El ciberespacio es un ámbito creciente de la violencia machista contra las mujeres. Crédito:Yixin Cen

Por Celia Guerrero
MÉXICO, Jun 13 2017 (IPS)

Eréndira Derbez e Israel Espinosa publicaron, en abril de 2017, el artículo “Bocafloja: El privilegio del marcho progre”, en el que analizaron la respuesta misógina del rapero Bocafloja a una colaboradora durante un acto público. La publicación desató una polémica en el círculo del hip hop latinoamericano sobre machismo, racismo y clasismo, pero también una serie de comentarios en redes sociales de quienes defendieron al rapero y atacaron a uno de los autores del artículo.

Lo curioso, dice Eréndira, fue que los mensajes de desprestigio, violentos, iban dirigidos solo a ella. “Fueron insultos en donde las ideas del texto fueron desestimadas por el hecho de que era mujer. Utilizaron el argumento de que yo no entendía nada del tema porque era una mujer blanca. Usaron el discurso del racismo para validar el machismo”, comenta.

Días después de la publicación, Eréndira se desconectó de redes sociales, cansada de bloquear a usuarios que a diario le enviaban insultos y mensajes violentos.

“Yo nunca aparecí en ningún tipo de reclamo, a mí no me nombraron nunca, todo era hacia Eréndira. Y creo que se volvió más violento porque ella se identifica abiertamente como feminista. Se vuelve más violento cuando se trata de una mujer con postura política”, opina Israel, coautor del artículo.

“Menstruadora” fue el nombre que Luisa Velazquez dio a la cuenta en Twitter con la que, en 2011, utilizó internet para ampliar su activismo lesbofeminista. Pero desde que emitió sus primeros mensajes comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios que se decían “agredidos” por sus publicaciones.

Las amenazas contra ella y sus compañeras del colectivo “Lesboterroristas” aumentaron en mayo de 2015, y obligaron a Luisa a cerrar sus cuentas de redes sociales.

“En los comentarios hablaban de violarme, matarme y colgarme, o primero matarme y luego violarme y luego colgarme, o violarme colgada y al final matarme”, cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet.

Sin embargo, cuando conocidos suyos la amenazaron con publicar su domicilio si no paraba el activismo, decidió alejarse del espacio virtual para cuidarse física y emocionalmente.

Luisa y el colectivo “Lesboterroristas” señalaron el hostigamiento como un acto de lesbofobia y la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un “debilitamiento del libre debate y difusión de información de los derechos de las mujeres”.

“Lo normalizamos. Es una de esas violencias que toleramos y no deberíamos”, dice Luisa sobre las agresiones virtuales que la llevaron a abandonar Internet.

Las amenazas virtuales llevaron a Luisa a cerrar las cuentas de “Menstruadora”, abandonando su activismo en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Los efectos
Hay una mujer en el piso, acostada sobre un trozo de papel, y otras tres mujeres pintan con plumones su silueta. “En el estómago, yo siempre siento todo en el estómago”, comienza diciendo una de ellas y dibuja una espiral a la altura del vientre del cuerpo delineado sobre el papel. “A mí me dan calambres en los pies”, añade otra y pinta un rayo en una de las extremidades del dibujo. “¿No les sudan las manos?”, pregunta alguien más. “Sí, a veces. Y el dolor de cabeza y de espalda, bueno, ese es permanente”.

Es una de las actividades del encuentro “Construyamos una Internet Feminista”, en el que activistas de diferentes estados de México, que han enfrentado agresiones virtuales, realizan el ejercicio de plasmar en un dibujo los impactos de esa violencia sobre sus cuerpos.

Una de las organizadoras explica por qué es necesario el feminismo en el espacio virtual. “Pensamos que la violencia en Internet no es violencia. ‘Como es virtual no es real’, nos dicen. Pero todas sabemos que no es así, todas sabemos cuáles son sus efectos”.

En 2006 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) inició la campaña “¡Dominemos la Tecnología!” para visibilizar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la violencia contra las mujeres.

“Dentro de los círculos feministas, cuando comenzamos a investigar sobre violencia en línea, nos dijeron: no es importante, son unas excesivas, no tiene nada que ver con la violencia real, no entienden que están matando mujeres, de verdad cállense, las feministas tenemos trabajo más importante que hacer”, cuenta Erika Smith, miembro de la APC en México.

“Y nosotras dijimos: es todo parte de la misma estructura, conforme vamos apropiándonos más de internet, e internet va ganando más espacio en nuestras vidas, esto va a crecer y ser más y más relevante, tenemos que prestar atención”.

En 2012, la APC comenzó a documentar en un mapa en línea hechos de violencia contra mujeres relacionados con la tecnología. Su objetivo era demostrar que este se trata de un problema sistemático y serio.

Lo primero que descubrieron fue que —al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios— no se trata de un “problema de primer mundo”. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico, en Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.

Otros hallazgos fueron: las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales, y en  41 por ciento de los casos el abuso es cometido por una persona conocida. “La violencia en Internet refleja totalmente la violencia que conocemos. Es parte de una estructura y, por supuesto, es ejercida por gente cercana a nosotras”, explica Smith.

Según el diagnóstico de la APC, Facebook y los teléfonos celulares son las plataformas más denunciadas.

La mitad de los casos documentados fueron denunciados ante alguna autoridad, sin embargo, seis de cada 10 denuncias no fueron registradas formalmente porque consideraron que no existió violencia o delito.

“Las mujeres van y buscan sus medios tradicionales de justicia y les están fallando de manera tremenda. Lo interesante es por qué”, opina Smith. Luego menciona algunas de las respuestas de las autoridades: “No es violencia real. Regresa cuando te violen. Regresa cuando de verdad te hagan algo. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Es una amenaza en Twitter o ¿Qué es Twitter? No entiendo”.

Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que, de un universo de más de 1.000 denuncias entre 2012 y 2014, 11 por ciento de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física.

“A nivel estadística a lo mejor no es tan alto, pero en América Latina esa violencia física es feminicidio”, alerta Smith.

El daño emocional que la violencia en línea ocasiona a las mujeres es el más notorio y el que tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana. Lo que la APC determinó con el análisis fue que “las sobrevivientes sufren de depresión, miedo y ansiedad, casi en todos los casos”, impidiendo la participación amplia de las mujeres dentro y fuera del espacio virtual.

En el encuentro “Construyamos una Internet Feminista” activistas feministas discutieron sobre los efectos emocionales y físicos de la violencia virtual. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

El cuerpo: la delgada línea

Un torbellino de mujeres se abalanza sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología: difamación; censura de contenido (como imágenes con pezones femeninos); vigilancia; difusión de contenido íntimo sin consentimiento; robo de identidad y “hackeo” de cuentas de redes sociales, correos electrónicos y sitios web.

La lista incluye acoso; “doxeo” (documentación y publicación de todo tipo de información que exista en Internet sobre una persona); violencia sexual, y amenazas de violación y muerte.

“Hay violencias que son delito y hay violencias que no lo son. Lo importante es considerar que todas tienen su impacto”, dice Erika de la APC.

Aunque en este momento se enfocan en los tipos de violencia en línea, también consideran que no se trata de una nueva clase de violencia ni de un abuso que esté separado de los que suceden en el “mundo real”. En realidad, opinan, hay una delgada línea que no separa, sino une la realidad a lo que sucede en el mundo virtual.

“La violencia se está ejerciendo a través de nuestros cuerpos en todos los espacios y el sistema patriarcal está en todos lados, no perdona ni un espacio”, opina Liliana Zaragoza (Lili_Anaz), cofundadora del Laboratorio de Interconectividades, una iniciativa que promueve la autodefensa hackfeminista.

De igual forma, la APC considera en que la violencia en línea contra las mujeres está conectada a la violencia “offline” o del “mundo real”. “Las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea y en diferentes plataformas digitales”, explican en Cultivando la violencia a través de la tecnología.

En Internet y dominación. Hacia una sociología de la nueva espacialidad, Mariana Celorio, académica e investigadora sobre los espacios virtuales y la dominación en internet, también habla de una dinámica en el ciberespacio semejante a la del espacio público.

En ambos “se propicia la interacción, la exclusión y la segregación social entre quienes pertenecen y no a él, entre quienes lo usan, lo viven, lo administran y gestionan; es sede de formas plurales de expresión ciudadana y de maneras distintas de apropiación colectiva que muchas veces pueden ser antagónicas, contradictorias, hasta llegar a la violencia”, señala Celorio.

“¿Sabemos que implica Internet? ¿Qué es territorio? o ¿De dónde a dónde abarca cuando hablamos de cuerpo? Esas son las preguntas, pero lo que sí sabemos todas es cómo se siente un cuerpo violentado todos los días” , dice Liliana Zaragoza para explicar las planteamientos que abordan en los talleres de autodefensa hackfeminista.

La violencia relacionada con la tecnología va desde la vigilancia, el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hasta las amenazas de muerte. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Un arma de doble filo

En un tendedero cada participante del evento “Construyamos una Internet Feminista” cuelga una hoja en donde relata una experiencia positiva vivida gracias a Internet, y en otra exponen una vivencia negativa y cómo las hizo sentir cada una.

La mayoría coinciden con que Internet —y en general el uso de las TIC— las ha ayudado a difundir y crecer su activismo, aunque también les ha traído consecuencias violentas.

Un miembro de un colectivo feminista de la ciudad de Guadalajara comenta que les permitió llevar a cabo proyectos sin recursos. Otras activistas de los estados de Michoacán, Guerrero, Yucatán, parecen estar de acuerdo con que las redes sociales potenciaron la difusión de sus causas. Sin embargo, también consideran su actividad en el ciberespacio como un arma de doble filo.

“A nosotras, en general, el ciberactivismo nos ha traído muchas experiencias terroríficas. No podemos obviar que en México existe una violencia de Estado contra quienes se organizan para exigir sus derechos”, comenta una activista de Ciudad de México.

Un ejemplo reciente es la historia de acoso callejero y en línea a Tamara de Anda, columnista del periódico El Universal. La periodista publicó en redes sociales que realizó una denuncia en contra de un chofer de taxi de Ciudad de México que le gritó guapa en la vía pública.

El resultado fue una sanción administrativa para el taxista y una cascada de agresiones por parte de usuarios de internet que comenzaron a acosar a la denunciante. Los mensajes de odio que recibió De Anda iban desde la desacreditación de su denuncia, hasta amenazas de muerte y violación.

“Hoy (la violencia en línea contra las mujeres) es más visible por los recientes ataques a periodistas. Pero, desde antes, muchas ya la vivían”, comenta Lulú Barrera, integrante de Luchadoras, un colectivo feminista.

A pesar de que Luchadoras nació y creció en redes sociales, Lulú cuenta que son cada vez más las activistas feministas que prefieren salir de plataformas como Facebook que, por ejemplo, no permiten imágenes de pezones femeninos, pero sí hordas de usuarios que promueven la misoginia y discursos de odio. “Para mí, estar en Facebook es como vivir en la casa del agresor”, dice.

La plataforma más denunciada por activistas, por ser en la que más agresiones en contra de mujeres suceden, fue Facebook. Esto, en parte, porque es la red social que más usuarios tiene en México, reflexiona Erika Smith de la APC.

Para activistas feministas, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Autoridades y plataformas

Para el segundo trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) contabilizó 62,4 millones de usuarios de Internet en México (57 por ciento de la población), y de cada 100 usuarios, 49 son mujeres.

Por su parte, en 2016 Facebook reportó 61 millones de usuarios en el país, de los cuales 41 millones utilizan la plataforma diariamente, convirtiéndola en la red social de mayor penetración en México, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.

Concientizar a autoridades y dueños de plataformas sobre la violencia contra de mujeres relacionada con la tecnología es un trabajo que la APC ha realizado desde que comenzaron la campaña “¡Dominemos la tecnología!”.

A nivel internacional, este también ha sido tema de debate. Recientemente, la policía de Chicago comenzó la búsqueda de cinco hombres que violaron en grupo a una adolescente de 15 años y transmitieron la agresión en Facebook Live.

La violación fue visualizada en vivo por al menos 40 personas y ninguna de ellas lo denunció ni a la policía ni a Facebook, dado que un día después de la transmisión la red social no había retirado el contenido y el video seguía público.

“Una de las exigencias a Facebook ha sido que sean específicos en sus condiciones en caso de violencia de género, cosa que no han querido hacer”, dice Smith.

Para este reportaje se buscó a la oficina de Facebook México para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

En el caso de iniciativas de sociedad civil e instituciones en México, en agosto de 2014 inició una campaña contra el “cyberbullying (ciberacoso”, promovida por legisladores, académicos y empresarios. La iniciativa, dirigida a adolescentes y niños, buscaba concientizar sobre “conductas perniciosas” en Internet.

En julio de 2016 comenzó otra campaña contra el llamado “sexting”, el intercambio consensuado de textos, audios, imágenes o videos eróticos. Sin embargo, la primera campaña considera el ciberacoso un problema de “adolecentes con poca supervisión”, mientras que la otra fue criticada por activistas y organizaciones por estigmatizar la práctica e intentar combatirla desde una postura moralista.

Para la comunicóloga Lisseth Pérez Manríquez el problema radica en que no se piensa en internet como un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de trabajo.

Erika Smith cree que lo que se requiere es sensibilización y no la coacción o sobrevigilancia. Pero las estrategias apuntan hacia el lado contrario. “Lo que quieren controlar internet, no la práctica y el comportamiento negativo o violento”, opina.

De acuerdo con el análisis de la APC, en México la violencia relacionada con el uso de las TIC no es considerada en la legislación.

Al respecto, las comunicólogas Florencia Goldsman y Graciela Natansohn señalan que es un error creer que la violencia contra mujeres en ambientes digitales es una nueva forma de violencia y por tanto se necesitan nuevas leyes específicas al tema.

“Se trata de la misma violencia histórica patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios”, argumentan en el documento Violencia contra las mujeres en red, vigilancia y el derecho a la privacidad.

La APC coincide con ellas pues ya existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo que es necesario, apuntan, es que estas leyes contemplen la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

Los casos de amenazas virtuales y mensajes intimatorios virtuales incrementan todos los días, pero el sistema de justicia mexicano no está preparado para atenderlos. Crédito: Redes Sociales

Internet feminista

Ante un panorama violento y complejo, la APC reunió en 2014 a activistas feministas, defensoras de los derechos en internet y la tecnología y redactaron los “Principios feministas para internet”, vaciados en un documento que está en permanente construcción.

“Para mí son provocaciones. Aprovechar Facebook para nuestro beneficio es hermoso, aunque haya vulnerabilidades asociadas. No necesariamente el foco del feminismo —cuando hablamos de Internet— debe ser la violencia. Rechazamos esto, porque no podemos reducir género a violencia”, dice Erika Smith.

“Por eso hablamos de internet feminista, porque nuestro espacio no puede ser solo de denuncia e indignación. Lo que queremos es apertura, tenemos que asegurarla”.

Es lo que también promueven iniciativas como el Laboratorio de Interconectividades: una visión amplia del espacio virtual, más allá de las redes sociales en donde se desarrolla la violencia.

“Cuando hablamos de violencia en línea contra las mujeres y hablamos de Twitter y Facebook, lo que queremos mostrar es que internet va más allá de estas plataformas. Si no toda nuestra energía se nos va a ir en buscar respuestas para cuidarnos en plataformas que de por sí nunca se preocuparon por nosotras, que más bien nos ven como potenciales clientes”, advierte Liliana Zaragoza.

Cuando Luisa comenzó a recibir amenazas de muerte y violación a través de sus redes sociales y decidió suspender las cuentas de Menstruadora, desde donde practicaba su activismo, algunas organizaciones sociales se acercaron a ella para apoyarla, pero ninguna tenía claridad de qué hacer. Mientras, lo máximo que las autoridades podían lograr era identificar a sus agresores, pero ella ya los conocía.

Ahora, dos años después de la experiencia, Luisa dice que tuvo que “despersonalizarse en Internet”. Sigue practicando su activismo y ha reactivado sus redes sociales poco a poco.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

Jóvenes con distintos carteles contra la violencia hacia las mujeres, durante la multitudinaria concentración bajo el lema “Ni una menos” del 3 de junio, en la capital de Argentina. Crédito: Ana Currarino/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 9 2017 (IPS)

En enero de 2008, Rosana Galliano fue asesinada a balazos por encargo en Exaltación de la Cruz, un municipio rural a 80 kilómetros de la capital de Argentina. Quien ordenó su muerte fue su exmarido, José Arce, condenado por la justicia  a prisión perpetua.

Nueve años después, Arce goza del beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud y vive con los  hijos de la pareja, dos varones que hoy tienen 13 y 12 años.

Organizaciones de mujeres sostienen que hay decenas de situaciones parecidas en Argentina, cuya sociedad se ha mostrado particularmente sensibilizada en los últimos años por casos de violencia de género. “En la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”: Mabel Bianco.

La respuesta fue salir a las calles: desde 2015, una extraordinaria movilización social que se mantiene hasta hoy ha instalado el tema en la agenda pública y ha obligado a los políticos a ocuparse del fenómeno de las altas cifras de feminicidios o femicidios, como se tipifica a los asesinatos de mujeres por razón de su género.

Así, el caso de los hijos de Rosana Galliano fue el principal disparador de una ley sancionada el 31 de mayo por el legislativo Congreso de la Nación, que priva de la responsabilidad parental a quien sea condenado como autor, instigador o cómplice del asesinato de de la madre/padre de sus hijos.

El mismo castigo se le aplica, dice la ley, al responsable de lesiones graves contra el otro progenitor o contra los hijos/hijas y de delitos sexuales contra estos últimos.

“Hemos recibido consultas por una cantidad de casos similares al de los hijos de Rosana Galliano, que no llegan a los medios de comunicación porque las familias de las mujeres asesinadas no quieren hacerlos públicos”, dijo Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización con sede en Buenos Aires que combate la violencia, el abuso y la discriminación hacia las mujeres.

“Nosotras presentamos en 2014 un proyecto orientado a privar a los femicidas de responsabilidad parental, se discutió junto otros siete similares y se alcanzó un consenso. Es una norma que seguramente va a ser copiada por otros países”, añadió en diálogo con IPS.

La Casa del Encuentro comenzó en 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, a recopilar la información publicada por los medios de comunicación sobre muertes violentas de mujeres por razones de género en este país sudamericano  con una población cercana a los 44 millones de personas.

Se trata de lo que, ese mismo año, fue definido como femicidio, durante una reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, el instrumento interamericano sancionado en 1994 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Manifestantes marchan por la Avenida de Mayo en Buenos Aires, detrás de una gran pancarta que reza “Estudiantes por ni una menos” durante una multitudinaria concentración contra la violencia machista en la capital argentina, el 3 de junio. Crédito: Ana Currarino/IPS

El Congreso argentino se puso en sintonía en 2012, cuando impuso la pena de reclusión perpetua a quien mate “a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Hasta entonces, un hecho de esas características encajaba dentro de la definición de homicidio simple, penado con un máximo de 25 años de prisión.

Sin embargo, esta novedad no sirvió para que disminuyera la violencia contra las mujeres en el país. Las estadísticas de la Casa del Encuentro demuestran que los femicidios se han mantenido medianamente estables en un muy alto nivel: 255 en 2012, 295 en 2013, 277 en 2014, 286 en 2015 y 290 el año pasado.

Entre los cientos de casos, hubo uno que alteró por completo la vida de una comunidad del interior del país y terminó por sacudir al país. Chiara Páez, una adolescente de 14 años, desapareció un domingo de mayo de 2015 en Rufino, provincia de Santa Fe.

Buena parte de los 20.000 habitantes de la localidad salieron a buscarla, pero finalmente la policía la encontró enterrada en la casa de los abuelos de su novio, un chico de 16 años que confesó que la había matado a golpes. La autopsia reveló que Chiara estaba embarazada y que había tomado una medicación para abortar.

Unos días más tarde, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país para exigir un freno a la violencia machista. “Ni una menos” fue la consigna ideada por un grupo de activistas feministas y periodistas, que  buena parte de la sociedad argentina hizo suya de inmediato.

Desde entonces, la marcha de “Ni una menos” se realiza anualmente, con convocatorias multitudinarias y su última edición fue el 3 de junio. Mujeres y hombres coparon la emblemática Avenida de Mayo –que une el Congreso Nacional y la Casa de Gobierno, en Buenos Aires- y una de las oradoras centrales fue Nora Cortiñas, prestigiosa dirigente de la organización humanitaria de Madres de Plaza de Mayo.

En el documento de la movilización se advirtió que muchas mujeres son asesinadas a pesar de haber denunciado ser víctimas de violencia y se señaló que, por eso, “el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida”.

“Ni una menos”, el lema que los y las manifestantes enarbolaron por Buenos Aires durante la concentración contra la violencia de género, el 3 de junio de este año. Crédito: Ana Currarino/IPS

Además, se reclamó el cese de la discriminación a las mujeres en el ámbito laboral y se exigió la despenalización del aborto, de manera que éste sea “libre, legal, seguro y gratuito”.

“La violencia contra las mujeres no va a disminuir rápidamente porque está vinculada principalmente a factores culturales muy marcados en la sociedad, como el mayor valor del hombre en todos los ámbitos”, dijo a IPS la médica Mabel Bianco, presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.  

“Además aún falta las respuestas gubernamentales. Se debe diseñar un protocolo que unifique las conductas a seguir en todo el país ante las denuncias de violencia de género”, explicó.

Actualmente, detalló la especialista, “en la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”.

Entre los resultados de la movilización social se incluye que, en 2015, finalmente el Estado comenzó a realizar estadísticas de femicidios. Están a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a fines de mayo presentó sus números correspondientes a 2016: fueron asesinadas por razones de género 254 mujeres, 19 más que el año anterior.

En el informe de este año la Corte discriminó por primera vez entre “mujeres biológicamente femeninas” y travestis, un colectivo en el que se registraron cinco asesinatos por cuestiones de género el año pasado.

El Congreso, por su lado, no se quedó solo en la ley de responsabilidad parental. El mismo día en que esta fue aprobada, se le dio media sanción en el Senado a otras dos normas vinculadas con la violencia de género.

Una de ellas establece una ayuda económica estatal para las mujeres que, por falta de recursos, no puedan alejarse del agresor. La otra instrumenta un subsidio para las familias que críen a los niños cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios. Los dos proyectos deben ser debatidos ahora en la Cámara de Diputados para convertirse en leyes.

Editado por Estrella Gutiérrez

Se prevé que la asamblea legislativa de Nueva York aprobará un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Crédito: George Gao / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 9 2017 (IPS)

El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.

“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos."El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que padece una niña en República Centroafricana": Heather Barr.

Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.

El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40.000 menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.

La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.

Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.

“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.

“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.

El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan ​​antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.

Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.

Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.

“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.

Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.

“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.

En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.

“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.

En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.

En mayo, el congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.

El senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.

No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.

“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.

En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.

En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.

Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión.

“No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.

La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.

“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.

En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de derechos humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”.

“Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.

Según Niñas, No Novias, cada año 1,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá 1.200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.

Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Traducido por Álvaro Queiruga

Mina Jaf, fundadora y directora ejecutiva de la organización Women's Refugee Route. Crédito: Evan Schneider/UN Photo.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 17 2017 (IPS)

La violencia sexual se utiliza cada vez más como una táctica para ejercer el terrorismo y, por ello, debe atenderse como un asunto relacionado con la paz y la seguridad, subrayaron varios especialistas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Representantes de los estados miembro del foro mundial y de la sociedad civil, así como funcionarios de la ONU, se reunieron para debatir sobre problemas permanentes, desafíos y soluciones a la violencia sexual en el marco de conflictos.

“Demasiadas mujeres conviven con algún grado de violencia a diario, en sus hogares y en sus familias. Los conflictos armados no hacen más que exacerbar las condiciones predominantes”, explicó la nigeriana Amina Mohammed, subsecretaria general de la ONU.

Esa violencia sexual es “un crimen desgarrador”, añadió.

La directora ejecutiva de la organización Women’s Refugee Route, Mina Jaf, coincidió y dijo a IPS: “Las mujeres son mucho más vulnerables en países con conflictos, y cuando eres vulnerable, sufres mayor violencia”.

El secretario general de la ONU, António Guterrez, mencionó el asunto en su informe anual, en el que detalla numerosos casos de violencia sexual utilizada con fines “estratégicos” en 19 países.

En Iraq, casi 2.000 mujeres y niñas yazidíes siguen siendo esclavas en los territorios controlados por el Estado Islámico (EI) y hay denuncias de que las venden y comercializan, además de usarlas como escudos humanos durante las operaciones en Mosul, detalla el documento.

En Myanmar (Birmania), más de la mitad de las mujeres entrevistadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijeron haber sufrido alguna forma de violencia sexual, que pudo utilizarse de forma sistemática “para humillar y aterrar a sus comunidades”.

Las mujeres y las niñas desplazadas son las que corren un riesgo mayor, coincidieron Mohammed y Jaf, pues una de cada cinco refugiadas o desplazadas experimentan alguna forma de violencia sexual.

La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur documentó casi 600 incidentes de violencia sexual en conflicto en 2016, principalmente contra mujeres y niñas. Entre las sobrevivientes habían 57 niñas, varias de las cuales menores de 10 años.

La mayoría de los casos ocurrieron en puestos de control del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, cerca de sitios de protección designados, y hay informes que señalan que se emplea la violencia sexual para castigar a las comunidades por su origen étnico o por entender que apoyan a grupos de oposición.

El representante especial del secretario general para violencia sexual en conflictos, Adama Dieng, recordó a los presentes que hay un rostro y un nombre detrás de cada número del informe.

Dieng relató los casos de Nasima, quien, por temor a ser asesinada por sus familiares tras ser liberada de manos del EI, intentó suicidarse, y el de Marie, quien contrajo el VIH por temor a denunciar la violación, privándose así de la atención preventiva contra el virus de inmunodeficiencia humana.

La vergüenza y el estigma son componentes integrales del uso de la violencia sexual como tácticas de guerra, según el informe del secretario general.

“Los agresores saben bien que ese tipo de delitos pueden convertir a sus víctimas en parias, desarmando así los lazos familiares y de parentesco que unen a las comunidades”, señala el informe. Por ejemplo, los niños nacidos de una violación pueden afrontar una vida de marginación, ser vulnerables a la explotación y ser reclutados, impidiendo así su recuperación a largo plazo.

“El estigma mata”, acotó Dieng.

Mohammed subrayó que es “imprescindible” promover la reintegración holística.

“No basta con recuperar a nuestras niñas, tenemos que devolverlas con dignidad y respeto a un entorno de apoyo, igualdad y oportunidades, y asegurarnos de que reciban la asistencia fundamental que las ayudará a reintegrarse a sus hogares y a sus sociedades”, subrayó, refiriéndose a la campaña mediática #BringBackOurGirls (recuperemos a nuestras niñas), tras el secuestro de 270 adolescentes nigerianas de una escuela de Chibok, en abril de 2014, por Boko Haram.

Dieng insistió en redirigir el estigma de la violencia sexual de las víctimas hacia los perpetradores, lo que solo será posible involucrando a los líderes comunitarios para modificar percepciones dañinas de género y vergüenza.

También señaló la necesidad de reconocer a las sobrevivientes como víctimas legítimas del conflicto y del terrorismo, las que deben recibir asistencia, reparación y tener justicia.

“Cuando las víctimas tienen la oportunidad de contar sus historias, de observar la condena a los responsables y de recibir solidaridad y apoyo, ya sean reparaciones materiales o simbólicas, pueden contrarrestar el aislamiento, la culpa y el reproche”, explicó Dieng.

Algunos países comenzaron a atender la violencia sexual con leyes, como Colombia, que creó un marco para ofrecer a las sobrevivientes acceso a la justicia. Sin embargo, solo dos por ciento de los 634 casos documentados de violencia sexual en conflictos terminaron en condena, una tendencia que es mundial.

“La violencia sexual en conflictos ya no se percibe como un asunto de mujeres o un mal menor en una falsa jerarquía de violaciones de derechos humanos. En cambio, se considera como una amenaza legítima a la seguridad y a la paz duradera, que requiere de una respuesta operativa en materia de seguridad y justicia”, observó Mohammed

También reconoció los percances de la propia ONU a la hora de responder a las denuncias de abuso sexual por efectivos de las fuerzas de paz, pero se comprometió a hacer frente a los desafíos y a lograr que la tolerancia cero se haga “realidad”.

En 2015, las denuncias por abusos sexuales de efectivos franceses de las fuerzas de paz en República Centroafricana despertaron un gran malestar en todo el mundo; una investigación sueca concluyó que la ONU sigue siendo negligente con las sobrevivientes.

Jaf dijo a IPS que si no se asignan responsabilidades y no hay justicia, aun en los casos protagonizados por efectivos de las fuerzas de paz, no se resolverá el problema de la violencia sexual en conflictos.

Los equipos humanitarios que primero atienden las situaciones de crisis deben estar capacitados para hacer frente a cuestiones delicadas, añadió, al relatar el caso de una mujer que no denunció una agresión sexual porque no se sentía cómoda hablando delante de un hombre, aunque solo fuera un intérprete, y debe seguir promoviéndose la igualdad de género.

“La violencia sexual en conflicto no ocurre en un vacío, es el resultado del fracaso sistemático de la comunidad internacional de hacer frente a las causas de raíz del conflicto, de la desigualdad de género y de la impunidad”, subrayó Jaf.

Traducido por Verónica Firme

Manifestación celebrada el 30 de abril de 2014 en Abuya para reclamar al gobierno de Nigeria la liberación de las 276 escolares secuestradas por Boko Haram en la localidad de Chibok. Crédito: Mohammed Lere/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 11 2017 (IPS)

Tras la liberación de más de 80 adolescentes secuestradas por Boko Haram en Nigeria, organizaciones de derechos humanos expresaron públicamente su preocupación por sus derechos y su futuro.

El gobierno de Nigeria logró mediante negociaciones liberar a las 82 colegialas, secuestradas en Chibok, una localidad del estado nigeriano de Borno, a cambio de cinco líderes de Boko Haram. Es una buena noticia, aunque las organizaciones internacionales lo recibieron con un relativo optimismo.

“La liberación de las 82 escolares secuestradas en Chibok es un gran alivio. Pero ahora es fundamental que reciban una atención física y psicológica adecuada y apoyo para que puedan reintegrarse a sus comunidades”, alertó Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional en Nigeria.

En abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 adolescentes en una escuela de Chibok, lo que generó un malestar internacional y motivó la campaña #BringBackOurGirls (devuelvan a nuestras niñas) en las redes sociales. Hasta ahora, 161 de ellas fueron puestas en libertad o escaparon de sus captores.

Poco después de la última liberación, el gobierno divulgó los nombres de las jóvenes, incluso en Twitter.

La experimentada investigadora de la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, Mausi Segun, criticó la medida y la consideró un “lamentable fracaso” en la protección de la privacidad de las jóvenes.

“No podemos ni imaginar el tipo de abusos al que estuvieron expuestas. Esperábamos que se concentrarán en su reintegración y en el retorno a sus familias o a cualquier tipo de normalidad, pero al divulgar sus nombres como lo hizo el gobierno, creo que le prestaron muy poca atención a los derechos y a las necesidades de las jóvenes”, explicó Segun a IPS.

Esa información circuló en los medios, sin embargo, agregó, las familias no sabían nada, pues no tuvieron acceso a ninguna información ni lista de nombres. “Creo que es una vergüenza”, continuó. Además, se mostró preocupada por el estatus legal de las adolescentes.

En otro acuerdo similar a este entre el gobierno y Boko Haram, 21 adolescentes fueron liberadas en octubre de 2016. Pero todavía no pueden regresar con sus familias y a sus comunidades. El gobierno dice que reciben educación y que les ofrecen otros servicios, pero “una cárcel es una cárcel”, dijo Segun a IPS.

“No son libres para irse. Tienen derecho a la libertad y hay una obligación legal del gobierno de explicar por qué las retiene. Nos preocupa que las 82 adolescentes que acaban de ser liberadas reciban el mismo trato”, prosiguió.

Ojigho coincidió y urgió al gobierno a garantizar la privacidad de las jóvenes liberadas y a no mantenerlas en detención por mucho tiempo y bajo un control de seguridad, que podría “sumarse a su sufrimiento y difícil situación” vivida.

Segun subrayó la necesidad de que las familias de las adolescentes reciban información y puedan ver a sus propias hijas. Y no solo ellas, “virtualmente, toda persona afectada por el conflicto tiene un hijo, una hija, una madre o un padre desaparecidos y de cuyo paradero no sabe nada”, explicó a IPS.

No se conoce con exactitud el número exacto de personas desaparecidas, pero Amnistía Internacional documentó por lo menos 41 casos de secuestros masivos por Boko Haram desde principios de 2014. Muchas de esas personas sufren abusos, desde violación, pasando por golpes y hasta misiones suicidas forzadas.

En el último informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre niños y conflictos armados en Nigeria, el foro mundial comprobó que se emplearon 90 menores de edad, la mayoría niñas, en atentados suicidas en Nigeria, Camerún, Chad y Níger. También pudieron verificar casos de violencia sexual contra 217 niñas entre 2013 y 2016, pero las estimaciones sugieren que son miles las mujeres y niñas que podrían haber sufrido esa terrible experiencia.

“Boko Haram causó un horror indescriptible a niños y niñas del noreste de Nigeria y países vecinos”, señaló la representante especial del secretario general de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba.

Además, HRW señaló la falta de medidas gubernamentales para resolver esos casos.

Por ejemplo, en noviembre de 2014, 500 menores fueron secuestrados del pueblo de Damasak, en Borno, y la población local no recibió respuesta del gobierno ni las autoridades reconocieron públicamente el hecho ni revelaron información sobre los esfuerzos realizados para recuperarlos, concluyó la organización.

“El gobierno no los atendió, quizá porque no concentran una gran atención de los medios, como sucedió con las adolescentes secuestradas en Chibok”, estimó Segun, quien subrayó la necesidad de ampliar el alcance de las negociaciones para incluir a las miles de escolares desaparecidas aparte de las de Chibok.

La ONU anunció que está a la espera de ofrecer un apoyo integral a las sobrevivientes, como atención de emergencia en salud sexual y reproductiva, además de psicológica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también se comprometió a ayudar a las niñas a reunirse con sus familias y a proseguir sus estudios en un entorno seguro.

Traducido por Verónica Firme

Shammi Haque, una bloguera de Daca conocida por defender la libertad de expresión y el laicismo, recibió amenazas de muerte y de violación. Crédito: Center for Inquiry

Por Manipadma Jena
NUEVA DELHI, May 2 2017 (IPS)

“No es lo que una diga lo que los provoca, es el hecho de que lo esté diciendo”, observó Mary Beard, profesora de la británica universidad de Cambridge, acerca de la acción contra las mujeres periodistas de los trols, personas cuyo objetivo es provocar, molestar o buscar controversias en Internet con otros usuarios. 

“Si te aventuras en el territorio masculino tradicional, el abuso se produce de todos modos. Son las muchas maneras en que los hombres han silenciado a las mujeres extrovertidas desde los tiempos de los antiguos”, explicó la profesora de filología clásica."Humillar y dañar a las mujeres es una práctica milenaria, excepto que el intercambio de información en tiempo real a través de la tecnología hace que el alcance sea mucho mayor y el daño enorme": Dilrukshi Handunnetti.

El número de mujeres profesionales en las salas de redacción aumentó en muchos países de la región de Asia y el Pacífico, según un estudio, pero aun equivale a solo 30 por ciento del personal en el sector de las noticias.

Incluso con esta baja representación ya irrumpieron en el bastión masculino de las noticias consideradas serias, como la política, la corrupción, la guerra, la gobernanza y el ambiente, con confianza e impacto.

Dicen lo que piensan, expresan su opinión y debaten con conocimiento y vigor con las y los lectores sobre cuestiones de importancia en las plataformas de los medios sociales. No obstante, la imagen de las mujeres que perdura en la sociedad sigue siendo en gran medida conservadora.

Shammi Haque, una bloguera de Daca, recibió amenazas de muerte y violación y un correo electrónico de un grupo extremista islámico que se responsabilizó del asesinato de seis blogueros de Bangladesh.

“Dado que la ley  islámica considera un delito punible que las mujeres trabajen fuera de sus casas sin la cabeza cubierta, sus empleadores son culpables en el mismo grado. Exhortamos a los medios de comunicación a que liberen a las mujeres de sus empleos”, manifestaba el mensaje.

En India, como parte de una campaña del diario Hindustan Times de lucha contra el troleo, los periodistas Harry Stevens y Piyush Aggarwal se propusieron en abril mostrar lo difícil que es ser una mujer sin pelos en la lengua en la red social Twitter. Para eso recabaron una semana de tuits enviados a cuatro destacadas periodistas.

Del total, Barkha Dutt, una veterana comunicadora de la televisión, recibió 3.020 tuits abusivos, y Rana Ayyub, una musulmana, recibió 2.580, a menudo teñidos de islamofobia.

Los trols de Internet gozan de amplia libertad en la región desde hace al menos seis años. Las mujeres periodistas que respondieron a los comentarios abusivos en las redes sociales ignorando o bloqueando a los usuarios más persistentes, ahora encuentran que el acoso y las amenazas directas de ataque se incrementaron, obligándolas a recurrir a la vía legal o la protección policial.

“La seguridad de los periodistas es una condición previa para la libertad de expresión y los medios de comunicación libres”, señala la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

“Los medios de comunicación en línea hoy en día permiten el rápido flujo de la información y la participación activa del público en el intercambio de ideas, noticias y conocimientos. Una Internet abierta, libre y segura es esencial para el debate público y el libre flujo de información y, por lo tanto, debe ser debidamente protegida”, añade la OSCE.

Las mujeres periodistas, las blogueras y otras actoras de los medios de comunicación sufren más que los hombres las amenazas, el hostigamiento y la intimidación relacionados con el género en Internet, lo cual repercute directamente en su seguridad y sus actividades en la red mundial.

“Voy a cortarte la cabeza y violarla” fue una de las amenazas que recibió la sexagenaria Mary Beard en Twitter.

“¿Por qué nadie se cuestiona los matrimonios, divorcios y amoríos de mis colegas masculinos? ¿Por qué la fijación con mi vida privada? Porque el escrutinio público sobre las mujeres – y especialmente de las que estamos orgullosas de nuestra ambición y somos ferozmente independientes – es muy diferente al de los estándares usados ​​para medir a los hombres. Y el subtexto siempre es sexual”, se quejó la periodista televisiva Dutt.

“Los agresores cibernéticos son los mismos que los matones que amenazan en la vida real”, sostiene el psiquiatra Samir Parikh.

El abuso personalizado que las periodistas reciben en Internet por hacer su trabajo profesional “pueden hacer que se sientan traumatizadas, indefensas, enojadas y muy frustradas”, subraya.

“En algunas puede incluso causar problemas de autoestima, afectar la vida social y conducir a síntomas de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Para las mujeres, el abuso y las amenazas de violencia suelen ser abiertamente sexistas y sexuales, lo que las hace más difíciles de abordar”, agregó el psiquiatra.

Internet permite “encubrir la identidad y atacar a las personas de la manera más antiética y dañina”, expresó Dilrukshi Handunnetti, una editora en Colombo. “Humillar y dañar a las mujeres es una práctica milenaria, excepto que el intercambio de información en tiempo real a través de la tecnología hace que el alcance sea mucho mayor y el daño enorme”, razonó.

El troleo se relaciona con la psicopatía, el sadismo y el maquiavelismo, según un estudio sobre personalidad realizado en 2014. Otros estudios concluyen que el aburrimiento, la búsqueda de atención, venganza y placer, y el deseo de causar daño a la comunidad se encuentran entre las motivaciones de los trols.

Sin embargo, algunos trols entrevistados manifiestan que sus comentarios en Internet no son un acoso, sino un contrapeso necesario para las opiniones y noticias que consideran erradas, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

A medida que las amenazas se vuelven demasiado peligrosas para ignorarlas, las periodistas se ven obligadas a recurrir a la ley, a pesar de sus dudas acerca de si las autoridades competentes podrán garantizarles una investigación rápida y sensible.

Una Política contra el Acoso en los Medios Sociales en Internet, redactada en marzo de 2016 por la Federación Internacional de Periodistas, establece una hoja de ruta para que las empresas de comunicación protejan a sus empleados, creen espacios seguros en línea para el debate abierto y respetuoso y respondan al abuso y el acoso que padecen particularmente las periodistas.

Entre los mecanismos para garantizar la seguridad digital y la ausencia de hostigamiento, la hoja de ruta propone una división cibernética especial en las empresas que equipe especialmente a las mujeres periodistas con conocimientos y recursos legales. Cuando el acoso es extremo, las medidas también deben incluir la seguridad física, el acompañamiento legal y el apoyo para realizar denuncias policiales, además de ayuda psicológica.

Mientras tanto, algunos consejos prácticos para las periodistas que son víctimas de acoso electrónico son ignorar, filtrar, bloquear y denunciar a los trols. Si las cosas empeoran, denunciar al culpable a los cuatro vientos y nunca olvidarse de recopilar y documentar el abuso sufrido.

Traducido por Álvaro Queiruga

Impactantes revelaciones sobre lo ocurrido a las niñas víctimas de abuso sexual por efectivos de las fuerzas de paz en República Centroafricana se dieron a conocer en una conferencia de prensa de la Campaña Código Azúl el 12 de abril de 2017. Crédito: SVT

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Apr 14 2017 (IPS)

Varias sobrevivientes de abusos sexuales a manos de efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz en República Centroafricana siguen sin recibir la atención debida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó un equipo de investigación sueco.

Tres años después de que surgieran los primeros casos de abusos sexuales y de explotación por efectivos de la misión de paz en ese país africano, un equipo de documentalistas suecos se contactó con varias sobrevivientes, quienes dijeron que nunca llegaron los fondos prometidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Lo que exponemos no es que se hayan cometido esas atrocidades, sino que entonces les prometieron un apoyo y simplemente desapareció”, explicó una de las directoras del AIDS-Free World y de la Campaña Código Azúl, Paula Donovan, al ser consultada por IPS.“La ONU necesita salvarse de sí misma”: Paula Donovan.

La organización primero documentó los casos de abuso sexual cometidos por efectivos de las fuerzas de paz en 2015 y que causaron indignación pública.

Niñas de entre ocho y 15 años, residentes de un campamento de refugiados, denunciaron que las obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de alimentos y de otros bienes. Hay 14 soldados franceses implicados en los hechos.

Tras reunirse con representantes de Unicef en República Centroafricana, quienes dijeron que las niñas estaban atendidas y los casos seguidos, la periodista Karin Mattisson y su equipo hablaron con algunas víctimas que dieron una versión diferente de los hechos.

Una de las sobrevivientes, Martha, quedó embarazada y contrajo el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), cuando tenía 14 años, a raíz del abuso perpetrado por un efectivo de la misión de paz.

“Al principio, Unicef dijo que se aseguraría que el soldado fuera detenido, y que se ocuparían de la madre y del bebé para ayudarnos. Pero luego, nada, nadie vino a vernos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo del niño”, relató su amiga.

Martha dijo que lo único que recibieron fue un “regalo” monetario de unos 15 dólares, un saco de arroz, leche y azúcar. Mientras, el soldado fue repatriado y no se sabe si se tomaron medidas punitivas.

Dos niños, también violados y que declararon en el marco de la investigación inicial de la ONU, también dijeron que no habían recibido ninguna ayuda. “Estamos tratando de salir adelante por nuestra cuenta. Le vamos a buscar agua a la gente, lavamos autos, así hemos vivido desde entonces”, relató uno de ellos.

La portavoz de Unicef, Najwa Mekki, dijo a IPS que la agencia ofreció asistencia a los menores de los casos que conocen y que reforzaron su procedimiento de denuncia, de asistencia a las víctimas y la capacitación del personal desde 2015.

“Hacemos un seguimiento de los niños identificados en el programa de televisión sueco, ofrecemos asistencia cuando corresponde y seguiremos otorgando el apoyo necesario a cualquier víctima de explotación sexual y de abuso que se presente o del que nos informen”, dijo a IPS.

El ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, el embajador Anwarul Chowdhury, quien participa en la Campaña Código Azul, explicó que la burocracia de la ONU perjudica la implementación de medidas al impedir en ese tipo de casos que la información clara y concisa siga la cadena de mando.

“Para cuando la información finalmente llega al secretario general, está totalmente diluida”, dijo a IPS. Y sin todas las pruebas, cualquier investigación se vuelve un “estudio falso”, añadió.

Y a pesar de las medidas tomadas por el foro mundial en 2015 para hacer frente al escándalo, como la creación un grupo de revisión que calificó de “enorme fracaso institucional” la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual, no se tomaron medidas de sanción.

De hecho, en enero, concluyó una investigación francesa sobre esos casos sin imputaciones. Además, los altos funcionarios de la ONU acusados de abuso de autoridad por eliminar información en vez de denunciar los casos, también permanecen impunes, observó Donovan.

El “enorme fracaso institucional” no hizo más que continuar, añadió.

“La justicia se demora y se les niega”, subrayó, por su parte, Chowdhury.

Donovan también señaló el uso problemático de “gente de adentro de la ONU” para hacer frente al problema debido a sus preocupaciones por su propio legado y reputación.

“Las personas que forman parte del problema quedaron encargadas de la solución. No quieren presentarse y decir ‘esto es lo que está tan mal y es horrible de la ONU y decidí arreglarlo’ porque ellos estuvieron a cargo de todo”, explicó.

A principios de este año, el secretario general António Guterres anunció la creación de un grupo de investigación para analizar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual.

Entre los integrantes del equipo se encuentra la subsecretaria general para las fuerzas de paz Jane Holl Lute y el asesor militar del Departamento de Operaciones de Paz, teniente general Carlos Humberto Loitey.

Pero según Chowdhury, ningún grupo de investigación servirá para nada. “Si es con gente de adentro de la ONU, no harán nada para poner lo propio en el abuso”, explicó a IPS.

Donovan y Chowdhury pidieron un mecanismo judicial especial para atender los abusos sexuales de efectivos de las fuerzas de paz.

Chowdhury, por su parte, subrayó la necesidad de una unidad independiente para realizar investigaciones y denunciar casos, y así contribuir a que se tomen medidas contra los responsables y cuyas acciones suelen gozar de la protección de sus compañeros.

“La ONU necesita salvarse de sí misma”, resumió Donovan.

Traducido por Verónica Firme

Madres y bebés esperan ser atendidos en una clínica financiada con recursos de Estados Unidos en Uganda. Crédito: Lyndal Rowlands/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Apr 6 2017 (IPS)

Estados Unidos retiró su apoyo económico al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia que trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en 150 países.

La decisión se basa en la falsa acusación, arguye el UNFPA, de que “apoya o participa en la gestión de o en programas de esterilización involuntaria y de aborto coercitivo (en China)”.

El argumento figura en una carta enviada el lunes 3 por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a la agencia en la que anuncia el retiro de ese país, a pesar de que conocedores del trabajo que realiza la agencia han sostenido en reiteradas ocasiones de que no tiene sustento real.Si bien el UNFPA trabaja en China, tanto Kowalski como Jalan dijeron a IPS que la acusación no tiene fundamentos y es simplemente una “excusa” para retirar su aporte a la organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos.

El UNFPA sostiene que no promueve el aborto y que, en cambio, “otorga gran prioridad a la planificación familiar voluntaria para evitar los embarazos no deseados y erradicar el recurso al aborto”.

“Siempre valoramos a Estados Unidos como socio confiable y líder de las iniciativas para garantizar que cada embarazo sea deseado, cada niño sea protegido y cada joven pueda desarrollar su potencial”, reza el comunicado del UNFPA en respuesta al recorte de fondos.

Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes del UNFPA, que en 2015 aportó 75 millones de dólares, en tercer lugar detrás de Gran Bretaña y Suecia. También es el segundo donante de las operaciones humanitarias de esta agencia. Y al igual que sucede con otras agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), los gobiernos realizan sus aportes al UNFPA de forma voluntaria.

Los recortes tendrán “consecuencias devastadoras” para las niñas y las mujeres de todo el mundo, se lamentó Shannon Kowalski, directora de políticas y campañas de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, en diálogo con IPS.

“El UNFPA desempeñó un papel fundamental en la distribución de servicios para las mujeres más marginadas, y ahora sus vidas y su salud están en jugo”, subrayó Kowalski.

El trabajo de la agencia en el frente de situaciones de crisis será el más perjudicado, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas del Estado Islámico y de otros grupos extremistas en Medio Oriente, observó.

Según la Fundación de la ONU, la eliminación del apoyo de Estados Unidos pone en riesgo la capacidad del UNFPA de facilitar partos seguros a unas 48.000 mujeres en Siria y de apoyar a 55 centros que ayudan a 15.000 niñas y adultas sobrevivientes de violencia de género en Iraq, entre los que hay uno que ayuda a más de 700 yazidíes sobrevivientes de violencia sexual.

El UNFPA indicó que la contribución de Estados Unidos en 2016 le ayudó a evitar que 2.340 mujeres murieran por causas relacionadas con el embarazo y el parto, así como 947.000 embarazos no deseados, asegurar 1.251 operaciones para reparar fístulas obstétricas e impedir 295.000 abortos en condiciones inseguras.

Por su parte, Seema Jalan, directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Universal de la Fundación de la ONU, dijo a IPS que el gobierno de Estados Unidos también es el principal contribuyente de la única maternidad del campamento de refugiados sirios de Zaatari, en Jordania.

“Las sirias embarazadas no tendrán absolutamente ningún lugar donde parir a sus bebés”, subrayó.

Kowalski subrayó el enorme impacto que tendrá la decisión de Estados Unidos: “Es un claro mensaje de que al mundo no le importa dar respuestas a las mujeres en situaciones de enorme marginación y, en muchos aspectos, gratificará a los extremistas que buscan sacar provecho de esa marginación y abandono de la población femenina”.

Pero esta no es la primera vez que el UNFPA sufre recortes económicos del gobierno de Estados Unidos.

El presidente George W. Bush, ya había retirado 34 millones de dólares entre 2002 y 2008, con el mismo argumento de que la agencia participaba en políticas coercitivas en China.

Si bien el UNFPA trabaja en China, tanto Kowalski como Jalan dijeron a IPS que la acusación no tiene fundamentos y es simplemente una “excusa” para retirar su aporte a la organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos.

“El gobierno chino todavía (violenta los derechos de las mujeres), pero como el UNFPA trabaja en el país apoyando la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva, relacionan los dos hechos y dicen que el UNFPA apoya directamente las políticas coercitivas, lo que no es cierto”, explicó Kowalski.

Una de esas políticas restrictivas es la de hijo único, que retrocede de a poco desde 2015, una iniciativa que el UNFPA ayudó a elaborar, apuntó Jalan. “El principal propósito del UNFPA en China es introducir el concepto de atención de calidad y de planificación familiar voluntaria”, precisó.

Además, Jalan subrayó que el UNFPA ni siquiera ofreció asistencia al gobierno chino ni a su agencia de planificación familiar en 2016, como arguye el Departamento de Estado en su carta.

Pero debido a la duplicación de las contribuciones de Estados Unidos desde 2002 y a las crisis humanitarias sin precedentes que aquejan al mundo, las consecuencias de este último recorte tendrán un alcance mucho mayor que antes.

Kowalski urgió al Congreso a revocar la Enmmienda Kemp-Kasten, sobre el retiro de fondos a la agencia de la ONU.

La enmienda prohíbe la asistencia a cualquier organización, incluidas las estadounidenses y las multilaterales, que participen en esterilizaciones involuntarias y en abortos coercitivos.

Y es similar la Ley Mordaza Global, también conocida como Política de la Ciudad de México, que prohíbe a organizaciones extranjeras que reciban asistencia de Estados Unidos, distribuir información sobre abortos o servicios de aborto.

La decisión de Washington generó críticas entre numerosos dirigentes de Nueva York y California, quienes ya condenaron la medida.

“La hipocresía del presidente (Donald) Trump alcanzó nuevos niveles con la decisión de dejar de asistir al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hace poco sostuvo que tenía ‘tremendo respeto por las mujeres y su papel en el mundo’, pero al mes decide recortar los fondos del UNFPA”, reza la declaración.

“Recortar esos fondos es una decisión cruel que no solo perjudicará a las mujeres y a sus hijos, sino que también atentará contra el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Le pedimos al presidente que ponga a las mujeres por encima de la política y modifique de inmediato esa decisión”, reclama la misiva.

Jalan dijo que ese pronunciamiento fue un comienzo “importante”, pero urgió a que se ponga en marcha una iniciativa de los dos principales partidos estadounidenses para revertir la decisión.

“Financiar la atención médica básica de mujeres y niñas, asegurar que refugiadas sirias embarazadas puedan tener un parto seguro y que sus hijos sobrevivan, y que alguien que sobrevivió a la violencia sexual pueda recibir atención y apoyo, creemos que son temas bipartidistas”, subrayó.

Por su parte, Kowalski remarcó la necesidad de que la comunidad internacional dé un paso al frente y contribuya a paliar el déficit del UNFPA.

Debido a la reintroducción de la Ley Mordaza Global, varios países reunieron unos 190 millones de dólares para paliar el déficit inminente, entre ellos Suecia, Canadá y Finlandia, que comprometieron 21 millones de dólares cada uno para no recortar el acceso global a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Este es el primero de los recortes que el gobierno de Trump dijo que implementaría.

Traducido por Verónica Firme

Jóvenes de Chibok, en Nigeria, sobrevivientes del secuestro de Boko Haram, Sa'a (izq) y Rachel (dcha), en una conferencia de prensa, moderada por Vikas Pota, director ejecutivo de la Fundación Varkey, que organizó un foro de educación en el emirato de Dubai. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Por Busani Bafana
DUBAI, Emiratos, Mar 20 2017 (IPS)

Todavía con miedo por su vida, su seguridad y la de su familia, una de las jóvenes secuestradas hace tres años por Boko Haram en Nigeria pidió a los líderes del mundo que intervengan y ayuden a recuperar a las 195 jóvenes que todavía permanecen en manos de la red terrorista.

Este abril se cumplirán tres años desde que el grupo armado nigeriano secuestró a más de 270 adolescentes del pueblo de Chibok, en el noreste de Nigeria.

En octubre de 2016, combatientes de Boko Haram liberaron a 21 colegialas y al bebé de una de ellas, lo que generó un enorme malestar a escala internacional y reactivó los pedidos en las redes sociales reclamando su recuperación con el mismo hashtag en inglés #BringBackOurGirls que se utilizó hace tres años, cuando las escolares fueron secuestradas.

Contar una historia personal

“Tenemos que compartir nuestra historia y contársela al mundo para que la conozcan”, dijo una de ellas, identificándose con el seudónimo de Sa’a para proteger suidentidad y ahora de 20 años, en conferencia de prensa en el marco del Foro Global sobre Educación y Capacidades, de dos días.

Sa’a y otra de ellas, que se identificó como Rachel, quien también perdió a su padre y a sus hermanos a mano de Boko Haram, dijeron que su secuestro y el de las otras adolescentes que todavía sigue cautivas fue un episodio doloroso que el mundo no debe olvidar.

“Lo único que nos queda por hacer es pedirle a los líderes mundiales que recuperen a las jóvenes. No podemos hacer más que denunciar” la situación, señaló Sa’a, quien escapó de Boko Haram saltando de un camión en movimiento cuando el grupo y atacó su escuela y quemó los libros en el estado de Borno en abril de 2014.

La joven, a la que sacaron de Nigeria y ahora estudia en Estados Unidos, dijo que no debería permitirse que ningún adolescente atravesara un calvario traumático como ese. Su determinación a seguir estudiando es lo que la llevó a hacer pública su experiencia.

“Todo niño debe recibir educación e ir a la escuela”, subrayó Sa’a. “Nunca debemos olvidarlo hasta que todas regresen a salvo. El mes que viene no se cumplirán tres días, sino tres años, y no han vuelto. Es doloroso”, reconoció.

Sa’a relató en la conferencia que tras su secuestro, cuando las obligaron a punta de pistola a subirse a un camión, ella decidió saltar mientras el vehículo estaba en movimiento con una amiga, que se lastimó al caer. Gracias a la ayuda de un pastor lograron ponerse a salvo.

El abogado de derechos humanos Emmanuel Ogebe, director de la Iniciativa la Educación debe Continuar, explicó: “La mayoría de los objetivos de Boko Haram han sido instituciones educativas y religiosas”.

“Boko Haram ha matado a miles de pastores y más 600 maestros, dos sectores de gran vulnerabilidad”, apuntó Ogebe, cuya organización asiste a menores, a personas desplazadas por conflictos y principalmente víctimas de esa organización armada. La mayoría de las personas afectadas están en Nigeria, y algunas en Estados Unidos.

“Es una situación dolorosa lo que le pasó a las escolares porque entendemos que hubo señales de alerta de que los terroristas iban a atacar, basado en que los profesores escaparon y a ellas las dejaron”, denunció.

“La sensación de fracaso en la protección es la verdadera historia, además de que el gobierno no las protegió en la escuela, aun cuando había señales de alerta”, añadió.

En enero de este año, Sa’a comenzó la facultad gracias a un proyecto de la iniciativa de Ogebe, una organización que ha ayudado a que unas 3.000 niñas y niños desplazados continúen con su educación. En este momento, a ella le interesa realizar estudios de ciencia y medicina.

La esperanza no se pierde

“Mi sueño es ser médica e inspirar a otros; regresar a mi país para ayudar a que los niños vayan a la escuela y a que otros reciban la educación que merecen”, explicó.

Rachel, quien volvió a estudiar en Nigeria, contó que también quería ser médica, pero que ahora quiere ser un militar de alto rango después de lo que le pasó a su padre y a sus tres hermanos.

“Me gustaría contribuir a construir un país mejor. No estoy cómoda con lo que he visto y me siento mal”, explicó. “Algunas niñas no pueden ir a la escuela por lo que pasó, y no valoran la educación porque sin ella pueden sobrevivir. Es triste”, se lamentó Rachel.

El padre de Rachel era un policía que decidió trasladar a su familia a un pueblo más pequeño donde pensó que estarían más seguros. Le habían asignado la protección de una iglesia local, y su mamá consiguió trabajo en el departamento de educación del mismo templo.

Luego, cierto día de fines de 2014, hombres armados de Boko Haram atacaron la iglesia cuando su padre estaba de servicio, y él logró correr hasta su casa para proteger a sus tres hijos.

Pero por desgracia, cuando trataban de escapar, se toparon con los insurgentes que les dispararon y los mataron en el acto. Sus hermanos tenían 14, 12 y 10 años e iban a la escuela secundaria y primaria.

Vikas Pota, director ejecutivo de la Fundación Varkey, organizadores del foro de educación, dijo que el problema de Boko Haram es mucho más amplio que el asunto del secuestro de las adolescentes y tiene que ver con las personas que han sido desplazadas de sus hogares en Nigeria y en otros países.

Se necesitan acciones conjuntas para que el mundo sea más inclusivo, creando un ambiente para que todos tengan acceso a la educación, opinó.

“Es ridículo que en nuestra época haya tantas muchachas y toda la inteligencia humana que no sabemos que existe donde ellas están. Es un reflejo de lo poco que nos importa”, se lamentó Pota en diálogo con IPS.

“Como padres, ¿cómo podemos tolerar esta situación? Creo que el gobierno, y no solo el nigeriano sino todos, deben ayudar y asegurarse de que esta situación se resuelva”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Deborah Martínez, mujer transgénero, trabajadora sexual y ocasional peluquera, en una calle del oeste de Ciudad de México. La población trans sufre en México la falta de acceso a su identidad, salvo en la capital, entre otras discriminaciones y violencias. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Mar 7 2017 (IPS)

Sentada en una jardinera a la orilla de una calle del oeste de Ciudad de México, Deborah Martínez, una mujer transgénero, atisba los automóviles que transitan por si un potencial cliente se aproxima. 

Delgada, pelo rubio, chaqueta oscura y pantalones jeans claros, Martínez ofrece servicios sexuales de lunes a sábado, a partir de las ocho de la noche, en una manzana donde también trabajan unas 60 mujeres. Una de las mayores preocupaciones del grupo es la exposición a la violencia o incluso a la muerte.

“De acá han matado a dos o tres. Nos cuidamos entre nosotras y tratamos de ser precavidas”, aseguró a IPS esta mujer de 32 años, originaria de la capital.

A pesar de los riesgos callejeros, Martínez, quien empezó en la prostitución cuando contaba 22 años, consideró que la situación del segmento trans mejoró en los últimos años, al menos en Ciudad de México.“Las personas transgénero viven un ciclo de discriminación y violencia bastante cruda. Es una situación crítica, se deniega derecho a la identidad del cual deriva una situación de violaciones a derechos. Que no se reconozca la identidad genera una violación a derechos, laborales, salud, proyecto de vida, esparcimiento”: Juan Delgado.

“Ahora hay más apoyo, una puede cambiarse la identidad. Quizás falta un poco más de conciencia hacia nuestros derechos”, declaró Martínez, soltera y quien tramitó en febrero  la rectificación de su acta de nacimiento para acreditar su nueva identidad.

Empero, esta minoría padece violaciones a sus derechos en México, denuncian organizaciones de defensa de las personas transgénero.

Falta de acceso a identidad legal, discriminación, desigualdad en acceso a servicios públicos y agresiones componen el listado de atropellos que sufre ese segmento.

Activistas y expertos consultados por IPS coincidieron en que el quebranto al derecho a la identidad marca el inicio de la denegación de otros derechos.

“Falta el marco legal para el reconocimiento de identidad. La falta de identidad obstaculiza el acceso a derechos, como servicios sociales o vivienda. Hay una situación difícil, porque el segmento está invisibilizado. Es una situación de estigmatización, discriminación, violencia”, señaló Rocío Suárez, presidenta del no gubernamental Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

Suárez, una mujer transgénero que se ha negado a registrar el cambio de identidad, enumeró la existencia de discriminación laboral, “porque no pueden acceder a empleos”, y sanitaria, porque “no existen políticas específicas para atender a la problemática de esa población, como terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas (para cambio de sexo)”.

Solo el gobierno de Ciudad de México extiende la rectificación de acta de nacimiento desde 2015, aunque entre los requisitos demanda que la persona interesada resida en la metrópoli.

Al no existir una legislación nacional sobre la identidad, discriminación y otros derechos vinculados al género, cada estado y la capital pueden legislar a su gusto sobre ello.

En 2016, el Congreso legislativo mexicano congeló una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre matrimonio igualitario que incluía provisiones de acceso a la identidad de género.

El concepto transgénero define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo asignado al nacer.

En México, habitado por 122 millones de personas, no existen estadísticas fiables sobre esa minoría, ataques en su contra o asesinatos. La Secretaría (ministerio) de Salud calcula casi 5.000 transexuales, de los cuales más de 3.000 son mujeres trans y unos 2.000 son hombres trans.

El acceso al cambio de identidad se ha convertido en un viacrucis para la población transgénero en los estados mexicanos. Juan Delgado, fundador de la no gubernamental Amicus, lo ha constatado en el litigio estratégico de esos casos en los estados de Guanajuato y Querétaro, ambos en el centro del país.

“Las personas transgénero viven un ciclo de discriminación y violencia bastante cruda. Es una situación crítica, se deniega derecho a la identidad del cual deriva una situación de violaciones a derechos. Que no se reconozca la identidad genera una violación a derechos, laborales, salud, proyecto de vida, esparcimiento”, denunció el experto.

Desde julio del año pasado, esa organización, fundada en 2015, litiga en Guanajuato y Querétaro 10 casos de hombres y mujeres que desean cambiar su identidad, pero los registros civiles se la niegan. Este año Amicus ya obtuvo tres amparos provisionales que han sido desafiados legalmente por autoridades locales.

Los avances en Ciudad de México, cuyo gobierno autónomo permite las uniones de convivencia desde 2006 y el matrimonio igualitario desde 2009, no han desvanecido algunas percepciones sobre las minorías sexuales.

La Encuesta sobre Discriminación en Ciudad de México de 2013 encontró que 71 por ciento de las personas entrevistadas reconoció que la población transexual es discriminada.

Además, 4,2 por ciento de la población transexual manifestó recibir golpes solo por su condición y 3,8 por ciento ser excluida por su trabajo sexual.

Una de las peores manifestaciones del rechazo hacia ese grupo son los crímenes de odio. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, adscrito al no gubernamental Transgénero Europa, da cuenta que 123 personas fueron asesinadas en Brasil, 52 en México, 14 en Colombia y 14 en Venezuela, para un total global de 295 homicidios entre octubre de 2015 y septiembre pasado.

El recuento enumera 2.264 asesinatos en 68 países entre el 1 de enero de 2008 y 30 de septiembre de 2016, de los cuales 900 ocurrieron en Brasil, 271 en México, 114 en Colombia, 110 en Venezuela y 89 en Honduras.

Pero esos crímenes podrían ser mayores en México, pues muchos casos no se denuncian ni se les da seguimiento por el abandono familiar que padecen las víctimas.

En su informe de 2015 sobre Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que la mayoría de las mujeres trans se encuentra inmersa en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos.

Entre enero de 2013 y marzo de 2014, la CIDH documentó 176 casos de violencia no letal, sobre lo cual alertó una denuncia insuficiente.

Los expertos consultados señalan que México ha incumplido con los Principios de Yogyakarta, un conjunto de 29 principios sobre ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, empleo, salud, educación, migración y participación pública diseñados en 2006 por un grupo de expertos en esa ciudad de Indonesia.

“No se han armonizado leyes contra la discriminación, falta la tipificación de la discriminación, de crimen de odio. Hay impunidad en los crímenes. Se tiene que instrumentar leyes y políticas publicas que permitan a las poblaciones de la diversidad sexual acceder a sus derechos, se debe generar un plan de atención integral”, planteó Suárez.

La CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA),  instauró en 2013 la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex.

También recomendó a los gobiernos regionales recopilar datos sobre la violencia en contra de esos colectivos, investigar esos delitos y aplicar medidas para eliminar la discriminación.

Delgado confía en que la vía legal servirá para sentar precedentes.

“Estaríamos hablando que en Guanajuato se reconoce que una persona puede acceder a la rectificación del acta de nacimiento e ir generando antecedentes para que algún día la ley sea modificada y no sea necesario acudir a instancias judiciales para garantizar el derecho a la identidad”, previó.

Martínez, quien en una noche puede ganar más que en una semana como peluquera, espera que pronto el acceso a la identidad se generalice en México. “Debe haber derechos para todas y todos”, enfatizó.

Editado por Estrella Gutiérrez