El manejo de las crisis o situaciones de emergencia como el covid-19 puede tener impactos graves en la vida de las mujeres y niñas, si no se consideran las dimensiones de género.
La prohibición establecida por el presidente Donald Trump de que la asistencia internacional de Estados Unidos beneficie a organizaciones que brinden servicios o asesoría vinculados con el aborto, está perjudicando gravemente a la población de Malawi, según un reporte que seleccionó para medir la medida.
La práctica de la mutilación genital femenina acarrea costos mundiales por 1400 millones de dólares anuales en el conjunto de países donde mujeres y niñas siguen siendo víctimas de ella, según plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es necesario centrar la mirada en laolvidada situación de las mujeres y las niñas que viven en áreas en conflicto y en particular apoyarlas con servicios de salud sexual y reproductiva, demandó en un su plan de acción humanitaria 2020 la agencia de la ONU para la población.
Un nuevo estudio de la Unicef denuncia que alrededor de una de cada cuatro niñas y mujeres víctimas de la mutilación genital femenina; lo que equivale a 52 millones en todo el mundo, la sufrieron por parte del personal sanitario.
Cuando Nomcebo Mkhaliphi, de 14 años, notó por primera vez la sangre que salía de su vagina, se sorprendió. Confundida, recurrió a sus hermanas mayores para pedirles consejo, en su humilde hogar en Suazilandia.
“En este momento, no quiero casarme. Tengo toda la vida por delante y un sueño por cumplir”, le dijo a sus padres una adolescente de 14 años en Bangladesh.
Cada día, en los países del Sur en desarrollo 20 000 niñas y adolescentes dan a luz, lo que se traduce en que 7,3 millones de nacimientos anuales son de madres menores de 18 años, mientras que las complicaciones del embarazo y el parto siguen como la mayor causa de muerte de este grupo de mujeres.
Los más de 6 000 delegados, congregados en la capital de Kenia en la 25 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD25), tienen ante sí alcanzar compromisos que renueven y redoblen las promesas hechas a las niñas y mujeres hace 25 años en El Cairo.
Llevar a cero las muertes maternas prevenibles, eliminar la violencia de género y satisfacer las necesidades de planificación familiar, los tres grandes compromisos de la 25 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPS25), requieren, además de voluntad política, de dinero, mucho dinero.
Al menos 830 mujeres mueren cada día por causas evitables, 33 000 niñas se ven obligadas a contraer matrimonio infantil y otras 11 000 niñas son sometidas a mutilación genital femenina. Estas son algunas de las crueles realidades que enfrentan las mujeres jóvenes a diario.
Un nuevo estudio médico dado a conocer este miércoles 9 concluye que más de un tercio de las mujeres en cuatro países de bajos ingresos sufrieron maltratos durante el parto en centros sanitarios.
En buena parte de América Central, una región donde prevalecen draconianas leyes contra el aborto, las posibilidades de cambios en esa legislación no solo son escasas sino que en algunas naciones la situación podría deteriorarse aún más.
La violencia sexual se mantiene como un “arma” de uso común en conflictos armados, nacionales o internacionales, lo que sigue amenazando la paz colectiva y la seguridad en el mundo. ¿Qué hacer para mejorar esa situación? La respuesta es colocar a las personas sobrevivientes como protagonistas de sus derechos y de su erradicación.
La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos es la más alta de todos los países industrializados, y está aumentando. Estados Unidos es actualmente el lugar más peligroso para dar a luz en el llamado mundo desarrollado.
El aborto ha sido siempre un tema polémico a nivel mundial, y el debate lejos de apaciguarse ha vuelto a intensificarse, con el creciente poder de los grupos neoconservadores, tanto religiosos como políticos, lo que obliga a las mujeres y a las organizaciones que las apoyan a levantarse en defensa de sus derechos reproductivos.