Trabajadoras sexuales de la ciudad de Chennai, en India, muestran el uso del condón. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
CHENNAI, India, Jul 11 2017 (IPS)

En una habitación en penumbras, en un barrio de la capital de este sureño estado indio de Tamil Nadu, varias mujeres están sentadas alrededor de una mesa, rodeadas de cajas de Nirodh, la marca de condones más popular de India.

Vestidas con coloridos saris, anillos de pie y el punto rojo en la frente, nada indica su actividad. Lentamente, una de ellas abre una caja, saca un puñado de condones y un pene de madera. La habitación se llena de risas a medida que se lo pasan de una en una para colocarle un preservativo.

Es un raro momento de distensión para esas mujeres dedicadas a la difícil actividad del trabajo sexual, que cuidadosamente ocultan a sus familias.

Baby, solo conocida por su primer nombre, tiene unos 40 años y es la que más experiencia tiene en el uso del condón. Es una educadora que enseña a otras trabajadoras sexuales de Chennai a mantener relaciones sexuales seguras y a protegerse del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y de otras enfermedades de transmisión sexual.

Gracias a la continua capacitación y a la creación de conciencia, los preservativos forman parte de la vida de casi todas las 6.300 trabajadoras sexuales de esta ciudad, destacó Baby.

Pero su adecuada protección y salud sexual depende totalmente de la disposición de sus clientes a usar el condón.

“Hacemos lo mejor posible para que el cliente comprenda que es muy importante porque nos mantiene a ambos protegidos del VIH y de otras infecciones como la gonorrea. Pero es necesario convencerlo. La mayoría lo usa a regañadientes”, explicó.

Preservativos femeninos son un espejismo

India es uno de los mayores fabricantes y exportadores de condones del mundo. La compañía estatal Hindustan Latest Limited (HLL) produce más de 1.000 millones de preservativos al año, entre los que está Nirodh. De estos se entregan 650 millones al año sin costo en el marco de la campaña de sexo seguro. Pero los condones femeninos, no son gratuitos y es necesario pagarlos.

Los condones femeninos podrían ser una inmensa ayuda para las trabajadoras sexuales, pero son muy difíciles de conseguir por su elevado precio, explicó AJ Hariharan, fundador y director general de la Organización India de Bienestar Comunitario, con sede en Chennai, una de las mayores del país dedicada al bienestar de ese sector de población.

Los condones para hombres cuestan unas 25 rupias (unos 39 centavos de dólar), mientras que los de mujeres ascienden a 59 (91 centavos de dólar) o más, una suma excesiva para la mayoría de las trabajadoras sexuales que suelen ganar entre 200 y 500 rupias (entre 3,10 y 7,75 dólares) al día, que destinan a la manutención de sus familias.

“Al precio actual, el condón femenino es un lujo fuera del alcance de las mujeres pobres. Nunca podrán usarlo, una lástima porque el promedio de las trabajadoras sexuales realmente lo necesitan”, se lamentó Hariharan.

La razón de la “gran necesidad” es económico y de empoderamiento, explicó. Lleva un tiempo explicarle al cliente por qué debe usar condón y luego ayudarlo a usarlo. Tras lo cual, el duo debe esperar a que el hombre vuelva a tener una erección.

Con el condón femenino, todo es más rápido, ella ahorra tiempo y energía y lo atiende rápido. Para aquellas que alquilan un lugar, es fundamental, pues pueden tener múltiples clientes en pocas horas y pagar menos alquiler.

Organizaciones como la suya le pidieron a las autoridades que suministraran los condones femeninos de forma gratuita, pero todavía no han recibido nada. “Es una de las mayores necesidades insatisfechas a la que hay que prestarle atención”, subrayó.

A pesar de imposibilidad de pagar los preservativos femeninos, las trabajadoras sexuales tienen más suerte que otros sectores marginados, pues tienen acceso regular a los servicios de salud sexual y reproductiva.

“Hay ocho hospitales en la ciudad donde pueden hacerse revisiones médicas regulares, que incluyen análisis de VIH y de ITS (infecciones de transmisión sexual) y les dan condones”, indicó Vasanthi, una de las trabajadoras sexuales.

Salud sexual para personas transgénero

Pero para las personas transgénero, unas 450.000, hasta las revisiones médicas regulares son un problema.

“Una de las mayores dificultades es encontrar un médico que pueda y esté dispuesto a comprender nuestros problemas”, relató Axom, un transexual de 26 años.

“En cuanto ingresas a un hospital o a una clínica privada, el médico comenzará a juzgarte y a reprocharte por tu elección sexual, en vez de asesorarte sobre qué hacer. Siempre empieza con ‘¿por qué elegiste ser así?’ Después de eso, obviamente nunca vuelves a sentir ganas de abrirte acerca a tus problemas de salud”, se lamentó.

Además de la persecución moral, las personas transgénero tienen que hacer frente a la ardua batalla de pagar el elevado costo de la atención médica, como el tratamiento hormonal.

Axom recibe tratamiento hormonal y espera la cirugía de reasignación de sexo, los procedimientos quirúrgicos que le permitirán tener un pene ortopédico, que asciende a más de 10.000 dólares.

Gracias a su empleo en una de las mayores empresas de comercio electrónico del mundo, puede pagar esa suma, pero para la mayoría, esa alternativa es una quimera.

“En nuestra comunidad, más de 90 por ciento de las personas viven mendigando”, recordó. “¿Cómo van pagarse esos tratamientos?”, preguntó.

Planificación familiar, compromisos y brechas

En 2012, India se integró a Planificación Familiar 2020 (FP2020), una asociación mundial para cumplir el tres y el cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.

Este país se comprometió a invertir 2.000 millones de dólares en ocho años para reducir las necesidades insatisfechas y atender “la igualdad para que las poblaciones más pobres y vulnerables tengan un mayor acceso a suministros y servicios de calidad”.

El 11 de este mes, representantes de los países del FP2020 participaron en una cumbre en Londres para informar y analizar los avances en los compromisos asumidos hace cuatro años.

Para India es una buena oportunidad de decirle al mundo qué hizo y renovar su compromiso de alcanzar los objetivos, destacó Lester Coutinho, subdirector de planificación familiar de la Fundación Bill & Melinda Gates.

“Los gobiernos, incluido el de India, responden a las brechas que quedaron en los compromisos. Jóvenes y adolescentes son una de las áreas, la cadena de suministro es otra y fondos para comprar productos básicos es la tercera y asesorar e informar a las mujeres y jóvenes es otra más”, detalló.

“Hay soluciones tangibles en estas áreas que los gobiernos pueden adoptar”, subrayó.

Mientras, en Chennai, hombres y mujeres transexuales como Axom esperan que el gobierno subsidie algún día la cirugía de reasignación de sexo y el tratamiento hormonal.

“La Corte Suprema de India reconoció a las personas transgénero como un tercer género en 2014, así que ahora tenemos los mismos derechos y prestaciones que cualquier otro ciudadano”, recordó Axom.

“Si el gobierno otorga cirugías gratuitas en casos de enfermedades con riesgo de vida, ¿por qué no podemos esperar que nos subsidie tratamientos que podrían eliminar amenazas a nuestra identidad y restablecer cierta normalidad en nuestras vidas?”, acotó.

Traducido por Verónica Firme

Águeda Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 7 2017 (IPS)

La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.

Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su humilde casa a medio construir.

Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados, gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la provincia central de Villa Clara.

Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de edad.

Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones de habitantes.

Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en 2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el derecho familiar cubano a la tendencia mundial.

“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65 años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y cuidado luego de la separación.

“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil. Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y salas de familia, en las provincias.

Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela, que lo recibe con caricias y besos.

“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los trámites para el caso”, recordó Vidal.

“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la madre del niño”, recordó la abuela.

La jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150 jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.

Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las familias cubanas.

“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.

Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta tradicional de los jueces”, detalló.

El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el Tribunal Supremo Popular (TSP).

Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de alimentos”, explicó Rodríguez.

En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de adopción, 747 tutelas y  1.878 matrimonios formalizados.

“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.

Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba. Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”, especificó.

Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales.

La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.

Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.

También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos, entre otros.

“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con sede en La Habana Vieja.

“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35  de carrera profesional.

A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba, que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.

Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se prefieren para la escucha de menores.

Editado por Estrella Gutiérrez

El ciberespacio es un ámbito creciente de la violencia machista contra las mujeres. Crédito:Yixin Cen

Por Celia Guerrero
MÉXICO, Jun 13 2017 (IPS)

Eréndira Derbez e Israel Espinosa publicaron, en abril de 2017, el artículo “Bocafloja: El privilegio del marcho progre”, en el que analizaron la respuesta misógina del rapero Bocafloja a una colaboradora durante un acto público. La publicación desató una polémica en el círculo del hip hop latinoamericano sobre machismo, racismo y clasismo, pero también una serie de comentarios en redes sociales de quienes defendieron al rapero y atacaron a uno de los autores del artículo.

Lo curioso, dice Eréndira, fue que los mensajes de desprestigio, violentos, iban dirigidos solo a ella. “Fueron insultos en donde las ideas del texto fueron desestimadas por el hecho de que era mujer. Utilizaron el argumento de que yo no entendía nada del tema porque era una mujer blanca. Usaron el discurso del racismo para validar el machismo”, comenta.

Días después de la publicación, Eréndira se desconectó de redes sociales, cansada de bloquear a usuarios que a diario le enviaban insultos y mensajes violentos.

“Yo nunca aparecí en ningún tipo de reclamo, a mí no me nombraron nunca, todo era hacia Eréndira. Y creo que se volvió más violento porque ella se identifica abiertamente como feminista. Se vuelve más violento cuando se trata de una mujer con postura política”, opina Israel, coautor del artículo.

“Menstruadora” fue el nombre que Luisa Velazquez dio a la cuenta en Twitter con la que, en 2011, utilizó internet para ampliar su activismo lesbofeminista. Pero desde que emitió sus primeros mensajes comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios que se decían “agredidos” por sus publicaciones.

Las amenazas contra ella y sus compañeras del colectivo “Lesboterroristas” aumentaron en mayo de 2015, y obligaron a Luisa a cerrar sus cuentas de redes sociales.

“En los comentarios hablaban de violarme, matarme y colgarme, o primero matarme y luego violarme y luego colgarme, o violarme colgada y al final matarme”, cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet.

Sin embargo, cuando conocidos suyos la amenazaron con publicar su domicilio si no paraba el activismo, decidió alejarse del espacio virtual para cuidarse física y emocionalmente.

Luisa y el colectivo “Lesboterroristas” señalaron el hostigamiento como un acto de lesbofobia y la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un “debilitamiento del libre debate y difusión de información de los derechos de las mujeres”.

“Lo normalizamos. Es una de esas violencias que toleramos y no deberíamos”, dice Luisa sobre las agresiones virtuales que la llevaron a abandonar Internet.

Las amenazas virtuales llevaron a Luisa a cerrar las cuentas de “Menstruadora”, abandonando su activismo en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Los efectos
Hay una mujer en el piso, acostada sobre un trozo de papel, y otras tres mujeres pintan con plumones su silueta. “En el estómago, yo siempre siento todo en el estómago”, comienza diciendo una de ellas y dibuja una espiral a la altura del vientre del cuerpo delineado sobre el papel. “A mí me dan calambres en los pies”, añade otra y pinta un rayo en una de las extremidades del dibujo. “¿No les sudan las manos?”, pregunta alguien más. “Sí, a veces. Y el dolor de cabeza y de espalda, bueno, ese es permanente”.

Es una de las actividades del encuentro “Construyamos una Internet Feminista”, en el que activistas de diferentes estados de México, que han enfrentado agresiones virtuales, realizan el ejercicio de plasmar en un dibujo los impactos de esa violencia sobre sus cuerpos.

Una de las organizadoras explica por qué es necesario el feminismo en el espacio virtual. “Pensamos que la violencia en Internet no es violencia. ‘Como es virtual no es real’, nos dicen. Pero todas sabemos que no es así, todas sabemos cuáles son sus efectos”.

En 2006 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) inició la campaña “¡Dominemos la Tecnología!” para visibilizar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la violencia contra las mujeres.

“Dentro de los círculos feministas, cuando comenzamos a investigar sobre violencia en línea, nos dijeron: no es importante, son unas excesivas, no tiene nada que ver con la violencia real, no entienden que están matando mujeres, de verdad cállense, las feministas tenemos trabajo más importante que hacer”, cuenta Erika Smith, miembro de la APC en México.

“Y nosotras dijimos: es todo parte de la misma estructura, conforme vamos apropiándonos más de internet, e internet va ganando más espacio en nuestras vidas, esto va a crecer y ser más y más relevante, tenemos que prestar atención”.

En 2012, la APC comenzó a documentar en un mapa en línea hechos de violencia contra mujeres relacionados con la tecnología. Su objetivo era demostrar que este se trata de un problema sistemático y serio.

Lo primero que descubrieron fue que —al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios— no se trata de un “problema de primer mundo”. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico, en Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.

Otros hallazgos fueron: las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales, y en  41 por ciento de los casos el abuso es cometido por una persona conocida. “La violencia en Internet refleja totalmente la violencia que conocemos. Es parte de una estructura y, por supuesto, es ejercida por gente cercana a nosotras”, explica Smith.

Según el diagnóstico de la APC, Facebook y los teléfonos celulares son las plataformas más denunciadas.

La mitad de los casos documentados fueron denunciados ante alguna autoridad, sin embargo, seis de cada 10 denuncias no fueron registradas formalmente porque consideraron que no existió violencia o delito.

“Las mujeres van y buscan sus medios tradicionales de justicia y les están fallando de manera tremenda. Lo interesante es por qué”, opina Smith. Luego menciona algunas de las respuestas de las autoridades: “No es violencia real. Regresa cuando te violen. Regresa cuando de verdad te hagan algo. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Es una amenaza en Twitter o ¿Qué es Twitter? No entiendo”.

Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que, de un universo de más de 1.000 denuncias entre 2012 y 2014, 11 por ciento de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física.

“A nivel estadística a lo mejor no es tan alto, pero en América Latina esa violencia física es feminicidio”, alerta Smith.

El daño emocional que la violencia en línea ocasiona a las mujeres es el más notorio y el que tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana. Lo que la APC determinó con el análisis fue que “las sobrevivientes sufren de depresión, miedo y ansiedad, casi en todos los casos”, impidiendo la participación amplia de las mujeres dentro y fuera del espacio virtual.

En el encuentro “Construyamos una Internet Feminista” activistas feministas discutieron sobre los efectos emocionales y físicos de la violencia virtual. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

El cuerpo: la delgada línea

Un torbellino de mujeres se abalanza sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología: difamación; censura de contenido (como imágenes con pezones femeninos); vigilancia; difusión de contenido íntimo sin consentimiento; robo de identidad y “hackeo” de cuentas de redes sociales, correos electrónicos y sitios web.

La lista incluye acoso; “doxeo” (documentación y publicación de todo tipo de información que exista en Internet sobre una persona); violencia sexual, y amenazas de violación y muerte.

“Hay violencias que son delito y hay violencias que no lo son. Lo importante es considerar que todas tienen su impacto”, dice Erika de la APC.

Aunque en este momento se enfocan en los tipos de violencia en línea, también consideran que no se trata de una nueva clase de violencia ni de un abuso que esté separado de los que suceden en el “mundo real”. En realidad, opinan, hay una delgada línea que no separa, sino une la realidad a lo que sucede en el mundo virtual.

“La violencia se está ejerciendo a través de nuestros cuerpos en todos los espacios y el sistema patriarcal está en todos lados, no perdona ni un espacio”, opina Liliana Zaragoza (Lili_Anaz), cofundadora del Laboratorio de Interconectividades, una iniciativa que promueve la autodefensa hackfeminista.

De igual forma, la APC considera en que la violencia en línea contra las mujeres está conectada a la violencia “offline” o del “mundo real”. “Las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea y en diferentes plataformas digitales”, explican en Cultivando la violencia a través de la tecnología.

En Internet y dominación. Hacia una sociología de la nueva espacialidad, Mariana Celorio, académica e investigadora sobre los espacios virtuales y la dominación en internet, también habla de una dinámica en el ciberespacio semejante a la del espacio público.

En ambos “se propicia la interacción, la exclusión y la segregación social entre quienes pertenecen y no a él, entre quienes lo usan, lo viven, lo administran y gestionan; es sede de formas plurales de expresión ciudadana y de maneras distintas de apropiación colectiva que muchas veces pueden ser antagónicas, contradictorias, hasta llegar a la violencia”, señala Celorio.

“¿Sabemos que implica Internet? ¿Qué es territorio? o ¿De dónde a dónde abarca cuando hablamos de cuerpo? Esas son las preguntas, pero lo que sí sabemos todas es cómo se siente un cuerpo violentado todos los días” , dice Liliana Zaragoza para explicar las planteamientos que abordan en los talleres de autodefensa hackfeminista.

La violencia relacionada con la tecnología va desde la vigilancia, el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hasta las amenazas de muerte. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Un arma de doble filo

En un tendedero cada participante del evento “Construyamos una Internet Feminista” cuelga una hoja en donde relata una experiencia positiva vivida gracias a Internet, y en otra exponen una vivencia negativa y cómo las hizo sentir cada una.

La mayoría coinciden con que Internet —y en general el uso de las TIC— las ha ayudado a difundir y crecer su activismo, aunque también les ha traído consecuencias violentas.

Un miembro de un colectivo feminista de la ciudad de Guadalajara comenta que les permitió llevar a cabo proyectos sin recursos. Otras activistas de los estados de Michoacán, Guerrero, Yucatán, parecen estar de acuerdo con que las redes sociales potenciaron la difusión de sus causas. Sin embargo, también consideran su actividad en el ciberespacio como un arma de doble filo.

“A nosotras, en general, el ciberactivismo nos ha traído muchas experiencias terroríficas. No podemos obviar que en México existe una violencia de Estado contra quienes se organizan para exigir sus derechos”, comenta una activista de Ciudad de México.

Un ejemplo reciente es la historia de acoso callejero y en línea a Tamara de Anda, columnista del periódico El Universal. La periodista publicó en redes sociales que realizó una denuncia en contra de un chofer de taxi de Ciudad de México que le gritó guapa en la vía pública.

El resultado fue una sanción administrativa para el taxista y una cascada de agresiones por parte de usuarios de internet que comenzaron a acosar a la denunciante. Los mensajes de odio que recibió De Anda iban desde la desacreditación de su denuncia, hasta amenazas de muerte y violación.

“Hoy (la violencia en línea contra las mujeres) es más visible por los recientes ataques a periodistas. Pero, desde antes, muchas ya la vivían”, comenta Lulú Barrera, integrante de Luchadoras, un colectivo feminista.

A pesar de que Luchadoras nació y creció en redes sociales, Lulú cuenta que son cada vez más las activistas feministas que prefieren salir de plataformas como Facebook que, por ejemplo, no permiten imágenes de pezones femeninos, pero sí hordas de usuarios que promueven la misoginia y discursos de odio. “Para mí, estar en Facebook es como vivir en la casa del agresor”, dice.

La plataforma más denunciada por activistas, por ser en la que más agresiones en contra de mujeres suceden, fue Facebook. Esto, en parte, porque es la red social que más usuarios tiene en México, reflexiona Erika Smith de la APC.

Para activistas feministas, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Autoridades y plataformas

Para el segundo trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) contabilizó 62,4 millones de usuarios de Internet en México (57 por ciento de la población), y de cada 100 usuarios, 49 son mujeres.

Por su parte, en 2016 Facebook reportó 61 millones de usuarios en el país, de los cuales 41 millones utilizan la plataforma diariamente, convirtiéndola en la red social de mayor penetración en México, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.

Concientizar a autoridades y dueños de plataformas sobre la violencia contra de mujeres relacionada con la tecnología es un trabajo que la APC ha realizado desde que comenzaron la campaña “¡Dominemos la tecnología!”.

A nivel internacional, este también ha sido tema de debate. Recientemente, la policía de Chicago comenzó la búsqueda de cinco hombres que violaron en grupo a una adolescente de 15 años y transmitieron la agresión en Facebook Live.

La violación fue visualizada en vivo por al menos 40 personas y ninguna de ellas lo denunció ni a la policía ni a Facebook, dado que un día después de la transmisión la red social no había retirado el contenido y el video seguía público.

“Una de las exigencias a Facebook ha sido que sean específicos en sus condiciones en caso de violencia de género, cosa que no han querido hacer”, dice Smith.

Para este reportaje se buscó a la oficina de Facebook México para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

En el caso de iniciativas de sociedad civil e instituciones en México, en agosto de 2014 inició una campaña contra el “cyberbullying (ciberacoso”, promovida por legisladores, académicos y empresarios. La iniciativa, dirigida a adolescentes y niños, buscaba concientizar sobre “conductas perniciosas” en Internet.

En julio de 2016 comenzó otra campaña contra el llamado “sexting”, el intercambio consensuado de textos, audios, imágenes o videos eróticos. Sin embargo, la primera campaña considera el ciberacoso un problema de “adolecentes con poca supervisión”, mientras que la otra fue criticada por activistas y organizaciones por estigmatizar la práctica e intentar combatirla desde una postura moralista.

Para la comunicóloga Lisseth Pérez Manríquez el problema radica en que no se piensa en internet como un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de trabajo.

Erika Smith cree que lo que se requiere es sensibilización y no la coacción o sobrevigilancia. Pero las estrategias apuntan hacia el lado contrario. “Lo que quieren controlar internet, no la práctica y el comportamiento negativo o violento”, opina.

De acuerdo con el análisis de la APC, en México la violencia relacionada con el uso de las TIC no es considerada en la legislación.

Al respecto, las comunicólogas Florencia Goldsman y Graciela Natansohn señalan que es un error creer que la violencia contra mujeres en ambientes digitales es una nueva forma de violencia y por tanto se necesitan nuevas leyes específicas al tema.

“Se trata de la misma violencia histórica patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios”, argumentan en el documento Violencia contra las mujeres en red, vigilancia y el derecho a la privacidad.

La APC coincide con ellas pues ya existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo que es necesario, apuntan, es que estas leyes contemplen la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

Los casos de amenazas virtuales y mensajes intimatorios virtuales incrementan todos los días, pero el sistema de justicia mexicano no está preparado para atenderlos. Crédito: Redes Sociales

Internet feminista

Ante un panorama violento y complejo, la APC reunió en 2014 a activistas feministas, defensoras de los derechos en internet y la tecnología y redactaron los “Principios feministas para internet”, vaciados en un documento que está en permanente construcción.

“Para mí son provocaciones. Aprovechar Facebook para nuestro beneficio es hermoso, aunque haya vulnerabilidades asociadas. No necesariamente el foco del feminismo —cuando hablamos de Internet— debe ser la violencia. Rechazamos esto, porque no podemos reducir género a violencia”, dice Erika Smith.

“Por eso hablamos de internet feminista, porque nuestro espacio no puede ser solo de denuncia e indignación. Lo que queremos es apertura, tenemos que asegurarla”.

Es lo que también promueven iniciativas como el Laboratorio de Interconectividades: una visión amplia del espacio virtual, más allá de las redes sociales en donde se desarrolla la violencia.

“Cuando hablamos de violencia en línea contra las mujeres y hablamos de Twitter y Facebook, lo que queremos mostrar es que internet va más allá de estas plataformas. Si no toda nuestra energía se nos va a ir en buscar respuestas para cuidarnos en plataformas que de por sí nunca se preocuparon por nosotras, que más bien nos ven como potenciales clientes”, advierte Liliana Zaragoza.

Cuando Luisa comenzó a recibir amenazas de muerte y violación a través de sus redes sociales y decidió suspender las cuentas de Menstruadora, desde donde practicaba su activismo, algunas organizaciones sociales se acercaron a ella para apoyarla, pero ninguna tenía claridad de qué hacer. Mientras, lo máximo que las autoridades podían lograr era identificar a sus agresores, pero ella ya los conocía.

Ahora, dos años después de la experiencia, Luisa dice que tuvo que “despersonalizarse en Internet”. Sigue practicando su activismo y ha reactivado sus redes sociales poco a poco.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

La consolidación de los derechos de tenencia de las mujeres sobre la tierra genera diversos resultados positivos para ellas y sus familias, incluida la capacidad de resistencia a los choques climáticos, la productividad económica, la seguridad alimentaria, la salud y la educación. En la imagen, una mujer tribal trabaja junto a su esposo plantando arroz en la provincia de Rayagada, India. Crédito: Manipadma Jena / IPS

Por Manipadma Jena
NUEVA DELHI, Jun 13 2017 (IPS)

Las tres mayores tribus de Megalaya, un punto fuerte de la biodiversidad del noreste de India, son matrilineales. Los descendientes toman el apellido de la madre, mientras que las hijas heredan las tierras de la familia.

Como las mujeres son las propietarias de las tierras y siempre han decidido qué se cultiva en ellas y qué se conserva, el estado no solo tiene un sólido sistema de alimentos resistentes al clima, sino también algunas de las plantas comestibles y medicinales más escasas."Las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales aun no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios": Stephanie Keene.

Mientras que su antigua cultura les da poder a las mujeres indígenas de Megalaya, ya que la propiedad de la tierra mejora enormemente su resistencia a los choques alimentarios que provoca el cambio climático, a la abrumadora mayoría de las mujeres en el Sur en desarrollo la sociedad no les permite ni siquiera tener voz en la gestión de la familia o la comunidad.

Ni siquiera las leyes nacionales apoyan sus derechos a la propiedad de la misma tierra que siembran y cosechan para alimentar a sus familias.

Según un nuevo informe de la organización no gubernamental Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI, en inglés), las protecciones legales para que las mujeres indígenas y rurales posean y administren propiedades privadas son insuficientes o inexistentes en 30 países de ingresos bajos y medios.

Esta conclusión significa que gran parte de los recientes avances que las comunidades indígenas y locales consiguieron en relación con la conquista del reconocimiento legal de su territorio comunitario podrían tener una base inestable.

“En términos generales, las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales aun no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios”, señaló Stephanie Keene, de RRI, una coalición internacional con sede en Estados Unidos.

En conjunto, estos 30 países albergan 75 por ciento de los bosques del mundo en desarrollo, que siguen siendo esenciales para mitigar el calentamiento global y los desastres naturales, incluidas las sequías y la degradación de las tierras.

En Asia meridional la migración por necesidad debido a los fenómenos climáticos – en, particular, a las sequías – es alta, ya que más de 75 por ciento de la población depende de la agricultura, y de esa proporción más de la mitad son agricultores de subsistencia que dependen de las lluvias para el riego.

“En muchos pueblos indígenas son las mujeres las productoras de alimentos y quienes administran las tierras y bosques consuetudinarios. La salvaguardia de sus derechos consolidará los derechos de sus comunidades a poseer colectivamente las tierras y bosques que han protegido y de los cuales dependen desde hace generaciones”, afirmó Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La desertificación, una crisis silenciosa e invisible, amenaza a un tercio de la superficie mundial. Esta imagen de 2013 registra el intento de volver fértil partes del desierto de Kubuqi, en China. Crédito: Manipadma Jena / IPS

“Las comunidades indígenas y locales de los 10 países asiáticos analizados brindan el reconocimiento más consistente de los derechos de herencia de las mujeres a nivel comunitario. Sin embargo, esto… no se observa en India o Nepal, donde la insuficiencia de leyes sobre herencia y resolución de disputas a nivel comunitario hacen que los derechos forestales de las mujeres sean particularmente vulnerables”, explicó Keene a IPS acerca del estudio de RRI.

“Ninguno de los cinco marcos legales analizados en Nepal trata la herencia o la resolución de disputas a nivel comunitario. Aunque la ley sobre derechos forestales de India reconoce la herencia de tribus… y otros habitantes tradicionales de los bosques, no se reconocen expresamente los derechos específicos de las mujeres a la herencia o a la resolución de disputas a nivel comunitario”, añadió.

“La herencia en India puede estar regulada por leyes civiles, religiosas o personales, algunas de las cuales no garantizan expresamente derechos de herencia equitativos para esposas e hijas “, expresó Keene.

Madhu Sarin, que participó en la redacción de la Ley sobre Derechos Forestales de India y ahora impulsa su implementación, habló con IPS sobre la situación en Asia meridional.

“Donde los gobiernos han ratificado los derechos internacionales, en principio aceptan que las leyes nacionales sean compatibles con ellos. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre estos compromisos y su traducción en la práctica. En primer lugar, la mayoría de los gobiernos no tienen mecanismos ni requisitos vinculantes para garantizar dicha compatibilidad”, comentó.

“Además, las beneficiarias previstas de las leyes de género permanecen desorganizadas y no tienen conocimiento de ellas”, dijo.

Los derechos de las mujeres sobre la tierra, las sequías recurrentes y la desertificación progresiva

Según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), una manera de enfrentar las sequías – que causan más muertes y más desplazamientos que cualquier otro desastre natural – y detener la desertificación – la silenciosa e invisible crisis que amenaza a un tercio de la superficie terrestre – es aplicar urgentes reformas legales que apliquen la paridad de género en la propiedad y la gestión agrícola y forestal.

“Las mujeres rurales pobres en los países en desarrollo son fundamentales para la supervivencia de sus familias. La tierra fértil es su salvavidas. Pero el número de personas afectadas negativamente por la degradación de la tierra crece rápidamente”, declaró Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la UNCCD, en su estudio de 2017.

“El fracaso de los cultivos, la escasez de agua y la migración de los cultivos tradicionales perjudican a los medios de subsistencia rurales. La acción para detener la pérdida de tierras más fértiles debe centrarse en los hogares. En este nivel, el uso de la tierra se basa en los roles asignados a hombres y mujeres. Aquí es donde la marea puede comenzar a cambiar”, aseguró.

La reducción de la brecha de género en la agricultura por sí solo aumentaría el rendimiento de las granjas de mujeres de 20 a 30 por ciento y la producción agrícola total en los países del Sur en desarrollo de 2,5 a 4 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Traducido por Álvaro Queiruga

Jóvenes con distintos carteles contra la violencia hacia las mujeres, durante la multitudinaria concentración bajo el lema “Ni una menos” del 3 de junio, en la capital de Argentina. Crédito: Ana Currarino/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 9 2017 (IPS)

En enero de 2008, Rosana Galliano fue asesinada a balazos por encargo en Exaltación de la Cruz, un municipio rural a 80 kilómetros de la capital de Argentina. Quien ordenó su muerte fue su exmarido, José Arce, condenado por la justicia  a prisión perpetua.

Nueve años después, Arce goza del beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud y vive con los  hijos de la pareja, dos varones que hoy tienen 13 y 12 años.

Organizaciones de mujeres sostienen que hay decenas de situaciones parecidas en Argentina, cuya sociedad se ha mostrado particularmente sensibilizada en los últimos años por casos de violencia de género. “En la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”: Mabel Bianco.

La respuesta fue salir a las calles: desde 2015, una extraordinaria movilización social que se mantiene hasta hoy ha instalado el tema en la agenda pública y ha obligado a los políticos a ocuparse del fenómeno de las altas cifras de feminicidios o femicidios, como se tipifica a los asesinatos de mujeres por razón de su género.

Así, el caso de los hijos de Rosana Galliano fue el principal disparador de una ley sancionada el 31 de mayo por el legislativo Congreso de la Nación, que priva de la responsabilidad parental a quien sea condenado como autor, instigador o cómplice del asesinato de de la madre/padre de sus hijos.

El mismo castigo se le aplica, dice la ley, al responsable de lesiones graves contra el otro progenitor o contra los hijos/hijas y de delitos sexuales contra estos últimos.

“Hemos recibido consultas por una cantidad de casos similares al de los hijos de Rosana Galliano, que no llegan a los medios de comunicación porque las familias de las mujeres asesinadas no quieren hacerlos públicos”, dijo Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización con sede en Buenos Aires que combate la violencia, el abuso y la discriminación hacia las mujeres.

“Nosotras presentamos en 2014 un proyecto orientado a privar a los femicidas de responsabilidad parental, se discutió junto otros siete similares y se alcanzó un consenso. Es una norma que seguramente va a ser copiada por otros países”, añadió en diálogo con IPS.

La Casa del Encuentro comenzó en 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, a recopilar la información publicada por los medios de comunicación sobre muertes violentas de mujeres por razones de género en este país sudamericano  con una población cercana a los 44 millones de personas.

Se trata de lo que, ese mismo año, fue definido como femicidio, durante una reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, el instrumento interamericano sancionado en 1994 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Manifestantes marchan por la Avenida de Mayo en Buenos Aires, detrás de una gran pancarta que reza “Estudiantes por ni una menos” durante una multitudinaria concentración contra la violencia machista en la capital argentina, el 3 de junio. Crédito: Ana Currarino/IPS

El Congreso argentino se puso en sintonía en 2012, cuando impuso la pena de reclusión perpetua a quien mate “a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Hasta entonces, un hecho de esas características encajaba dentro de la definición de homicidio simple, penado con un máximo de 25 años de prisión.

Sin embargo, esta novedad no sirvió para que disminuyera la violencia contra las mujeres en el país. Las estadísticas de la Casa del Encuentro demuestran que los femicidios se han mantenido medianamente estables en un muy alto nivel: 255 en 2012, 295 en 2013, 277 en 2014, 286 en 2015 y 290 el año pasado.

Entre los cientos de casos, hubo uno que alteró por completo la vida de una comunidad del interior del país y terminó por sacudir al país. Chiara Páez, una adolescente de 14 años, desapareció un domingo de mayo de 2015 en Rufino, provincia de Santa Fe.

Buena parte de los 20.000 habitantes de la localidad salieron a buscarla, pero finalmente la policía la encontró enterrada en la casa de los abuelos de su novio, un chico de 16 años que confesó que la había matado a golpes. La autopsia reveló que Chiara estaba embarazada y que había tomado una medicación para abortar.

Unos días más tarde, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país para exigir un freno a la violencia machista. “Ni una menos” fue la consigna ideada por un grupo de activistas feministas y periodistas, que  buena parte de la sociedad argentina hizo suya de inmediato.

Desde entonces, la marcha de “Ni una menos” se realiza anualmente, con convocatorias multitudinarias y su última edición fue el 3 de junio. Mujeres y hombres coparon la emblemática Avenida de Mayo –que une el Congreso Nacional y la Casa de Gobierno, en Buenos Aires- y una de las oradoras centrales fue Nora Cortiñas, prestigiosa dirigente de la organización humanitaria de Madres de Plaza de Mayo.

En el documento de la movilización se advirtió que muchas mujeres son asesinadas a pesar de haber denunciado ser víctimas de violencia y se señaló que, por eso, “el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida”.

“Ni una menos”, el lema que los y las manifestantes enarbolaron por Buenos Aires durante la concentración contra la violencia de género, el 3 de junio de este año. Crédito: Ana Currarino/IPS

Además, se reclamó el cese de la discriminación a las mujeres en el ámbito laboral y se exigió la despenalización del aborto, de manera que éste sea “libre, legal, seguro y gratuito”.

“La violencia contra las mujeres no va a disminuir rápidamente porque está vinculada principalmente a factores culturales muy marcados en la sociedad, como el mayor valor del hombre en todos los ámbitos”, dijo a IPS la médica Mabel Bianco, presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.  

“Además aún falta las respuestas gubernamentales. Se debe diseñar un protocolo que unifique las conductas a seguir en todo el país ante las denuncias de violencia de género”, explicó.

Actualmente, detalló la especialista, “en la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”.

Entre los resultados de la movilización social se incluye que, en 2015, finalmente el Estado comenzó a realizar estadísticas de femicidios. Están a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a fines de mayo presentó sus números correspondientes a 2016: fueron asesinadas por razones de género 254 mujeres, 19 más que el año anterior.

En el informe de este año la Corte discriminó por primera vez entre “mujeres biológicamente femeninas” y travestis, un colectivo en el que se registraron cinco asesinatos por cuestiones de género el año pasado.

El Congreso, por su lado, no se quedó solo en la ley de responsabilidad parental. El mismo día en que esta fue aprobada, se le dio media sanción en el Senado a otras dos normas vinculadas con la violencia de género.

Una de ellas establece una ayuda económica estatal para las mujeres que, por falta de recursos, no puedan alejarse del agresor. La otra instrumenta un subsidio para las familias que críen a los niños cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios. Los dos proyectos deben ser debatidos ahora en la Cámara de Diputados para convertirse en leyes.

Editado por Estrella Gutiérrez

Se prevé que la asamblea legislativa de Nueva York aprobará un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Crédito: George Gao / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 9 2017 (IPS)

El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.

“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos."El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que padece una niña en República Centroafricana": Heather Barr.

Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.

El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40.000 menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.

La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.

Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.

“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.

“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.

El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan ​​antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.

Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.

Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.

“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.

Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.

“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.

En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.

“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.

En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.

En mayo, el congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.

El senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.

No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.

“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.

En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.

En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.

Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión.

“No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.

La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.

“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.

En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de derechos humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”.

“Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.

Según Niñas, No Novias, cada año 1,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá 1.200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.

Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Traducido por Álvaro Queiruga

El Programa Mundial de Alimentos apoyó a 95.000 personas en Zimbabwe en 2016 mediante la recuperación o creación de activos comunitarios, como los sistemas de recolección de agua. Crédito: PMA.

Por Sally Nyakanyanga
HARARE, Jun 7 2017 (IPS)

“¿Quiere tomates o boniatos (batatas)? ¿Cuánto tiene?”. Los gritos de las vendedoras se oyen desde lejos a medida que uno se aproxima a Domboshawa, una localidad 30 kilómetros al noreste de la capital de Zimbabwe, Harare.

Decenas de mujeres y niños que cargan con verduras, bolsas de boniatos y recipientes llenos de productos agrícolas gritan por encima del estruendo de los vehículos en movimiento, con el fin de vender sus productos a cambio de una reducida ganancia."Los hogares y las comunidades se han comprometido a promover prácticas no opresivas, que reconocen la importancia de compartir roles": Ali Said Yesuf.

Tsitsi Machingauta, de 32 años y propietaria de una granja de dos hectáreas en la zona, se queja de los numerosos problemas que padecen los pequeños agricultores, que van desde la podredumbre de los productos en los campos debido a las fuertes lluvias que el país experimentó este año, hasta la mediocre red vial que restringe su acceso a los mercados.

“Incluso cuando las cadenas de supermercados nos compran productos, pagan muy poco porque no tenemos poder de negociación. Debido a las limitadas ganancias, apenas podemos ganarnos la vida y ni que hablar de enviar a nuestros hijos a la escuela”, aseguró Machingauta a IPS.

La mujer, fundadora y directora del Sindicato Agrícola de Mujeres, una organización que apoya a las pequeñas agricultoras en Domboshawa, explicó cómo la falta de conocimiento para aprovechar la tecnología y el tiempo limitado para acceder a la capacitación, además de las consecuencias del cambio climático, agravaron la situación de las mujeres en la zona.

Según el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Género y Desarrollo Comunitario de Zimbabwe, las mujeres constituyen 70 por ciento de la población rural y 86 por ciento de ellas se dedican a la agricultura. Pero de los pequeños agricultores que se beneficiaron del programa de reforma agraria estatal, solo 18 por ciento eran mujeres.

Un estudio realizado en 2016 por la Cámara Nacional de Comercio sobre mujeres emprendedoras reveló que pocas de las numerosas pequeñas agricultoras cumplen con los rigurosos requisitos que exigen los bancos para concederles un préstamo. Por eso es más probable que las mujeres operen en el sector informal.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre pequeños propietarios y agricultores familiares, si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres podrían aumentar el rendimiento en sus establecimientos entre 20 y 30 por ciento, lo cual sacaría de la pobreza a entre 100 y 150 millones de personas.

Ali Said Yesuf, asesor técnico de la FAO, dijo a IPS que el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña financió 72 millones de dólares para implementar el Programa de Subsistencia y Seguridad Alimentaria (LFSP) con el fin de aumentar la productividad y los ingresos agrícolas, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la pobreza en las zonas rurales de Zimbabwe.

“El LFSP abordará activamente las limitaciones específicas que enfrentan los pequeños agricultores, particularmente las mujeres, a la hora de mejorar la productividad de sus granjas y participar en los mercados”, según Yesuf. El proyecto abarca ocho distritos en Zimbabwe.

Las intervenciones tienen en cuenta las limitaciones temporales, que son consecuencia de las numerosas responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres. El LFSP promueve tecnologías que ahorran mano de obra, tales como la mecanización en la agricultura de conservación, las descascarilladoras y las tecnologías de extracción de agua, así como estufas de madera más eficientes.

Los servicios de extensión y de capacitación se realizan cerca de los hogares para evitar interrupciones en las rutinas de las mujeres, explicó Yesuf.

“Las cadenas de valor como las aves de corral – pollos de engorde y autóctonos – y el maní, que se perciben como un dominio de las mujeres, también reciben preferencia. Esto les permite tener cierto control sobre los ingresos derivados”, añadió.

El LFSP también asegura la participación de las mujeres en la toma de decisiones, como su pertenencia a comités rurales, consejos de ahorro y préstamo y asociaciones de productos básicos, y en el trabajo con mujeres y hombres para integrar las relaciones de género dentro del hogar.

El programa también promueve mejorar el conocimiento de las mujeres sobre los mercados.

El LFSP aplica el enfoque conocido como Sistemas de Aprendizaje de Acción de Género, que brinda espacios seguros para que las comunidades integren la toma de decisiones y las relaciones de poder.

Así, “los hogares y las comunidades se han comprometido a promover prácticas no opresivas, que reconoce la importancia de compartir roles”, afirmó Yesuf.

A medida que las mujeres son conocidas por sus buenas prácticas de ahorro, el LFSP ha mejorado y construido estas iniciativas mediante el ahorro y los préstamos internos a través de la capacitación y el desarrollo de capacidades y la introducción de actividades generadoras de ingresos.

Las mujeres de la provincia de Midlands han transformado sus vidas con el proyecto de Extensión y Capacitación para la Agricultura Rural del LFSP, como le sucedió al grupo de ahorro y préstamo de Vavariro.

“Comenzamos contribuyendo pequeñas cantidades de dinero, desde tres dólares por persona”, informó Virginia Gomana, una integrante del grupo.

“Ahora nos aventuramos en grandes proyectos que nunca pensamos que haríamos, como la cría de cabras y la horticultura, y esto nos permitió tener nuestros propios hogares. Vavariro también se convirtió en una plataforma donde podemos intercambiar ideas, fortalecer nuestras habilidades”, agregó.

Yesuf dijo que también se recurrió a las instituciones financieras para apoyar mejor las necesidades de estas mujeres. “Las mujeres acceden a préstamos de instituciones microfinancieras… con garantías grupales”, explicó.

Traducido por Álvaro Queiruga

Olubunmi Olusanya, del Ministerio Federal de Ambiente de Nigeria, está deseoso de reducir progresivamente el uso de productos con mercurio agregado. Crédito: Miriam Gathigah/IPS

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, May 30 2017 (IPS)

Con un nuevo tratado internacional, un número creciente de países africanos asumen el compromiso de eliminar progresivamente el mercurio, que representa un peligro para la salud y el ambiente.

Numerosas investigaciones demostraron que la exposición de una mujer embarazada al mercurio de un pescado contaminado genera dificultades de aprendizaje en el niño o niña por nacer. Cuando se inhala, los vapores de esta sustancia también afectan el sistema nervioso, reducen las capacidades mentales y, según el grado de exposición, pueden llegar a causar la muerte.

“A pesar de los peligros, el mercurio se usa de forma generalizada, especialmente en África, lo que genera gran preocupación”, subrayó Olubunmi Olusanya, del Ministerio Federal de Ambiente de Nigeria."Los efectos secundarios que conlleva el uso de mercurio son muy elevados, tanto para la salud humana como por el daño que causan al ambiente": Olubunmi Olusanya.

“África no elabora productos con mercurio, pero el continente es un gran importador de esa sustancia. Los efectos secundarios que conlleva el uso de mercurio son muy elevados, tanto para la salud humana como por el daño que causan al ambiente”, dijo Olusanya a IPS.

En ese contexto, el Grupo de Trabajo Cero Mercurio realizó este mes una serie de reuniones en esta capital de Kenia para avanzar hacia la total eliminación de su uso.

La coalición internacional cuenta con más de 95 organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la salud y el ambiente, de más de 50 países y muchas de las cuales son africanas.

“Abandonar el mercurio implica reemplazarlo en productos como termómetros, termostatos y baterías, pero también significa reducir, y finalmente eliminar, su uso en la minería de oro artesanal y de pequeña escala”, explicó Elena Lymberidi-Settimo, coordinadora internacional del Grupo de Trabajo Cero Mercurio.

Según la coalición, la minería aurífera artesanal y de pequeña escala es un problema de desarrollo complejo, pues usa y libera cantidades sustanciales de mercurio en el procesamiento del mineral, por lo general en condiciones muy inseguras y dañinas para el ambiente.

Haji Rehani, oficial de programa de la Agenda para el Ambiente y Desarrollo de Respuesta de Tanzania, trabaja de cerca con comunidades artesanales y de pequeña escala que extraen oro, y aseguró: “Este tipo de minería constituye el sector de mayor demanda de mercurio del mundo”.

El mercurio se usa para unir el oro y formar una amalgama, explicó, la que ayuda a separarlo de la roca, la arena y otros materiales. La amalgama se calienta, luego, para evaporar la sustancia, a la que quedan expuestos los mineros y que contamina el ambiente, y quedarse con el oro puro.

“Es necesario involucrar al mayor número de actores posibles, desde mineros hasta gobiernos”, remarcó Rehani.

Los gobiernos africanos han demostrado el mayor compromiso a escala mundial para hacer frente a este problema y eliminar el mercurio, dijo a IPS.

Rehani precisó que el compromiso quedó probado en la activa participación de África en la adopción del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, suscrito en octubre de 2013 por 128 países.

“Este acuerdo vinculante se creó y se adoptó para proteger la vida humana y el ambiente de las emisiones de mercurio. Tiene objetivos claros con plazos para su eliminación de la producción y la exportación o importación de cierto número de productos con mercurio, precisados en el Convenio”, explicó.

En la actualidad, 52 países ratificaron el convenio, lo que se considera un gran logro, pues se necesitan por lo menos 50 para su ratificación y entrada en vigor, la que será en los próximos 90 días.

Anne Lillian Nakafeero, de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda. Crédto: Miriam Gathigah/IPS.

El hecho subraya la importancia de la Conferencia Cero Mercurio, que ofrece una plataforma para compartir conocimiento entre los países con el fin de reducir y llegar a eliminar el uso de esta sustancia en todos los sectores de producción.

Desiree Narvaez, del sector de salud y químicos ambientales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó la necesidad de contar con una plataforma para hacer frente al problema del mercurio, explicando que esos espacios son esenciales para que los gobiernos comprendan el impacto devastador de su uso.

De los 52 países que ratificaron el convenio, África se destaca respecto de otros continentes con 19 ratificaciones.

El Grupo de Trabajo Cero Mercurio tiene grandes proyectos de intervención, por ejemplo, en Nigeria y Mauricio, dedicados a dejar de usar esta sustancia en distintos productos para 2020, como prevé el Convenio de Minamata.

En otros países, como Ghana y Tanzania, se desarrollan otros proyectos que procuran reducir, con vistas a eliminar, el uso del mercurio en la minería aurífera artesanal y de pequeña escala.

Esas iniciativas también apuntan a proteger a las poblaciones vulnerables, en especial a mujeres, niñas y niños.

Los expertos que participaron en la conferencia subrayaron que en la minería artesanal y de pequeña escala, el uso del mercurio aumenta, sobre todo en los países en desarrollo, principalmente porque es simple y no es caro, los que extraen entre 20 y 30 por ciento del oro del mundo.

El Grupo de Trabajo Cero Mercurio estima que unas 15 millones de personas, de unos 70 países, trabajan en la minería de oro artesanal y de pequeña escala, exponiéndose a esta sustancia tóxica. Entre ellos, hay entre cuatro y cinco millones son mujeres y niños vulnerables.

Es necesario un esfuerzo concertado para proteger a las poblaciones desfavorecidas y para asegurarse de que los planes de acción nacionales hacen énfasis en la protección de esos sectores vulnerables en la implementación del convenio.

La conferencia de Nairobi subrayó la necesidad de que los gobiernos desarrollen e implementen el convenio, que tiene disposiciones obligatorias para eliminar, cuando sea factible, o sino para minimizar, el suministro y el comercio mundial de mercurio.

La Asociación Mundial del Mercurio, que depende del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se convirtió en un actor clave en la conferencia, así como en los esfuerzos para eliminar el mercurio.

En el marco del convenio, el foco de la Asociación Mundial del Mercurio se concentró en apoyar secciones importante del tratado.

Eso incluye la prohibición de cierto número de productos que tienen mercurio para 2020, a excepción de una parte que registre una dispensa.

La reducción y la consiguiente eliminación del uso del mercurio de la minería de oro artesanal y de pequeña escala se realizará de forma progresiva, con el fin de alcanzar el objetivo dentro de 15 años.

El encuentro reunió a muchos funcionarios gubernamentales y a otros actores en un foro de un día tras la Conferencia Mercurio Cero para crear una hoja de ruta y eliminar progresivamente esta sustancia, como prevé el Convenio de Minamata para 2020.

Entre los presentes había 35 delegados de 31 países, representantes de siete agencias de la ONU, 15 organizaciones no gubernamentales y cinco representantes de la academia, el sector privado y consultores.

Las conclusiones de la reunión apuntaron a la necesidad de leyes específicas por país para prohibir de forma explícita el uso del mercurio de los productos, además de tomar medidas voluntarias para reducir significativamente esta sustancia de la extracción de oro artesanal y de pequeña escala, pues el tratado no lo prohíbe de forma específica.

Por ejemplo, Uganda suscribió el Convenio de Minamata y trabaja sobre un plan nacional de acción para reducir su uso en la minería aurífera. Eso lo colocará más cerca de su eliminación, pero aún no hay leyes específicas que lo prohíban.

“Los actores deben crear el mayor número de asociaciones posibles. El mercurio es un asunto transversal y una sola entidad no puede hacer con la agenda”, observó Anne Lillian Nakafeero, de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda.

“Es necesario que estén el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, mineros y otros, como quedó demostrado en la Conferencia Mercurio Cero”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

La joven agricultora Jhaneth Rojas muestra unos rábanos cosechados en el huerto familiar tipo invernadero, llamado localmente carpa solar, en la aldea de Phuyuwasi, en los valles interandinos del departamento de Cochabamba, en Bolivia. Crédito: Franz Chávez/IPS

Por Franz Chávez
PHUYUWASI, Bolivia, May 29 2017 (IPS)

En esta remota comunidad, entre las montañas de un valle interandino de Bolivia, un grupo de mujeres aprendió a combatir las intensas heladas y la escasez de agua con cultivos en las llamadas carpas solares, y a preparar con ellos para sus familias nutritivos alimentos que hasta hace nada desconocían. 

En un paisaje dominado por la vegetación sobreviviente al clima oscilante entre temperaturas gélidas y medias de Phuyuwasi, en el departamento central de Cochabamba, Maribel Vallejos relata a IPS cómo el proyecto de esos huertos familiares tipo invernadero en que participa cambió su vida y la de sus compañeras.

“Antes compraba verduras por 100 bolivianos (unos 12 dólares), pero ahora ahorro ese dinero”, dice esta mujer, la única que habla español entre el grupo de agricultoras donde domina el quechua, su lengua materna.

La aldea perteneciente a Pocona, uno de los 46 municipios cochabambinos, se beneficia de un programa liderado por el Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y a la que se han sumado otras agencias de la ONU.

Tras dos años de actividades de capacitación, “ya no se ve más la desnutrición (infantil). Antes comíamos muy sucio, ahora comemos limpio y sabemos lo que estamos comiendo. Somos más fuertes comiendo estas verduras”, asegura Vallejos.

Aunque el panorama muestra verdes campos, plantaciones de avena elevándose firmes y plantas de papas emergiendo de la tierra fértil, en estos valles de las dos vertientes andinas es difícil obtener una producción regular porque las temperaturas pueden caer bruscamente a cuatro grados centígrados, o ascender hasta los 28 grados, explica a IPS el coordinador en Cochabamba del proyecto, el agrónomo Remmy Crespo.

Especialistas de varias disciplinas llegaron hasta los municipios de Pocona y su vecino Pojo, con poblaciones dispersas en aldeas y caseríos, bajo un concepto integral de apoyo que comprende desde la producción de alimentos, la transformación o la comercialización, hasta el consumo, acota el coordinador nacional del programa, Abdón Vásquez.

Cuando los técnicos arribaron en 2015, en la zona se consumía arroz, huevos, y algo de carne de pollo. Hoy la ingesta diaria de los integrantes de las familias incluidas en el proyecto aumentó en unas 800 calorías en proteínas, vitaminas y minerales aportadas por las verduras y hortalizas producidas por sus habitantes, relata Crespo.

Dos carpas recién pescadas en una de las pozas familiares construidas con el apoyo de la FAO en Conda Baja, en el municipio de Pocona. La introducción de la piscicultura y las hortalizas en la producción y el consumo de las comunidades de los valles interandinos de Bolivia cambió la vida de sus pobladores. Crédito: Franz Chávez/IPS

Jhaneth Rojas, una joven agricultora de Phuyuwasi, corrobora a IPS la historia del cambio en los hábitos alimenticios de su familia, mientras saca de la tierra algunos rojos rábanos y los muestra sonriente.

Aquí, los rábanos (Raphanus sativus), la beterraga (Beta vulgaris), el pepino, el zapallo (Cucúrbita maxima), la vainita (Phaseolus vulgaris), el brócoli o la espinaca “no se conocían”, pero hoy “mi papá está interesado en ampliar la carpa solar para que los hijos sean fuertes” con la producción y el consumo de verduras, dice Rojas. 

La experiencia en esta aldea de 102 familias comenzó en febrero de 2016 con seis carpas y ahora la comunidad desarrolla sus cultivos en 28.

Comunidades cercanas de Pocona, con una población total de 14.000 personas, pidieron el apoyo técnico y supervisión para colocar en ellas otros 36 huertos invernadero, que protegen los cultivos de los cambios del clima y donde prosperan perfectamente atemperados.

En una de ellas, Conda Baja, Elvira Salazar, muestra su pequeño huerto donde destaca el intenso verde de las lechugas, las vainitas y las beterragas con que se alimenta su familia.

Muy próximo a su huerto, unas pozas dedicadas a la piscicultura parecen vacías, pero en su profundidad de un metro, alevines de carpa (Cyprinus carpio) se mueven silenciosos en aguas captadas de las vertientes montañosas.

Una campesina de Phuyuwasi examina dentro de su huerto invernadero un tomate aún verde con Remmy Crespo, el coordinador de la FAO en el departamento central de Cochabamba, en Bolivia. Crédito: Franz Chávez/IPS

Esos peces también han pasado a integrar la dieta de las 99 familias de la aldea, explica Luis Alberto Morales que junto a su esposa Zulma Miranda ya han saboreado algunos ejemplares de ese pescado.

Por cada 100 gramos de la carpa, se obtienen 120 calorías, aparte de un alto aporte de proteínas y vitaminas A, B2, B6, B12, y E, además de hierro, potasio, magnesio y fósforo.

La pesca con redes en estanques de 10 por 10 metros es festiva para los productores,  en que cada uno invirtió unos 144 dólares en las excavaciones y luego recibieron intensas sesiones de capacitación en la fertilización de peces, crianza de alevines, oxigenación del agua, control de turbiedad y alimentación.

En total, 224 familias de los municipios de Pocona y Pojo, con 10.000 habitantes, poseen pozas con peces traídos desde el sureño departamento de Santa Cruz.

Al pescado, la FAO agregó a la producción y consumo de la carne de cuy (Oryctolagus cuniculus), un roedor andino más pequeño que el conejo, con una producción anual de 30 crías por hembra.

Motivados por la calidad de la carne, agricultoras como Daly García decidieron construir criaderos para los pequeños ejemplares, porque aprecian su calidad nutricional, según comenta a IPS.

En su granja familiar localizada en las cercanías de Pojo, la cabecera del municipio del mismo nombre, a 200 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, cría a los cuyes con el forraje, la yerba y la alfalfa que produce en su terreno de dos hectáreas donde también cultiva manzanas, duraznos y otras frutas.

Clemencia Zapata, de Villa Esperanza, muestra orgullosa las hojas de dos coles recién cosechadas en su pequeña finca a más de 3.000 metros de altura, que cultiva con bioinsumos producidos por la FAO y la alcaldía para reemplazar en los Andes bolivianos la producción con agroquímicos. Crédito: Franz Chávez/IPS

Más lejos, casi tocando el cielo a 3.300 metros sobre el nivel del mar, a las faldas de las montañas que rodean Villa Esperanza, también en Pojo, Clemencia Zapata cuida un huerto de 15 hectáreas. Cada mañana asciende por una senda hasta llegar a su predio de ordenados surcos, donde emergen lechugas, repollos y maíz.

Expuestos al sol de intenso brillo de las alturas, los cultivos requieren ayuda para combatir las plagas explica Zapata a IPS. Hasta allí llegó Miguel Vargas, agrónomo de la FAO,  portando envases que contienen “bioinsumos”, productos que reemplazan a los agroquímicos.

Los bioinsumos tienen el apoyo técnico de la FAO, la agencia de cooperación de Alemania (GTZ) y la organización Agrecol Andes, a la cual se sumó la alcaldía de Pojo.

Los productos tienen gran aceptación entre unas 150 personas que cambiaron los agroquímicos, a los cuales atribuyen afecciones visuales y al sistema nervioso, por una oferta que se elabora con base a alimentos naturales como el afrecho (residuos de cereales) y la “chancaca” (azúcar sin refinar), describe Vargas a IPS.

El proyecto consiste en vender los “bioinsumos” a los agricultores, a precio de costo, y con esos ingresos continuar con la producción para ampliar la producción y beneficios a otros productores.

El círculo del proyecto culmina en las instalaciones de la Planta de Transformación de Productos Saludables, inaugurada el pasado 21 de abril, y dirigida por la Asociación de Productoras de Alimentos Nutritivos de Pojo. Aquí el sello y la marca también tiene rostro femenino.

La pedagoga Cinthya Orellana y la productora Zaida Orellana dirigen las actividades, bajo un riguroso control de calidad, higiene y cuidado de alimentos y procesos. Debe hervirse durante 20 minutos y servirse caliente, recomiendan.

Una sopa nutritiva de maíz, verduras y “charque” (carne deshidratada), o de verduras combinadas con las abundantes habas (Vicia faba), están entre los platillos que se ofertan en las ferias comerciales de la zona.

“Los varones no se interesan, por eso las asociadas son mujeres”, dice Orellana, una mujer joven que abandonó los talleres de costura de Argentina y Brasil, para retornar a su tierra a cuidar de su esposo e hijos y ayudar a la producción alimentaria industrial de Pojo.

Editado por Estrella Gutiérrez

Jóvenes participantes en la conga por la diversidad, el 13 de mayo en La Habana, un desfile festivo que como cada año formó parte de los actos de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que este año ha tenido como lema “Por escuelas sin homofobia ni transfobia”. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
May 18 2017 (IPS)

La campaña de Cuba contra la homofobia y la transfobia se enfocó hasta ahora en el espacio familiar y laboral. Pero 10 años después de su primera edición, sus organizadores decidieron entrar al sensible mundo de la escuela, un sector enteramente público en el país. 

“Es un gran reto porque la escuela es el centro más importante de la comunidad, donde se forman los valores y los niños pasan la mayor parte del tiempo”, dijo Ana María Cano, del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que organiza desde 2007 la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia.

“Este año va a haber más resistencia (de la población) porque muchas veces no se comprende que se hablen estos temas en las aulas”, pronosticó a IPS la psicóloga infantil sobre la décima edición, que se desarrolla desde el 3 de este mes y culmina el viernes 20, bajo el lema “Por escuelas sin homofobia ni transfobia”.

Con sus principales actividades en torno al 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la campaña de Cenesex resulta permanente y el tema propuesto en 2017 de promover escuelas más seguras e inclusivas se mantendrá los próximos dos años.

“Las personas pueden estar alarmadas, los padres se pueden asustar y cuestionar (la propuesta)”, reconoció Cano. “Pero hay que empezar a trabajar estos problemas porque las experiencias no han sido muy saludables y siempre hay un niño o una niña que se distingue por diferente y es objeto de burlas”, explicó.

“Los padres se llenan de temores porque piensan que hablar de sexualidad la estimula o define”, abundó. “La orientación sexual se define en la etapa tardía de la adolescencia por eso no se puede juzgar a ningún niño o niña para determinar su orientación”, aclaró.

Con la valoración de Cano, coinciden otros especialistas, activistas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) consultadas por IPS durante las actividades que Cenesex despliega en el país, con énfasis en la sede central de la ciudad de Santa Clara, a 268 kilómetros al este de La Habana.

Un gran lápiz de color plateado resaltó en la tradicional y multitudinaria marcha festiva de personas LGBTI y defensores de sus derechos por parte de dos céntricas avenidas habaneras, que se celebró el 13 de mayo encabezada por la sexóloga Mariela Castro Espín, hija del presidente Raúl Castro y directora del Cenesex.

El símbolo de la educación era enarbolado por una activista transexual que se identificó como Yoilán. “Apoyo hablar de la diversidad sexual en la escuela porque quiero que todo el mundo se integre, las personas transgénero no nos aislemos de la escuela y estudiemos como todos”, consideró a IPS.

A su manera, este trabajador remarcó la situación más desfavorecida de las personas transgénero, que desde edades tempranas rechazan su sexo biológico y se identifican con el género opuesto, un proceso aún poco comprendido y apoyado por las familias e instituciones como la escuela.

Estudiantes de un centro educativo de la oriental ciudad de Baracoa. La escuela es el nuevo sector donde, no sin controversias, busca penetrar la campaña contra la homofobia y la transfobia en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Todos los años tenemos el ‘bullying’ (acoso escolar) con los homosexuales, porque siempre ha sido así”, aseguró Yoilán, que confesó haber sido víctima del problema cuando era estudiante y ahora integra la Red de Personas Trans, Parejas y Familias, TransCuba, acompañada por el Cenesex.

De hecho, el centro trabaja en la reincorporación escolar en la edad adulta de personas trans, que por diversas causas abandonaron las aulas, en este país insular caribeño, donde son obligatorios los estudios hasta el nivel secundario y el sector estatal exige título de bachiller hasta para empleos básicos como los del servicio de limpieza.

Vista como un derecho y uno de los grandes logros de la Revolución cubana de 1959, devenida socialista en 1961, de alguna manera la campaña señala pequeñas brechas de exclusión en el sistema educativo público, la única opción de formación básica porque operadores privados solo pueden ofertar repasos y cursos complementarios.

“Como mensaje para la familia cubana, nosotros no estamos promoviendo homosexualidad, ni heterosexualidad”, dijo Castro Espín en el programa televisivo  Mesa Redonda Informativa, del 12 de mayo, que cada año dedica una emisión a la campaña.

“Estamos promoviendo una educación basada en los derechos humanos, en el respeto entre las personas, un mecanismo para construir la paz. Ese aprendizaje de ciudadanía es fundamental desde la escuela por su rol en la comunidad”, aclaró la sexóloga, sobre la campaña que enfatiza en el fenómeno poco conocido del acoso escolar homofóbico.

Las críticas no se hicieron esperar y cibernautas dejaron comentarios en la página digital del programa. Alguien que dijo llamarse Michel opinó “que se debe respetar a cada cual como es”, pero rechazó “que las escuelas hablen de la sexualidad homosexual como algo normal”.

Mariela Castro, sentada en el centro, junto a activistas que el 13 de mayo participaron en La Habana en uno de los actos a favor de la diversidad, organizados por el Centro de Nacional de Educación Sexual, dentro de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A las personas que piensan así, Yohana Yánez, una mujer que se reconoce lesbiana, las conminó a “dejar el pasado atrás y ver hacia adelante”. “La diversidad sexual no es una enfermedad y nuestros hijos necesitan información, consejos y apoyo”, aseguró a IPS esta madre de dos pequeños.

El Cenesex coordina desde 1972 el Programa Nacional de Educación Sexual, la máxima política pública en ese sentido del país de 11,2 millones de habitantes, que ha ido ampliando su perspectiva con el desarrollo científico y social y es ejecutada por más de 20 entidades, entre ministerios y organizaciones civiles.

El Ministerio de Educación y el de Salud Pública han sido los más proactivos, indicó a IPS la socióloga Anamary Benavides, de Cenesex.

La especialista destacó el subprograma de Educación de la Sexualidad con enfoque de Género y Derechos, amparado por la Resolución 139 de 2011 y que rige el tratamiento curricular de estos temas en la cartera de Educación, responsable de más de 10.400 instituciones.

Benavides remarcó la importancia de este subprograma, que por vez primera regula el abordaje de estas cuestiones en las edades prescolar y escolar de manera transversal a todo el trabajo educativo. Apuntó la importancia de incorporar la equidad de género y los derechos humanos de manera directa.

La socióloga compartió que se observan “las mayores resistencias a abordar la diversidad sexual, la homofobia, la transfobia, la orientación sexual y también la violencia en general”, por parte de docentes, padres y madres. “A los niños y adolescentes les encanta hablar sobre sexualidad”, dijo.

Una de las debilidades señaladas por el Ministerio de Educación y Cenesex radica en la formación en ese sentido del personal docente.

“Muchas veces nos forman para darles clases a estudiantes perfectos y atender los diferentes grados de asimilación de los contenidos”, estimó a IPS el estudiante de pedagogía Yasmany Castro, que vive en la ciudad de Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este capitalino. “Se necesita más herramientas para enfrentar problemas sociales”, instó.

El joven espera que estas cuestiones queden resueltas en el actual proceso de perfeccionamiento de la educación pública y aconsejó abordar los problemas discriminatorios en general, tanto por raza, género u orientación sexual, entre otros. “La escuela tiene que estar preparada para enfrentar la diversidad social”, concluyó.

Editado por Estrella Gutiérrez