Millones de filipinos conocen la historia de Vina, la niña de 11 años que demandó penalmente a un legislador de este país, Romeo Jalosjos, por haberla violado ocho veces entre junio y julio de este año.
La demanda fue presentada el 18 de septiembre por esta niña de quinto año de escuela, que había sido ofrecida a Jalosjos por su padre adoptivo a cambio de dinero.
Después de semanas de estar escondido de la vista del público, Jalosjos pronunció un discurso en el parlamento, denunciando que la acusación de violación contra él es una conspiración política, y acusó a los funcionarios y fiscales de haber lavado el cerebro de la víctima.
"Delante de Dios, mi familia y vosotros, mis colegas, digo que no he cometido ninguna mala acción contra persona alguna", dijo Jalosjos.
De acuerdo con la ley, tener relaciones sexuales con niños menores de 12 años configura el delito de violación, mismo en el caso de que no haya existido uso de la fuerza ni intimidación.
La conmoción provocada por este episodio no oculta el hecho de que el caso Vina es, en realidad, uno más de una serie de casos de abuso sexual con niños, que este año han ocupado las portadas de los diarios y los informativos de televisión en Filipinas.
Otros casos incluyeron a un pastor que cometía actos lascivos con sus cuatro jóvenes hijas, un abuelo que violaba a su nieto de tres años y un alcalde acusado de violar una joven de 16 años.
Todo esto indica un alza en el número de casos de abuso sexual que han sido denunciados ante las autoridades, aunque algunos funcionarios y expertos en infancia afirman que también podría significar un real aumento de las conductas abusivas contra los niños, pese a que esos delitos pueden acarrear la pena de muerte.
"Hemos logrado romper la cultura del silencio, ahora más que nunca", comentó la secretaria de Bienestar Social, Lina Laigo.
Las estadísticas oficiales demuestran que de 644 abusos denunciados en 1991, el abuso contra los niños se elevó a 1.644 casos en 1994 y 3.040 en 1995. En el primer trimestre de este año ya fueron denunciados 1.057 casos al Departamento de Bienestar Social.
La tendencia más preocupante detrás de los números totales, es que el grueso de los casos se trata de delitos sexuales como violación e incesto, que la mayoría de los acusados son conocidos de las víctimas e incluso parientes, y que muchos de los hechos ocurrieron en la casa de la víctima o del victimario.
Los datos conocidos también demuestran que no se trata únicamente de abusos sexuales cometidos contra niños por paedófilos extranjeros, sino también por filipinos de la misma condición.
"Les hemos dicho que paedófilo puede ser cualquier persona. Puede ser una mujer, pueden ser filipinos", declaró Juani O'Reilly, experta de la unidad de ataque sexual y abuso infantil de la policía australiana, que estuvo en Manila el mes pasado para asesorar a los agentes nacionales de investigación.
De los casos registrados en 1995, 33 por ciento fueron violaciones, 20,2 por ciento incestos y 10 por ciento actos lascivos. Las víctimas están con mayor frecuencia entre los 13 y los 15 años de edad, y 96 por ciento son mujeres.
Gloria Gálvez, de la Oficina de Bienestar de la Mujer, dijo que "nuestra preocupación se centra ahora en el aumento de los casos de incesto, que amenaza a la integridad y la estabilidad de las familias".
Los funcionarios que trabajan en el ámbito de la protección de la infancia informaron que 80 por ciento de los casos de violación estudiados en los últimos tres años involucraban a los padres, padres adoptivos u otros parientes de las víctimas.
Un estudio encargado por el Departamento de Bienestar Social demostró que 91,2 por ciento de las víctimas de violación interrogadas conocían a quienes las habían atacado, y 23 por ciento habían sido violadas por parientes.
La fuerza de la tendencia agravante hizo que el Departamento de Bienestar Social lanzara recientemente una campaña de cinco años contra el abuso de la infancia, publicando anuncios a toda página en los periódicos.
Además de números de teléfono para recurrir, la campaña ofrece consejos que van desde cómo advertir el riesgo del abuso sexual hasta la forma de garantizar que los jóvenes tengan privacidad y aprendan a valorarla.
Los estudios nacionales reflejan que el típico abusador de la infancia tiene 36 años, procede de una familia con problemas, tiene poca o ninguna educación, está desempleado, es alcohólico o drogadicto y tiene lazos de parentesco con la víctima o la conoce. (FIN/IPS/tra-en/js/kd/arl/pr/96
