La activista pakistaní Malala Yousafszai con el secretario general de la ONU, António Guterres. Crédito: Eskinder Debebe/UN Photo.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Apr 11 2017 (IPS)

La activista pakistaní Malala Yousafzai, designada mensajera de paz, y el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayaron las dificultades que afrontan las familias para educar a sus hijos en los campamentos para refugiados.

“Usted es el símbolo de una de las causas más importantes del mundo, la educación para todos”, declaró António Guterres, secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) durante la ceremonia de designación de Yousafzai como mensajera de paz, la más joven de la historia.

“Con admiración por su valiente defensa de los derechos de todas las personas, incluidas mujeres y niñas, a la educación y a la igualdad y honrando el hecho de que usted demostró, aun frente a graves peligros, un inquebrantable compromiso con la paz, es un gran orgullo y placer para nosotros proclamar a Malala Yousafzai, mensajera de paz de la ONU”, prosiguió.

La adolescente pakistaní de 19 años se volvió un símbolo mundial de la lucha por la educación de las niñas en 2012, cuando los talibanes le dieron un tiro en la cabeza.

Desde entonces y tras su recuperación, aboga por los derechos humanos, convirtiéndose en la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz, y creó el Fondo Malala, dedicado a crear conciencia sobre las millones de niñas que quedan fuera de la educación formal.

“Hace casi tres años y medio, estuve parada en este mismo estrado y le dije al mundo que la educación es un derecho humano básico de todas las niñas. Hoy estoy aquí otra vez y digo lo mismo: la educación es un derecho de todos los niños y, en especial, de las niñas, un derecho que no debería ser olvidado”, declaró, tras aceptar su nueva función.

Unas 130 millones de niñas no están escolarizadas en el mundo; y a menudo carecen de educación porque tienen que trabajar, cuidar a sus hermanos menores o porque las obligan a casarse. Muchas, también, son víctimas de violencia, una barrera adicional a su escolarización.

Además de los temas de educación, Yousafzai ha defendido la causa de refugiados y víctimas de los conflictos.

En lo que respecta al conflicto en Siria, declaró: “A los niños sitiados en Alepo, rezo que salgan a salvo. Rezo para que crezcan fuertes, vayan a la escuela y un día vean la paz en su país. Pero las oraciones no bastan. Debemos actuar. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra inhumana”.

Yousafzai también condenó el decreto de Estados Unidos que prohibe el ingreso a su territorio de ciudadanos de varios países musulmanes y dijo sentirse “destrozada”. Además, le pidió al presidente Donald Trump que no le dé la espalda a las familias que huyen de la violencia y de la guerra.

“Soy musulmana y estoy orgullosa de serlo. Creo que la gente debe mirarme a mí y a los otros 1.600 millones de musulmanes que viven en paz y creen en ella, en vez de mirar a los pocos terroristas, no son nosotros”, subrayó en la ceremonia de designación.

Tanto Yousafzai como Guterres se refirieron a las dificultades que afrontan las familias en los campamentos para refugiados.

Alrededor de 50 por ciento de los niños y niñas refugiados tienen acceso a la educación primaria en el mundo. La brecha aumenta a medida que crecen, y solo 22 por ciento tienen acceso a la educación secundaria y menos de uno por ciento a la terciaria.

En Líbano, solo la mitad de los niños refugiados sirios van a la escuela. “Eso muestra lo poco que hace la comunidad internacional por la educación de los niños refugiados”, observó Guterres.

“Es nuestra responsabilidad, en especial de los países ricos, expresar nuestra solidaridad hacia todos los que por desgracia no puede proveer a sus hijos la educación que tienen derecho de recibir”, apuntó.

El Fondo Malala ayuda a financiar escuelas en todo el mundo, que incluye programas de educación en los campamentos de Zaatari y Azraq, en Jordania.

Los mensajeros de paz son personalidades distinguidas en distintos ámbitos y elegidas por el secretario general de la ONU con el fin de crear conciencia sobre el trabajo del foro mundial Anteriores mensajeros de paz fueron el actor Leonardo Di Caprio, el escritor brasileño Paulo Coelho y el cantante estadounidense Stevie Wonder.

Traducido por Verónica Firme

Sala de sesiones de la Asamblea General en la inauguración de la 61 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Crédito: Rick Bajornas/UN Photo.

Por Lyndal Rowlands
NACIONES UNIDAS, Mar 16 2017 (IPS)

Las crecientes restricciones de viajes en Estados Unidos y otros países impidieron que algunas personas participaran en las sesiones de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Las limitaciones exceden la prohibición impuesta por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana, una iniciativa otra vez bloqueada por un juez federal el miércoles 15.

El decreto no fue restablecido, pero las organizaciones de mujeres sienten que es cada vez más difícil organizarse en el ámbito internacional. Algunas delegadas se sorprendieron al darse cuenta de que no les concedieron visa para ingresar a Estados Unidos para una reunión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)."Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU": Sanam Amin.

A otras le preocupaba el trato cada vez más estricto que existe en los aeropuertos estadounidenses, mientras otras más directamente no pudieron viajar por prohibiciones de sus propios países.

La sesión anual de la comisión es una de las más dinámicas y diversas que hay en la sede de la ONU de Nueva York, con cientos de ministros y miles de delegados de la sociedad civil de todo el mundo.

Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo participan del 13 al 24 de este mes en el 61 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés)

Sanam Amin, del Foro de Asia Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD), dijo a IPS que dos integrantes de su delegación, originarias de Bangladesh y Nepal, los que “no figuraban en la primera ni en la segunda versión de la prohibición (de viaje de Trump)” no pudieron conseguir visa.

“Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU”, relató Amin.

Ella mantuvo “contactos con ONU Mujeres en Bangladesh, en Bangkok y en Nueva York” durante semanas por este asunto para tratar de encontrar una solución. La APWLD es una organización no gubernamental acreditada ante el Consejo Económica y Social de la ONU.

“Las que no consiguieron visas iban a hablar o a participar en actividades y reuniones al margen de la sesión de la comisión con organizaciones sociales y delegaciones oficiales”, se lamentó.

Entre las personas que no pudieron conseguir visa hay una joven activista de El Salvador, quien finalmente participó el miércoles 15 en una de las actividades paralelas por vídeoconferencia. En cambio, las defensoras de los derechos de la mujer Mozn Hassan y Azza Soliman, de Egipto, no pudieron participar porque su propio gobierno no las dejó salir de su país.

La dificultad para los representantes de la sociedad civil de obtener visas para participar en reuniones de la ONU en Estados Unidos es anterior al actual gobierno de Trump, del Partido Republicano. Al respecto, el Departamento de Estado (cancillería) dijo a IPS que no podía realizar comentarios sobre casos particulares.

Sin embargo, si bien existen muchas razones para negar la visa, varias organizaciones sienten que este año se hace más difícil viajar.

“Es increíblemente despreciable que las defensoras de los derechos de las mujeres sientan que la revisión del decreto y la retórica general de odio del gobierno de Trump las haga sentir inseguras de venir a esta CSW y eso es lo que escuchamos”, se lamentó Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International.

“Escuchamos a muchas activistas preocupadas por cómo las iban a tratar en los aeropuertos y en las fronteras de Estados Unidos. También escuchamos a activistas LGBTI que venían a esta reunión preocupadas por su seguridad”, añadió.

Stern y Amin se mostraron inquietas por las consecuencias y el significado de la prohibición de viaje, a pesar de que la justicia la dejó en suspenso, porque aun la versión revisada del decreto procura impedir el ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

“El texto incluso menciona a la violencia contra las mujeres, en la sección uno, en seis países, como motivo para ‘no admitir a quienes participan en actos de intolerancia y odio’”, precisó Amin.

“De hecho, impedirá a la sociedad civil de esos mismos países participar en encuentros como la CSW”, denunció.

“Y sus gobiernos se verán envalentonados para tomar posiciones más retrógradas con respecto a los derechos humanos de las mujeres, y Estados Unidos, con su ley mordaza global, entre otras políticas contra las mujeres, ocupa un lugar junto a esos mismos países a los que apunta con su prohibición”, explicó Amin.

Además, el tema del CSW de este año, el empoderamiento económico de las mujeres, no debe politizarse, añadió Stern.

“Debe ser un asunto no partidario que convoque a todos los gobiernos porque todos tienen interés en erradicar la pobreza y en el desarrollo económico nacional; y sabemos que las mujeres son mayoría entre los pobres, así que su empoderamiento económico empodera a las familias, a las comunidades y a las naciones”, remarcó.

También subrayó la importancia de la reunión como foro global para que las personas dedicadas a trabajar por la justicia de género en todo el mundo hablen con representantes de los gobiernos.

En la CSW, “miles de defensoras de los derechos de las mujeres y de la justicia de género hablan con los gobiernos del mundo para contarles las dificultades que encuentran con sus propios gobiernos y las responsabilidades que esperan que asuma el sistema internacional”, precisó Stern.

Las organizaciones que apoyan la campaña Sin fronteras para la Justicia de Género son MADRE, Just Associates (JASS), Center for Women’s Global Leadership, AWID, Fondo de Acción Urgente, Mujeres en la Red de Migración y OutRight Action International.

Traducido por Verónica Firme

Constance Huku, de la localidad rural de Masvingo, en el sudeste de Zimbabwe, carga leña. Crédito: Sally Nyakanyanga / IPS

Por Sally Nyakanyanga
HARARE, Mar 13 2017 (IPS)

El canto del gallo despierta a Tambudzai Zimbudzana, de 32 años, que rápidamente dobla sus mantas y sale de su casa de tres habitaciones, con techo de chapas, en Masvingo, una localidad rural del sudeste de Zimbabwe.

La mujer recoge unos leños de una enorme pila y prepara fuego para hervir el agua y hacer la comida para que su marido se bañe y coma antes de irse al trabajo en bicicleta."Las mujeres serán capaces de hacer más cuando haya hombres que compartan la responsabilidad en el hogar, así como cuando desempeñen un papel clave en las decisiones en sus hogares": Anna Giolitto.

“¡Shorai! ¡Shorai! ¡Shorai!”, llama Zimbudzana a su hija de 14 años, que aún duerme y debe ayudarla con las tareas diarias.

“Mi día comienza a las cuatro de la mañana. Cocino, enciendo el fuego, voy a buscar agua y paso el resto del tiempo en el campo o el jardín, según el mes”, relata la mujer.

“Mi día a menudo termina a las diez de la noche, ya que tengo que asegurarme de que todo el trabajo doméstico esté hecho, incluso atender a mis seis hijos, antes de poder descansar”, añade en diálogo con IPS. Rara vez le queda tiempo para asistir a actividades comunitarias.

Muchas mujeres y niñas se hacen cargo del trabajo – pesado, desigual y aparentemente natural – que implica cuidar a su familia, algo que pocas veces se aprecia, no resulta financieramente beneficioso y está profundamente arraigado en la cultura de este país del sur de África.

“En los últimos años, considerables evidencias y resultados de investigaciones demuestran que la inversión en el trabajo del cuidado no remunerado – por los gobiernos, la sociedad civil y los empleadores – mejoran el bienestar, el goce de los derechos de las mujeres, el desarrollo económico y reduce la desigualdad”, afirmó Anna Giolitto, de la organización humanitaria Oxfam.

Desde 2014, Oxfam trabaja en Zimbabwe para fortalecer los derechos económicos de las mujeres mediante la recolección de datos sobre los cuidados no remunerados, la innovación en las intervenciones y la influencia en políticas y prácticas para abordar la atención como parte del empoderamiento femenino.

La organización no gubernamental llevó a cabo programas en tres distritos desde 2014 y desarrolló dos herramientas para evaluar el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de las personas en las comunidades, el Análisis de Atención Rápida y la Encuesta sobre el Cuidado en el Hogar.

Charity Ncube, de la localidad rural de Masvingo, en el sudeste de Zimbabwe, lleva a su hijo y un contenedor de 20 litros de agua. Crédito: Sally Nyakanyanga / IPS

“El objetivo principal es reducir el tiempo o la labor requeridos para el trabajo doméstico diario y el cuidado de las personas, y así aumentar la participación de las mujeres, su empoderamiento, liderazgo y representación en las esferas públicas y privadas”, explicó Giolitto.

Los resultados de la encuesta mostraron que las mujeres se encargan de hacer de tres a seis veces más horas de trabajo de cuidados que los hombres.

Según ONU Mujeres, el mundo del trabajo está evolucionando, con importantes consecuencias y oportunidades para las mujeres debido a la globalización y las revoluciones tecnológica y digital.

Sin embargo, la creciente informalidad del trabajo, la inestabilidad de los medios de subsistencia y los ingresos, las nuevas políticas fiscales y comerciales y los impactos ambientales tienen un efecto negativo en el bienestar de muchas mujeres en todo el mundo. Como tales, deben abordarse en el contexto de su empoderamiento económico.

Las mujeres que trabajan en la economía informal de Zimbabwe se enfrentan diariamente a la hostilidad del entorno económico y de los funcionarios de seguridad, incluso en las aduanas.

“Nos confiscan los bienes en los puestos fronterizos debido a la cantidad limitada de mercancías que se permite ingresar al país. Acabamos pagando más dinero a los transportistas con el fin de pasar una cantidad razonable por la frontera”, manifestó Lorraine Sibanda, presidenta de la Cámara de Asociaciones de la Economía Informal de Zimbabwe (ZCIEA). Cerca de 65 por ciento de sus integrantes son mujeres, indicó.

Sibanda agregó que las tarifas de los transportistas no son uniformes, por lo que se puede pagar varias veces por las mismas mercancías. Además, tienen que cargar con gran peso durante mucho tiempo, lo que puede tener consecuencias nocivas para la salud de las mujeres involucradas en el comercio transfronterizo.

“Poco o nulo conocimiento de los trámites aduaneros, como la declaración de bienes, también contribuye a que las comerciantes sean víctimas de los transportistas depredadores, del personal de inmigración y otros elementos que rondan los puestos fronterizos para ganarse la vida”, aseguró Sibanda.

La Oficina Nacional de Estadísticas de Zimbabwe señaló que 84 por ciento de la clase trabajadora del país pertenece al sector informal y solo 11 por ciento tiene un empleo formal.

Oxfam no trabaja con mujeres comerciantes transfronterizas en Zimbabwe, pero aplica la estrategia de las “cuatro R” para el cambio en su empoderamiento.

• Reconocer el trabajo de cuidados a nivel de las políticas, la comunidad y el hogar, para  hacerlo visible y valorarlo. Cambiar la idea de que se trata solo de una actividad natural de las mujeres. Es trabajo.
• Reducir el trabajo de los cuidados mediante el uso de tecnologías y servicios que ahorren tiempo.
• Redistribuir la responsabilidad del cuidado de manera más equitativa – de mujeres a hombres, y de familias al Estado y los empleadores.
• Representar a las cuidadoras en la toma de decisiones.

“Las mujeres serán capaces de hacer más cuando haya hombres que compartan la responsabilidad en el hogar, así como cuando desempeñen un papel clave en las decisiones en sus hogares”, afirmó Giolitto.

Kelvin Hazangwi, de Padare (Foro de Hombres sobre Género), también enfatizó la necesidad de compartir el trabajo de cuidados no remunerados.

“Los hombres deben tomar la iniciativa para disminuir el peso del cuidado que hacen las mujeres, ya que esto tiene un efecto positivo en el hogar, la comunidad y el país en general”, opinó Hazangwi.

Padare es un foro de hombres que aboga por la igualdad de género en Zimbabwe.

ZCIEA cree que el sector informal es el futuro, y que políticas económicas de inclusión de género, la formalización del comercio informal, la infraestructura digna, la protección social, los servicios de salud, el reconocimiento de los comerciantes informales como actores económicos clave darán lugar a un crecimiento sostenible e inclusivo.

Traducido por Álvaro Queiruga

Campaña de la ONU por un planeta 50-50 en 2030.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Mar 8 2017 (IPS)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido cuestionada por defender a capa y espada el empoderamiento femenino y los derechos de las mujeres, cuando es incapaz de llevarlo a la práctica dentro de su propia estructura.

Tanto la Asamblea General, el mayor órgano de decisión dentro de la ONU, y el Consejo de Seguridad, el más poderoso con poder de veto, se han inclinado de forma abrumadora por los hombres, en detrimento de las mujeres, en sus 71 años de existencia.

Además, la Secretaría de la ONU y sus 35 agencias trabajan, sin mucho éxito, para implementar una vieja resolución que aboga por la paridad entre hombres y mujeres, en especial en cargos altos y de decisión.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la ONU publicó el estudio “El estatus de las mujeres en el sistema de la ONU”, de 36 páginas, que actualiza la situación en materia de paridad dentro del foro mundial y señala la falta de avances y los desafíos que quedan por delante.

“Hay algunos avances alentadores hacia la paridad de género en todo el sistema de la ONU, aunque no es uniforme y avanza a una velocidad insuficiente. El cambio que necesitamos no ocurrirá sin un enfoque múltiple y comprometido”, puntualizó la directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

“La igualdad no es una cuestión estadística”, observó. “Es de mentalidad, aun cuando la ONU lanzó una campaña mundial a favor de la paridad de género 50:50 en todos los ámbitos de la vida para 2030”. precisó.

El foro mundial cuenta actualmente con 94.000 funcionarios y funcionarias y 78.000 consultores y consultoras en el mundo.

Según el estudio, solo cinco de las 35 “entidades” de la ONU lograron o superaron la paridad 50:50: ONU Mujeres, con 78,9 por ciento de funcionarias, la Corte Internacional de Justicia, con 57,1, Onusida, con 50,8, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con 50,6 y la Organización Mundial del Turismo, con 50 por ciento.

Luego figuran otras 17 entidades de la ONU con una relación de 40 a 49 por ciento, incluida la Secretaría, y 13 con paridades que rondan 40 por ciento.

“En tanto que mayor entidad dentro del sistema de la ONU, la Secretaría (en su sede de Nueva York) tiene posibilidades de generar un impacto en toda la organización hacia el equilibrio de género”, observa el estudio.

“Sin embargo, esa dependencia tiene la menor representación femenina en todos sus niveles dentro del sistema”, revela.

“Existe una correlación negativa entre la representación femenina y los cargos más altos; a mayor cargo, menor proporción de mujeres”, precisa el documento.

“El mayor defasaje ocurre entre los (cargos profesionales) P-2 y P-3, y P-4 y P-5 con 12,2 y 5,9 por ciento respectivamente. Esa disminución indica que hay obstáculos que frenan la carrera de las mujeres dentro de la ONU”, analiza.

Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz, recordó: “el secretario general Kofi Annan promovió con fuerza los derechos de las mujeres y Ban Ki-moon abogó por la equidad de género”.

“Y como dijo el actual secretario general Antonio Gutérres, el objetivo inicial para una representación equitativa en la ONU se fijó en 2000”. Él tendrá un papel fundamental, pero “no podemos depender solo de él”, alertó.

Además de los países miembros, la sociedad civil también tiene que desempeñar un papel fundamental en la selección o que recomendar personas con experiencia y antecedentes en materia de empoderamiento femenino, derechos de las mujeres e igualdad de género, añadió Cabrera-Balleza.

Sanam Naraghi-Anderlini, una de las fundadoras y directora ejecutiva de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN) dijo a IPS que en un mundo con un creciente número de mujeres con educación terciaria y trabajando, es inconcebible que la ONU no tenga o no pueda lograr la equidad entre hombres y mujeres en todos los niveles de su estructura.

“No es un problema de demanda, ¿será de suministro?”, planteó. “No precisamente, si miramos los datos duros, para lograr la paridad para los subsecretarios generales, el secretario general tendría que contratar a 67,5 mujeres, y para los de (directores) D2, a otras 109, y para los D1 a 848,5”, precisó.

“Puede parecer mucho, pero si miramos a la sociedad civil, al sector privado y a muchos gobiernos, las mujeres están presentes, listas y dispuesta”, subrayó.

Para lograr la paridad, muchos de los hombres que son profesionales P-4 y P-5 y directores D1 y D2 tendrán que pagar el precio por las muchas generaciones de varones que ocuparon esos cargos, a menudo independientemente de sus capacidades, observó Naraghi-Anderlini, especialista en cuestiones de género e inclusión del equipo de reserva de expertos de la ONU.

Por su parte, Ian Richards, presidente del comité coordinador de Asociaciones y Sindicatos Internacionales, observó: “la organización está en la época de las tinieblas en lo que respecta a arreglos laborales flexibles con pocas dependencias que ofrezcan o desearían ofrecer asistencia para el cuidado infantil, y el sistema de promoción carece de objetividad, con lo que se arraigan de forma inconsciente preferencias y tendencias”.

Una de las cuestiones que el informe no analiza, pero debería, es que 30 por ciento de sus funcionarios son consultores. Sus honorarios se negocian de forma individual con sus superiores, en vez de estar sujetos a una escala salarial, y no hay investigaciones sobre las diferencias en materia de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Cabrera-Balleza se mostró conforme con la designación por Guterres de varias mujeres en altos cargos.

“Pero me decepciona que las calificaciones para esos cargos no incluyan experiencia en igualdad de género. El llamado solo menciona ‘gran compromiso con los valores y principios rectores de la ONU y familiaridad con el sistema de la ONU’”, observó.

“Los antecedentes en equidad de género deberían estar explícitos a la hora de hacer un llamad y de contratar a alguien, y también en los términos de referencia para todos los funcionarios de la ONU. No puede y no debe asumirse que existen”, subrayó.

“Debemos de tener presente que promover el estatus de las mujeres y lograr la equidad de género en el sistema de la ONU no es un juego de números. Necesitamos mujeres y hombres que representen los intereses de las mujeres, que luchen por los derechos de las mujeres”, observó.

“Necesitamos tener un historial, no solo un compromiso. Cualquiera puede declarar su compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, pero solo unos pocos tienen antecedentes”, añadió.

En un mundo ideal, opinó Naraghi-Anderlini, el secretario general debería asumir este desafío y concentrarse en que solo los mejores hombres y mujeres ingresen, permanezcan y avancen en el sistema de la ONU.

“Todos y todas deben adherir a los valores centrales de la ONU, de derechos humanos iguales, pluralismo y paz. Pero las capacidades y conocimientos requeridos deben ser tan variados y diversos como las sociedades en las que busca estar presente y ser efectiva”, apuntó.

Traducido por Verónica Firme

El tema de la 61 sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer será el empoderamiento económico. Crédito: Milagros Salazar / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Mar 3 2017 (IPS)

Existe inquietud entre las organizaciones de derechos humanos por el futuro de las negociaciones internacionales sobre los derechos de las mujeres, dado el clima restrictivo que impera a pocos días de que comience la reunión anual de la ONU sobre el tema.

Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo participarán del 13 al 24 de este mes en el 61 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés), que se desarrollará en la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Nueva York."Tenemos la firme convicción de que no se puede hablar de las mujeres en el mundo laboral global sin tener en cuenta los demás factores que las mantienen sin un trabajo digno": Françoise Girard.

Varias activistas destacaron la importancia que tendrá la interseccionalidad en las discusiones de la CSW, así como la aplicación de políticas sociales y económicas relevantes, tomando en cuenta las numerosas maneras que existen para marginar a las mujeres.

“Es necesario considerar los problemas de la educación, las cuestiones de la movilidad,… de violencia en el lugar de trabajo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres… como precursores del empleo”, comentó Françoise Girard, presidenta de la Coalición Internacional de Salud de la Mujer.

Ya comenzaron las negociaciones para acordar un documento final para la 61 CSW, cuyo tema principal de este año es el empoderamiento económico de las mujeres.

“Tenemos la firme convicción de que no se puede hablar de las mujeres en el mundo laboral global sin tener en cuenta los demás factores que las mantienen sin un trabajo digno”, subrayó Girard, en diálogo con IPS.

Sin embargo, el borrador inicial no abordó estos temas adecuadamente, ya que no mencionó el acceso de las niñas a la educación ni el de las mujeres jóvenes a la atención de la salud reproductiva, señaló.

“Si las mujeres no tienen acceso a la educación o las minorías étnicas son discriminadas en el sistema escolar… o (les falta) la capacidad para controlar su fertilidad y salud reproductiva… eso tendrá un enorme impacto en su capacidad para tener un empleo remunerado”, afirmó.

La codirectora de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO), Eleanor Blomstrom, también señaló la “decepcionante” falta de lenguaje en torno al cambio climático en el borrador del documento para la CSW.

“Si no abordamos (el cambio climático), entonces no tendremos un planeta en el que las mujeres puedan vivir para ejercer sus derechos plenos”, afirmó en conferencia de prensa.

Girard y Blomstrom también expresaron su alarma por la implementación de políticas que limitan los derechos de las mujeres y, por ende, su empoderamiento económico.

La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos prohíbe a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del gobierno de ese país destinados a la salud trabajar en temas relacionados con el aborto. También impide que los beneficiarios participen en toda discusión nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009), esa política solo se aplicaba a los fondos para la planificación familiar. Esta es la primera vez que este requisito abarca a toda la asistencia sanitaria que Washington presta en el mundo, por un total de 9.500 millones de dólares, incluidos los fondos para la salud materna y el combate del virus de inmunodeficiencia humana.

Girard citó el ejemplo de la organización Kisumu Medical and Education Trust (KMET), de Kenia, que recibe aproximadamente 200.000 dólares para brindar diversos servicios de salud reproductiva, que incluye el tratamiento de la hemorragia posparto. Sin embargo, ahora la política del gobierno de Trump la obliga a la disyuntiva de tener que limitar sus servicios o no.

“Ahora tienen que elegir. No pueden prestar atención médica integral si aceptan fondos del gobierno de Estados Unidos, pero no quieren dejar de capacitar a los técnicos en la hemorragia posparto”, dijo Girard.

Girard y Blomstrom señalaron que incluir este tipo de vínculos entre los problemas de las mujeres en el documento final de la CSW ayudará a allanar el camino para que los gobiernos implementen planes pormenorizados a más largo plazo, que permitan oportunidades de desarrollo y resultados positivos.

Agregan que ya hubo algunos avances cuando los gobiernos realizaron aportes a un nuevo borrador que considera la participación de las mujeres en el mundo del trabajo de una manera más integral.

Ese borrador tomó parte del texto del Acuerdo de Cambio Climático de París para abordar los vínculos entre el empoderamiento económico de las mujeres y las preocupaciones ambientales, y destacó la necesidad “crucial” de que hombres y niños compartan el trabajo doméstico y aspiren a una división justa del mismo.

“Estoy gratamente sorprendida en esta primera etapa de que haya un reconocimiento real de estos temas”, reconoció Girard.

También destacó la multitudinaria movilización que se produjo en todo el mundo a partir de la Marcha de Mujeres que se realizó en Washington el 21 de enero, un día después de la asunción de Trump.

“Veo que la energía es muy alta, que la gente se moviliza, que las acciones continúan y que no nos vamos a ninguna parte, no vamos a retroceder”, sostuvo Girard.

El movimiento feminista ahora planifica un paro de mujeres para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

“En el mismo espíritu de amor y liberación que inspiró la Marcha de las Mujeres, nos unimos para hacer que el 8 de marzo sea un día sin mujeres, reconociendo el enorme valor que las mujeres de todos los orígenes agregan a nuestro sistema socioeconómico, mientras reciben menos salarios, experimentan mayores desigualdades, vulnerabilidad ante la discriminación, acoso sexual e inseguridad laboral”, según las organizadoras.

Y en ese mismo espíritu y a pesar de los posibles desacuerdos que se espera que se produzcan a medida que avancen las negociaciones de la CSW, “sin embargo, persistimos”, dijeron Girard y Blomstrom.

Traducido por Álvaro Queiruga

"La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de salud pública y un serio obstáculo para el desarrollo sostenible", denunció el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Crédito: Belinda Mason.

Por Baher Kamal
ROMA, Mar 1 2017 (IPS)

Esta es una historia que no debería tener que escribirse – la de cientos de millones de dadoras de vida cuya producción y productividad han sido sistemáticamente cuantificadas en pormenorizadas estadísticas, pero cuya abnegación, sufrimiento humano y denegación de derechos solo son objeto de palabras. 

Es la historia de las mujeres que ven a sus hijos e hijas morir mientras huyen de las guerras, o que son secuestradas para vender sus órganos, o que fueron reclutadas como niñas combatientes.De mantenerse la tendencia actual, las mujeres tardarán 170 años en conseguir la misma remuneración que los hombres.

Es la historia de esas mujeres que caen presas de traficantes que las venden como esclavas sexuales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informa que las mujeres y las niñas constituyen 71 por ciento de las víctimas de trata de personas.

Y es la historia de esas mujeres y niñas que se convierten en víctimas de violencia abominable perpetrada por sus familiares varones. De aquellas cuyos empleadores violan continuamente sus derechos como trabajadoras, y que incluso son asesinadas por sus parejas. En algunos países, siete de cada 10 mujeres serán golpeadas, violadas, abusadas o mutiladas durante su existencia, según denunció ONU Mujeres.

También es la historia de millones de jóvenes que se ven obligadas a contraer matrimonio y quedar embarazadas de forma precoz, y de aquellas sometidas a mutilación genital femenina (MGF).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce esta práctica como una violación de los derechos humanos, tortura y una forma extrema de violencia. La MGF le niega a las mujeres y las niñas su dignidad y causa dolor y sufrimiento innecesarios, con consecuencias que perduran para toda la vida e incluso pueden ser fatales, recuerda el secretario general del foro mundial, Antonio Guterres.

África y la región árabe se encuentran entre los lugares donde se practica la MGF. La Unión Africana considera que es una práctica sumamente dolorosa que viola los derechos humanos básicos.

Su impacto sobre las niñas y las mujeres es multifacético y afecta a diversos aspectos de sus vidas, incluido su bienestar físico, psicológico y social, y las cicatrices persisten durante el resto de sus vidas.

Es la historia de millones de niñas sin acceso a la educación, y cuando pueden acceder, la mayoría abandona por la falta de servicios sanitarios. Un estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entre 2009 y 2014 confirmó miles de ataques contra escuelas en 70 países al menos, muchos de los cuales recibieron represalias por defender la educación de las niñas.

La ONU apuesta a un mundo en el que todas las mujeres y niñas tengan igualdad de oportunidades y derechos para 2030. Crédito: ONU Mujeres.

Es la historia de casi dos tercios de los habitantes del mundo, que sufren una insuficiencia en el acceso a los servicios de salud reproductiva y de maternidad.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas hace hincapié en que el acceso universal a la salud reproductiva afecta a muchos aspectos de la vida. Tiene que ver con las relaciones más íntimas de las personas, incluida la negociación y la toma de decisiones dentro de esas relaciones, y con la interacción con los proveedores de salud con respecto a las opciones anticonceptivas.

También es la historia de muchachas muy jóvenes que son secuestradas por grupos terroristas para saciar brutalmente sus apetitos sexuales, como ha sido el caso de Boko Haram en Nigeria.

Y es la historia de las mujeres indígenas que cuidan de lo que queda de sus tierras, que custodian 80 por ciento de la biodiversidad del planeta , pero cuyos derechos y conocimientos ancestrales son ignorados e incluso desdeñados.

Es la historia de las mujeres agricultoras que producen hasta 80 por ciento de los alimentos, pero no tienen derecho a poseer sus tierras, insumos agrícolas, recursos ni pequeños créditos.

Y de esos millones de trabajadoras domésticas cuyos derechos recién empezaron a reconocerse, aunque no se apliquen lo suficiente.

Y es la historia de una creciente desigualdad. La organización no gubernamental Oxfam calcula que, de mantenerse la tendencia actual, las mujeres tardarán 170 años en conseguir la misma remuneración que los hombres, por no hablar de que la mitad de la riqueza del planeta se encuentra en los bolsillos de apenas ocho personas, todos ellos hombres.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo con el lema “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030.”

La ONU asegura que será “un momento para reflexionar sobre los progresos realizados, considerar cómo acelerar la Agenda 2030, impulsar la aplicación efectiva de los objetivos de la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

El organismo mundial fijó varios objetivos clave de la Agenda 2030:

• Para el año 2030, asegurar que todas las niñas y niños completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad.
• Para 2030, asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a una atención, cuidado y educación preescolares de calidad para prepararlos para la educación primaria.
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas de todo el mundo.
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas pública y privada, incluida la trata y la explotación sexual y de otros tipos.
• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, el matrimonio prematuro y forzado y la mutilación genital femenina.

La ONU también señala que el mundo laboral está en transformación, con importantes consecuencias para las mujeres.

“Tenemos la globalización, la revolución tecnológica y digital y las oportunidades que estas traen, y por otro lado, la creciente informalidad del trabajo, medios de subsistencia e ingresos inestables, nuevas políticas fiscales y comerciales e impactos ambientales, todo lo cual debe abordarse en el contexto del empoderamiento económico de las mujeres”, añade.

Todas estas palabras y buenos deseos suenan geniales.

Sin embargo, el Día Internacional de la Mujer representará, ante todo, otra bofetada en el rostro de la humanidad que todavía no puede – ¿o no quiere? – honrar debida y efectivamente a aquellas que son las dadoras de vida.

Traducido por Álvaro Queiruga

Francisca Ramírez, la coordinadora del movimiento campesino que lidera la lucha contra la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, lo que la ha convertido en víctima del acoso del gobierno del presidente Daniel Ortega. Crédito: Luis Martínez/IPS

Por José Adán Silva
MANAGUA, Feb 23 2017 (IPS)

La desigual batalla de la campesina Francisca Ramírez, frente al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha trascendido hasta el punto que desde el corazón político de Europa se aboga por su seguridad y sus derechos.

¿Quién es ella y por qué el Parlamento Europeo demandó a Nicaragua el 16 de febrero que proteja su vida y sus derechos junto a los de miles de campesinos de comunidades rurales del centro-sur de este país centroamericano?

Ramírez es una agricultora de ascendencia indígena, de 40 años, que ha vivido toda su vida en las entrañas del municipio agrícola de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur, a unos 280 kilómetros de la capital.

Ella narró a IPS en una entrevista que su familia ha vivido siempre en esa localidad rural, escenario de cruentos combates en la guerra civil de los años 80.

A los 8 años su padre los abandonó y su madre debió emplearse como jornalera, mientras Ramírez se hacía cargo de sus cinco hermanos menores.“El gobierno de Ortega ha tratado con saña a Francisca Ramírez y los campesinos que la siguen. A ella le han violado todos sus derechos, desde el derecho a la protesta hasta el derecho a la movilización y nosotros tememos que le violen el derecho más sagrado que tiene: la vida”: Gonzalo Carrión.

Tras sobrevivir a la guerra impulsada desde Estados Unidos contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), Ramírez aprendió las labores agrícolas, se casó  a los 18 años, tuvo cinco años, y con el esfuerzo de todos, la familia adquirió algunas tierras y mejoró sus condiciones de vida.

Ortega, quien gobernó el país en ese periodo, tras el derrocamiento de la dictadura dinástica de Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y en enero inició un tercer mandato consecutivo, tras ganar unos cuestionados comicios, donde la oposición fue excluida, apoyado en una alianza cívico-militar que controla todos los poderes.

Ramírez era feliz con su vida hasta 2013. “Nos avisan por la radio que se va construir un canal y a mí me pareció bien importante porque decían que todos íbamos a dejar de ser pobres”, relató.

Luego, poco a poco, las noticias fueron cambiando su percepción sobre el proyecto de construir el interoceánico Gran Canal de Nicaragua, entregado en concesión al grupo chino HKND en 2014, y comenzó a hacer preguntas que nadie le respondía.

Un día, la mala suerte tocó su puerta: delegaciones de funcionarios públicos que nunca habían visto en su comunidad, junto a policías y militares, acompañaban a delegaciones de chinos que hacían mediciones y cálculos sobre las propiedades campesinas.

“La ruta del canal pasa por su propiedad y todos ustedes van a ser trasladados a una ciudadela (asentamiento)”, le dijeron.

La Ley 840, que en 2013 dio vida al megaproyecto de más de 50.000 millones de dólares  y que ella apenas logró entender con sus escasos tres años de escolaridad, no dejaba  dudas: le pagarían por sus tierras un precio que el Estado considerara “adecuado”.

Y comenzó la resistencia. “Al inicio era alegría aquí, todos decíamos que al fin llegaría el progreso, pero cuando empezaron a venir los soldados y los policías prepotentes custodiando a los chinos, toda la comunidad se resistió a dejarlos pasar a sus casas y empezamos a protestar”, dijo.

Desde entonces, aseguró que la respuesta oficial fue la misma: represión, acoso, hostigamiento y amenazas a los campesinos que se oponen a entregar sus tierras.

Ramírez cuenta que se enlistó como activista en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, una iniciativa de la sociedad civil para organizar el movimiento campesino en defensa de sus tierras y derechos.

Comenzó marchando detrás de los líderes campesinos que encabezaban las primeras marchas con pancartas con mensajes contra el canal.

Una de las muchas marchas de campesinos que han llegado en Managua desde la costa caribeña del sur de Nicaragua, contra la construcción del canal interoceánico, que desplazaría a miles de familias rurales y ocasionaría graves daños ambientales. Crédito: Carlos Herrera/IPS

Luego esos líderes fueron siendo apresados, amenazados, intimidados y reprimidos por las fuerzas policiales y militares del gobierno, y Ramírez se vio de improviso al frente de las protestas en 2014.

Su liderazgo llamó la atención de los medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacionales e internacionales.

Pronto las marchas campesinas anticanal se convirtieron en símbolo de resistencia y sumaron más personas, transformando a ese movimiento en la fuerza social de resistencia más importante que enfrentó Ortega en sus 10 años de poder.

El movimiento campesino contra el canal “es la organización social más fuerte que existe actualmente en Nicaragua. Al interior de cada movimiento surge un liderazgo auténtico y genuino, eso es lo que representa la señora Ramírez. Es la oposición social más importante del país”, valoró a IPS el sociólogo Oscar René Vargas.

El presidente “tiene conciencia que es la fuerza social más importante que enfrenta su gobierno”, aseguró.

La admiración que despierta Ramírez, por su capacidad de organizar y encabezar más de 90 marchas en el país, ha desatado la irritación del poder.

Más de 200 campesinos han sido arrestados, unos 100 fueron golpeados y heridos de bala y el gobierno ha convertido la zona en estado de sitio militar, sin financiar proyectos sociales, según datos del movimiento.

Retenes policiales en toda la ruta a Nueva Guinea y cercos militares en sus alrededores, dan la impresión de que se está  en una zona de guerra.

Ramírez no ha escapado de la violencia y el hostigamiento: su casa ha sido allanada sin órdenes judiciales, sus hijos y parientes perseguidos y amenazados por agentes de inteligencia y policías en uniforme; sus bienes y objetos de comercio, como alimentos e insumos, han sido incautados y dañados y ella ha sido acusada hasta de actividades terroristas.

El penúltimo episodio ocurrió en diciembre, durante una visita a Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para dialogar con Ortega sobre las denuncias de atropello a la democracia.

Ramírez quiso reunirse con Almagro y para evitar convoyes policiales sitiaron la comunidad y reprimieron a miembros del movimiento, narró la lideresa campesina.

Además, semidestruyeron el puente principal para salir de la zona, mientras retenes militares retenían a cualquier presunto integrante del Consejo.

Los propios vehículos de trabajo de Ramírez fueron confiscados, usados para movilizar tropas y luego dañados, según aseguró Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos.

“El gobierno de Ortega ha tratado con saña a Francisca Ramírez y los campesinos que la siguen. A ella le han violado todos sus derechos, desde el derecho a la protesta hasta el derecho a la movilización y nosotros tememos que le violen el derecho más sagrado que tiene: la vida”, dijo Carrión a IPS.

En la oscuridad, por trochas y a pie, Ramírez cruzó un río profundo, donde casi se ahoga, para escapar del cerco y viajar disfrazada y oculta en un camión hasta Managua, donde logró reunirse el 1 de diciembre con Almagro y narrarle los atropellos de que ella y otros han sido víctimas por rechazar entregar sus tierras.

El 16 de febrero, el  Parlamento Europeo emitió su resolución de condena por la falta de protección de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua, haciendo especial referencia al caso de Ramírez y lamentando el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país.

Los eurodiputados instaron al gobierno a “abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía”.

“Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia”, denunció el Parlamento Europeo.

Mientras el gobierno guardó silencio sobre este pronunciamiento, para la activista social Mónica López, el hecho fue una victoria del movimiento campesino.

“Sin dudas algunas, el pronunciamiento es una victoria social y política para el movimiento campesino anticanal, una condena a Nicaragua y una alerta mundial sobre lo que ocurre contra los movimientos indígenas y campesinos en Nicaragua”, dijo López a IPS.

El gobierno reitera que el proyecto del canal sigue adelante, aunque lleva un año sin avances visibles, y defiende que está destinado a acabar con la pobreza que afecta a más de 40 por ciento de los 6,2 millones de habitantes de este país centroamericano.

 Editado por Estrella Gutiérrez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueóo la financiación de su país a organizaciones que apoyen el aborto, lo que afecta especialmente a América Latina, donde la práctica es penalizada en casi todos sus países, de manera absoluta o salvo algunos supuestos. Crédito: Patricia Cocq/IPS

Por Erika Guevara
MÉXICO, Jan 31 2017 (IPS)

La imagen de un grupo de hombres con traje tomando decisiones sobre los derechos de las mujeres se está convirtiendo en un signo emblemático de la reacción contra nuestros derechos humanos, especialmente los relacionados con la integridad física y la libertad reproductiva y sexual de las mujeres.

Solo dos días después de las masivas manifestaciones por la igualdad y contra la discriminación que tuvieron lugar en ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo, el presidente Donald Trump decidió poner en peligro los derechos de las mujeres reinstaurando la llamada “regla de la mordaza global”.

Esta regla bloquea la financiación internacional federal estadounidense para las organizaciones no gubernamentales que proporcionen asesoramiento o remisiones en relación con el aborto, propugnen la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios de aborto, aun cuando Estados Unidos no financie directamente estos servicios.

La regla de la mordaza global —también llamada Política de la Ciudad de México— fue instaurada en 1984 por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), y tradicionalmente ha sido rechazada por los gobiernos demócratas y reinstaurada por los presidentes republicanos.

Erika Guevara

El presidente Trump sigue ahora una tradición preocupante que tiene repercusiones peligrosas para los derechos sexuales y reproductivos, la salud y la vida de mujeres y niñas de todo el mundo, especialmente las que corren más riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos.

Durante los gobiernos de los presidentes Reagan y George W. Bush (2001-2009), la regla de la mordaza fue un obstáculo para la salud sexual y reproductiva integral en muchos lugares del Sur Global.

La versión de la mordaza global de Trump amplía esta política a toda la financiación global de la salud de Estados Unidos, no sólo la financiación de la planificación familiar proporcionada por Estados Unidos a través de la ayuda exterior.

Esto significa que las organizaciones que trabajan en otras cuestiones, como la malaria, el VIH/sida o la salud materna, deben asegurarse de que sus programas no incluyen remisión o información alguna en relación con el aborto.

Muchas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre el impacto de la regla de la mordaza global.

Sus conclusiones indican que esta regla imponía importantes reducciones de la financiación para programas que prestaban servicios de planificación familiar, tratamiento para el VIH/sida, anticoncepción de emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina.

Un estudio realizado en 2006 por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) sobre la situación de la financiación para los derechos de las mujeres —“Where is the Money for Women´s Rights?” (¿Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres?)— reveló también que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres consideraban que la regla de la mordaza afectaba de modo especial a las mujeres, por ejemplo violando su derecho a la libertad de expresión y de asociación y su capacidad para participar en el fortalecimiento de sus sociedades civiles e instituciones democráticas.

Esta desastrosa política de Estados Unidos también impedía que los proveedores de salud cumplieran con la ética médica básica. En los países donde el aborto era legal, por ejemplo, no podían proporcionar toda la gama de atención de la salud reproductiva legal ni podían remitir o asesorar a las partes tal como exige la ética médica.

Como consecuencia directa, la regla de la mordaza global pondrá en peligro la salud y la vida de las mujeres, tanto en los países donde el aborto es legal como en aquellos donde es ilegal.

En 2011, un estudio de la estadounidense Universidad de Stanford reveló que las organizaciones del África subsahariana que se negaban a firmar la regla de la mordaza global perdieron la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), y en consecuencia las tasas de aborto aumentaron en estos países hasta alcanzar más del doble de las tasas anteriores al gobierno de Bush.

Datos de países donde los servicios de aborto son seguros, legales y accesibles indican que las muertes y las complicaciones relacionadas con el aborto se reducen en gran medida. Sin embargo, la regla de la mordaza global ha frustrado en el pasado los esfuerzos de quienes propugnaban la reforma del aborto para modificar las leyes restrictivas.

Las consecuencias de los abortos inseguros han sido especialmente graves en América Latina y el Caribe, la región que registra los índices más elevados de abortos inseguros, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

El Instituto Guttmacher calcula que, entre 2010 y 2014, se practicaron unos 6,5 millones de abortos inducidos cada año en América Latina y el Caribe, y según el Centro de Derechos Reproductivos se calcula que más de 2.000 mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.

El aborto está prohibido totalmente en siete países de la región, aun en el caso de que la vida o la salud de la mujer o la niña dependa de él: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. El aborto legal a petición durante el primer trimestre está disponible en Cuba, Ciudad de México y Uruguay.

En la mayoría de los restantes países de la región, aunque sea legal, el acceso a un aborto para salvar la vida resulta muy difícil porque algunos profesionales de la salud se niegan a practicarlo por motivos ideológicos.

Las consecuencias de la criminalización de las mujeres que intentan abortar son bien conocidas: tasas elevadas de mortalidad y morbilidad materna a causa de abortos inseguros que afectan de modo desproporcionado a mujeres y niñas que viven en la pobreza. Muchas mujeres se ven obligadas a pasar años entre rejas tras haber sido acusadas de haber abortado.

La discriminación y la desigualdad de género persistentes en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son la causa de que las mujeres y niñas no puedan ejercer sus derechos humanos.

Los estereotipos discriminatorios siguen estando profundamente arraigados en una cultura patriarcal que aún relega a las mujeres al ámbito de la reproducción social; una cultura promovida ampliamente, en gran parte, por organizaciones religiosas, como la iglesia católica y las iglesias evangélicas.

En los últimos años, un segundo baluarte de la oposición a los avances de los derechos de las mujeres en la región ha llegado de Estados Unidos. La creciente influencia de los grupos antiaborto dentro del Partido Republicano ha generado una deriva hacia políticas contrarias al aborto en algunos estados.

Esto ha afectado a las organizaciones que defienden el derecho a decidir y los derechos de las mujeres, tanto de forma directa, mediante la imposición de la regla de la mordaza, como indirecta, mediante la legitimidad y la fuerza que se conceden a los discursos y las propuestas antiaborto.

Los políticos latinoamericanos no han sido indiferentes a estas tendencias, y han buscado el apoyo de las fuerzas conservadoras y los grupos antiaborto de Estados Unidos para reforzar sus posibilidades de acceder a los cargos negociando los derechos de las mujeres y proponiendo políticas y disposiciones legales que penalizan el aborto y restringen aún más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Aunque la discriminación de las mujeres es evidente en casi todas las esferas de la vida, es en el área de la salud sexual y reproductiva donde alcanza niveles alarmantes. Es la regulación de la reproducción y la sexualidad de las mujeres lo que revela con mayor claridad los nocivos estereotipos y sesgos de género.

Lamentablemente, en este contexto regional adverso, y con la reinstauración de la regla de la mordaza global, el futuro para las mujeres y niñas y sus posibilidades reales de poder ejercer sus derechos humanos es trágicamente incierto.

Hoy más que nunca, debe prevalecer una postura firme contra estas claras violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Es hora de unirnos en la acción contra la discriminación y la violencia.

Revisado por Estrella Gutiérrez

António Guterres presta juramento como secretario general, cargo que desempeñará durante cinco año. Crédito: UN Photo/Mark Garten.

Por Lyndal Rowlands
NACIONES UNIDAS, Dec 13 2016 (IPS)

Una de las “prioridades claras” del próximo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando asuma el cargo en enero de 2017, será concretar la igualdad de género dentro del foro mundial.

Guterres, investido como secretario general en una ceremonia realizada el lunes 12 en la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de Nueva York, dijo que la igualdad de género será una parte importante de la agenda en sus primeros 100 días en el cargo.

“En las designaciones que haré, y pronto anunciaré las primeras, verán que la paridad de género será una prioridad en todas las categorías de la ONU”, declaró a la prensa tras la ceremonia.“La diversidad de género y geográfica, entre otras, es increíblemente importante, pero el mérito debe ser la principal consideración en cada designación”: Natalie Samarasinghe.

Guterres fue el elegido en octubre con el voto de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad para ocupar el cargo de secretario general de la ONU.

Su designación no cayó bien entre quienes esperaban que quien sucediera a Ban Ki-moon, el 8 secretario general, fuera una mujer.

Pero en las sucesivas instancias de votación, los miembros de la ONU no consideraron en serio colocar a una mujer al frente de esa organización con 70 años de historia, a pesar de que había muchas y muy calificadas.

Guterres, al igual que muchas y muchos de sus competidores, incluyeron en su campaña la plataforma de la igualdad de género, y se mostró deseoso de demostrar que a pesar de ser un hombre está realmente comprometido con defender a las mujeres en el sistema del foro mundial.

“La ONU se puso el objetivo de lograr la paridad de género para 2000”, recordó Anne Marie Goetz, profesora del Centro de Asuntos Globales, en la Universidad de Nueva York, en diálogo con IPS.

“Fijó el objetivo en 1993, y 23 años después, el progreso ha sido patético, desigual y, a veces, sin avances”, precisó.

Y a pesar del compromiso del actual secretario general, Ban Ki-moon, los candidatos hombres se quedaron con los cargos más altos en 2015 y 2016.

Guterres tendrá la responsabilidad de realizar varias designaciones de alto nivel, pero Goetz señaló que los estados miembro también son responsables de la falta de mujeres en cargos altos.

“El secretario general depende de las sugerencias que le hagan los estados miembro de candidatos calificados para altos cargos”, precisó Goetz, quien también integra la Campaña para elegir a una mujer para la Secretaría General.

Según versiones de prensa, una de las primeras designaciones de Guterres será la primera ministra de Ambiente de Nigeria, Amnina Mohammed, como secretaria general adjunta.

“La designación de Mohammed es una excelente opción, pero no un logro específico en materia de igualdad de género en la ONU, porque es un cargo que ya han ocupado mujeres”, indicó Goetz.

Sin embargo, Goetz explicó que ese cargo ha sido ocupado por mujeres no solo porque no depende de la designación directa de los estados miembro, sino porque “es más común que ellas ocupen cargos subordinados o de segunda categoría que los que están en la cima del poder”.

Por su parte, Guterres observó que la misma preocupación que existe con la representación de género, se aplica a la diversidad regional de quienes ocupan altos cargos.

Pero la presión de los más poderosos miembros de la ONU para colocar a sus candidatos en altos cargos no debe estar por encima de su calificación, observó Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas, al ser consultada por IPS.

“La diversidad de género y geográfica, entre otras, es increíblemente importante, pero el mérito debe ser la principal consideración en cada designación”, arguyó Samarasinghe, quien también representa la campaña “Uno para 7.000 millones”, que abogó por un proceso de elección del secretario general más abierto y transparente.

“Varias resoluciones de la Asamblea General dejan claro que ningún país ni grupo de países deben monopolizar cargos altos”, recordó.

“Los estados, en especial los que creen que les corresponden ciertos cargos, deben presentar candidatos de calibre. No deben tratar de endosar figuras no calificadas o inconvenientes en la ONU”, subrayó.

Sin embargo, a pesar de las resoluciones de la Asamblea General, algunos altos cargos suelen quedar en manos de ciudadanos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia.

Por ejemplo, el actual responsable de las misiones de paz, es el francés Hervé Ladsous, y circulan rumores en el foro mundial de que China, que en los últimos tiempos aumentó su aporte de efectivos, tiene la mira en ese cargo para 2017.

Además, también se dice que el británico David Milliband será candidato a ocupar el cargo de Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que actualmente desempeña la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark.

Milliband, actualmente director de la organización Comité Internacional de Rescate, podrá estar calificado para el cargo, pero eso significará que la mayor agencia de desarrollo de la ONU estará encabezada otra vez por alguien de un país rico.

Traducido por Verónica Firme

Una joven activista entrega propaganda a una mujer durante la primera vuelta de las elecciones municipales del 2 de octubre, en Brasil. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 4 2016 (IPS)

Las mujeres, que venían ampliando lentamente su participación en el poder político en Brasil, sufrieron una ligera caída en la primera vuelta de las elecciones municipales del 2 de octubre, que indicaría una tendencia al retroceso.

Alcaldesas elegidas en los comicios de 2012 sumaron 656, con un alza de 22,8 por ciento en relación a 2008, que había registrado un aumento similar sobre 2004, según datos del Tribunal Superior Electoral. Ahora bajaron a 637, solo 11,4 por ciento del total de alcaldes en el país.

Aún hay seis candidatas que disputarán la segunda vuelta el 30 de octubre en  municipios con más de 200.000 electores donde no hubo un ganador por mayoría absoluta en la primera vuelta el 2 de octubre, pero con escasas posibilidades de triunfo.“Sin una reforma política decente, que no parece posible a corto plazo, la participación femenina en el poder legislativo y ejecutivo seguirá ínfima, una de las más bajas en el mundo y superando solo a Haití en América Latina. Es un problema estructural, determinando que política no es lugar para mujeres”: Masrá de Abreu.

Los resultados ya conocidos interrumpen un incremento de la participación femenina en el proceso electoral desde que se aprobó, en 1995, la ley de cuotas para que los partidos destinasen un mínimo de 20 por ciento, luego elevado a 30 por ciento, de postulaciones parlamentarias a las mujeres.

Aún no se ordenaron los resultados en 5.568 municipios para tener idea de cuantas mujeres acaban de elegirse concejales, pero no alcanzarán la proporción de 2012,  13,3 por ciento del total, estima Masrá de Abreu, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFemea), organización no gubernamental de Brasilia.

Creció la cantidad de candidatas, alcanzando 32,8 por ciento del total, es decir superando la cuota, pero “eso no se refleja en los resultados”, observó a IPS.

Las activistas se quejan de que los partidos si cumplen la postulación mínima de mujeres, pero no les brindan los recursos financieros y de publicidad que favorecen a los candidatos masculinos.

“Sin una reforma política decente, que no parece posible a corto plazo, la participación femenina en el poder legislativo y ejecutivo seguirá ínfima, una de las más bajas en el mundo y superando solo a Haití en América Latina. Es un problema estructural, determinando que política no es lugar para mujeres”, lamentó Abreu.

La presencia femenina en las distintas instancias de poder, como la Cámara de Diputados y los gobiernos estadales y municipales, varían en torno de 10 por ciento, con “excepciones” ocasionales, como el Senado en la actualidad, que cuenta 11 mujeres en un total de 81 miembros, es decir 13,6 por ciento.

En países donde los partidos adoptan las listas cerradas, alternando mujeres y hombres en el orden de las candidaturas, se avanzó aceleradamente hacia cierta equidad en la representación parlamentaria. Pero es muy difícil que el sistema sea aceptado en Brasil, donde el voto personal es una tradición.

Además el país vive “una oleada conservadora” que tiende a promover retrocesos en la representación femenina, teme la asesora de CFemea, organización creada para acompañar las actividades parlamentarias y políticas que afectan a las mujeres brasileñas.

La destitución de la exmandataria Dilma Rousseff, en el poder desde 2011, dictaminada por el Senado el 31 de agosto, alzó a la presidencia a Michel Temer, al frente de una coalición conservadora.

Su equipo ministerial no cuenta con ninguna mujer. Pero desde antes el legislativo Congreso Nacional ya venía adoptando leyes que restringen derechos femeninos.

Una mujer con dificultades de movilidad, cuando acudía a votar, ayudada por su nieta, en las elecciones municipales de Brasil, el 2 de octubre, en la ciudad de Recife. El voto femenino es determinante en el país, pero la presencia de mujeres en cargos de elección resulta muy baja. Crédito: Sumaia Villela/Agência Brasil

Las elecciones municipales han acentuado esa tendencia, al debilitar más aún el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que estuvo en el poder desde 2003 y hasta agosto y está abrumado por los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel a varios de sus dirigentes y alimentaron la caída de Rousseff.

El PT perdió 60 por ciento de los municipios que controlaba, reducidos ahora a 255. De ser el tercer partido con más alcaldes cayó ahora al décimo lugar.

Es una pérdida también para el movimiento femenino que se beneficiaba de “tiempo de propaganda en la televisión” del PT, que además “le permitía promover mujeres con un discurso más amplio y diversificado en las instancias políticas”, recordó Abreu.

Menos pesimista, la experta en sondeos electorales Fátima Pacheco Jordão identificó aspectos interesantes y prometedores en esas elecciones municipales.

En São Paulo, la mayor metrópoli brasileña, con 6,94 millones de electores, se eligieron ahora 11 mujeres concejales, más del doble de las cinco que triunfaron cuatro años antes, destacó a IPS.

El concejo local tiene 55 puestos, así que la bancada femenina corresponderá a 20 por ciento, participación casi alcanzada en otras de las mayores ciudades brasileñas, como Salvador y Recife, capitales estadales del Nordeste.

En otras grandes ciudades, como Belo Horizonte, Porto Alegre y Belém, capitales de los estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Pará, respectivamente, hubo mujeres que obtuvieron la mayor votación entre centenares de candidatos, acotó.

“Otro dato interesante es que algunas de las elegidas son representantes feministas, provienen del movimiento social, como dos jóvenes negras”, corroboró Abreu.

Curiosamente, las regiones más pobres de Brasil registran una presencia mayor de mujeres en el poder político. En estados del Nordeste, como Alagoas y Rio Grande do Norte, las mujeres suman más de 20 por ciento de los alcaldes elegidos el domingo 2, así como Amazonia y Roraima, estados del norte amazónico.

En cambio, estados del sur y el sudeste, los más ricos de Brasil, presentan menos de ocho por ciento de alcaldesas entre sus gobernantes municipales. Blumenau y Tubarão, municipios importantes del meridional estado de Santa Catarina, no eligieron ninguna mujer para sus concejos.

Pese a las estadísticas que solo se podrá analizar contando con más detalles, “esas elecciones revelaron avances, como mayor protagonismo de las mujeres, la discusión de problemas de la vida real, como mantención de las calles y abastecimiento de agua”, opinó Pacheco.

“Ello se reflejó en un electorado más atento, acompañando los sondeos electorales y los deslices de los distintos candidatos”, explicó.

Candidato favorito en São Paulo, el periodista Celso Russomanno, famoso como presentador de programas televisivos, perdió popularidad y las elecciones tras divulgarse irregularidades laborales en un restaurante de su propiedad que quebró.

Otro, Pedro Paulo Teixeira, apoyado por el aún alcalde de Río de Janeiro, sufrió una baja votación en buena parte por conocerse que agredió físicamente a su exmujer hace algunos años.

“Esta vez los debates entre candidatos en la televisión obtuvieron gran audiencia, con índices superiores a los registrados por programas de entretenimiento en el mismo horario, reflejando el interés de los electores”, realzó la analista electoral.

Ella comprobó, asimismo, en reuniones con mujeres de São Paulo, una nueva conciencia de “electora contribuyente, que ya no encara la corrupción solo como un problema ético, sino como una cuestión presupuestaria, que le quita recursos a programas sociales, que ‘roba’ servicios públicos”.

Editado por Estrella Gutiérrez