CARIBE: Activistas celebran fallo contra la pena de muerte

Organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales celebraron el fallo del Consejo Privado (Privy Council) británico que declaró inconstitucional la pena de muerte por asesinato en seis países del Caribe.

La decisión, adoptada esta semana, reavivó el debate sobre la pena capital en momentos en que las islas caribeñas de habla inglesa se aprestan a crear su propio Tribunal de Casación, que suplantará al Consejo Privado, con sede en Londres.

El Consejo Privado confirmó el lunes un fallo de la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental según el cual «la sentencia de muerte preceptiva en casos de asesinato constituye un castigo o tratamiento inhumano o degradante de acuerdo con la sección quinta de la Constitución de Santa Lucía».

Según el texto constitucional de Santa Lucía, «ninguna persona será sometida a tortura, castigos u otros tratamientos inhumanos o degradantes».

La Corte de Apelaciones, creada por el sistema de la Organización de Estados del Caribe Oriental, sostuvo asimismo que la pena de muerte forzosa no es coherente con la «sección quinta de la Constitución de San Vicente y Granadinas», del Caribe meridional.

El tribunal, con jurisdicción en apelaciones de procesos penales y civiles en Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente, Granada, Antigua y Barbuda y Dominica, revocó las condenas a muerte de Peter Hughes, de Santa Lucía, y Newton Spence, de San Vicente y Granadinas.

«Es un paso muy positivo» pues las sentencias de los condenados por asesinato podrán ser conmutadas por cadena perpetua, dijo a IPS la presidenta del Centro Nacional de Ayuda Legal y Derechos Humanos, Mary Francis, de la sudoriental isla caribeña de Santa Lucía.

Por su parte la organización Amnistía Internacional (AI) sostuvo en una declaración que el fallo representa «un paso bienvenido hacia un Caribe libre de ejecuciones».

Existe una evidente tendencia a restringir la aplicación de la pena de muerte en los fallos de tribunales de Estados Unidos e India, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacó AI.

La CIDH sostuvo que la imposibilidad de considerar las circunstancias individuales de los acusados al imponer la pena capital viola la prohibición de la tortura y los castigos crueles, inhumanos o degradantes, establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Ante la revocación de la CACO, el gobierno de Santa Lucía elevó el año pasado el caso ante el Consejo Privado, que funge como tribunal supremo de la región.

Petrus Compton, fiscal general de Santa Lucía, dijo a los periodistas que el fallo del tribunal británico subraya el cambio que se está registrando en la región, donde la pena de muerte «pasó de ser un asunto puramente legal a ser un tema ideológico».

Este nuevo punto de vista, también adoptado por la Comisión Europea de Derechos Humanos, influyó sobre los jueces locales y será la posición «que finalmente prevalecerá», señaló Compton.

Israel Khan, presidente de la Clínica de Ayuda Legal de Trinidad y Tobago, sostuvo que, aunque el fallo no abolió la pena de muerte, indica que los países caribeños deben clasificar la figura del asesinato según categorías.

«Habrá asesinato de primer, segundo y tercer grado», explicó Khan, partidario de la abolición del castigo máximo.

Los países del Caribe buscan crear un tribunal de justicia que reemplace al Consejo Privado, en el contexto del proceso de creación de una economía de mercado único en la región.

El esfuerzo ha sido criticado como un intento de los gobiernos caribeños de eludir las presiones de organizaciones internacionales de derechos humanos por la abolición de la pena de muerte.

Pero la decisión del tribunal británico «movió la alfombra bajo los pies de los opositores», para quienes el nuevo tribunal podría convertirse en una «corte de ejecuciones», afirmó Compton.

Sin embargo, Francis sostuvo que la decisión tiene consecuencias más amplias, que implican «tratar el concepto mismo de la pena de muerte. El mundo se encamina al abolicionismo, con pocas excepciones de (algunos estados de) Estados Unidos».

Amnistía Internacional urgió a los gobiernos del Caribe a «aprovechar esta oportunidad para examinar su respaldo a la pena de muerte y cuestionarse si cumple un papel útil en la sociedad».

«Reconocemos el terrible registro de delitos violentos sufridos por muchas comunidades que (esos gobiernos) representan, pero sostenemos que las ejecuciones no logran reducir el número de víctimas, aunque podrían incrementar la violencia en la sociedad», aseveró AI.

La decisión del lunes «crea una oportunidad para que las autoridades dejen de explotar la indignación pública ante los delitos violentos en favor de la pena de muerte, y busquen métodos eficaces de prevenir el crimen», agregó la organización internacional.

Amnistía predijo que la pena de muerte obligatoria, que también rige en Jamaica, Bahamas, Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago «será cuestionada ante los tribunales en el futuro inmediato». (FIN/IPS/tra-en/pr/ml/lp/dc/hd/02

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