Fukushima: reiniciando

Activistas japoneses están decididos a impedir el plan del gobierno de reiniciar los reactores nucleares. Crédito: Suvendrini Kakuchi

La vida de la japonesa Ayako Oga cambió en forma dramática cuando el terremoto y el tsunami dañaron cuatro reactores de la planta nuclear de Fukushima Daiichi hace dos años y medio. Ella y su esposo se vieron obligados a abandonar la aldea de Ookuma Machi.

Hoy con 30 años, esta agricultura se convirtió en una destacada activista del movimiento antinuclear japonés y lidera a cientos de personas afectadas por la tragedia del 11 de marzo de 2011 que protestan contra la intención del gobierno de reactivar los reactores de la planta.

El primer ministro Shinzo Abe, quien impulsa a toda costa una agenda económica conocida popularmente como “Abeconomía”, declaró el mes pasado que «reactivaremos las plantas de energía nuclear siguiendo los estándares de seguridad más estrictos del mundo”.

Oga, alojada con otros cientos de evacuados  a 100 kilómetros de la planta, en la localidad de Aizu Wakamatsu, ve sus peores temores hechos realidad.

Pero está determinada a impedir los planes del gobierno. “Tengo que presentar la evidencia del lado oscuro de la energía atómica”, dijo a IPS.

La oposición a los reactores nucleares llegó a su momento más alto tras la tragedia de Fukushima. En una encuesta realizada en julio de 2012 por el periódico Tokyo Shimbun, 80 por ciento de los 3.000 consultados se manifestaban en contra del desarrollo atómico.

Esto no sorprende, considerando que el desastre desplazó a 85.000 personas, contaminó varias porciones de tierra y afectó los ingresos de agricultores y pescadores.

Sin embargo, Oga y otros activistas podrían perder la batalla ante la fuerte presión del gobernante Partido Liberal Democrático y las grandes corporaciones, que desean reactivar los reactores argumentando que son necesarios para afrontar la crisis energética y sostener la economía.

Los 50 reactores atómicos japoneses, que abastecen 30 por ciento de las necesidades energéticas del país, están clausurados por diversas razones, incluyendo inspecciones de rutina.[related_articles]

Japón, la tercera economía más grande del mundo, con un producto interno bruto de 5,96 billones de dólares, importa casi 90 por ciento de su energía, y por eso tiene un déficit comercial de 10.500 millones de dólares.

Para ganar apoyo público, el gobierno publicita las medidas de seguridad que aplicará para reanudar la producción atómica.

En septiembre de 2012 se creó la Autoridad de Regulación Nuclear, de carácter independiente, conformada por científicos y expertos en seguridad.

La preside el científico Shunichi Tanaka, natural de Fukushima, quien dijo en cierto momento que el gobierno y la Compañía de Electricidad de Tokio (Tepco), que operaba la planta, estaban “tanteando en la oscuridad”.

Las nuevas disposiciones de la Autoridad entraron en vigor en julio y se basan en el principio de “defensa en profundidad”, que exige fortalecer los niveles de seguridad tres y cuatro y crear un sistema de prevención ante una pérdida simultánea de todas las funciones de protección en caso de terremotos, tsunamis y otros impactos externos.

También se requiere a los operadores que constaten si existen fallas sísmicas antes de construir reactores, y que instalen murallas de protección antitsunami más altas y salas de control adicionales.

La población japonesa parece estar aceptando ahora estas promesas de seguridad reforzada. Otra encuesta, esta vez realizada por el diario Asahi Shimbun en julio, reveló una gran caída del rechazo a la energía nuclear: 40 por ciento de los 1.000 entrevistados dijeron apoyar la reactivación de los reactores, contra 37 por ciento registrado en febrero.

El científico Mitsuhiko Tanaka, quien ha trabajado por años en el diseño de reactores, comparó la campaña antinuclear con la lucha entre David y Goliat.

“Los activistas se enfrentan a un gobierno poderoso y a corporaciones ricas que procuran justificar la energía nuclear”, dijo a IPS. “Tienen la influencia necesaria en la opinión pública japonesa, para la cual lo que importa es la ganancia económica”.

El experto criticó la campaña del gobierno para reactivar los reactores.

“Además de la falta de transparencia en el procedimiento, un punto clave es que las autoridades todavía no revelaron científicamente cuál fue la causa real del accidente de Fukushima”, señaló.

Muchos científicos critican la explicación oficial de que el tsunami, con olas de entre 13 y 15 metros de altura, bastó para dañar los reactores, y exigen evidencias más sólidas.

El profesor Hiromitsu Ino, experto en seguridad atómica y ahora presidente de la Comisión Ciudadana sobre Energía Nuclear, es uno de esos críticos.

“No estoy satisfecho con las actuales regulaciones de seguridad porque no incluyen el interés público ni los aspectos éticos”, dijo a IPS. Este tipo de disposiciones “solo pueden adoptarse luego de hacer intensas consultas con la población, y esoo requiere tiempo”.

Ino también cree que las nuevas medidas no son lo bastante estrictas. Por ejemplo, señaló, otorgan a los operadores de energía un periodo de gracia indefinido para instalar filtros en los reactores de agua en ebullición, elemento clave para reducir el impacto tóxico de una eventual explosión de hidrógeno.

El desastre nuclear de Fukushima es el peor desde Chernóbil, Ucrania, en 1986. El gobierno japonés aún está intentando contener las fugas de agua altamente contaminada, que se derrama al océano o a los terrenos aledaños.

El 10 de este mes, Tepco informó que se detectaron altas concentraciones de cesio radiactivo en el agua de mar cercana a los reactores.

En agosto, la prefectura de Fukushima presentó un nuevo estudio que analizó el estado de la glándula tiroides en casi 200.000 niños y adolescentes de la zona. Sus resultados indican que a 44 se les diagnosticaron enfermedades tiroideas o se sospecha que las estén desarrollando. Cuando ocurrió el accidente tenían entre seis y 18 años de edad.

Oga contó que su esposo regresó a su hogar en Fukushima en agosto, como parte de una visita organizada por el gobierno para que los desplazados pudieran recuperar documentos y otras pertenencias.

“No fui con él, aunque quería ver mi antigua casa”, dijo ella a IPS. “Quise evitar la radiación, porque quiero tener un hijo en el futuro. Los jóvenes en nuestra situación nos damos cuenta de que no tenemos más apoyo que nosotros mismos para seguir adelante, y para cambiar el mundo”.

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