Ceremonia de apertura de la Conferencia sobre los Océanos, del 5 al 9 de junio de 2017, en Nueva York. Crédito: Mark Garten/UN Photo.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 6 2017 (IPS)

La salud de los océanos no hace más que empeorar y es necesario revertir el deterioro, coincidieron los delegados presentes en la apertura de la Conferencia sobre los Océanos en Nueva York.

Alrededor de 5.000 representantes de gobiernos, de la sociedad civil y del sector privado de una amplia variedad de países están reunidos en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con motivo del primer encuentro de alto nivel sobre los océanos, que se realiza del 5 al 9 de este mes, y que busca impulsar acciones para mejorar la situación de esas vastas extensiones vitales de agua.

“La salud de nuestros océanos y mares está estrechamente vinculada a la salud de nuestro planeta y a toda la vida en la Tierra”, subrayó el secretario general de la ONU, António Guterres, frente al plenario de la Asamblea General.

Pero los océanos están en riesgo por culpa de las actividades humanas.

“Estamos aquí en representación de la humanidad para restablecer la sostenibilidad, el equilibrio y el respeto por nuestra relación con nuestra madre primigenia, la fuente de toda la vida, los océanos”, remarcó el presidente de la 71 sesión de la Asamblea General, Peter Thomson.

“Es hora de que corrijamos nuestros errores”, sentenció.

Entre los asuntos más acuciantes que tratará la conferencia se destaca la contaminación marina, gran parte de la cual es por los plásticos.

Más de cinco billones (millón de millones) de plásticos, más de 260.000 toneladas, flotan actualmente en nuestros océanos, una masa que podría estar subestimada, y más de 80 por ciento de esos desperdicios proceden de la tierra.

Las corrientes oceánicas hacen que la basura se acumule en lo que se conoce como “islas de basura”, que existen virtualmente en todos los océanos. La más grande de estas tiene nombre propio, la Gran Mancha de Basura del Pacífico, ubicada entre Hawai y California y se estima que tiene un millón de kilómetros cuadrados.

La Gran Mancha es responsable de la pila de basura que bañó las costas de la que fuera la prístina isla de Henderson, en el sur del océano Pacífico.

Un estudio concluyó que ese lugar declarado patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) está cubierto por 38 millones de detritos, lo que la convierte en el lugar con mayor densidad de contaminación del mundo.

Los investigadores encontraron redes de pesca descartadas, soldaditos de juguete y cascos.

“No hay excusas para que la humanidad vuelque el equivalente a un gran camión de basura de plástico al océano por minuto y cada día. Soltamos una plaga plástica al océano que corrompe la naturaleza de muchas maneras trágicas”, subrayó Thomson en la conferencia.

El plástico que se vuelca al océano no queda flotando de forma inocua, sino que tiene consecuencias reales a largo plazo sobre la salud animal y humana.

La salud humana y oceánica es una sola

Los animales, que a menudo se encuentran enredados con la basura, suelen comer los pedazos de plástico con consecuencias mortales para ellos.

En un diálogo sobre contaminación marina, el primer día de la conferencia el lunes 5, el ministro del Clima de Noruega, Vidar Helgesen, señaló el caso de una ballena zifio (o ballenato de Cuvier) varada en la costa de su país a principios de este año a la que se le encontraron 30 bolsas de plástico en el estómago.

Los plásticos también liberan toxinas tras ser ingeridos, la que dañan la salud reproductiva de muchas especies de peces.

El director general del Programa de Ambiente Regional del Pacífico, Kosi Latu, señaló que se encontraron plásticos en 97 por ciento de las especies de peces estudiadas solo en ese océano.

El Foro Económico Mundial estimó que podrían haber más plásticos que peces en el océano en 2050 si continúa la actual tendencia de contaminación.

La evidencia también revela que la gente consume plásticos al ingerir productos marinos.

Al comprar pescado en los mercados de Indonesia y Estados Unidos, los investigadores concluyeron que uno de cada cuatro de ellos tenía plástico en sus entrañas. Los estudiosos europeos estimaron que la población europea podría estar ingiriendo 11.000 microplásticos al año a través de los mariscos.

El impacto todavía es incierto, pero los estudios han mostrado que el plástico ingerido por los humanos podría ser tóxico y elevar el riesgo de problemas de salud como el cáncer.

Un llamado a la acción

Los delegados presentes en la conferencia urgieron a tomar medidas para prevenir y reducir la contaminación marina, y ya se detallaron algunos compromisos para hacer frente al problema.

Indonesia se comprometió a reducir 70 por ciento la basura marina para 2025, mientras Tailandia creó un plan de gestión de la contaminación, que incluye fomentar el uso de sustitutos degradables e implementar una estrategia “3Rs” (reducir, reutilizar y reciclar).

La falta de fuertes políticas e infraestructura en la gestión de desperdicios es la principal responsable de la contaminación de los océanos. Por ejemplo, solo 14 por ciento de los envoltorios plásticos se recolectan en todo el mundo, lo que hace que millones de toneladas de plástico terminen en los vertederos terrestres y en los océanos.

“Sin un reciclaje efectivo, no creo que podamos resolver el problema”, confesó Latu.

La organización Ocean Conservancy también concluyó que Indonesia y Tailandia están entre los cinco países que más contaminan en el mundo.

Otros países, como Austria, se comprometieron a reducir el uso de bolsas plásticas, mientras Suecia prohibió el uso de microesferas de plástico en los productos cosméticos. En total, se recibieron más de 600 compromisos.

Organizaciones de la sociedad civil también se comprometieron a tomar varias medidas, incluso la fundación holandesa Ocean Cleanup, que creó un sistema rentable, que podría servir para limpiar 50 por ciento de la Gran Mancha de Basura del Pacífico en cinco años.

No hay un único método para todos los casos, pero igual los participantes en la conferencia se pusieron de acuerdo en una cosa: actuar ya si queremos un futuro seguro para nuestro planeta.

“Este es el año que dejamos de robar el futuro a nuestros nietos”, sentenció Thomson.

Por su parte, Guterres destacó la histórica relación entre los seres humanos y los océanos, como un llamado a la acción.

“Los suecos navegaban en el mar Báltico y llegaban hasta la actual Estambul hace 7.300 años. Y mucho antes, los pobladores de Fiyi lo hacían en canoas a velocidades máximas y recorrían distancias nunca vistas en la época en todo el Pacífico”, recordó.

“Un mito de creación japonés relata cómo se creó el archipiélago a partir del agua de mar, y el mito inuit se concentra en Sedna, la diosa el mar”, añadió.

“El mar nos pertenece a todos, por cierto”, resumió.

Además, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 14 se propone “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” e incluye la meta de “prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo” para 2025.

Y de hecho, la Conferencia sobre los Océanos, organizada por Suecia y Fiyi y que terminará este viernes 9 en Nueva York, se propone buscar la forma de implementar ese objetivo de la Agenda de Desarrollo para 2030.

Traducido por Verónica Firme

Tito Díaz, coordinador subregional de la FAO en Mesoamérica, durante su exposición en uno de los paneles del encuentro “La Alimentación Escolar como estrategia para el alcance de los Objetivos de Desarrollo, que se celebró en San José de Costa Rica del 20 al 22 de marzo. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/ IPS

Por Diego Arguedas Ortiz
SAN JOSÉ, Mar 23 2017 (IPS)

Sunita Daniel recuerda claramente cómo eran los programas de alimentación escolar en su natal Santa Lucía hasta hace un par de años: menús con comidas procesadas, productos importados y poca integración con las comunidades cercanas.

Todo esto cambió después de que la santalucense visitó Brasil, en 2014, y conoció el sistema brasileño que prioriza una atención continua, dietas balanceadas e integración con la agricultura familiar de cada localidad.

“Cuando regresé, le dije a mi gobierno: este es un buen ejemplo de algo que podemos hacer nosotros”, dijo Daniel, quien entonces era  jefa de planificación del Ministerio de Agricultura de su país.

Ahora, el pequeño Estado insular del Caribe prioriza las compras a productores locales, especialmente aquellos dedicados a la agricultura familiar, y trabaja en mejorar las dietas que reciben los escolares en los diferentes centros.

El caso de Santa Lucía no es único. Una nueva generación de programas de alimentación escolar que combinan nutrición saludable, compras públicas a agricultura familiar e integración social está transformando comedores y comunidades por la región de América Latina y el Caribe.

Estos proyectos toman como referencia la experiencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil, un amplio programa estatal que maduró por años y ahora se ubica en el corazón de un proyecto regional, impulsado por el gobierno brasileño.

Actualmente, el proyecto regional busca fortalecer la alimentación escolar en 13 países latinoamericanos y caribeños, mediante la cooperación triangular Sur-Sur que recibe el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Delegados de los países participantes en la iniciativa, de la FAO y del gobierno brasileño se dieron cita en la capital costarricense entre el lunes  20 y el miércoles  22  para participar en el encuentro “La Alimentación Escolar como estrategia para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, los ODS, y compartir sus experiencias.

“Este tipo de talleres fortalecen a todos. Al propio programa de Brasil, fortalece a los países y a los gobiernos. De verdad, funciona como una retroalimentación para inspirar el cambio”, explicó Najla Veloso, coordinadora regional del Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.

El sistema brasileño centra su atención en garantizar la cobertura de la alimentación escolar de manera continua y con alimentos de calidad. Los menús utilizan alimentos producidos por agricultores locales y huertas escolares en los propios centros educativos.

“(En Brasil), estamos hablando de ofrecer comida saludable y de manera continua todos los días del ciclo lectivo, alineado con educación alimentaria y nutricional y compras a agricultores familiares”, detalló Veloso a IPS durante el encuentro.

En un país de 208 millones de habitantes, más de 41 millones de estudiantes brasileños reciben una o más comidas en comedores de centros educativos, explicó Veloso, mediante una coordinación del gobierno federal, las autoridades de cada Estado y los representantes municipales.

“En ningún país del mundo se tiene esto”, aseguró la especialista brasileña.

Alumnas de una escuela en una aldea indígena del occidente de Honduras, en el huerto pedagógico donde cultivan y aprenden a la vez sobre la importancia de la alimentación nutritiva y saludable. Honduras tiene desde 2016 una ley que regula un programa de alimentación de nueva generación, donde la nutrición saludable, agricultura familiar de cada localidad y los huertos escolares se dan la mano. Crédito: Thelma Mejía/IPS

Con este caso de éxito como referencia, el proyecto de cooperación técnica regional comenzó en 2009 con cinco países, llegó a trabajar con 17 y ahora se mantiene el respaldo a 13 programas de nueva generación, en una iniciativa que está planificado que concluya este año.

Según dijo Veloso, más de 68 millones de escolares de la región, además de los brasileños,  se han beneficiado con los innovados comedores, pero además ha potenciado la articulación con comunidades y agricultores locales.

En la actualidad, el proyecto está presente en Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

El proyecto ha rendido diferentes frutos, ha seguido procesos diferentes en cada país y asume diferentes formatos, según las experiencias intercambiadas en San José.

En el caso de Santa Lucía, por ejemplo, las autoridades se aliaron con el sector privado para recaudar fondos y lograron así proveer comida a entre 8.000 y 9.000 escolares de entre 5 y 12 años, dijo Daniel.

En Honduras catalizó un trabajo desde las bases que permitió una articulación orgánica desde los municipios y las escuelas, compartió durante el encuentro Joselino Pacheco, coordinador del programa de Merienda Escolar.

“Nosotros no teníamos una ley de alimentación escolar hasta el año pasado, pero eso no nos detuvo porque nuestro trabajo viene desde la base”, explicó el delegado hondureño.

La ley, promulgada en septiembre de 2016, construyó sobre lo que venía trabajando un programa estatal fundado en 1998, y se respalda en organizaciones sociales que apoyan el proceso y que en parte son respaldadas por el proyecto regional, dijo Pacheco a IPS.

Junto a Honduras, también Bolivia, Brasil y Paraguay cuentan en la región con una ley específica para regular la alimentación escolar.

En el caso del anfitrión Costa Rica, el país ya tenía un programa de alimentación escolar extendido y que brindaba atención continua, por lo que las autoridades decidieron enfocarse  en expandir sus capacidades incluyendo los elementos innovadores a favor de la seguridad alimentaria de la nueva generación de iniciativas.

“Desde el año 2015 se ha desarrollado un programa de apertura de comedores durante el receso de mitad de período y al inicio y final del curso lectivo”, explicó la primera dama costarricense, Mercedes Peñas, una reconocida experta en el tema de desarrollo municipal.

En ese primer año se hizo un plan piloto en 121 comedores ubicados en los 75 distritos más vulnerables y para el 2016, el país amplió la cantidad de comedores y sirvió unos 200.000 platos en los primeros 40 días del curso escolar.

Estas son inversiones que ven frutos en el corto plazo, con una mejor alimentación de los niños, pero también tienen un impacto en la salud pública por décadas, dijo Ricardo Rapallo, coordinador técnico del programa Mesoamérica sin Hambre.

“Todo lo que no trabajemos sobre buenos hábitos alimentarios desde niños, es más complicados cambiarlos después”, apuntó Rapallo.

Lo que pase en los comedores escolares es fundamental para lograr un desarrollo económico, social y ambiental en América Latina, coincidieron los expositores, quienes ven este eje como un vehículo fundamental para alcanzar varios de los 17 ODS, que deben cumplirse para 2030.

“La experiencia de un programa de alimentación escolar, aunado a un programa de compras públicas a agricultura familiar, hace posible la agenda al  2030”, dijo Tito Díaz, coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO, durante uno de los paneles del encuentro de tres días.

Un caso icónico emergió del testimonio de Daniel. En Belle Vue, una localidad al suroeste de Santa Lucía, el comedor escolar inspiró a las mujeres de la comunidad y ellas empezaron su propio huerto.

“Ellas llegaron al comedor escolar y dijeron que querían producir. Muchos de ellas tienen niños en las escuelas”, apuntó Daniel, quien ahora ejerce como directora del programa de alimentación escolar en Santa Lucía y como enlace en la materia entre la FAO y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

La escuela instaló una guardería para atender a los hijos de las madres que aún no estaban en edad escolar y así ellas pudieron dedicarse al huerto. Gracias a ello, unas 30 madres reciben ahora un ingreso fijo.

Veloso explicó que si bien el proyecto de fortalecimiento cierra este año, están analizando qué necesidades y oportunidades existen para valorar si lanzan una segunda etapa.

Editado por Estrella Gutiérrez

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, delegados gubernamentales, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, llegaron de todos los continentes a Cancún, en el sureste de México, para presentar sus propuestas para cuidar la riqueza biológica. Crédito: Emilio Godoy/ IPS

Por Emilio Godoy
CANCÚN, México, Dec 12 2016 (IPS)

La biología sintética, la geoingeniería y el reconocimiento de los saberes ancestrales son los temas que más debate han acaparado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que concluye en este centro turístico mexicano el viernes 17. 

El desenlace de esos asuntos ocurrirá esta semana, en la recta final del encuentro que congrega desde el día 2 a la 13 Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad  Biológica  (CDB), conocida como la COP 13, y otros encuentros y foros internacionales vinculados a la riqueza natural del planeta.

Para los países del Sur en desarrollo, esos temas son vitales, debido al capital biológico y biocultural que concentran en sus territorios y que pueden sufrir menoscabo si son permitidos dentro del andamiaje del CDB.

“En una escala de uno a 10, diríamos que estamos en cuatro. Las negociaciones están lentas. Necesitamos que se agilicen y que vayan a favor de la población”, dijo a IPS el venezolano Santiago Obispo, dirigente de la no gubernamental Red de Cooperación Amazónica.

En cuanto a la biología sintética (synbio, en inglés), gobiernos, representantes académicos, de la sociedad civil e indígenas tienen temores sobre su impacto devastador en ecosistemas y medios de vida de las comunidades locales.

Esta disciplina consiste en ingeniería biológica asistida por computadoras para diseñar y construir formas de vida sintéticas, partes vivas, artefactos y sistemas que no existen en la naturaleza.

Actualmente, hay investigaciones sobre la creación de sabor sintético a vainilla, cuya producción industrial amenaza el bienestar de campesinos de países como Comores, China, Madagascar, México, Reunión y Uganda.

También hay pesquisas similares sobre el vetiver, una fragancia utilizada en productos cosméticos y cuya versión biosintética golpeará a productores en Brasil, China, Haití, Indonesia, Japón, India y Reunión.

Además, aparecen dentro de esta tecnología de laboratorio los llamados impulsores genéticos,  aquellos capaces de alterar permanentemente especies mediante el impulso de un “carácter” específico dentro del proceso reproductivo de los organismos.

Eso posibilita que sean esos genes alterados los heredados por toda la descendencia. El temor de sus opositores es que se eliminen especies o ecosistemas a la carta, con secuelas impredecibles.

En Cancún, donde participan más de 6.500 delegados oficiales y representantes sociales, más de 160 organizaciones no gubernamentales, académicas y de pueblos indígenas llamaron a imponer una moratoria a experimentos que involucren biología sintética, como la de estos impulsores genéticos.

En los debates de la COP 13, los bloques africano y caribeño, secundados por El Salvador, Bolivia y Venezuela, se pronunciaron a favor de esa moratoria, pero Australia, Brasil y Canadá lideran la presión por la aceptación de la synbio dentro del CDB.

Un tema que sí obtuvo unanimidad entre los Estados parte es el rechazo a las secuencias genéticas digitales, estructuras moleculares creadas con programas de cómputo.

En el texto de la Declaración de Cancún que se negocia no se incluye la palabra “moratoria” a la bioingeniería y los impulsores genéticos, pero sí se hace una invitación a los Estados a posponer ese tipo de investigaciones.

En anteriores COP, que se realizan bianualmente,  el CDB adoptó una aproximación precautoria sobre los efectos positivos y negativos de la synbio y pidió a las partes evaluaciones científicas en torno a ella.

Los delegados de los 196 Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica aprietan el paso para alcanzar acuerdos sobre la preservación y aprovechamiento de la biodiversidad del planeta, en una cumbre que se cierra el 17 de diciembre en Cancún, en México. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Para Barbara Unmüssig, una de las dos presidentas de la Fundación Heinrich Böll, vinculada al Partido Verde alemán, la cumbre de Cancún será un éxito si el CDB adopta enfoques precautorios sobre la ingeniería biológica y la geoingeniería.

“La COP debe salir con una fuerte postura para decir a las empresas globales detrás de la biología sintética y geoingeniería de que toma pasos para evaluarlas y establecer moratorias. Si confirma esas moratorias mostrará que es una convención con dientes y que no está a favor de ciertas tecnologías”, señaló la activista alemana a IPS.

La geoingeniería representa la manipulación intencional, en gran escala, de los sistemas del planeta para combatir el cambio climático mediante técnicas referidas al manejo de la radiación solar, remoción de gases efecto de invernadero y modificación climática.

Durante la COP 9, realizada en la ciudad alemana de Bonn en 2008,  el CDB adoptó una moratoria a la fertilización oceánica, una técnica de geoingeniería, y dos años, en la conferencia realizada en la ciudad japonesa de Nagoya,  otra a la modalidad como tal, una posición que no cambiará en Cancún.

En tanto, los representantes de los pueblos originarios han desplegado una gran actividad en la cumbre de Cancún, en defensa de sus derechos en sus territorios y como guardianes de su biodiversidad.

Bolivia planteó la creación de un órgano ad hoc responsable de los temas indígenas, después que los grupos ancestrales ya lograron el reconocimiento del CDB del concepto “pueblos indígenas y comunidades locales” como actores de derechos, en una demanda que cuenta con el apoyo sus organizaciones en todo el mundo.

Pero dentro de ese reconocimiento, el que los pueblos originarios deban dar su consentimiento a las políticas de protección y aprovechamiento de la  biodiversidad en sus territorios enfrenta problemas. El término “libre” dentro del propuesto consentimiento previo, libre e informado, bloquea las negociaciones por el rechazo que lideran Estados asiáticos y africanos.

“Queremos que haya un equilibrio de visiones, que haya un balance serio y responsable para fortalecer la participación de pueblos indígenas”, explicó a IPS el jefe de la delegación de Bolivia en la COP 13, Diego Pacheco, viceministro de Planeación y Desarrollo.

La Conferencia de Cancún se produce cuando se cumple la primera mitad del Decenio de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 2011-2020.

Varios estudios divulgados con motivo de la cumbre evidencian que el mundo sigue destruyendo los ecosistemas, a pesar de los esfuerzos conservacionistas.

Al respecto, el mundo incumplirá 60 por ciento de las Metas de Aichi, como se conocen los 20 puntos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 , adoptado en 2010 por los Estados parte del CDB, y que se refieren al cuidado de la riqueza natural, la participación de los pueblos indígenas y al aprovechamiento sostenible, entre otros.

“Es una negociación que va a afectar la biodiversidad en la Tierra. No podemos permitir que el CDB trate de mercantilizar la biodiversidad, que se le ponga un precio”, insistió el venezolano Obispo.

Unmüssig recomendó enfrentar las causas de la pérdida de la riqueza biológica.

“Tenemos que detener los principales factores de destrucción de la biodiversidad. Si realmente estamos interesados en mantener los ecosistemas, tenemos que pensar en medidas adecuadas contra la sobreexplotación de la pesca y la siembra de transgénicos”, planteó.

Ello, denunció, porque “la agroindustria trata de apoderarse de tierras para destinarlas a monocultivos, está ocurriendo en todo el mundo”.

Para Pacheco, el CDB no debe imponer “un modelo homogéneo”, pues “tiene que escuchar las alternativas, pero hay fuerte influencia de los países desarrollados”.

Temas como el reconocimiento a los polinizadores naturales y la designación de áreas marinas han avanzado sin mayores contratiempos.

En el primer caso, se valoró la importancia de la agroecología, del mantenimiento de sus hábitats y “evitar o reducir” el uso de las sustancias químicas tóxicas usadas en la agricultura, los agrotóxicos. En el segundo caso, se subrayó la transcendencia de la planificación marina.

En Cancún se decidió que Egipto sea la sede de la COP 14 en 2018.

Editado por Estrella Gutiérrez

Representantes de pueblos originarios de todo el mundo, en una reunión durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, en la ciudad balnearia de Cancún, en México. Los delegados indígenas defienden en la cumbre sus derechos y sus recursos naturales, amenazados por el cambio climático, el extractivismo y la biopiratería. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
CANCÚN, México, Dec 8 2016 (IPS)

“No tenemos acceso a las áreas marinas, porque la mayor parte son zonas protegidas o están en manos privadas. Los pueblos indígenas hemos ido perdiendo acceso a los territorios, en la medida en que esa decisión se volvió privilegio del Estado”, denunció el costarricense Donald Rojas. 

La queja del presidente de la no gubernamental Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, miembro del pueblo brunka, obedece a la prohibición para su pueblo y el de los huetar de ingresar a cinco de sus territorios ancestrales, tras ser declarados áreas naturales terrestres y marinas protegidas.

“Eso limita el acceso y el manejo de los recursos”, cuestionó Rojas, cuyo pueblo es uno de los ocho originarios en esa nación centroamericana de 4,8 millones de habitantes, donde hay unos 104.000 indígenas que ocupan una superficie de 3.500 kilómetros cuadrados.

Rojas es uno de los dirigentes indígenas latinoamericanos que participan  en esta ciudad balnearia del sureste de México en diferentes encuentros y foros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que congrega entre los días 2 y 17 de diciembre a cerca de 6.500 delegados de gobiernos, de organismos internacionales, académicos y representantes de la sociedad civil.

Los indígenas solían practicar la pesca, la navegación y el abastecimiento de alimentos en esas áreas situadas en las proximidades de los océanos Pacifico y Atlántico y parte de la zona económica exclusiva (ZEE) o mar patrimonial.

El conflicto refleja como los Estados acentúan la tendencia a explotar sus ZEE, aunque al mismo tiempo estén obligados a incrementar las áreas marinas protegidas y sanear los océanos, en una contradicción que suele generar fricciones y donde las comunidades locales son frecuentes víctimas.

Tal colisión quedó en evidencia durante la cumbre mundial sobre biodiversidad en Cancún, a unos 1.200 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

La cita cimera acoge a la 13 Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad  Biológica  (CDB), conocida como la COP13, además de otros encuentros intergubernamentales y foros vinculados a la preservación de la riqueza natural del planeta.

Las aguas costeras y las plataformas continentales son explotadas cada vez más para propósitos pesqueros, agrícolas, industriales o turísticos, al albergar recursos naturales aprovechados para un beneficio económico.

En las ZEE, que engloba la franja de 200 millas náuticas (340 kilómetros) más próxima a la costa, se practica la pesca, la navegación, la extracción de materiales pétreos y el dragado de puertos son actividades tradicionales que ahora se extienden a perforaciones en aguas ultraprofundas, minería submarina y la obtención de minerales provenientes de módulos polimetálicos.

En total, las áreas marinas protegidas abarcan casi 15 millones de kilómetros cuadrados o 4,12 por ciento de los océanos del mundo, lo que está muy por lejos de la meta de 10 por ciento, aunque  el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) resaltó en Cancún los incrementos logrados los últimos años.

La protección de aguas patrimoniales o territoriales, aquellas bajo jurisdicción nacional, sí alcanzan ya a 10 por ciento, según el “Informe Planeta Protegido 2016”, elaborado por el PNUMA y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

Mujeres indígenas de Ecuador reclaman la protección del maíz nativo durante la cumbre mundial sobre la biodiversidad, que se celebra en Cancún, en el sureste de México, entre el 2 y el 17 de diciembre. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Empero, solo 0,25 por ciento de áreas más allá de esa jurisdicción nacional en los mares está cubierto por áreas marinas protegidas, lo que evidencia una brecha significativa en los esfuerzos de conservación y resalta la necesidad urgente de hallar vías para superar los retos de crear tales zonas.

El objetivo 11 de las Metas de Aichi, como se conocen los 20 puntos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 , adoptado en 2010 por los Estados parte del CDB, establece que para 2020 las áreas para la conservación sean administradas de manera eficaz y equitativa.

También fija que para ese año deberán cubrir al menos 17 por ciento de las zonas terrestres del mundo y 10 por ciento de las zonas marinas, con énfasis en aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.

Además, el 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la comunidad internacional se planteó para cumplir en 2030 dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  se propone “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”.

Las 10 metas del ODS 14 abarcan la salud marina, el aprovechamiento sostenible de los recursos y la protección ecológica.

“Es un gran reto. Se puede adoptar dos enfoques. Uno se basa en la planeación territorial marina y el manejo, y en el otro, se seleccionan los sectores económicos y se aplican vedas”, señaló Christian Neumann, gerente de proyecto del Programa Marino del no gubernamental GRID-Arendal.

“El problema general es el sobreuso, es muy difícil colocarlos (los dos enfoques) en equilibrio. Hay un creciente entendimiento de que para tener desarrollo sostenible se necesita un océano sano”, añadió a IPS el directivo del centro que colabora con el PNUMA y con sede en Noruega.

Varias obras dan cuenta de la contradicción entre la explotación de las ZEE y la preservación ecológica y los derechos de los pobladores costeros.

Un ejemplo cercano a Cancún es el de la ampliación del Puerto de Veracruz, en el sureste mexicano, a pesar de que el proyecto representa una amenaza para el Sistema  Arrecifal Veracruzano, que abarca al menos 23 arrecifes y en el cual conviven  ecosistemas  de coral,  lechos  marinos  submareales,  aguas marinas someras, playas de arena y manglares.

Además, el Estado mexicano declaro ese sitio parque  marino nacional en 1992.

El proyecto, presentado como la mayor inversión portuaria en el país en 100 años, incluye la construcción de dos rompeolas de 7.740 metros de largo, una  dársena de 800 metros de diámetro, nueve tipos de terminales de muelles, sobre una superficie de unos nueve kilómetros cuadrados.

En Honduras, los indígenas misquitos están a la expectativa del futuro de la exploración petrolera iniciada en 2014 en el departamento de Gracias a Dios, frente a sus costas del Caribe.

“Es una zona de pesca, entonces hay un impacto sobre la actividad y los recursos pesqueros. Necesitamos saber qué pasa con esos trabajos”, declaró a IPS durante la cumbre Yuam Pravia, representante de la no gubernamental Unidad de la Miskitia-Moskitia Asla Takanka de Honduras.

En 2014, la británica BG Group comenzó la exploración marina en un área de 35.000 kilómetros cuadrados, concedidos por el gobierno hondureño.

En un intento por salvaguardar sus derechos, los indígenas misquitos elaboraron una serie de estándares para permitir esos trabajos. Pero, ante su incumplimiento, los misquitos y garífunas perjudicados estudian retirar su autorización.

En Costa Rica inició un diálogo entre el gobierno y los pueblos ancestrales para resolver el acceso territorial. “Se está perdiendo una base fundamental de la propia identidad indígena. Como el gobierno desconoce eso, se violenta todo un sistema biológico y cultural”, sostuvo el brunka Rojas.

Para Neumann, la energía, la minería y los desechos se convierten en desafíos serios. “Necesitamos considerar esos temas. Pero también tenemos la necesidad económica. Es difícil pensar en alternativas para millones de pescadores”, señaló.

A juicio de la misquita Pravia, los gobiernos deberían proteger los derechos de las comunidades. “Solo extienden los permisos, sin considerar los efectos. Falta información”, cuestionó.

Editado por Estrella Gutiérrez      

En Costa Rica, siete por ciento de la generación eléctrica es ya de fuente eólica, gracias a campos como el de las montañas de La Paz y Casamata, a 50 kilómetros de San José. La descarbonización de las fuentes de energía es un compromiso climático de la mayoría de los países latinoamericanos. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/IPS

Por Diego Arguedas Ortiz
SAN JOSÉ, Nov 4 2016 (IPS)

Con la ratificación y la entrada en vigor del Acuerdo de París todavía frescos, los países latinoamericanos llegan a la cumbre climática de Marrakech en busca de reglas claras que les permitan descarbonizar sus economías y así mitigar el calentamiento global.

Aprobado el 12 de diciembre de 2015 en la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), en la capital francesa, el histórico Acuerdo para contener el incremento de la temperatura del planeta, apenas sentó las bases de la arquitectura global y ahora requiere una minuciosa tarea para definir la letra menuda.

Este es un proceso que tardará años, coinciden expertos y negociadores consultados por IPS, pero América Latina puede empujar en tres campos que serán claves para transformar las economías de la región: tecnología, capacidades técnicas y financiamiento.

“Todos esos instrumentos de la cooperación internacional tienen que trabajar diferente a partir de ahora”, dijo la costarricense Andrea Meza, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía.

Entre el 7 y el 18 de noviembre, negociadores de 195 Estados parte se reunirán en la COP22, en la ciudad marroquí de Marrakech, para intentar afinar el proceso pactado para contener el calentamiento global y sus efectos en el clima planetario.

El Acuerdo climático entró en vigor en tiempo récord, este viernes 4 de noviembre, después que el el 5 de octubre completaron el trámite más de la mitad de los países y que aglutinaban más de 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta la fecha son 97 las partes que lo ratificaron.

Su texto establece que el aumento global de temperatura se mantenga al menos por debajo de los dos grados centígrados, con respecto a la era preindustiral, y realizar esfuerzos para “limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados” en este siglo.

Para hacerlo, cada nación deberá transformar sus economías, hasta ahora dependientes en combustibles fósiles petróleo, gas natural y carbón.

Esta evolución supone preguntas de fondo: ¿cómo se pagarán estos cambios en países de renta baja? ¿Cuáles expertos llegarán a implementarlo en cada país? ¿Quién cobrará las patentes tecnológicas por los nuevos paneles solares y automóviles eléctricos?

En materia de cambio climático, los países de América Latina se encuentran en una posición particular: con economías relativamente estables y solamente un país entre la lista de menos adelantados (Haití), la cooperación internacional para cumplir sus compromisos es necesaria, pero adquiere otro perfil.

Como otras regiones del Sur en desarrollo, los latinoamericanos necesitan apoyo financiero acompañado por otros de los llamados “medios de implementación”, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades.

Estos elementos existen en la dinámica internacional, pero necesitar renovarse.

América Latina produce 23 por ciento por ciento de la carne bovina del mundo, pero este boyante sector tiene alta responsabilidad en las emisiones de gases contaminantes de la región. En la imagen, un pequeño rebaño busca cobijo en torno al único árbol del pastizal, en la pampa argentina. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

“Con la asistencia técnica que tenemos, los países no lograrán tener procesos transformativos”, dijo Meza, negociadora nacional en el proceso de las COP desde 2015.

Costa Rica lidera este año la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, que agrupa también a Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Meza explicó que en conjunto abogarán por clarificar y avanzar esta agenda.

América Latina enfrenta el doble reto de duplicar su oferta energética hacia el 2050 pero hacerlo con fuentes limpias y sin emisiones de gases de efecto invernadero.

Al mismo tiempo, la región necesita transformar su economía altamente dependiente en actividades intensivas del suelo, como la ganadería y la agricultura a gran escala, que junto con el transporte y la generación eléctrica constituyen las grandes deudas climáticas latinoamericanas.

Un elemento central de esta discusión en la COP22 serán los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados prometieron facilitar a las economías del Sur a partir del 2020 y que serán destinados para promover acción contra el cambio climático.

Aunque la promesa fue consolidada hace seis años, en la COP16, celebrada en la ciudad mexicana de Cancún, todavía hay poca claridad sobre cómo se hará realidad.

“Hay una expectativa en Marrakech de que tengamos más señales positivas de cómo el financiamiento climático va a seguir. Por ahora es más de lo mismo”, dijo a IPS la economista brasileña Natalie Unterstell.

La especialista explicó que esas decisiones financieras ayudarán a acelerar la transformación regional. ¿Por qué? Porque cuando plantearon sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, en inglés), una parte importante de los países planteó acciones “condicionales” que solo podrían concretar con apoyo financiero.

No solo eso: algunos países latinoamericanos han visto cambios profundos en su situación política o económica, dijo Unterstell, miembro del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, un colectivo regional de organizaciones de la sociedad civil.

La especialista pone como ejemplo su país y explica que “Brasil está pasando por una crisis económica y fiscal muy importante entonces no hay nuevos recursos”.

La dirección financiera ya fue definida en el Acuerdo de París, que reconoce 100.000 millones anuales en su articulado, pero otra vez faltan los detalles cruciales de cómo convertir el compromiso en realidad.

Lo que emerja de Marruecos podrá incentivar fondos de empresas y de organizaciones internacionales.

“Nosotros tenemos que trabajar mucho con el sector privado y este necesita señales claras para saber dónde invertir”, acotó la especialista brasileña.

Por su potencial renovable y sus condiciones económicas y sociales, la región es ahora atractiva para los inversionistas.

El informe Climatescope del Bloomberg New Energy Finance, publicado en noviembre de 2015, colocó cuatro países latinoamericanos (Brasil, Chile, México y Uruguay) entre los 10 mejores destinos para invertir en energía limpia.

En conjunto, la región recibió 23.000 millones de dólares de capitales en este campo en 2014, según este informe, 49 por ciento más que el año anterior.

“A pesar del desaceleramiento generalizado, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) dijo que la inversión en energía renovable ha sido uno de los sectores más dinámicos en la región”, precisó a IPS el investigador Guy Edwards,  especializado en la región dentro del Centro de Estudios Ambientales de la estadunidense Universidad de Brown.

Existe dinero, entonces, pero no suficiente para lidiar con los impactos del cambio climático, un área más precaria y con altísimas necesidades financieras.

Un informe de la Cepal determinó en 2014 que el cambio climático podría costar entre 1,5 y cinco por ciento del producto interno bruto regional a mediados de siglo.

Para lidiar con ese impacto, dicen los expertos consultados y otros muchos, se necesita no solo dinero, sino asistencia técnica y transferencia de tecnología y en Marruecos se decidirá cómo se distribuye eso.

“América Latina siempre ha tenido un problema que, como no son los más pobres, no están en la primera fila para recibir apoyo”, apuntó Edwards.

Esto podría complicarse aún más en Marruecos.

Los negociadores latinoamericanos vigilan una iniciativa del bloque africano para colocar los países de ese continente en la lista de “más vulnerables”, una iniciativa que les daría prioridad en el acceso a los recursos junto con los pequeños estados insulares y las naciones menos adelantadas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Activistas protestan durante el foro social "Resistencia a Hábitat III" en la Universidad Central del Ecuador, que acogió el encuentro paralelo a la cumbre de Hábitat III y que participaron 100 organizaciones de más de 30 países para debatir sobre cómo avanzar en el derecho a la ciudad para todos. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
QUITO, Oct 21 2016 (IPS)

La cumbre mundial sobre vivienda sostenible y los foros alternativos realizados por las organizaciones sociales cerraron sus sesiones en la capital de Ecuador con visiones contrapuestas sobre el devenir de las urbes y el cumplimiento de derechos en esos espacios. 

Representantes de 195 Estados presentes en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)  adoptaron el jueves 20 la “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos sostenibles para todos”, tras cuatro días de deliberaciones.

La base de la declaración, conocida también como la Nueva Agenda Urbana, es la promoción del desarrollo urbano sostenible, prosperidad inclusiva, planeación y gestión del desarrollo espacial. “Si uno ve la Nueva Agenda Urbana como la construcción de la cooperación internacional, acordada por los países y ejecutada por los municipios, que no han participado en su elaboración, va a caminar a una crisis, porque va a haber un desencuentro”: Fernando Carrión.

En ese documento de 23 páginas, las partes se comprometen a combatir la pobreza, la desigualdad y la discriminación; mejorar la planificación urbana; y construir metrópolis resilientes al cambio climático.

Por otra parte, académicos y movimientos sociales plasmaron sus concepciones sobre el desarrollo social y los entornos urbano y rural en dos foros alternativos que también se desarrollaron entre el lunes 17 y el jueves 20, con críticas al modelo de construcción de Hábitat III y cuestionamientos sobre su aplicabilidad.

“Si uno ve la Nueva Agenda Urbana como la construcción de la cooperación internacional, acordada por los países y ejecutada por los municipios, que no han participado en su elaboración, va a caminar a una crisis, porque va a haber un desencuentro”, analizó para IPS el ecuatoriano Fernando Carrión, coordinador general del foro “Hacia un Hábitat 3 Alternativo” .

En ese foro alternativo, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), unos 140 expositores de 32 naciones y 40 organizaciones de la región discutieron sobre el derecho a la ciudad, conjunto de derechos en el ámbito urbano; diálogo con gobiernos locales y movimientos sociales; vivienda y justicia espacial, término similar al derecho a la ciudad.

Hábitat III, la cumbre urbana organizada por ONU Hábitat cada década, y a la que asistieron unos 35.000 delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, universidades y empresas, desembocó en la guía para la actuación política en materia de asentamientos los próximos 20 años.

Fuera de Estados Unidos y Europa, América Latina y el Caribe es la zona más urbanizada del planeta, pues 80 por ciento de su población total de 641 millones de personas habita en urbes.

Al menos 104 millones de latinoamericanos residen en asentamientos informales, mientras que en el mundo son unos 2.500 millones de personas quienes moran en esas condiciones, según datos de ONU Hábitat.

Ese fenómeno supone un desafío en regularización de títulos de propiedad y dotación de servicios básicos, y se suma al menú de problemas como contaminación, tráfico creciente, crecimiento desordenado y desigualdad que azota a las metrópolis.

“Necesitamos repensar cómo reorganizar la ciudad. Tenemos que organizarnos y movilizarnos. Vamos a evaluar el cumplimiento de gobiernos nacionales y locales. Estos son vitales, porque de ellos dependerá el cumplimiento de muchas cosas”, dijo a IPS la académica Allison Brown, de la británica Universidad de Cardiff.

Desde que se realizó la Primera Conferencia de Hábitat, en Vancouver en 1976, el mundo solo cumplió 70 por ciento de los compromisos adoptados en las dos primeras cumbres realizadas. Lo que es peor, el progreso prácticamente se estancó desde la celebración de Hábitat II, en Estambul. Crédito: HCI

La Declaración de Quito concitó críticas por algunos de sus contenidos y una de las inquietudes centrales surgidas en los debates es la definida como “post-Quito”, el destino de los compromisos asumidos por los Estados y por organizaciones sociales.

Los acuerdos de Hábitat III “no pueden producir la reforma urbana que necesitamos, como el acceso integral al suelo con servicios. Eso se logra con lucha. La participación política local es la que produce espacios para presionar por la reforma urbana”, sostuvo a IPS la brasileña Isabella Goncalves, de las Brigadas Populares.

La activista asistió al foro social “Resistencia a Hábitat III”, que movilizó entre los días 14 y 20 del mes a delegados de 100 organizaciones sociales de 35 naciones para abordar asuntos como el rechazo a los desalojos, promover la vivienda social y defender el derecho a la ciudad.

En su declaración final, el foro social llamó a fortalecer los movimientos que defienden la tierra y el territorio, demandó el derecho universal a la vivienda y cuestionó Hábitat III por impulsar la urbanización, en detrimento de las áreas rurales y sus pobladores.

Por su parte, la no gubernamental Coalición Internacional para el Hábitat criticó “la visión estrecha” de la Nueva Agenda Urbana, lamentó que Hábitat III olvidara la protección y remediación de los desalojos forzados, combatir la carencia de vivienda y alcanzar el derecho a esta última.

Además, pidió a los Estados “regular las transacciones financieras globales, acabar o limitar los instrumentos financieros especulativos opacos, combatir la especulación inmobiliaria, regular las rentas, mejorar la tenencia social, producción y, financiamientos de vivienda y el hábitat y prevenir la privatización del espacio público”.

Los académicos y movimientos sociales no quieren repetir lo sucedido en el post-Hábitat II, realizada en  Estambul en 1996, cuya aplicación careció de monitoreo y evaluación.

Por ello, los convocantes de “Hacia un Hábitat 3 Alternativo” pactaron la creación de un observatorio para monitorear las decisiones tomadas, reuniones bianuales y la difusión de los resultados de la investigación y el seguimiento de la marcha de las urbes.

La Declaración de Quito menciona revisiones periódicas y llama al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a incluir una evaluación sobre los avances y desafíos en su reporte cuatrienal en 2026.

El periodo transcurrido entre la cumbre de Estambul y la que acaba de clausurarse en Quito sirve de muestra de lo que puede ocurrir con la Nueva Agenda Urbana.

El  Índice de Cumplimiento de Hábitat, producto del Proyecto Global de Futuros Urbanos, presentado en Hábitat III, indica el poco avance suscitado desde 1996.

Entre 1976, cuando se realizó Hábitat I en Vancouver y la celebración de Hábitat II, el promedio global de cumplimiento fue de 68,68, indica el proyecto, un esfuerzo conjunto de universidades y organismos no gubernamentales radicado en la New School University en Nueva York y que se basa en indicadores de capacidad institucional, género, infraestructura residencial, pobreza, empleo y sostenibilidad.

Pero desde la cumbre de 1996 en Estambul hasta la de Quito, el cumplimiento solo avanzó 1,49 puntos. América Latina y el Sudeste Asiático elevaron sus puntuaciones. Mientras África subsahariana y del norte experimentaron cifras extremas de adelanto y estancamiento y China e India no mejoraron su posición.

En cuanto a los temas,  en aspectos como equidad de género se registró un fuerte avance, infraestructura, pobreza y sostenibilidad progresaron moderadamente.

“No se logró incluir un monitoreo ciudadano ni un comité asesor de la Nueva Agenda Urbana. Por eso, vamos a crear un mecanismo de seguimiento. Son necesarios compromisos concretos” dentro de la agenda, planteó a IPS el salvadoreño Luis Bonilla, director operativo de TECHO Internacional.

Para Carrión, catedrático de Flacso y coordinador de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, “se ha concitado la atención de muchas organizaciones y ahora vemos qué se puede hacer a futuro”. Quito fue entonces, para los movimientos sociales, el comienzo del camino.

 Editado por Estrella Gutiérrez

Un joven campesino transporta con un burro su cosecha de frutos y racimos de palma africana. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Emilio Godoy
HONOLULÚ, Estados Unidos, Sep 9 2016 (IPS)

“En San Lorenzo talaron la selva para sembrar palma (africana) aceitera. Si no avanzaron más, es porque los pueblos indígenas lograron frenar la expansión”, denuncia el ecuatoriano Santiago Levy en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza. 

El coordinador en la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, de la no gubernamental Fundación para el Desarrollo de Alternativas, enumera el impacto de ese cultivo extensivo en departamentos de esa región, fronteriza con Colombia, desde comienzo de la década pasada.

“Se necesita infraestructura, mucha agua para su procesamiento y genera residuos líquidos que van al suelo. No veo palma sostenible, implica botar selva para poner un monocultivo”, señaló a IPS durante el Congreso, que hospedó la capital del estadounidense estado insular de Hawái los 10 primeros días de septiembre. “Hay necesidad de movilizar esfuerzos para responder a todos los problemas de la palma. Debemos ir paso a paso. Primero, tenemos que detener la deforestación y luego afrontar la intensificación de actividades de siembra que ocurren en tierras degradadas”: Arnold Sitompul.

La mención relata el desarrollo de la palma africana o aceitera (Elaeis guineensis) en esa nación latinoamericana, como ha ocurrido también en años recientes en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras e Indonesia, el mayor productor mundial.

La fiebre por la palma africana, cuyo fruto se muele para extraer aceite que se consume en la industria de alimentos, cosmética y agrocombustibles, ha contagiado a varios países, derivando en confrontaciones territoriales, deforestación, disputas laborales, contaminación del agua e, incluso, el asesinato de algunos líderes locales.

Ese legado coloca en tela de juicio los mecanismos fomentados por las naciones productoras, la industria, organizaciones ambientalistas y académicos para el cultivo sostenible de la oleaginosa.

Un nuevo intento fue promovido por los participantes durante el Congreso organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en este archipiélago en medio del océano Pacífico.

Una de las resoluciones debatidas a profundidad durante la cumbre ambiental versó sobre mitigar los impactos de la expansión de la palma de aceite y de las actividades ligadas a su cultivo sobre la biodiversidad, en un intento por impedir que esa agroindustria avance hacia ecosistemas libres de esa actividad.

La moción solicitó a la UICN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales, analizar la situación sobre las repercusiones de la expansión de la palma africana sobre la conservación de la biodiversidad, además de examinar y definir buenas prácticas para el sector.

También se instó a formar un grupo de trabajo para apoyar a gobiernos y otros actores a delimitar los ecosistemas para el cultivo de la palma, y a sus miembros, a aplicar salvaguardas adecuadas para los pueblos indígena, víctimas de la ampliación del cultivo.

En los Compromisos de Hawái, el documento con 99 resoluciones del Congreso, se reconoce que “la intensificación y la industrialización de la agricultura amplían su huella y sustituyen las prácticas no intensivas o tradicionales, se destruyen los ecosistemas naturales y la biodiversidad”.

El Congreso, que la UINC realiza cada cuatro años y que en esta edición ha tenido como lema “Planeta en la encrucijada”, congregó aquí a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de  gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas.

Primera parte del procesamiento del fruto de la palma africana, cuyo aceite incrementa su demanda en el mundo, con un impacto para la biodiversidad. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Arnold Sitompul, director de Conservación en la oficina en Indonesia del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza, consideró que el modelo actual de certificación de la palma sostenible no ha funcionado, pues persiste la deforestación y la pérdida de riqueza biológica.

“Hay necesidad de movilizar esfuerzos para responder a todos los problemas de la palma. Debemos ir paso a paso. Primero, tenemos que detener la deforestación y luego afrontar la intensificación de actividades de siembra que ocurren en tierras degradadas”, planteó a IPS.

En su país, desde 1985 el área cultivada creció ocho veces. A partir de 2011, el gobierno de Jakarta ha impuesto moratorias al otorgamiento de nuevas licencias de siembra, aunque según el activista no resultaron eficaces en controlar la expansión del cultivo.

En el mundo están sembrados unos 200.000 kilómetros cuadrados de palma africana, que abastecen 23 por ciento de la demanda global de aceites y grasas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el procesamiento mundial de aceite de palma para el ciclo 2016-2017 alcanzará 65,5 millones de toneladas, 10 por ciento más que en 2015.

Indonesia, el mayor productor de la materia prima, dedica al cultivo unos 80.000 kilómetros cuadrados, con una producción anual de 35 millones de toneladas. Le siguen Malasia, con 56.000 kilómetros cuadrados y 21 millones de toneladas, y Tailandia, con 10.000 kilómetros y 2,3 millones de toneladas.

En América Latina, Colombia, el cuarto productor mundial, genera más de un millón de toneladas anuales de aceite en 5.000 kilómetros cuadrados de cultivo.

Detrás están  Ecuador (560.000 toneladas y 2.800 kilómetros cuadrados), Honduras (545.00 toneladas y 1.250 kilómetros cuadrados), Brasil (360.000 toneladas y 1.500 kilómetros cuadrados) y Guatemala (350.000 toneladas y 1.200 kilómetros cuadrados).

El modelo de palma sostenible “no ha funcionado”, a juicio de Antony Lynam, asesor regional de los programas para Asia de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, con sede en Nueva York. “Hay que proteger a los bosques de la expansión de la palma”, sostuvo ante IPS.

La certificación “no puede ser un pretexto para las empresas para dañar el ambiente. No puede convertirse en ‘green washing’ (simulación ecológica)”, dijo una fuente ambientalista a IPS durante el Congreso, bajo condición de anonimato.

Una Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, en inglés), que reúne a los diferentes actores involucrados desde 2004, creo un sistema de certificación.

Una revisión del mecanismo de quejas de la RSPO  parece confirmar esas conclusiones sobre la producción de Aceite de Palma Sostenible Certificado (CSPO, en inglés), por el incremento de los reclamos desde 2014.

Del total de las 64 quejas acumuladas, 40 por ciento se refieren al consentimiento previo de los pueblos indígenas al cultivo en sus territorios, 23 por ciento a problemas de conservación y 16 por ciento a contaminación y quema de bosques y selvas.

Indonesia encabeza la lista con 35 denuncias, seguido por Malasia (13) y Colombia (dos). El resto está repartido entre Brasil, Camerún, Costa Rica, Francia, Liberia y Perú.

Cuando se reunió el 30 de junio en Malasia, la junta del Panel de Quejas de la RSPO, integrado por representantes de empresas, bancos y organizaciones ambientalistas, recibió reclamos sobre violaciones de derechos laborales, libertad de movimiento de pueblos indígenas, incumplimiento en pagos e impactos sobre la biodiversidad.

La RSPO, que aglutina a unos 3.000 miembros de siete sectores vinculados con la agroindustria, certificó hasta ahora casi 11 millones de toneladas de aceite de palma y cubrió 22.100 kilómetros cuadrados de cultivo.

La organización elaboró un conjunto de criterios sociales y ambientales que las empresas deben cumplir para producir aceite certificado como sostenible, que incluyen su total trazabilidad, el cumplimiento de los derechos laborales e indígenas, la no ocupación de áreas de valor biológico y prácticas agrícolas limpias.

Hasta ahora el aceite certificado proviene de Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Brasil y Colombia y solo representa 17 por ciento de la producción mundial.

“No tiene sentido hacer biocombustible con la comida. Hay que buscar alternativas a las oleaginosas, con la expectativa de que no dañen el ambiente”, señaló el ecuatoriano Levy.

Sitompul es optimista de que pueden mejorar las prácticas industriales. “Es un buen momento para mejorar la situación. Se puede incentivar mejores prácticas. Indonesia debe enfocarse en dar valor agregado al sector, en vez de sólo aportar materia prima”, planteó.

Editado por Estrella Gutiérrez