Representantes de los pueblos mapuche, lonko y machi, durante la izada de bandera en la plaza de Armas de Vilcún, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en uno de los numerosos actos que se realizaron en Chile el 24 de junio, declarado fiesta nacional por el We Tripantu, el año nuevo mapuche. Crédito: Mirna Concha/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Jun 28 2017 (IPS)

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”: Carlos Bresciani.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores  creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,  que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile

Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo.  Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión  trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento  han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato)  debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.

Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.

Editado por Estrella Gutiérrez 

El ciberespacio es un ámbito creciente de la violencia machista contra las mujeres. Crédito:Yixin Cen

Por Celia Guerrero
MÉXICO, Jun 13 2017 (IPS)

Eréndira Derbez e Israel Espinosa publicaron, en abril de 2017, el artículo “Bocafloja: El privilegio del marcho progre”, en el que analizaron la respuesta misógina del rapero Bocafloja a una colaboradora durante un acto público. La publicación desató una polémica en el círculo del hip hop latinoamericano sobre machismo, racismo y clasismo, pero también una serie de comentarios en redes sociales de quienes defendieron al rapero y atacaron a uno de los autores del artículo.

Lo curioso, dice Eréndira, fue que los mensajes de desprestigio, violentos, iban dirigidos solo a ella. “Fueron insultos en donde las ideas del texto fueron desestimadas por el hecho de que era mujer. Utilizaron el argumento de que yo no entendía nada del tema porque era una mujer blanca. Usaron el discurso del racismo para validar el machismo”, comenta.

Días después de la publicación, Eréndira se desconectó de redes sociales, cansada de bloquear a usuarios que a diario le enviaban insultos y mensajes violentos.

“Yo nunca aparecí en ningún tipo de reclamo, a mí no me nombraron nunca, todo era hacia Eréndira. Y creo que se volvió más violento porque ella se identifica abiertamente como feminista. Se vuelve más violento cuando se trata de una mujer con postura política”, opina Israel, coautor del artículo.

“Menstruadora” fue el nombre que Luisa Velazquez dio a la cuenta en Twitter con la que, en 2011, utilizó internet para ampliar su activismo lesbofeminista. Pero desde que emitió sus primeros mensajes comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios que se decían “agredidos” por sus publicaciones.

Las amenazas contra ella y sus compañeras del colectivo “Lesboterroristas” aumentaron en mayo de 2015, y obligaron a Luisa a cerrar sus cuentas de redes sociales.

“En los comentarios hablaban de violarme, matarme y colgarme, o primero matarme y luego violarme y luego colgarme, o violarme colgada y al final matarme”, cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet.

Sin embargo, cuando conocidos suyos la amenazaron con publicar su domicilio si no paraba el activismo, decidió alejarse del espacio virtual para cuidarse física y emocionalmente.

Luisa y el colectivo “Lesboterroristas” señalaron el hostigamiento como un acto de lesbofobia y la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un “debilitamiento del libre debate y difusión de información de los derechos de las mujeres”.

“Lo normalizamos. Es una de esas violencias que toleramos y no deberíamos”, dice Luisa sobre las agresiones virtuales que la llevaron a abandonar Internet.

Las amenazas virtuales llevaron a Luisa a cerrar las cuentas de “Menstruadora”, abandonando su activismo en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Los efectos
Hay una mujer en el piso, acostada sobre un trozo de papel, y otras tres mujeres pintan con plumones su silueta. “En el estómago, yo siempre siento todo en el estómago”, comienza diciendo una de ellas y dibuja una espiral a la altura del vientre del cuerpo delineado sobre el papel. “A mí me dan calambres en los pies”, añade otra y pinta un rayo en una de las extremidades del dibujo. “¿No les sudan las manos?”, pregunta alguien más. “Sí, a veces. Y el dolor de cabeza y de espalda, bueno, ese es permanente”.

Es una de las actividades del encuentro “Construyamos una Internet Feminista”, en el que activistas de diferentes estados de México, que han enfrentado agresiones virtuales, realizan el ejercicio de plasmar en un dibujo los impactos de esa violencia sobre sus cuerpos.

Una de las organizadoras explica por qué es necesario el feminismo en el espacio virtual. “Pensamos que la violencia en Internet no es violencia. ‘Como es virtual no es real’, nos dicen. Pero todas sabemos que no es así, todas sabemos cuáles son sus efectos”.

En 2006 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) inició la campaña “¡Dominemos la Tecnología!” para visibilizar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la violencia contra las mujeres.

“Dentro de los círculos feministas, cuando comenzamos a investigar sobre violencia en línea, nos dijeron: no es importante, son unas excesivas, no tiene nada que ver con la violencia real, no entienden que están matando mujeres, de verdad cállense, las feministas tenemos trabajo más importante que hacer”, cuenta Erika Smith, miembro de la APC en México.

“Y nosotras dijimos: es todo parte de la misma estructura, conforme vamos apropiándonos más de internet, e internet va ganando más espacio en nuestras vidas, esto va a crecer y ser más y más relevante, tenemos que prestar atención”.

En 2012, la APC comenzó a documentar en un mapa en línea hechos de violencia contra mujeres relacionados con la tecnología. Su objetivo era demostrar que este se trata de un problema sistemático y serio.

Lo primero que descubrieron fue que —al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios— no se trata de un “problema de primer mundo”. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico, en Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.

Otros hallazgos fueron: las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales, y en  41 por ciento de los casos el abuso es cometido por una persona conocida. “La violencia en Internet refleja totalmente la violencia que conocemos. Es parte de una estructura y, por supuesto, es ejercida por gente cercana a nosotras”, explica Smith.

Según el diagnóstico de la APC, Facebook y los teléfonos celulares son las plataformas más denunciadas.

La mitad de los casos documentados fueron denunciados ante alguna autoridad, sin embargo, seis de cada 10 denuncias no fueron registradas formalmente porque consideraron que no existió violencia o delito.

“Las mujeres van y buscan sus medios tradicionales de justicia y les están fallando de manera tremenda. Lo interesante es por qué”, opina Smith. Luego menciona algunas de las respuestas de las autoridades: “No es violencia real. Regresa cuando te violen. Regresa cuando de verdad te hagan algo. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Es una amenaza en Twitter o ¿Qué es Twitter? No entiendo”.

Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que, de un universo de más de 1.000 denuncias entre 2012 y 2014, 11 por ciento de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física.

“A nivel estadística a lo mejor no es tan alto, pero en América Latina esa violencia física es feminicidio”, alerta Smith.

El daño emocional que la violencia en línea ocasiona a las mujeres es el más notorio y el que tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana. Lo que la APC determinó con el análisis fue que “las sobrevivientes sufren de depresión, miedo y ansiedad, casi en todos los casos”, impidiendo la participación amplia de las mujeres dentro y fuera del espacio virtual.

En el encuentro “Construyamos una Internet Feminista” activistas feministas discutieron sobre los efectos emocionales y físicos de la violencia virtual. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

El cuerpo: la delgada línea

Un torbellino de mujeres se abalanza sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología: difamación; censura de contenido (como imágenes con pezones femeninos); vigilancia; difusión de contenido íntimo sin consentimiento; robo de identidad y “hackeo” de cuentas de redes sociales, correos electrónicos y sitios web.

La lista incluye acoso; “doxeo” (documentación y publicación de todo tipo de información que exista en Internet sobre una persona); violencia sexual, y amenazas de violación y muerte.

“Hay violencias que son delito y hay violencias que no lo son. Lo importante es considerar que todas tienen su impacto”, dice Erika de la APC.

Aunque en este momento se enfocan en los tipos de violencia en línea, también consideran que no se trata de una nueva clase de violencia ni de un abuso que esté separado de los que suceden en el “mundo real”. En realidad, opinan, hay una delgada línea que no separa, sino une la realidad a lo que sucede en el mundo virtual.

“La violencia se está ejerciendo a través de nuestros cuerpos en todos los espacios y el sistema patriarcal está en todos lados, no perdona ni un espacio”, opina Liliana Zaragoza (Lili_Anaz), cofundadora del Laboratorio de Interconectividades, una iniciativa que promueve la autodefensa hackfeminista.

De igual forma, la APC considera en que la violencia en línea contra las mujeres está conectada a la violencia “offline” o del “mundo real”. “Las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea y en diferentes plataformas digitales”, explican en Cultivando la violencia a través de la tecnología.

En Internet y dominación. Hacia una sociología de la nueva espacialidad, Mariana Celorio, académica e investigadora sobre los espacios virtuales y la dominación en internet, también habla de una dinámica en el ciberespacio semejante a la del espacio público.

En ambos “se propicia la interacción, la exclusión y la segregación social entre quienes pertenecen y no a él, entre quienes lo usan, lo viven, lo administran y gestionan; es sede de formas plurales de expresión ciudadana y de maneras distintas de apropiación colectiva que muchas veces pueden ser antagónicas, contradictorias, hasta llegar a la violencia”, señala Celorio.

“¿Sabemos que implica Internet? ¿Qué es territorio? o ¿De dónde a dónde abarca cuando hablamos de cuerpo? Esas son las preguntas, pero lo que sí sabemos todas es cómo se siente un cuerpo violentado todos los días” , dice Liliana Zaragoza para explicar las planteamientos que abordan en los talleres de autodefensa hackfeminista.

La violencia relacionada con la tecnología va desde la vigilancia, el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hasta las amenazas de muerte. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Un arma de doble filo

En un tendedero cada participante del evento “Construyamos una Internet Feminista” cuelga una hoja en donde relata una experiencia positiva vivida gracias a Internet, y en otra exponen una vivencia negativa y cómo las hizo sentir cada una.

La mayoría coinciden con que Internet —y en general el uso de las TIC— las ha ayudado a difundir y crecer su activismo, aunque también les ha traído consecuencias violentas.

Un miembro de un colectivo feminista de la ciudad de Guadalajara comenta que les permitió llevar a cabo proyectos sin recursos. Otras activistas de los estados de Michoacán, Guerrero, Yucatán, parecen estar de acuerdo con que las redes sociales potenciaron la difusión de sus causas. Sin embargo, también consideran su actividad en el ciberespacio como un arma de doble filo.

“A nosotras, en general, el ciberactivismo nos ha traído muchas experiencias terroríficas. No podemos obviar que en México existe una violencia de Estado contra quienes se organizan para exigir sus derechos”, comenta una activista de Ciudad de México.

Un ejemplo reciente es la historia de acoso callejero y en línea a Tamara de Anda, columnista del periódico El Universal. La periodista publicó en redes sociales que realizó una denuncia en contra de un chofer de taxi de Ciudad de México que le gritó guapa en la vía pública.

El resultado fue una sanción administrativa para el taxista y una cascada de agresiones por parte de usuarios de internet que comenzaron a acosar a la denunciante. Los mensajes de odio que recibió De Anda iban desde la desacreditación de su denuncia, hasta amenazas de muerte y violación.

“Hoy (la violencia en línea contra las mujeres) es más visible por los recientes ataques a periodistas. Pero, desde antes, muchas ya la vivían”, comenta Lulú Barrera, integrante de Luchadoras, un colectivo feminista.

A pesar de que Luchadoras nació y creció en redes sociales, Lulú cuenta que son cada vez más las activistas feministas que prefieren salir de plataformas como Facebook que, por ejemplo, no permiten imágenes de pezones femeninos, pero sí hordas de usuarios que promueven la misoginia y discursos de odio. “Para mí, estar en Facebook es como vivir en la casa del agresor”, dice.

La plataforma más denunciada por activistas, por ser en la que más agresiones en contra de mujeres suceden, fue Facebook. Esto, en parte, porque es la red social que más usuarios tiene en México, reflexiona Erika Smith de la APC.

Para activistas feministas, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Autoridades y plataformas

Para el segundo trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) contabilizó 62,4 millones de usuarios de Internet en México (57 por ciento de la población), y de cada 100 usuarios, 49 son mujeres.

Por su parte, en 2016 Facebook reportó 61 millones de usuarios en el país, de los cuales 41 millones utilizan la plataforma diariamente, convirtiéndola en la red social de mayor penetración en México, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.

Concientizar a autoridades y dueños de plataformas sobre la violencia contra de mujeres relacionada con la tecnología es un trabajo que la APC ha realizado desde que comenzaron la campaña “¡Dominemos la tecnología!”.

A nivel internacional, este también ha sido tema de debate. Recientemente, la policía de Chicago comenzó la búsqueda de cinco hombres que violaron en grupo a una adolescente de 15 años y transmitieron la agresión en Facebook Live.

La violación fue visualizada en vivo por al menos 40 personas y ninguna de ellas lo denunció ni a la policía ni a Facebook, dado que un día después de la transmisión la red social no había retirado el contenido y el video seguía público.

“Una de las exigencias a Facebook ha sido que sean específicos en sus condiciones en caso de violencia de género, cosa que no han querido hacer”, dice Smith.

Para este reportaje se buscó a la oficina de Facebook México para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

En el caso de iniciativas de sociedad civil e instituciones en México, en agosto de 2014 inició una campaña contra el “cyberbullying (ciberacoso”, promovida por legisladores, académicos y empresarios. La iniciativa, dirigida a adolescentes y niños, buscaba concientizar sobre “conductas perniciosas” en Internet.

En julio de 2016 comenzó otra campaña contra el llamado “sexting”, el intercambio consensuado de textos, audios, imágenes o videos eróticos. Sin embargo, la primera campaña considera el ciberacoso un problema de “adolecentes con poca supervisión”, mientras que la otra fue criticada por activistas y organizaciones por estigmatizar la práctica e intentar combatirla desde una postura moralista.

Para la comunicóloga Lisseth Pérez Manríquez el problema radica en que no se piensa en internet como un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de trabajo.

Erika Smith cree que lo que se requiere es sensibilización y no la coacción o sobrevigilancia. Pero las estrategias apuntan hacia el lado contrario. “Lo que quieren controlar internet, no la práctica y el comportamiento negativo o violento”, opina.

De acuerdo con el análisis de la APC, en México la violencia relacionada con el uso de las TIC no es considerada en la legislación.

Al respecto, las comunicólogas Florencia Goldsman y Graciela Natansohn señalan que es un error creer que la violencia contra mujeres en ambientes digitales es una nueva forma de violencia y por tanto se necesitan nuevas leyes específicas al tema.

“Se trata de la misma violencia histórica patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios”, argumentan en el documento Violencia contra las mujeres en red, vigilancia y el derecho a la privacidad.

La APC coincide con ellas pues ya existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo que es necesario, apuntan, es que estas leyes contemplen la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

Los casos de amenazas virtuales y mensajes intimatorios virtuales incrementan todos los días, pero el sistema de justicia mexicano no está preparado para atenderlos. Crédito: Redes Sociales

Internet feminista

Ante un panorama violento y complejo, la APC reunió en 2014 a activistas feministas, defensoras de los derechos en internet y la tecnología y redactaron los “Principios feministas para internet”, vaciados en un documento que está en permanente construcción.

“Para mí son provocaciones. Aprovechar Facebook para nuestro beneficio es hermoso, aunque haya vulnerabilidades asociadas. No necesariamente el foco del feminismo —cuando hablamos de Internet— debe ser la violencia. Rechazamos esto, porque no podemos reducir género a violencia”, dice Erika Smith.

“Por eso hablamos de internet feminista, porque nuestro espacio no puede ser solo de denuncia e indignación. Lo que queremos es apertura, tenemos que asegurarla”.

Es lo que también promueven iniciativas como el Laboratorio de Interconectividades: una visión amplia del espacio virtual, más allá de las redes sociales en donde se desarrolla la violencia.

“Cuando hablamos de violencia en línea contra las mujeres y hablamos de Twitter y Facebook, lo que queremos mostrar es que internet va más allá de estas plataformas. Si no toda nuestra energía se nos va a ir en buscar respuestas para cuidarnos en plataformas que de por sí nunca se preocuparon por nosotras, que más bien nos ven como potenciales clientes”, advierte Liliana Zaragoza.

Cuando Luisa comenzó a recibir amenazas de muerte y violación a través de sus redes sociales y decidió suspender las cuentas de Menstruadora, desde donde practicaba su activismo, algunas organizaciones sociales se acercaron a ella para apoyarla, pero ninguna tenía claridad de qué hacer. Mientras, lo máximo que las autoridades podían lograr era identificar a sus agresores, pero ella ya los conocía.

Ahora, dos años después de la experiencia, Luisa dice que tuvo que “despersonalizarse en Internet”. Sigue practicando su activismo y ha reactivado sus redes sociales poco a poco.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

Una de las muchas actividades a favor de los migrantes en el sureño estado de Texas, en Estados Unidos. Crédito Arturo Contreras Camero/EnelCamino

Por Arturo Contreras
AUSTIN, Estados Unidos, Jun 12 2017 (IPS)

Cuatro condados son la punta de lanza en la pelea legal por los derechos de millones de latinos en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esas cuatro localidades presentaron tres demandas en contra del gobierno estadal por la aprobación de la ley SB4, que busca aumentar la fuerza de deportación.

La ‘Ley muestra tus papeles’, que entrará en vigor el primero de septiembre, obliga a policías locales y estadales a adoptar tareas de agentes federales de migración, como pedir papeles que acrediten su estancia en Estados Unidos.

De acuerdo con los demandantes, la aplicación de la nueva norma podría desatar actos discriminatorios y prejuicios raciales en contra de los más de 10 millones de habitantes latinos en el estado.

“Esta ley es un ataque frontal contra los inmigrantes y sus familias, es un intento de reclutar la fuerza de deportación al convertir a todos los policías en agentes de migración, violan el debido proceso, violan la igual protección de las leyes”, explica Efrén C. Olivares, abogado defensor del Proyecto Organizativo de Texas, una de las agrupaciones civiles que demandaron al gobierno del estado.

Por eso, cuatro alcaldes, dos alguaciles y cinco organizaciones no gubernamentales tomaron acciones legales en contra de la SB4 bajo el argumento de que la nueva legislación atenta contra la separación de poderes local, estadal y federal.

Los demandantes no esperan que un juez federal dé un veredicto aprobando o rechazando la ley; más bien esperan una suspensión temporal en lo que dura el caso, porque la entrada en vigor de la ley podría afectar las libertades civiles de millones de ciudadanos; un problema que buscan atender inmediatamente.

“Cuando hay una demanda compleja, pero hay un tema urgente, le pedimos al juez que, como se va a tardar la resolución, que suspenda una sección de la ley, en lo que nos ponemos de acuerdo. Hay que convencer al juez y es una pelea con el juez. Nosotros vamos a pedir que se suspenda toda la ley, pero él puede escoger solo algunos artículos”, agrega Olivares.

Los efectos de la ley pueden ser tan fuertes que hay migrantes indocumentados que podrían dejar de salir de sus casas o perder acceso a programas sociales y de asistencia que el gobierno les hace llegar a través de distintas organizaciones no gubernamentales, como cuenta Angela-Jo Touza Medina, directora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas de Greater Austin.

“Es miedo a las redadas, básicamente. Que haya una reunión, en la organización en la que trabajo yo, por ejemplo, que somos un centro de salud mental y que la gente no venga por miedo a que, bueno, la policía sabe que está este grupo aquí, qué tal que están fuera esperándolos, ese tipo de miedo”.

Sin embargo, las comunidades inmigrantes no son los únicos afectados, sino también los policías locales, quienes, de negarse a acatar la SB4, podrían enfrentar la destitución de su cargo.

“Esta ley dice claramente, que, si los oficiales no respetan esta ley, nosotros somos los que vamos a ser multados o mandados a la cárcel”, dice casi gritando Tom Scherber, el alguacil de Eagle Pass en el condado de Maverick, quien firma una de las demandas.

Él es parte de un puñado de alguaciles en Texas que se niegan a hacer las veces de agentes de migración, pues alejaría a la gente de la policía, socavaría su confianza, lo que crearía el ambiente perfecto para que haya más crímenes.

“Yo lo que estoy rechazando es que mis oficiales, incluido yo, no vamos a hacer trabajo de inmigración en las calles. ¡Nada de eso! No vamos a arrestar gente porque vaya caminando y le preguntemos de qué país es y si trae documentos”, añade el alguacil en un español golpeado, con acento norteño.

Estas demandas legales son la última herramienta de protección de varios condados que albergan grandes comunidades latinas ante la ley de un gobierno que se ha mostrado agresivo con quienes desafían sus decisiones.

Como las represalias que tomó el gobernador Greg Abbott en contra del alguacil del condado de Travis, en donde se encuentra la capital del estado, Austin.

Cuando la SB4 apenas era una propuesta en el congreso estatal, la sheriff Sally Hernandez anunció que no estaba de acuerdo con ella y que buscaría una manera de evadir su puesta en acción. Como respuesta, el gobierno estatal cortó un millón y medio de fondos para la policía a cargo de Hernández.

Este es un panorama que los demandantes y sus abogados tienen claro, como Jose Garza, el abogado que lidera la demanda que interpuso el condado de El Paso:

“Siempre está ese peligro con la gente que lidera Texas, que la gente que no esté de acuerdo con ellos sea castigada”, por lo tanto, él considera que la única manera de defenderse es la demanda. “Lo que pedimos es que un juez federal revise los peligros potenciales que la ley representa para las personas, un juez que hará una evaluación independiente de la ley. Creemos que desafiar la ley es la mejor manera de proteger al condado y a sus residentes”.

Sin embargo, el gobierno estadl tenía presente la posibilidad de enfrentar resistencia, civil y legal ante la SB4. Por eso, un día después de que el gobernador firmara la ley, el fiscal del estado, el general Ken Paxton, levantó una demanda en contra del alcalde de la ciudad de Austin, Steve Adler; de la alguacil Hernandez y de los 10 concejales de la ciudad por anunciar que no acatarían una ley que aún no entra en vigor.

La rápida movida del gobierno estadal parece ridícula, explica Efrén Olivares, director del programa de justicia racial y económica del Proyecto por los derechos civiles de Texas, pero tiene un truco escondido. La táctica de Paxton busca que un juez federal declare como constitucional la nueva ley.

“Ellos entablaron una demanda que declara que la ley es constitucional, cuando el estado promulga una ley, uno quiere sobreentender que aprueban algo que es constitucional. Ahora lo que están intentando, es que un juez federal diga que lo que aprobaron no va contra la constitución”, dice.

Olivares describe estas tácticas como propias de un sistema totalitario, “esto se ve en dictaduras, no en democracias libres”.

A pesar de enfrentar a un gobierno con esas características, la gente que lucha con los litigios no tiene miedo de más represalias, como cuenta Martha Sánchez, vocera y coordinadora de trabajo comunitario para La Unión del Pueblo Entero, una organización de migrantes en el área de Brownsville, al sur del estado que elevó otra de las demandas en conjunto con la ciudad de San Antonio.

“Ya estamos bien castigados por el gobernador aquí, nunca tiene trato con esta área. En cambio, tenemos mucha gente vigilándonos, los que monitorean el ‘highway’ (autopista) y los que monitorean la frontera, tenemos mucha vigilancia, acosan a la gente de las áreas rurales, nosotros tenemos el yugo ya muy fuerte. Y (el gobernador) Gregg Abbott ya pidió más dinero para esto”, explica.

Esta lucha es el resultado del trabajo de organizaciones sociales que representan a un grupo de migrantes que históricamente no se había sabido coordinar para trabajar en conjunto. Ahora, caen en cuenta que estas leyes y estas acciones no afectan solo a los migrantes hispanos, sino a todas las minorías, y están dispuestos a hacerle frente.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Al menos 7.800 ciudadanos haitianos están varados en México desde hace meses, al fracasar en su intento de llegar a Estados Unidos. Crédito: Andalusia Knoll Soloff/EnelCamino

Por Alberto Nájar
TIJUANA, México, Jun 7 2017 (IPS)

Las esperanzas se perdieron en Tijuana. Después de seis meses de recorrer toda América Latina, al llegar a esta ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, William Randolph supo quién es realmente el presidente Donald Trump… Y el muro que tanto anhela construir.

Es haitiano. Salió de su país hace cinco años para trabajar en la construcción de los estadios y edificios que albergaron a los atletas que participaron en la Olimpiada de Brasil en 2016.

Allí era feliz y hasta pensó en cambiar su idea de vivir en Estados Unidos. Pero la crisis económica desde antes de los juegos, y el conflicto político que apareció después, le volvieron a la realidad.

Entonces Randolph, un especialista en plomería –“puedo instalar la tubería completa de una casa en media semana”, presume- volvió al proyecto original.

Un sábado de septiembre pasado emprendió camino al norte. Llegó a Tijuana un miércoles de marzo de 2017 y casi al bajar del autobús caminó hasta la garita de San Ysidro, a unos metros del centro de la ciudad.

Quería entregarse al Servicio de Inmigración y Aduanas y hacer valer el estatus que, creía, mantienen los haitianos para ingresar a territorio estadunidense y permanecer allí por lo menos 18 meses.

Es el llamado Estatus de Protección Temporal, que se le asignó a Haití tras el terremoto de 2010 y que está vigente hasta julio de 2017.

No llegó. En el camino encontró a paisanos suyos. “Uno había pasado dos meses en la cárcel, nunca lo dejaron hablar con nadie”, cuenta. “Lo echaron, a patadas, eso puedo decir”, añade.

En ese momento se quebró la esperanza a William Randolph. No podía volver a Brasil y tenía claro que a su país natal jamás regresaría. Se quedó en Tijuana.

En las calles de vuelta al centro encontró a decenas más como él.

Hay unos 7.800 haitianos varados en México, según estiman organizaciones civiles. El número real no se conoce por la forma como ingresaron y permanecen en el país, casi de manera clandestina.

Un grupo de haitianos en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, en el estado de Baja California, en México. Crédito: Andalusia Knoll Soloff/EnelCamino

La mayoría están en ciudades fronterizas del estado de Baja California como Tijuana y Mexicali, aunque también se han detectado en Ciudad de México y Tapachula, en el sureño estado de Chiapas.

En todos los casos su condición es la misma dice Wilner Metelus, fundador del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos:

Sin empleo o el que tienen con bajo sueldo y jornadas excesivas. Hasta hace unos meses muchos vivían en albergues de migrantes, pero la deportación de mexicanos les quitó el espacio.

“Los gobiernos del municipio y el estado no les ayudan y la comida que hay es poca, la que regala la gente”, cuenta Metelus. “Cada vez más mexicanos están llegando” desde Estados Unidos, explica.

Así, “los encargados de las casas enfrentaron un dilema: atender a los mexicanos o a los de Haití. Y prefirieron a los de su país”, añade.

Falta de apoyo, abandono. La rutina para estos migrantes. Fuera de los albergues algunos viven bajo los puentes vehiculares de Tijuana o Mexicali.

Algunos consiguen empleo por una semana con lo que pagan la renta de habitaciones. Pero siempre en el límite.

“En los albergues podían comer, pero ahora necesitan conseguir por lo menos 40 pesos para comprar alimentos. Muchos no los tienen y pasan días sin comer”, señala Metelus.

Kennedy Frederico, especialista en Protección Civil, dice que los empleadores se aprovechan de su condición. “No tenemos papeles y por eso nos quieren pagar menos. Yo estuve en una ‘paletería’ (heladería)  pero el dueño quería que trabajara 14 horas por 200 pesos diarios”, cuenta.

La falta de identidad es un problema mayor a los abusos laborales. Ante el endurecimiento de la política migratoria con el gobierno de Donald Trump muchos tomaron la decisión de quedarse en México, y de hecho buscan la forma de regularizar su estancia en el país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció 4.300 visas humanitarias dice Wilner Metelus, pero la condición para asignarlas es la presentación de un pasaporte.

Ciudadanos haitianos juegan al futbolín en un albergue. Crédito: Andalusia Knoll Soloff/EnelCamino

Un 98 por ciento de los haitianos no lo tiene y conseguirlo es complicado: la embajada de su país les pide cien dólares por el trámite, una cantidad con la que muy pocos cuentan.

Un círculo vicioso que por el momento no se ve por dónde pueda romperse. “Le pedimos al INM que acepte otros documentos de identidad, estamos en esa negociación. Ojalá que (los haitianos) sí los tengan”, explica.

Y sí, porque recientemente el delegado del INM Rodulfo Figueroa Pacheco advirtió que si a finales de este año no han conseguido regularizar su situación, serán deportados a su país.

Micky Jean Gelin tenía en Haití una escuela de bachillerato, pero con el sismo de 2010 tuvo que cerrarla. Durante algunos años trabajó en la reconstrucción de algunos barrios, pero esa alternativa se cerró pronto.

Como miles de ciudadanos del país insular se fue a Brasil de donde salió a mediados de 2016 hacia Estados Unidos. Tampoco pudo llegar y entonces decidió permanecer en México… Por un tiempo.

“Trump no se va a quedar para siempre, algún día se acabará su gobierno y entonces tal vez haya una oportunidad de intentar el regreso”, confiesa.

“México es el plan B por ahora, pero necesitamos papeles para que no nos deporten en cualquier momento”, afirma.

Esta segunda alternativa es más bien forzada. El Estatus de Protección Temporal sigue vigente y en sentido estricto bastaría con presentarse en las garitas para solicitarlo.

Pero eso depende de los agentes migratorios, quienes con las recientes decisiones de Trump recibieron un inédito y arbitrario poder de decisión.
Ellos pueden, con base en sus criterios personales (y casi siempre sus prejuicios) establecer quién tiene derecho a solicitar la protección del Estatus.

También tienen la facultad de admitir o no a los viajeros, incluso si cuentan con visa. De hecho han retirado decenas de estos documentos solo porque les dio la gana.

Y tienen además la posibilidad de enviar a centros de detención a los migrantes que quieran, algo arriesgado para los haitianos dice Metelus.

“Todos los días salen dos aviones con gente a Puerto Príncipe, es lo último que necesitan. Es volver a empezar”, dice.

Una pesadilla permanente para quienes están varados en la frontera de Baja California. “En Haití no hay futuro, no es un país para regresar”, dice Micky Jean.

“Antes México no era mi ideal para quedarme pero ahora me siento bien aquí. Pero necesito papeles para caminar legalmente, para ser libre como los mexicanos”, aduce.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

A sus 83 años, Gregorio Hernández Sorto fue uno de los primeros ciudadanos que participó en la consulta para decidir si el municipio de Suchitoto declaraba al agua como un derecho humano, en una iniciativa pionera en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
SUCHITOTO, El Salvador , May 30 2017 (IPS)

Los electores de Suchitoto, en el centro de El Salvador, refrendaron masivamente que el agua sea tratada como un derecho humano en el municipio, en una muestra más de la creciente corriente del apoyo de la ciudadania a que se legisle con ese objetivo en el país.

La consulta popular celebrada el domingo 28 en este municipio, con un total de unos 25.000 habitantes,  respondió a una iniciativa pionera en el país, pero su resultado no es vinculante porque por unos pocos votos no se alcanzó la participación necesaria.

Gregorio Hernández Sorto sí participó y llegó muy temprano a Suchitoto desde Caulote, un caserío cercano, en el central departamento de Cuscatlán. “No queremos que las empresas vengan aquí a robarse el agua, es una lucha para que nuestras comunidades no sufran de escasez”, dijo a IPS este campesino de 83 años.

La iniciativa contó con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral, que proporcionó los nombres de los votantes enlistados en el padrón electoral del municipio, unas 9.000 personas, incluyendo cantones (aldeas) y caseríos que circundan a la pequeña urbe y cabecera municipal, a unos 50 kilómetros al norte de San Salvador.

“Vamos a hacer la lucha hasta donde podamos”, añadió Hernández, luego de depositar con solemnidad en la urna la papeleta que daba la opción del sí o del no a la pregunta de si estaba de acuerdo con que el agua sea un derecho humano.

De igual modo, Raquel Villarrivas, de 40 años, destacó la importancia de que, con la presión de la ciudadanía, se logre que el agua esté destinada prioritariamente a las personas antes que a sectores empresariales que se nutren del recurso para sus actividades comerciales.

“Las empresas todo lo hacen por el dinero, van buscando la forma de obtener más dinero, no le importa el derecho de las personas”, aseguró Villarrivas, a la salida de uno de los centros de votación.

Parte del trabajo de concientización de la población sobre los riesgos de que el agua sea primero mercancía, antes que derecho humano de las personas, tuvo como antecedentes conflictos por el agua entre comunidades y grupos empresariales.

Como la lucha impulsada en 2013 por comunidades y organizaciones ambientalistas en Nejapa, 21 kilómetros al norte de San Salvador, donde Industrias La Constancia, parte del consorcio mundial AB InBev, pretendía perforar un pozo en la zona para ampliar su producción de agua embotellada, cervezas y jugos.

Aumentar la producción implicaba una disminución de la capacidad del acuífero de Nejapa, ya de por sí mermado, según expertos entrevistas por IPS cuando surgió la disputa. Pero las comunidades se opusieron y lograron frenar el proyecto.

Una niña llena su cántaro de agua de la toma colectiva en la comunidad de Los Pinos, en el occidente de El Salvador. Conexiones públicas y gratuitas como estas palían los problemas de acceso al agua en los hogares rurales que carecen de conexión por tuberías. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Según el estudio Situación de los recursos hídricos en Centroamérica, publicado en marzopor Global Water Partnership (GWP), del total de agua disponible, solo 30,6 por ciento va destinado al consumo humano, mientras que 70 por ciento se distribuye en riego (50,6 por ciento), industrial (3,7 por ciento), generación de energía termoeléctrica (13 por ciento), acuícola (1,8 por ciento) y hotelero (0,02 por ciento).

En la consulta en esta localidad votaron 3.545 electores, de los que 3.464 apoyaron darle al agua el valor de derecho humano y solo 81 se pronunciaron en contra.

Pero esa participación no alcanzó por 300 votos al 40 por ciento del padrón electoral, el mínimo exigido para que el resultado de una consulta sea vinculante. Así que las autoridades municipales no están obligadas a regular el uso del agua como un derecho ciudadano, más allá de su masivo respaldo.

Pero las organizaciones que convocaron a la iniciativa van a realizar un trabajo de incidencia para que, aun cuando el resultado no fue el esperado, la municipalidad apruebe una ordenanza que recoja el sentir popular.

“Los votos a favor del sí es un compromiso para seguir trabajando en esta lucha”, aseguró a IPS la activista Araceli Argueta, gerente de Plataforma Global, una de las organizaciones convocantes a la consulta.

El Salvador es un país que se ubica ya en el umbral de estrés hídrico, según varios expertos e informes de organismos internacionales. Es decir, cuando la demanda de agua es más que la disponibilidad del recurso.

En este país centroamericano, de 6,4 millones de personas,  86,6 por ciento de la población tiene acceso al agua por cañería, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015, elaborada por el Ministerio de Economía.

La consulta ciudadana, organizada por varias organizaciones civiles, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio, el de lograr que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley General de Aguas, estancada desde hace varios años.

“Si la ley no pasa, es porque hay intereses que están en contra, y el que no haya legislación está prestándose a usos indebidos del agua”, comentó a IPS el académico Andrew Cummings, director de la maestría en desarrollo territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

En 2006, un grupo de organizaciones sociales presentaron el primer proyecto de ley para regular el uso del agua y seis años después el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales introdujo otro, que no ha avanzado por la obstrucción de diputados de fuerzas de derecha, en la oposición.

Esos grupos opositores presionan para que los empresarios privados participen en la entidad reguladora establecida en el proyecto.

El gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) respalda la posición de las organizaciones sociales para que los agentes privados estén fuera del órgano llamado a determinar los usos del agua en el país.

“Cuando estamos hablando del agua como derecho humano no debería haber representación de la empresa privada, porque el recurso no es mercancía que se pueda negociar”, acotó Argueta, de Plataforma Global.

Los diputados de todas las fracciones políticas aprobaron en marzo una ley que prohíbe la explotación de la minería metálica, un paso histórico que sentó un precedente mundial.

Pero esa disposición a favor de una causa común, también con gran respaldo popular, no ha permeado al espinoso tema del agua, con intereses que entran en conflicto a nivel local entre la ciudadanía, especialmente en las áreas rurales, y el poder económico.

“La diferencia es que la minería era un interés transnacional, sin que la oligarquía local tuviera mucha presencia, pero el agua es muy diferente”, analizó para IPS el ambientalista Carlos Flores, de la Unidad Ecológica Salvadoreña.

“Gran cantidad de empresarios en diferentes sectores, y que tienen gran capacidad de lobby, tienen intereses en el sector agua, y eso es lo que está actuando contra la ley de agua”, detalló.

Entre esos intereses mencionó al sector azucarero, que irriga cultivos de caña de azúcar por medio de pozos, mientras la población se queja de que sus pozos domiciliares se están secando precisamente por el uso del agua para el cultivo de la caña.

Fuentes del sector azucarero aseguraron a IPS, en una investigación de julio del 2016 sobre los daños ambientales de esa agroindustria, que solo se utiliza el sistema de riego en 15 por ciento de las 166.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña.

Editado por Estrella Gutiérrez

Jóvenes participantes en la conga por la diversidad, el 13 de mayo en La Habana, un desfile festivo que como cada año formó parte de los actos de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que este año ha tenido como lema “Por escuelas sin homofobia ni transfobia”. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
May 18 2017 (IPS)

La campaña de Cuba contra la homofobia y la transfobia se enfocó hasta ahora en el espacio familiar y laboral. Pero 10 años después de su primera edición, sus organizadores decidieron entrar al sensible mundo de la escuela, un sector enteramente público en el país. 

“Es un gran reto porque la escuela es el centro más importante de la comunidad, donde se forman los valores y los niños pasan la mayor parte del tiempo”, dijo Ana María Cano, del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que organiza desde 2007 la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia.

“Este año va a haber más resistencia (de la población) porque muchas veces no se comprende que se hablen estos temas en las aulas”, pronosticó a IPS la psicóloga infantil sobre la décima edición, que se desarrolla desde el 3 de este mes y culmina el viernes 20, bajo el lema “Por escuelas sin homofobia ni transfobia”.

Con sus principales actividades en torno al 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la campaña de Cenesex resulta permanente y el tema propuesto en 2017 de promover escuelas más seguras e inclusivas se mantendrá los próximos dos años.

“Las personas pueden estar alarmadas, los padres se pueden asustar y cuestionar (la propuesta)”, reconoció Cano. “Pero hay que empezar a trabajar estos problemas porque las experiencias no han sido muy saludables y siempre hay un niño o una niña que se distingue por diferente y es objeto de burlas”, explicó.

“Los padres se llenan de temores porque piensan que hablar de sexualidad la estimula o define”, abundó. “La orientación sexual se define en la etapa tardía de la adolescencia por eso no se puede juzgar a ningún niño o niña para determinar su orientación”, aclaró.

Con la valoración de Cano, coinciden otros especialistas, activistas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) consultadas por IPS durante las actividades que Cenesex despliega en el país, con énfasis en la sede central de la ciudad de Santa Clara, a 268 kilómetros al este de La Habana.

Un gran lápiz de color plateado resaltó en la tradicional y multitudinaria marcha festiva de personas LGBTI y defensores de sus derechos por parte de dos céntricas avenidas habaneras, que se celebró el 13 de mayo encabezada por la sexóloga Mariela Castro Espín, hija del presidente Raúl Castro y directora del Cenesex.

El símbolo de la educación era enarbolado por una activista transexual que se identificó como Yoilán. “Apoyo hablar de la diversidad sexual en la escuela porque quiero que todo el mundo se integre, las personas transgénero no nos aislemos de la escuela y estudiemos como todos”, consideró a IPS.

A su manera, este trabajador remarcó la situación más desfavorecida de las personas transgénero, que desde edades tempranas rechazan su sexo biológico y se identifican con el género opuesto, un proceso aún poco comprendido y apoyado por las familias e instituciones como la escuela.

Estudiantes de un centro educativo de la oriental ciudad de Baracoa. La escuela es el nuevo sector donde, no sin controversias, busca penetrar la campaña contra la homofobia y la transfobia en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Todos los años tenemos el ‘bullying’ (acoso escolar) con los homosexuales, porque siempre ha sido así”, aseguró Yoilán, que confesó haber sido víctima del problema cuando era estudiante y ahora integra la Red de Personas Trans, Parejas y Familias, TransCuba, acompañada por el Cenesex.

De hecho, el centro trabaja en la reincorporación escolar en la edad adulta de personas trans, que por diversas causas abandonaron las aulas, en este país insular caribeño, donde son obligatorios los estudios hasta el nivel secundario y el sector estatal exige título de bachiller hasta para empleos básicos como los del servicio de limpieza.

Vista como un derecho y uno de los grandes logros de la Revolución cubana de 1959, devenida socialista en 1961, de alguna manera la campaña señala pequeñas brechas de exclusión en el sistema educativo público, la única opción de formación básica porque operadores privados solo pueden ofertar repasos y cursos complementarios.

“Como mensaje para la familia cubana, nosotros no estamos promoviendo homosexualidad, ni heterosexualidad”, dijo Castro Espín en el programa televisivo  Mesa Redonda Informativa, del 12 de mayo, que cada año dedica una emisión a la campaña.

“Estamos promoviendo una educación basada en los derechos humanos, en el respeto entre las personas, un mecanismo para construir la paz. Ese aprendizaje de ciudadanía es fundamental desde la escuela por su rol en la comunidad”, aclaró la sexóloga, sobre la campaña que enfatiza en el fenómeno poco conocido del acoso escolar homofóbico.

Las críticas no se hicieron esperar y cibernautas dejaron comentarios en la página digital del programa. Alguien que dijo llamarse Michel opinó “que se debe respetar a cada cual como es”, pero rechazó “que las escuelas hablen de la sexualidad homosexual como algo normal”.

Mariela Castro, sentada en el centro, junto a activistas que el 13 de mayo participaron en La Habana en uno de los actos a favor de la diversidad, organizados por el Centro de Nacional de Educación Sexual, dentro de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A las personas que piensan así, Yohana Yánez, una mujer que se reconoce lesbiana, las conminó a “dejar el pasado atrás y ver hacia adelante”. “La diversidad sexual no es una enfermedad y nuestros hijos necesitan información, consejos y apoyo”, aseguró a IPS esta madre de dos pequeños.

El Cenesex coordina desde 1972 el Programa Nacional de Educación Sexual, la máxima política pública en ese sentido del país de 11,2 millones de habitantes, que ha ido ampliando su perspectiva con el desarrollo científico y social y es ejecutada por más de 20 entidades, entre ministerios y organizaciones civiles.

El Ministerio de Educación y el de Salud Pública han sido los más proactivos, indicó a IPS la socióloga Anamary Benavides, de Cenesex.

La especialista destacó el subprograma de Educación de la Sexualidad con enfoque de Género y Derechos, amparado por la Resolución 139 de 2011 y que rige el tratamiento curricular de estos temas en la cartera de Educación, responsable de más de 10.400 instituciones.

Benavides remarcó la importancia de este subprograma, que por vez primera regula el abordaje de estas cuestiones en las edades prescolar y escolar de manera transversal a todo el trabajo educativo. Apuntó la importancia de incorporar la equidad de género y los derechos humanos de manera directa.

La socióloga compartió que se observan “las mayores resistencias a abordar la diversidad sexual, la homofobia, la transfobia, la orientación sexual y también la violencia en general”, por parte de docentes, padres y madres. “A los niños y adolescentes les encanta hablar sobre sexualidad”, dijo.

Una de las debilidades señaladas por el Ministerio de Educación y Cenesex radica en la formación en ese sentido del personal docente.

“Muchas veces nos forman para darles clases a estudiantes perfectos y atender los diferentes grados de asimilación de los contenidos”, estimó a IPS el estudiante de pedagogía Yasmany Castro, que vive en la ciudad de Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este capitalino. “Se necesita más herramientas para enfrentar problemas sociales”, instó.

El joven espera que estas cuestiones queden resueltas en el actual proceso de perfeccionamiento de la educación pública y aconsejó abordar los problemas discriminatorios en general, tanto por raza, género u orientación sexual, entre otros. “La escuela tiene que estar preparada para enfrentar la diversidad social”, concluyó.

Editado por Estrella Gutiérrez

Manifestantes en Trinidad y Tobago forman un corazón durante la marcha contra el cambio climático de 2015, en Puerto España. La organización estuvo a cargo de jóvenes activistas voluntarios de IAMovement. Crédito: IAMovement.

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, May 16 2017 (IPS)

Dos organizaciones ambientalistas de Trinidad y Tobago creadas por jóvenes voluntarios se esfuerzan por promover la sostenibilidad ambiental, así como medidas contra el cambio climático, a la vez que analizan su propia sostenibilidad a largo plazo.

IAMovement y el festival New Fire (nuevo fuego) comenzaron sus actividades ambientales en serio hace unos tres años.

El primero conquistó a los trinitenses con una marcha contra el cambio climático en 2014 y con un icónico corazón formado por 150 manifestantes que se les unieron, un símbolo retomado al año siguiente por las 450 personas que se sumaron en la actividad realizada en esta capital, en el marco de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), realizada en París.

Cuando la primera marcha, en el marco de conversaciones climáticas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, “la gente se acercó, interesada, pero sin saber mucho qué esperar. Pero desde el principio, el diálogo fue muy positivo sobre qué podemos hacer y qué soluciones tenemos a mano”, relató el director de IAMovement, Jonathan Barcant.

El festival New Fire, organizado por la no gubernamental T&T Bridge Initiative, se vinculó a las movilizaciones contra el cambio climático de 2016, con el lanzamiento de un festival, ecológicamente sostenible, de música e hizo énfasis en reducir, reutilizar y ser sostenible.

El encuentro fue un éxito pues los organizadores de un festival de música poco conocida decidieron dar una mayor exposición a artistas y músicos talentosos, pero poco conocidos.

“Decidimos que teníamos que lograr un mayor impacto. Es más que un simple entretenimiento. Se basa en un modelo transformador de festival”, explicó el fundador de New Fire, Gerry Williams.

“Hemos recibido unos 50 voluntarios en los últimos tres años, y tenemos una lista creciente de personas interesadas en participar de forma voluntaria”, observó Barcant.

“Fue realmente un pequeño grupo de personas que se reunieron y lograron concretarlo”, coincidió Williams.

Esta generación básicamente cree, espera y ansía que pase algo nuevo en nuestro entorno. Mucha gente dice que siempre soñó con hacer algo como esto o formar parte de esto. Una gran cantidad de trabajo es voluntario.

El enorme apoyo recibido llevó al festival y al IAMovement a dar un paso más y a apostar a planes más ambiciosos en materia de cambio climático y de sostenibilidad ambiental. Pero para asegurar su viabilidad a largo plazo, tratan de ofrecer remuneraciones a quienes trabajen en sus proyectos.

“Una de las razones de la reestructura es que hemos recibido tantas solicitudes de trabajo voluntario, que finalmente puedo decir que tenemos la capacidad de hacerlo”, explicó Barcant.

IAMovement “es una organización de base sin fines de lucro, y es el primer año que conseguimos fondos para pagarle a un coordinador de proyectos”, precisó.

“Como jóvenes que damos cada vez más de nosotros, tenemos que apuntar a un crecimiento sostenible si queremos seguir creciendo. A medida que aumenta la demanda y que nos exige más trabajo, tenemos que recibir una remuneración”, añadió.

Por su parte, Williams apuntó: “No recibo un salario de la organización ni del festival. Este año, solo logramos cubrir los costos, el año pasado, tuvimos que poner de nuestro bolsillo”.

“Como es sin fines de lucro, aun cuando el festival logre alguna ganancia, tenemos la obligación de manejar ese dinero de determinada manera. No podemos guardárnoslo o dárselo a algunos participantes”, explicó.

Por eso, la organización que arma el festival se prepara para lanzar una actividad sin fines de lucro como la confección de muebles a partir de bandejas de carga de madera que fueron descartadas.

IAMovemente reúne fondos a través de donaciones en su sitio de Internet, además de aportes de embajadas europeas en Trinidad y Tobago, donaciones de agencias multinacionales, además de las iniciativas de microfinanciación para cubrir los costos de sus proyectos ambientales.

Los organizadores del festival incluso apuestan a lanzar una empresa especializada que ofrezca el servicio de organizar eventos verdes y sostenibles.

IAMovement está en proceso de organizar unas 40 charlas climáticas en escuelas y otros lugares, en el marco de las cuales aprovecharán para difundir su filme, de bajo presupuesto, sobre cambio climático, titulado “Small Change” (pequeño cambio).

El filme se proyectó en el Festival de Cine de Trinidad y Tobago en 2016 y participará de otros como el Festival Nacional de Cine para Jóvenes Talentosos, considerado “uno de los principales y más influyentes festivales para cineastas emergentes”, creado por Dylon Quesnel, de 23 años e integrante de IAMovement.

El argumento del filme y de la organización es que Trinidad y Tobago logrará grandes beneficios sociales y económicos si abandona la economía dependiente de los combustibles fósiles y adopta una basada en energías renovables y cuidadosa del ambiente.

IAMovement también plantará el primer techo verde del país en el edificio del Ministerio de Educación, diseñado para albergar a ese proyecto en particular.

New Fire concluyó la segunda edición del festival anual a principios de abril, que tuvo lugar en el exuberante entorno de la Cordillera Septentrional, en el valle de Santa Cruz, en la isla de Trinidad, donde se reunieron unas 2.000 personas, casi el triple del año pasado.

El festival ofreció talleres sobre distintos temas relacionados con la ecosostenibilidad e invitó a los participantes a no ingresar con botellas descartables. “Hacemos todo lo posible para evitar productos descartables”, y cuando lo son, fueron recilados, explicó Williams.

“El consumo es uno de los grandes motores del cambio climático. Tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo”, subrayó. “Esperamos que el festival sea una experiencia inspiradora para todos, que afuera de él y además de divertirse, incorporen algo del festival en sus vidas”, añadió.

Sasha Belton, de 32 años, participó en las conversaciones climáticas promovidas por IAMovement, así como en la proyección del filme y relató su experiencia.

“Definitivamente genera consciencia y hace que te des cuenta de cuánto das por sentado. Me hizo ser más consciente de mis propias acciones y de cómo hay que reciclar y compartir información con otros”, relató.

Traducido por Verónica Firme

Representantes de los pueblos indígenas de Brasil, que anualmente se congregan en abril en el Campamento Tierra Libre, en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, durante una protesta contra los legisladores que atentan contra sus derechos de demarcación de tierra, salud y educación, con el edificio del Congreso Nacional al fondo. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 16 2017 (IPS)

El ataque que hirió por lo menos a 10 indígenas del pueblo gamela a tiros y machetazos, en el nororiental estado de Maranhão, puso los focos sobre el agravamiento de las amenazas al renacimiento y la sobrevivencia de los pueblos originarios de Brasil.

Decenas de hombres armados embistieron el 30 de abril contra los indígenas que ocupaban una hacienda en el municipio de Viana, que reclaman como una tierra que les pertenece, donde vivían sus ancestros. Dos heridos casi les mutilan las manos con profundos cortes.

La batalla unilateral recuerda las masacres que diezmaron la población originaria de Brasil durante cinco siglos, pero es solo la parte más brutal de una ofensiva que despliegan en múltiples frentes los hacendados que consideran excesivas las tierras destinadas a los indígenas.

“Es el peor momento de la política indigenista desde la dictadura militar (1964-1985)”, evaluó Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) y expresidente (1995-1996) de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de protección de los derechos de esa población.

El gobierno del presidente Michel Temer, en el cargo desde mayo de 2016, está promoviendo un “retroceso sin precedentes en todo el sistema de protección ambiental, de poblaciones  tradicionales y de los trabajadores del campo”, acusaron el ISA y otras 59 organizaciones no gubernamentales en una “carta pública” divulgada el 9 de mayo.

La ofensiva comprende el recorte este año de 55 por ciento del presupuesto de la Funai, la entrega de su presidencia a un general de Ejército, Franklimberg de Freitas, y medidas legislativas que buscan anular el derecho indígena a “tierras tradicionalmente ocupadas”, reconocido en la Constitución brasileña.

Una enmienda constitucional, en trámite desde el año 2000, pretende transferir al legislativo Congreso Nacional la decisión final sobre la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora una función del Poder Ejecutivo.

Su aprobación obstaculizaría el proceso de demarcaciones que impulsó la Constitución de 1988, ya que el parlamento es tradicionalmente conservador y actualmente está dominado por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), radicalmente contrario a atribuir más tierra a los indígenas.

Ese bloque multipartidista, también llamado “bancada ruralista”, reúne 257 diputados, la mitad de su Cámara, y 16 senadores, una quinta parte del Senado, según el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.

“El presidente Temer, muy impopular, es rehén del Congreso y débil ante presiones de los parlamentarios”, evaluó Santilli a IPS, para justificar sus temores con las iniciativas del gobierno, cuyo mandato concluye el primer día de 2019.

El actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era coordinador jurídico del FPA hasta febrero, cuando asumió el despacho que actualmente es responsable de la política indígena, con la Funai como un órgano subordinado.

El presidente del FPA, el diputado Nilson Leitão, pide, como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Funai y la Reforma Agraria, el enjuiciamiento de decenas de dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), antropólogos, fiscales del Ministerio Público y funcionarios gubernamentales por alegados fraudes en la demarcación de tierras indígenas.

“Es una paradoja, él pretende criminalizar quienes buscan cumplir lo que determina la Constitución”, que es asegurar que los indígenas ocupen las tierras que tradicionalmente eran suyas, criticó Santilli.

“Todos defendemos la Constitución desde puntos de vista distintos”, contrarrestó Leitão, explicando que la comisión parlamentaria examinó algunos casos y considera que están comprobadas ilegalidades sujetas a condenas judiciales. Su informe tiene 3.385 páginas y algunos documentos anexos.

Parte de una familia guaraní, que vive precariamente en tierras sin demarcar y con amenazas de expulsión, en el estado de Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. Allí se concentra la mayor población indígena de Brasil, y los terratenientes se han hecho con sus tierras, provocando el mayor número de asesinatos y suicidios de indígenas. Crédito: Mario Osava/IPS

“Hubo uso inadecuado de recursos públicos, incluso ONG que compraron armas de fuego para los indígenas y demarcaciones en que la misma etnia ni siquiera quería toda el área que le fue atribuida”, alegó el diputado el diálogo con IPS.

Su informe ataca algunas ONG que “recibieron abultadas sumas del exterior” y fomentan “invasiones de inmuebles rurales” reclamados como área indígena, ignorando la propiedad legal de sus dueños.

“El rito de demarcación tiene vicios, todo lo hecho últimamente se cuestiona en la Justicia”, señaló. Además, a su juicio, “la Funai se debilitó al ser tomada por funcionarios ideológicos”.

Pero su principal crítica es que la tierra sea “el único tema de Funai y los indigenistas”, olvidándose de “cuidar el ser humano, la salud y la educación” de los pobladores originarios.

En consecuencia, aseguró el diputado ruralista, que “en los últimos 10 años las muertes indígenas aumentaron 168 por ciento, no por la guerra o la violencia de los conflictos, sino por enfermedades” y 40 por ciento de los muertos son niños de cinco años o menos.

No tiene que ver con escasez de tierra, arguyó, recordando que en Brasil había 817.963 indígenas, 0,4 por ciento de la población total, según el censo de 2010, ocupando 117 millones de hectáreas, equivalentes a 13,7 por ciento del territorio nacional. Entonces, la población total apenas superaba los 190 millones de personas, frente a las proyecciones actuales de 211 millones.

Restar importancia a la cuestión de la tierra corresponde al interés de los ruralistas, en permanente conflicto con los competidores por la tierra, sean indígenas o campesinos que reclaman asentamientos de la reforma agraria. Todos los especialistas consideran la tierra como el factor clave para la sobrevivencia de los pueblos originarios.

La ofensiva ruralista actual, favorecida por su dominio legislativo, amenaza con poner fin al renacimiento indígena impulsado por el retorno a la democracia de Brasil en 1985 y la Constitución de tres años después.

La población indígena se limitaba a 294.131 personas en 1991, cuando se hizo el primer censo oficial que incorporó esa identificación étnica. En 2000 ese número más que se duplicó para alcanzar los 734.127 habitantes, y subió a 817.963 en 2010.

Esa multiplicación respondió a la demarcación de más de 80 por ciento de las 480 áreas ya homologadas como indígenas en Brasil desde 1988. Aún quedan por demarcar 224 áreas, la mitad ya identificadas y el resto aún en proceso de hacerlo.

“El crecimiento poblacional debe mantenerse en el censo de 2020, pese al recrudecimiento de las agresiones”, prevé Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una organización de la Iglesia Católica.

Muchas etnias están rescatando su identidad y tratando de recuperar tierras ocupadas en el pasado por sus pueblos. Es lo que pasa con los gamelas, que ocuparon haciendas buscando demarcar su territorio por su cuenta ante la inoperancia del gobierno, en una iniciativa que desató la violenta reacción de hacendados locales, explicó Buzatto.

La población indígena, pese a las adversidades políticas, sigue movilizada por sus derechos constitucionales.

Actualmente, en Brasil sobreviven 252 pueblos originarios, con 150 lenguas aún vivas de las 1.200 que se hablaban cuando llegaron los colonizadores portugueses en 1500, según datos de ISA. Los pueblos más numerosos son los guaraníes, tikunas, terena y yanomami.

El Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que tiene lugar en Brasilia, reunió cerca de 4.000 indígenas del 24 al 28 de abril, para denunciar “violencias, retrocesos y amenazas cometidos por el Estado brasileño” y defender los derechos asegurados por la Constitución y los tratados internacionales.

“Está en marcha un conjunto de amenazas y acciones que se relacionan y se retroalimentan”, con un ruralista en el Ministerio de Justicia, intentos de cambiar la Constitución para invadir tierras indígenas, descalificar el sistema de demarcación y asegurar impunidad a los agresores, resumió Buzatto.

Son acciones que se extienden al ambiente y a los derechos humanos, fomentando movimientos de resistencia.

Críticas a las actitudes del gobierno brasileño, especialmente en la cuestión indígena, se manifestaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el 5 de mayo sometió en Ginebra al país a la Revisión Periódica Universal. “Es un factor de esperanza”, concluyó el secretario de CIMI.

Editado por Estrella Gutiérrez