La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de la ONU, tiene su sede en Nueva York. Crédito: ONU.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 21 2017 (IPS)

La ONU no siempre practica lo que predica en materia de derechos laborales y humanos, critica Ian Richards, presidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (CCISUA).

El personal de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra realizó un paro de dos horas en la segunda semana de este mes en protesta por la propuesta de recorte salarial de 7,5 por ciento, lo que obligó al Consejo de Derechos Humanos a suspender su reunión.

“Una huelga siempre será el último recurso”, aseguró a IPS; y habrán más movilizaciones, alertó Richards, quien encabeza el CCISUA con 60.000 miembros.

“Si tuviéramos un sistema de negociación adecuado para que el personal tuviera voz en lo que respecta a sus salarios, como predica la ONU, podríamos haber evitado todo esto”, explicó.

“Dicho eso, si no hay caminos para un diálogo significativo, los funcionarios de la ONU no tendrán más opción que escalar sus acciones”, advirtió. En definitiva, esto no se trata de un recorte de presupuesto, precisó.

En la actualidad, hay más de 5.400 funcionarios en la ONU de Ginebra en la categoría profesional de empleados.

Una resolución del personal de esa sede, adoptada en una “asamblea general extraordinaria” a principios de este mes, responsabilizó a la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), con sede en Nueva York, por “no atender las profundas preocupaciones y dudas planteadas por las federaciones de funcionarios públicos y directivos de las 10 agencias con sede en Ginebra en lo que respecta a la propuesta de recorte y ajustes por lugar de destino que implicarían una reducción del salario neto de 7,5 por ciento (o más)”.

Entre las agencias con sede en Ginebra se destacan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), la Oficina de Asuntos de Desarme (Unoda) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).

La CAPI, que fija la escala salarial en la ONU, otorgó un aumento de 2,2 por ciento, merecido, a los funcionarios de Nueva York, indicó Richards. “En definitiva se trata de presionar para ver qué consiguen”, opinó.

Al CCISUA se le unirá la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (Ficsa), con 30.000 miembros, en caso de acción colectiva.

El Consejo de Derechos Humanos debió suspender sus sesiones del viernes 16 de este mes, pero los funcionarios decidieron no perturbar la reunión de negociación sobre el fin de la guerra civil en Siria, que ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Rolando Gómez, de la oficina de información pública de la rama del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de Acnudh confirmó a IPS la suspensión de la reunión del Consejo de Derechos Humanos por el paro de trabajadores.

“Es la primera vez que ocurre una suspensión de ese tipo en el Consejo por ese motivo”, indicó. El Consejo de Derechos Humanos reconoce el derecho de los funcionarios de la ONU a manifestarse en contra de la reducción salarial y no quiso tomar medidas que fueran a impedírselo.

“El Consejo también reitera su inmensa gratitud al personal de Ginebra por su indispensable asistencia de primer orden para realizar sus sesiones a lo largo de todo el año”, declaró.

Por su parte, el director general de la Oficina de la ONU en Ginebra (ONUG), Michael Møller, señaló en una carta al sindicato de funcionarios que sus representantes le habían informado a los responsables de las organizaciones en esa ciudad sobre las “acciones planificadas durante el verano, incluidos los paros” en relación con la decisión de la CAPI sobre los niveles del ajuste por lugar de destino en Ginebra.

La carta también se refiere a un correo electrónico del Consejo de Funcionarios de la ONUG, enviado en la segunda semana de junio, con el asunto “Próximos paros”.

La ONUG “reconoce y respeta el derecho de los funcionarios a la libertad de asociación. El personal está autorizado a reunirse en las instalaciones de forma representativa y no perturbadora. La ONUG también reconoce el descontento de los funcionarios con la decisión de la CAPI respecto del ajuste por lugar de destino para Ginebra”.

“No obstante, se recuerda a los funcionarios que las acciones que perturben o interfieran con las reuniones u otras actividades oficiales de la organización podrían considerarse en contravención con las obligaciones de la norma 1.2”, prosigue la misiva.

“Eso incluye cada una y todas las conductas dirigidas, de forma directa o indirecta, a interferir con la capacidad del personal o de los delegados a cumplir con sus funciones oficiales”, precisa.

De acuerdo con las pautas de la ONU en Nueva York, también se recuerda a los funcionarios que las acciones, como paros y otras actividades colectivas, pueden considerarse ausencias no autorizadas según el Reglamento del Personal, añade la carta.

También aclara que continúan las negociaciones con la CAPI por los cambios en el sistema de ajuste por lugar de destino “y todos debemos asegurarnos de no comprometer el resultado de las conversaciones”.

“También es un llamado a todos nosotros a actuar de forma profesional y acorde a nuestro estatus de funcionarios públicos internacionales”, agrega.

Al respecto, Richards comentó a IPS: “Estamos decepcionados de que la administración de la ONU haya optado por amenazar al personal”.

Por su parte, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró: “Las pautas que tenemos de nuestros colegas en Ginebra es que reconocen totalmente el derecho de los funcionarios a la libertad de asociación, que es un derecho básico. El personal pudo reunirse en las instalaciones de Ginebra sin causar trastornos”.

“Entiendo que las negociaciones siguen en curso respecto de la implementación (del ajuste por lugar de destino), pero somos todos funcionarios públicos internacionales y tenemos que respetar las normas”, añadió.

Richards también señaló que el personal de las organizaciones con sede en Ginebra pararon para mandar un fuerte mensaje a la administración de Nueva York y a la CAPI de que el personal de Ginebra no permitirá una rebaja salarial sin negociaciones.

“Durante el paro realizamos una asamblea en la que participaron muchos funcionarios, incluso directores y personal de recursos humanos y de seguridad. Tenemos un vídeo que muestra mucha ira”, indicó.

Al ser consultado sobre los próximos pasos a seguir, Richards detalló que hay “un informe de un grupo de estadísticos que visitaron la CAPI la semana pasada para revisar los números y los cálculos. La CAPI revisará el asunto en Viena en julio y esperamos que cambien sus conclusiones”.

“Es importante señalar que esto no se trata de un recorte de presupuesto, pues Nueva York, donde está la sede de la CAPI, tuvo un aumento de 2,2 por ciento. Pero el enfoque poco transparente de la CAPI significa que otras 85 sedes podrían sufrir recortes”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Conferencia de prensa sobre el informe del Fida realizada el 14 de junio en la Fundación de las Naciones Unidas, Nueva York. Crédito: Fida.

Por Roshni Majumdar
NACIONES UNIDAS, Jun 16 2017 (IPS)

Un nuevo informe del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (Fida) señala que en la última década se duplicaron las remesas que envían los trabajadores migrantes – que suelen estar ubicados en países industrializados – a sus familias en países de bajos ingresos.

El denominado flujo de remesas aumentó un 51 por ciento, de 296.000 millones de dólares en 2007 a 445.000 millones en 2016, lo que ayudó a sacar de la pobreza a innumerables familias en todo el mundo.Las remesas crecieron 51 por ciento, de 296.000 millones de dólares en 2007 a 445.000 millones en 2016, lo que ayudó a sacar de la pobreza a innumerables familias en todo el mundo.

Las mayores remesas proceden de inmigrantes en Estados Unidos, lo que hace a este país el mayor benefactor, seguido de cerca por Arabia Saudita y Rusia, según el informe del Fida.

De hecho, los diez principales países remitentes, en gran parte en Europa y el Consejo del Golfo, acumulan la mitad de los flujos anuales de dinero.

El incremento en las remesas trae buenas noticias. En primer lugar, aumenta el potencial de los trabajadores migrantes en todo el mundo. Y segundo, impulsa el desarrollo sostenible en los países que se benefician del dinero, en particular China, India y Filipinas, que encabezan la lista.

Asia recibe casi 55 por ciento del total de las remesas enviadas desde el Norte industrializado.

El dinero enviado es utilizado por las familias para alcanzar metas personales, tales como mejorar su atención médica, educación y seguridad alimentaria. “No se trata del dinero que se envía a casa, sino del impacto en la vida de las personas”, aclaró Gilbert F. Houngbo, presidente del Fida.

Sin embargo, incluso si los principales países remitentes acumulan la mitad de las remesas, estas solo constituyen una pequeña fracción del producto interno bruto (PIB) de sus economías.

Por ejemplo, los ingresos de los inmigrantes en Estados Unidos representan casi cuatro por ciento del PIB, pero las remesas que envían a sus familias constituyen solo 0,65 por ciento del PIB.

Generalmente, 85 por ciento de los ingresos de los inmigrantes permanecen dentro del país anfitrión.

El valor del dinero enviado no se puede subestimar. La mayoría de las familias dependen de este ingreso, que puede llegar a 60 por ciento de los ingresos del hogar en las zonas rurales.

Pedro de Vasconcelos, el autor principal del informe del Fida, habla en rueda de prensa el 14 de junio. Crédito: Fida.

Sin embargo, muchos critican los altos costos de las transacciones, especialmente en las zonas rurales que reciben la mayor parte de las remesas.

Pedro de Vasconcelos, autor principal del informe, dijo que la posibilidad de construir mejor infraestructura para asegurar un flujo de dinero fácil y barato es particularmente importante en las zonas rurales, “donde las remesas cuentan más y donde podemos hacer que cuenten más”.

“Simplemente abrir una caja de ahorros puede transformar las vidas de las personas” y hacer mucho para erradicar la pobreza, añadió.

Al final, hay mucho espacio para la innovación y el crecimiento ya que la demanda de mano de obra inmigrante seguirá creciendo en los países industrializados.

Para entender la escala de las remesas es importante saber que una de cada siete personas en el mundo se ve directamente afectada por ellas, ya sea como remitente o como beneficiaria. Esto significa que mil millones de habitantes del planeta participan de la transacción de alguna manera. Incluso cuando los tiempos se ponen difíciles, como sucedió durante la crisis financiera de 2008, los flujos de remesas se mantuvieron estables.

Hay dos razones que explican el crecimiento de las remesas y por qué continuará.

Primero, refleja la demanda de mano de obra inmigrante a medida que las poblaciones de los países de ingresos altos crecen con los avances de la medicina.

Y en segundo lugar, los trabajadores inmigrantes están comprometidos a hacer sacrificios para cumplir con sus familias en sus países de origen – como comer menos para asegurar el dinero que pueden enviar a casa. Por este motivo este canal de dinero se conoce cada vez más como “remesas familiares”.

El flujo de dinero ha superado en gran medida al flujo migratorio, que solo creció 28 por ciento en la última década. Esto significa que hay 800 millones de personas en todo el mundo que dependen de los trabajadores migrantes, que son unos 200 millones en número.

Traducido por Álvaro Queiruga

El barrio La Limonada, en la zona 5 de la capital guatemalteca, es una muestra de la pobreza y la desigualdad que persiste en América Latina. Crédito: Danilo Valladares/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 25 2017 (IPS)

El mundo no logrará erradicar la pobreza para 2030 si continúa la actual tendencia de crecimiento económico, concluyó un grupo de estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Fuerza de Trabajo Interagencia, integrada por 50 instituciones internacionales, elaboró un informe sobre el avance de la Agenda de Acción de Adís Abeba, un marco mundial sobre financiación para el desarrollo con el fin de ayudar a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por la comunidad internacional el 25 de septiembre de 2015.

Hubo algunos avances en materia de financiación para el desarrollo, pero el lento crecimiento económico mundial y la disminución del aumento del comercio y las inversiones, desde la crisis económica y financiera de 2008, obstaculizan los avances hacia los ODS, incluida la erradicación de la pobreza.

Wu Hongbo, secretario general adjunto de Asuntos Sociales y Económicos, informa a la prensa sobre el contenido del informe “Avances y perspectivas”, de la Fuerza de Trabajo Interagencia sobre financiación para el desarrollo. Crédit: Kim Haughton/UN Photo.

“A pesar de las expectativas de que este año y el que viene mejore el crecimiento, el actual entorno mundial no presagia nada bueno con respecto al cumplimiento de los ODS”, reconoció el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Wu Hongbo.

En 2016, la economía mundial registró el ritmo de crecimiento más bajo desde la crisis, y las proyecciones indican que el producto interno bruto mundial crecería a un ritmo inferior a tres por ciento en los próximos dos años, lo que dejaría a casi siete por ciento de la población mundial extremadamente pobre para 2030.

Los países menos adelantados (PMA) son los que quedarán más rezagados, alertó Hongbo.

El número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día disminuyó enormemente en las últimas décadas, pero se debió principalmente al fuerte crecimiento económico en los países en desarrollo, precisa el informe.

El menor crecimiento económico también es responsable del aumento del desempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que habrán 3,4 millones más de desempleados en 2017, respecto del año anterior, una tendencia que se prevé continúe en 2018.

El director de la división de globalización y estrategias de desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Richard Kozul-Wright, explicó que esas tendencias se deben en parte a la incapacidad de crear estrategias de crecimiento sostenible.

“Muchas personas esperaban que en el período posterior a la crisis financiera se hiciera una reflexión seria sobre los tipos de estrategias de crecimiento forjadas antes de la crisis, las que claramente no eran sostenibles ni inclusivas, pero eso no fue lo que ocurrió”, indicó.

La falta de inversiones es otro gran desafío para el logro de los ODS y, por ende, para el crecimiento, añadió.

Se necesita entre uno y cinco billones (millón de millones) de dólares más en inversiones solo para infraestructura, un elemento clave para ayudar a mantener el crecimiento en las naciones en desarrollo.

La infraestructura de transporte permite desarrollar el comercio y la economía, lo que es particularmente importante en países sin salida al mar o sin litoral, mientras que la vinculada al sector energético es fundamental para las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura, privadas y públicas, disminuyeron en todo el mundo. Y a pesar de que la asistencia oficial al desarrollo aumentó casi nueve por ciento en 2016, respecto del año anterior, las crecientes necesidades humanitarias generaron falta de fondos a corto y largo plazo.

La incertidumbre que pesa sobre algunas políticas clave de algunos de los países grandes no hace más que elevar los riesgos para la economía, como la propuesta de Estados Unidos de recortar la asistencia al extranjero y los fondos para el clima.

Hongbo también señaló que es fundamental la creación de políticas nacionales ajustadas a los ODS, así como la cooperación internacional para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Muchas de las dificultades que afrontan los países, como el lento crecimiento económico, el cambio climático y las crisis humanitarias, tienen repercusiones transfronterizas o mundiales, que no pueden ser atendidas por un un solo actor”, observó.

La presentación del informe coincide con el segundo foro anual sobre financiación para el desarrollo, que reunió a países miembro y a organizaciones internacionales para discutir sobre los asuntos acuciantes presentados en el informe y sobre sus posibles soluciones.

Los participantes llegaron a un acuerdo sobre la financiación para los ODS, llamando a los gobiernos a aumentar y a cumplir con sus compromisos en el marco de la asistencia oficial al desarrollo y a mejorar las políticas impositivas, como los esfuerzos internacionales para luchar contra la evasión fiscal, y urgiendo a los bancos de desarrollo y a actores privados a ayudar a movilizar recursos catalizadores.

“Alzaremos nuestra voz cuando podamos, hablaremos fuerte por los PMA y los países vulnerables y sus pueblos”, concluyó Hongbo.

Traducido por Verónica Firme

Una masiva protesta se produjo en Brasilia delante del Palacio del Planalto, sede de la presidencia, el 18 de mayo, nada más conocerse el contenido de la grabación del mandatario Michel Temer y el empresario Joesley Batista. Manifestaciones similares se extendieron por muchas capitales de Brasil bajo el lema “Fuera Temer”. Crédito: Lula Marques/AGPT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 19 2017 (IPS)

Con su presidencia herida de muerte,  Michel Temer optó por resistir, pero su agonía no podrá durar muchos días. La divulgación de su diálogo con un gran empresario y corruptor confeso amenaza ahondar una recesión económica de forma intolerable para sectores dominantes en Brasil.

La conversación grabada por Joesley Batista, dueño del grupo JBS, el mayor procesador y exportador de carnes en el mundo, desató la crisis terminal del gobierno del vicepresidente electo en 2014, elevado a titular el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado alejó del poder a la exmandataria Dilma Rousseff para someterla a un juicio de inhabilitación, que concluyó con su destitución el 31 de agosto.

La grabación publicada por el Supremo Tribunal Federal (STF) no evidencia claramente que Temer le pidió al empresario mantener el soborno a Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados preso por corrupción desde octubre, para evitar que pasase a colaborar con la justicia y que revelase, presuntamente, delitos de miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

No se comprueba así, de forma tajante, tal como difundió la tarde del miércoles 17 en n su sitio web el diario O Globo, sobre el apoyo de Temer al soborno.

Pero ese detalle, aunque el más contundente, es solo uno de los probables delitos revelados por Batista.

Su encuentro con Temer tuvo lugar tarde en la noche del 7 de marzo en Brasilia, en el Palacio de Jaburu, residencia presidencial, sin registro formal de la visita, indicando la intención de ocultarla. ¿Qué tendría el presidente que tratar casi clandestinamente con un gran empresario bajo investigaciones en varios procesos por corrupción y favorecimientos irregulares del gobierno?

El empresario ya estaba colaborando con la justicia en un intento por librarse de la cárcel y salvar a su empresa. Por eso llevó una grabadora oculta al encuentro.

Además afirmó a Temer que había conseguido la complicidad de dos jueces e informaciones confidenciales de un procurador del Ministerio Público (fiscalía) que participaba en operaciones anticorrupción, en este caso por medio de sobornos mensuales equivalentes a 16.000 dólares. Esa revelación tuvo la aparente tolerancia de Temer, dada la falta de reacciones audibles.

Y en otro tramo del diálogo, Batista le pidió al presidente la indicación de algún interlocutor en el gobierno para buscar soluciones a sus problemas. Temer le dijo que buscase a su ex asesor especial, el ahora diputado Rodrigo Loures, del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza el mandatario.

Loures fue posteriormente filmado por la Policía Federal mientras recibía unos 160.000 dólares, enviados por Batista en una operación concertada.

Otra acción similar comprobó el pago de igual suma a Altair Pinto, conocido como testaferro del Cunha. Dos episodios que fortalecen las denuncias del empresario cárnico y debilitan cualquier defensa de Temer.

“No renunciaré”, afirmó casi gritando el presidente, en una declaración a la nación el jueves 18, antes de la divulgación de la grabación de Batista por el STF. Sostuvo que no cometió ninguna ilegalidad y que “el peor momento” de su gobierno amenaza el “mejor momento”, cuando la economía comenzaba a dar signos de recuperación y caían la inflación y las tasas de interés.

El fin de la recesión económica es su principal defensa.

Pero crece entre economistas y empresarios, los voceros de “los mercados”, las manifestaciones de que la permanencia de Temer en el palacio presidencial de Planalto, sin condiciones visibles de gobernabilidad, prolongaría y ahondaría la recesión.

Ese puede ser el factor decisivo para forzar la renuncia del presidente. Su débil legitimidad como beneficiario de la destitución de la izquierdista Rousseff, un “golpe parlamentario” según los partidarios de la expresidenta, y su muy alta impopularidad, lo hace extremadamente vulnerable a cualquier adversidad, incluso porque ya estaba involucrado en denuncias de corrupción electoral.

El presidente Michel Temer durante su pronunciamiento al país el 18 de mayo, asegurando que no renunciará. Pero esa salida pudiera hacerse realidad ante la presión de quienes le han respaldado y de los mercados. Crédito: Lula Marques/AGPT

Las protestas callejeras con el lema “Fuera Temer” estallaron en las capitales regionales de todo el país en cuanto aseguró que no renunciaría.

Es una presión con un sesgo de izquierda que tiende a acentuarse, pero que difícilmente logrará imponerse, incluso porque reclama “elecciones directas ya”, recordando una campaña masiva de 1984 contra la dictadura militar, que acabó al año siguiente, tras 21 años en el poder.

La salida más probable es la renuncia, al sumarse la pérdida de apoyo en los mercados  a la del parlamento, donde algunos partidos medianos o pequeños, como el Socialista Brasileño (PSB) y el Popular Socialista (PPS), ya desertaron de la coalición gubernamental.

Con respectivos 35 y nueve diputados, en un total de 513, esos partidos no quiebran al gobierno. Pero hay otros grandes, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), con 47 diputados y cuatro ministros en el gobierno, que están divididos.

Las revelaciones de Batista golpearon duramente al PSDB, cuyo líder Aecio Neves, debió dejar su puesto de senador por investigaciones en su contra del STF, que lo llevó a renunciar a la presidencia del partido. Batista lo denunció por haberle pedido supuestamente unos 635.000 dólares como soborno.

El deterioro previsible que esta nueva crisis provocará en la economía augura más deserciones. Con la reducción actual, ya la coalición gobernante no lograría aprobar la enmienda constitucional que modificaría el sistema previsional del país, una medida que considera indispensable para el equilibrio fiscal y la consecuente recuperación económica.

Es justamente la perspectiva de aprobar esa reforma y la de las leyes laborales que aseguraba a Temer, como reconocido aglutinador de parlamentarios, el respaldo de los sectores económicos más poderosos. Extinta esa posibilidad, queda insostenible su gobierno.

Otras soluciones, como la inhabilitación del presidente, ya con ocho pedidos inscriptos, no parecen viables por demandar un tiempo excesivo en que la inestabilidad política agravaría la crisis económica.

El proceso llevaría semanas o meses para ser acogido por la Cámara de Diputados, antes del juicio político del Senado que puede prolongarse por 180 días.

Una decisión del STF, que ya autorizó una investigación penal del presidente por el Ministerio Público, también demandaría mucho tiempo para alejarlo del poder, sea formalizándolo como reo por obstrucción de la justicia o condenándolo a alguna pena.

Un camino más corto depende del Tribunal Superior Electoral, que se reúne el 6 de junio para decidir si anula la elección de la fórmula Rousseff-Temer, en 2014, por presunto abuso del poder económico en la campaña electoral y financiación ilegal. Pero es solo el inicio de un proceso que puede suspenderse por pedido de uno de sus siete jueces para analizar mejor la materia.

La salida de establecer una enmienda constitucional para convocar elecciones presidenciales adelantadas, requiere el respaldo calificado de las dos cámaras legislativas o una decisión del STF si los jueces electorales anulan los comicios de 2014. Pero resulta irrealista pensar que los factores de poder respalden ese camino, que pudiera allanar el retorno al poder del Partido de los Trabajadores e incluso de su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, pese a estar imputado también por corrupción.

La salida más rápida seria la renuncia, asumiendo entonces el cargo el jefe de la Cámara de Diputados hasta que el legislativo Congreso Nacional elija una nueva figura para completar el mandato presidencial que concluye al finalizar 2018.

Sectores económicos y políticos buscan ya una figura capaz de unir las fuerzas de la desgajada coalición gobernante para aprobar las reformas previsional y laboral. Identificado ese líder, que puede ser el ministro de Hacienda, Henrique Meireles, o la presidenta del STF, Carmen Lucia Rocha, Temer pasaría de “salvador” de la economía a su escollo.

Un escollo al que hay que quitar, para reiniciar el camino emprendido hace un año.

Editado por Estrella Gutiérrez

El Foro Económico Mundial calificó la grave desigualdad de ingresos como el mayor riesgo que enfrenta el mundo. Crédito: IPS

Por Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram
SIDNEY y KUALA LUMPUR, May 19 2017 (IPS)

La desigualdad en los ingresos y la riqueza aumentó en las últimas décadas, pero el reconocimiento del papel que desempeñan la liberalización económica y la globalización en esa brecha nunca ha sido tan generalizado. Los guardianes del capitalismo global están nerviosos, pero poco hicieron para controlar o revertir la situación.

La creciente desigualdad alarma a la élite mundial

El  Foro Económico Mundial (FEM) calificó la grave desigualdad de ingresos como el mayor riesgo que enfrenta el mundo.

“Tenemos una disparidad demasiado grande en el mundo. Necesitamos más inclusión… Si seguimos teniendo un crecimiento no inclusivo y continuamos con la situación de desempleo, en particular del desempleo juvenil, nuestra sociedad global no será sostenible”, advirtió el fundador del FEM, Klaus Schwab.A pesar del estancamiento que sufrió la economía del planeta durante casi una década, el número de milmillonarios aumentó a 2.199, algo sin precedentes.

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, declaró ante líderes políticos y empresariales del FEM que “en demasiados países los beneficios del crecimiento los disfrutan muy pocas personas. Esa no es una receta para la estabilidad y la sostenibilidad”.

Del mismo modo, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, advirtió que de no abordarse la desigualdad se corre el riesgo de disturbios sociales. “Va a estallar en gran medida debido a estas desigualdades”, afirmó.

También la influyente revista Foreign Affairs, del no gubernamental Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en Estados Unidos, realizó una advertencia similar.

“La desigualdad está creciendo en casi todo el mundo capitalista posindustrial… De no abordarse, la creciente desigualdad y la inseguridad económica pueden erosionar el orden social y generar una reacción popular contra el sistema capitalista en general”, apuntó.

¿Mucho ruido y pocas nueces?

Cada vez más, una pequeña élite absorbe los principales beneficios del crecimiento económico. A pesar del estancamiento económico que sufrió el planeta durante casi una década, el número de milmillonarios aumentó a 2.199, algo sin precedentes. El uno por ciento más rico de la población mundial posee ahora tanta riqueza como el resto de los habitantes. Las ocho personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como la mitad más pobre.

En India, el número de milmillonarios se multiplicó al menos 10 veces en la última década. El país asiático tiene ahora 111 milmillonarios, el tercero en el mundo. Asimismo, más de 425 millones de personas indigentes también viven en el territorio indio, o un tercio de los pobres del planeta y más de un tercio de la población del país.

África tuvo un auge económico durante una década hasta 2014, pero la mayoría de sus habitantes sigue luchando a diario para obtener alimentos, agua potable y atención médica. Mientras tanto, el número de personas que viven en la extrema pobreza, según el Banco Mundial, creció de 280 millones en 1990 a 330 millones en la actualidad.

En Europa, los pobres soportaron el peso de las políticas de austeridad, mientras que los rescates bancarios beneficiaron principalmente a las personas acaudaladas. Aproximadamente 122,3 millones de personas, o sea 24,4 por ciento de la población de la Unión Europea, corre el riesgo de caer en la pobreza.

Entre 2009 y 2013, el número de europeos sin dinero suficiente para calefaccionar sus viviendas o pagar gastos imprevistos aumentó 7,5 millones hasta 50 millones de personas, mientras que el continente alberga a 342 milmillonarios.

En Estados Unidos, la proporción de ingresos del uno por ciento más rico de la población está en su nivel más alto desde la víspera de la Gran Depresión, hace casi nueve décadas. El 0,01 por ciento más adinerado, o 14.000 familias estadounidenses, poseen 22,2 por ciento de la riqueza del país, mientras que el 90 por ciento más pobre, o más de 133 millones de familias, posee apenas cuatro por ciento de la misma.

Esta concentración sin precedentes de la riqueza y la correspondiente privación del resto de la población generaron reacciones negativas, que posiblemente contribuyeron a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, al referéndum del Brexit en Gran Bretaña, a la fuerza de la ultraderecha de Marine Le Pen en Francia y de la Alternativa para Alemania y al ascenso de la derecha de Hindutva en India.

China “comunista” y la desigualdad

Mientras tanto, China creció rápidamente pero la desigualdad también aumentó considerablemente. El país de gobierno comunista exporta bienes de consumo baratos al mundo, controlando la inflación y mejorando el nivel de vida de muchos.

Parte de su enorme superávit comercial – debido a los salarios relativamente bajos, aunque recientemente en aumento – fue reciclado en los mercados financieros, principalmente de Estados Unidos, lo que ayudó a expandir el crédito a tasas de interés bajas en China.

Así, los productos de consumo y el crédito baratos permitieron a la clase media de Occidente, en franca reducción, mitigar la presión a la baja sobre sus niveles de vida, a pesar del estancamiento o la caída de los salarios reales y el aumento de la deuda personal y familiar.

El desarrollo de China impulsado por las exportaciones y basado en los bajos salarios aumentó considerablemente la desigualdad de ingresos en el país más poblado del planeta durante más de tres décadas. Beijing desplazó a Nueva York como la nueva “capital milmillonaria del mundo”. El país asiático tiene ahora 594 milmillonarios, o 33 más que Estados Unidos.

Desde la década de 1980, la desigualdad de ingresos en China creció a mayor rapidez que en otros países. El uno por ciento más rico de los hogares posee un tercio de la riqueza del país, mientras que el 25 por ciento más pobre posee solamente un uno por ciento.

El coeficiente de Gini de China subió a 0,49 en 2012 de 0,3 apenas 30 años antes, cuando era uno de los países más igualitarios. Otra investigación ubicó el coeficiente de Gini del país en 0,61 en 2010, superando por lejos los 0,45 de Estados Unidos.

Traducido por Álvaro Queiruga

Inflacion, deuda pública, y creciente desigualdad en los ingresos frenan la recuperación económica en el Sur Global. Crédito: P. Williams - Licencia Creative Commons.

Por Jomo Kwame Sundaram
KUALA LUMPUR, Dec 16 2016 (IPS)

La recuperación económica de los países en desarrollo se vio frenada porque los estados más ricos y emergentes, salvo Estados Unidos y Japón, llegaron a un consenso político tácito en materia de austeridad fiscal, en vez de realizar un esfuerzo concertado y sostenido para superar el estancamiento prolongado.

Después de siete años de resultados económicos mediocres y de las crecientes tensiones por las duras restricciones al estimulo fiscal en la eurozona, hay señales de una mayor disposición a reconsiderar la política seguida hasta ahora.

Todavía no está claro si eso llevará a un cambio significativo de políticas, pero podría a la larga desembocar en el punto de inflexión que tanto necesita la economía mundial desde la crisis financiera que comenzó en 2008.

Quijotescos molinos de la mente

Las personas que se oponen al estimulo fiscal sostienen con cinismo que esos esfuerzos están destinados al fracaso, basándose en los recortes fiscales del presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009).

Otros niegan que los esfuerzos de “alivio cuantitativo” de la Reserva Federal hayan sido exitosos, poniendo de relieve la base frágil de su aparentemente “sólida” recuperación, en comparación con otras economías del Grupo de los siete países más ricos. Mientras, ya se reconoció que los “estabilizadores automáticos” de Europa, que sin duda, al comienzo mitigaron el impacto de la crisis, no sostuvieron la recuperación mucho más allá de 2009.

El primer fantasma lo constituye la deuda pública. Se ha hecho mucho en lo que respecta a los altos niveles de deuda soberana a ambos lados del Atlántico y en Japón, aunque el desafío fiscal sigue estando en el largo plazo, no en lo inmediato.

Japón tiene la mayor relación entre deuda y producto interno bruto (PIB), pero no es un problema grave porque su deuda en yenes es básicamente interna.

La comunidad internacional no ha sabido crear arreglos efectivos e igualitarios para reestructurar la deuda soberana, a pesar de las consecuencias claramente disfuncionales y problemáticas de anteriores crisis internacionales de deuda pública. Eso evita una oportunidad renegociación de la deuda, que en los hechos impide la recuperación económica.

También se aprovechó en muchos países en desarrollo la elevada deuda pública para reclamar la austeridad fiscal. Pero en vez de ayudar, la urgencia por recortar el gasto impidió, o hasta contrarrestó, anteriores esfuerzos de recuperación. La demanda del sector privado todavía es frágil, pero la austeridad enlentence la recuperación, no la acelera.

Otra distracción ha sido la amenaza exagerada de la inflación.

La inflación de los últimos tiempos en muchos países obedece al aumento de los precios de productos básicos, en especial combustibles y alimentos. En ese contexto, las políticas deflacionarias solo enlentecieron el crecimiento, sin frenar la inflación importada.

La fórmula del estancamiento

Por desgracia, la tarea más urgente, de coordinar e implementar esfuerzos para aumentar y sostener el crecimiento y la creación de empleo, sigue sin atenderse. Mientras, los recortes al gasto social y a los programas de bienestar, reclamados por el fetiche de la austeridad, no hacen más que empeorar las cosas, pues el empleo y el consumo solo disminuyen.

Es probable que la presión sobre el empleo y el presupuesto de los hogares continúe. Los reclamos de reformas estructurales apuntan principalmente al mercado laboral, más que a los de productos.

La creciente inseguridad de los trabajadores, exacerbada por la mayor liberalización del mercado laboral, se toma como base para una economía saludable. Pero esa idea no solo socava la protección social que todavía existe, sino que probablemente reduzca el salario real, la demanda agregada y, por lo tanto, las perspectivas de recuperación.

Ya redujo el crecimiento y el empleo. Y, si bien los mercados financieros insisten en reducir el déficit, el último declive de los precios de los bonos y de las acciones, así como la pérdida de confianza que eso transmite, sugiere que también reconoce las consecuencias adversas de la consolidación fiscal en un contexto de reducida demanda privada.

Un crecimiento más lento significa menos ingresos y un espiral descendente más rápido. En la actualidad, el déficit fiscal de la mayoría de los países refleja la caída de los ingresos tributarios tras el colapso del crecimiento, así como los costosos rescates bancarios.

Se impone un cambio político

La actual política se considera favorable al mercado, es decir opciones procíclicas efectivas, pese a que, en realidad, se necesitan esfuerzos anticíclicos, instituciones e instrumentos.

Las autoridades globales parecen ser rehenes de los intereses financieros y de los ideólogos y medios asociados, así como de oligarcas cuya influencia política les permite asegurarse una mayor renta y pagar menos impuestos en lo que realmente debe ser uno de los círculos más viciosos.

Muchas autoridades insistieron en tomar medidas inmediatas, no solo para reducir el déficit fiscal, sino también los desequilibrios fiscales y las debilidades de los balances generales de los bancos. Es necesario priorizar esto a largo plazo, pero al hacerlo ahora se atenta contra los fuertes y sostenidos esfuerzos de recuperación .

Las malas políticas públicas pueden llevar a la recesión. Eso fue lo que ocurrió en 1980-1981, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés reales, frenando ostensiblemente la inflación, pero al mismo tiempo induciendo una prolongada recesión económica global.

Eso no solo contribuyó a las crisis fiscal y de deuda soberana, sino también a un prolongado estancamiento fuera de Asia Pacífico, incluida la “década pérdida” de América Latina y el “retroceso de cuarto siglo” de África.

Desigualdad

Además, según Piketty, las ganancias aumentaron en las últimas décadas, no solo a expensas de los salarios, sino que debido a un crecimiento mayor en las finanzas, los seguros y el sector inmobiliario, con respecto a otros sectores.

Los escandalosos aumentos de los salarios de los ejecutivos en las últimas décadas exacerbaron el interés del sector financiero por el corto plazo (denominado hace poco como “capitalismo trimestral”), mientras empeoró la exposición al riesgo a largo plazo, deteriorando la vulnerabilidad sistémica.

La creciente desigualdad de ingresos en muchos países antes y, aun después, de la crisis financiera, no hizo más que empeorar las cosas, al reducir la capacidad de ahorro de los hogares y aumentar el crédito al consumo y la compra de valores, en vez de elevar la inversión en nuevas capacidades económicas.

De hecho, la amenaza a la que tenemos que hacer frente ahora no es de deuda pública ni de la inflación, sino la espiral económica descendente, que será cada vez más difícil de revertir.

Las instituciones financieras internacionales se crearon tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para garantizar no solo la estabilidad monetaria y financiera, sino también las condiciones para un crecimiento sostenido, la reconstrucción de posguerra y el desarrollo poscolonial.

Traducido por Verónica Firme

Panel sobre la reestructuración de la deuda organizado por el G77 en octubre de 2016. Crédito: G77/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage y Lyndal Rowlands
NACIONES UNIDAS, Nov 9 2016 (IPS)

Hay muchos países en desarrollo que se enfrentan al peligro real de caer en una crisis de endeudamiento y, sin embargo, es sorprendente la falta de opciones disponibles para ayudarlos a gestionar la situación.

El delicado asunto fue objeto de debate el lunes 31 de octubre en un seminario del Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo sobre “Vulnerabilidades de la Deuda Soberana y una Oportunidad para un Nuevo Mecanismo de Renegociación de la Deuda en el proceso de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”.“La raíz del problema de deuda todavía no se ha atendido ni se ha resuelto, por lo que debería ser una prioridad en la agenda política”: Bettina Luise Rürup.

“El desafío es que muchos países siguen vulnerables a la crisis de deuda”, subrayó en su discurso de apertura el embajador tailandés Virachai Plasai, quien preside el G77. Numerosos oradores coincidieron con él durante el debate, moderado por el embajador de El Salvador, Ruben Zamora.

“La caída drástica de los precios de los productos básicos de exportación y las tasas de interés históricamente bajas han sido ingredientes clave para un contexto que muestra similitudes perturbadoras con la etapa previa a la tercera crisis mundial de deuda en los 80, que le costó a muchos países una ‘década perdida de desarrollo’”, explicó el representante de Bolivia Sacha Llorenti.

El embajador Llorenti también presidió la Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana, que derivó en la adopción de la resolución 69/319 por la Asamblea General. Los oradores coincidieron en que las causas subyacentes de las anteriores crisis de deuda no se habían atendido de forma adecuada.

“La raíz del problema de deuda todavía no se ha atendido ni se ha resuelto, por lo que debería ser una prioridad en la agenda política”, subrayó Bettina Luise Rürup, directora ejecutiva de la oficina de Friedrich-Ebert-Stiftung en Nueva York.

“La crisis financiera es un problema recurrente. A menos que tengamos algo que realmente sea una medida preventiva, veremos cómo empeoran las crisis y no tendremos formas particulares de proteger a las poblaciones vulnerables”, indicó Eric LeCompte, director ejecutivo de la organización Jubilee Estados Unidos, al destacar la importancia de las medidas preventivas.

Dessima Williams, asesora especial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del presidente de la Asamblea General, señaló que a pesar de los esfuerzos para condonar la deuda de los países más pobres en la década de los años 80 y 90, esta comenzó a aumentar tras la crisis económica global, que se propagó por el mundo en 2008.

También precisó que la deuda no es solo con otros gobiernos o bancos de desarrollo, sino que “una gran parte es con el sector privado”.

“Una preocupación particular expresada en el último control fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que la deuda de los gobiernos permaneció moderada, pero la del sector corporativo en todos los mercados emergentes se disparó en los últimos años”, detalló Marilou Uy, secretaria del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro sobre Desarrollo y Asuntos Monetarios Internacionales (G-24).

Por su parte, el economista estadounidense Joseph Stiglitz dijo a los delegados presentes que esos problemas son consecuencia de la falta de una estructura financiera sólida, a pesar del riesgo que supone para el desarrollo sostenible.

Las “brechas” existentes en los sistemas legales y financieros internacionales crearon oportunidades para que entidades como los llamados fondos buitre se aprovecharan de países en desarrollo y en dificultades, socavando toda posibilidad de una nueva estructura de deuda, explicó.

Mientras, los gobiernos que sufren una crisis de deuda no pueden declararse en bancarrota, pues es una medida solo disponible a escala nacional, observó LeCompte.

Además, la condonación de deuda ya resultó ser solo una medida temporal.

El director del programa de gestión de deuda del Instituto de Gestión Macroeconómica y Financiera del África oriental y austral, Raphael Otieno, observó que muchos países africanos “comenzaron a acumular una gran deuda” tras las anteriores rondas de condonación.

El aumento de la deuda en países como Angola y Etiopía es “muy preocupante”, indicó Otieno.

Mientras, las medidas impuestas a los países para gestionar sus deudas también pueden resultar financieramente paralizantes, explicó Isidro López Hernández, diputado y portavoz adjunto de la Comisión de Estudio sobre Endeudamiento, del parlamento de la Comunidad de Madrid.

“Estamos confinados a una suerte de jaula de metal”, ejemplificó Hernández, y recordó que siempre que el gobierno de España logra un pequeño superávit, debe destinarlo a saldar la deuda, más que a invertir en el futuro del país.

Justa renegociación de la deuda

Plasai reclamó una “renegociación de deuda justa, rápida y eficiente” lo que implica una estrecha colaboración entre deudores y acreedores para resolver los insostenibles niveles que alcanza.

Con el fin de lograr la sostenibilidad de la deuda, Stigliz llamó a la implementación de un “régimen no vinculante”, basado en los principios de la Asamblea General de la ONU en materia de reestructuración de la deuda, adoptados en 2015.

Esos principios jurídicos internacionales ayudarán a impulsar la cooperación y un “ambiente más sano” para deudores y acreedores, explicó Stiglitz.

LeCompte coincidió y subrayó la importancia de leyes relacionadas con mecanismos de préstamos y de créditos responsables y sostenibles.

“En la ONU tenemos que resolver cómo comenzar a pasar (de la reestructuración de la deuda) a normas no vinculantes, cómo comenzamos a crear un marco y una estructura que permita que los problemas se resuelvan de forma más responsable”, explicó a IPS.

La amenaza de una crisis de deuda puede tener un impacto significativo en el desarrollo, pero los delegados coincidieron en que una gestión sostenible de la misma puede ser beneficiosa para los gobiernos que buscan alcanzar los ODS.

“Los préstamos son un mecanismo importante para financiar inversiones de desarrollo sostenible. La financiación de la deuda puede contribuir al crecimiento y a atenuar el ciclo económico”, indicó Nabil Munir, representante permanente de Pakistán y vicepresidente del Consejo Económico y Social.

“Al mismo tiempo, es necesario gestionar la deuda con prudencia”, acotó Munir.

“Creo que en esta sala todo el mundo coincide en que los préstamos soberanos son fundamentales para ayudar a los gobiernos a financiar inversiones, en particular en esta época, destinadas a lograr el desarrollo sostenible”, indicó Dian Triansyah Djani, representante permanente de Indonesia y presidente del Segundo Comité de la 71 sesión de la Asamblea General.

“Pero es igual de importante” gestionar las deudas soberanas”, precisó Djani.

“Hemos sido testigos varias veces de cómo el ‘debt default’ (incumplimiento de deuda) de un país pone en riesgo el crecimiento de la economía global y obstaculiza los esfuerzos para alcanzar su desarrollo”, recordó.

Si bien en “el escenario actual es muy relevante que se trabaje para contar con un marco reglamentario para resolver la crisis de deuda, no es factible a corto plazo”, precisó Llorenti.

“Sin embargo, (la medida en la Asamblea General) es un paso en la dirección correcta”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Un moderno conjunto de edificios, con todas sus oficinas, tiendas y locales vacíos. Es uno de los muchos “elefantes blancos” que dejó en la ciudad de Itaboraí, cerca de Río de Janeiro, un abortado megaproyecto petroquímico y petrolero en el sudeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS https://c2.staticflickr.com/6/5663/22376690782_920848f8bd_o.jpg

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Aug 1 2016 (IPS)

Un ciclo de megaeventos y megaproyectos se clausura en Brasil con los Juegos Olímpicos que acogerá Rio de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto, con un saldo negativo dejado por la megalomanía,  que también alimenta la crisis económica y política en que está sumergido el país.

No es mera coincidencia que la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayo, enfrente durante este mes de agosto la fase final del juicio en el Senado sobre su probable destitución.

Durante una década, actividades y obras gigantescas, algunas aún por concluir o condenadas al abandono, estimularon la economía, sueños, polémicas y frustraciones de los brasileños, reflejando y acelerando el ascenso y la caída en el poder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

El crecimiento económico del país y el prestigio internacional de su entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-20011), fueron decisivos para que en 2007 Brasil fuese elegido como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de 2014.

Dos años después Río de Janeiro conquistó ser la ciudad anfitriona de los XXXI Juegos de las Olimpiadas en 2016.

En 2007 ya esta ciudad fue sede de los Juegos Panamericanos, inaugurando la serie de megaeventos deportivos en Brasil, que incluyó además la Copa Confederaciones de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).

También en esa época comenzó la oleada de megaproyectos de infraestructura que respondían a necesidades energéticas y de transporte, principalmente para la exportación de productos básicos, mineros y agrícolas.

Grandes centrales hidroeléctricas, ferrocarriles, puertos, pavimentación de carreteras y el trasvase del río São Francisco para aliviar las sequías en el Nordeste brasileño, además de numerosas obras urbanas, compusieron el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), con estímulos tributarios y crediticios.

Rousseff, también del PT, sucedió a Lula en la presidencia, tras una campaña electoral que se la presentó como “Madre del PAC”, para enaltecer su alegada capacidad en la gestión de miles de obras por todo el país.

En el sector petrolero, el hallazgo de voluminosos yacimientos bajo la capa de sal del fondo del océano Atlántico, en 2006, desató otro programa gigantesco, de cuatro grandes refinerías, dos polos petroquímicos y decenas de astilleros para producir  plataformas de exploración y producción y navíos de transporte.

Las dos refinerías más grandes, que debían construirse en el Nordeste, fueron canceladas en 2015, con pérdidas cercanas a 800 millones de dólares.

Otra funciona parcialmente y la última tuvo sus obras interrumpidas, al igual que el Complejo Petroquímico a que está integrada, cerca de Río de Janeiro, dejando vacios muchos edificios comerciales y hoteles, edificados en ciudades vecinas para atender una prosperidad industrial que nunca llegó.

La sala de las turbinas de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el norteño estado brasileño de Pará, durante su instalación en 2015. La megaobra deberá estar finalizada en 2019. Crédito: Mario Osava/IPS

Los astilleros, en su mayoría, quebraron o redujeron al mínimo sus actividades. En Niterói, municipio vecino a Río de Janeiro, la mitad de sus 10 astilleros cerraron y más de 80 por ciento de sus 15.000 empleados fueron despedidos.

Posiblemente el castillo de este acelerado desarrollo se hubiera derrumbado igual, pero se sumaron varios factores destructivos para acelerar el desastre.

Los precios del petróleo se desplomaron en 2014, cuando también empezó el escándalo de corrupción en los negocios del consorcio estatal Petrobras, que involucra a centenares de políticos y empresarios.

Además, los gobiernos de Lula y Rousseff intentaron contener la inflación congelando los precios internos de derivados de petróleo, en desmedro de las finanzas de Petrobras que casi colapsó ante tantos golpes adversos.

Los ferrocarriles no corrieron mejor suerte. Dos diseñados para cruzar el Nordeste en distintas latitudes, uno privado y otro público, tuvieron su construcción paralizada y son fuertes candidatos a nuevos elefantes blancos, ante la suspensión de los proyectos mineros cuya producción transportarían.

Como consecuencia, se suspende también la instalación de un nuevo puerto marítimo y la expansión de otros dos.

Al menos, las centrales  hidroeléctricas sí se están concluyendo. Pero sufren los vaivenes en el sector eléctrico. Las líneas de transmisión se tienden con retraso y la recesión económica iniciada en 2014 redujo el consumo energético, ampliando la capacidad ociosa y las pérdidas en las empresas generadoras y distribuidoras.

Las cuatro centrales más grandes, construidas sobre los sensibles ríos amazónicos, enfrentan denuncias ambientales y acusaciones de violar los derechos de poblaciones afectadas: indígenas, ribereñas y de pescadores.

Belo Monte, la tercera hidroeléctrica del mundo, con capacidad de 11.233 megavatios, fue acusada de “acciones etnocidas” contra indígenas por el Ministerio Público (fiscalía) y enfrenta 23 acciones judiciales por supuesto incumplimiento de exigencias legales.

Además, es criticada por los mismos defensores de la hidroelectricidad, porque en promedio generará solo 40 por ciento de su potencia. Con pequeño embalse, una opción que redujo sus impactos ambientales, sufrirá los efectos de los excesivos altibajos del río Xingú, cuyo caudal en el estiaje baja a un vigésimo del de las crecidas.

Las carreteras no forman parte de la epidemia reciente de megaproyectos. Están en proceso de pavimentación y ampliación, pero fueron abiertas en ciclos anteriores, en los años 50 y 70.

La adicción brasileña por el gigantismo nació probablemente con Brasilia, construida en un área descampada, inhóspita y a más de 1.500 kilómetros de los grandes centros: São Paulo y Río de Janeiro, en solo cinco años, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961).

La hazaña se completó con la apertura de carreteras radiales para comunicar la nueva capital con los puntos cardinales extremos del país. Los largos tajos que cruzaron el país solo se convirtieron en auténticas carreteras, pavimentadas y con puentes, décadas después.

Reconocida como un éxito, Brasilia lleva a los políticos a dejar una obra consagratoria, aunque fue solo parte del plan de Kubitschek, gran impulsor de la industria metalmecánica en Brasil, al inaugurar la gran producción de vehículos automotores.

La creencia es que Brasilia fue el gran factor de poblamiento y desarrollo del oeste y norte del país, ignorando el papel de la expansión agrícola.

Luego la dictadura militar, instalada en 1964, alimentó la ambición de convertir Brasil en gran potencia, con un programa nuclear que tardó tres décadas en edificar dos centrales, la construcción de dos de las cinco mayores hidroeléctricas del mundo y carreteras para colonizar la Amazonia.

La vía Transmazónica, diseñada para atravesar el norte de Brasil hasta la frontera con Colombia, pero incompleta e intransitable en largos tramos, quedó como símbolo de los proyectos “faraónicos” fracasados, que ayudaron a derrocar la dictadura.

El origen de la megalomanía se puede ubicar también en la Copa Mundial FIFA de 1950, que motivó la construcción en Río de Janeiro del Maracanã, por décadas el mayor estadio de fútbol del mundo, donde hasta 180.000 espectadores vieron algunos partidos, más del doble de la capacidad actual.

El escarmiento de la derrota frente a Uruguay en la final de 1950, una decepción jamás olvidada por los brasileños, no impidió que Brasil acogiese el Mundial de 2014, construyendo nuevos estadios para sufrir otra derrota demoledora: siete goles contra uno ante Alemania en la semifinal.

Ahora, sumergido en una crisis fiscal que durará años, Brasil difícilmente podrá aventurarse en nuevos megaproyectos. Además la ilusión de que pueden quemar etapas del desarrollo no será la misma después de tantos fracasos y cuestionamientos ambientales, sociales y económicos.

Editado por Estrella Gutiérrez

Los cubanos, como estos residentes en La Habana que se disponen a compartir un vehículo privado que funciona como taxi, temen que tengan que volver a soportar las penurias del llamado periodo especial económico, por la nueva crisis que afecta a Cuba y ha obligado al gobierno a tomar un programa de medidas de austeridad. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 19 2016 (IPS)

El fantasma del período especial, como se denominó a la aguda depresión de los años 90, recorre otra vez estos días los hogares de Cuba, aunque gobierno y especialistas coinciden en que la nueva crisis es diferente y existen recursos para afrontarla.

El presidente Raúl Castro reconoció este mes la crisis y alertó al país que vienen tiempos duros,  mientras tomó medidas a favor del ahorro energético y la contención del gasto de divisas, además de sustituir al ministro de Economía y Planificación,  Marino Murillo, por Ricardo Cabrisas, un veterano y eficaz negociador de las áreas de comercio exterior y las relaciones financieras.

A principios de julio, Castro y el entonces aún ministro Murillo insistieron en que el programa de ajustes diseñado para enfrentar la falta de liquidez financiera y el desabastecimiento petrolero afectará “lo menos posible” a los 11,2 millones de habitantes del país.

Pero ya son numerosas las quejas por imprevistos cortes de energía eléctrica.

La estatal empresa Unión Eléctrica insistió este mes en que las interrupciones en el sector residencial, se deben a imprevistas roturas y a la poda de árboles, usual al inicio de la temporada ciclónica, de junio a noviembre.

De hecho, tormentas eléctricas ocurridas desde el comienzo del periodo de huracanes ya provocaron fallas de electricidad en varios barrios habaneros.

Las medidas aplicadas por el gobierno para enfrentar  la crisis incluyen disminución del suministro de electricidad en organismos y empresas de Estado y reducción de gastos en divisas.

Además se da prioridad al uso de la reducida disponibilidad de divisas y de oferta energética en aquellos sectores que aseguren ingresos externos, como el turismo, y que sustituyan importaciones.

“Por ahora no vendrá un nuevo período especial, pero sí es muy probable que la economía entre en una recesión, es decir, que decrezca el producto interno bruto (PIB) y obviamente ello tendrá un impacto negativo en el consumo y el nivel de vida de los cubanos”,  consideró a IPS desde Colombia el economista cubano Pável Vidal.

Durante la grave recesión que siguió a la extinción de la Unión Soviética y desaparición del campo socialista, a inicios de la década de los 90, Cuba perdió el suministro petrolero proveniente de Moscú y sus principales mercados. Los apagones pasaron a llamarse popularmente “alumbrones” por su frecuencia.

Entre 1989 y 1993, el periodo más crítico del periodo especial, el país registró una caída de 34,8 por ciento de su PIB.

Turistas disfrutan en una playa del polo turístico de Guardalavaca, en la provincia de Holguín. Las divisas provenientes del turismo son uno de los instrumentos con que cuenta Cuba para paliar los efectos de la crisis de su economía. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La contracción en el suministro de combustible desde Venezuela, el principal socio comercial de Cuba durante este siglo, se repite entre los analistas como el origen de los problemas que han desacelerado la economía en el primer semestre de 2016, cuando apenas creció uno por ciento, la mitad de lo previsto.

De acuerdo a un convenio vigente desde 2000, Caracas abastece a La Habana de unos 90.000 barriles diarios de petróleo, a cambio de profesores, médicos y otros servicios. El corte abrupto de este intercambio generaría a este país insular caribeño un gasto de 1.300 millones de dólares anuales, según expertos internacionales.

“La analogía es evidente, aunque Caracas representa hoy menos de lo que Moscú significó, hace más de dos decenios, para el comercio, el desarrollo y las finanzas de Cuba”, comentó el un artículo sobre el tema el periodista especializado en temas económicos Ariel Terrero. No hay datos oficiales sobre la disminución del arribo de crudo venezolano al país.

Pese a su baja calidad, el crudo extra pesado y gas de producción cubana satisfacen 40 por ciento del consumo energético del país, entre ellos la generación de electricidad, que requiere aligerarlo con petróleo de importación. Existen planes para elevar hasta un 24 por ciento en 2030 la matriz energética proveniente de fuentes renovables.

Vidal alertó que “se sabía” que  la crisis de Venezuela tendría un efecto negativo sobre la economía cubana, pero aun así se mantuvo alta la dependencia comercial y financiera con ese país, en tanto la renegociación con acreedores y la apertura de nuevos espacios de integración internacional no se han traducido en mayores flujos comerciales y de inversiones.

Antes de llegar a un nuevo período especial, “la primera fase por la que transitaremos es una fuerte contracción de la disponibilidad de divisas, que pondrá en riesgo la acertada política de estos años de renegociar y poner al día las finanzas internacionales”, opinó este profesor de la colombiana la Universidad Javeriana de Cali.

Por tanto, el primer desafío será evitar un “corralito financiero” como el de los años 2008 y 2009, consideró este experto, en referencia a medidas bancarias restrictivas a empresarios extranjeros que adoptó el gobierno cubano en ese entonces para equilibrar su balanza de pagos.

Equipos pesados extraen níquel de una de las minas situadas en el municipio de Moa, en el oriente de Cuba. El mineral es el principal producto de exportación del país y la segunda o tercera fuente de ingresos de divisas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Reiteró que en la actualidad, las opciones para amortiguar el impacto incluyen dar luz verde a los proyectos de inversión extranjera que están en proceso de  aprobación y eliminar el monopolio estatal sobre el comercio externo, lo que implica abrir un “mercado competitivo de insumos y bienes de capital físico”.

Vidal también propone expandir el espacio a la pequeña y mediana empresa privada y las cooperativas con posibilidad de que participen los profesionales. “Es decir, la respuesta a la crisis tiene que ser una combinación de ajuste (que es lo que ya tiene planeado el gobierno) pero también de liberalización de los mercados”, dijo.

El recambio en el Ministerio de Economía y Planificación colocó desde el 14 de este mes al frente de esa crucial cartera a Cabrisas, de 79 años, con reconocida experiencia en el frente externo, en donde una de sus últimas gestiones fue la renegociación de la deuda con el Club de París, que agrupa a los acreedores oficiales, alcanzada en diciembre 2015.

En su nuevo cargo, Cabrisas va a tener que hacer uso de esa experiencia para tratar de preservar la credibilidad de Cuba ante sus deudores y hacer manejable el endeudamiento externo.

Murillo, de 55 años y quien dirigía el ministerio desde septiembre de 2014,  se mantiene como jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, responsable del proceso de actualización del modelo económico del país.

En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular  (parlamento unicameral), el 8 de julio, Castro reconoció que se han presentado algunos atrasos en los pagos corrientes a los proveedores. Además, aseguró que su gobierno mantiene  “la voluntad de recuperar los vencimientos pendientes”.

La difícil coyuntura económica coincide con el primer aniversario del restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el 20 de este mes.

Desde entonces, ambos países han mantenido un fluido diálogo, aunque la total normalización de los vínculos bilaterales continúa entorpecida por el mantenimiento del embargo económico estadounidense a la isla.

El presidente estadounidense, Barack Obama, quien visitó Cuba en marzo, anunció entonces que se eliminaría la prohibición a la isla caribeña de usar el dólar en sus transacciones internacionales. Pero “lo cierto es que no se ha logrado todavía efectuar pagos ni depósitos en efectivo en esa moneda”, se quejó Castro.

En medio de las dificultades, el gobierno cubano se apresta a celebrar el día 26 un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada, comandado en 1953 por el líder histórico Fidel Castro, próximo a cumplir 90 años. La efeméride es conmemorada ahora como Día de la rebeldía nacional.

Editado por Estrella Gutiérrez

El “keynesianismo mal entendido”, la desconfianza en el mercado y la propensión al gasto excesivo, el intervencionismo y los controles son ingredientes para las distorsiones económicas de la izquierda latinoamericana, indican analistas consultados por IPS. Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 15 2016 (IPS)

Gobiernos considerados de izquierda están cayendo en América Latina desgastados por desastres económicos. ¿Por qué los izquierdistas tropiezan en la gestión económica?, preguntó IPS a economistas de distintas corrientes ideológicas.

Se trata de líderes o partidos que por sus éxitos sobre todo sociales conquistaron una popularidad electoralmente imbatible por más de una década, pero no lograron evitar o lidiar con crisis económicas que en poco tiempo destruyeron su fuerza política.

“Es por la visión populista de que se puede gastar a gusto y, peor, practicar precios en el sector estatal abajo del costo, con subsidios del Tesoro. Todo converge al desastre en las cuentas públicas”, sentenció Raul Velloso, experto en finanzas públicas que ejerció importantes funciones en los gobiernos brasileños durante las décadas de los 80 y 90.“La izquierda en general comparte una enorme desconfianza sobre la eficacia del sistema de precios, es decir el mercado, como distribuidor de recursos escasos, por ello cree que el Estado debe intervenir en ese sistema para evitar distorsiones injustas en términos de equidad social”: Luis Eduardo Assis.

Hildete Pereira de Melo, profesora de la Universidad Federal Fluminense, rechaza la evaluación que atribuye la derrocada a errores de la izquierda, por lo menos en Brasil.

“La actual recesión económica es corolario de la crisis política provocada por fuerzas conservadoras que no aceptaron la derrota electoral de 2014”, sostuvo, acogiendo la versión del Partido de los Trabajadores (PT), que estuvo en el poder entre 2003 y 12 de mayo con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Entre esas opiniones opuestas, otros análisis apuntan matices de la gestión económica de los gobiernos considerados de izquierda que contribuyeron al vuelco a la derecha de los dos países más grandes de América del Sur.

A diferencia de Brasil, donde el parlamento suspendió de sus funciones a la presidenta Rousseff, al abrirle un juicio de inhabilitación, y la reemplazó en forma interina el vicepresidente Michel Temer, en Argentina el cambio se hizo por las elecciones de noviembre de 2015, en que triunfó el centroderechista Mauricio Macri.

“La izquierda de hecho conduce mal la política económica en América Latina, pero la derecha tampoco lo hace bien. Las razones son distintas, pero el resultado es siempre la mediocre situación regional”, observó Fernando Cardim de Carvalho, profesor jubilado de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Los juicios contrastan porque “de la derecha poco se espera y la izquierda llega al poder  prometiendo mucho y se complica por su voluntarismo”, acotó.

“El desconocimiento de cómo opera una economía capitalista, basada en el mercado”, es una de las dos insuficiencias destacadas por Cardim en la visión de la izquierda latinoamericana.

La consecuencia es creer que “todo es cuestión de poder”, sin considerar los límites impuestos por los intereses y decisiones voluntarias del mercado y por el hecho de que el gobierno depende de coaliciones políticas sólidas.

La segunda limitación de los gobiernos dichos de izquierda es “no transformar estructuras, no crear instituciones y otros instrumentos para perennizar los cambios”.

La Bolsa Familia, el programa que ofrece pequeñas sumas a 14 millones de familias pobres en Brasil,  reduce la pobreza “pero nada cambia estructuralmente, puede desaparecer con un recorte del presupuesto”, realzó Cardim.

Un operativo de tratamiento bucal en marzo de 2016 en una comunidad indígena del noroccidental estado de Acre, en Brasil, que forma parte del programa de Bolsa Familia. Economistas critican que estos programas no trasciendan el asistencialismo para promover cambios estructurales en la distribución del ingreso. Crédito: Arison Jardim/ Secom

Lo que hizo el PT en Brasil, con la  Bolsa Familia y otros programas sociales, “no es siquiera de izquierda”, es similar, por ejemplo, a lo hecho por los democratacristianos de Alemania con la “ayuda a los menos favorecidos, sin cambios estructurales”, sostuvo.

“Política de izquierda sería crear mecanismos institucionales de redistribución del ingreso y de riqueza, como impuestos progresivos sobre la renta” adoptados por los socialdemócratas en Europa, ejemplificó.

Desequilibrios fiscales son problemas comunes en los gobiernos que están dejando la escena sudamericana. En Brasil es una dimensión clave de la crisis y de salida, por ahora interina y probablemente definitiva, de la presidenta Rousseff, acusada de fraudes fiscales que justificarían su inhabilitación.

En Brasil, particularmente, el riesgo de desbaratar las cuentas públicas es agudo debido a la carga tributaria en el límite tolerable por la sociedad, intereses elevados sobre la deuda pública, un sistema previsional excesivamente deficitario y una tributación injusta y complejo. Medidas mal evaluadas pueden ser fatales.

El “corazón del desastre” de Rousseff fue eximir o reducir impuestos a algunos sectores empresariales, evaluó Cardim.

“La izquierda en general comparte una enorme desconfianza sobre la eficacia del sistema de precios, es decir el mercado, como distribuidor de recursos escasos, por ello cree que el Estado debe intervenir en ese sistema para evitar distorsiones injustas en términos de equidad social”, razonó Luis Eduardo Assis, exdirector del Banco Central.

En consecuencia, para esa izquierda, “el Estado tiene que ser grande y, por ende, consume recursos abultados y exige, al asumir funciones que serían ejercidas por el mercado, una gestión increíblemente compleja y pasible de errores graves de evaluación, como la congelación de precios”, continuó.

De esa visión resulta la creencia de que los gastos públicos son siempre virtuosos, al estimular la economía, de manera “que habrá más adelante una generación de impuestos suficiente para financiar el déficit originalmente provocado por los gastos gubernamentales, una visión equivocada de lo que dijo Keynes”, concluyó Assis.

Es posible que muchos errores cometidos por la izquierda latinoamericana se deban a un “keynesianismo mal asimilado”, de considerar que “cualquier intervención del Estado en la economía es keynesiana y progresista, una tontería”, opinó Cardim, un especialista en las ideas del economista británico John Maynard Keynes, muerto en 1946.

Fue puro “populismo”, la tentación de ganar elecciones con base a la expansión del gasto público y los subsidios, según Velloso, defensor del equilibrio fiscal.

Pero comprende contradicciones porque termina por arruinar el Estado y congelar los precios públicos para contener la inflación produce una explosión inflacionaria en el futuro, cuando la corrección se impone, como ocurrió este siglo en Argentina y Brasil.

Los dos países adoptaron políticas económicas similares, en el “modelo populista proconsumo”, diagnosticó Velloso en una publicación coescrita con dos economistas argentinos y otro brasileño en 2014, “Intervención estatal y populismo, Argentina en el inicio del siglo XXI”, en que se apunta la decadencia del ciclo argentino.

La crisis brasileña es de la democracia, “el caso más emblemático del impacto de la crisis política en la economía”, discrepa De Melo, identificando un “círculo vicioso” entre ese proceso interno, el “vuelco de los vientos internacionales” con la crisis financiera estallada en 2008 y la retracción de las inversiones privadas.

Pero reconoce que Rousseff cometió un error al reducir los impuestos a las empresas de algunos sectores, porque el gran problema fiscal en Brasil es la injusticia tributaria. “La carga es muy elevada para todos, pero no para el capital, los bancos y los ricos”, adujo.

Editado por Estrella Gutiérrez