Mujeres de Mozambique comercian a través de la frontera con Sudáfrica. Crédito: Trevor Davies/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jul 7 2017 (IPS)

Los cambios demográficos que se producen en las sociedades africanas ofrecen una oportunidad para que el continente se vuelva más productivo y próspero, concluye un estudio de Unfpa.

Con el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad y la fertilidad, muchos países de África experimentan profundos cambios demográficos, con importantes consecuencias para el desarrollo social y económico del continente.

Alrededor de 60 por ciento de la población africana tiene actualmente menos de 25 años, y se estima que el sector de jóvenes seguirá creciendo.

Para aprovechar el potencial que significa una vasta población joven, el Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas) elaboró un informe por país, que permite evaluar su situación y crear una hoja de ruta para su desarrollo a largo plazo.

“Muchos países, en particular de África, están deseosos de tratar de capitalizar la masa joven”, dijo a IPS la jefa de población y desarrollo del Unfpa, Rachel Snow.

“Eso nos llevó a elaborar un sencillo atlas, en el que los países pueden ver en qué lugar están en función de algunos indicadores realmente claves e importantes para crear un ambiente propicio y lograr un dividendo demográfico”, explicó.

Para el Unfpa, el dividendo demográfico es lograr un desarrollo sostenible acelerado cuando la fertilidad descendente lleve a un aumento de la proporción de población que ingresa al mercado laboral.

Cuando los jóvenes son saludables, están bien formados, empoderados y tienen oportunidades de conseguir un empleo decente, tienen la capacidad de estimular el crecimiento económico durante años.

Hubo mejoras, observó Snow, pero la región sigue teniendo problemas en varios sectores.

En el estudio “Atlas del dividendo demográfico para África”, el Unfpa concluye que más de 20 por ciento de los jóvenes en la mayoría de los países del norte y sur del continente no tienen trabajo.

En algunos países, como Libia y Sudáfrica, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados, lo que refleja las dificultades que enfrenta este sector de población para ingresar al mercado laboral.

Pero el desempleo entre los jóvenes también es decepcionante porque una alta proporción de ellos terminan consiguiendo empleos precarios, subrayó Snow.

A primera vista, es relativamente poco que seis por ciento de los jóvenes de Uganda estén desempleados, pero cuando se mira de cerca, más de 70 por ciento, realidad, realiza algún tipo de trabajo informal.

Asimismo, en Níger cuatro por ciento de los jóvenes están desempleados, pero más de nueve de cada 10 de los que trabajan lo hacen al sector informal.

Para ayudar a ese sector a ingresar al mercado laboral, es importante mirar más allá de los datos de empleo, que afectan la disponibilidad y el acceso a oportunidades económicas seguras, y utilizar un enfoque multidimensional.

“En algunos países, los jóvenes no tienen ninguna posibilidad debido al matrimonio precoz o a la falta de planificación familiar; y al mismo tiempo, hay unos cuantos países donde la gente ha logrado avances significativos en la educación primaria y como que se quedaron ahí”, observó Snow.

“Se ve que no hay una trayectoria clave creada para los jóvenes”, prosiguió.

Muchos países tienen una baja proporción de inscriptos en la escuela secundaria, en especial en aquellos donde el empleo informal es más importante. Uganda y Níger tienen una gran número de adolescentes matriculados en secundaria, 26 y 21 por ciento, respectivamente.

El matrimonio infantil, que aumenta la proporción de niñas desempleadas o subocupadas, también está generalizado en esos contextos.

Aproximadamente, 70 por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años se casan antes de cumplir los 18 en Níger.

“Queremos subrayar los problemas en el empleo a fin de incentivar una conversación mucho más innovadora a escala gubernamental en términos de dónde deben apuntalar esas cuestiones”, precisó Snow.

Sin embargo, entre los asuntos más acuciantes que dificultan la inversión a largo plazo, hay múltiples crisis de larga data en todo el continente africano, de Libia a República Centroafricana.

Snow subrayó la importancia de vincular la asistencia humanitaria y el desarrollo a fin de ayudar a los países a construir resiliencia y recuperar sus sistemas después de un conflicto.

En la 29 Cumbre de la Unión Africana (UA), realizada en Etiopía y donde se presentó el estudio, los jefes de Estado y de gobierno conversaron sobre asuntos de paz y seguridad, así como económicos, pues les permite lograr la autosuficiencia.

“África necesita financiar sus propios programas, e instituciones como la UA no pueden depender de los fondos de donantes, pues no es un modelo sostenible”, subrayó el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, en la cumbre de dos días, bajo el lema “Aprovechando el dividendo demográfico invirtiendo en los jóvenes”.

De hecho, preocupa el gran número de jóvenes desempleados en todo el mundo, pero Snow tiene esperanzas de que haya un cambio de perspectiva y un progreso continuo.

“Nos gustaría tratar de impulsar una imagen que no presente a los jóvenes como una amenaza, sino como una verdadera oportunidad para el desarrollo”, concluyó.

Traducido por Verónica Firme

La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de la ONU, tiene su sede en Nueva York. Crédito: ONU.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 21 2017 (IPS)

La ONU no siempre practica lo que predica en materia de derechos laborales y humanos, critica Ian Richards, presidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (CCISUA).

El personal de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra realizó un paro de dos horas en la segunda semana de este mes en protesta por la propuesta de recorte salarial de 7,5 por ciento, lo que obligó al Consejo de Derechos Humanos a suspender su reunión.

“Una huelga siempre será el último recurso”, aseguró a IPS; y habrán más movilizaciones, alertó Richards, quien encabeza el CCISUA con 60.000 miembros.

“Si tuviéramos un sistema de negociación adecuado para que el personal tuviera voz en lo que respecta a sus salarios, como predica la ONU, podríamos haber evitado todo esto”, explicó.

“Dicho eso, si no hay caminos para un diálogo significativo, los funcionarios de la ONU no tendrán más opción que escalar sus acciones”, advirtió. En definitiva, esto no se trata de un recorte de presupuesto, precisó.

En la actualidad, hay más de 5.400 funcionarios en la ONU de Ginebra en la categoría profesional de empleados.

Una resolución del personal de esa sede, adoptada en una “asamblea general extraordinaria” a principios de este mes, responsabilizó a la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), con sede en Nueva York, por “no atender las profundas preocupaciones y dudas planteadas por las federaciones de funcionarios públicos y directivos de las 10 agencias con sede en Ginebra en lo que respecta a la propuesta de recorte y ajustes por lugar de destino que implicarían una reducción del salario neto de 7,5 por ciento (o más)”.

Entre las agencias con sede en Ginebra se destacan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), la Oficina de Asuntos de Desarme (Unoda) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).

La CAPI, que fija la escala salarial en la ONU, otorgó un aumento de 2,2 por ciento, merecido, a los funcionarios de Nueva York, indicó Richards. “En definitiva se trata de presionar para ver qué consiguen”, opinó.

Al CCISUA se le unirá la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (Ficsa), con 30.000 miembros, en caso de acción colectiva.

El Consejo de Derechos Humanos debió suspender sus sesiones del viernes 16 de este mes, pero los funcionarios decidieron no perturbar la reunión de negociación sobre el fin de la guerra civil en Siria, que ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Rolando Gómez, de la oficina de información pública de la rama del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de Acnudh confirmó a IPS la suspensión de la reunión del Consejo de Derechos Humanos por el paro de trabajadores.

“Es la primera vez que ocurre una suspensión de ese tipo en el Consejo por ese motivo”, indicó. El Consejo de Derechos Humanos reconoce el derecho de los funcionarios de la ONU a manifestarse en contra de la reducción salarial y no quiso tomar medidas que fueran a impedírselo.

“El Consejo también reitera su inmensa gratitud al personal de Ginebra por su indispensable asistencia de primer orden para realizar sus sesiones a lo largo de todo el año”, declaró.

Por su parte, el director general de la Oficina de la ONU en Ginebra (ONUG), Michael Møller, señaló en una carta al sindicato de funcionarios que sus representantes le habían informado a los responsables de las organizaciones en esa ciudad sobre las “acciones planificadas durante el verano, incluidos los paros” en relación con la decisión de la CAPI sobre los niveles del ajuste por lugar de destino en Ginebra.

La carta también se refiere a un correo electrónico del Consejo de Funcionarios de la ONUG, enviado en la segunda semana de junio, con el asunto “Próximos paros”.

La ONUG “reconoce y respeta el derecho de los funcionarios a la libertad de asociación. El personal está autorizado a reunirse en las instalaciones de forma representativa y no perturbadora. La ONUG también reconoce el descontento de los funcionarios con la decisión de la CAPI respecto del ajuste por lugar de destino para Ginebra”.

“No obstante, se recuerda a los funcionarios que las acciones que perturben o interfieran con las reuniones u otras actividades oficiales de la organización podrían considerarse en contravención con las obligaciones de la norma 1.2”, prosigue la misiva.

“Eso incluye cada una y todas las conductas dirigidas, de forma directa o indirecta, a interferir con la capacidad del personal o de los delegados a cumplir con sus funciones oficiales”, precisa.

De acuerdo con las pautas de la ONU en Nueva York, también se recuerda a los funcionarios que las acciones, como paros y otras actividades colectivas, pueden considerarse ausencias no autorizadas según el Reglamento del Personal, añade la carta.

También aclara que continúan las negociaciones con la CAPI por los cambios en el sistema de ajuste por lugar de destino “y todos debemos asegurarnos de no comprometer el resultado de las conversaciones”.

“También es un llamado a todos nosotros a actuar de forma profesional y acorde a nuestro estatus de funcionarios públicos internacionales”, agrega.

Al respecto, Richards comentó a IPS: “Estamos decepcionados de que la administración de la ONU haya optado por amenazar al personal”.

Por su parte, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró: “Las pautas que tenemos de nuestros colegas en Ginebra es que reconocen totalmente el derecho de los funcionarios a la libertad de asociación, que es un derecho básico. El personal pudo reunirse en las instalaciones de Ginebra sin causar trastornos”.

“Entiendo que las negociaciones siguen en curso respecto de la implementación (del ajuste por lugar de destino), pero somos todos funcionarios públicos internacionales y tenemos que respetar las normas”, añadió.

Richards también señaló que el personal de las organizaciones con sede en Ginebra pararon para mandar un fuerte mensaje a la administración de Nueva York y a la CAPI de que el personal de Ginebra no permitirá una rebaja salarial sin negociaciones.

“Durante el paro realizamos una asamblea en la que participaron muchos funcionarios, incluso directores y personal de recursos humanos y de seguridad. Tenemos un vídeo que muestra mucha ira”, indicó.

Al ser consultado sobre los próximos pasos a seguir, Richards detalló que hay “un informe de un grupo de estadísticos que visitaron la CAPI la semana pasada para revisar los números y los cálculos. La CAPI revisará el asunto en Viena en julio y esperamos que cambien sus conclusiones”.

“Es importante señalar que esto no se trata de un recorte de presupuesto, pues Nueva York, donde está la sede de la CAPI, tuvo un aumento de 2,2 por ciento. Pero el enfoque poco transparente de la CAPI significa que otras 85 sedes podrían sufrir recortes”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Policías reprimen con gases lacrimógenos una manifestación sindical que el 24 de mayo intentaba llegar a la sede del legislativo Congreso Nacional, en Brasil, en rechazo a las proyectadas reformas laborales y previsionales que recortan derechos sociales. Crédito: UGT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 19 2017 (IPS)

Además de elevar a 14,2 millones el total de desempleados, la aguda recesión en los dos últimos años introdujo a Brasil la tendencia mundial de flexibilizar las leyes laborales para abaratar más aún el costo del trabajo.

Generar más empleos sin afectar ningún derecho es el argumento básico del gobierno y defensores de la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente de votación en el Senado, anunciada para fines de este mes.

La “creciente precarización del trabajo” será la consecuencia de esa medida, sostuvo Ricardo Antunes, profesor de sociología en la Universidad de Campinas, en el sureño estado de São Paulo.“La tercerización elimina la relación empleado-empleador, con el desplazamiento frecuente del trabajador de un local de trabajo a otro, de funciones. El trabajador pierde su identidad, deja de saber si es metalúrgico o prestador de servicios, a que categoría pertenece”: Wagnar Santana.

El proceso que “devasta todos los derechos laborales”, según el académico, comprende también la ley de tercerización de las funciones empresariales, ya vigente desde marzo, y una reforma previsional aún en trámite inicial en el parlamento, pero de difícil aprobación por exigir mayoría de dos tercios en las dos cámaras legislativas.

“Esa es una tendencia mundial que avanza según la resistencia en cada país, menos donde el movimiento sindical es fuerte, como Alemania y Francia, y más donde el sindicalismo es débil, como el Reino Unido y Estados Unidos”, dijo Antunes en un análisis para IPS.

En Brasil los trabajadores enfrentan esa ofensiva del capital debilitados por el desempleo, que debe mantenerse elevado por un largo período.

La tasa de desempleo abierto, medida por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), fue de 13,7 por ciento en el primer trimestre de 2017, correspondiendo a los 14,2 millones de desocupados, en un país con 207,6 millones de habitantes y una fuerza de trabajo de 103,1 millones.

Pero la fuerza de trabajo “subutilizada” en la medición del IBGE alcanzó 24,1 por ciento o 26,5 millones de trabajadores, al incorporar los que trabajan pocas horas semanales y los que se considera solo mano de obra “potencial”.

La correlación de fuerzas parlamentarias también es totalmente desfavorable, con el gobierno del presidente Michel Temer con una amplia mayoría, aunque esté vulnerable por las denuncias de corrupción contra el propio mandatario y casi todos los líderes de la alianza gobernante, con la amenaza de ser enjuiciados por el Supremo Tribunal Federal.

La legislación propuesta por el gobierno “desregula las relaciones laborales con argumentos que revelan ignorancia o mala fe”, acusó Wagnar Santana, nuevo presidente electo del Sindicato de Metalúrgicos del ABC, región industrial vecina a São Paulo y cuna del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT).

“Esa desregulación no incrementó el empleo en países como España, México y Portugal, sino que aumentó el trabajo informal. En México quien trabaja en la Volkswagen necesita otro empleo para una vida decente como acá”, comparó el sindicalista, obrero de esa montadora de vehículos de capital alemán.

Mantener formalmente derechos, como descanso semanal y seguro enfermedad, representa poco si se le quita al trabajador condiciones de hacerlos efectivos, ante la diseminación de la informalidad, la tercerización, la inestabilidad en el empleo y también la debilidad sindical, razonó a IPS.

“La tercerización elimina la relación empleado-empleador, con el desplazamiento frecuente del trabajador de un local de trabajo a otro, de funciones. El trabajador pierde su identidad, deja de saber si es metalúrgico o prestador de servicios, a que categoría pertenece”, lamentó Santana.

Se difunde la dificultad de organización de los sindicatos como el del sector de construcción, donde es intensa la rotación de empleados, acotó.

De esa forma, hacer que acuerdos entre patrones y empleados se impongan a las leyes, como pretende la propuesta oficial, juega en contra de los trabajadores.

Los sindicatos más organizados y fuertes, como los de grandes industrias ciudades, podrían negociar mejores acuerdos y hacerlos respetar, pero no así los demás, sin capacidad de resistencia. “Eso terminaría por nos debilitar a todos, ya que no estamos aislados”, previó el sindicalista.

Otros factores conspiran contra el trabajo en Brasil, además de la coyuntura de desempleo y crisis económica agravada por los riesgos políticos. La desindustrialización debilita el sindicalismo más combativo, especialmente el de los metalúrgicos.

El sindicato del ABC, que llegó a representar hasta 150.000 trabajadores en los años 80, cuenta actualmente con solo 73.000 afiliados en su base, los municipios de São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires y Rio Grande da Serra, después de altibajos en las dos décadas pasadas, recordó Santana.

De los obreros metalúrgicos de São Bernardo do Campo surgió el líder sindical y político Luiz Inácio Lula da Silva, quien fundó en 1980 el PT, con el cual llegó al poder el primer día de 2003 y gobernó Brasil hasta el primer día de 2011, cuando entregó el testigo a su correligionaria Dilma Rousseff, destituida en agosto de 2016.

La crisis y la competencia internacional también contribuyeron al desempleo y a la menor participación de la industria en el producto brasileño.

Pero es la devaluación del trabajo a escala global, que Antunes atribuye a la transnacionalización de grandes empresas, al nuevo modo de producción y la hegemonía del capital financiero, la que promueve el retroceso en las reglas laborales, que se está imponiendo en Brasil.

Se trata de “arcaizar” las relaciones de trabajo de tal forma que apunta a la vuelta a la esclavitud, en muchos casos, según el experto en sociología del trabajo. “El esclavo se vendía, ahora se alquila” por la tercerización, dice.

Antunes publicó en 1995 el libro “¿Adiós al Trabajo?”, en que identifica la tendencia a la precarización y habla de “esclavitud del siglo XXI”. “El trabajo precario era excepción, ahora se volvió regla”, sostuvo.

Un ejemplo es el británico “Zero hour contract (contracto de cero hora)” que ya rige el trabajo de un millón de personas que quedan todo el tiempo a la disposición de la empresa y atiende a llamados, ganando solo por las horas trabajadas, sin ningún otro derecho, destacó Antunes.

En Brasil se incluyó esa modalidad en la reforma laboral como “trabajo intermitente”.

La incorporación al mercado mundial de la gran reserva de mano de obra china contribuyó a devaluar el trabajo en todo el mundo.

“Son trabajadores calificados que la revolución alimentó y escolarizó. Hace cinco años China ofrecía bienes industriales de mala calidad, hoy tiene tecnología de punta”, destacó el sociólogo, añadiendo que Asia dispone de mucha fuerza de trabajo barata en India, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, entre otros países.

La rebaja de costos es generalizada. “En Italia cierran fábricas que van para Polonia o Hungría, y los sueldos de 2.000 euros bajan a 300 euros”, ejemplificó.

“Hay una nueva morfología del trabajo. Tenemos en Brasil 1,5 millones de trabajadores en el ‘telemarketing’ que antes no había. El trabajo remoto, por conexión digital vía celular o computadora, se diseminó”, observó.

Pero la clase trabajadora creció, aunque “más fragmentada y más heterogénea que antes, y sometida al trabajo virtual”. Nuevas forma de lucha, “piquetes y bloqueos de carreteras”, como hicieron en Argentina, en lugar de huelgas, se van desarrollando, señaló.

“La perspectiva futura es de lucha, rebeliones, y también represión, masacres. El siglo XXI será de terremotos sociales”, concluyó Antunes.

Editado por Estrella Gutiérrez

Conferencia de prensa sobre el informe del Fida realizada el 14 de junio en la Fundación de las Naciones Unidas, Nueva York. Crédito: Fida.

Por Roshni Majumdar
NACIONES UNIDAS, Jun 16 2017 (IPS)

Un nuevo informe del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (Fida) señala que en la última década se duplicaron las remesas que envían los trabajadores migrantes – que suelen estar ubicados en países industrializados – a sus familias en países de bajos ingresos.

El denominado flujo de remesas aumentó un 51 por ciento, de 296.000 millones de dólares en 2007 a 445.000 millones en 2016, lo que ayudó a sacar de la pobreza a innumerables familias en todo el mundo.Las remesas crecieron 51 por ciento, de 296.000 millones de dólares en 2007 a 445.000 millones en 2016, lo que ayudó a sacar de la pobreza a innumerables familias en todo el mundo.

Las mayores remesas proceden de inmigrantes en Estados Unidos, lo que hace a este país el mayor benefactor, seguido de cerca por Arabia Saudita y Rusia, según el informe del Fida.

De hecho, los diez principales países remitentes, en gran parte en Europa y el Consejo del Golfo, acumulan la mitad de los flujos anuales de dinero.

El incremento en las remesas trae buenas noticias. En primer lugar, aumenta el potencial de los trabajadores migrantes en todo el mundo. Y segundo, impulsa el desarrollo sostenible en los países que se benefician del dinero, en particular China, India y Filipinas, que encabezan la lista.

Asia recibe casi 55 por ciento del total de las remesas enviadas desde el Norte industrializado.

El dinero enviado es utilizado por las familias para alcanzar metas personales, tales como mejorar su atención médica, educación y seguridad alimentaria. “No se trata del dinero que se envía a casa, sino del impacto en la vida de las personas”, aclaró Gilbert F. Houngbo, presidente del Fida.

Sin embargo, incluso si los principales países remitentes acumulan la mitad de las remesas, estas solo constituyen una pequeña fracción del producto interno bruto (PIB) de sus economías.

Por ejemplo, los ingresos de los inmigrantes en Estados Unidos representan casi cuatro por ciento del PIB, pero las remesas que envían a sus familias constituyen solo 0,65 por ciento del PIB.

Generalmente, 85 por ciento de los ingresos de los inmigrantes permanecen dentro del país anfitrión.

El valor del dinero enviado no se puede subestimar. La mayoría de las familias dependen de este ingreso, que puede llegar a 60 por ciento de los ingresos del hogar en las zonas rurales.

Pedro de Vasconcelos, el autor principal del informe del Fida, habla en rueda de prensa el 14 de junio. Crédito: Fida.

Sin embargo, muchos critican los altos costos de las transacciones, especialmente en las zonas rurales que reciben la mayor parte de las remesas.

Pedro de Vasconcelos, autor principal del informe, dijo que la posibilidad de construir mejor infraestructura para asegurar un flujo de dinero fácil y barato es particularmente importante en las zonas rurales, “donde las remesas cuentan más y donde podemos hacer que cuenten más”.

“Simplemente abrir una caja de ahorros puede transformar las vidas de las personas” y hacer mucho para erradicar la pobreza, añadió.

Al final, hay mucho espacio para la innovación y el crecimiento ya que la demanda de mano de obra inmigrante seguirá creciendo en los países industrializados.

Para entender la escala de las remesas es importante saber que una de cada siete personas en el mundo se ve directamente afectada por ellas, ya sea como remitente o como beneficiaria. Esto significa que mil millones de habitantes del planeta participan de la transacción de alguna manera. Incluso cuando los tiempos se ponen difíciles, como sucedió durante la crisis financiera de 2008, los flujos de remesas se mantuvieron estables.

Hay dos razones que explican el crecimiento de las remesas y por qué continuará.

Primero, refleja la demanda de mano de obra inmigrante a medida que las poblaciones de los países de ingresos altos crecen con los avances de la medicina.

Y en segundo lugar, los trabajadores inmigrantes están comprometidos a hacer sacrificios para cumplir con sus familias en sus países de origen – como comer menos para asegurar el dinero que pueden enviar a casa. Por este motivo este canal de dinero se conoce cada vez más como “remesas familiares”.

El flujo de dinero ha superado en gran medida al flujo migratorio, que solo creció 28 por ciento en la última década. Esto significa que hay 800 millones de personas en todo el mundo que dependen de los trabajadores migrantes, que son unos 200 millones en número.

Traducido por Álvaro Queiruga

El barrio La Limonada, en la zona 5 de la capital guatemalteca, es una muestra de la pobreza y la desigualdad que persiste en América Latina. Crédito: Danilo Valladares/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 25 2017 (IPS)

El mundo no logrará erradicar la pobreza para 2030 si continúa la actual tendencia de crecimiento económico, concluyó un grupo de estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Fuerza de Trabajo Interagencia, integrada por 50 instituciones internacionales, elaboró un informe sobre el avance de la Agenda de Acción de Adís Abeba, un marco mundial sobre financiación para el desarrollo con el fin de ayudar a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por la comunidad internacional el 25 de septiembre de 2015.

Hubo algunos avances en materia de financiación para el desarrollo, pero el lento crecimiento económico mundial y la disminución del aumento del comercio y las inversiones, desde la crisis económica y financiera de 2008, obstaculizan los avances hacia los ODS, incluida la erradicación de la pobreza.

Wu Hongbo, secretario general adjunto de Asuntos Sociales y Económicos, informa a la prensa sobre el contenido del informe “Avances y perspectivas”, de la Fuerza de Trabajo Interagencia sobre financiación para el desarrollo. Crédit: Kim Haughton/UN Photo.

“A pesar de las expectativas de que este año y el que viene mejore el crecimiento, el actual entorno mundial no presagia nada bueno con respecto al cumplimiento de los ODS”, reconoció el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Wu Hongbo.

En 2016, la economía mundial registró el ritmo de crecimiento más bajo desde la crisis, y las proyecciones indican que el producto interno bruto mundial crecería a un ritmo inferior a tres por ciento en los próximos dos años, lo que dejaría a casi siete por ciento de la población mundial extremadamente pobre para 2030.

Los países menos adelantados (PMA) son los que quedarán más rezagados, alertó Hongbo.

El número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día disminuyó enormemente en las últimas décadas, pero se debió principalmente al fuerte crecimiento económico en los países en desarrollo, precisa el informe.

El menor crecimiento económico también es responsable del aumento del desempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que habrán 3,4 millones más de desempleados en 2017, respecto del año anterior, una tendencia que se prevé continúe en 2018.

El director de la división de globalización y estrategias de desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Richard Kozul-Wright, explicó que esas tendencias se deben en parte a la incapacidad de crear estrategias de crecimiento sostenible.

“Muchas personas esperaban que en el período posterior a la crisis financiera se hiciera una reflexión seria sobre los tipos de estrategias de crecimiento forjadas antes de la crisis, las que claramente no eran sostenibles ni inclusivas, pero eso no fue lo que ocurrió”, indicó.

La falta de inversiones es otro gran desafío para el logro de los ODS y, por ende, para el crecimiento, añadió.

Se necesita entre uno y cinco billones (millón de millones) de dólares más en inversiones solo para infraestructura, un elemento clave para ayudar a mantener el crecimiento en las naciones en desarrollo.

La infraestructura de transporte permite desarrollar el comercio y la economía, lo que es particularmente importante en países sin salida al mar o sin litoral, mientras que la vinculada al sector energético es fundamental para las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura, privadas y públicas, disminuyeron en todo el mundo. Y a pesar de que la asistencia oficial al desarrollo aumentó casi nueve por ciento en 2016, respecto del año anterior, las crecientes necesidades humanitarias generaron falta de fondos a corto y largo plazo.

La incertidumbre que pesa sobre algunas políticas clave de algunos de los países grandes no hace más que elevar los riesgos para la economía, como la propuesta de Estados Unidos de recortar la asistencia al extranjero y los fondos para el clima.

Hongbo también señaló que es fundamental la creación de políticas nacionales ajustadas a los ODS, así como la cooperación internacional para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Muchas de las dificultades que afrontan los países, como el lento crecimiento económico, el cambio climático y las crisis humanitarias, tienen repercusiones transfronterizas o mundiales, que no pueden ser atendidas por un un solo actor”, observó.

La presentación del informe coincide con el segundo foro anual sobre financiación para el desarrollo, que reunió a países miembro y a organizaciones internacionales para discutir sobre los asuntos acuciantes presentados en el informe y sobre sus posibles soluciones.

Los participantes llegaron a un acuerdo sobre la financiación para los ODS, llamando a los gobiernos a aumentar y a cumplir con sus compromisos en el marco de la asistencia oficial al desarrollo y a mejorar las políticas impositivas, como los esfuerzos internacionales para luchar contra la evasión fiscal, y urgiendo a los bancos de desarrollo y a actores privados a ayudar a movilizar recursos catalizadores.

“Alzaremos nuestra voz cuando podamos, hablaremos fuerte por los PMA y los países vulnerables y sus pueblos”, concluyó Hongbo.

Traducido por Verónica Firme

Manifestaciones en Atenas contra las medidas de austeridad del gobierno de Grecia. Crédito: IPS

Por Jomo Kwame Sundaram y Anis Chowdhury
KUALA LUMPUR/SYDNEY, May 12 2017 (IPS)

Un informe del Banco Mundial analiza los avances limitados en la reducción de la pobreza y la desigualdad, dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrales, los que apuestan a “no dejar a nadie atrás” y a atender las desigualdades y la discriminación.

Informe anual sobre pobreza y desigualdad

El documento “La pobreza y la prosperidad compartida en 2016: Asumir la desigualdad” evalúa los avances en la reducción de la pobreza extrema para que no sea mayor a tres por ciento de la población mundial y en que el crecimiento de los ingresos por habitante del 40 por ciento de hogares de menores ingresos sea más rápido que el promedio nacional.

Al enlentecerse el crecimiento económico global será necesario reducir la desigualdad de ingresos para terminar con la pobreza y mejorar la prosperidad compartida, según el Banco Mundial.

El trabajo se concentra en la desigualdad, por lo general desatendida hasta hace muy poco por la mayoría de las instituciones internacionales, aparte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento ofrece análisis útiles sobre la desigualdad, como la discusión sobre sus causas.

Pero no explica su argumento de un modesto retroceso parcial respecto del anterior aumento de la desigualdad entre 2008 y 2013.

Las recomendaciones políticas del informe llaman la atención por lo limitadas que son, quizá porque no analizan ni proponen medidas para hacer frente a la desigualdad de la riqueza, que es mucho mayor que la desigualdad de ingresos e incide enormemente en ella.

El documento sí reconoce que el aumento del salario mínimo y la formalización del empleo contribuyen a reducir la desigualdad de ingresos, pero no menciona los factores determinantes de los ingresos, las condiciones laborales ni el empleo. Tampoco dice nada sobre la reforma de la tierra, un factor importante de la prosperidad compartida en Asia oriental, China, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Su discusión sobre el impacto de la consolidación fiscal en la desigualdad es engañosa, e incluso sostiene: “Los países de la Unión Europea (UE) se embarcaron en consolidaciones fiscales generales sobre la base de claras consideraciones sobre el capital en respuesta a la crisis financiera de 2008 y 2009”.

Eso implica que la consolidación fiscal genera ganancias patrimoniales a largo plazo a costa de complicaciones a corto plazo, las que pueden aliviarse mediante un mecanismo de protección, una conclusión contraria a las de investigaciones del Fondo Monetario Internacional.

En vez de las medidas de desigualdad convencionales, como el coeficiente de Gini o el más innovador índice de Atkinson, el Banco Mundial promueve “ayudar al 40 por ciento de la franja inferior”. Pero en la mayor parte de su argumentación, el informe abandonar este indicador a favor del índice de Gini.

Sin embargo, el documento se detiene en su “premio a la prosperidad compartida”, definida como la diferencia entre el mayor ingreso del 40 por ciento de la franja inferior y el del ingreso medio.

Además, en el informe “Haciendo negocios 2017: Igualdad de oportunidades para todos”, el Banco Mundial implica que las regulaciones del mercado laboral tienen consecuencias negativas sobre la desigualdad, aunque admite que pueden “reducir el riesgo de pérdida de empleo y respaldar el capital y la cohesión social”. Y promueve contratos a plazo fijo con un mínimo de beneficios y requisitos para la indemnización por despido.

El documento también implica que cuantas menos regulaciones tienen las empresas, menor es la desigualdad, con el argumento de que las asociaciones negativas entre los coeficientes de Gini y los puntajes por comenzar un negocio y resolver la insolvencia.

Pero, curiosamente, no discute la asociación entre otros puntajes de Doing Business, como el pago de impuestos u obtener una tarjeta de crédito, etcétera, y el índice de Gini.

¿Últimos avances?

Alrededor de dos tercios de los 83 países analizados tuvieron un premio por prosperidad compartida durante 2008-2013, un período caracterizado por la caída del precio de los activos y un aumento sostenido del empleo de jóvenes en muchas economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Esa muestra nada representativa no es pareja entre las regiones y es llamativo que, incluso, falten países ricos como Japón, Corea del Sur y Canadá.

Al reconocer que el premio de prosperidad compartida suele ser bajo, el informe acepta que “el objetivo de erradicar la pobreza para 2030 no se podrá alcanzar con el actual crecimiento económico” y que “la reducción de la desigualdad será clave para alcanzar el objetivo sobre la pobreza”.

El índice global de Gini decayó desde la década de los años 90 por el rápido aumento de los ingresos en China e India, a pesar de que la desigualdad interna por lo general aumentó. Con un mayor optimismo, el Banco señala que los coeficientes de Gini cayeron en cinco de las siete regiones durante 2008-2013 a pesar, o quizá debido a, un crecimiento mucho menor.

El informe señala que “el progreso es cuanto más significativo en tanto que ocurrió durante la crisis financiera global de 2008-2009”. Como observaron otros, esa crisis y la consiguiente gran recesión puede haber revertido, solo de forma temporal, la creciente desigualdad.

Tragedia griega

Tras un crecimiento imponente durante una década, la economía griega entró en recesión en 2008-2009, junto con la de otros países europeos. Con severas medidas de austeridad, impuesta por la UE y el FMI bajo la forma de condiciones para el rescate financiero, Grecia cayó en una depresión total con varias consecuencias en materia de ingresos y de distribución de la riqueza.

El informe concluye que el mayor aumento de la desigualdad en ese período ocurrió en Grecia, donde el ingreso promedio del 40 por ciento de menores ingresos decayó 10 por ciento al año y por hogar en promedio.

Por suerte, como señala el Banco Mundial, algunas medidas como las transferencias únicas, introducidas en 2014 para las familias de bajos ingresos y vulnerables, junto con impuestos inmobiliarios de “emergencia”, impidieron un mayor aumento de la desigualdad.

Logros en peligro en Brasil

Brasil es el más significativo de los cinco “mejores” en la reducción de la desigualdad de ingresos, con la caída del coeficiente de Gini de 0,63, en 1989, a 0,51, en 2014.

El informe atribuye las cuatro quintas partes de la disminución de la desigualdad entre 2003-2013 a las “dinámicas del mercado laboral” y a la expansión de programas sociales.

El alarmante que el nuevo gobierno haya amenazado con poner fin a los aumentos regulares del salario mínimo y con limitar el gasto en perjuicio de programas sociales.

“Las dinámicas del mercado laboral”, consideradas mucho más importante por otros analistas, incluyen aumentos regulares del salario mínimo, la formalización de trabajadores precarios y el fortalecimiento de los derechos de negociación colectiva.

Las pensiones y otros programas sociales son responsables de una mayor parte de la disminución de la desigualdad que la tan mentada Bolsa Familia.

El Banco Mundial realiza recomendaciones en seis “estrategias de alto impacto”; desarrollo infantil temprano, cobertura de salud universal, acceso universal a una educación de calidad, transferencias de efectivo a las personas más pobres, infraestructura rural y tributación progresiva.

No son recomendaciones cuestionables, por cierto, pero no siempre aprovechan, y podrían fácilmente haberse realizado, sin el análisis que las precede.

Traducido por Verónica Firme

Shammi Haque, una bloguera de Daca conocida por defender la libertad de expresión y el laicismo, recibió amenazas de muerte y de violación. Crédito: Center for Inquiry

Por Manipadma Jena
NUEVA DELHI, May 2 2017 (IPS)

“No es lo que una diga lo que los provoca, es el hecho de que lo esté diciendo”, observó Mary Beard, profesora de la británica universidad de Cambridge, acerca de la acción contra las mujeres periodistas de los trols, personas cuyo objetivo es provocar, molestar o buscar controversias en Internet con otros usuarios. 

“Si te aventuras en el territorio masculino tradicional, el abuso se produce de todos modos. Son las muchas maneras en que los hombres han silenciado a las mujeres extrovertidas desde los tiempos de los antiguos”, explicó la profesora de filología clásica."Humillar y dañar a las mujeres es una práctica milenaria, excepto que el intercambio de información en tiempo real a través de la tecnología hace que el alcance sea mucho mayor y el daño enorme": Dilrukshi Handunnetti.

El número de mujeres profesionales en las salas de redacción aumentó en muchos países de la región de Asia y el Pacífico, según un estudio, pero aun equivale a solo 30 por ciento del personal en el sector de las noticias.

Incluso con esta baja representación ya irrumpieron en el bastión masculino de las noticias consideradas serias, como la política, la corrupción, la guerra, la gobernanza y el ambiente, con confianza e impacto.

Dicen lo que piensan, expresan su opinión y debaten con conocimiento y vigor con las y los lectores sobre cuestiones de importancia en las plataformas de los medios sociales. No obstante, la imagen de las mujeres que perdura en la sociedad sigue siendo en gran medida conservadora.

Shammi Haque, una bloguera de Daca, recibió amenazas de muerte y violación y un correo electrónico de un grupo extremista islámico que se responsabilizó del asesinato de seis blogueros de Bangladesh.

“Dado que la ley  islámica considera un delito punible que las mujeres trabajen fuera de sus casas sin la cabeza cubierta, sus empleadores son culpables en el mismo grado. Exhortamos a los medios de comunicación a que liberen a las mujeres de sus empleos”, manifestaba el mensaje.

En India, como parte de una campaña del diario Hindustan Times de lucha contra el troleo, los periodistas Harry Stevens y Piyush Aggarwal se propusieron en abril mostrar lo difícil que es ser una mujer sin pelos en la lengua en la red social Twitter. Para eso recabaron una semana de tuits enviados a cuatro destacadas periodistas.

Del total, Barkha Dutt, una veterana comunicadora de la televisión, recibió 3.020 tuits abusivos, y Rana Ayyub, una musulmana, recibió 2.580, a menudo teñidos de islamofobia.

Los trols de Internet gozan de amplia libertad en la región desde hace al menos seis años. Las mujeres periodistas que respondieron a los comentarios abusivos en las redes sociales ignorando o bloqueando a los usuarios más persistentes, ahora encuentran que el acoso y las amenazas directas de ataque se incrementaron, obligándolas a recurrir a la vía legal o la protección policial.

“La seguridad de los periodistas es una condición previa para la libertad de expresión y los medios de comunicación libres”, señala la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

“Los medios de comunicación en línea hoy en día permiten el rápido flujo de la información y la participación activa del público en el intercambio de ideas, noticias y conocimientos. Una Internet abierta, libre y segura es esencial para el debate público y el libre flujo de información y, por lo tanto, debe ser debidamente protegida”, añade la OSCE.

Las mujeres periodistas, las blogueras y otras actoras de los medios de comunicación sufren más que los hombres las amenazas, el hostigamiento y la intimidación relacionados con el género en Internet, lo cual repercute directamente en su seguridad y sus actividades en la red mundial.

“Voy a cortarte la cabeza y violarla” fue una de las amenazas que recibió la sexagenaria Mary Beard en Twitter.

“¿Por qué nadie se cuestiona los matrimonios, divorcios y amoríos de mis colegas masculinos? ¿Por qué la fijación con mi vida privada? Porque el escrutinio público sobre las mujeres – y especialmente de las que estamos orgullosas de nuestra ambición y somos ferozmente independientes – es muy diferente al de los estándares usados ​​para medir a los hombres. Y el subtexto siempre es sexual”, se quejó la periodista televisiva Dutt.

“Los agresores cibernéticos son los mismos que los matones que amenazan en la vida real”, sostiene el psiquiatra Samir Parikh.

El abuso personalizado que las periodistas reciben en Internet por hacer su trabajo profesional “pueden hacer que se sientan traumatizadas, indefensas, enojadas y muy frustradas”, subraya.

“En algunas puede incluso causar problemas de autoestima, afectar la vida social y conducir a síntomas de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Para las mujeres, el abuso y las amenazas de violencia suelen ser abiertamente sexistas y sexuales, lo que las hace más difíciles de abordar”, agregó el psiquiatra.

Internet permite “encubrir la identidad y atacar a las personas de la manera más antiética y dañina”, expresó Dilrukshi Handunnetti, una editora en Colombo. “Humillar y dañar a las mujeres es una práctica milenaria, excepto que el intercambio de información en tiempo real a través de la tecnología hace que el alcance sea mucho mayor y el daño enorme”, razonó.

El troleo se relaciona con la psicopatía, el sadismo y el maquiavelismo, según un estudio sobre personalidad realizado en 2014. Otros estudios concluyen que el aburrimiento, la búsqueda de atención, venganza y placer, y el deseo de causar daño a la comunidad se encuentran entre las motivaciones de los trols.

Sin embargo, algunos trols entrevistados manifiestan que sus comentarios en Internet no son un acoso, sino un contrapeso necesario para las opiniones y noticias que consideran erradas, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

A medida que las amenazas se vuelven demasiado peligrosas para ignorarlas, las periodistas se ven obligadas a recurrir a la ley, a pesar de sus dudas acerca de si las autoridades competentes podrán garantizarles una investigación rápida y sensible.

Una Política contra el Acoso en los Medios Sociales en Internet, redactada en marzo de 2016 por la Federación Internacional de Periodistas, establece una hoja de ruta para que las empresas de comunicación protejan a sus empleados, creen espacios seguros en línea para el debate abierto y respetuoso y respondan al abuso y el acoso que padecen particularmente las periodistas.

Entre los mecanismos para garantizar la seguridad digital y la ausencia de hostigamiento, la hoja de ruta propone una división cibernética especial en las empresas que equipe especialmente a las mujeres periodistas con conocimientos y recursos legales. Cuando el acoso es extremo, las medidas también deben incluir la seguridad física, el acompañamiento legal y el apoyo para realizar denuncias policiales, además de ayuda psicológica.

Mientras tanto, algunos consejos prácticos para las periodistas que son víctimas de acoso electrónico son ignorar, filtrar, bloquear y denunciar a los trols. Si las cosas empeoran, denunciar al culpable a los cuatro vientos y nunca olvidarse de recopilar y documentar el abuso sufrido.

Traducido por Álvaro Queiruga

Conductores de autobuses durante una asamblea el miércoles 26 de abril para adherir a la huelga general convocada por nueve centrales sindicales para el viernes 28 en todo Brasil. El sector de transportes acordó paralizar autobuses, metros, aviones, trenes y puertos. Crédito: UGT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Apr 27 2017 (IPS)

La desfavorable coyuntura, con una prolongada recesión económica y un gobierno decidido a demoler fortificaciones laborales, empujó al sindicalismo de Brasil a un protagonismo político perdido en casi todo el mundo.

La huelga general de este viernes 28, por primera vez convocada por las nueve centrales sindicales juntas, le da cuerpo a la resistencia contra las reformas “neoliberales” promovidas por Michel Temer, vicepresidente elevado a la presidencia en mayo de 2016, cuando Dilma Rousseff salió del poder por un proceso de destitución que culminó en agosto.

“Vocea la insatisfacción de la sociedad en general, no solo de los trabajadores”, destacó José Dari Krein, profesor e investigador del Centro de Estudios Sindicales y Economía del Trabajo de la Universidad Estadal de Campinas.

La huelga amplia las protestas ocurridas en todo Brasil el 15 de marzo contra la reforma previsional y laboral, que “tuvieron poca repercusión, pero constituyeron la mayor movilización de trabajadores desde 1989, indicando una recuperación de fuerza sindical ante reformas absolutamente impopulares”, acotó a IPS.

Recientes encuestas registraron que entre 72 y 93 por ciento de los entrevistados en contra de medidas que retardan jubilaciones y reducen sus remuneraciones. Se trata de una enmienda constitucional que debe ser votada en la Cámara de Diputados en las próximas semanas y luego en el Senado.

La propuesta principal es fijar en 65 años para hombres y 62 años para las mujeres como edad mínima para la jubilación. Se suman restricciones a otros beneficios, como pensiones y jubilaciones especiales, como las de profesores y policías.

Es indispensable, según el sector gobernante y economistas en general, para evitar un déficit explosivo en el sistema previsional y el colapso de las finanzas públicas, ante el acelerado envejecimiento de la población brasileña.

Otro objeto de batalla es un proyecto de ley ordinaria, ya aprobada por los diputados el miércoles 26 de abril, que altera la legislación laboral con el objetivo general de reducir los costos del trabajo.

Las reglas están aún basadas mayormente en la Consolidación de las Leyes del Trabajo,  vigente desde 1943, y no son compatibles con la realidad actual, con tecnologías que modificaron profundamente las relaciones laborales, como las de la comunicación, arguyen en el gobierno y entre legisladores que aprobaron los cambios.

No se extingue ningún derecho, solo se está flexibilizando la aplicación de las leyes, de manera de fomentar la generación de empleos, reducir distorsiones y riesgos para los empleadores, ha sostenido el relator del proyecto en la Cámara de Diputados, Rogerio Marinho, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.

Pero la propuesta aprobada por 296 diputados y rechazada por 177, que ahora solo depende del respaldo de una mayoría de los 81 senadores, altera cerca de 200 disposiciones legales, desarticulando todo el sistema que rige las relaciones entre capital y trabajo.

Diputados de oposición protestan con pancartas en la sesión donde su cámara aprobó el proyecto de ley que altera la legislación laboral brasileña, priorizando negociaciones directas entre empleados y patrones, dificultando el acceso a la Justicia del Trabajo y las actividades sindicales. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Los acuerdos negociados entre patrones y empleados tendrán prevalencia sobre las leyes, excluyendo algunos derechos, como salario mínimo, vacaciones, aguinaldos y un fondo individual que se acumula con el tiempo de empleo.

Ese cambio fortalece la función sindical, defienden analistas, pero le quita a los trabajadores la protección legal, necesaria donde los sindicatos son débiles, como ocurre en la mayor parte del país.

Además las condiciones actuales de Brasil, en aguda recesión hace más de dos años y con 14,2 millones de desempleados según datos oficiales revelados este viernes 28, no favorecen el lado del trabajador en las negociaciones, y el futuro suena cada día menos favorable, con la desaparición de empleos formales y estables, especialmente en la industria.

“La reforma laboral desmantela la protección a los derechos, cambiando contratos, liberando la tercerización, el trabajo intermitente o temporal y dificultando el acceso a la Justicia del Trabajo”, protestó a IPS  la secretaria de Relaciones de Trabajo de la Central Única de Trabajadores (CUT), Maria das Graças Costa.

Recurrir a los tribunales podrá costar caro a los empleados, al tener que pagar los costos del proceso y de abogados, hasta ahora gratis.

Perdería sentido un aparato de 24 Tribunales Regionales del Trabajo, con cerca de 3.600 jueces, que reciben más de tres millones de demandas al año, casi todas de empleados o despedidos. Una exageración, pero a veces la única defensa de trabajadores ante el poder del capital.

Un golpe, mortal para muchos sindicatos, será el fin del llamado “impuesto sindical”. Esa contribución anual, equivalente a un día del salario, era hasta ahora obligatoria y pasará a ser voluntaria, si como se espera la ley es aprobada en el Senado. Se espera un bajón en sus ingresos.

Representan hoy cerca de 1.100 millones de dólares anuales cobrados a todos los asalariados, que financian a los 11.326 sindicatos de trabajadores y 5.186 gremios patronales existentes en Brasil, según datos del Ministerio del Trabajo.

Esa fuente alimenta la proliferación de sindicatos, muchos de los cuales se transforma en un puro negocio de supuestos líderes que se eternizan en su dirección sin esfuerzo por representar a sus afiliados.

La posición de la CUT es fundamental porque es  la mayor central sindical del país, con 3,9 millones de afiliados, equivalentes a 30,4 por ciento del total de trabajadores sindicalizados: 17,76 millones.

Esta Central siempre se opuso al impuesto, que reconoce ser un factor de estafas. Pero ante la posibilidad de quiebra generalizada, propone una contribución negociada, aprobada en asambleas de los sindicatos, es decir una decisión colectiva, no individual como establece la propuesta oficial, informó Costa.

“El movimiento sindical reconoce la necesidad de reformas laborales y previsionales, pero no esas que nacen de una visión neoliberal extremada”, señaló Clemente Ganz, director técnico del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos.

“Los conflictos aumentarán y serán más agresivos”, vaticinó, ante la “inmovilización de la Justicia del Trabajo y su reemplazo por protección de las empresas”, dijo a IPS.

La huelga general es parte de ese camino, con el resurgimiento del sindicalismo de combate, de grandes movilizaciones nacionales, que estuvieron ausentes en las últimas décadas.

“No hubo ataques a los derechos, sino un ambiente de protección al trabajo, con aumentos del salario mínimo, reconocimiento del trabajo doméstico, formalización de millones de empleos”, recordó Ganz para explicar la poca visibilidad de las actividades sindicales en los últimos 15 años.

Pero “el sindicalismo no estaba adormecido”, durante los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), entre 2003 y 2016, “hicimos la mayor campaña salarial del mundo, con varias marchas a Brasilia con más de 50.000 personas”, matizó Costa.

Los triunfos se concretaron en alza del salario mínimo, el programa de vivienda popular, apoyo a la agricultura familiar y empoderamiento de las mujeres. Se podía negociar con el gobierno, aclaró. “Ahora cambió, se quiere destruir una legislación consolidada en más de 70 años, sin negociar”, justificó.

En la década de 1990 fue al revés, “un período desfavorable”, con privatizaciones, muchos despidos y represión contra los trabajadores, provocando cierta desmovilización, recordó Krein.

Ahora con la desindustrialización precoz de Brasil, reducción y dispersión de los obreros industriales, aumento de empleos precarios y “flexibilizaciones” legales en desmedro de los trabajadores, el sindicalismo enfrenta graves desafíos.

Pero las amenazas le propiciaron una oportunidad de nuevo protagonismo y unificación.

La huelga es una manifestación no solo de sindicatos o trabajadores, sino de toda la sociedad en busca de soluciones colectivas, “de solidaridad y compañerismo”, y no individuales como proponen el gobierno y el parlamento, definió João Carlos Gonçalves, secretario general de Fuerza Sindical, segunda mayor central brasileña.

Editado por Estrella Gutiérrez

Crédito: OIT

Por Baher Kamal
ROMA, Apr 27 2017 (IPS)

Las transformaciones que se suceden en todo el mundo en el ámbito del trabajo están alterando la conexión entre el empleo, el desarrollo personal y la participación comunitaria. Se calcula que para 2030 se necesitarán más de 600 millones puestos laborales nuevos, solo para mantenerse a la par del crecimiento demográfico. 

Eso equivale a unos 40 millones de empleos por año. También existe la necesidad apremiante de mejorar las condiciones de 780 millones de mujeres y hombres que trabajan pero no ganan lo suficiente para salir de la pobreza de apenas dos dólares por día."Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en el mercado de trabajo cada año": Guy Ryder.

Sobre estos temas principales, que afectan principalmente al presente y al futuro de la juventud, y en particular a los grupos más vulnerables, como las mujeres, los migrantes, las comunidades rurales y los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea siete preguntas clave.

• ¿Cómo gestionarán las sociedades estos cambios?
• ¿Unirán o separarán a las economías industrializadas, emergentes y en desarrollo?
• ¿De dónde vendrán los empleos del mañana y cómo serán?
• ¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la juventud en su transición al mundo laboral?
• ¿Cuál es el camino para lograr un crecimiento inclusivo sostenible para las generaciones futuras?
• ¿Cuáles son las nuevas formas de la relación laboral y en qué medida esta seguirá recibiendo muchas de las protecciones que se otorgan actualmente a las trabajadoras y los trabajadores?
• ¿Qué iniciativas podrán revitalizar las normas e instituciones existentes o crear nuevas formas de regulación que puedan ayudar a enfrentar los retos actuales y futuros de la gobernabilidad?

Estas preguntas fueron prioritarias en el simposio El futuro del trabajo que queremos: Un diálogo global, organizado por la OIT en su sede en Ginebra los días 6 y 7 de este mes.

¿Por qué?

En todo el planeta, en economías en distintas etapas de desarrollo, se están produciendo cambios profundos en la naturaleza del trabajo, indica la OIT, y agrega que numerosos y diversos factores los explican, como el cambio demográfico y el climático, la innovación tecnológica, la variación en los patrones de prosperidad y pobreza, la creciente desigualdad, el estancamiento económico y el carácter cambiante de la producción y el empleo.

“Las transformaciones que presenciamos ahora nos desafían a imaginar el futuro del trabajo a largo plazo para dirigir esta evolución hacia la justicia social. La creciente ansiedad generalizada acerca de si el futuro producirá una mayor polarización dentro y entre los países trae urgencia a esta tarea”, destacó la OIT.

Reconociendo la urgente necesidad de comenzar a recabar la experiencia mundial para hacer que el futuro del trabajo sea el que queremos, la OIT presentó la Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo.

El simposio giró en torno a cuatro “conversaciones centenarias”: trabajo y sociedad, empleos dignos para todos, organización laboral y producción, y la gobernanza del trabajo. El evento reunió en Ginebra a pensadores y actores internacionales que están a la vanguardia de los debates sobre la temática.

Se dedicó un período extraordinario de sesiones a debatir las perspectivas y opiniones de los jóvenes, incluidos los representantes de los interlocutores sociales, en el futuro del trabajo que habrán de experimentar.

El crecimiento económico decepciona

“Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados ​​por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en el mercado de trabajo cada año”, declaró el director general de la OIT, Guy Ryder.

El crecimiento económico continúa decepcionando, tanto en los niveles como en el grado de inclusión, explicó. “Esto pinta un panorama preocupante para la economía global y su capacidad de generación de empleos suficientes. Y mucho más para trabajos de calidad”, agregó.

La “persistencia de niveles elevados de formas vulnerables de empleo combinadas con una clara falta de progreso en la calidad del empleo – incluso en los países donde las cifras globales están mejorando – son” alarmantes”, se quejó Ryder.

La publicación de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017 prevé que las formas vulnerables de empleo – es decir, los trabajadores familiares contribuyentes y los trabajadores por cuenta propia – se mantendrán por encima de 42 por ciento del empleo total, equivalente a 1.400 millones de personas.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores en los países emergentes tienen formas vulnerables de empleo, llegando a más de 80 por ciento del total en los países en desarrollo, señaló Steven Tobin, economista principal de la OIT y autor principal del informe.

En consecuencia, se prevé que el número de trabajadores con empleos vulnerables crezca en 11 millones por año, siendo el sur de Asia y África subsahariana las regiones más afectadas.

Mientras tanto, se prevé que la tasa global de desempleo aumente ligeramente de 5,7 a 5,8 por ciento este año, lo que equivale a 3,4 millones más de desempleados, según un nuevo informe de la OIT.

En 2017 habrá poco más de 201 millones de desempleados en todo el mundo, con un aumento adicional de 2,7 millones previstos para 2018, ya que el crecimiento de la fuerza de trabajo superará la creación de empleo.

El desempleo es serio en América Latina, el Caribe y África subsahariana

Los autores del informe advierten que los desafíos del desempleo son particularmente serios en América Latina y el Caribe, donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante efecto residual en 2017, así como en África subsahariana, que también pasa por su menor nivel crecimiento en más de dos décadas.

Por el contrario, el desempleo debería disminuir en 2017 entre los países industrializados, de 6,3 a 6,2 por ciento. Pero el ritmo de la mejora se está desacelerando y hay signos de desempleo estructural entre los países ricos.

Tanto en Europa como en América del Norte el desempleo de larga duración sigue siendo alto en comparación con los niveles previos a la crisis y, en el caso de Europa, sigue aumentando a pesar de las tasas de desempleo.

Otra tendencia clave que destaca el informe es que la reducción de la pobreza laboral está disminuyendo, lo que pone en peligro las perspectivas de erradicación de la pobreza, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Se prevé incluso que el número de trabajadores que ganan menos de 3,10 dólares por día aumente en más de cinco millones en los próximos dos años en los países en desarrollo.

Traducido por Álvaro Queiruga