Alain Bothorel, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea ante la Habana, durante una declaración en la sede diplomática del bloque en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 10 2017 (IPS)

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE), refrendado ahora por la eurocámara,  abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones entre La Habana y Bruselas, que dentro de dos meses comenzarán a trabajar para implementar lo convenido.

Un aspecto decisivo para la firma de este acuerdo de largo plazo, el 12 de diciembre de 2016, fue la derogación seis días antes de la llamada posición común, una cláusula que condicionaba desde 1996 la colaboración y el diálogo de la UE a la apertura democrática en la nación caribeña e impedía para esta un convenio marco de cooperación.

La revocación de la posición común “aumenta la confianza mutua”, dijo a IPS el encargado de negocios de la delegación de la UE ante La Habana, Alain Bothorel.

Sin embargo, al dar su visto bueno al acuerdo de largo plazo, con 567 votos a favor, 61 en contra y 31 abstenciones,  el Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución no legislativa y “no vinculante” para recordar que el acuerdo puede ser suspendido en caso de irrespeto a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.“El Parlamento Europeo no añadió nada al texto. El Consejo Europeo, como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”: Alain Bothorel.

Las autoridades cubanas consideraron “positiva” la aprobación europarlamentaria, pero rechazaron la resolución no legislativa sobre Cuba, por “injerencista” y “nociva a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

Al respecto, Bothorel  desmarcó ese asunto del convenio suscrito en Bruselas.  “El Parlamento Europeo no añadió nada al texto.  El Consejo Europeo (de los jefes de Estado y de gobierno del bloque), como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”,  afirmó el diplomático en breves declaraciones a IPS.

“Vamos a seguir el diálogo sobre derechos humanos y quisiéramos ver progresos”, agregó, para aclarar seguidamente que los encuentros anuales sobre ese tema que vienen sosteniendo  delegaciones de Cuba y el bloque comunitario son para  “intercambiar con el gobierno cubano, no para influir¨.

La tercera reunión de este tipo se realizó el pasado 22 de mayo,  en Bruselas. Las dos sesiones anteriores transcurrieron en junio de 2015 y 2016, en Bruselas y La Habana, respectivamente. En estos encuentros bilaterales, Cuba es evaluada, pero su delegación también expresa sus opiniones sobre democracia y derechos humanos en los  países del bloque.

En lo general,  el acuerdo ofrece a Cuba oportunidades adicionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la modernización del modelo socio-económico cubano, así como para encontrar soluciones comunes a desafíos globales.

Bothorel indicó que el convenio abarca más de 30 áreas de cooperación y abrirá la puerta para otros acuerdos sectoriales en educación, energía renovable, cambio climático, migraciones, lucha contra el terrorismo y contra armas de destrucción masiva, entre otras materias.

El pacto se considera provisional, pues debe ser ratificado por cada uno de los ahora 27 países que integran la UE (tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña), sin embargo ya se trabaja para su implementación. “En septiembre próximo nos reuniremos a nivel político  para decidir qué sectores son prioritarios para Cuba y crear comisiones de trabajo”, afirmó.

Representantes de medios informativos acreditados en Cuba mientras seguían el 12 de diciembre en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, la firma en Bruselas del acuerdo entre ese bloque y Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Actualmente, la cooperación de la UE con Cuba se rige por el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.  Se retomó en 2008 y desde entonces hasta 2014 la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, asignó unos  90 millones de euros (102,6 millones de dólares) a los sectores de seguridad alimentaria y respuesta y preparación ante desastres naturales.

También abarca áreas de ambiente, cambio climático y energía, cultura y patrimonio, apoyo a la modernización socio-económico y capacidades de gestión.

Bothorel confirmó que además se concedieron 50 millones de euros adicionales (57 millones de dólares) para el periodo 2014-2020, destinados a apoyar el desarrollo del país en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria,  mejor uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible  y  apoyo a la modernización socioeconómica sostenible.

Estos sectores están alineados con las prioridades nacionales recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social  de Cuba, documento estratégico aprobado en 2011 para promover un paquete de reformas en el país. “Queremos apoyar los lineamientos que lleva a cabo el gobierno cubano”, comentó el diplomático.

La UE y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y todos sus países miembros  mantienen lazos bilaterales con este país insular caribeño.

El tema de los derechos humanos en la isla caribeña fue hace más de una década motivo de grandes desacuerdos entre el gobierno cubano y el bloque comunitario, que tuvieron una de sus mayores crisis en 2003, tras el arresto y severas condenas de 73 opositores en marzo de ese año y la  ejecución en abril de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros.

La UE, que en marzo de 2003 había inaugurado su representación diplomática en la Habana, reaccionó disgustada y congeló los intercambios culturales, limitó las visitas de alto nivel efectuadas en el marco bilateral y decidió invitar a los principales disidentes a las  fiestas nacionales de los países comunitarios acreditados en La Habana.

Cuba no demoró su repuesta. A  las recepciones europeas dejaron de asistir ministros, viceministros y hasta funcionarios de menor rango del gobierno, los embajadores de países miembros de la UE no eran invitados a las actividades oficiales cubanas y tampoco podían dirigirse directamente a un ministerio o institución alguna de la isla caribeña.

En nota verbal del 27 de agosto de 2003, el gobierno cubano comunicó su rechazo a toda ayuda oficial directamente administrada por la UE o por las agencias de cooperación europeas. El diálogo político y la cooperación se reanudaron en 2008, luego que Bruselas derogó sus medidas de 2003.

Fue a partir de entonces que las dos partes comenzaron a trabajar por una nueva relación de largo plazo.

Bruselas y La Habana comenzaron sus conversaciones el 29 de abril de 2014 y concluyeron tras siete rondas bilaterales de trabajo en marzo de 2016.  El proceso tuvo su mayor impulso durante 2015, en paralelo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que siguieron al anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.

Funcionarios cubanos y europeos advirtieron que se trataba de procesos no vinculantes, aunque paralelos.  El embargo estadounidense se encargó de remarcar la diferencia, cuando dos empresas francesas y una alemana fueron sancionadas por violar sus prohibiciones en medio del deshielo.

El pasado 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump despejó cualquier duda, cuando anunció el reforzamiento del embargo. El artículo 10 del acuerdo entre Cuba y la UE se prepara para enfrentar nuevas embestidas del bloqueo, aunque sin nombrarlo directamente.

Según el texto, las partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de  medidas y sobre la forma de “prevenir y mitigar” el impacto de medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que se utilicen como medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de otros Estados.

Editado por Estrella Gutiérrez

James McGrane, jefe de equipo del Centro de Emergencia para la Lucha contra Enfermedades Transfronterizas de los Animales (Ectad), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su oficina en Yakarta. Crédito: Kanis Dursin/IPS.

Por Kanis Dursin
YAKARTA, Jul 10 2017 (IPS)

El productor avícola de Indonesia, Bambang Sutrisno Setiawan, hace tiempo que escuchaba hablar de bioseguridad, pero nunca le prestó mucha atención, ni siquiera cuando la mortal cepa H5N1 lo obligó a sacrificar miles de gallinas ponedoras en 2003 y 2009.

Después de 18 años dedicado a la cría de pollos, Bambang decidió convertir su segunda granja avícola y construir tres zonas bioseguras, convencido de que es la única forma de salvar a su empresa de las continuas amenazas de la gripe aviar y de otras enfermedades.

“Mi segunda pollería biosegura pronto estará en funcionamiento”, dijo Ilung, como lo conocen sus amigos, en entrevista telefónica con IPS en junio desde Semarang, en Java Central, a una hora en avión de Yakarta.Este país detectó el primer caso de gripe aviar en 2003. Desde entonces, el virus H5N1 causó la muerte de millones de aves en 32 de las 34 provincia indonesias.

El productor avícola de 44 años tiene dos granjas de aves, con 30.000 gallinas ponedoras cada una y un espacio para contener a 10.000 pollos de un día.

Ilung transformó una de sus granjas en una producción biosegura en noviembre de 2015, tras participar en seminarios y capacitaciones organizadas por el Servicio de Salud Animal y Ganadería y el Centro de Emergencia para la Lucha contra Enfermedades Transfronterizas de los Animales (Ectad), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La bioseguridad en tres zonas es uno de los programas del Ectad Indonesia, que promueve la contención de la influenza aviar altamente patógena (HPAI, en inglés), que sigue asolando a este país de 250 millones de habitantes, desde que fuera detectado por primera vez en 2003.

El modelo divide la granja en tres áreas separadas: una zona roja para las áreas externas de alto riesgo de enfermedad, la amarilla para los servicios de riesgo medio y, la verde, de acceso restringido, limpia y sumamente segura.

Para pasar del área roja a la amarilla hay que ducharse y cambiarse toda la ropa y los zapatos, y para seguir avanzando a la verde, hay que pasar por otro cambio de zapatos para así mantener los estándares de bioseguridad.

Según Ilung, la bioseguridad deja afuera a las enfermedades y reduce los costos de desinfectantes y medicamentos en 30 por ciento y 40 por ciento, respectivamente.

“La producción también aumenta a 60 kilogramos por cada 1.000 ponedoras, comparado con los 50 de antes, y lo más importante, no ha aparecido ningún brote de enfermedad desde noviembre de 2015”, destacó Ilung, padre de dos hijos y dedicado a la cría de aves desde 1999.

En 2009, Ilung tuvo que sacrificar casi a la mitad de sus ponedoras cuando la influenza aviar golpeó otra vez a su granja aviar. Antes de eso, tuvo que vender 11.000 pollos de forma prematura para reducir las pérdidas tras descubrir que 300 ponedoras habían muerto por el virus H5N1 en 2003.

Robby Susanto, un productor de aviar de 62 años de Solo, en Java Central, dijo que la bioseguridad ofrece muchos beneficios a los criadores.

“Nuestro beneficio neto aumentó entre 11 y 35 por ciento desde que practicamos la bioseguridad aviar”, dijo a IPS por teléfono desde Solo, a 80 minutos en avión de YaKarta.

Susanto comenzó con la cría de aves en 2010, tras participar en proyectos pilotos de bioseguridad en el Ectad, junto con otros cinco criadores.

“La bioseguridad permite que la influenza aviar y otras enfermedades no afecten a sus 100.000 ponedoras, y ayuda a mantener la producción de cinco toneladas de huevos al día”, detalló.

Un estudio del Ectad Indonesia reveló que por cada centavo destinado a la bioseguridad en tres zonas, las granjas aviares obtienen 12 de ganancia.

Ilung dijo que gastó unos 5.000 dólares por cada granja biosegura.

Indonesia figura como uno de los principales lugares donde la influenza aviar H5N1 pasó a los humanos desde 2005, lo que hizo que al año siguiente el Ectad abriera una oficina en este país.

“Indonesia fue uno de los lugares con más casos de influenza humana y más muertes hasta 2014”, precisó James McGrane, jefe de equipo del Ectad Indonesia, en entrevista con IPS en Yakarta.

Este país detectó el primer caso de gripe aviar en 2003. Desde entonces, el virus H5N1 causó la muerte de millones de aves en 32 de las 34 provincia indonesias, y puso en peligro el sustento de muchas personas, según el Ectad Indonesia.

Hasta 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 199 casos confirmados de influenza aviar en humanos con 167 personas fallecidas en Indonesia. Este es el país con el mayor número de casos, seguido de Egipto, con 120 fallecidos en 359 casos, y Vietnam con 64 en 127.

La negligencia de los criadores, quienes no quieren respetar estándares adecuados de seguridad, es una de las principales razones de que mueran tantas personas en Indonesia.

Además de impulsar la bioseguridad, el Ectad Indonesia ayudó al gobierno central y a los locales a desarrollar e implementar el Sistema Participativo de Respuesta y Vigilancia a fin de contener la HPAI en las pequeñas granjas avícolas de las 32 provincias.

En 2015, el sistema ya tenía 2.500 funcionarios capacitados en 350 distritos de 30 provincias. La iniciativa, según McGrane permitió detectar y hacer frente a 10.000 brotes de la HPAI en estos años.

“En 2009, tras una evaluación del sistema, se hizo más énfasis en el trabajo con granjas avícolas comerciales, y se lanzó un programa para fortalecer las relaciones con, y la vigilancia en, la industria comercial”, precisó McGrane.

Desde 2012, el Ectad ayudó a implementar la bioseguridad avícola en seis granjas comerciales piloto.

El director de Salud Animal, de la Dirección de Salud Animal y Ganadería del Ministerio de Agricultura, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, subrayó que la bioseguridad contribuyó a reducir el número de casos de influenza aviar en Indonesia.

“Todavía tenemos casos todos los años, pero el número disminuye año a año”, precisó al ser consultado por IPS.

El ministerio registró 255 casos de H5N1 en 2016, en comparación con los 123 de 2015, los 343 de 2014, y los 470 de 2013.

Este país tuvo su peor brote de influenza aviar en 2007, cuando se confirmaron 2.751 casos, antes de que se redujeran a 2.293 casos, en 2009, y a 1.502, en 2010. El ministerio lleva registrados este año solo 94 casos.

Fadjar se mostró optimista de que el número de casos de gripe aviar siga disminuyendo ahora que Indonesia adoptó el enfoque de “Un mundo, una salud”, que subraya el vínculo entre enfermedades animales y humanas.

El enfoque reconoce que la salud humana, animal y de los ecosistemas está interrelacionada y que cualquier posible, o riesgo de, enfermedad, requiere del esfuerzo conjunto del personal de la salud, como veterinarios, médicos, funcionarios de salud pública, epidemiólogos, ecologistas, toxicólogos, etc. y las instituciones responsables para lograr el optimo estado de salud de personas, animales de criadero y silvestres y ambiente.

“Ahora el Ministerio de Salud nos alerta si sospecha de que un paciente tiene el virus de la influenza aviar. Nosotros también tenemos que informarles si sospechamos de un brote”, explicó Fadjar.

El Ectad Indonesia ayudó al gobierno a crear la plataforma en línea Monitoreo del Virus de la Influenza para supervisar la circulación de la HPAI.

Desde su creación en 2014, la plataforma registró un aumento, entre otras cosas, del número de casos de la cepa H5N1 cargados en su sistema, cepas genética y antigénicamente caracterizadas, y mejoró el conocimiento sobre los virus de la gripe aviar en Indonesia.

“La caracterización y el monitoreo del virus de la influenza es fundamental para el desarrollo de vacunas locales y efectivas contra las cepas de la HPAI en Indonesia”, explicó McGrane. “Las cepas seleccionadas se usan para probar la eficacia de las nuevas vacunas creadas por compañías locales”, añadió.

“En la actualidad, el Ectad sigue respaldando el control de la HPAI y de otras enfermedades zoonóticas, como la rabia y el ántrax, además de concentrarse en nuevas y reemergentes amenazas a la salud mundial, que se propagan de los animales a los humanos, como el ébola, el MERS-CoV (síndrome respiratorio por coronavirus de Medio Oriente) y el Zika”, detalló.

Traducido por Verónica Firme

Mujeres de Mozambique comercian a través de la frontera con Sudáfrica. Crédito: Trevor Davies/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jul 7 2017 (IPS)

Los cambios demográficos que se producen en las sociedades africanas ofrecen una oportunidad para que el continente se vuelva más productivo y próspero, concluye un estudio de Unfpa.

Con el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad y la fertilidad, muchos países de África experimentan profundos cambios demográficos, con importantes consecuencias para el desarrollo social y económico del continente.

Alrededor de 60 por ciento de la población africana tiene actualmente menos de 25 años, y se estima que el sector de jóvenes seguirá creciendo.

Para aprovechar el potencial que significa una vasta población joven, el Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas) elaboró un informe por país, que permite evaluar su situación y crear una hoja de ruta para su desarrollo a largo plazo.

“Muchos países, en particular de África, están deseosos de tratar de capitalizar la masa joven”, dijo a IPS la jefa de población y desarrollo del Unfpa, Rachel Snow.

“Eso nos llevó a elaborar un sencillo atlas, en el que los países pueden ver en qué lugar están en función de algunos indicadores realmente claves e importantes para crear un ambiente propicio y lograr un dividendo demográfico”, explicó.

Para el Unfpa, el dividendo demográfico es lograr un desarrollo sostenible acelerado cuando la fertilidad descendente lleve a un aumento de la proporción de población que ingresa al mercado laboral.

Cuando los jóvenes son saludables, están bien formados, empoderados y tienen oportunidades de conseguir un empleo decente, tienen la capacidad de estimular el crecimiento económico durante años.

Hubo mejoras, observó Snow, pero la región sigue teniendo problemas en varios sectores.

En el estudio “Atlas del dividendo demográfico para África”, el Unfpa concluye que más de 20 por ciento de los jóvenes en la mayoría de los países del norte y sur del continente no tienen trabajo.

En algunos países, como Libia y Sudáfrica, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados, lo que refleja las dificultades que enfrenta este sector de población para ingresar al mercado laboral.

Pero el desempleo entre los jóvenes también es decepcionante porque una alta proporción de ellos terminan consiguiendo empleos precarios, subrayó Snow.

A primera vista, es relativamente poco que seis por ciento de los jóvenes de Uganda estén desempleados, pero cuando se mira de cerca, más de 70 por ciento, realidad, realiza algún tipo de trabajo informal.

Asimismo, en Níger cuatro por ciento de los jóvenes están desempleados, pero más de nueve de cada 10 de los que trabajan lo hacen al sector informal.

Para ayudar a ese sector a ingresar al mercado laboral, es importante mirar más allá de los datos de empleo, que afectan la disponibilidad y el acceso a oportunidades económicas seguras, y utilizar un enfoque multidimensional.

“En algunos países, los jóvenes no tienen ninguna posibilidad debido al matrimonio precoz o a la falta de planificación familiar; y al mismo tiempo, hay unos cuantos países donde la gente ha logrado avances significativos en la educación primaria y como que se quedaron ahí”, observó Snow.

“Se ve que no hay una trayectoria clave creada para los jóvenes”, prosiguió.

Muchos países tienen una baja proporción de inscriptos en la escuela secundaria, en especial en aquellos donde el empleo informal es más importante. Uganda y Níger tienen una gran número de adolescentes matriculados en secundaria, 26 y 21 por ciento, respectivamente.

El matrimonio infantil, que aumenta la proporción de niñas desempleadas o subocupadas, también está generalizado en esos contextos.

Aproximadamente, 70 por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años se casan antes de cumplir los 18 en Níger.

“Queremos subrayar los problemas en el empleo a fin de incentivar una conversación mucho más innovadora a escala gubernamental en términos de dónde deben apuntalar esas cuestiones”, precisó Snow.

Sin embargo, entre los asuntos más acuciantes que dificultan la inversión a largo plazo, hay múltiples crisis de larga data en todo el continente africano, de Libia a República Centroafricana.

Snow subrayó la importancia de vincular la asistencia humanitaria y el desarrollo a fin de ayudar a los países a construir resiliencia y recuperar sus sistemas después de un conflicto.

En la 29 Cumbre de la Unión Africana (UA), realizada en Etiopía y donde se presentó el estudio, los jefes de Estado y de gobierno conversaron sobre asuntos de paz y seguridad, así como económicos, pues les permite lograr la autosuficiencia.

“África necesita financiar sus propios programas, e instituciones como la UA no pueden depender de los fondos de donantes, pues no es un modelo sostenible”, subrayó el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, en la cumbre de dos días, bajo el lema “Aprovechando el dividendo demográfico invirtiendo en los jóvenes”.

De hecho, preocupa el gran número de jóvenes desempleados en todo el mundo, pero Snow tiene esperanzas de que haya un cambio de perspectiva y un progreso continuo.

“Nos gustaría tratar de impulsar una imagen que no presente a los jóvenes como una amenaza, sino como una verdadera oportunidad para el desarrollo”, concluyó.

Traducido por Verónica Firme

Una de las nuevas locomotoras llegadas de China para modernizar la red ferroviaria de carga de Argentina, mientras era descargada en el puerto de Buenos Aires, en mayo. Crédito: Ministerio de Transporte

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 6 2017 (IPS)

El desarrollo de Argentina, en la segunda mitad del Siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvo al ferrocarril como gran protagonista. En el que es el octavo país más extenso del mundo, que creció con la exportación de productos agropecuarios, el tren sirvió para fundar cientos de pueblos y ciudades y para transportar a los puertos las mercancías.

“El ferrocarril ha tenido un enorme impacto  social y cultural ya que llegó a muchas zonas antes de que estuvieran pobladas. Hacia mediados del siglo pasado alcanzó los 48.000 kilómetros de vías y entonces  se nacionalizó el sistema, con la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que era la compañía de trenes más grande del mundo”, contó a IPS el historiador Eduardo Lazzari.

Pero hacia 1950 comenzó la decadencia del tren, que vio cerrarse ramales (líneas subsidiarias) y reducir a casi la mitad su red en este país de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y una población estimada de 43,5 millones de personas.“Se debe pensar qué ferrocarril queremos, porque durante muchos años, el problema más que la falta de inversión fue la mala gestión No tiene sentido que se intente recuperar el tren que alguna vez tuvo el país, porque las necesidades han cambiado”: Alberto Muller.

Ese proceso es considerado por algunos argentinos como una causa, por otros como una consecuencia y por casi todos como un símbolo del devenir del país, que en las últimas décadas sufrió innumerables crisis económicas y que, según datos oficiales, actualmente tiene sumergidos en la pobreza a la tercera parte de sus 43,5 millones de habitantes.

Argentina tiene en marcha ahora un plan para recuperar su ferrocarril, con inversiones de miles de millones de dólares que incluyen tanto el transporte de carga como el de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, que con unos 15,2 millones de personas concentra cerca de 35 por ciento de la población del país.

También hay planes, pero de menor intensidad, para renovar el transporte ferroviario interurbano de la que es la tercera economía latinoameriana.

“En los últimos años ha habido inversiones como yo nunca había visto, especialmente  en el tren metropolitano, incluso algunas de ellas sin mucha planificación”, dijo a IPS el especialista en transporte Alberto Muller, director de uno de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Muller expone las dudas de muchos especialistas sobre el tema acerca de las prioridades fijadas: “Se debe pensar qué ferrocarril queremos, porque durante muchos años, el problema más que la falta de inversión fue la mala gestión No tiene sentido que se intente recuperar el tren que alguna vez tuvo el país, porque las necesidades han cambiado”.

En 2008 el Estado comenzó a revertir esa tendencia, cuando comenzó a comprar vagones nuevos para los trenes metropolitanos, cosa que no se hacía desde 1985.

En medio, se produjo la privatización del sector, realizada en los años 90 como parte de las reformas neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

Ese proceso, ante el visible deterioro de servicios e infraestructura, se fue revirtiendo en los últimos años, cuando la mayoría de los ramales fueron recuperados por el Estado.

Pero  fue una tragedia lo que puso los ferrocarriles en el tope de las prioridades políticas y aceleró las inversiones.

Ocurrió la mañana de un miércoles de febrero de 2012, cuando un tren con 1.200 pasajeros de la línea Sarmiento ingresaba a Once, una de las cuatro estaciones cabeceras de Buenos Aires, que diariamente utilizan miles de residentes en los suburbios.

El convoy no frenó, el choque dejó 51 muertos y desembocó en un juicio que captó la atención del país, en el que fueron condenados a penas de prisión funcionarios del área de transporte y directivos de la empresa privada que administraba el servicio.

En su sentencia, los jueces establecieron como causa del siniestro el “deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad”.

Con la opinión pública sensibilizada por el tema, hasta 2015 se invirtieran unos 1.200 millones de dólares en la modernización de las líneas metropolitanas.

En 2016,  en su primer año de gestión,  el gobierno del presidente Mauricio Macri anunció un plan de inversiones por 14.187 millones de dólares hasta 2023, con el objetivo de que en ese año los trenes que entren y salgan de Buenos Aires tengan capacidad para transportar diariamente a cinco millones de personas, contra los 1,2 millones actuales.

Este plan se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  créditos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y aportes del Tesoro argentino.

También se establecieron multimillonarias inversiones para la modernización de la red ferroviaria de carga.

China va a financiar con 4.000 millones de dólares un proyecto de renovación de más de 1.500 kilómetros de Belgrano Norte y San Martín, que transportan mercancías desde el norte y el oeste del país hacía los puertos de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, en el océano Atlántico, donde se embarcan para la exportación.

El acuerdo también incluye la compra de 3.500 vagones y 107 locomotoras a ese país asiático.

“El ferrocarril debe jugar un rol clave en la recuperación económica argentina”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich el 30 de mayo, al recibir 10 de esas locomotoras.

En cuanto al ferrocarril interurbano, el 3 de julio se reinauguró el servicio entre Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata, que fue cuestionado porque tarda casi siete horas para cubrir sólo 400 kilómetros.

Rápidamente se volvió viral por las redes sociales  un video de un noticiero de hace 60 años, que mostraba que el tren tardaba entonces cuatro horas y media para el mismo trayecto.

“Hay una visión nostálgica del ferrocarril por parte de la sociedad argentina y las políticas oficiales tienden a responder a eso, lo que es un error. Los trenes interurbanos, por ejemplo, tienen pocas chances de sobrevivir porque este es un país muy grande y despoblado y por lo tanto es demasiado costo”, dijo a IPS el coautor del libro “Historia del Ferrocarril en Argentina”, Jorge Wadell.

Una de las obras ferroviarias más importantes en marcha es el llamado soterramiento de la línea Sarmiento –la de la tragedia en 2012-, que conecta el centro de la capital con el oeste del Conurbano y prácticamente parte al medio la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de pasos a nivel que resultan peligrosos y complican el tránsito.

El proyecto, con un presupuesto de 3.000 millones de dólares, consiste en la construcción de un túnel de 22 kilómetros de largo por el cual circularían dos trenes, uno en cada dirección.

Se trata de una obra proyectada hace décadas y, si bien su concreción ha sido  reclamada por muchos vecinos, hay especialistas que lo cuestionan.

“Actualmente hay cuatro vías en la línea Sarmiento y van a quedar dos, por lo que todos los trenes tendrán que detenerse en todas las estaciones y ya no habrá trenes rápidos. En el mundo, nadie resigna (reduce) capacidad ferroviaria”, dijo a IPS el director del Instituto Ciudad en Movimiento, Andrés Borthagaray.

La otra obra más significativa en proyecto es la llamada Red de Expresos Regionales, que consiste en la construcción de 20 kilómetros de túneles y una red de estaciones subterráneas para enlazar las distintas líneas que actualmente llegan a Buenos Aires desde los suburbios a las distintas estaciones.

Editado por Estrella Gutiérrez

Sacos de alimentos de la agroempresa Rossgro en Sudáfrica. Crédito: Friday Phiri/IPS.

Por Friday Phiri
MPUMALANGA, Sudáfrica, Jul 6 2017 (IPS)

La preferencia de Estados Unidos y Europa por las carnes magras perjudica a la industria avícola de África, alertó Luc Smalle, gerente de la agroempresa Rossgro en esta localidad de Sudáfrica.

Con 3.000 hectáreas de maíz y 1.000 de soja, además de 1.500 cabezas de ganado, Rossgro elabora los alimentos que necesita, además de alimentar a millones de pollos ubicados en 40 espacios con ambientes controlados.

A Smalle le preocupa el futuro del mercado avícola, no solo de Sudáfrica, sino de todo el continente, y recordó que Estados Unidos y Europa exportaban millones de toneladas de carne de pollo a la disuelta Unión Soviética.La población joven y dinámica de África tiene la capacidad de encabezar la recuperación de la región, con la ayuda de reformas a corto y largo plazo en áreas clave.

Históricamente, Rusia ha sido el mayor importador de carne oscura de Estados Unidos. Según datos de 2009, Moscú destinó 800 millones de dólares para comprar 1.600 millones de libras (más de 725 millones de kilogramos) de muslos de pollo estadounidense solo ese año.

Pero en 2014, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió el ingreso de pollos de Estados Unidos, arguyendo que estaban tratados con cloro antimicótico “poco seguro”. La disposición sigue vigente, aunque muchos analistas coinciden en que se trata más de una decisión política que de salud pública.

Como sea, Smalle sostiene que la prohibición “hizo que Estados Unidos y Europa buscaran mercados alternativos para verter la carne marrón porque la mayor parte del primer mundo come carne blanca, y despachan el resto al tercer mundo, en especial a África. Tenemos que juntarnos y trabajar con nuestros gobiernos para dejar de importar o poner aranceles para que no lo viertan más”.

En los pollos, la carne blanca es la pechuga y las alas, mientras que los muslos y las patas se consideran roja u oscura. La diferencia en términos nutritivos es el contenido graso. La carne blanca es una fuente de proteínas más magra, a diferencia de la oscura, que tiene más grasa. Los países ricos suelen preferir la blanca por cuestiones de salud.

Smalle considera que esa situación perjudica la competitividad de la industria avícola de África, donde el costo promedio de la cría de un pollo es mucho más elevado que en los países ricos. La mayoría de los criadores africanos dependen de préstamos bancarios, mientras que los europeos o estadounidenses gozan de fuertes subsidios estatales.

“Van a matar a toda la industria avícola de África si no se hace nada para revertir la tendencia. Cuentan con subsidios que los africanos no tienen”, explicó Smalle a IPS, y puso el ejemplo del sector avícola de Sudáfrica, en el que la tercera parte de los trabajadores perdieron su trabajo porque las empresas se fundieron.

En las economías de libre mercado, los argumentos de Smalle parecen fuera de lugar. Pero el último Informe de Competitividad de África, elaborado por el Banco de Desarrollo Africano, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) parece respaldar su argumento.

El documento alerta que si no se toman acciones urgentes para atender el estancamiento de la competitividad, las economías africanas no crearán suficientes empleos para que los jóvenes ingresen al mercado laboral. Si las actuales políticas se mantienen, se crearán menos de la cuarta parte de los 450 millones de nuevos empleos necesarios para los próximos 20 años.

El informe bianual coincide con un momento en que el crecimiento de la mayoría de las economías de la región se enlentece, a pesar de una década de crecimiento sostenido, y probablemente se estanque al no mejorar las principales condiciones de competitividad.

Y lo que agrava el desafío para los gobernantes africanos es el rápido crecimiento de población, pues se estima que se sumarán 450 millones de personas al mercado laboral en las próximas dos décadas. Pero con las políticas actuales, se estima que solo 100 millones de puestos de trabajo se crearán en ese período.

La población joven y dinámica de África tiene la capacidad de encabezar la recuperación de la región, con la ayuda de reformas a corto y largo plazo en áreas clave, concluye el informe.

“A fin de cubrir las aspiraciones de la creciente población joven, los gobiernos africanos harían bien en implementar políticas que mejoren la productividad y el ambiente para el comercio y las inversiones”, observó Klaus Tilmes, director de práctica global de competitividad y comercio del Banco Mundial, quien participó en la elaboración del documento.

“El Banco Mundial ayuda a los gobiernos y al sector privado de África a dar los pasos necesarios para construir economías fuertes y acelerar la creación de empleo para aprovechar su potencial demográfico”, explicó.

Algunas de las soluciones y de los cuellos de botella pasan por fortalecer las instituciones que, según los expertos, es una condición necesaria para favorecer la implementación de políticas de forma más efectiva y rápida, por mejorar la infraestructura y permitir un mayor intercambio comercial y un crecimiento empresarial y por la mayor adopción de tecnología y el apoyo al desarrollo de la cadena de valor en los sectores extractivos para fomentar la diversificación y el valor agregado.

Por su parte, el director del Centro para la Agenda Global del WEF, Richard Samans, también miembro de la Junta Directiva, cree que “eliminar los obstáculos que impiden que África alcance su potencial en materia de competitividad es el primer paso necesario para lograr un avance económico sostenido y una prosperidad compartida”.

El informe se divulgó en mayo durante el 27 Foro Económico Mundial sobre África, realizado en la ciudad sudafricana de Durban bajo el lema “Lograr un crecimiento inclusivo a través de una dirección responsable y receptiva”, en el que participaron más de 1.000 personas entre jefes de Estado y de gobierno, empresarios y representantes de la sociedad civil, entre otros.

El documento cuenta con datos del Índice de Competitividad Global del WEF y estudios sobre políticas de empleo y competitividad en ciudades.

Traducido por Verónica Firme

Dos chimeneas queman gas, a la izquierda de la imagen, en la refinería de Tula, en el estado de Tulio, colindante con Ciudad de México. La quema y venteo de gas en instalaciones del grupo estatal Pemex incrementa las emisiones de metano en México. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Jul 5 2017 (IPS)

México transita hacia la explotación comercial del gas de lutitas, también conocido como de esquisto, con su inclusión en dos subastas de 24 bloques hidrocarburiferos, al mismo tiempo que el país padece dificultades para evitar y reducir las emisiones del metano de la industria.

La crecient salida a la atmósfera de este gas, mucho más contaminante que el dióxido de carbono (CO2) y cuyas emanaciones se producen a lo largo de toda la cadena de producción, amenaza incluso las metas climáticas adoptadas por México dentro del Acuerdo de París, destinado a contener el recalentamiento planetario.

“El gas shale (el vocablo inglés para las lutitas) es lo último que queda después de explotar los yacimientos fáciles de acceder y el que tiene mayores costos económicos, ambientales y energéticos. Es prácticamente imposible que un pozo no contamine”, dijo a IPS el investigador Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitió el 22 de junio la resolución sobre dos convocatorias de subasta de 24 bloques de gas y petróleo, que incluyen por primera vez reservas de esquisto y están localizados en cinco cuencas del norte, sureste y sur del país. Las licitaciones se realizarán el 12 de julio y los campos ofertados totalizan reservas estimadas en 335 millones de barriles (de 159 litros) equivalentes.

Para el gobierno, excluir de la producción los hidrocarburos no convencionales equivaldría a una apertura parcial del sector de la energía, dadas las necesidades gasíferas del país, especialmente en el área industrial.

La reforma energética de México, vigente  desde agosto de 2014, abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de los hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

En los depósitos de gas de lutitas, la molécula del hidrocarburo está atrapada en esas rocas sedimentarias muy profundas, que requieren para perforarlas la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, considerados nocivos para la salud y el ambiente.

El gas y el petróleo se liberan mediante esa técnica de fractura hidráulica (fracking, en inglés), que deja masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

México, potencia en esquisto

La estadounidense Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas de lutitas técnicamente recuperables, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, con un volumen de 545 billones (millones de millones) de pies cúbicos, en un análisis sobre 137 depósitos en 41 países. En petróleo de esquisto, el país ocupa el séptimo puesto.

Pero la CNH maneja estimaciones de reservas probables más moderadas, del orden de 81 billones de pies cúbicos.

“La regulación existente está basada en las mejores prácticas, pero se ha abandonado la filosofía de la protección ambiental. La explotación ahonda la inequidad en las externalidades negativas, como el impacto ambiental. Es una imprudencia subastar campos sin disponer de una debida evaluación de sus impactos ambientales y sociales”, señaló a IPS el investigador Ramón Torres,  del Programa de Estudios del Desarrollo, también de la UNAM.

En marzo, la estatal Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, responsable de vigilar la operación del sector de hidrocarburos, publicó un paquete de disposiciones sobre la exploración y extracción de las reservas no convencionales.

Esa regulación identifica riesgos por derrames del fluido de fracturación, aumento en la demanda de agua, contaminación causada por fugas de metano u otros compuestos orgánicos volátiles provenientes del pozo, polución ocasionada por liberación de sustancias y por la inyección de fluido de retorno y agua congénita, que regresan de la perforación.

Las normas señalan que el fluido utilizado en el fracking retorna en proporciones de 15 a 80 por ciento, según el pozo. En cuestión de polución atmosférica, cita la emisión de óxidos de nitrógeno, benceno, tolueno, metano y carbón negro.

Al respecto, impone medidas a las empresas como verificar la integridad del pozo, aplicar procedimientos para la prevención de fugas de gases, revelar la composición de los fluidos de perforación. También prohíbe el venteo de gas y restringe su quema.

Desde 2003, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perforado mediante fractura hidráulica –una técnica no usada solo para el esquisto- al menos 924 pozos en seis de los 32 estados del país, según datos de la no gubernamental CartoCrítica. De ellos, al menos 28 se confirmó que son de crudo no convencional.

Emisiones de gas

En ese contexto,  México enfrenta problemas para reducir las emisiones de metano.

En 2013, el país lanzó a la atmósfera 126 millones de toneladas, de las cuales 54 millones provinieron del sector agropecuario, 31 millones, del petróleo y gas, 27 millones, de residuos.  El resto se originó en generación eléctrica, la industria y la deforestación. El uso de gas para generación eléctrica aportó al menos 0,52 millones de toneladas.

En total, la segunda economía de América Latina emitió 608 millones de toneladas de CO2 durante ese año.

Pemex Exploración y Producción, filial del grupo estatal,  indicó que en 2016 sus emisiones de metano totalizaron 641.517, 36 por ciento más que el año previo.

La extracción en aguas marinas poco profundas aportó 578.642 toneladas, en campos terrestres, 46.592; el almacenamiento y distribución de hidrocarburos, 10.376; en campos de gas no asociado al petróleo, 5.848, en campos no convencionales, 57 toneladas.

Desde 2016,  Pemex cambió la forma de reportar el CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), pues previamente lo hacía por regiones productivas, lo cual dificulta el análisis comparativo.

Un año antes,  la Región Marina Noreste, que abarca el golfo de México y donde están los mayores yacimientos petroleros marinos, contribuyó con 287.292 toneladas.

Las emisiones se contrajeron presumiblemente a causa de la reducción de la producción de hidrocarburos, debido a la baja internacional de los precios y la caída de recursos financieros de Pemex.

Pero entre 2012 y 2014 las emisiones aumentaron 329 por ciento, al saltar de 141.622 toneladas a 465.956, presuntamente por el incremento del venteo y quema de gas (asociado o no a los pozos de crudo), al carecer Pemex de la tecnología necesaria para capturar el gas.

La reducción de esa práctica llevó a Pemex a bajar ese nivel de 2009 a 2011, luego de que los GEI crecieron entre 2007 y 2009.

Para Ferrari, es un problema técnico y económico. “El primer paso es evitar el venteo”, pero ese requiere de inversión, planteó el experto.

En 2015, México quemó 5.000 millones de metros cúbicos, que lo sitúa en el octavo puesto mundial, el mismo que en la intensidad del venteo, la relación entre los metros cúbicos de gas quemados por barril de petróleo producido.

Así lo afirman cifras de la Asociación  Mundial para la Reducción de la Quema de Gas, promovida por el Banco Mundial con la meta de erradicar esas prácticas para 2030.

México es uno de los 24 gobiernos que forman parte de la iniciativa, junto a Guyana Francesa y Perú por América Latina, respaldada también por 31 empresas petroleras –donde no está Pemex- y 15 instituciones financieras multilaterales. El Banco Mundial publicará este año el primer informe sobre la quema y venteo del gas.

Torres y Ferrari coincidieron en que el volumen de gas aportado por la fractura hidráulica no bastará para cubrir la demanda interna.

“El volumen susceptible de explotación es reducido e insuficiente”, aseguró Torres. Cálculos de Ferrari indican que la obtención de gas alimentaría solo 10 meses de consumo interno.

En mayo, México produjo 5.299 millones de pies cúbicos por día de gas e importó 1.790 millones. Mientras, extrajo 2,31 millones de barriles diarios de petróleo.

Ese mismo mes, la Secretaría (ministerio) de Energía actualizó el Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 y fijó como nueva meta subastar reservas por casi 31.000 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos no convencionales.

Editado por Estrella Gutiérrez

La gente espera la ayuda tras la devastación causada por el huracán Matthew en Low Sound, en el distrito de Andros Norte, en Baharmas en octubre de 2006. Crédito: Kenton X. Chance/IPS.

Por Kenton X. Chance
KINGSTOWN, Jul 5 2017 (IPS)

Estados Unidos podría proteger sus intereses económicos y políticos ayudando al Caribe a adoptar una economía más verde, aseguró el destacado activista y exnegociador climático de esta región, James Fletcher.

El exministro de Desarrollo Sostenible, Energía, Ciencia y Tecnología de Santa Lucía dijo que el énfasis puesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la industria del carbón es un intento de crear empleos que ya no existen, mientras ignora las numerosas oportunidades que ofrece el sector de energías renovables.

Trump anunció el 1 de junio que retiraría a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015 en la capital francesa, arguyendo que el acuerdo no vinculante supone una enorme carga económica y financiera para Estados Unidos.“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”: James Fletcher.

El presidente estadounidense se refería al Fondo Verde para el Clima (FVC), al que las economías más fuertes se comprometieron a financiar con 100.000 millones de dólares para 2020, a partir de distintas fuentes, para hacer frente a las necesarias medidas de mitigación y adaptación al recalentamiento planetario de los países en desarrollo.

Trump está equivocado, aseguró Fletcher, el principal representante de la Comunidad del Caribe, de 15 miembros, en las negociaciones del Acuerdo de París, en el podcast del ministro de Desarrollo Sostenible de San Vicente y las Granadinas, Camillo Gonsalves.

“Son contribuciones voluntarias, por lo que no es algo a lo que los países estén obligados”, explicó, refiriéndose a las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (CPDN).

El expresidente estadounidense Barack Obama comprometió 3.000 millones de dólares al FVC y entregó 1.000 millones antes de dejar la Casa Blanca.

“Ahora le toca al presidente Trump decidir si quiere honrar esa obligación o ajustarla, sabemos que no la aumentará”, precisó Fletcher, aclarando que no hay nada que obligue a ese país a realizar una contribución al FVC.

“Solo aspiramos a reunir 100.000 millones de dólares”, subrayó.

“Las CPDN son precisamente lo que su nombre indica, contribuciones. No son compromisos. Ningún país es legalmente responsable, ni siquiera se puede señalar ni denunciar”, precisó.

“Es como un pacto de caballeros que acordamos hacer, acordamos que no habrá renuncias y creo que es una de las razones por las cuales muchos países consideraron que era seguro unirse al Acuerdo de París, sabían que no habría sanciones legales si se apartaban”, puntualizó.

“Así que hablar de las CPDN como básicamente algo que coloca una soga económica al cuello de Estados Unidos es cualquier cosa”, añadió Fletcher.

Además, acotó que en el sector energético de Estados Unidos, el crecimiento se da en las energías renovables.

“Y si el presidente Trump comprendiera un poco mejor el sector, sabría que es ahí donde tiene que concentrar la atención, y no en una industria del carbón que no tiene ningún futuro, desde el punto de vista de la generación de empleo, en Estados Unidos”, arguyó.

Además, contribuir con el FVC “tiene sentido para Estados Unidos”, sostuvo Fletcher.

“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”, explicó.

Cuando hay un desastre natural en el Caribe, “nos volvemos casi de inmediato hacia nuestro vecino más pudiente en busca de apoyo, que es Estados Unidos”, acotó.

“Y cuanto más puedan reducir esa carga haciéndonos resilientes y reduciendo la severidad y la frecuencia de esos desastres naturales, menos peso recaerá sobre Estados Unidos”, añadió.

Además, Fletcher observó que los refugiados climáticos serán un elemento común en los próximos años.

“La gente perderá sus ingresos, deberá desplazar sus casas y sus hábitats quedarán destruidos y tendrán menos oportunidades, en particular en las islas pequeñas como las nuestras”, abundó.

Fletcher señaló que su país, Santa Lucía, tiene 238 millas cuadradas (unos 616, 4 kilómetros cuadrados) y un terreno montañoso con una gran cantidad de asentamientos costeros.

“Cuando pierdes la mayor parte de tu franja costera, ¿a dónde vas? No vas tierra adentro, las oportunidades son limitadas, entonces la gente comienza a emigrar”, explicó.

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden reconoció esa realidad y habló al respecto en las dos cumbres Estados Unidos-Caribe que organizó.

“Cuando vio que el Caribe cambiaba los combustibles fósiles por las energías renovables, de inmediato observó dos cosas”, precisó.

“Vio una oportunidad para reducir la influencia de Venezuela en la región, desde un punto de vista estratégico, pero también vio una oportunidad de que las compañías estadounidenses del sector renovables, en especial solares y eólicas, vendieran sus servicios al Caribe porque le preocupaba que nuestro foco estuviera en Europa y que muchos buscáramos allí asistencia técnica y apoyo”, explicó.

Fletcher precisó que mientras Trump habla de empleos en la extracción de carbón, los datos sugieren que hay menos de 75.000 puestos de trabajo en esa industria en Estados Unidos y que es un sector en contracción.

En cambio, “hay 650.000 empleos en las energías renovables en Estados Unidos, y está en crecimiento. Tendrá más sentido concentrarse en un sector en crecimiento que en uno en desaparición”, añadió.

A Trump también le preocupa que China e India, los mayores emisores de gases contaminantes, puedan seguir liberándolos, mientras Estados Unidos debe limitarse.

Fletcher reconoció que eso es “parcialmente correcto” porque son grandes emisores.

“Pero ahí entra la cuestión de la responsabilidad común, pero diferenciada”, precisó. Países como China e India dicen que tienen un gran número de personas viviendo en la extrema pobreza y necesitan cierto espacio para desarrollar algunos sectores.

“Y si bien se comprometieron, e India logró avances significativos en materia de energías renovables, arguyen que no se los puede medir con la misma vara que a países como Rusia o Estados Unidos, responsables del problema actual”, recordó.

“Sí, trabajamos para hacer frente a nuestros problemas, pero todavía nos queda una trayectoria en materia de desarrollo que no nos pueden cortar de inmediato causándonos mayores problemas de los que tenemos”, añadió, al explicar el argumento de los dos gigantes.

Fletcher dijo que si le preguntaran, en un mundo ideal, si le gustaría que China e India redujeran sus emisiones de gases invernadero más rápido, respondería que absolutamente, y que le gustaría que todos los países hicieran lo mismo.

Traducido por Verónica Firme