Una plantación de soya de un país sudamericano. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jul 10 2017 (IPS)

Brasil superará a Estados Unidos como el mayor productor mundial de soya en la próxima década, mientras que el aumento de la producción de maíz será impulsado principalmente por América Latina, según el nuevo informe Perspectivas Agrícolas 2017-2026.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado este lunes 10, ofrece proyecciones de 10 años hasta 2026 para los principales productos agrícolas.

Afirma que Argentina y Brasil experimentaron la mayor expansión en las áreas de cultivo en los últimos 10 años, sumando respectivamente 10 millones de hectáreas y ocho millones de hectáreas a las tierras de cultivo mundial.

Durante los próximos 10 años, se espera que la expansión de las tierras de cultivo se encuentre en un rango similar para estos dos países.

Aumento de producción mundial de maíz por impulso de América Latina 

En el período analizado por el informe (2017-2026), la producción global de cereales crecerá alrededor de uno por ciento anual, lo que dará lugar a un aumento total en 2026 de 11 por ciento para el trigo, 14 por ciento para el maíz, 10 por ciento para los cereales secundarios y 13 por ciento para el arroz.

En el caso del maíz, la expansión del área representa solo 10 por ciento del aumento total de la producción, un incremento impulsado principalmente por el crecimiento de la superficie cultivada en América Latina, que aumentará 6,6 por ciento, de 33,5 millones de hectáreas en el período base a 35,7 millones de hectáreas en 2026.

América Latina aportará 28 por ciento del aumento total de la producción de maíz, 39 millones de toneladas. De esta cifra, alrededor de un cuarto se debe al aumento de las superficies cultivadas.

Asia y el Pacífico representarán 24 por ciento de incremento, 33 millones de toneladas. En contraste con América Latina, el crecimiento en Asia y el Pacífico será casi exclusivamente por aumento de rendimientos.

Norteamérica contribuirá con 31 millones de toneladas, 22 por ciento del aumento total. En conjunto, estas tres regiones representarán 74 por ciento del incremento total.

Brasil superaría a Estados Unidos como mayor productor de soya 

Durante el período analizado en el informe, se espera que la producción global de soya continúe expandiéndose, pero a un ritmo de 1,9 por ciento anual, lo que está muy por debajo de la tasa de crecimiento del 4,9 por ciento anual de la última década.

Se espera que la producción de soya en Brasil crezca a 2,6 por ciento anual, el mayor crecimiento de los principales productores, ya que dispone de más tierras, comparado con Argentina (2,1 por ciento anual) y Estados Unidos (1,0 por ciento anual).

En consecuencia, se proyecta que Brasil supere a Estados Unidos como el mayor productor de soya. Las exportaciones de la oleaginosa en 2026 estarán dominadas por Brasil y Estados Unidos, que juntos representan casi 80 por ciento de las exportaciones mundiales.

Carne, azúcar, leche 

Aunque se espera que los países desarrollados representen algo más de la mitad de las exportaciones mundiales de carne para el año 2026, su participación disminuirá de manera constante en relación al período base.

Por otra parte, se prevé que la participación de los dos mayores países exportadores de carne, Brasil y Estados Unidos, en las exportaciones mundiales de carne, aumente hasta alrededor de 44 por ciento, contribuyendo casi 70 por ciento del aumento previsto de las exportaciones mundiales de carne durante el período analizado.

El mercado de la carne verá crecer su concentración a medida que los proveedores de las Américas se beneficien de una mayor productividad y un suministro local favorable de cereales forrajeros, así como de la depreciación del tipo de cambio en Brasil y Argentina.

El índice de concentración para las aves de corral en 2026 será impulsado por el crecimiento de Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea. Para la carne de vacuno, la concentración del mercado también aumentará para 2026, impulsada por el crecimiento en Brasil y Australia.

La depreciación proyectada a mediano plazo de la moneda argentina y brasileña con respecto al dólar de Estados Unidos estimulará el crecimiento de las exportaciones de leche de estos países a medida que sean más competitivos.

Se prevé que las exportaciones de azúcar se mantendrán concentradas, con 48 por ciento procedente de Brasil, donde la producción de caña de azúcar se divide entre el suministro de azúcar -de los cuales 72 por ciento se exporta- y el etanol para uso doméstico.

Biocombustibles 

Se espera que la demanda brasileña de etanol se expanda en 6.000 millones de litros en el período analizado. El mandato brasileño de biodiesel debería alcanzar 10 por ciento para el año 2019, lo que daría lugar a un aumento de la producción de más de 40 por ciento en los próximos 10 años.

En Argentina, se supone que el cumplimiento de la mezcla de 12 por ciento de biodiesel y etanol se cumplirá para el año 2020. La producción argentina de biodiesel también debería ser impulsada por la demanda de importaciones estadounidenses para cumplir con el mandato avanzado de este último país.

No se espera que las exportaciones brasileñas de etanol se expandan, ya que es probable que el etanol estadounidense siga siendo más barato en el período analizado.

Se espera que Argentina sea un importante exportador de biodiesel, con la mayoría de las exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos.

Se prevé una desaceleración en el crecimiento de la producción de etanol durante el período analizado por el informe. El crecimiento anual de la producción de etanol se proyecta en alrededor de uno por ciento al año.

La desaceleración del crecimiento del etanol se debe en gran parte al estancamiento del uso obligatorio de etanol en Estados Unidos, mientras que se espera que la demanda de combustibles para el transporte en Brasil se mantenga.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

Revisado por Estrella Gutiérrez

Alain Bothorel, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea ante la Habana, durante una declaración en la sede diplomática del bloque en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 10 2017 (IPS)

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE), refrendado ahora por la eurocámara,  abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones entre La Habana y Bruselas, que dentro de dos meses comenzarán a trabajar para implementar lo convenido.

Un aspecto decisivo para la firma de este acuerdo de largo plazo, el 12 de diciembre de 2016, fue la derogación seis días antes de la llamada posición común, una cláusula que condicionaba desde 1996 la colaboración y el diálogo de la UE a la apertura democrática en la nación caribeña e impedía para esta un convenio marco de cooperación.

La revocación de la posición común “aumenta la confianza mutua”, dijo a IPS el encargado de negocios de la delegación de la UE ante La Habana, Alain Bothorel.

Sin embargo, al dar su visto bueno al acuerdo de largo plazo, con 567 votos a favor, 61 en contra y 31 abstenciones,  el Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución no legislativa y “no vinculante” para recordar que el acuerdo puede ser suspendido en caso de irrespeto a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.“El Parlamento Europeo no añadió nada al texto. El Consejo Europeo, como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”: Alain Bothorel.

Las autoridades cubanas consideraron “positiva” la aprobación europarlamentaria, pero rechazaron la resolución no legislativa sobre Cuba, por “injerencista” y “nociva a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

Al respecto, Bothorel  desmarcó ese asunto del convenio suscrito en Bruselas.  “El Parlamento Europeo no añadió nada al texto.  El Consejo Europeo (de los jefes de Estado y de gobierno del bloque), como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”,  afirmó el diplomático en breves declaraciones a IPS.

“Vamos a seguir el diálogo sobre derechos humanos y quisiéramos ver progresos”, agregó, para aclarar seguidamente que los encuentros anuales sobre ese tema que vienen sosteniendo  delegaciones de Cuba y el bloque comunitario son para  “intercambiar con el gobierno cubano, no para influir¨.

La tercera reunión de este tipo se realizó el pasado 22 de mayo,  en Bruselas. Las dos sesiones anteriores transcurrieron en junio de 2015 y 2016, en Bruselas y La Habana, respectivamente. En estos encuentros bilaterales, Cuba es evaluada, pero su delegación también expresa sus opiniones sobre democracia y derechos humanos en los  países del bloque.

En lo general,  el acuerdo ofrece a Cuba oportunidades adicionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la modernización del modelo socio-económico cubano, así como para encontrar soluciones comunes a desafíos globales.

Bothorel indicó que el convenio abarca más de 30 áreas de cooperación y abrirá la puerta para otros acuerdos sectoriales en educación, energía renovable, cambio climático, migraciones, lucha contra el terrorismo y contra armas de destrucción masiva, entre otras materias.

El pacto se considera provisional, pues debe ser ratificado por cada uno de los ahora 27 países que integran la UE (tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña), sin embargo ya se trabaja para su implementación. “En septiembre próximo nos reuniremos a nivel político  para decidir qué sectores son prioritarios para Cuba y crear comisiones de trabajo”, afirmó.

Representantes de medios informativos acreditados en Cuba mientras seguían el 12 de diciembre en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, la firma en Bruselas del acuerdo entre ese bloque y Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Actualmente, la cooperación de la UE con Cuba se rige por el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.  Se retomó en 2008 y desde entonces hasta 2014 la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, asignó unos  90 millones de euros (102,6 millones de dólares) a los sectores de seguridad alimentaria y respuesta y preparación ante desastres naturales.

También abarca áreas de ambiente, cambio climático y energía, cultura y patrimonio, apoyo a la modernización socio-económico y capacidades de gestión.

Bothorel confirmó que además se concedieron 50 millones de euros adicionales (57 millones de dólares) para el periodo 2014-2020, destinados a apoyar el desarrollo del país en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria,  mejor uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible  y  apoyo a la modernización socioeconómica sostenible.

Estos sectores están alineados con las prioridades nacionales recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social  de Cuba, documento estratégico aprobado en 2011 para promover un paquete de reformas en el país. “Queremos apoyar los lineamientos que lleva a cabo el gobierno cubano”, comentó el diplomático.

La UE y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y todos sus países miembros  mantienen lazos bilaterales con este país insular caribeño.

El tema de los derechos humanos en la isla caribeña fue hace más de una década motivo de grandes desacuerdos entre el gobierno cubano y el bloque comunitario, que tuvieron una de sus mayores crisis en 2003, tras el arresto y severas condenas de 73 opositores en marzo de ese año y la  ejecución en abril de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros.

La UE, que en marzo de 2003 había inaugurado su representación diplomática en la Habana, reaccionó disgustada y congeló los intercambios culturales, limitó las visitas de alto nivel efectuadas en el marco bilateral y decidió invitar a los principales disidentes a las  fiestas nacionales de los países comunitarios acreditados en La Habana.

Cuba no demoró su repuesta. A  las recepciones europeas dejaron de asistir ministros, viceministros y hasta funcionarios de menor rango del gobierno, los embajadores de países miembros de la UE no eran invitados a las actividades oficiales cubanas y tampoco podían dirigirse directamente a un ministerio o institución alguna de la isla caribeña.

En nota verbal del 27 de agosto de 2003, el gobierno cubano comunicó su rechazo a toda ayuda oficial directamente administrada por la UE o por las agencias de cooperación europeas. El diálogo político y la cooperación se reanudaron en 2008, luego que Bruselas derogó sus medidas de 2003.

Fue a partir de entonces que las dos partes comenzaron a trabajar por una nueva relación de largo plazo.

Bruselas y La Habana comenzaron sus conversaciones el 29 de abril de 2014 y concluyeron tras siete rondas bilaterales de trabajo en marzo de 2016.  El proceso tuvo su mayor impulso durante 2015, en paralelo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que siguieron al anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.

Funcionarios cubanos y europeos advirtieron que se trataba de procesos no vinculantes, aunque paralelos.  El embargo estadounidense se encargó de remarcar la diferencia, cuando dos empresas francesas y una alemana fueron sancionadas por violar sus prohibiciones en medio del deshielo.

El pasado 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump despejó cualquier duda, cuando anunció el reforzamiento del embargo. El artículo 10 del acuerdo entre Cuba y la UE se prepara para enfrentar nuevas embestidas del bloqueo, aunque sin nombrarlo directamente.

Según el texto, las partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de  medidas y sobre la forma de “prevenir y mitigar” el impacto de medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que se utilicen como medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de otros Estados.

Editado por Estrella Gutiérrez

El presidente de Brasil, Michel Temer, durante una reunión con sus ministros el 5 de julio. Ocho miembros de su gabinete ministerial, 28,5 por ciento del total, son investigados por corrupción y algunos de ellos por varios casos. Crédito: Alan Santos/PR/FotosPúblicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 8 2017 (IPS)

Dos meses de agonía y un creciente deterioro moral de la presidencia de Michel Temer forzaron la decantación de una alternativa poco atractiva, pero viable, en el callejón sin salida que envilecía la política en Brasil.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aparece como el probable sucesor. Ya es el sustituto natural, cuando el mandatario viaja al exterior, pero a los 47 años y sin experiencia ejecutiva, está lejos de ser un líder capaz de generar entusiasmos.

Pero sí logró aunar hace un año los respaldos suficientes para asumir la presidencia de la cámara baja, una función clave por manejar una casa de 513 parlamentarios, donde más fuertemente se manifiestan los conflictos y la fragmentación política, dificultando las decisiones legislativas.

Amplios sectores económicos y políticos llegaron a la conclusión de que el derechista Maia es el mejor ubicado para impulsar medidas reclamadas por los voceros del sector económico, como la reforma previsional, mientras que el también conservador Temer perdió las condiciones con que contaba para conducir las labores parlamentarias.

Antes se rechazaba sustituir nuevamente el presidente del país, meses después de que la anterior mandataria, la izquierdista Dilma Rousseff, fuese separada del cargo en mayo de  2016 para ser enjuiciada por el Senado y destituida el 31 de agosto siguiente

Primaba para los factores de poder el no agravar la inestabilidad y las incertidumbres que afectan el país, especialmente a la economía, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en que Temer fue el candidato a la vicepresidencia con Rousseff. La prioridad era evitar nuevas turbulencias.

Pero las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre Temer y las continuas acciones judiciales contra él y sus colaboradores más allegados minaron la fortaleza de Temer en el legislativo Congreso Nacional y lo convirtieron, de hecho, el mayor factor de turbulencias.

El procurador general (fiscal general), Rodrigo Janot, precipitó la suerte de Temer, cuando el 27 de junio lo acuso formalmente de corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia que puede enjuiciar un presidente del país por un cargo penal.

Seis días después la Policía Federal detuvo, por orden judicial, a Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Temer, acusado de intento de obstrucción de la justicia.

Tres semanas antes la misma policía había detenido a Henrique Alves, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Turismo, acusado de corrupción y legitimación de capitales ilegales.

Dos exasesores especiales de Temer también fueron apresos en mayo, uno de ellos después de ser filmado con 500.000 reales (150.000 dólares) en una valija, soborno supuestamente destinado al presidente, según la acusación del procurador general y los diálogos grabados entre los acusados y empresarios corruptores.

La conclusión es obvia para quienes desean aderezar la economía, aunque en términos conservadores e impopulares, y superar la inestabilidad política: mejor un presidente anodino, con posibilidades de conducir la transición hasta las elecciones de octubre de 2018 y la llegada de un nuevo gobierno el 1 de enero de 2019.

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, llega el 4 de julio a la sede del Supremo Tribunal Federal, que enjuiciaría al presidente Michel Temer si, como se pronostica, se dan los pasos jurídicos y parlamentarios para ello. En ese caso, Maia, se convertiría en el nuevo mandatario de Brasil. Marcelo Camargo/EBC/FotosPúblicas

Maia, del partido Demócratas, parte de la alianza en el poder y con una bancada parlamentaria de mediana dimensión, conduciría un gobierno de baja intensidad, en contraposición al encabezado por Temer, tumultuoso y arrinconado.

Ocho ministros del actual gobierno están bajo investigación STF, por sospecha de corrupción denunciada por dirigentes del grupo empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia, con la revelación de los multimillonarios sobornos entregados los 10 últimos años, a cambio de contratos públicos y leyes ventajosas.

Prácticamente toda la dirigencia política del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer presidió entre 2001 y 2016, está detenida o bajo investigación penal.

Nuevos sobresaltos se espera de la colaboración judicial de otros miembros del PMDB ya detenidos, uno de ellos Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, preso desde octubre y condenado a 15 años en uno de los varios procesos en que es acusado de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Otro es Lucio Funaro, que no es un político, sino que fungió de operador financiero del PMDB e intermediario en varios casos de soborno. Su “delación premiada”, la colaboración con los jueces a cambio de rebajas en sus penas, ya se da por hecho y va apuntar al presidente y otros jefes del partido.

Temer puede ser alejado de la presidencia en las próximas semanas, si la Cámara de Diputados autoriza al STF juzgarlo por corrupción pasiva, por su presunta aceptación de un soborno de la compañía JBS, la mayor procesadora y exportadora de carne, a cambio de beneficiarla con medidas gubernamentales.

Esa autorización exige mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, una hazaña que parecía imposible hace unos días. Pero la erosión del respaldo a Temer se volvió palpable los últimos días.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado el fiel de la balanza y cuyas dudas favorecían a Temer, dio señales de que dejará la alianza. Su presidente interino, el senador Tasso Jereissati, manifestó su preocupación por la “ingobernabilidad” actual y su apoyo a la “alternativa Maia”.

La primera prueba será la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, donde habrá las primeras discusiones sobre las acusaciones de la Procuraduría General y se espera una decisión dentro de 10 días, por mayoría de sus 66 diputados.

El informe de la Comisión, a favor o en contra de enjuiciar a Temer en el STF, será votado después en la plenaria de Diputados, donde al presidente le basta el apoyo de un tercio de la Cámara,  172 votos, para evitar que se abra el proceso.

Si 342 diputados aprueban el juicio, Temer seria alejado de la presidencia, como le sucedió a Rousseff, para responder ante el máximo tribunal durante un máximo de 180 días, cuando podrá volver al poder si es absuelto o el proceso se prolonga por más tiempo.

Pero su vía crucis judicial no termina, porque la Procuraduría General prepara otras dos acusaciones, una por intento de obstrucción a la justicia y otra por organización criminal. Esta última se hace cada día más evidente por las investigaciones y las detenciones de miembros del PMDB.

Además, hay una veintena de pedidos por la inhabilitación de Temer. Le toca al presidente de la Cámara, el mismo Maia, acoger o no alguna de las solicitudes. En ese caso el juicio sería político, a cargo del Senado después que sea autorizado igualmente por dos tercios de la cámara baja.

La caída de Temer pareció volverse inevitable desde el 17 de mayo, cuando trascendió el diálogo grabado entre él y Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, hablando de sobornos y actuaciones, tanto para beneficiar a la empresa como para bloquear el avance de las investigaciones sobre corrupción.

La baja calidad de la grabación, con muchas interrupciones, alentó la resistencia del mandatario, abogado y antiguo profesor de derecho constitucional, basada en la posibilidad de descalificarla como prueba.

Pero en términos políticos y morales le fue fatal.

Los “hechos nuevos” de las investigaciones y detenciones en su círculo político completan un cerco que no parece admitir escapes. El hallazgo de una alternativa aceptable para los que deciden en la política y la economía de este país, como es la figura de Maia, acerca el desenlace.

Editado por Estrella Gutiérrez

Sacos de alimentos de la agroempresa Rossgro en Sudáfrica. Crédito: Friday Phiri/IPS.

Por Friday Phiri
MPUMALANGA, Sudáfrica, Jul 6 2017 (IPS)

La preferencia de Estados Unidos y Europa por las carnes magras perjudica a la industria avícola de África, alertó Luc Smalle, gerente de la agroempresa Rossgro en esta localidad de Sudáfrica.

Con 3.000 hectáreas de maíz y 1.000 de soja, además de 1.500 cabezas de ganado, Rossgro elabora los alimentos que necesita, además de alimentar a millones de pollos ubicados en 40 espacios con ambientes controlados.

A Smalle le preocupa el futuro del mercado avícola, no solo de Sudáfrica, sino de todo el continente, y recordó que Estados Unidos y Europa exportaban millones de toneladas de carne de pollo a la disuelta Unión Soviética.La población joven y dinámica de África tiene la capacidad de encabezar la recuperación de la región, con la ayuda de reformas a corto y largo plazo en áreas clave.

Históricamente, Rusia ha sido el mayor importador de carne oscura de Estados Unidos. Según datos de 2009, Moscú destinó 800 millones de dólares para comprar 1.600 millones de libras (más de 725 millones de kilogramos) de muslos de pollo estadounidense solo ese año.

Pero en 2014, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió el ingreso de pollos de Estados Unidos, arguyendo que estaban tratados con cloro antimicótico “poco seguro”. La disposición sigue vigente, aunque muchos analistas coinciden en que se trata más de una decisión política que de salud pública.

Como sea, Smalle sostiene que la prohibición “hizo que Estados Unidos y Europa buscaran mercados alternativos para verter la carne marrón porque la mayor parte del primer mundo come carne blanca, y despachan el resto al tercer mundo, en especial a África. Tenemos que juntarnos y trabajar con nuestros gobiernos para dejar de importar o poner aranceles para que no lo viertan más”.

En los pollos, la carne blanca es la pechuga y las alas, mientras que los muslos y las patas se consideran roja u oscura. La diferencia en términos nutritivos es el contenido graso. La carne blanca es una fuente de proteínas más magra, a diferencia de la oscura, que tiene más grasa. Los países ricos suelen preferir la blanca por cuestiones de salud.

Smalle considera que esa situación perjudica la competitividad de la industria avícola de África, donde el costo promedio de la cría de un pollo es mucho más elevado que en los países ricos. La mayoría de los criadores africanos dependen de préstamos bancarios, mientras que los europeos o estadounidenses gozan de fuertes subsidios estatales.

“Van a matar a toda la industria avícola de África si no se hace nada para revertir la tendencia. Cuentan con subsidios que los africanos no tienen”, explicó Smalle a IPS, y puso el ejemplo del sector avícola de Sudáfrica, en el que la tercera parte de los trabajadores perdieron su trabajo porque las empresas se fundieron.

En las economías de libre mercado, los argumentos de Smalle parecen fuera de lugar. Pero el último Informe de Competitividad de África, elaborado por el Banco de Desarrollo Africano, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) parece respaldar su argumento.

El documento alerta que si no se toman acciones urgentes para atender el estancamiento de la competitividad, las economías africanas no crearán suficientes empleos para que los jóvenes ingresen al mercado laboral. Si las actuales políticas se mantienen, se crearán menos de la cuarta parte de los 450 millones de nuevos empleos necesarios para los próximos 20 años.

El informe bianual coincide con un momento en que el crecimiento de la mayoría de las economías de la región se enlentece, a pesar de una década de crecimiento sostenido, y probablemente se estanque al no mejorar las principales condiciones de competitividad.

Y lo que agrava el desafío para los gobernantes africanos es el rápido crecimiento de población, pues se estima que se sumarán 450 millones de personas al mercado laboral en las próximas dos décadas. Pero con las políticas actuales, se estima que solo 100 millones de puestos de trabajo se crearán en ese período.

La población joven y dinámica de África tiene la capacidad de encabezar la recuperación de la región, con la ayuda de reformas a corto y largo plazo en áreas clave, concluye el informe.

“A fin de cubrir las aspiraciones de la creciente población joven, los gobiernos africanos harían bien en implementar políticas que mejoren la productividad y el ambiente para el comercio y las inversiones”, observó Klaus Tilmes, director de práctica global de competitividad y comercio del Banco Mundial, quien participó en la elaboración del documento.

“El Banco Mundial ayuda a los gobiernos y al sector privado de África a dar los pasos necesarios para construir economías fuertes y acelerar la creación de empleo para aprovechar su potencial demográfico”, explicó.

Algunas de las soluciones y de los cuellos de botella pasan por fortalecer las instituciones que, según los expertos, es una condición necesaria para favorecer la implementación de políticas de forma más efectiva y rápida, por mejorar la infraestructura y permitir un mayor intercambio comercial y un crecimiento empresarial y por la mayor adopción de tecnología y el apoyo al desarrollo de la cadena de valor en los sectores extractivos para fomentar la diversificación y el valor agregado.

Por su parte, el director del Centro para la Agenda Global del WEF, Richard Samans, también miembro de la Junta Directiva, cree que “eliminar los obstáculos que impiden que África alcance su potencial en materia de competitividad es el primer paso necesario para lograr un avance económico sostenido y una prosperidad compartida”.

El informe se divulgó en mayo durante el 27 Foro Económico Mundial sobre África, realizado en la ciudad sudafricana de Durban bajo el lema “Lograr un crecimiento inclusivo a través de una dirección responsable y receptiva”, en el que participaron más de 1.000 personas entre jefes de Estado y de gobierno, empresarios y representantes de la sociedad civil, entre otros.

El documento cuenta con datos del Índice de Competitividad Global del WEF y estudios sobre políticas de empleo y competitividad en ciudades.

Traducido por Verónica Firme

La gente espera la ayuda tras la devastación causada por el huracán Matthew en Low Sound, en el distrito de Andros Norte, en Baharmas en octubre de 2006. Crédito: Kenton X. Chance/IPS.

Por Kenton X. Chance
KINGSTOWN, Jul 5 2017 (IPS)

Estados Unidos podría proteger sus intereses económicos y políticos ayudando al Caribe a adoptar una economía más verde, aseguró el destacado activista y exnegociador climático de esta región, James Fletcher.

El exministro de Desarrollo Sostenible, Energía, Ciencia y Tecnología de Santa Lucía dijo que el énfasis puesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la industria del carbón es un intento de crear empleos que ya no existen, mientras ignora las numerosas oportunidades que ofrece el sector de energías renovables.

Trump anunció el 1 de junio que retiraría a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015 en la capital francesa, arguyendo que el acuerdo no vinculante supone una enorme carga económica y financiera para Estados Unidos.“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”: James Fletcher.

El presidente estadounidense se refería al Fondo Verde para el Clima (FVC), al que las economías más fuertes se comprometieron a financiar con 100.000 millones de dólares para 2020, a partir de distintas fuentes, para hacer frente a las necesarias medidas de mitigación y adaptación al recalentamiento planetario de los países en desarrollo.

Trump está equivocado, aseguró Fletcher, el principal representante de la Comunidad del Caribe, de 15 miembros, en las negociaciones del Acuerdo de París, en el podcast del ministro de Desarrollo Sostenible de San Vicente y las Granadinas, Camillo Gonsalves.

“Son contribuciones voluntarias, por lo que no es algo a lo que los países estén obligados”, explicó, refiriéndose a las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (CPDN).

El expresidente estadounidense Barack Obama comprometió 3.000 millones de dólares al FVC y entregó 1.000 millones antes de dejar la Casa Blanca.

“Ahora le toca al presidente Trump decidir si quiere honrar esa obligación o ajustarla, sabemos que no la aumentará”, precisó Fletcher, aclarando que no hay nada que obligue a ese país a realizar una contribución al FVC.

“Solo aspiramos a reunir 100.000 millones de dólares”, subrayó.

“Las CPDN son precisamente lo que su nombre indica, contribuciones. No son compromisos. Ningún país es legalmente responsable, ni siquiera se puede señalar ni denunciar”, precisó.

“Es como un pacto de caballeros que acordamos hacer, acordamos que no habrá renuncias y creo que es una de las razones por las cuales muchos países consideraron que era seguro unirse al Acuerdo de París, sabían que no habría sanciones legales si se apartaban”, puntualizó.

“Así que hablar de las CPDN como básicamente algo que coloca una soga económica al cuello de Estados Unidos es cualquier cosa”, añadió Fletcher.

Además, acotó que en el sector energético de Estados Unidos, el crecimiento se da en las energías renovables.

“Y si el presidente Trump comprendiera un poco mejor el sector, sabría que es ahí donde tiene que concentrar la atención, y no en una industria del carbón que no tiene ningún futuro, desde el punto de vista de la generación de empleo, en Estados Unidos”, arguyó.

Además, contribuir con el FVC “tiene sentido para Estados Unidos”, sostuvo Fletcher.

“El presidente Trump no comprende, su gobierno no comprende, que cuanto más inviertan en construir la resiliencia de países como los nuestros, más podremos apartarnos de los combustibles fósiles. Es un peso que se sacan de encima”, explicó.

Cuando hay un desastre natural en el Caribe, “nos volvemos casi de inmediato hacia nuestro vecino más pudiente en busca de apoyo, que es Estados Unidos”, acotó.

“Y cuanto más puedan reducir esa carga haciéndonos resilientes y reduciendo la severidad y la frecuencia de esos desastres naturales, menos peso recaerá sobre Estados Unidos”, añadió.

Además, Fletcher observó que los refugiados climáticos serán un elemento común en los próximos años.

“La gente perderá sus ingresos, deberá desplazar sus casas y sus hábitats quedarán destruidos y tendrán menos oportunidades, en particular en las islas pequeñas como las nuestras”, abundó.

Fletcher señaló que su país, Santa Lucía, tiene 238 millas cuadradas (unos 616, 4 kilómetros cuadrados) y un terreno montañoso con una gran cantidad de asentamientos costeros.

“Cuando pierdes la mayor parte de tu franja costera, ¿a dónde vas? No vas tierra adentro, las oportunidades son limitadas, entonces la gente comienza a emigrar”, explicó.

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden reconoció esa realidad y habló al respecto en las dos cumbres Estados Unidos-Caribe que organizó.

“Cuando vio que el Caribe cambiaba los combustibles fósiles por las energías renovables, de inmediato observó dos cosas”, precisó.

“Vio una oportunidad para reducir la influencia de Venezuela en la región, desde un punto de vista estratégico, pero también vio una oportunidad de que las compañías estadounidenses del sector renovables, en especial solares y eólicas, vendieran sus servicios al Caribe porque le preocupaba que nuestro foco estuviera en Europa y que muchos buscáramos allí asistencia técnica y apoyo”, explicó.

Fletcher precisó que mientras Trump habla de empleos en la extracción de carbón, los datos sugieren que hay menos de 75.000 puestos de trabajo en esa industria en Estados Unidos y que es un sector en contracción.

En cambio, “hay 650.000 empleos en las energías renovables en Estados Unidos, y está en crecimiento. Tendrá más sentido concentrarse en un sector en crecimiento que en uno en desaparición”, añadió.

A Trump también le preocupa que China e India, los mayores emisores de gases contaminantes, puedan seguir liberándolos, mientras Estados Unidos debe limitarse.

Fletcher reconoció que eso es “parcialmente correcto” porque son grandes emisores.

“Pero ahí entra la cuestión de la responsabilidad común, pero diferenciada”, precisó. Países como China e India dicen que tienen un gran número de personas viviendo en la extrema pobreza y necesitan cierto espacio para desarrollar algunos sectores.

“Y si bien se comprometieron, e India logró avances significativos en materia de energías renovables, arguyen que no se los puede medir con la misma vara que a países como Rusia o Estados Unidos, responsables del problema actual”, recordó.

“Sí, trabajamos para hacer frente a nuestros problemas, pero todavía nos queda una trayectoria en materia de desarrollo que no nos pueden cortar de inmediato causándonos mayores problemas de los que tenemos”, añadió, al explicar el argumento de los dos gigantes.

Fletcher dijo que si le preguntaran, en un mundo ideal, si le gustaría que China e India redujeran sus emisiones de gases invernadero más rápido, respondería que absolutamente, y que le gustaría que todos los países hicieran lo mismo.

Traducido por Verónica Firme

El director general de la FAO, José Graziano da Silva (izquierda), con el ministro del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de Colombia, Rafael Pardo, en la sede de la organización de las Naciones Unidas en Roma. Crédito: Carlo Perla/FAO

Por Corresponsal Fao
ROMA, Jul 5 2017 (IPS)

El progreso alcanzado por Colombia con la utilización del desarrollo rural como instrumento para conquistar la paz después de más de medio siglo de guerra civil pueden “llenar al mundo entero de esperanza y de enseñanzas”, afirmó este miércoles 5 el director general de la FAO, José Graziano da Silva.

“El único camino hacia la paz es el camino del diálogo, la negociación, la cooperación, la inclusión y la equidad, que es también el camino hacia el desarrollo sostenible donde nadie se quede atrás”, dijo Graziano da Silva. “Todo el mundo espera que lo que está sucediendo en Colombia pueda ser un ejemplo para otros lugares del mundo”.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) está trabajando con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil y proporciona asesoramiento técnico a tres nuevas instituciones: la agencia nacional de tierras, la agencia de desarrollo rural y la agencia para la renovación del territorio.

Los 53 años de conflicto armado llegaron a su fin a principios de este mes cuando los miembros del grupo rebelde de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) entregaron sus armas en el marco de un Acuerdo de Paz negociado en los últimos años y formalizado en 2016.

Las tierras, las prácticas agrícolas y los medios de subsistencia de la población siguen sufriendo las consecuencias de un conflicto que afectó a gran parte del país.

El gobierno colombiano está implementando más de 80 leyes especiales y numerosos programas para poner en marcha el acuerdo de paz, que incluyen planes de electrificación rural, reconversión laboral y programas de apoyo a los ingresos económicos de los exmiembros de las milicias, e incentivos fiscales para empresas que construyan infraestructura pública.

También ha diseñado una campaña de gran alcance para eliminar las minas antipersona – Colombia es, después de Afganistán, el país con mayor número en su territorio-, en la que los exmiembros de las FARC tienen un papel clave.

El plan integral de reforma del gobierno colombiano aspira a beneficiar a unos 14 000 pequeños agricultores y requiere diálogo con los grupos locales para generar y poner en marcha programas que involucren a las comunidades en sus respectivos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

“Es en la zona rural fue donde se desarrolló el conflicto y, debido al conflicto, las oportunidades de los colombianos que viven en estas regiones son muy inferiores a las de los colombianos que viven en las ciudades”, señaló el ministro para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, que ha sido un acto fundamental para la paz en el país.

El ministro destacó que, gracias a su “amplísima experiencia y presencia en Colombia”,  la FAO será la encargada de hacer el “acompañamiento fundamental a todo el desarrollo rural durante los 15 años de implementación del acuerdo”.

El papel central de la reforma agraria y la tenencia de la tierra

Pardo también destacó la creación, con la ayuda de la FAO y otras instituciones, de un catastro para la formalización de tierras. Las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra son fundamentales para reactivar el enorme potencial agrícola de un país que sólo utiliza una cuarta parte de su superficie agrícola cultivable, en cuyo campo el conflicto desarraigó a millones de hogares y donde, a pesar de claros esfuerzos, todavía existe un extendido cultivo de coca.

El ministro describió los programas del gobierno colombiano para incentivar a los agricultores a abandonar el cultivo de la hoja coca y a sustituirlos por cultivos alternativos, confiando en que más de 50 000 familias se sumen a estos planes antes de finales de año.

El ejemplo de Colombia para otros países en conflicto

“Cada país tiene sus propios procesos y dinámicas pero, esencialmente, es el dialogo lo que permite que haya solución a los problemas”, afirmó Pardo este miércoles 5.

Lo más importante de la lección del acuerdo de paz colombiano, dijo, es que va mucho más allá de los temas tradicionales de un acuerdo de paz: desmovilización, desarme y reintegración (DDR).

En su opinión, el acuerdo de paz en Colombia es un acuerdo “comprensivo” que pretende “transformar la vida rural y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales dispersas”.

El ministro también destacó el estrecho vínculo entre paz y seguridad alimentaria. “Es uno de los requisitos fundamentales para que haya paz en las regiones más pobres del planeta. Una población que no tiene garantizada la seguridad alimentaria no tendrá posibilidades de paz”, añadió.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

Revisado por Estrella Gutiérrez

La tuberculosis permanece como la enfermedad infecciosa más letal en el mundo y en 2015 mató más de 1,8 millones de personas. Crédito: MSF

Por Corresponsales de IPS
GINEBRA/HAMBURGO, Jul 5 2017 (IPS)

Los mandatarios del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes afrontarán durante su cumbre del 7 y 8 de julio el reclamo de dos instituciones medicas internacionales, para que aumenten sus esfuerzos en el combate contra la tuberculosis.

Tan solo en 2015 murieron 1,8 millones de personas por la enfermedad y a pesar de que la tuberculosis es susceptible de prevención y tratamiento, todavía figura en el mundo como la enfermedad infecciosa más letal.

Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Alianza Alto a la Tuberculosis, dos reputadas organizaciones humanitarias, presentaron este miércoles 5 un informe destinado a sensibilizar al G20, en su cumbre anual en la ciudad alemana de Hamburgo.

El informe examina las políticas y prácticas que se aplican contra la tuberculosis en 29 países seleccionados, que en total suman 82 por ciento de los casos de la enfermedad en el mundo.

Las conclusiones del estudio demuestran que esos países pueden mejorar en los aspectos de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis (TB).

El documento subraya que de los 10,4 millones de casos de TB registrados en el mundo en 2015, la mayoría (54 por ciento) residía en países miembro del G20.

Desde que en 2008 comenzó sus sesiones en la cumbre de Washington, el G20 acoge a los países que sobresalen por su economía o por su población y a algunos más provenientes del Sur en desarrollo.

En la cita de Hamburgo participarán también ocho naciones invitadas, además de representantes de organizaciones intergubernamentales.

A partir de 2008, en coincidencia con la crisis financiera desatada en Estados Unidos y expandida luego al resto del mundo, las prioridades del G20 se concentraron en esos temas económicos y financieros, incluyendo también cuestiones vinculadas al empleo y al desarrollo.

Paulatinamente, el G20 se ocupó además de la brecha de género, el ambiente, la digitalización y el terrorismo.

Solo en 2015, durante la cumbre realizada en Antalya, al sur de Turquía, el G20 incluyó entre sus prioridades un llamado de atención ante los riesgos que afronta la salud en el mundo.

Identificó entonces a la resistencia antimicrobiana, las amenazas de enfermedades infecciosas y los sistemas sanitarios ineficientes como los peligros que pueden tener un efecto significativo en el crecimiento y la estabilidad global.

Al año siguiente, en la cumbre de Hangzhou, en China,  se instruyo a las principales organizaciones internacionales para que en Hamburgo presentasen recomendaciones concretas sobre los pasos que el G20 podría adoptar para enfrentar la resistencia antimicrobiana, incluyendo incentivos para la investigación y el desarrollo.

El documento de MSF y de la Alianza Alto a la Tuberculosis es uno de los aportes que tendrá el G20. Otras contribuciones fueron discutidas por los ministros del mismo G20 durante la reunión preparatoria que sostuvieron en Berlín el 19 y 20 de mayo.

Una de las instituciones intergubernamentales invitadas a la cumbre es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que será representada en Hamburgo por su flamante director general, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien asumió el 1 de julio su mandato de cinco años.

Marsha Vanderford, directora de comunicaciones de la OMS, dijo a IPS en la sede del organismo en Ginebra que Tedros no llevará un documento a la cumbre. Sin embargo, Vanderford confía en que el director general del organismo podrá tener la oportunidad de ofrecer información a los mandatarios sobre los temas específicos de salud.

Tedros hablara con jefes de Estado y de gobierno, así como líderes internacionales,  de los avances necesarios para alcanzar los objetivos de salud global, como la cobertura universal, la seguridad sanitaria, el efecto del cambio climático en la salud y el combate a la resistencia antimicrobiana, dijo Vanderford.

El informe de MSF y de la Alianza Alto a la Tuberculosis reclama que durante la cumbre de Hamburgo los gobiernos decidan incluir a la enfermedad en sus esfuerzos por superar el más amplio problema de las infecciones resistentes a los medicamentos.

Lucica Ditiu, directora de la Alianza Alto a la Tuberculosis, que opera en el marco de la OMS, recordó que la enfermedad es “una asesina de larga data, pero nosotros disponemos del conocimiento y los instrumentos para afrontarla. Muchos países no utilizan esos avances y como resultado, la gente está muriendo”.

“Estamos pidiendo a los lideres del G20 que despierten y hagan algo para detener estas muertes innecesarias y la expansión de la tuberculosis, incluyendo la tuberculosis resistente a los medicamentos”, insistió Ditiu en Ginebra.

“Con la tuberculosis, las agujas del reloj avanzan rápidamente pues cada 18 segundos una persona muere de la enfermedad. Tenemos que cambiar esto”, advirtió Sharonann Lynch, asesora en políticas de VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida) y TB de Médicos Sin Fronteras.

En los últimos cuatro años “el número de personas diagnosticadas no avanza, mientras que el número de muertes ha aumentado, en lugar de disminuir. Los países necesitan usar nuevos instrumentos y acelerar el ritmo de sus respuestas”, exigió Lynch.

Los gobiernos de los países del G20 son los mayores contribuyentes a las campanas mundiales contra la tuberculosis. En 2016 esas naciones donaron más de 1.600 millones de dólares al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (paludismo).

Ahora, los líderes del G20 tienen que movilizar sus recursos para conseguir que más personas obtengan diagnósticos, que sean más accesibles los tratamientos efectivos para todos los enfermos de tuberculosis y que se reduzcan las muertes causadas por la enfermedad, concluyó el informe de las dos organizaciones médicas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Un grupo de voluntarios de defensa civil busca sobrevivientes tras un ataque con bomba de barril en Alepo, Siria, en agosto de 2014. Crédito: Shelly Kittleson/IPS.

Por Farhang Jahanpour
OXFORD, Gran Bretaña, Jul 4 2017 (IPS)

La política de Estados Unidos últimamente ha sido bastante desconcertante e impredecible, en especial en Medio Oriente, pero los últimos acontecimientos ya son abrumadores y alarmantes.

La Casa Blanca divulgó el 26 de junio un comunicado informando que Estados Unidos “identificó posibles preparativos de otro ataque químico del régimen (sirio de Bashar al) Assad”. E incluso dice: “Si Assad lanza otro ataque masivo con armas químicas, él y sus fuerzas armadas tendrán que pagar un alto precio”.

Las amenazas no eran solo para Damasco, pues la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, tuiteó después: “Cualquier otro ataque contra el pueblo de Siria será responsabilidad de Assad, pero también de Rusia e Irán que lo apoyan en el asesinato de su propio pueblo”.

Por supuesto, pasa a ser irrelevante la forma en que los funcionarios estadounidenses “identificaron” que Siria preparaba otro ataque químico, teniendo en cuenta que después de años de luchar contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos armados, no han podido saber quién les suministra armas y fondos.

Con esas declaraciones extrañas e infundadas, el gobierno de Donald Trump introduce otro elemento de incertidumbre al acontecer de Medio Oriente. Y como si la situación actual en esa atribulada región no fuera suficiente, las declaraciones bélicas la empeoran.

Muchas personas se preguntan si Washington prepara el terreno para una gran confrontación en Medio Oriente con consecuencias inimaginables.

Hace unos 14 años, en total violación del derecho internacional, el presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) lanzó un ataque salvaje contra Iraq basándose en información falsa de inteligencia, que destruyó al país, dejó a más de un millón de personas muertas y heridas y creó el contexto para el surgimiento del EI, que desde entonces atormenta al mundo.

Lejos de haber aprendido la lección, el gobierno de Trump parece tratar de repetir un error similar a gran escala.

En la campaña, el actual presidente acusó al anterior gobierno de Estados Unidos de crear al EI, no de forma indirecta, sino deliberada. También mencionó que este país había gastado seis billones (millón de millones) en guerras ilegales en Medio Oriente sin ningún logro para mostrar. También aseguró que no le interesaba promover cambios de régimen y que procuraría resolver las disputas internacionales mediante negociaciones y acuerdos.

Poco importa si cambió de idea o si los neoconservadores se infiltraron en su gobierno y lo controlan. El hecho es que el Trump parece optar por la lógica de la guerra, en vez de procurar resolver los conflictos por medios pacíficos.

Farhang Jahanpour

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses lanzaron numerosas operaciones contra las fuerzas aliadas de Damasco.

El 18 de mayo y el 6 de junio, un avión de Estados Unidos bombardeó a grupos armados favorables al gobierno sirio en el sur del país. Unos días después, el 8 y el 20, derribaron dos drones de fabricación iraní, y el 18, cazas estadounidenses dispararon contra un avión sirio que atacaba bases del EI al oeste de Al Raqa.

Antes, el 6 de abril, tras un supuesto ataque químico contra Jan Sheijun, una fragata estadounidense disparó 59 misiles Tomahawk contra la base desde la que había despegado un avión sirio.

El hecho ocurrió a pesar de que la ONU todavía investigaba la fuente del ataque y algunos investigadores experimentados e, incluso, Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Sensatez, que estaban en el terreno, plantearon dudas respecto de la participación de Damasco en el ataque químico.

Es raro que a medida que las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia e Irán, se imponen y liberan la mayor parte de Siria del control de grupos armados irregulares, aumenta la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses contra las fuerzas de Damasco.

Desde el inicio de la crisis en Siria, en 2011, circularon teorías elaboradas en base a información filtrada que explican que la situación en ese país es parte de un complot de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, al principio con apoyo de Turquía y Qatar, con el fin de aislar a Irán y cortar los vínculos entre la república islámica y el partido libanés Herzbolá a través de Siria.

Independientemente de que las teorías sobre la participación de Estados Unidos en Siria, con apoyo de Israel y contra Irán, sean correctas o no, el hecho es que el gobierno de Trump participa en acciones ilegales y peligrosas que pueden terminar en una guerra no deseada entre, por un lado, Rusia e Irán y, por otro, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

En ese contexto, es importante señalar:

Las acciones de Estados Unidos constituyen una clara violación a la Carta de la ONU y son actos de agresión contra un Estado soberano.

Las fuerzas iraníes y rusas pelean en Siria contra los insurgentes por invitación del gobierno sirio, pero Estados Unidos, un actor no invitado, se enfrenta a las fuerzas sirias.

Si el gobierno de Trump es sincero cuando dice que quiere eliminar al EI debe apoyar a Rusia e Irán para liberar el territorio que queda ocupado por los terroristas.

Si el gobierno de Trump cree en la democracia, las elecciones libres y el Estado de derecho, debe llamar a elecciones en Siria bajo la supervisión de la ONU cuando se haya derrotado a la insurgencia y luego aceptar el resultado electoral, en vez de reclamar la salida del presidente sirio.

Antes de lanzarse a una aventura peligrosa contra Rusia e Irán, el gobierno de Trump debe considerar cuidadosamente las consecuencias de una confrontación de esa magnitud.

Si el gobierno de Trump está decidido a promover la guerra en Siria, sus aliados deberían dejarle claro que no van a respaldar otra guerra innecesaria en Medio Oriente.

Mientras, en vez de preocuparse por las posibles amenazas contra Israel, es hora de que tome medidas serias para hacer frente al conflicto árabe-israelí, que incluya justicia para los presionados palestinos que viven bajo una brutal ocupación desde hace más de 50 años. Encontrar una solución justa al conflicto árabe-israelí garantizaría más la seguridad de Israel que cualquier intento de cambiar el régimen en otros países.

Durante la campaña presidencial, Trump criticó duramente al presidente Obama por trazar una línea roja en el uso de armas químicas por parte de Siria y luego no castigarla.

El presidente Trump debería darse cuenta de que al lanzar ultimátums similares contra Damasco en el hipotético uso de armas químicas, invita a los terroristas a lanzar falsas operaciones de bandera que lo obligan a actuar, ya sea que el gobierno de Siria sea responsable o no.

Por último, y para agregar algo de farsa a todo el episodio, el secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció el 28 de junio que el gobierno sirio había tomo nota de la alerta de Washington y cambiado su perspectiva respecto del uso de armas químicas.

La situación en el mundo es demasiado seria para que la principal superpotencia del mundo tenga políticas confusas y contradictorias. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos adopte un enfoque serio y sensato en lo que respecta a Medio Oriente antes de que el mundo sufra otra gran catástrofe.

Farhang Jahanpour es un exprofesor y decano de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Isfahan y exinvestigador de Harvard. Desde hace 30 años dicta cursos sobre Medio Oriente en el Departamento de Educación Continua y es miembro del Kellogg College, de la Universidad de Oxford.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de IPS ni pueden atribuírsele.

Un hato de vacas pasta en tierras deforestadas de la Amazonia, en el norte de Brasil. El tipo de ganadería extensiva que se práctica en la región es de baja productividad y sirve en muchas ocasiones para la ocupación ilegal de tierras públicas. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 3 2017 (IPS)

Deficiencias sanitarias amenazan el auge de las exportaciones brasileñas de carne vacuna, pero ello poco va a influir a la reducción de la deforestación de la Amazonia, en su mayor parte provocada por la ganadería.

Estados Unidos suspendió la importación de carne bovina fresca de Brasil el 22 de junio, por la “preocupación persistente” por su calidad y seguridad, que acarreó el rechazo de 11 por ciento del producto, 10 veces más que lo ocurrido con otros países.

En marzo las propias autoridades policiales brasileñas revelaron fallas en la inspección sanitaria de frigoríficos, por corrupción en el nombramiento de responsables del servicio en el Ministerio de Agricultura.

A causa de la llamada operación “Carne Débil” de la Policía Federal, varios países suspendieron sus compras a Brasil, pero solo de 21 frigoríficos bajo sospecha. El escándalo también despertó la necesidad de mejor control sanitario de las carnes brasileñas.

En el mismo mes, las autoridades ambientales multaron a varios frigoríficos por comprar ganado criado en áreas ilegalmente deforestadas de la Amazonia, entre ellos dos pertenecientes a la compañía JBS, la mayor exportadora cárnica del mundo y cuyas denuncias de corrupción pueden sacar del poder al presidente Michel Temer.

Pese a los sucesivos golpes en su imagen, la carne vacuna brasileña seguirá disputando con India el primer lugar entre los exportadores del sector, con más de 1,4 millones de toneladas vendidas y 5.515 millones de dólares obtenidos en 2016.

“No hay alternativas de proveedores que puedan atender la demanda internacional”, sostuvo Fernando Molinari, analista de Proteína Animal de la consultora Safras & Mercado.

El embargo estadounidense representa poco en términos de ingresos inmediatos, porque aún eran pequeñas las ventas a ese mercado que solo volvió a comprar carne fresca brasileña el año pasado,  tras 17 años de gestiones para responder a las exigencias sanitarias. El grueso de las exportaciones a ese destino es de carne procesada.

Pero la medida “genera incertidumbres porque otros países pueden seguir el mismo camino, un riesgo para el futuro que preocupa”, admitió Molinari a IPS.

Ganadería vacuna, un gran problema ambiental

La carne vacuna constituye uno de los principales problemas ambientales del mundo, por la expansión de las tierras ocupadas por la ganadería y por su elevada participación en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero su producción comercial está concentrada.

Cuatro países, India, Brasil, China y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, acaparan más de 70 por ciento de las reses y dos tercios de la producción de carne.

En Brasil había una cabaña de 215 millones de vacunos en 2015, más que la población humana de 204,5 millones de entonces, según el instituto estadístico estatal. Gran parte de la expansión ganadera ocurrió en la Amazonia.

El mercado interno es el gran impulsor del sector, al representar cerca de 80 por ciento de la demanda. Pero las exportaciones ganaron peso, al ampliar su participación de cinco a 20 por ciento en lo que va del siglo y decuplicar sus ingresos en dólares.

Una vaca solitaria dentro de un área recién quemada en el estado de Acre, en la Amazonia brasileña. Se deforesta para emplazar en el lugar unas pocas cabezas y asegurar así la propiedad de la tierra. A ello se ha sumado el cultivo de la soya para para consolidar la expansión agrícola, con graves daños ambientales. Crédito: Mario Osava/IPS

Brasil se benefició del pánico generado por la propagación en las décadas  de los 80 y los 90 de la enfermedad de encefalopatía espongiforme o de “las vacas locas”, especialmente en Europa y Estados Unidos.

También influyó su esfuerzo en combatir la fiebre aftosa, vacunando 98 por ciento de su rebaño, recordó Paulo Barreto, investigador del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de Amazonia.

Eso y el crecimiento explosivo del mercado chino, incluyendo a Hong-Kong, le permitieron conquistar buena parte de la demanda mundial que creció explosivamente en los primeros siete años del siglo, para estancarse después.

Un fuerte crecimiento de la economía y del consumo brasileño completó el empuje que elevó a Brasil al segundo lugar del mundo como productor de carne bovina, superado solo por Estados Unidos.

Las tierras recién incorporadas a la ganadería representan  “más de 65 por ciento de las nuevas áreas deforestadas en la Amazonia”, destacó Barreto a IPS. La deforestación en la región volvió a crecer en los cuatro últimos años, después de cinco en descenso. Hasta ahora, la Amazonia ya perdió casi 20 por ciento de sus bosques.

El estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil y límite suroriental de la Amazonia, está en el centro de la expansión agropecuaria interna. Tiene el mayor rebaño del país, con 29 millones de bovinos frente a su población de 3,3 millones de personas. Además es el mayor productor nacional de soya y maíz.

“La agricultura empujó la ganadería hacia el norte”, resumió a IPS el activista André Nunes, del Instituto Centro de Vida (ICV), una organización no gubernamental que actúa en el norte de Mato Grosso, desde su sede en la ciudad de Alta Floresta, una de las fronteras de expansión agrícola hacia el interior de la Amazonia.

Escasamente poblado hasta los años 60, Mato Grosso recibió en las décadas siguientes oleadas de campesinos excedentarios del sur de Brasil en proyectos de “colonización” promovidas por la dictadura militar (1964-1985) como forma de integrar el centro-oeste y la Amazonia a la economía nacional.

Los impactos de una invasión

La ganadería extensiva fue una forma de ocupar las tierras, deforestando áreas inmensas, secundada por cultivos tradicionales sureños, como arroz, café, maíz y frijoles. Luego la soya se hizo dominante, especialmente en el centro-norte del estado.

El ganado se expandió al norte amazónico de Mato Grosso, pero “encuentra barreras en las reservas forestales” y las exigencias ambientales, sostuvo Nunes, educador de la Iniciativa Ganadería Sustentable con que ICV difunde buenas prácticas ambientales entre ganaderos.

Producto de la Iniciativa, nació en 2015 la empresa Ganadería Sustentable de la Amazonia (PECSA, en portugués), una consultora que aporta soluciones productivas, ambientales y de gestión para elevar la productividad, preservar los bosques y recuperar suelos degradados.

“Al comienzo hubo resistencia natural a la novedad, pero ahora tenemos demanda creciente”, aseguró a IPS el director ejecutivo de la empresa, Vando Telles. “Llegamos en buena hora, cuando los pastizales dejaban de ser productivos. Las tierras deforestadas hace 30 o 35 años, con mal uso de los recursos, sin recuperación, se degradaron”, señaló.

El avance de las siembras más rentables le va quitando tierras a la ganadería, bloqueada por los bosques amazónicos y “la presión ambiental que es mundial y hace que grandes compradores de carne controlen el origen de su materia prima”, acotó.

La solución es aumentar la productividad, criar y engordar mas ganado en menos tierras, explicó. Una de las medidas es mejorar el pastizal y la complementación alimentaria, que combina maíz y soja, de harta producción local.

En las haciendas asociadas a PECSA, el promedio de un bovino por una hectárea, vigente en Alta Floresta, se elevó a 2,5 y en algunos casos a 3,6 animales. La productividad de carne se multiplicó por seis, mientras se contuvo la deforestación y se recuperó los bosques de ribera en los ríos, asegura la empresa.

El embargo estadounidense y los escándalos de corrupción hicieron bajar los precios del ganado, con fuerte impacto local. El grupo JBS redujo fuertemente sus compras, cuya mitad eran hechas en Mato Grosso.

Iniciativas similares buscan conciliar ambiente y la ganadería, pero su sustentabilidad global es cuestionable ante el aumento del consumo de carne de vacuno en el mundo, que exige además un brutal aumento de la siembra de soya y otros cultivos forrajeros.