La tuberculosis permanece como la enfermedad infecciosa más letal en el mundo y en 2015 mató más de 1,8 millones de personas. Crédito: MSF

Por Corresponsales de IPS
GINEBRA/HAMBURGO, Jul 5 2017 (IPS)

Los mandatarios del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes afrontarán durante su cumbre del 7 y 8 de julio el reclamo de dos instituciones medicas internacionales, para que aumenten sus esfuerzos en el combate contra la tuberculosis.

Tan solo en 2015 murieron 1,8 millones de personas por la enfermedad y a pesar de que la tuberculosis es susceptible de prevención y tratamiento, todavía figura en el mundo como la enfermedad infecciosa más letal.

Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Alianza Alto a la Tuberculosis, dos reputadas organizaciones humanitarias, presentaron este miércoles 5 un informe destinado a sensibilizar al G20, en su cumbre anual en la ciudad alemana de Hamburgo.

El informe examina las políticas y prácticas que se aplican contra la tuberculosis en 29 países seleccionados, que en total suman 82 por ciento de los casos de la enfermedad en el mundo.

Las conclusiones del estudio demuestran que esos países pueden mejorar en los aspectos de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis (TB).

El documento subraya que de los 10,4 millones de casos de TB registrados en el mundo en 2015, la mayoría (54 por ciento) residía en países miembro del G20.

Desde que en 2008 comenzó sus sesiones en la cumbre de Washington, el G20 acoge a los países que sobresalen por su economía o por su población y a algunos más provenientes del Sur en desarrollo.

En la cita de Hamburgo participarán también ocho naciones invitadas, además de representantes de organizaciones intergubernamentales.

A partir de 2008, en coincidencia con la crisis financiera desatada en Estados Unidos y expandida luego al resto del mundo, las prioridades del G20 se concentraron en esos temas económicos y financieros, incluyendo también cuestiones vinculadas al empleo y al desarrollo.

Paulatinamente, el G20 se ocupó además de la brecha de género, el ambiente, la digitalización y el terrorismo.

Solo en 2015, durante la cumbre realizada en Antalya, al sur de Turquía, el G20 incluyó entre sus prioridades un llamado de atención ante los riesgos que afronta la salud en el mundo.

Identificó entonces a la resistencia antimicrobiana, las amenazas de enfermedades infecciosas y los sistemas sanitarios ineficientes como los peligros que pueden tener un efecto significativo en el crecimiento y la estabilidad global.

Al año siguiente, en la cumbre de Hangzhou, en China,  se instruyo a las principales organizaciones internacionales para que en Hamburgo presentasen recomendaciones concretas sobre los pasos que el G20 podría adoptar para enfrentar la resistencia antimicrobiana, incluyendo incentivos para la investigación y el desarrollo.

El documento de MSF y de la Alianza Alto a la Tuberculosis es uno de los aportes que tendrá el G20. Otras contribuciones fueron discutidas por los ministros del mismo G20 durante la reunión preparatoria que sostuvieron en Berlín el 19 y 20 de mayo.

Una de las instituciones intergubernamentales invitadas a la cumbre es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que será representada en Hamburgo por su flamante director general, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien asumió el 1 de julio su mandato de cinco años.

Marsha Vanderford, directora de comunicaciones de la OMS, dijo a IPS en la sede del organismo en Ginebra que Tedros no llevará un documento a la cumbre. Sin embargo, Vanderford confía en que el director general del organismo podrá tener la oportunidad de ofrecer información a los mandatarios sobre los temas específicos de salud.

Tedros hablara con jefes de Estado y de gobierno, así como líderes internacionales,  de los avances necesarios para alcanzar los objetivos de salud global, como la cobertura universal, la seguridad sanitaria, el efecto del cambio climático en la salud y el combate a la resistencia antimicrobiana, dijo Vanderford.

El informe de MSF y de la Alianza Alto a la Tuberculosis reclama que durante la cumbre de Hamburgo los gobiernos decidan incluir a la enfermedad en sus esfuerzos por superar el más amplio problema de las infecciones resistentes a los medicamentos.

Lucica Ditiu, directora de la Alianza Alto a la Tuberculosis, que opera en el marco de la OMS, recordó que la enfermedad es “una asesina de larga data, pero nosotros disponemos del conocimiento y los instrumentos para afrontarla. Muchos países no utilizan esos avances y como resultado, la gente está muriendo”.

“Estamos pidiendo a los lideres del G20 que despierten y hagan algo para detener estas muertes innecesarias y la expansión de la tuberculosis, incluyendo la tuberculosis resistente a los medicamentos”, insistió Ditiu en Ginebra.

“Con la tuberculosis, las agujas del reloj avanzan rápidamente pues cada 18 segundos una persona muere de la enfermedad. Tenemos que cambiar esto”, advirtió Sharonann Lynch, asesora en políticas de VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida) y TB de Médicos Sin Fronteras.

En los últimos cuatro años “el número de personas diagnosticadas no avanza, mientras que el número de muertes ha aumentado, en lugar de disminuir. Los países necesitan usar nuevos instrumentos y acelerar el ritmo de sus respuestas”, exigió Lynch.

Los gobiernos de los países del G20 son los mayores contribuyentes a las campanas mundiales contra la tuberculosis. En 2016 esas naciones donaron más de 1.600 millones de dólares al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (paludismo).

Ahora, los líderes del G20 tienen que movilizar sus recursos para conseguir que más personas obtengan diagnósticos, que sean más accesibles los tratamientos efectivos para todos los enfermos de tuberculosis y que se reduzcan las muertes causadas por la enfermedad, concluyó el informe de las dos organizaciones médicas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Representantes de los pueblos mapuche, lonko y machi, durante la izada de bandera en la plaza de Armas de Vilcún, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en uno de los numerosos actos que se realizaron en Chile el 24 de junio, declarado fiesta nacional por el We Tripantu, el año nuevo mapuche. Crédito: Mirna Concha/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Jun 28 2017 (IPS)

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”: Carlos Bresciani.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores  creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,  que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile

Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo.  Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión  trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento  han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato)  debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.

Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.

Editado por Estrella Gutiérrez 

Las protestas contra la corrupción han perdido han su carácter multitudinario en Brasil y como sucedió con esta realizada en la ciudad de São Paulo el 24 de mayo, en demanda de la salida del presidente Michel Temer del poder. Crédito: Paulo Pinto/AGPT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 23 2017 (IPS)

Ahora que los escándalos de corrupción se hicieron más contundentes y con una secuencia más acelerada, afectando directamente el gobierno, sorprende el silencio de las calles en contraste con las masivas protestas de los dos últimos años en Brasil.

“Antes yo sentía irritación, ahora indiferencia, cansancio y descreimiento, ante los hilos de corrupción que nunca terminan”, confesó Paulo Costa, un funcionario público jubilado en la sureña metrópoli de São Paulo, en un sentimiento compartido por otros ciudadanos consultados por IPS.

Su evolución refleja al parecer la reacción de amplios sectores del país, tres años después del inicio de la oleada de crecientes revelaciones sobre como empresas conquistaban grandes negocios y beneficios oficiales, sobornando el sistema político.

“Es la sensación de que no hay remedio, hay mucha desesperanza e ira, las personas ya no le creen a la Justicia”, observó Mireya Valencia entre sus amigos y colegas, especialmente en la Universidad de Brasilia, donde es profesora de desarrollo rural.

Su sentimiento personal es de “mucha indignación y la convicción de que la crisis política, moral e institucional brasileña solo podrá superarse a mediano plazo”, resumió.

Está en juego nada menos que la presidencia de Brasil, 13 meses después que la mandataria Dilma Rousseff fuese separada del poder para responder a un proceso de inhabilitación ante el Senado, que la destituyó definitivamente el 31 de agosto de 2016.

Michel Temer, su sucesor como vicepresidente elegido en octubre de 2014, está en vías de ser enjuiciado en el Supremo Tribunal Federal bajo acusación de corrupción pasiva, basada en denuncias de Joesley Batista, propietario de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, y otras grandes empresas.

Batista grabó una conversación más que comprometedora con el presidente en marzo y lo acusa de comandar “la organización criminal más peligrosa de Brasil”.

Un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares al cambio actual) semanales durante 20 años empezó a ser pagado a esa alegada organización delictiva, según el empresario, para asegurar gas natural a precios reducidos a una central termoeléctrica de su grupo empresarial.

El primer pago, a fines de abril, se hizo a un exasesor del presidente, el diputado suplente Rodrigo Loures, en un encuentro filmado por la Policía Federal. Loures está detenido desde el 3 de junio y bajo investigación junto con Temer, quien ha rechazado renunciar.

Aecio Neves, acusado de recibir sobornos por el equivalente a 605.000 millones de dólares, por lo que puso a su Partido de la Socialdemocracia Brasileña en el centro de los escándalos de corrupción, como ha ido ocurriendo con los otros principales partidos del país. Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Convivir con un primer mandatario sin la dignidad del cargo y reconocer la carencia de líderes idóneos para sustituirlo están dañando el alma de los brasileños, como lo hacen algunas derrotas históricas del equipo nacional de fútbol.

“Tristeza”, resumió Maria Luiza Rossoni, jubilada como profesora de enseñanza básica, cuyos “restos de esperanza en el Partido de la Socialdemocracia se evaporaron”, al terminar de comprobar que son “todos corruptos y bellacos”.

“Mi esperanza es que el pueblo vote mejor en las próximas elecciones”, después de “la clase de política” que representaron las investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general), revelando como operan ilegalmente los políticos actuales, destacó.

“Un mixto de indignación y frustración” agobia, “en esa crisis anunciada”, al periodista Carlos Muller, director de Comunicación de la Asociación Nacional de Diarios, con sede en Brasilia.

Las reacciones tienen sesgos partidarios, con una tendencia a culpar adversarios por la corrupción o atribuir denuncias a conspiraciones políticas, constató.

Es poco probable que ocurran movilizaciones masivas contra la corrupción sistémica, en parte obstaculizadas por las opciones partidistas o ideológicas de cada uno, que se supeditan a cuestiones morales.

“Las personas están atónitas ante la cantidad de denuncias y la dificultad de identificar el mejor camino, pautas que puedan abrazar”, sostuvo Adelaide de Oliveira, coordinadora Nacional de Ciudades del movimiento “Vem pra Rua (Ven a la calle)”.

Así justificó ella la ausencia actual de movilizaciones en las calles. Su movimiento es acusado de no tener hacia el gobierno conservador presidido por Temer la misma actitud de cuando se trataba de derrocar a Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Vem pra Rua y otros grupos movilizaron millones de personas en manifestaciones que impulsaron el proceso de inhabilitación de la ex presidenta. “Fueron 6,4 millones de personas en las calles de todo Brasil el 13 de marzo de 2016”, dijo Oliveira a IPS. La policía y la los medios de comunicación divulgaron estimaciones muy inferiores.

“En 2016 rechazamos el gobierno del PT por su desastre económico y la corrupción”, en un momento que las investigaciones destacaban ese partido en la desviación de recursos del estatal consorcio petrolero Petrobras, recordó.

Pero el movimiento es suprapartidario y pregona “un combate sistemático a cualquier corrupción, por el fin de la impunidad”, afirmó. Renovación política es otro objetivo, realzado ahora por la falta de alternativas visibles si cae Temer. “Necesitamos gente nueva en la política”, sentenció.

Pasada la perplejidad, “la gente volverá a las calles” en nuevas protestas multitudinarias, aseguró Oliveira, quien argumentó que ya hubo pequeños actos en marzo y que su movimiento cuenta con 5.000 activistas en 300 ciudades de Brasil e incorporó las redes sociales de Internet para la movilización.

Pero las perspectivas brasileñas son de incertidumbres y riesgos de deterioro político y social, evaluó Fernando Lattman-Weltmann, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

“¿Quién conseguiría gobernar Brasil en el ambiente actual, en que la agenda política es policial?”, se preguntó, destacando la falta de gobernabilidad, dificultades de constituir una mayoría parlamentaria y la reñida lucha por el poder, sumándose el combate a la corrupción convertido en “cacería a las brujas”.

Con “las instituciones en harapos” e inestables, el Poder Judicial se politizó e interfiere en todo, rompiendo el equilibrio de poderes. “No hay un debate efectivo sobre alternativas políticas para el país”, lamentó.

La crisis política, “sin salida en el horizonte”, puede conducir Brasil a dos rumbos, la “argentinización” y la “colombianización”, opinó el académico a IPS.

El primer caso consistiría en “una decadencia durante décadas, con estancamiento económico y radicalización política”, con algo similar al antagonismo entre “peronistas y antiperonistas, en que los dos lados se sabotean mutuamente”, explicó.

Con cerca de 60.000 homicidios al año, “cifras de guerra civil”, el Estado en crisis incapaz de promover un mínimo de seguridad pública y las políticas actuales que tienden a ampliar la pobreza y la desigualdad, “la violencia se agravará en Brasil”, acercándose al nivel de “Colombia dominada por el narcotráfico”, según Lattman-Weltman.

“Son contextos distintos, la violencia en Brasil es de la delincuencia en reductos con disputa de sus dominios por el tráfico de drogas u otro tipo de criminalidad, pero no vinculados a supuestos reclamos políticos como en Colombia”, matizó Mireya Valencia, de origen colombiano y quien reside en Brasilia hace décadas.

Editado por Estrella Gutiérrez

Policías reprimen con gases lacrimógenos una manifestación sindical que el 24 de mayo intentaba llegar a la sede del legislativo Congreso Nacional, en Brasil, en rechazo a las proyectadas reformas laborales y previsionales que recortan derechos sociales. Crédito: UGT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 19 2017 (IPS)

Además de elevar a 14,2 millones el total de desempleados, la aguda recesión en los dos últimos años introdujo a Brasil la tendencia mundial de flexibilizar las leyes laborales para abaratar más aún el costo del trabajo.

Generar más empleos sin afectar ningún derecho es el argumento básico del gobierno y defensores de la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente de votación en el Senado, anunciada para fines de este mes.

La “creciente precarización del trabajo” será la consecuencia de esa medida, sostuvo Ricardo Antunes, profesor de sociología en la Universidad de Campinas, en el sureño estado de São Paulo.“La tercerización elimina la relación empleado-empleador, con el desplazamiento frecuente del trabajador de un local de trabajo a otro, de funciones. El trabajador pierde su identidad, deja de saber si es metalúrgico o prestador de servicios, a que categoría pertenece”: Wagnar Santana.

El proceso que “devasta todos los derechos laborales”, según el académico, comprende también la ley de tercerización de las funciones empresariales, ya vigente desde marzo, y una reforma previsional aún en trámite inicial en el parlamento, pero de difícil aprobación por exigir mayoría de dos tercios en las dos cámaras legislativas.

“Esa es una tendencia mundial que avanza según la resistencia en cada país, menos donde el movimiento sindical es fuerte, como Alemania y Francia, y más donde el sindicalismo es débil, como el Reino Unido y Estados Unidos”, dijo Antunes en un análisis para IPS.

En Brasil los trabajadores enfrentan esa ofensiva del capital debilitados por el desempleo, que debe mantenerse elevado por un largo período.

La tasa de desempleo abierto, medida por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), fue de 13,7 por ciento en el primer trimestre de 2017, correspondiendo a los 14,2 millones de desocupados, en un país con 207,6 millones de habitantes y una fuerza de trabajo de 103,1 millones.

Pero la fuerza de trabajo “subutilizada” en la medición del IBGE alcanzó 24,1 por ciento o 26,5 millones de trabajadores, al incorporar los que trabajan pocas horas semanales y los que se considera solo mano de obra “potencial”.

La correlación de fuerzas parlamentarias también es totalmente desfavorable, con el gobierno del presidente Michel Temer con una amplia mayoría, aunque esté vulnerable por las denuncias de corrupción contra el propio mandatario y casi todos los líderes de la alianza gobernante, con la amenaza de ser enjuiciados por el Supremo Tribunal Federal.

La legislación propuesta por el gobierno “desregula las relaciones laborales con argumentos que revelan ignorancia o mala fe”, acusó Wagnar Santana, nuevo presidente electo del Sindicato de Metalúrgicos del ABC, región industrial vecina a São Paulo y cuna del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT).

“Esa desregulación no incrementó el empleo en países como España, México y Portugal, sino que aumentó el trabajo informal. En México quien trabaja en la Volkswagen necesita otro empleo para una vida decente como acá”, comparó el sindicalista, obrero de esa montadora de vehículos de capital alemán.

Mantener formalmente derechos, como descanso semanal y seguro enfermedad, representa poco si se le quita al trabajador condiciones de hacerlos efectivos, ante la diseminación de la informalidad, la tercerización, la inestabilidad en el empleo y también la debilidad sindical, razonó a IPS.

“La tercerización elimina la relación empleado-empleador, con el desplazamiento frecuente del trabajador de un local de trabajo a otro, de funciones. El trabajador pierde su identidad, deja de saber si es metalúrgico o prestador de servicios, a que categoría pertenece”, lamentó Santana.

Se difunde la dificultad de organización de los sindicatos como el del sector de construcción, donde es intensa la rotación de empleados, acotó.

De esa forma, hacer que acuerdos entre patrones y empleados se impongan a las leyes, como pretende la propuesta oficial, juega en contra de los trabajadores.

Los sindicatos más organizados y fuertes, como los de grandes industrias ciudades, podrían negociar mejores acuerdos y hacerlos respetar, pero no así los demás, sin capacidad de resistencia. “Eso terminaría por nos debilitar a todos, ya que no estamos aislados”, previó el sindicalista.

Otros factores conspiran contra el trabajo en Brasil, además de la coyuntura de desempleo y crisis económica agravada por los riesgos políticos. La desindustrialización debilita el sindicalismo más combativo, especialmente el de los metalúrgicos.

El sindicato del ABC, que llegó a representar hasta 150.000 trabajadores en los años 80, cuenta actualmente con solo 73.000 afiliados en su base, los municipios de São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires y Rio Grande da Serra, después de altibajos en las dos décadas pasadas, recordó Santana.

De los obreros metalúrgicos de São Bernardo do Campo surgió el líder sindical y político Luiz Inácio Lula da Silva, quien fundó en 1980 el PT, con el cual llegó al poder el primer día de 2003 y gobernó Brasil hasta el primer día de 2011, cuando entregó el testigo a su correligionaria Dilma Rousseff, destituida en agosto de 2016.

La crisis y la competencia internacional también contribuyeron al desempleo y a la menor participación de la industria en el producto brasileño.

Pero es la devaluación del trabajo a escala global, que Antunes atribuye a la transnacionalización de grandes empresas, al nuevo modo de producción y la hegemonía del capital financiero, la que promueve el retroceso en las reglas laborales, que se está imponiendo en Brasil.

Se trata de “arcaizar” las relaciones de trabajo de tal forma que apunta a la vuelta a la esclavitud, en muchos casos, según el experto en sociología del trabajo. “El esclavo se vendía, ahora se alquila” por la tercerización, dice.

Antunes publicó en 1995 el libro “¿Adiós al Trabajo?”, en que identifica la tendencia a la precarización y habla de “esclavitud del siglo XXI”. “El trabajo precario era excepción, ahora se volvió regla”, sostuvo.

Un ejemplo es el británico “Zero hour contract (contracto de cero hora)” que ya rige el trabajo de un millón de personas que quedan todo el tiempo a la disposición de la empresa y atiende a llamados, ganando solo por las horas trabajadas, sin ningún otro derecho, destacó Antunes.

En Brasil se incluyó esa modalidad en la reforma laboral como “trabajo intermitente”.

La incorporación al mercado mundial de la gran reserva de mano de obra china contribuyó a devaluar el trabajo en todo el mundo.

“Son trabajadores calificados que la revolución alimentó y escolarizó. Hace cinco años China ofrecía bienes industriales de mala calidad, hoy tiene tecnología de punta”, destacó el sociólogo, añadiendo que Asia dispone de mucha fuerza de trabajo barata en India, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, entre otros países.

La rebaja de costos es generalizada. “En Italia cierran fábricas que van para Polonia o Hungría, y los sueldos de 2.000 euros bajan a 300 euros”, ejemplificó.

“Hay una nueva morfología del trabajo. Tenemos en Brasil 1,5 millones de trabajadores en el ‘telemarketing’ que antes no había. El trabajo remoto, por conexión digital vía celular o computadora, se diseminó”, observó.

Pero la clase trabajadora creció, aunque “más fragmentada y más heterogénea que antes, y sometida al trabajo virtual”. Nuevas forma de lucha, “piquetes y bloqueos de carreteras”, como hicieron en Argentina, en lugar de huelgas, se van desarrollando, señaló.

“La perspectiva futura es de lucha, rebeliones, y también represión, masacres. El siglo XXI será de terremotos sociales”, concluyó Antunes.

Editado por Estrella Gutiérrez

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de Argentina, Adrián Pérez (segundo a la derecha), durante la primera reunión en la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de la ley de Gestión de Intereses, el 30 de mayo. Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES , Jun 16 2017 (IPS)

Cuando en Argentina se hacen encuestas acerca de la percepción social de la realidad, la corrupción suele estar entre las principales preocupaciones. En ciertas ocasiones, incluso, por encima de la pobreza, la inseguridad o la inflación.

La desconfianza no es exclusivamente hacia las prácticas de quienes tienen responsabilidades en el Estado, sino también de los actores del poder del ámbito privado, los llamados grupos de presión.

Este mes se dio a conocer una encuesta realizada en Brasil, Colombia, México y Argentina, que reveló que en este país solo 41 por ciento de los entrevistados tiene una buena imagen de las empresas, mientras que la aprobación supera 50 por ciento en los otros tres casos.

En ese contexto, el legislativo Congreso de la Nación comenzó a discutir un proyecto ley de Gestión de Intereses, que popularmente se conoce ya como ley del lobby, una materia que nunca ha estado regulada en ese país sudamericano de casi 43 millones de personas.

Esa definición engloba, según el texto, a “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de funcionarios, a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.

La iniciativa se discutió el año pasado en el ámbito de la gubernamental Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, dependiente del Ministerio del Interior, en reuniones amplias, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias y de profesionales de las relaciones públicas.

Con esos aportes, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto que fue enviado el 20 de abril a la Cámara de Diputados, que lo debatió por primera vez el 30 de mayo en reunión conjunta de dos comisiones.

Las normas vinculadas con la lucha contra la corrupción en Argentina tienen una historia poco feliz.

La más célebre de ellas es la llamada Ley de Ética Pública, que el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) propició cuando estaba a punto de dejar el gobierno y era acosado por denuncias de corrupción. Aprobada por el Congreso en septiembre de 1999, Menem la promulgó el 26 de octubre, apenas un mes y medio antes de dejar su puesto a Fernando de la Rúa.

Esa ley ordenó  la creación una comisión con representantes de todos los poderes del Estado, que debía asegurar que los funcionarios cumplieran las reglas de contrataciones públicas y de recepción de regalos, entre otras, y que presentaran periódicamente declaraciones juradas de bienes, para asegurar que el crecimiento de su patrimonio se correspondiera con sus ingresos.

Sin embargo, esa comisión jamás funcionó, hasta que en 2013 el Congreso decretó la eliminó del papel legal.

“Esto es una novedad para la Argentina, así que el objetivo es ir de menos a más. No queremos generar una reglamentación estricta al comienzo. Por eso creamos un registro para los funcionarios, en el que deberán dar cuenta de las audiencias de gestión de intereses que mantengan. Pero no está previsto un registro de los actores del sector privado”, explicó a IPS el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.

“Entendemos que el registro de lobbistas sirve cuando la actividad se realiza a través de un tercero. Pero esa no es la modalidad argentina. Queremos promover transparencia, sin que se pierda la accesibilidad. Si un productor agropecuario, por ejemplo, quiere visitar a un diputado para plantearle las necesidades del sector, no se le puede pedir que se anote en un registro de lobbistas. No queremos crear burocracia”, agregó.

En realidad, los funcionarios del Poder Ejecutivo ya tienen formalmente la obligación de registrar las audiencias de gestión de intereses que concedan.  Así lo estableció en 2003 un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), cuyos fundamentos hablaban de “la necesidad de mejorar la calidad de la democracia”.

Sin embargo, fue cayendo en general desuso ante el desinterés en la cuestión del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), según aseguran los críticos a su gestión.

Por su lado, la administración del actual presidente, Mauricio Macri, creó una plataforma en Internet para el registro de audiencias y asegura que el nivel de cumplimiento está cerca de 60 por ciento.

La principal novedad del proyecto en discusión es que la obligación de registrar las gestiones de intereses alcanza también a los funcionarios del Poder Legislativo y del Judicial y a un amplio espectro que incluye desde los rectores de universidades públicas hasta los embajadores, aunque cumplan servicios en el exterior.

Otros puntos salientes son que se establece el principio de igualdad de trato a todos los solicitantes de audiencias sobre una misma materia y que el cumplimiento de la ley será controlado por organismos con autonomía funcional dentro de cada poder del Estado.

“Es claro el reclamo de la sociedad argentina de que se transparente la relación entre el Estado y los privados. Pero creemos que no basta con que se registre cada audiencia de gestión de intereses; también sería necesario que sea obligatoria la publicación del resultado de la reunión, para que se puede saber qué pasó”, planteó a IPS el abogado Germán Emanuele, director de Transparencia de Poder Ciudadano, una de las organizaciones de la sociedad civil que participó en la discusión previa al proyecto.

Durante ese proceso también tomaron parte integrantes del Consejo para la Transparencia de Chile, organismo que fue creado en 2008 en el país vecino con la misión de garantizar el acceso a la información pública por parte de los particulares.

Argentina también ha ido por detrás de la mayoría de los países de la región en cuanto al derecho de acceso a la información pública, porque solo el año pasado sancionó una ley que lo resguarda en el orden nacional, que ni siquiera ha entrado en vigencia todavía.

“La creación o no creación de un registro de lobbistas es un temas espinoso. Sería bueno que se creara, pero si eso sucediera seguramente habría gestores de intereses que seguirían actuando por fuera del registro”, opinó Ignacio Viale, presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina, que reúne a 650 entidades del sector.

“Soy de los que piensa que no deberíamos ir hacia un sistema exageradamente restrictivo, porque en ese caso muchos van a seguir andando por la banquina (borde de la acera). Estoy a favor de una ley que traiga transparencia, pero no se debe copiar ningún modelo sino diseñarla según la modalidad argentina”, dijo a IPS.

El gobierno también abrió el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos este año para discutir una reforma al régimen de financiación de esas organizaciones políticas, muy cuestionado especialmente por su informalidad y porque no permite a la sociedad acceder a información confiable sobre la materia.

Sin embargo, el propio secretario de Asuntos Políticos e Institucionales reconoció a IPS que es prácticamente imposible que se realicen cambios en este tema este año, debido a que en octubre están previstas elecciones legislativas que son cruciales tanto para la alianza gobernante como para la oposición.

Editado por Estrella Gutiérrez

El ciberespacio es un ámbito creciente de la violencia machista contra las mujeres. Crédito:Yixin Cen

Por Celia Guerrero
MÉXICO, Jun 13 2017 (IPS)

Eréndira Derbez e Israel Espinosa publicaron, en abril de 2017, el artículo “Bocafloja: El privilegio del marcho progre”, en el que analizaron la respuesta misógina del rapero Bocafloja a una colaboradora durante un acto público. La publicación desató una polémica en el círculo del hip hop latinoamericano sobre machismo, racismo y clasismo, pero también una serie de comentarios en redes sociales de quienes defendieron al rapero y atacaron a uno de los autores del artículo.

Lo curioso, dice Eréndira, fue que los mensajes de desprestigio, violentos, iban dirigidos solo a ella. “Fueron insultos en donde las ideas del texto fueron desestimadas por el hecho de que era mujer. Utilizaron el argumento de que yo no entendía nada del tema porque era una mujer blanca. Usaron el discurso del racismo para validar el machismo”, comenta.

Días después de la publicación, Eréndira se desconectó de redes sociales, cansada de bloquear a usuarios que a diario le enviaban insultos y mensajes violentos.

“Yo nunca aparecí en ningún tipo de reclamo, a mí no me nombraron nunca, todo era hacia Eréndira. Y creo que se volvió más violento porque ella se identifica abiertamente como feminista. Se vuelve más violento cuando se trata de una mujer con postura política”, opina Israel, coautor del artículo.

“Menstruadora” fue el nombre que Luisa Velazquez dio a la cuenta en Twitter con la que, en 2011, utilizó internet para ampliar su activismo lesbofeminista. Pero desde que emitió sus primeros mensajes comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios que se decían “agredidos” por sus publicaciones.

Las amenazas contra ella y sus compañeras del colectivo “Lesboterroristas” aumentaron en mayo de 2015, y obligaron a Luisa a cerrar sus cuentas de redes sociales.

“En los comentarios hablaban de violarme, matarme y colgarme, o primero matarme y luego violarme y luego colgarme, o violarme colgada y al final matarme”, cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet.

Sin embargo, cuando conocidos suyos la amenazaron con publicar su domicilio si no paraba el activismo, decidió alejarse del espacio virtual para cuidarse física y emocionalmente.

Luisa y el colectivo “Lesboterroristas” señalaron el hostigamiento como un acto de lesbofobia y la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un “debilitamiento del libre debate y difusión de información de los derechos de las mujeres”.

“Lo normalizamos. Es una de esas violencias que toleramos y no deberíamos”, dice Luisa sobre las agresiones virtuales que la llevaron a abandonar Internet.

Las amenazas virtuales llevaron a Luisa a cerrar las cuentas de “Menstruadora”, abandonando su activismo en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Los efectos
Hay una mujer en el piso, acostada sobre un trozo de papel, y otras tres mujeres pintan con plumones su silueta. “En el estómago, yo siempre siento todo en el estómago”, comienza diciendo una de ellas y dibuja una espiral a la altura del vientre del cuerpo delineado sobre el papel. “A mí me dan calambres en los pies”, añade otra y pinta un rayo en una de las extremidades del dibujo. “¿No les sudan las manos?”, pregunta alguien más. “Sí, a veces. Y el dolor de cabeza y de espalda, bueno, ese es permanente”.

Es una de las actividades del encuentro “Construyamos una Internet Feminista”, en el que activistas de diferentes estados de México, que han enfrentado agresiones virtuales, realizan el ejercicio de plasmar en un dibujo los impactos de esa violencia sobre sus cuerpos.

Una de las organizadoras explica por qué es necesario el feminismo en el espacio virtual. “Pensamos que la violencia en Internet no es violencia. ‘Como es virtual no es real’, nos dicen. Pero todas sabemos que no es así, todas sabemos cuáles son sus efectos”.

En 2006 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) inició la campaña “¡Dominemos la Tecnología!” para visibilizar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la violencia contra las mujeres.

“Dentro de los círculos feministas, cuando comenzamos a investigar sobre violencia en línea, nos dijeron: no es importante, son unas excesivas, no tiene nada que ver con la violencia real, no entienden que están matando mujeres, de verdad cállense, las feministas tenemos trabajo más importante que hacer”, cuenta Erika Smith, miembro de la APC en México.

“Y nosotras dijimos: es todo parte de la misma estructura, conforme vamos apropiándonos más de internet, e internet va ganando más espacio en nuestras vidas, esto va a crecer y ser más y más relevante, tenemos que prestar atención”.

En 2012, la APC comenzó a documentar en un mapa en línea hechos de violencia contra mujeres relacionados con la tecnología. Su objetivo era demostrar que este se trata de un problema sistemático y serio.

Lo primero que descubrieron fue que —al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios— no se trata de un “problema de primer mundo”. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico, en Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.

Otros hallazgos fueron: las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales, y en  41 por ciento de los casos el abuso es cometido por una persona conocida. “La violencia en Internet refleja totalmente la violencia que conocemos. Es parte de una estructura y, por supuesto, es ejercida por gente cercana a nosotras”, explica Smith.

Según el diagnóstico de la APC, Facebook y los teléfonos celulares son las plataformas más denunciadas.

La mitad de los casos documentados fueron denunciados ante alguna autoridad, sin embargo, seis de cada 10 denuncias no fueron registradas formalmente porque consideraron que no existió violencia o delito.

“Las mujeres van y buscan sus medios tradicionales de justicia y les están fallando de manera tremenda. Lo interesante es por qué”, opina Smith. Luego menciona algunas de las respuestas de las autoridades: “No es violencia real. Regresa cuando te violen. Regresa cuando de verdad te hagan algo. ¿Cómo puedes tomarlo en serio? Es una amenaza en Twitter o ¿Qué es Twitter? No entiendo”.

Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que, de un universo de más de 1.000 denuncias entre 2012 y 2014, 11 por ciento de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física.

“A nivel estadística a lo mejor no es tan alto, pero en América Latina esa violencia física es feminicidio”, alerta Smith.

El daño emocional que la violencia en línea ocasiona a las mujeres es el más notorio y el que tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana. Lo que la APC determinó con el análisis fue que “las sobrevivientes sufren de depresión, miedo y ansiedad, casi en todos los casos”, impidiendo la participación amplia de las mujeres dentro y fuera del espacio virtual.

En el encuentro “Construyamos una Internet Feminista” activistas feministas discutieron sobre los efectos emocionales y físicos de la violencia virtual. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

El cuerpo: la delgada línea

Un torbellino de mujeres se abalanza sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología: difamación; censura de contenido (como imágenes con pezones femeninos); vigilancia; difusión de contenido íntimo sin consentimiento; robo de identidad y “hackeo” de cuentas de redes sociales, correos electrónicos y sitios web.

La lista incluye acoso; “doxeo” (documentación y publicación de todo tipo de información que exista en Internet sobre una persona); violencia sexual, y amenazas de violación y muerte.

“Hay violencias que son delito y hay violencias que no lo son. Lo importante es considerar que todas tienen su impacto”, dice Erika de la APC.

Aunque en este momento se enfocan en los tipos de violencia en línea, también consideran que no se trata de una nueva clase de violencia ni de un abuso que esté separado de los que suceden en el “mundo real”. En realidad, opinan, hay una delgada línea que no separa, sino une la realidad a lo que sucede en el mundo virtual.

“La violencia se está ejerciendo a través de nuestros cuerpos en todos los espacios y el sistema patriarcal está en todos lados, no perdona ni un espacio”, opina Liliana Zaragoza (Lili_Anaz), cofundadora del Laboratorio de Interconectividades, una iniciativa que promueve la autodefensa hackfeminista.

De igual forma, la APC considera en que la violencia en línea contra las mujeres está conectada a la violencia “offline” o del “mundo real”. “Las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea y en diferentes plataformas digitales”, explican en Cultivando la violencia a través de la tecnología.

En Internet y dominación. Hacia una sociología de la nueva espacialidad, Mariana Celorio, académica e investigadora sobre los espacios virtuales y la dominación en internet, también habla de una dinámica en el ciberespacio semejante a la del espacio público.

En ambos “se propicia la interacción, la exclusión y la segregación social entre quienes pertenecen y no a él, entre quienes lo usan, lo viven, lo administran y gestionan; es sede de formas plurales de expresión ciudadana y de maneras distintas de apropiación colectiva que muchas veces pueden ser antagónicas, contradictorias, hasta llegar a la violencia”, señala Celorio.

“¿Sabemos que implica Internet? ¿Qué es territorio? o ¿De dónde a dónde abarca cuando hablamos de cuerpo? Esas son las preguntas, pero lo que sí sabemos todas es cómo se siente un cuerpo violentado todos los días” , dice Liliana Zaragoza para explicar las planteamientos que abordan en los talleres de autodefensa hackfeminista.

La violencia relacionada con la tecnología va desde la vigilancia, el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hasta las amenazas de muerte. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Un arma de doble filo

En un tendedero cada participante del evento “Construyamos una Internet Feminista” cuelga una hoja en donde relata una experiencia positiva vivida gracias a Internet, y en otra exponen una vivencia negativa y cómo las hizo sentir cada una.

La mayoría coinciden con que Internet —y en general el uso de las TIC— las ha ayudado a difundir y crecer su activismo, aunque también les ha traído consecuencias violentas.

Un miembro de un colectivo feminista de la ciudad de Guadalajara comenta que les permitió llevar a cabo proyectos sin recursos. Otras activistas de los estados de Michoacán, Guerrero, Yucatán, parecen estar de acuerdo con que las redes sociales potenciaron la difusión de sus causas. Sin embargo, también consideran su actividad en el ciberespacio como un arma de doble filo.

“A nosotras, en general, el ciberactivismo nos ha traído muchas experiencias terroríficas. No podemos obviar que en México existe una violencia de Estado contra quienes se organizan para exigir sus derechos”, comenta una activista de Ciudad de México.

Un ejemplo reciente es la historia de acoso callejero y en línea a Tamara de Anda, columnista del periódico El Universal. La periodista publicó en redes sociales que realizó una denuncia en contra de un chofer de taxi de Ciudad de México que le gritó guapa en la vía pública.

El resultado fue una sanción administrativa para el taxista y una cascada de agresiones por parte de usuarios de internet que comenzaron a acosar a la denunciante. Los mensajes de odio que recibió De Anda iban desde la desacreditación de su denuncia, hasta amenazas de muerte y violación.

“Hoy (la violencia en línea contra las mujeres) es más visible por los recientes ataques a periodistas. Pero, desde antes, muchas ya la vivían”, comenta Lulú Barrera, integrante de Luchadoras, un colectivo feminista.

A pesar de que Luchadoras nació y creció en redes sociales, Lulú cuenta que son cada vez más las activistas feministas que prefieren salir de plataformas como Facebook que, por ejemplo, no permiten imágenes de pezones femeninos, pero sí hordas de usuarios que promueven la misoginia y discursos de odio. “Para mí, estar en Facebook es como vivir en la casa del agresor”, dice.

La plataforma más denunciada por activistas, por ser en la que más agresiones en contra de mujeres suceden, fue Facebook. Esto, en parte, porque es la red social que más usuarios tiene en México, reflexiona Erika Smith de la APC.

Para activistas feministas, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Crédito: Celia Guerrero/Pie de Página

Autoridades y plataformas

Para el segundo trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) contabilizó 62,4 millones de usuarios de Internet en México (57 por ciento de la población), y de cada 100 usuarios, 49 son mujeres.

Por su parte, en 2016 Facebook reportó 61 millones de usuarios en el país, de los cuales 41 millones utilizan la plataforma diariamente, convirtiéndola en la red social de mayor penetración en México, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.

Concientizar a autoridades y dueños de plataformas sobre la violencia contra de mujeres relacionada con la tecnología es un trabajo que la APC ha realizado desde que comenzaron la campaña “¡Dominemos la tecnología!”.

A nivel internacional, este también ha sido tema de debate. Recientemente, la policía de Chicago comenzó la búsqueda de cinco hombres que violaron en grupo a una adolescente de 15 años y transmitieron la agresión en Facebook Live.

La violación fue visualizada en vivo por al menos 40 personas y ninguna de ellas lo denunció ni a la policía ni a Facebook, dado que un día después de la transmisión la red social no había retirado el contenido y el video seguía público.

“Una de las exigencias a Facebook ha sido que sean específicos en sus condiciones en caso de violencia de género, cosa que no han querido hacer”, dice Smith.

Para este reportaje se buscó a la oficina de Facebook México para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

En el caso de iniciativas de sociedad civil e instituciones en México, en agosto de 2014 inició una campaña contra el “cyberbullying (ciberacoso”, promovida por legisladores, académicos y empresarios. La iniciativa, dirigida a adolescentes y niños, buscaba concientizar sobre “conductas perniciosas” en Internet.

En julio de 2016 comenzó otra campaña contra el llamado “sexting”, el intercambio consensuado de textos, audios, imágenes o videos eróticos. Sin embargo, la primera campaña considera el ciberacoso un problema de “adolecentes con poca supervisión”, mientras que la otra fue criticada por activistas y organizaciones por estigmatizar la práctica e intentar combatirla desde una postura moralista.

Para la comunicóloga Lisseth Pérez Manríquez el problema radica en que no se piensa en internet como un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de trabajo.

Erika Smith cree que lo que se requiere es sensibilización y no la coacción o sobrevigilancia. Pero las estrategias apuntan hacia el lado contrario. “Lo que quieren controlar internet, no la práctica y el comportamiento negativo o violento”, opina.

De acuerdo con el análisis de la APC, en México la violencia relacionada con el uso de las TIC no es considerada en la legislación.

Al respecto, las comunicólogas Florencia Goldsman y Graciela Natansohn señalan que es un error creer que la violencia contra mujeres en ambientes digitales es una nueva forma de violencia y por tanto se necesitan nuevas leyes específicas al tema.

“Se trata de la misma violencia histórica patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios”, argumentan en el documento Violencia contra las mujeres en red, vigilancia y el derecho a la privacidad.

La APC coincide con ellas pues ya existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Lo que es necesario, apuntan, es que estas leyes contemplen la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

Los casos de amenazas virtuales y mensajes intimatorios virtuales incrementan todos los días, pero el sistema de justicia mexicano no está preparado para atenderlos. Crédito: Redes Sociales

Internet feminista

Ante un panorama violento y complejo, la APC reunió en 2014 a activistas feministas, defensoras de los derechos en internet y la tecnología y redactaron los “Principios feministas para internet”, vaciados en un documento que está en permanente construcción.

“Para mí son provocaciones. Aprovechar Facebook para nuestro beneficio es hermoso, aunque haya vulnerabilidades asociadas. No necesariamente el foco del feminismo —cuando hablamos de Internet— debe ser la violencia. Rechazamos esto, porque no podemos reducir género a violencia”, dice Erika Smith.

“Por eso hablamos de internet feminista, porque nuestro espacio no puede ser solo de denuncia e indignación. Lo que queremos es apertura, tenemos que asegurarla”.

Es lo que también promueven iniciativas como el Laboratorio de Interconectividades: una visión amplia del espacio virtual, más allá de las redes sociales en donde se desarrolla la violencia.

“Cuando hablamos de violencia en línea contra las mujeres y hablamos de Twitter y Facebook, lo que queremos mostrar es que internet va más allá de estas plataformas. Si no toda nuestra energía se nos va a ir en buscar respuestas para cuidarnos en plataformas que de por sí nunca se preocuparon por nosotras, que más bien nos ven como potenciales clientes”, advierte Liliana Zaragoza.

Cuando Luisa comenzó a recibir amenazas de muerte y violación a través de sus redes sociales y decidió suspender las cuentas de Menstruadora, desde donde practicaba su activismo, algunas organizaciones sociales se acercaron a ella para apoyarla, pero ninguna tenía claridad de qué hacer. Mientras, lo máximo que las autoridades podían lograr era identificar a sus agresores, pero ella ya los conocía.

Ahora, dos años después de la experiencia, Luisa dice que tuvo que “despersonalizarse en Internet”. Sigue practicando su activismo y ha reactivado sus redes sociales poco a poco.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

Una de las muchas actividades a favor de los migrantes en el sureño estado de Texas, en Estados Unidos. Crédito Arturo Contreras Camero/EnelCamino

Por Arturo Contreras
AUSTIN, Estados Unidos, Jun 12 2017 (IPS)

Cuatro condados son la punta de lanza en la pelea legal por los derechos de millones de latinos en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esas cuatro localidades presentaron tres demandas en contra del gobierno estadal por la aprobación de la ley SB4, que busca aumentar la fuerza de deportación.

La ‘Ley muestra tus papeles’, que entrará en vigor el primero de septiembre, obliga a policías locales y estadales a adoptar tareas de agentes federales de migración, como pedir papeles que acrediten su estancia en Estados Unidos.

De acuerdo con los demandantes, la aplicación de la nueva norma podría desatar actos discriminatorios y prejuicios raciales en contra de los más de 10 millones de habitantes latinos en el estado.

“Esta ley es un ataque frontal contra los inmigrantes y sus familias, es un intento de reclutar la fuerza de deportación al convertir a todos los policías en agentes de migración, violan el debido proceso, violan la igual protección de las leyes”, explica Efrén C. Olivares, abogado defensor del Proyecto Organizativo de Texas, una de las agrupaciones civiles que demandaron al gobierno del estado.

Por eso, cuatro alcaldes, dos alguaciles y cinco organizaciones no gubernamentales tomaron acciones legales en contra de la SB4 bajo el argumento de que la nueva legislación atenta contra la separación de poderes local, estadal y federal.

Los demandantes no esperan que un juez federal dé un veredicto aprobando o rechazando la ley; más bien esperan una suspensión temporal en lo que dura el caso, porque la entrada en vigor de la ley podría afectar las libertades civiles de millones de ciudadanos; un problema que buscan atender inmediatamente.

“Cuando hay una demanda compleja, pero hay un tema urgente, le pedimos al juez que, como se va a tardar la resolución, que suspenda una sección de la ley, en lo que nos ponemos de acuerdo. Hay que convencer al juez y es una pelea con el juez. Nosotros vamos a pedir que se suspenda toda la ley, pero él puede escoger solo algunos artículos”, agrega Olivares.

Los efectos de la ley pueden ser tan fuertes que hay migrantes indocumentados que podrían dejar de salir de sus casas o perder acceso a programas sociales y de asistencia que el gobierno les hace llegar a través de distintas organizaciones no gubernamentales, como cuenta Angela-Jo Touza Medina, directora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas de Greater Austin.

“Es miedo a las redadas, básicamente. Que haya una reunión, en la organización en la que trabajo yo, por ejemplo, que somos un centro de salud mental y que la gente no venga por miedo a que, bueno, la policía sabe que está este grupo aquí, qué tal que están fuera esperándolos, ese tipo de miedo”.

Sin embargo, las comunidades inmigrantes no son los únicos afectados, sino también los policías locales, quienes, de negarse a acatar la SB4, podrían enfrentar la destitución de su cargo.

“Esta ley dice claramente, que, si los oficiales no respetan esta ley, nosotros somos los que vamos a ser multados o mandados a la cárcel”, dice casi gritando Tom Scherber, el alguacil de Eagle Pass en el condado de Maverick, quien firma una de las demandas.

Él es parte de un puñado de alguaciles en Texas que se niegan a hacer las veces de agentes de migración, pues alejaría a la gente de la policía, socavaría su confianza, lo que crearía el ambiente perfecto para que haya más crímenes.

“Yo lo que estoy rechazando es que mis oficiales, incluido yo, no vamos a hacer trabajo de inmigración en las calles. ¡Nada de eso! No vamos a arrestar gente porque vaya caminando y le preguntemos de qué país es y si trae documentos”, añade el alguacil en un español golpeado, con acento norteño.

Estas demandas legales son la última herramienta de protección de varios condados que albergan grandes comunidades latinas ante la ley de un gobierno que se ha mostrado agresivo con quienes desafían sus decisiones.

Como las represalias que tomó el gobernador Greg Abbott en contra del alguacil del condado de Travis, en donde se encuentra la capital del estado, Austin.

Cuando la SB4 apenas era una propuesta en el congreso estatal, la sheriff Sally Hernandez anunció que no estaba de acuerdo con ella y que buscaría una manera de evadir su puesta en acción. Como respuesta, el gobierno estatal cortó un millón y medio de fondos para la policía a cargo de Hernández.

Este es un panorama que los demandantes y sus abogados tienen claro, como Jose Garza, el abogado que lidera la demanda que interpuso el condado de El Paso:

“Siempre está ese peligro con la gente que lidera Texas, que la gente que no esté de acuerdo con ellos sea castigada”, por lo tanto, él considera que la única manera de defenderse es la demanda. “Lo que pedimos es que un juez federal revise los peligros potenciales que la ley representa para las personas, un juez que hará una evaluación independiente de la ley. Creemos que desafiar la ley es la mejor manera de proteger al condado y a sus residentes”.

Sin embargo, el gobierno estadl tenía presente la posibilidad de enfrentar resistencia, civil y legal ante la SB4. Por eso, un día después de que el gobernador firmara la ley, el fiscal del estado, el general Ken Paxton, levantó una demanda en contra del alcalde de la ciudad de Austin, Steve Adler; de la alguacil Hernandez y de los 10 concejales de la ciudad por anunciar que no acatarían una ley que aún no entra en vigor.

La rápida movida del gobierno estadal parece ridícula, explica Efrén Olivares, director del programa de justicia racial y económica del Proyecto por los derechos civiles de Texas, pero tiene un truco escondido. La táctica de Paxton busca que un juez federal declare como constitucional la nueva ley.

“Ellos entablaron una demanda que declara que la ley es constitucional, cuando el estado promulga una ley, uno quiere sobreentender que aprueban algo que es constitucional. Ahora lo que están intentando, es que un juez federal diga que lo que aprobaron no va contra la constitución”, dice.

Olivares describe estas tácticas como propias de un sistema totalitario, “esto se ve en dictaduras, no en democracias libres”.

A pesar de enfrentar a un gobierno con esas características, la gente que lucha con los litigios no tiene miedo de más represalias, como cuenta Martha Sánchez, vocera y coordinadora de trabajo comunitario para La Unión del Pueblo Entero, una organización de migrantes en el área de Brownsville, al sur del estado que elevó otra de las demandas en conjunto con la ciudad de San Antonio.

“Ya estamos bien castigados por el gobernador aquí, nunca tiene trato con esta área. En cambio, tenemos mucha gente vigilándonos, los que monitorean el ‘highway’ (autopista) y los que monitorean la frontera, tenemos mucha vigilancia, acosan a la gente de las áreas rurales, nosotros tenemos el yugo ya muy fuerte. Y (el gobernador) Gregg Abbott ya pidió más dinero para esto”, explica.

Esta lucha es el resultado del trabajo de organizaciones sociales que representan a un grupo de migrantes que históricamente no se había sabido coordinar para trabajar en conjunto. Ahora, caen en cuenta que estas leyes y estas acciones no afectan solo a los migrantes hispanos, sino a todas las minorías, y están dispuestos a hacerle frente.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.