La gran sorpresa en las elecciones presidenciales de Ecuador el domingo 7 la dio Yaku Pérez Guartambel, un carismático líder indígena y candidato del partido indígena Pachakutik que hasta hace dos años no era muy conocido a nivel nacional, pero que ahora puede pasar a la segunda vuelta.
La crisis sanitaria mundial que ha marcado 2020 no ha interrumpido otra de las pandemias que acucia a América Latina y el Caribe: la de los asesinatos y ataques a personas defensoras del medio ambiente.
Hay una reincidencia del Poder Judicial de México de negar los derechos de los pueblos que cuidan el territorio, acusan abogados especializados, quienes señalan que estas negligencias y trampas son las más utilizadas durante la actual administración federal.
En Nepal, la
crisis de la covid-19 ha afectado de forma particularmente grave a los pueblos indígenas. Tuvimos que aprender una nueva terminología y utilizar palabras como cuarentena, autoaislamiento, desinfectante para las manos y distanciamiento interpersonal.
El pueblo de los ogiek está implementado una moderna herramienta tecnológica con el fin de que el gobierno reconozca sus derechos sobre el territorio que ahora ocupa la Reserva Nacional Chepkitale y que ellos habitan desde tiempos inmemoriales en el oeste de Kenia, así como para informar y guiar la conservación y el manejo de su bosque natural.
“Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos originarios.
América Latina continúa siendo la región más violenta para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Aunado al creciente número de homicidios contra personas defensoras de los derechos humanos, el perverso uso de los sistemas de justicia penal y los medios de comunicación para criminalizarles y estigmatizar su lucha son cada vez más frecuentes.
El canadiense Clayton Thomas-Muller cruzó la frontera entre su país y Estados Unidos para sumarse al movimiento indígena en contra de la construcción de un oleoducto, convertido en un ejemplo de las luchas de los pueblos nativos de América contra megaproyectos, donde abundan los elementos comunes.
Representantes indígenas temen que la vigencia del Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP) incremente la explotación de los recursos naturales ubicados en sus territorios por parte de las grandes compañías trasnacionales, aumentando la pobreza y trastocando la vida campesina.
Los pueblos indígenas no aparecen con metas específicas en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, por lo que sus derechos seguirán rezagados y con poca visibilidad, especialmente en América Latina, alertan especialistas consultados por IPS.
El campamento indígena instalado hace seis meses en la capital argentina es casi invisible para los transeúntes que pasan a prisa a su alrededor. Piden que les devuelvan sus tierras, en la nororiental provincia de Formosa, en una demarcación empantanada en rencillas territoriales y económicas.
“Nos duele que afecten nuestra tierras, sin medir las consecuencias ambientales. Los proyectos eólicos afectan arroyos, impactan en la flora”, se lamenta la indígena zapoteca Isabel Jiménez, quien participa en la lucha contra la instalación de un parque energético en el sur de México.
Casi tres años después de que los indígenas de El Salvador obtuvieran el reconocimiento de sus plenos derechos en la Constitución, las políticas públicas y las leyes que deben traducir en realidad la histórica conquista siguen sin aparecer en el horizonte.
Los hidrocarburos no convencionales reactivaron los conflictos indígenas en el suroeste de Argentina. Sobre Vaca Muerta, la formación geológica que alberga esas reservas, viven 22 comunidades mapuches que reclaman que no fueron consultados sobre la explotación de sus tierras ancestrales, “arriba y abajo”.
En su lengua, cucapah significa “gente del río” o “los que vienen y van donde va el río”. Durante más de 500 años, los integrantes de este pueblo amerindio han habitado las márgenes del delta del río Colorado, en el Valle de Mexicali, donde comienza la península mexicana de Baja California.
Cuatro proyectos eólicos en el sureño estado mexicano de Oaxaca, operados o financiados por inversores europeos, podrían violar normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según denuncias de activistas que supervisan estos desarrollos.
A Marama Pala, originaria de Waikanae, en la costa occidental de la isla Norte de Nueva Zelanda, le diagnosticaron VIH a los 22 años. La noticia se propagó como reguero de pólvora en su muy cerrada comunidad maorí.