tiene que salir para comprar. Si quiere culantro o una lechuga, puede venir por ella”, explicó Solano, cuya vivienda está en un caserío aledaño a Los Reyes, a donde se tarda en llegar seis horas por carretera desde San José, aunque la distancia sea solo de 280 kilómetros.

Otra de las ventajas del programa es que permite diversificar y fortalecer la dieta de las familias rurales en la región socioeconómica de Brunca, con el mayor nivel de pobreza de este país centroamericano de 4,8 millones de habitantes.

El especialista de la FAO, Guillermo Murillo, con sombrero, conversa con agricultores familiares en el asentamiento de Los Reyes, en el sureste de Costa Rica, sobre técnicas para mejorar la producción de sus parcelas con casas sombra. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/IPS

Con una población que no supera los 300.000 habitantes, la región tiene una media de 34,6 por ciento de hogares en situación de pobreza, frente al promedio nacional de 20,6 por ciento, mientras su nivel de población activa ocupada no pasa de 50,9 por ciento, según datos facilitados a IPS por la FAO.

Esta región tiene un problema de autoabastecimiento de las frutas y hortalizas que consume, porque solamente produce entre 15 y 20 por ciento de la demanda de ellas y debe traer el resto de otras zonas del país. Las familias con casas sombra tienen ahí una ventaja.

“La ensalada está todos los días en la casa. Antes, si uno tenía plata (dinero) compraba para la ensalada, ahora ya no”, explicó Solano.

Más allá de la producción para el autoconsumo, las casas sombra proyectan generar una agricultura a escala, para potenciar así la comercialización de sus cultivos y mejorar los ingresos de las familias involucradas.

De hecho, las familias que participan en el programa ya producen más de 25 tipos diferentes de hortalizas.

“Algunos compañeros tienen carros (vehículos) y los prestan para vender en los pueblos cercanos, pero estamos en trámite de hacer una cooperativa para conseguir un camión”, explico Solano.

Cada unidad cuesta cerca de 3.200 dólares, que aportan algunas de las instituciones estatales costarricenses que trabajan con la FAO en este proyecto, como el Instituto Mixto de Ayuda Social o el Instituto de Desarrollo Rural.

El programa también cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería local y está enfocado en núcleos familiares, por lo que el aporte de las mujeres es clave.

“Las mujeres que hay aquí son muy valientes, la mayoría hasta vuelan (agarran) pala y siembran. La que sembró toda esa guerrilla (plantas para dar sombra a los cafetos) fue mi esposa”, explicó ufano a IPS el agricultor Florentino Amador, de 54 años.

Ligia Ruiz, de 53 años, es una de las más entusiastas agricultoras del núcleo de cuatro casas sombras en Los Reyes y se ocupa de coordinar las ventas con sus  vecinos.

El sistema de las casas sombra permite diversificar las hortalizas que se producen en la región de Brunca, en sur de Costa Rica. Algunas, como la lechuga, se cosechaban regularmente en la zona pero otras como el brócoli y la coliflor son solo posibles con el modelo que promueve la FAO. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/IPS

“Los miércoles sacamos (cosechamos) para ir a vender y también los sábados, por ahora en la comunidad. Ahí me encargan y uno lleva para vender”, dijo a IPS la agricultora.

Aunque cada casa sombra es concebida para una familia, en Los Reyes hay cuatro ambientes protegidos para 10 familias, que trabajan en conjunto en su mantenimiento, en un proceso muy horizontal, en el ingreso por las ventas, por ejemplo, entra en una caja común, de la que esperan ahorrar para la cooperativa.

“Si en una parcela hay mucho que limpiar, una familia ayuda a la otra y luego esa a su vez recibe apoyo”, apuntó Ruíz sobre el rescate del sistema de trabajo comunitario propio del mundo rural.

La misma FAO promueve que los beneficiarios sean “grupos de productores organizados, con acceso a un centro de acopio y comercialización”, si bien la selección de las familias beneficiarias corresponde a las instituciones costarricenses.

Un modelo similar a las casas sombra son usados a pequeña escala en Brasil y México, explicó Guillermo Murillo, consultor de la FAO y quien trabajó en esos países y sugirió el modelo de casas sombra para Costa Rica.

“Una de las grandes ventajas es que pueden producir durante todo el año. Antes, en la época seca (de noviembre a mayo) se quemaban por el sol”, apuntó Murillo a IPS. “Además, se ha cortado el mito de que solo se podían producir algunas cosas, entonces la diversidad ha aumentado”, añadió.

Aparte del apoyo para el establecimiento de las casas sombra como tales, el equipo de la FAO y los organismos públicos involucrados en la iniciativa asesoran a los productores en técnicas comerciales y agrícolas, empezando con los implementos.

“La semilla de hortaliza que llegaba aquí era la usada en climas fríos en otras partes de Costa Rica, habiendo en el mercado semillas ‘tropicalizadas’. Las buscamos y ellos comenzaron a usarlas”, explicó el especialista de la FAO.

El programa está ahora en etapa de expansión en la provincia de Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, donde ya se aprobó la instalación de las primeras casas sombra fuera de la región de Brunca.

Editado por Estrella Gutiérrez

Una trabajadora de la finca Marta, impulsada por uno de los históricos promotores de la agroecología en Cuba, recolecta lechugas producidas de forma orgánica, en el municipio Caimito, provincia occidental de Artemisa. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA/LA PALMA, Mar 10 2016 (IPS)

Estados Unidos reitera su interés por comprar alimentos orgánicos cubanos en cuanto el acercamiento entre los dos países lo permita. Cuando ese día llegue, el sector agroecológico en la isla podría no estar preparado, alertan sus protagonistas.

“El impacto estará condicionado por varios factores, entre ellos, la capacidad de los agricultores de diseñar, implementar y evaluar modelos de negocios agroecológicos que respondan a un mercado nacional e internacional”, valoró a IPS uno de los fundadores del movimiento verde en el agro cubano, Humberto Ríos.

La posible oportunidad en el gran y exigente mercado estadounidense pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los cultivos orgánicos en el país.

“Los agricultores saben producir sin agroquímicos, sin embargo esto no es suficiente para el desarrollo de la agroecología”, explicó por correo electrónico el investigador, que actualmente trabaja en España, en el Centro Internacional para la Investigación Agropecuaria Orientada al Desarrollo.

Cuba necesita “una política clara para el crecimiento económico del sector privado y cooperativo interesado en ofrecer productos y servicios agroecológicos”, valoró el ganador en 2010 del Premio Ambiental Goldman, conocido como el Nobel Verde.

Ríos fue galardonado por su labor en el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) que, desde 2000 y con la cooperación internacional, ha enseñado el mejoramiento participativo de semillas y otras técnicas ecológicas a 50.000 personas en 45 de los 168 municipios cubanos.

Ríos también recordó la teoría de que la actual apertura económica de Cuba puede tener un impacto positivo o devastador. Voces especializadas califican a la agroecología cubana de “hija de la necesidad”, porque nació cuando en 1991 desaparecieron los insumos que hasta entonces garantizaban los países del extinto bloque soviético.

Si no se toman medidas y se resuelven asuntos pendientes, “probablemente la invasión de la agricultura convencional y sus productos se tragarán los más de 25 años de agroecología”, alertó Ríos.

Ya ha habido variadas iniciativas desde Estados Unidos para impulsar una apertura bilateral en el sector agropecuario, desde que comenzó el deshielo entre los dos países en diciembre de 2014, y se espera que estas se multipliquen con la histórica visita que los días 21 y 22 realizará a La Habana el presidente Barack Obama.

Una mujer recolecta habichuelas orgánicas en el organopónico La Sazón, en el barrio de Casino Deportivo de La Habana, que forma parte del sistema de agricultura urbana de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El ejemplo de La Palma

En el municipio montañoso de La Palma, donde el entonces joven Ríos comenzó a trabajar con un puñado de campesinos en la localidad de la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental del país, ahora los activistas del cultivo verde ya perciben algunas de las amenazas anunciadas.

“El auge de los cultivos potencializados son una debilidad”, indicó Elsa Dávalos, que pertenece a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de La Palma y coordina el movimiento agroecológico en la localidad, donde 500 de un total de 1.127 fincas obtienen alimentos sin el uso de productos químicos. 

Dávalos detalló que se les llama “potencializados” a cultivos priorizados por el ramo agrícola que vienen junto con un paquete tecnológico químico, como por ejemplo, maíz, malanga y frijol. “Muchos productores optan por ellos para obtener grandes cosechas sin tanto trabajo”, lamentó, en su diálogo con IPS en el municipio.

Esa opción creció en el agro cubano después que el gobierno de Raúl Castro comenzó en 2008 una reforma económica, con el acento puesto en la producción agrícola para reducir la factura anual de 2.000 millones de dólares por importación de alimentos.

Hasta ahora las medidas aplicadas como la entrega de tierras en usufructo arrojaron crecimientos modestos en la agricultura, de 3,1 por ciento en 2015, que se consideran insuficientes para satisfacer la demanda interna y disminuir los elevados precios de los alimentos, que se ha hecho indetenible.

El sector productivo se queja, entre otros puntos, de la carencia de insumos como fertilizantes, maquinaria y sistemas de riego, la escasez de fuerza de trabajo, poco acceso a servicios complementarios, trabas burocráticas y débil industrialización para aprovechar mermas y excedentes en conservas.

Las fincas ecológicas bracean en medio de estas dificultades generales y las propias de este tipo de agricultura más exigente.

“Es muy difícil que el campesino atienda todas sus funciones y además saque tiempo para producir los insumos ecológicos necesarios”, planteó Yoan Rodríguez, coordinador de PIAL en La Palma, sobre una realidad que sortean las parcelas de producción orgánica.

Para elevar los rendimientos, “algunas personas deben especializarse en obtener solo los insumos como microorganismos eficientes, compost y humus de lombriz”, amplió a IPS el investigador que impulsa la mejora de los servicios agroecológicos en la localidad,  para apoyar y atraer a los productores.

“Hay una cierta apertura de Cuba hacia el mundo y más con las negociaciones con Estados Unidos. De alguna manera llegarán también los insumos químicos que saturan el mercado agrícola global”, reflexionó. “Va a ser bien difícil mantener el trabajo logrado durante tantos años”, pronosticó.

Otros factores que desalientan al movimiento en el país son la casi nula certificación de los productos agroecológicos y la ausencia de precios diferenciados y competitivos para los alimentos orgánicos en las empresas estatales, a las que cooperativas y campesinos independientes están obligados a vender gran parte de su producción.

No obstante, PIAL y otras iniciativas trazan nuevas estrategias para aprovechar también las oportunidades que se abren con la reforma y la reinserción internacional.

Con una posición privilegiada entre la capital y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la finca Marta, situada en la también occidental provincia de Artemisa, produce sin uso de químicos vegetales y hortalizas que vende, entre otros, a 25 restaurantes de lujo en La Habana.

Miembros de la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba, integrada por 30 empresas agroalimentarias, visitan la cooperativa Primero de Mayo, en Güira de Melena, en la occidental provincia cubana de Artemisa. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Tenemos buena conexión con los mercados y vendemos suficiente para valorizar lo que hacemos”, contó Fernando Funes-Monzote, otro fundador del movimiento agroecológico en el país, que en 2011 inició este proyecto, donde actualmente trabajan 16 personas.

“La apuesta era demostrar que es posible desarrollar aquí un proyecto familiar ecológicamente sustentable, socialmente justo y económicamente factible”, compartió con IPS.

Empujan apertura desde Estados Unidos 

Mientras eso sucede, el interés por la agricultura ecológica cubana se ha reiterado en las visitas a la nación caribeña de empresarios y funcionarios estadounidenses del sector, que destacan entre los promotores más activos de que se consolide la normalización de las relaciones entre los países separados solo por 90 millas náuticas. 

El máximo ejemplo son las 30 compañías del sector que conforman la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba (Usacc, en inglés), que nació en enero de 2015 para contribuir a anular el embargo que su país mantiene contra esta nación insular desde 1962.

Incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pidió al Congreso legislativo financiamiento para que cinco funcionarios trabajen a tiempo completo en suelo cubano, de manera que allanen el camino y el comercio e inversiones arranquen en cuanto desaparezcan las restricciones actuales.

También es significativo que la primera fábrica estadounidense que se instalará en Cuba en más de medio siglo,  tras recibir la aprobación de su gobierno en febrero, será una planta para ensamblar 1.000 tractores anuales, destinados a agricultores independientes, que operará en la zona de Mariel.

Por una excepción al embargo de 2000, Cuba puede adquirir en efectivo alimentos y medicinas a Estados Unidos, que en los últimos años decayeron porque la isla encontró facilidades de crédito en otros mercados.

En 2015 las compras de alimentos sumaron solo 120 millones de dólares contra los 291 millones erogados en 2014, según el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.

Con los aportes de Patricia Grogg desde La Habana.

Editado por Estrella Gutiérrez

Fidel Daza y Susana Chiura, detrás, en la sede de la Cooperativa 20 de Diciembre, en Buenos Aires, donde los dos inmigrantes bolivianos laboran tras liberarse del trabajo esclavo a que estaban sometidos en talleres clandestinos de confección. Esta cooperativa integra la red Ropa Limpia, a favor del trabajo decente, donde ya participan 20 marcas de moda en Argentina. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Fabiana Frayssinet
BUENOS AIRES, Mar 9 2016 (IPS)

En Argentina, son ya 20 las marcas que garantizan que sus productos se fabricaron en condiciones laborales dignas, gracias a la red Ropa Limpia, que pretende quitar a la moda las manchas del trabajo esclavo, en un sector que emplea ilegalmente a unas 30.000 personas en el país. 

Los miembros de la Cooperativa 20 de Diciembre dejan de trabajar para almorzar, y salen a tiempo después de una jornada de siete horas, para buscar a sus hijos en la escuela.

Son derechos incluidos en las leyes locales, pero que incumplen unos 3.000 talleres de confección que funcionan irregularmente en Buenos Aires y sus alrededores,  abasteciendo a 80 por ciento de la industria de la moda local,  según datos de la fundación La Alameda, promotora de esta cooperativa.“Empezamos a recibir muchos llamadas de gente indignada con lo que había pasado y preocupada porque aunque denunciábamos en nuestra página a muchas marcas por utilizar esos talleres, nos preguntaban: ‘¿pero qué nos ponemos?’”: Tamara Rosenberg.

“Nos daban un solo plato de comida que  teníamos que compartir con nuestros hijos. Y la comida no era buena”, relató a IPS la boliviana Susana Chiura, una integrante de la cooperativa que llegó al país hace siete años.

Como a muchos otros inmigrantes sudamericanos en Argentina, la mayoría bolivianos,  a Chiura la trajo el propietario de un taller textil, en este caso peruano.

“El señor me prometió un buen trabajo y vivienda pero cuando llegamos acá no era así. No nos dejaban salir y solo podíamos hacerlo el sábado a la tarde. Hasta para comprar en el supermercado nos llevaba y traía de vuelta a la casa”, narró.

Compartía un cuartucho sin ventilación con el primero de sus hijos. Ganaba cinco veces menos que el salario mínimo legal, trabajando de seis de la mañana a medianoche, y se le descontaba el pasaje desde Bolivia, la comida y el alojamiento.

“Trabajaba de 7:00 a 21:00 horas y descansaba media hora. Había familias enteras que trabajaban hasta más tarde porque lo necesitaban para comer”, contó Fidel Daza,  otro inmigrante boliviano de la cooperativa.

“Ahora tengo un poquito más de tiempo para jugar con mis hijos. Antes los dejaba durmiendo y cuando regresaba estaban durmiendo”, recordó a IPS.

Según La Alameda, trabajadores como Chiura o Daza son el último eslabón de una cadena que comienza con grandes, medianas y pequeñas empresas de ropa, que por omisión, complicidad o ignorancia, utilizan estos talleres para confeccionar sus piezas.

“Yo quería conocer el taller pero me decían que era muy difícil que te dejen entrar. A mí eso me hacía ruido, detrás de una puerta cerrada se esconde algo”, contó Verónica Virasoro, propietaria de Vero Vira, una marca de ropa femenina, clienta de la cooperativa.

Su firma es parte de la red de Ropa Limpia, que también integran talleres y consumidores.

A su juicio, muchos diseñadores acuden a talleres ilegales para abaratar costos o por desinformación.

“Además no todos son clandestinos esclavizados. Hay otro tipo de talleres familiares con esa dinámica de cobrar más barato, pero para eso trabajan muchísimas horas, duermen en las instalaciones. Y no son conscientes que con malas instalaciones pueden generarse accidentes”, explicó.

Totalmente destruido quedó este taller textil clandestino en Buenos Aires, tras un incendio en abril de 2015, en que murieron dos niños bolivianos, que vivían en el local. La red Ropa Limpia surgió por la indignación ante aquella tragedia en Argentina, un país donde 30.000 personas trabajan en talleres ilegales de confección. Fabiana Frayssinet/IPS

Ropa Limpia, surgió en 2015, con un exitoso desfile para demostrar “que es posible confeccionar ropa en forma limpia”, “libre de trabajo esclavo e infantil”.

Antes, el 27 de abril, dos niños bolivianos murieron en un incendio en un taller clandestino.

“Empezamos a recibir muchos llamados de gente indignada con lo que había pasado y preocupada porque aunque denunciábamos en nuestra página a muchas marcas por utilizar esos talleres, nos preguntaban: pero que nos ponemos?”, recordó Tamara Rosenberg, responsable de la cooperativa.

“Fue cuando surgió la idea de plantearle a nuestros clientes de que es posible producir en condiciones dignas…no es lo mismo mostrar que hay una cooperativa, como que hay varios diseñadores que tienen esos valores de respetar los derechos de la gente, y con los precios que deben pagarse”, explicó a IPS.

La ropa de esos talleres, vendida barata en mercados callejeros, en ocasiones es la misma ofrecida a precios altos, por marcas famosas.

La red fue inspirada en el movimiento mundial Campaña Ropa Limpia,  cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales en el sector textil y de material deportivo.

“La idea es acercarnos a estos talleres para concientizarlos de los riesgos de no tener las instalaciones en regla o de tener a los niño dando vuelta por el taller porque hay mucho polvillo de tela que les hace mal al sistema respiratorio”, ejemplificó Virasoro.

También los asesoran para garantizarles volumen de trabajo y orientan a los diseñadores “que quieren hacer las cosas responsablemente”, detalló.

“No es fácil porque  hay mucho miedo de que los denuncien. El problema es que aunque no se trate de un taller clandestino o con trabajo esclavo, tal vez no pagan algún tributo o no tienen las instalaciones en regla”, ejemplificó.

“Uno es consciente cuando te maltratan, pero el ‘tallerista’ te decía, ‘mirá si vos te vas, tenemos otros 10 que quieren trabajar’. Como es difícil conseguir trabajo uno tenía que agachar la cabeza y seguir”, detalló Daza.

Otros temen denunciar porque con frecuencia la misma policía “le avisa al empleador y los echan”, lamentó.

Laura Méndez, de la marca Clara A, decidió confeccionar sus accesorios en la cooperativa,  tras presenciar  en una fábrica de calzado, entre otras irregularidades, cómo “trabajaban todos amontonados, en un lugar sin salida”.

“Lo más importante para mí es hacer visible para los clientes la forma de producción ética. Me interesa que atrás del producto haya un contenido, un impacto social”, argumentó a IPS.

La Cooperativa 20 de Diciembre emplea 12 personas. Hay iniciativas similares,  aunque aún muy insuficientes.

“En un taller clandestino la gente trabaja 16 horas y gana  5.000 o 6.000 pesos (312 a 375 dólares) y aquí la mayoría trabaja en promedio siete horas, con salarios promedio entre 7.000 y 8.000 (437 a 500 dólares), inclusive por encima del convenio de la industria”, destacó Rosenberg.

La historia de María Reina es dramática, como la de muchos de sus compañeros. Hace seis años, cuando viajaba desde Bolivia a Argentina, “contratada” por un taller,  su bus volcó y en el accidente perdió a su compañero, a su cuñado, y ella una pierna.

“Cuando salí del hospital me llevaron al taller. Estaba en silla de ruedas y me exigían que trabajara. Yo decía que no podía porque tenía que curarme, estar en reposo. No lo entendían y al final me echaron a la calle”, recordó para IPS.

Ahora hace una terapia de rehabilitación. Y sabe que inmigrantes sudamericanos como ella tienen derechos laborales, a un documento de identidad, salud y educación gratuita.

“La Alameda desde hace mucho tiempo denuncia todas estas prácticas de talleres clandestinos que están además vinculadas a otros delitos”, dijo Rosemberg.

“Llegamos inclusive a hablar de crimen organizado porque muchas de las marcas que tercerizan en los talles clandestinos están ligadas a otros delitos como lavado de dinero, contrabando de autos, tráfico de drogas, narcoprostíbulos”, explicó.

El desafío es aprobar leyes que garanticen auditorías de la cadena indumentaria, y que se registren los talleres particulares.

“Uno de nuestros grupos de trabajo está abocado a buscar lugares de producción que aunque no estén en las mejores condiciones se acerquen a ello o quieran mejorarlas”, dijo. “No queremos que cierren sino ofrecerles opciones como agruparse entre sí en un espacio adecuado”, aclaró.

Una alternativa es el Polo Textil Barracas, que alberga entre otros a trabajadores salidos de talleres clandestinos, con máquinas en muchos casos confiscadas.

Pero sueñan más. Como un sello que identifique el origen de la ropa  y un sistema de venta libre de trabajo esclavo.

Para garantizar, dice Rosenberg,  que la ropa que usamos no esté “manchada de sangre”.

Editado por Estrella Gutiérrez

Oficina de la aldea comercial y el mercado de Tangakona, en el condado de Busia, Kenia. Crédito: Justus Wanzala/IPS

Por Justus Wanzala
BUSIA, Kenia, Jan 19 2016 (IPS)

La elevada pobreza, la disminución en la superficie de la tierra y el clima cambiante obligaron a los agricultores de la zona de Tangakona, en el oeste de Kenia, a adoptar una iniciativa comercial cooperativa para mejorar sus medios de vida.

Los agricultores cultivan yuca y batata anaranjada, ambas resistentes a la sequía, en la iniciativa denominada “aldea comercial”, que consiste en un conjunto de agricultores registrados que se asocian para la producción, el procesamiento y la comercialización de sus cultivos y que pretende agregarles valor."Al congregarnos también logramos aumentar la producción, mejorar la cantidad de nuestros productos y sostener las necesidades del mercado": Catherine Amusugut.

La iniciativa genera ingresos y mejora la seguridad alimentaria no solo en Tangakona sino en el resto del condado de Busia al que pertenece la localidad. Los agricultores cultivan las cosechas en grupos o individualmente, y procesan y venden los productos de forma colectiva.

Inicialmente, los agricultores plantaban los cultivos para su propio consumo, pero ahora también venden sus productos y fundaron una sociedad cooperativa que les permite ahorrar dinero y obtener préstamos.

El aspecto clave de la aldea comercial es la adición de valor. A partir de la yuca y de la batata anaranjada se hacen productos como pasteles, papas fritas, escones y harina para hacer chapatis o tortitas chatas, y mandazis o bollos, entre otras cosas, que tienen gran demanda y se pueden vender a buen precio.

Según Catherine Amusugut, quien está a cargo de la adición de valor, el concepto de la aldea comercial comenzó en 2011 y tiene sus raíces en un grupo de ayuda de agricultores creado en 1999. La idea la introdujo Farm Concern International, una agencia de desarrollo de los mercados en África que promueve modelos de marketing aptos para los pequeños agricultores.

Amusugut dijo que la aldea comercial de Tangakona se inició con 11 grupos y 196 miembros, pero desde entonces evolucionó para incorporar miembros individuales. Actualmente abarca a más de 10.000 personas que cultivan yuca y batata anaranjada.

“Al congregarnos también hemos logrado aumentar la producción, mejorar la cantidad de nuestros productos y sostener las necesidades del mercado”, afirmó. El cultivo de los dos tubérculos mejoró la seguridad alimentaria y los niveles de ingresos de las comunidades locales.

Maurice Olaba, encargado de la producción de la aldea comercial, señala que existen 11 grupos con alrededor de 200 miembros en el área de Tangakona que se dedican a la agricultura de la yuca.

La aldea comercial colabora con varias organizaciones para apoyar a los agricultores en los diferentes aspectos de la cadena de valor, entre ellas la Organización de Investigación en Agricultura y Ganadería de Kenia, el Servicio de Inspección en Sanidad Vegetal de Kenia, la Organización Rural de Energía y Seguridad Alimentaria y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, que investiga los cultivos de tubérculos en la lucha contra la pobreza.

Otros colaboradores son la Alianza por la Revolución Verde en África, One Acre Fund, una organización sin fines de lucro que apoya a los pequeños agricultores de África oriental con financiación y servicios de capacitación, Farm Concern International y los ministerios de Agricultura e Industrialización de Kenia.

El concepto de la aldea comercial asegura el suministro estable de sus productos al mercado. “Nuestra producción de cultivos ha crecido enormemente por lo cual suministramos varias toneladas al mercado”, aseguró Olaba.

Uno de los objetivos de la formación del Grupo de Autoayuda de Agricultores de Tangakona era la ampliación de la producción de los cultivos de tubérculos para satisfacer la creciente demanda como resultado de la expansión demográfica, a la vez que caía la producción de maíz, el alimento básico de la población.

El grupo pretendía asegurar la generación de ingresos de los campesinos para mejorar sus medios de vida. Con el cultivo de la batata anaranjada, que es rica en vitamina A, entre otras, también apuntan a mejorar la salud de los habitantes, añadió.

Olaba destaca la resistencia de los dos tubérculos. “Los cultivos se pueden plantar todo el año, incluso cuando las lluvias son escasas”, explicó.

Los agricultores que venden sus productos a través de la aldea comercial aportan aproximadamente cinco centavos cada vez que entregan su cosecha para la venta. La cooperativa convierte ese dinero en acciones individuales para los socios.

El presidente de la aldea, Kenneth Ekisa Lok Okwanyang’ayel, señaló que el crecimiento de la organización comunitaria hasta convertirse en una aldea comercial y sociedad cooperativa es indicativa de su gran avance.

Durante la zafra de la cosecha en curso un grupo de 34 agricultores ganó 4.700 dólares con la venta de 370 bolsas de vides de batata y dos toneladas de batatas. Ekisa, un agricultor individual, tuvo el mayor ingreso ya que ganó 10.000 dólares con la venta de vides de batata, gajos de yuca, yuca y batatas.

A pesar de los avances, el grupo también se encontró con algunos obstáculos. Olaba dijo que hubo casos de brotes de plagas que afectan a los cultivos, especialmente a la yuca, que causan grandes pérdidas. Y a pesar del fuerte desempleo que padecen, los jóvenes del condado de Busia tienen poco interés en dedicarse al cultivo de los tubérculos.

En cambio, los grupos de mujeres lideran en la cantidad de cultivos.

Olaba explicó que en el condado de Busia los agricultores tienen poco conocimiento sobre la función de las cooperativas. Esto socava el reclutamiento de nuevos socios, se quejó.

Las fuentes de ingresos de los socios también son escasas por lo que no pueden reunir el capital suficiente para expandir la producción. Otro impedimento, señala Olaba, es la reducción en el tamaño de las tierras. La propiedad promedio de las fincas del condado solo ocupa dos hectáreas, lo que limita la expansión de la producción, dijo.

Ekisa se lamenta de que no pueden expandir su base de capital porque los bancos consideran que sus socios son un grupo de alto riesgo y no les otorgan préstamos. Algunas empresas procesadoras de alimentos que compran productos a la aldea comercial también demoran el pago, afirmó Amusugut.

Y aunque la aldea comercial se dedica a la adición de valor, aún no recibió la certificación oficial de la Dirección de Normas de Kenia, lo cual les cierra el acceso de sus productos a algunos mercados en este país africano.

Es necesario facultar a los agricultores para que expandan la producción porque en la actualidad tienen un acuerdo para entregar tres toneladas de batata anaranjada por semana a una empresa de procesamiento de alimentos de un condado vecino, pero su capacidad productiva no les alcanza para llenar esa cuota, explicó Olaba.

Traducido por Álvaro Queiruga