Alain Bothorel, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea ante la Habana, durante una declaración en la sede diplomática del bloque en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jul 10 2017 (IPS)

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (UE), refrendado ahora por la eurocámara,  abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones entre La Habana y Bruselas, que dentro de dos meses comenzarán a trabajar para implementar lo convenido.

Un aspecto decisivo para la firma de este acuerdo de largo plazo, el 12 de diciembre de 2016, fue la derogación seis días antes de la llamada posición común, una cláusula que condicionaba desde 1996 la colaboración y el diálogo de la UE a la apertura democrática en la nación caribeña e impedía para esta un convenio marco de cooperación.

La revocación de la posición común “aumenta la confianza mutua”, dijo a IPS el encargado de negocios de la delegación de la UE ante La Habana, Alain Bothorel.

Sin embargo, al dar su visto bueno al acuerdo de largo plazo, con 567 votos a favor, 61 en contra y 31 abstenciones,  el Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución no legislativa y “no vinculante” para recordar que el acuerdo puede ser suspendido en caso de irrespeto a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.“El Parlamento Europeo no añadió nada al texto. El Consejo Europeo, como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”: Alain Bothorel.

Las autoridades cubanas consideraron “positiva” la aprobación europarlamentaria, pero rechazaron la resolución no legislativa sobre Cuba, por “injerencista” y “nociva a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

Al respecto, Bothorel  desmarcó ese asunto del convenio suscrito en Bruselas.  “El Parlamento Europeo no añadió nada al texto.  El Consejo Europeo (de los jefes de Estado y de gobierno del bloque), como cortesía hacia la eurocámara, permitió expresar una opinión sobre el acuerdo”,  afirmó el diplomático en breves declaraciones a IPS.

“Vamos a seguir el diálogo sobre derechos humanos y quisiéramos ver progresos”, agregó, para aclarar seguidamente que los encuentros anuales sobre ese tema que vienen sosteniendo  delegaciones de Cuba y el bloque comunitario son para  “intercambiar con el gobierno cubano, no para influir¨.

La tercera reunión de este tipo se realizó el pasado 22 de mayo,  en Bruselas. Las dos sesiones anteriores transcurrieron en junio de 2015 y 2016, en Bruselas y La Habana, respectivamente. En estos encuentros bilaterales, Cuba es evaluada, pero su delegación también expresa sus opiniones sobre democracia y derechos humanos en los  países del bloque.

En lo general,  el acuerdo ofrece a Cuba oportunidades adicionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a la modernización del modelo socio-económico cubano, así como para encontrar soluciones comunes a desafíos globales.

Bothorel indicó que el convenio abarca más de 30 áreas de cooperación y abrirá la puerta para otros acuerdos sectoriales en educación, energía renovable, cambio climático, migraciones, lucha contra el terrorismo y contra armas de destrucción masiva, entre otras materias.

El pacto se considera provisional, pues debe ser ratificado por cada uno de los ahora 27 países que integran la UE (tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña), sin embargo ya se trabaja para su implementación. “En septiembre próximo nos reuniremos a nivel político  para decidir qué sectores son prioritarios para Cuba y crear comisiones de trabajo”, afirmó.

Representantes de medios informativos acreditados en Cuba mientras seguían el 12 de diciembre en la sede de la delegación de la Unión Europea en La Habana, la firma en Bruselas del acuerdo entre ese bloque y Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Actualmente, la cooperación de la UE con Cuba se rige por el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.  Se retomó en 2008 y desde entonces hasta 2014 la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, asignó unos  90 millones de euros (102,6 millones de dólares) a los sectores de seguridad alimentaria y respuesta y preparación ante desastres naturales.

También abarca áreas de ambiente, cambio climático y energía, cultura y patrimonio, apoyo a la modernización socio-económico y capacidades de gestión.

Bothorel confirmó que además se concedieron 50 millones de euros adicionales (57 millones de dólares) para el periodo 2014-2020, destinados a apoyar el desarrollo del país en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria,  mejor uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible  y  apoyo a la modernización socioeconómica sostenible.

Estos sectores están alineados con las prioridades nacionales recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social  de Cuba, documento estratégico aprobado en 2011 para promover un paquete de reformas en el país. “Queremos apoyar los lineamientos que lleva a cabo el gobierno cubano”, comentó el diplomático.

La UE y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y todos sus países miembros  mantienen lazos bilaterales con este país insular caribeño.

El tema de los derechos humanos en la isla caribeña fue hace más de una década motivo de grandes desacuerdos entre el gobierno cubano y el bloque comunitario, que tuvieron una de sus mayores crisis en 2003, tras el arresto y severas condenas de 73 opositores en marzo de ese año y la  ejecución en abril de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros.

La UE, que en marzo de 2003 había inaugurado su representación diplomática en la Habana, reaccionó disgustada y congeló los intercambios culturales, limitó las visitas de alto nivel efectuadas en el marco bilateral y decidió invitar a los principales disidentes a las  fiestas nacionales de los países comunitarios acreditados en La Habana.

Cuba no demoró su repuesta. A  las recepciones europeas dejaron de asistir ministros, viceministros y hasta funcionarios de menor rango del gobierno, los embajadores de países miembros de la UE no eran invitados a las actividades oficiales cubanas y tampoco podían dirigirse directamente a un ministerio o institución alguna de la isla caribeña.

En nota verbal del 27 de agosto de 2003, el gobierno cubano comunicó su rechazo a toda ayuda oficial directamente administrada por la UE o por las agencias de cooperación europeas. El diálogo político y la cooperación se reanudaron en 2008, luego que Bruselas derogó sus medidas de 2003.

Fue a partir de entonces que las dos partes comenzaron a trabajar por una nueva relación de largo plazo.

Bruselas y La Habana comenzaron sus conversaciones el 29 de abril de 2014 y concluyeron tras siete rondas bilaterales de trabajo en marzo de 2016.  El proceso tuvo su mayor impulso durante 2015, en paralelo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que siguieron al anuncio el 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.

Funcionarios cubanos y europeos advirtieron que se trataba de procesos no vinculantes, aunque paralelos.  El embargo estadounidense se encargó de remarcar la diferencia, cuando dos empresas francesas y una alemana fueron sancionadas por violar sus prohibiciones en medio del deshielo.

El pasado 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump despejó cualquier duda, cuando anunció el reforzamiento del embargo. El artículo 10 del acuerdo entre Cuba y la UE se prepara para enfrentar nuevas embestidas del bloqueo, aunque sin nombrarlo directamente.

Según el texto, las partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de  medidas y sobre la forma de “prevenir y mitigar” el impacto de medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que se utilicen como medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de otros Estados.

Editado por Estrella Gutiérrez

El presidente de Brasil, Michel Temer, durante una reunión con sus ministros el 5 de julio. Ocho miembros de su gabinete ministerial, 28,5 por ciento del total, son investigados por corrupción y algunos de ellos por varios casos. Crédito: Alan Santos/PR/FotosPúblicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 8 2017 (IPS)

Dos meses de agonía y un creciente deterioro moral de la presidencia de Michel Temer forzaron la decantación de una alternativa poco atractiva, pero viable, en el callejón sin salida que envilecía la política en Brasil.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aparece como el probable sucesor. Ya es el sustituto natural, cuando el mandatario viaja al exterior, pero a los 47 años y sin experiencia ejecutiva, está lejos de ser un líder capaz de generar entusiasmos.

Pero sí logró aunar hace un año los respaldos suficientes para asumir la presidencia de la cámara baja, una función clave por manejar una casa de 513 parlamentarios, donde más fuertemente se manifiestan los conflictos y la fragmentación política, dificultando las decisiones legislativas.

Amplios sectores económicos y políticos llegaron a la conclusión de que el derechista Maia es el mejor ubicado para impulsar medidas reclamadas por los voceros del sector económico, como la reforma previsional, mientras que el también conservador Temer perdió las condiciones con que contaba para conducir las labores parlamentarias.

Antes se rechazaba sustituir nuevamente el presidente del país, meses después de que la anterior mandataria, la izquierdista Dilma Rousseff, fuese separada del cargo en mayo de  2016 para ser enjuiciada por el Senado y destituida el 31 de agosto siguiente

Primaba para los factores de poder el no agravar la inestabilidad y las incertidumbres que afectan el país, especialmente a la economía, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en que Temer fue el candidato a la vicepresidencia con Rousseff. La prioridad era evitar nuevas turbulencias.

Pero las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre Temer y las continuas acciones judiciales contra él y sus colaboradores más allegados minaron la fortaleza de Temer en el legislativo Congreso Nacional y lo convirtieron, de hecho, el mayor factor de turbulencias.

El procurador general (fiscal general), Rodrigo Janot, precipitó la suerte de Temer, cuando el 27 de junio lo acuso formalmente de corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia que puede enjuiciar un presidente del país por un cargo penal.

Seis días después la Policía Federal detuvo, por orden judicial, a Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Temer, acusado de intento de obstrucción de la justicia.

Tres semanas antes la misma policía había detenido a Henrique Alves, expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Turismo, acusado de corrupción y legitimación de capitales ilegales.

Dos exasesores especiales de Temer también fueron apresos en mayo, uno de ellos después de ser filmado con 500.000 reales (150.000 dólares) en una valija, soborno supuestamente destinado al presidente, según la acusación del procurador general y los diálogos grabados entre los acusados y empresarios corruptores.

La conclusión es obvia para quienes desean aderezar la economía, aunque en términos conservadores e impopulares, y superar la inestabilidad política: mejor un presidente anodino, con posibilidades de conducir la transición hasta las elecciones de octubre de 2018 y la llegada de un nuevo gobierno el 1 de enero de 2019.

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, llega el 4 de julio a la sede del Supremo Tribunal Federal, que enjuiciaría al presidente Michel Temer si, como se pronostica, se dan los pasos jurídicos y parlamentarios para ello. En ese caso, Maia, se convertiría en el nuevo mandatario de Brasil. Marcelo Camargo/EBC/FotosPúblicas

Maia, del partido Demócratas, parte de la alianza en el poder y con una bancada parlamentaria de mediana dimensión, conduciría un gobierno de baja intensidad, en contraposición al encabezado por Temer, tumultuoso y arrinconado.

Ocho ministros del actual gobierno están bajo investigación STF, por sospecha de corrupción denunciada por dirigentes del grupo empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia, con la revelación de los multimillonarios sobornos entregados los 10 últimos años, a cambio de contratos públicos y leyes ventajosas.

Prácticamente toda la dirigencia política del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer presidió entre 2001 y 2016, está detenida o bajo investigación penal.

Nuevos sobresaltos se espera de la colaboración judicial de otros miembros del PMDB ya detenidos, uno de ellos Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, preso desde octubre y condenado a 15 años en uno de los varios procesos en que es acusado de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Otro es Lucio Funaro, que no es un político, sino que fungió de operador financiero del PMDB e intermediario en varios casos de soborno. Su “delación premiada”, la colaboración con los jueces a cambio de rebajas en sus penas, ya se da por hecho y va apuntar al presidente y otros jefes del partido.

Temer puede ser alejado de la presidencia en las próximas semanas, si la Cámara de Diputados autoriza al STF juzgarlo por corrupción pasiva, por su presunta aceptación de un soborno de la compañía JBS, la mayor procesadora y exportadora de carne, a cambio de beneficiarla con medidas gubernamentales.

Esa autorización exige mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, una hazaña que parecía imposible hace unos días. Pero la erosión del respaldo a Temer se volvió palpable los últimos días.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, considerado el fiel de la balanza y cuyas dudas favorecían a Temer, dio señales de que dejará la alianza. Su presidente interino, el senador Tasso Jereissati, manifestó su preocupación por la “ingobernabilidad” actual y su apoyo a la “alternativa Maia”.

La primera prueba será la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, donde habrá las primeras discusiones sobre las acusaciones de la Procuraduría General y se espera una decisión dentro de 10 días, por mayoría de sus 66 diputados.

El informe de la Comisión, a favor o en contra de enjuiciar a Temer en el STF, será votado después en la plenaria de Diputados, donde al presidente le basta el apoyo de un tercio de la Cámara,  172 votos, para evitar que se abra el proceso.

Si 342 diputados aprueban el juicio, Temer seria alejado de la presidencia, como le sucedió a Rousseff, para responder ante el máximo tribunal durante un máximo de 180 días, cuando podrá volver al poder si es absuelto o el proceso se prolonga por más tiempo.

Pero su vía crucis judicial no termina, porque la Procuraduría General prepara otras dos acusaciones, una por intento de obstrucción a la justicia y otra por organización criminal. Esta última se hace cada día más evidente por las investigaciones y las detenciones de miembros del PMDB.

Además, hay una veintena de pedidos por la inhabilitación de Temer. Le toca al presidente de la Cámara, el mismo Maia, acoger o no alguna de las solicitudes. En ese caso el juicio sería político, a cargo del Senado después que sea autorizado igualmente por dos tercios de la cámara baja.

La caída de Temer pareció volverse inevitable desde el 17 de mayo, cuando trascendió el diálogo grabado entre él y Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, hablando de sobornos y actuaciones, tanto para beneficiar a la empresa como para bloquear el avance de las investigaciones sobre corrupción.

La baja calidad de la grabación, con muchas interrupciones, alentó la resistencia del mandatario, abogado y antiguo profesor de derecho constitucional, basada en la posibilidad de descalificarla como prueba.

Pero en términos políticos y morales le fue fatal.

Los “hechos nuevos” de las investigaciones y detenciones en su círculo político completan un cerco que no parece admitir escapes. El hallazgo de una alternativa aceptable para los que deciden en la política y la economía de este país, como es la figura de Maia, acerca el desenlace.

Editado por Estrella Gutiérrez

Un grupo de voluntarios de defensa civil busca sobrevivientes tras un ataque con bomba de barril en Alepo, Siria, en agosto de 2014. Crédito: Shelly Kittleson/IPS.

Por Farhang Jahanpour
OXFORD, Gran Bretaña, Jul 4 2017 (IPS)

La política de Estados Unidos últimamente ha sido bastante desconcertante e impredecible, en especial en Medio Oriente, pero los últimos acontecimientos ya son abrumadores y alarmantes.

La Casa Blanca divulgó el 26 de junio un comunicado informando que Estados Unidos “identificó posibles preparativos de otro ataque químico del régimen (sirio de Bashar al) Assad”. E incluso dice: “Si Assad lanza otro ataque masivo con armas químicas, él y sus fuerzas armadas tendrán que pagar un alto precio”.

Las amenazas no eran solo para Damasco, pues la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, tuiteó después: “Cualquier otro ataque contra el pueblo de Siria será responsabilidad de Assad, pero también de Rusia e Irán que lo apoyan en el asesinato de su propio pueblo”.

Por supuesto, pasa a ser irrelevante la forma en que los funcionarios estadounidenses “identificaron” que Siria preparaba otro ataque químico, teniendo en cuenta que después de años de luchar contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos armados, no han podido saber quién les suministra armas y fondos.

Con esas declaraciones extrañas e infundadas, el gobierno de Donald Trump introduce otro elemento de incertidumbre al acontecer de Medio Oriente. Y como si la situación actual en esa atribulada región no fuera suficiente, las declaraciones bélicas la empeoran.

Muchas personas se preguntan si Washington prepara el terreno para una gran confrontación en Medio Oriente con consecuencias inimaginables.

Hace unos 14 años, en total violación del derecho internacional, el presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) lanzó un ataque salvaje contra Iraq basándose en información falsa de inteligencia, que destruyó al país, dejó a más de un millón de personas muertas y heridas y creó el contexto para el surgimiento del EI, que desde entonces atormenta al mundo.

Lejos de haber aprendido la lección, el gobierno de Trump parece tratar de repetir un error similar a gran escala.

En la campaña, el actual presidente acusó al anterior gobierno de Estados Unidos de crear al EI, no de forma indirecta, sino deliberada. También mencionó que este país había gastado seis billones (millón de millones) en guerras ilegales en Medio Oriente sin ningún logro para mostrar. También aseguró que no le interesaba promover cambios de régimen y que procuraría resolver las disputas internacionales mediante negociaciones y acuerdos.

Poco importa si cambió de idea o si los neoconservadores se infiltraron en su gobierno y lo controlan. El hecho es que el Trump parece optar por la lógica de la guerra, en vez de procurar resolver los conflictos por medios pacíficos.

Farhang Jahanpour

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses lanzaron numerosas operaciones contra las fuerzas aliadas de Damasco.

El 18 de mayo y el 6 de junio, un avión de Estados Unidos bombardeó a grupos armados favorables al gobierno sirio en el sur del país. Unos días después, el 8 y el 20, derribaron dos drones de fabricación iraní, y el 18, cazas estadounidenses dispararon contra un avión sirio que atacaba bases del EI al oeste de Al Raqa.

Antes, el 6 de abril, tras un supuesto ataque químico contra Jan Sheijun, una fragata estadounidense disparó 59 misiles Tomahawk contra la base desde la que había despegado un avión sirio.

El hecho ocurrió a pesar de que la ONU todavía investigaba la fuente del ataque y algunos investigadores experimentados e, incluso, Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Sensatez, que estaban en el terreno, plantearon dudas respecto de la participación de Damasco en el ataque químico.

Es raro que a medida que las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia e Irán, se imponen y liberan la mayor parte de Siria del control de grupos armados irregulares, aumenta la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses contra las fuerzas de Damasco.

Desde el inicio de la crisis en Siria, en 2011, circularon teorías elaboradas en base a información filtrada que explican que la situación en ese país es parte de un complot de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, al principio con apoyo de Turquía y Qatar, con el fin de aislar a Irán y cortar los vínculos entre la república islámica y el partido libanés Herzbolá a través de Siria.

Independientemente de que las teorías sobre la participación de Estados Unidos en Siria, con apoyo de Israel y contra Irán, sean correctas o no, el hecho es que el gobierno de Trump participa en acciones ilegales y peligrosas que pueden terminar en una guerra no deseada entre, por un lado, Rusia e Irán y, por otro, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

En ese contexto, es importante señalar:

Las acciones de Estados Unidos constituyen una clara violación a la Carta de la ONU y son actos de agresión contra un Estado soberano.

Las fuerzas iraníes y rusas pelean en Siria contra los insurgentes por invitación del gobierno sirio, pero Estados Unidos, un actor no invitado, se enfrenta a las fuerzas sirias.

Si el gobierno de Trump es sincero cuando dice que quiere eliminar al EI debe apoyar a Rusia e Irán para liberar el territorio que queda ocupado por los terroristas.

Si el gobierno de Trump cree en la democracia, las elecciones libres y el Estado de derecho, debe llamar a elecciones en Siria bajo la supervisión de la ONU cuando se haya derrotado a la insurgencia y luego aceptar el resultado electoral, en vez de reclamar la salida del presidente sirio.

Antes de lanzarse a una aventura peligrosa contra Rusia e Irán, el gobierno de Trump debe considerar cuidadosamente las consecuencias de una confrontación de esa magnitud.

Si el gobierno de Trump está decidido a promover la guerra en Siria, sus aliados deberían dejarle claro que no van a respaldar otra guerra innecesaria en Medio Oriente.

Mientras, en vez de preocuparse por las posibles amenazas contra Israel, es hora de que tome medidas serias para hacer frente al conflicto árabe-israelí, que incluya justicia para los presionados palestinos que viven bajo una brutal ocupación desde hace más de 50 años. Encontrar una solución justa al conflicto árabe-israelí garantizaría más la seguridad de Israel que cualquier intento de cambiar el régimen en otros países.

Durante la campaña presidencial, Trump criticó duramente al presidente Obama por trazar una línea roja en el uso de armas químicas por parte de Siria y luego no castigarla.

El presidente Trump debería darse cuenta de que al lanzar ultimátums similares contra Damasco en el hipotético uso de armas químicas, invita a los terroristas a lanzar falsas operaciones de bandera que lo obligan a actuar, ya sea que el gobierno de Siria sea responsable o no.

Por último, y para agregar algo de farsa a todo el episodio, el secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció el 28 de junio que el gobierno sirio había tomo nota de la alerta de Washington y cambiado su perspectiva respecto del uso de armas químicas.

La situación en el mundo es demasiado seria para que la principal superpotencia del mundo tenga políticas confusas y contradictorias. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos adopte un enfoque serio y sensato en lo que respecta a Medio Oriente antes de que el mundo sufra otra gran catástrofe.

Farhang Jahanpour es un exprofesor y decano de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Isfahan y exinvestigador de Harvard. Desde hace 30 años dicta cursos sobre Medio Oriente en el Departamento de Educación Continua y es miembro del Kellogg College, de la Universidad de Oxford.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de IPS ni pueden atribuírsele.

Niñas y niños sentados frente a una escuela muy dañada por el conflicto que sufre Yemen. Crédito: Abu Monassar/UNICEF.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 29 2017 (IPS)

Cuando Arabia Saudita, que encabeza la coalición de países árabes que desde 2015 interviene en la devastadora guerra que sufre Yemen, fue acusada de bombardear civiles, incluidos niños y niñas, Riad amenazó con recortar fondos de la ONU para actividades humanitarias.

En esas circunstancias, en 2016, el entonces secretario general Ban Ki-moon decidió sacar a ese país del Golfo del anexo de “infractores” que acompaña a un informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Pero el alto comisionado de los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, con estrechos lazos con la familia real de Jordania, mencionó un documento en el que nueve países árabes, que integran la coalición que lucha contra los rebeldes hutíes y seguidores del expresidente yemení Alí Abdalá Saleh, realizaron una “amenaza sin precedentes de retirarse de la ONU si figuraban como infractores en el anexo del informe del secretario general sobre niños y conflictos armados”.

La nueva información proporcionada por Zeid, exrepresentante de Jordania ante la ONU y exembajador en Estados Unidos, arrojó luz sobre una amenaza hasta ahora desconocida de la coalición árabe, coordinada quizá por Riad.

Además de Arabia Saudita, la coalición está integrada por Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán, Kuwait y Qatar, cuya participación ahora está suspendida tras la crisis entre los países del Golfo a principios de este mes.

El profesor de ciencias políticas Stephen Zunes, coordinador de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de San Francisco, dijo a IPS: “la amenaza de Arabia Saudita y de sus aliados puede, por cierto, no tener precedentes. Personalmente, digo que muestren su juego”.

“Es importante mantener los principios, en particular en lo que respecta al derecho humanitario internacional. La razón de que más países no se hayan retirado es que reconocen que formar parte de la ONU consiste en un equilibrio que los beneficia, entonces peor para ellos, quizá terminen por regresar”, opinó Zunes.

“Los países han amenazado, y a veces hasta se han retirado de agencias y comités de Estados Unidos como forma de protesta, pero retirarse de la ONU casi que no tiene precedentes”, acotó.

Indonesia se fue en enero de 1965, recordó, en protesta por la elección de Malasia para integrar el Consejo de Seguridad, pero volvió a participar tras el golpe de Estado de fines de ese año.

Técnicamente, no hay disposiciones para el retiro, por lo que el presidente de la Asamblea General se refirió entonces al hecho simplemente como “cese de cooperación”, lo que permitió el retorno de Indonesia con poca fanfarria, precisó Zunes, especializado en la ONU y en el Consejo de Seguridad.

En Israel y Estados Unidos, algunas figuras públicas de derecha amenazaron con retirarse por críticas contra el Estado judío y miembros del estadounidense Partido Republicano hacen intentos periódicos. De hecho, actualmente existe el proyecto de ley de Restauración de la Soberanía Estadounidense de 2017, presentado por el representante Mike Rogers, pero no avanzará mucho, apuntó.

Un comunicado de Amnistía Internacional de 2016 señala que la credibilidad de la ONU estaba en juego, “después de que cedió de forma vergonzosa a la presión de retirar a la coalición encabezada militarmente por Arabia Saudita de la lista de estados y grupos armados que violan los derechos de los niños en conflicto”.

La declaración se publicó tras el anuncio que hizo el portavoz del secretario general Ban Ki-moon respecto de los cambios realizados en la lista de países infractores, que figura en el informe anual del Representante Especial para Niños y Conflictos Armados.

“La iniciativa es el resultado directo de la presión diplomática de Arabia Saudita, enfadada con la conclusión de la ONU de que las operaciones de la coalición llevaron a la muerte y al sufrimiento de niños en el conflicto armado en Yemen”, indicó Amnistía.

“No hay precedentes de que la ONU se incline ante las presiones y altere su propio informe sobre niños en conflictos armados. Es inadmisible que la presión fuera ejercida por uno de los mismos estados que figuran en la lista”, reafirmó Richard Bennett, representante y director de la oficina de Amnistía en la ONU.

Hablando frente a la Sociedad de Derecho de Londres, el 26 de este mes, Zeid también dijo no habían quedado exentas de amenazas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comunidad de Desarrollo de África Austral y la Corte Penal Internacional.

“Por suerte, en casi todos los casos, la amenaza se diluyó o, incluso cuando se retiraron uno o dos países, no hubo reacción en cadena. Pero la regularidad de ese tipo de amenazas quiere decir que es cada vez más probable que algún día haya una hemorragia, una salida que cierre el libro en algunas partes del sistema de derecho internacional”, alertó.

Martin S. Edwards, profesor adjunto y director de Estudios de Graduados de la Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall, dijo a IPS que sin haber escuchado nada de esta última amenaza, uno pensaría “que esto podría volverse más común, no solo con autocracias bajo coacción, sino con países inspirados en la enloquecedora inconsistencia de la Casa Blanca respecto del multilateralismo”.

“No soy experto en política exterior saudí, pero me sorprendería que realmente estuviera redactado de esta forma”, observó.

“Después de todo, ¿cómo van a hablar los saudíes por otros países? Estoy seguro de que las propias amenazas saudíes de repensar sus aportes habrían sido igual de poderosas”, añadió Edwards, quien analiza la política de la ONU.

Zeid también dijo en Londres que Estados Unidos sopesa el grado en el que reducirá de forma paulatina su contribución económica a la ONU y a otras instituciones multilaterales.

“Todavía está decidiendo si se retira del Consejo de Derechos Humanos, e incluso se habló en un momento de retirarse de todos los instrumentos de derechos humanos de los que forma parte”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI/BARCELONA, Jun 26 2017 (IPS)

Hace años circulaban unos anuncios en los que un hombre aducía que había logrado su empleo a través de las páginas de ofertas laborales de The New York Times. Era una buena estrategia: anunciantes y buscadores de puestos de trabajo pagaban espacios en la sección de “clasificados” y los que deseaban empleo las consultaban.

Además, la seriedad del diario neoyorquino daba garantías de que la información era seria y correcta. Años después comenzaron a aparecer unos posters, de las decenas que presumían de las ventajas de los rascacielos donde aparecía un Fidel Castro sonriente haciendo el mismo mérito. “I got my job through the NY Times (logré mi empleo gracias al NY Times)”.

Solamente los lectores más avezados y conocedores de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y las hazañas de la Revolución Castrista, interpretaban correctamente la irónica afirmación. Se refería a un detalle histórico poco conocido acerca de cómo Castro capturó la atención de los medios norteamericanos y el poder de Washington.

Al parecer, Herbert Mathews, un experimentado periodista del diario, famoso tempranamente por haber informado de acontecimientos mundiales importantes, como la Guerra Civil de España, plasmó una entrevista con Castro en Sierra Maestra en 1957.

El texto tuvo tal impacto que en Washington se consideró que debía ser en interés de Estados Unidos apoyar a la incipiente revolución que terminaría por derribar la dictadura de Fulgencio Batista, quien había reclamado la muerte de Castro.

El resto es historia: Mathews ha quedado señalado por los anticastristas como un cómplice del sistema comunista, mientras que Castro y los suyos lo consideran a la altura de Ernesto Che Guevara.

Ahora, si la decisión de los editorialistas de The New York Times (NYT), al recomendar al gobierno español que pacte con el catalán y autorice la celebración del referéndum anunciado para el 1 de octubre, tiene éxito, los impresores de carteles y suvenires se apresurarán a diseñar uno con una efigie de aire “castrista”.

Si el resultado de la consulta deriva en un voto positivo y Catalunya se convierte en un estado independiente, y republicano (según la especificación de las boletas provisionales), el nuevo presidente catalán podrá ser deudo de un sincero agradecimiento.

Quizá entonces el mismo presidente catalán Carles Puigdemont se arrepienta de haber renunciado a repetir el cargo. Quizá la foto sea de Oriol Junqueras, el líder republicano que según las encuestas se apunta como vencedor de unas elecciones, constituyentes o transicionales. “I got my job through the NY Times”, en catalán, seguro sería un “best seller”, objeto de deseo de coleccionistas.

Lo que el editorial del diario estadounidense, el mejor y más influyente rotativo no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, habrá conseguido es atraer la atención sobre un dilema que sigue pesando sobre la cabeza del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Como bien dice el editorial, su tozudez no ha conseguido más que el aumento de las huestes independentistas. Al negarse en redondo tan siquiera a hablar sobre el referéndum, aduciendo (correctamente) que la Constitución española no lo permite, pues la soberanía nacional no está troceada, sigue regalando argumentos a los que, al parecer y por ahora, no tienen intención de frenar la carrera hacia el enfrentamiento.

Tampoco sirve de mucho que el NYT sepa bien que el propio ordenamiento constitucional de Estados Unidos no permite el ejercicio de consultas para estados individuales o en conjunto (como sucedió con la secesión del Sur). Entonces, el presidente Abraham Lincoln no se fue por las ramas y aplastó la rebelión, aunque simultáneamente evitó la represión. De la misma forma, la posterior doctrina del presidente Woodrow Wilson de la libre determinación se ofrecía para los casos, numerosos entonces, de colonialismo, y no es aplicable ahora.

El NYT, con sentido práctico liberal, aduce que sería mejor para el gobierno español autorizar el referéndum, sin rubor de disimulo de calcular que sería negativo para los independentistas, como revelan ciertas encuestas.

En otras palabras, tanto la democracia liberal como del propio interés de Estados Unidos ganarían, ya que Washington y Wall Street le tienen pánico a la fragmentación de los estados. Ya lo dijo Obama: Estados Unidos no se entromete en los asuntos internos de sus aliados, pero prefiere una España “unificada” (fue un lapsus, pues quiso decir modestamente “unida”).

Pero los observadores estadounidenses se preguntan qué quieren decir los partidos (como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE) que interpretan España como una “nación de naciones”, sin reparar que hace ya tiempo que sigue pendiente una definición aproximada y clara de la identidad nacional que se decante por la variante norteamericana de opción (es norteamericano que quiere serlo) o la étnica-cultural, la antigua germana, eterna y primordial.

Quizá el editorialista del NYT intuye que la interpretación de la Constitución, al distinguir “nacionalidades” y “regiones”, requiere sutiliza y flexibilidad. Pero quizá su corresponsal en Madrid (el autor en la sombra del editorial) no se da cuenta de que una mayoría notable de los españoles no están dispuestos a aceptar mayores ventajas para algunas “nacionalidades”. Ya se tiene bastante con el convenio vasco, del que nadie habla.

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

La primera central nuclear de las tres existentes en Argentina, Atucha I, situada a 100 kilómetros de Buenos Aires. China está dispuesta a financiar 85 por ciento de la construcción de otras dos, con un costo previsto de 14.000 millones de dólares. Crédito: CNEA

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 23 2017 (IPS)

Dos nuevas centrales nucleares, a un costo de 14.000 millones de dólares, le darán un nuevo impulso a la relación de Argentina con la energía atómica, iniciada hace más de 60 años. El impactante anuncio lo realizó el presidente Mauricio Macri desde China, que aportaría los recursos para financiar  85 por ciento de las obras.

Sin embargo, y más allá de que rápidamente comenzó a organizarse un movimiento social de rechazo a las centrales, el proyecto parece tener un importante obstáculo a superar.

Se trata de las condiciones del gobierno chino, que amenaza con dejar sin efecto este y todo el resto de de sus planes de inversión en Argentina si no se concreta el contrato ya firmado para la construcción de dos gigantescas represas hidroeléctricas en el extremo sur de la región de la Patagonia, que hoy están en compás de espera por decisión de la Corte Suprema de Justicia.“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”: Dante Sica.

Junto a Brasil y México,  Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que ha desarrollado energía nuclear.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue fundada en 1950 por el entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y el país inauguró su primera central nuclear, Atucha I, en 1974. El desarrollo de este tipo de energía fue frenado luego de la última dictadura militar (1976-1983) por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) hasta que fue retomado durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007).

De acuerdo al anuncio realizado por Macri en mayo, durante su visita a Bejing, en enero próximo comenzará la construcción de Atucha III, con una potencia de 745 megavatios (MW), que se emplazará a 100 kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de Lima.

Allí están Atucha I y II, dos de las tres centrales nucleares ya existentes en el país, mientras la otra, llamada Embalse, está situada en la central provincia de Córdoba.

La quinta central nuclear, de 1.150 MW, comenzaría a hacerse realidad  en 2020 y estaría en algún lugar todavía no precisado de la provincia de Río Negro, en el norte de la sureña Patagonia.

Actualmente,  la energía nuclear aporta cuatro por ciento de la energía eléctrica argentina, terreno en el que dominan las centrales térmicas alimentadas a gas natural y petróleo (64 por ciento) y las centrales hidroeléctricas (30 por ciento), según cifras del Ministerio de Energía. Las fuentes renovables solo significan dos por ciento, aunque el gobierno busca expandirlas.

Más allá de diversificar la matriz energética,  las proyectadas centrales nucleares e hidroeléctricas se enmarcan dentro de una ambiciosa estrategia que  Argentina puso en marcha hace ya varios años: la de potenciar su relación económica con China, de la que espera que le compre cada vez más alimentos y le envíe cada vez más inversiones.

Durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo,  Macri se mostró entusiasmado acerca del rol que el gigante asiático puede jugar  en este país sudamericano.

“China es un socio absolutamente estratégico. Este será el principio de una época maravillosa entre ambos países. Debe haber pocos países en el mundo más complementarios que Argentina y China”, dijo Macri en Beijing  ante empresarios de los dos países.

El presidente argentino, Mauricio Macri, durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo, donde anunció la construcción de dos plantas para producir energía nuclear. Argentina, Brasil y México son los tres países latinoamericanos que desarrollan la controversial energía atómica. Crédito: Presidencia argentina

“Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en una plazo de cinco a ocho años”, afirmó Macri, quien precisó que espera de China inversiones en “rutas, puentes, energía, puertos, aeropuertos”.

El acercamiento entre Argentina y China comenzó hace más de 10 años y tuvo un fuerte impulso en 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández(2007-2015) recibió a su par Xi Jiping en Buenos Aires y firmaron varios acuerdos.

Entre ellos se incluían desde la construcción de las represas patagónicas hasta inversiones en la modernización del ferrocarril Belgrano, que transporta mercancías desde el norte del país hacia el occidental puerto fluvial de Rosario, con acceso al océano Atlántico y desde donde se embarcan para la exportación.

Este último contrato está en plena ejecución, ya que el 22 de junio llegaron a Buenos Aires 18 nuevas locomotoras chinas.

La relación entre la potencia asiática y este país sudameriano, de todas maneras, no está exenta de riesgos para Argentina, según advierte los expertos.

“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”, dijo a IPS el economista Dante Sica, exsecretario de Comercio e Industria de la Nación en el bienio 2002-2003.

“Así como ellos son compradores de alimentos, también quieren vender sus productos y generan tensión sobre la estructura industrial argentina. De hecho, nuestro país hace varios años que tiene déficit comercial con China”, agregó.

El especialista en Relaciones Internacional Roberto Adaro, del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, dijo a IPS que “Argentina puede sacar ventajas de su relación con China si tiene claro sus intereses. Debe hacer hincapié en la complementariedad y no dejar que los chinos inunden nuestro mercado local con sus productos”.

Adaro rescató como positiva la decisión de apostar a la energía nuclear por “la importancia de diversificar la matriz energética” y porque la construcción de este tipo de centrales “generan inversión y puestos de trabajo también en otros sectores de la economía”.

Sin embargo,  existe una piedra en el zapato en el vínculo chino-argentino en el tema nuclear que es el proyecto hidroeléctrico.

Se trata de dos gigantescas centrales, a un costo de casi 5.000 millones de dólares y con una potencia proyectada de 1.290 MW, a instalarse sobre el río Santa Cruz, que nace en el extraordinario Parque Nacional Los Glaciares, en el sur patagónico, y discurre hacia el océano Atlántico.

En diciembre, cuando la obra parecía lista para arrancar, la Corte Suprema de Justicia aceptó el amparo que introdujeron dos organizaciones ambientalistas, al considerar que no hubo un adecuado estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó no comenzar los trabajos.

En respuesta, los tres bancos estatales chinos que financian los dos proyectos,  dijeron que pondrían en funcionamiento una cláusula de incumplimiento cruzado, por la cual cancelarían el resto de las inversiones si no se hacen las represas.

Para construir las dos plantas se formó un consorcio de tres empresas chinas y una argentina, pero tras ganar la licitación en 2013 la construcción no ha comenzado.

Apurado ante la exigencia china, el gobierno hizo público el 15 de junio un nuevo estudio de impacto ambiental y llamaría en las próximas semanas a una audiencia pública para debatirlo, de manera que el máximo tribunal del país autorice el comienzo de las obras.

Al rechazo de ecologistas a las represas, en el horizonte se avizora el que despiertan las centrales nucleares, que ya han movilizado a activistas sociales y ambientales de Río Negro, que en las últimas semanas han realizado asambleas en distintos puntos de la provincia y exigen una consulta popular sobre la que se instalaría allí.

Incluso han generado un inusual conflicto con la vecina provincia de Chubut, cuyo parlamento  aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a las plantas nucleares.  El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, pidió a los chubutenses “que no se entrometan”.

“Argentina tiene que darse un debate serio sobre lo que significan estas centrales, en un momento en que el mundo está abandonando este tipo de energía. Necesitamos saber, entre otras cosas, cómo se va a conseguir el uranio que se necesita como combustible”, dijo a IPS el  director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli.

Hoy Argentina importa el uranio que utilizan sus centrales nucleares pero ambientalistas temen que se busque reactivar la producción local que fue abandonada hace más de 20 años.

Editado por Estrella Gutiérrez

Jóvenes y adolescentes eritreos de entre 16 y 20 años esperan en el punto de ingreso de Badme a que los trasladen al centro de registro. Crédito: James Jeffrey/IPS.

Por James Jeffrey
ADINEBRIED, Etiopía, Jun 22 2017 (IPS)

Una cosa es leer sobre el éxodo de Eritrea y otra muy distinta es mirar los ojos sucios, cansados y llenos de polvo de una niña de 14 años que acaba de cruzar la frontera para refugiarse en Etiopía.

La adolescente lleva una bolsa de plástico rotosa con algo de ropa, un vaso anaranjado y una pequeña linterna que está casi sin batería. La acompañan cuatro hombres, dos mujeres y cinco niños pequeños. Todos cruzaron la frontera la noche anterior y fueron encontrados por soldados etíopes, quienes los trasladaron a la ciudad de Adinbried.

El complejo de sencillos edificios estatales, a donde los llevan, conforman el llamado punto de entrada, uno de 12 que hay a lo largo de la frontera. Allí comienza el periplo burocrático y logístico para otorgar asilo a las personas recién llegadas, para luego trasladarlas a uno de los cuatro campamentos creados para los eritreos en la norteña región de Tigré.“Somos el mismo pueblo, compartimos la misma sangre e incluso tenemos los mismos abuelos”: Estifanos Gebremedhin.

“Nos llevó cuatro días llegar desde Asmara”, relató un hombre de 31 años al describir la travesía desde la capital de Eritrea, unos 80 kilómetros al norte de la frontera con Etiopía. “Viajamos 10 horas de noche, durmiendo de día en el desierto”, añadió.

En febrero de este año, llegaron 3.367 eritreos a este país, según la Administración para Asuntos de Refugiados y Retornados (ARRA, en inglés). Hay unos 165.000 refugiados eritreos y solicitantes de asilo en Etiopía, registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La política de puertas abiertas contrasta notoriamente con las estrategias de reducción de migrantes implementadas en muchos países occidentales. En especial teniendo en cuenta que los gobiernos de ambos países se acusan mutuamente de complotar el uno contra el otro en un clima de mutua aversión.

Pero “diferenciamos entre el gobierno y su pueblo”, indicó Estifanos Gebremedhin, de ARRA. “Somos el mismo pueblo, compartimos la misma sangre e incluso tenemos los mismos abuelos”, explicó.

Antes de su independencia, Eritrea era la región más al norte de Etiopía. En ambos lados de la frontera actual, mucha gente habla la misma lengua, tigriña, y comparten las tradiciones culturales y la religión ortodoxa.

Shimelba fue el primer campamento de refugiados eritreos, abierto en 2004. En la actualidad alberga a más de 6.000 personas y alrededor de 60 por ciento de su población pertenece al grupo étnico kunama, uno de los nueve de Eritrea e históricamente el más marginado.

“No me interesa ir a otros países”, aseguró Nagazeuelle, una kunama que hace 17 años vive en Etiopía.

“Necesito a mi país. Tenemos tierras ricas y fértiles, pero el gobierno se las quedó. No éramos un pueblo educado y se la agarraron con nosotros. Soy un ejemplo de los primeros refugiados de Eritrea, pero ahora llegan personas de las nueve etnias”, relató.

Las conversaciones entre los refugiados del campamento de Shimelba sobre las atrocidades del gobierno de Eritrea van desde acusaciones de genocidio contra los kunamas, pasando por envenenamientos masivos, hasta relatos de funcionarios gubernamentales comprando en los mercados y luego disparándole al dueño del puesto por discrepancias de precios.

“El mundo se olvidó de nosotros, aparte de Estados Unidos, Canadá y Etiopía”, indicó Haile, un hombre de unos 50 años y refugiado desde hace cinco, quien acotó que su padre y su hermano murieron en prisión.

“Lo que ocurre es indescriptible, es una crisis profunda, entonces ¿por qué la comunidad internacional permanece en silencio?”, preguntó.

Sin embargo, hay quienes sostienen que la situación no es tan grave en ese país.

De hecho, un informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en 2016, que acusa a las autoridades de Eritrea de crímenes contra la humanidad, recibió críticas por ser parcial y no reconocer los avances del país, por ejemplo en materia de salud y educación, afianzando así la imagen negativa y sesgada que predomina en la prensa occidental y en círculos políticos.

Soldados de Eritrea, ahora desertores, en el punto de ingreso de la ciudad etíope de Adinbried. Credit: James Jeffrey/IPS.

A 50 kilómetros al sur de Shimelba está Hitsats, el más nuevo y grande de los cuatro campamentos, con 11.000 refugiados, 80 por ciento de los cuales son menores de 35 años.

“En Sudán, hay más problemas, dormimos más tranquilos aquí”, aseguró Ariam, de 32 años, quien se instaló con sus dos hijos en Hitsat hace cuatro años tras vivir otro tanto en un campamento de refugiados de ese país vecino.

Muchas personas denuncian que el ejército eritreo realiza incursiones en Sudán para atrapar refugiados.

Etiopía también recibe personas de otras nacionalidades que huyen de distintos países convulsionados, lo que eleva la población de refugiados a más de 800.000 personas, el mayor número en África y el sexto en el mundo.

“Etiopía también considera que la generosa acogida de refugiados le hará bien a las relaciones regionales ”, explicó Jennifer Riggan, profesora adjunta de estudios internacionales en la estadounidense Universidad de Arcadia, e investigadora de la situación de los refugiados eritreos en este país.

Otros analistas también destacan que aumentan los fondos vinculados a los refugiados. Países como Gran Bretaña y Europa otorgan a Etiopía incentivos económicos para mantener a los refugiados en su territorio, en un enfoque similar al adoptado con Turquía, para que no salgan de África.

Pero a pesar de la bienvenida que reciben los refugiados eritreos en Etiopía, la situación no está libre de fricciones.

“Todavía hay desconfianza por los 30 años de guerra (de independencia)”, explicó la antropóloga Milena Belloni, quien actualmente escribe un libro sobre los refugiados eritreos. “Hay un doble discurso”, precisó.

Ambas partes se refieren a la otra como hermanos, pero históricamente los eritreos menosprecian a los residentes de Tigré porque eran trabajadores migrantes cuando Eritrea era una esplendorosa e industrializada colonia italiana, y estos últimos consideran a los eritreos como arrogantes y fríos, explicó.

Más allá de las dificultades prácticas, Etiopía busca mejorar la integración de los refugiados ateniéndose a la Cumbre de Líderes sobre Refugiados, organizada en 2016 a instancias del entonces presidente estadounidense Barack Obama, que exhortó a una mejor integración y educación y a mejores oportunidades de empleo y de alojamiento de refugiados en todas partes del mundo.

“La respuesta de Etiopía es controlar el portón y se las ingenió para sacar provecho del inevitable flujo de personas”, explicó Riggan. “El enfoque de este país es el más inteligente y realista”, opinó.

En 1998, Eritrea invadió la pequeña ciudad fronteriza de Badme, que aunque no tiene consecuencias, le permitió avanzar hacia el sur y ocupar el resto del llamado Triángulo de Yirga, de Etiopía, arguyendo que históricamente formaba parte de Eritrea.

Etiopía terminó por recuperar el control, pero los combates se cobraron miles de vidas en ambos países y miles de millones de dólares que urgían en otros sectores de estos países extremadamente pobres, y sembraron rencor y desacuerdos que perduran hasta ahora.

A pesar del acuerdo de paz mediado por la comunidad internacional, que siguió al cese del fuego declarado en 2000 y que estableció que Badme perteneciera a Eritrea, Etiopía la ocupa, por considerar que su población no toleraría ceder una ciudad donde se perdieron tantas vidas etíopes, al igual que el resto del Triángulo de Yirga.

Traducido por Verónica Firme

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI/BARCELONA, Jun 19 2017 (IPS)

El anuncio del presidente Donald Trump acerca de una nueva política hacia Cuba no es novedoso ni constituye una agenda estratégica. Tampoco tendrá efectos sustanciales en la relación entre Cuba y Estados Unidos. El beneficiado de su limitado impacto será, como ha sido desde prácticamente el principio de las Revolución Cubana y la reacción norteamericana, solamente el régimen cubano.

Ni el exilio cubano, ni el pueblo, ni el interés nacional de Estados Unidos recibirán premio alguno.

La esencia del mensaje de Trump, en el seno del templo del exilio, la inmigración y la mera residencia de la comunidad cubana en Miami (que hay de todo), no constituye un contraste del discurso tradicional entronizado desde la imposición del embargo como resultado de los cambios drásticos del régimen cubano al adoptar el formato totalitario y la consiguiente destrucción del sistema capitalista y liberal.

La palabra y el fondo de su discurso en el Teatro Manuel Artime (nombrado en honor de un dirigente de la llamada Brigada 2506 que desembarcó en Playa Girón-Bahía Cochinos el 17 de abril de 1961) es un viaje veloz en el túnel del tiempo.

Muy cerca del escenario de Trump, John Kennedy leyó una de sus clásicas alocuciones en el Orange Bowl de Miami el 29 de diciembre de 1962. Fue seis días después de la liberación de los capturados (a cambio de medicinas y tractores). El presidente reconocía así su culpabilidad al haber abandonado a los invasores en la deplorable aventura. Prometió la liberación de Cuba.

Su discurso fue entonces mejor escrito por sus asesores que la lamentable gramática y léxico a que nos tiene acostumbrado el actual inquilino de la Casa Blanca. Pero el mensaje de Trump es igualmente vacío, retórico. Solamente contenta a un sector que lamentablemente persigue objetivos a corto plazo.

La salva de artificio es el clásico movimiento de un componente de la pareja del sempiterno diferendo para complicar una temporal situación de calma. En esas circunstancias, a un lado u otro del Estrecho de la Florida, uno decide romper la tregua, aplaudido silenciosamente por el otro, necesitado de resucitar la tensión para beneficio de su sector duro.

Ahora el turno ha sido para Trump. Nada nuevo. Esta película ya la hemos visto.

De momento, mientras a la universal opinión norteamericana Cuba no le importa nada, ya que nadie gana o pierde escaños en el Congreso o Senado, con la excepción de ciertos senadores o representantes conectados por los votos en Florida, el tema cubano levanta pasiones y hace saltar las alarmas alrededor de la Calle Ocho de Miami.

Es entonces cuando tantos numerosos predecesores de Trump se han subido al autobús renqueante de la lucha anticastrista.

La novedad del caso de Trump es que su decisión concuerda con la agenda adoptada en otras medidas desde su elección en noviembre del pasado año. Se trata simplemente de enmendarle la plana a su predecesor Barack Obama, atacando los logros emblemáticos en ciertos terrenos, sin que hasta ahora haya conseguido resultados concretos.

Es igual que en el diseño del insólito muro con México, el desmantelamiento del plan de salud llamado Obama Care, y el parón a la inmigración de media docena de países islámicos. Las medidas con Cuba tienen toda la marca de la inoperancia, con el resultado de daño al propio interés nacional de Estados Unidos.

La huella inmediata de la decisión del presidente norteamericano se verá en la indecisión de los ciudadanos norteamericanos que hasta ahora se han beneficiado del relajamiento de la política de Washington.

Los empresarios que habían comenzado a entablar relaciones comerciales (Estados Unidos, paradójicamente, a pesar del embargo, todavía vigente en sus fundamentos, es el tercer socio comercial de Cuba) y los que habían aprovechado los canales culturales y educativos, deberán andar con pies de plomo. Los perjudicados van a ser los ciudadanos de Cuba que se habían convertido en penosos “cuentapropistas”.

La corrección al deshielo iniciado por Obama va a servir de rampa de lanzamiento para los sectores que se consideran más duros en el contexto del régimen cubano, si es posible detectar diversas facciones. A la derecha (si esta ubicación es posible) del presidente Raúl Castro se puede favorecer a los que sin tregua señalarán que el régimen cubano está tan acosado como en los viejos tiempos de la Guerra Fría.

En ese escenario, los perdedores del sistema van a ser los “aperturistas” que han presionado a Raúl para la ampliación de los sectores “liberados” de la economía. Mientras tanto, han jugado arriesgadamente en los terrenos políticos que los más optimistas consideran que se pueden sublimar en el traspaso de poderes en febrero de 2018.

Los rumores que apuntan hacia una transición dinástica, que consolidaría al régimen cubano sobre otro escalón de la familia Castro, pueden verse confirmados por la energía demostrada por la línea dura, justificada por el acoso de Trump.

Mientras, en el propio seno del “establishment” de Washington, ese mundo que Trump detesta, los que (sea quien domine la Casa Blanca) siguen detentando los hilos de la seguridad (en el Pentágono y otras agencias), observan alarmados los movimientos irresponsables de Trump, traducción de sus “tweets” nocturnos.

El escenario latinoamericano está comparativamente estabilizado. Con la excepción de los estertores del régimen post-Chávez en Venezuela y algunos acólitos del ALBA en descomposición, la amenaza se ha quedado reducida a la criminalidad organizada, el tráfico de drogas y la inmigración descontrolada.

Una Cuba en convulsión por enfrentamientos internos, causados tanto por la incapacidad del régimen en mejorar la existencia de sus ciudadanos como por la presión desde Washington, es lo último que se desea.

Un segundo Mariel resulta terrorífico, al igual que una novedosa marea de balseros. Esta tesis está basada en la existencia de otros escenarios con más graves dolencias que inciden directamente sobre el protagonismo de Estados Unidos en el mundo.

De ahí que esos centros de influencia permanente consideren que, por el momento, lo mejor es que Cuba siga en el estado actual, pese a la resistencia del sistema a generar pleno respeto de los derechos humanos y libertad de expresión. Pero la caballería de Trump ha llegado para el rescate.

Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

La crisis que surgió en el Golfo en junio de 2017 no podría implicar riesgos más altos para las partes enfrentadas.

Por James M. Dorsey
SINGAPUR, Jun 9 2017 (IPS)

El parlamento de Turquía acelera esta semana el envío de unos 3.000 efectivos a Qatar, sede de su base militar de Medio Oriente. Seguro de reforzar la resolución de ese país de resistir a la presión de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos para que cambie sus políticas, la decisión de Ankara obedece a las señales de que el reino y sus aliados buscan debilitar al gobierno qatarí del jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Los riesgos para ambas partes enfrentadas en el Golfo no podrían ser más altos.

Arabia Saudita y Emiratos no pueden fallar en su esfuerzo de presionar a Qatar después romper relaciones diplomáticas e impulsar a varios países árabes, entre otros, a hacer lo mismo y declarar un boicot económico que también apunta contra el suministro de alimentos de ese pequeño país.

Asimismo, Qatar no puede ceder a las demandas de Arabia Saudita y Emiratos porque sería una humillación para él y lo convertiría, además, en su vasallo.

El despacho de tropas turcas, así como la oferta de Turquía e Irán de ayudar a Qatar a contrarrestar el impacto del boicot, ayudándolo a cubrir sus necesidades en materia de alimentos y agua, presentan a la crisis del Golfo y a la guerra indirecta de Arabia Saudita con la república islámica como una lucha política más que como un enfrentamiento sectario.

El freno de Turquía, sunita, y de Irán, chiita, a la campaña saudí-emiratí socava el esfuerzo del reino, que busca presentar su rivalidad con Irán como un conflicto sectario y una lucha de poder.

El envío de efectivos y el surgimiento de una alianza pro Qatarí, opuesta a la de Arabia Saudita, alivian la presión que soportan los países musulmanes no árabesde tomar partido. Al redoblar la apuesta, Turquía e Irán podrían contribuir a los esfuerzos para encontrar una solución política a la crisis.

La movida de despachar tropas rápidamente a Qatar surgió al otro día de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenara el intento saudí-emiratí de aislar a ese pequeños país y diezmarlo mediante sanciones. El mandatario alertó de que esa iniciativa no lograría resolver los problemas y se comprometió a hacer todo lo posible para poner fin a la crisis.

Kuwait ya trata de sortear la brecha entre los países del Golfo y Qatar, mientras Estados Unidos y Alemania llamaron a una solución política. Por su parte, el canciller iraní Javad Zarif tiene previsto viajar a Ankara para analizar posibles soluciones a la crisis.

Pero eso podría resultar más fácil decirlo que hacerlo.

Arabia Saudita y Emiratos quieren evitar que se repita lo de 2014, cuando Qatar no dio el brazo a torcer frente a sus demandas de dejar de financiar a grupos islamistas armados, aun tras el retiro de los embajadores saudí, emiratí y bareiní de Doha. Los tres países debieron volver a mandar a sus representantes después de nueve meses sin mucho para mostrar como resultado de esa medida.

Además, las autoridades de Arabia Saudita y de Emiratos se jugaron su credibilidad al optar no solo por romper relaciones diplomáticas con Qatar, sino al imponerle un duro boicot.

De hecho, Emiratos, al parecer preocupado de que el boicot, en especial porque afecta al suministro de alimentos, pueda suscitar críticas internas, expresó su simpatía hacia Qatar diciendo que había cometido un delito que le valdría 15 años de cárcel y/o una multad de por lo menos 136.000 dólares.

Alrededor de 40 por ciento de las importaciones de alimentos de Qatar, que ascienden a 1.000 millones de dólares al año, llegaban a ese país desde Arabia Saudita hasta que estalló la crisis esta primera semana de junio.

Otro elemento que también redobla la apuesta es que un Qatar capaz de resistir a la presión saudí-emiratí contribuiría, de hecho, a la conformación de un bloque musulmán en Medio Oriente alineado con todo lo que Arabia Saudita y Emiratos buscan derrotar.

Inevitablemente, los lazos más estrechos de Qatar con Turquía e Irán, con los cuales los estados del Golfo comparten el mayor yacimiento de gas del mundo, se convertirán en un variable de la geopolítica de Medio Oriente.

Irán ya ayuda a Qatar, no solo con alimentos, sino al permitir que los vuelos de Qatar Airways hacia Asia atraviesen el espacio aéreo iraní y eviten los de Arabia Saudita, Emiratos y Baréin, que les fue prohibido.

Además de demostrar que Qatar no está solo, el despacho de tropas turcas busca disuadir a Arabia Saudita y a Emiratos de realizar una intervención directa en ese pequeño país del Golfo.

Turquía y Qatar hace tiempo que comparten similitudes políticas. Ambos países soportaron revueltas populares en 2011, cuando se propagaron por numerosos estados árabes.

En cambio, Arabia Saudita y Emiratos hicieron todo lo posible para desbaratar su éxito, incluso ayudar a orquestar el golpe militar de 2013 en Egipto para derrotar a Mohammed Morsi, miembro de la Hermandad Musulmana y el primer presidente elegido en las urnas. También ayudaron a las autoridades de Baréin a aplastar violentamente la revuelta popular en su país.

Turquía y Qatar apoyan a la Hermandad Musulmana, a los que se rebelan contra el presidente sirio Bashar al Assad y a grupos islamistas en la dividida Libia. En cambio, Emiratos y Arabia Saudita, además de Egipto, respaldan al gobierno libio de Tobruk, reconocido internacionalmente, que se les unió y también rompió relaciones con Qatar.

De hecho, Turquía instaló una base militar en Qatar con unos 150 efectivos, la primera que tiene en Medio Oriente, en el marco de un acuerdo suscrito con ese país en 2014. Desde entonces, varios funcionarios han declarado que elevarían el número a 3.000.

La medida de Turquía de acelerar el envío de más efectivos a Qatar siguió a la declaración del canciller emiratí Anwar Gargash de que no se “podían descartar medidas adicionales. Esperemos que prevalezcan las cabezas más frías y no lleguemos a eso”.

Tras acusar a Qatar de ser el “principal promotor del extremismo y el terrorismo en la región”, Gargash insistió en que “no se trata de un cambio de régimen, sino de cambio de política y cambio de enfoque”.

Diarios egipcios, emiratíes y saudíes, ninguno de los cuales es conocido por gozar de verdadera independencia, informaron en los últimos días que aumentaba la oposición interna contra el emir qatarí Tamim.

“Hace tiempo que nos callamos sobre las prácticas irracionales del régimen de Qatar”, declaró al diario egipcio Youm7 el jeque Saud bin Nasser al Thani, un miembro poco conocido de la familia gobernante, que se cree representa a 20 por ciento de los ciudadanos de ese país pequeño.

El periódico también informó que opositores al jeque Tamim crearían un diario de oposición en Londres, encabezado por el jeque Abdelaziz Bin Jalifa Al-Thani, tío del emir y exministro de Petróleo y Finanzas, acusado de participar en un intento de golpe de Estado de oficiales qataríes en 2011 para derrotar a Hamad bin Jalifa Al Thani, padre y predecesor del jeque Tamim.

El diario emiratí The National informó que abogarán por una política qatarí de acuerdo con los reclamos saudíes y emiratíes, como frenar las actividades de la esposa del jeque Hamad, la jequesa Mozah Al-Misnad, quien encabeza la Fundación de Qatar, congelar las relaciones de ese país con Irán, poner fin su apoyo a los islamistas de Libia y Egipto y expulsar a líderes islamistas de esa nación del Golfo.

“En nombre del pueblo qatarí, ofrecemos nuestras mayores disculpas al pueblo de Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Baréin, Egipto, Yemen y otros agredidos y perjudicados por el régimen qatarí”, pidió el jeque Saud en un comunicado publicado por Egypt Today.

“Queremos informarles que el pueblo qatarí no aprueba las políticas nacionales que buscan romper la unidad árabe”, apuntó.

“Los qataríes se preguntan si esto terminará con un cambio de las propias autoridades de Qatar”, añadió Sultan Sooud Al Qassemi, destacado intelectual liberal, coleccionista de arte y empresario, además de miembro de la familia gobernante de Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos.

Antes, Salman al-Ansari, presidente del Comité de Asuntos de Relaciones Públicas Saudí-Estadounidense, una institución con sede en Washington, advirtió al jeque Tamim que podría seguir el mismo destino que el derrocado presidente egipcio Morsi.

A pesar de la información de la prensa árabe, hay pocos elementos para evaluar la posibilidad de que aparezca un respaldo a la oposición del jeque Tamim entre militares o el público dentro de Qatar, que al igual que los otros países de la región ejerce un fuerte control sobre los medios de comunicación, aunque no ha impuesto las penas draconianas en contra de la libertad de prensa y de expresión, aprobadas esta semana en Emiratos.

Mientras, Qatar y Turquía esperan que la presencia sustancial de más efectivos, y no por el hecho de que también hayan 10.000 soldados estadounidenses apostados en la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, complique, o al menos modere, cualquier plan para forzar una salida del jeque Tamim.

“Los qataríes no deben contar con que la base sea una garantía o una suerte de protección estadounidense ante un conflicto con Arabia Saudita. Creo que los estadounidenses elegirían estar del lado de Arabia Saudita por encima de cualquier otro país de la región”, declaró Al Qassemi.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan a IPS ni pueden atribuírsele.

Traducido por Verónica Firme