Durante la pandemia de covid-19, las fuerzas armadas en América Latina han desempeñado y continúan desempeñando funciones esenciales: fabricando equipos de protección, entregando víveres y atendiendo a civiles en sus hospitales. En al menos una decena de países, los soldados han sido también desplegados para hacer respetar, a menudo con brutalidad, medidas de confinamiento a una población mayoritariamente pobre de trabajadores informales.
Una misión de las Naciones Unidas acusó este miércoles 16 a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia de Venezuela de cometer, con conocimiento del presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, asesinatos y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
El control de grupos criminales sobre la minería del oro en Venezuela provocó al menos 149 muertes desde 2016, en un contexto de violencia, explotación laboral, prostitución y devastación ambiental, señaló un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) divulgado este miércoles 15.
La combinación de inseguridad generalizada, carencia de alimentos y más de 7,5 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria definen la crisis en que está hundida la región del Sahel y que va a exacerbarse por los impactos de la pandemia del coronavirus.
Los desplazamientos forzados de personas en América Central, impulsados por la violencia de pandillas que actúan sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, se agravaron con los confinamientos debidos a la pandemia covid-19.
En su nuevo informe sobre Libia, la Corte Penal Internacional (CPI) subió el dramatismo de sus denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad y las ilegalidades que se cometen en ese país del norte de África.
El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya no recuerda bien algunos detalles. “Cuando se llevaron a mi esposo y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. El ejército llegó por la tarde y los sacó de casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a mi hijo”, señala.
“Retroceso” y “desilusión” son los términos con los que la mexicana Yolanda Morán, madre de un desaparecido forzoso, califica el plan de seguridad delineado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para afrontar como una prioridad cuando el 1 de diciembre asuma el cargo.
La ONU despidió con severas recriminaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, por violaciones de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplifica el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desapariciones forzadas de personas registradas desde 2007.
A cinco meses del estallido de las multitudinarias protestas en Nicaragua, además de los más de 300 muertos, son consecuencias visibles de la crisis el incremento de la pobreza y de la migración, así como el aislamiento internacional del gobierno y una ola represiva que no cesa.
Entre el mar de nombres de víctimas de la guerra civil salvadoreña, grabados en un extenso muro de granito negro, Matilde Asencio logró encontrar el de su hijo, Salvador.
Santiago Maldonado tiene 28 años y nació en un pueblo agrícola, a 200 kilómetros de Buenos Aires. Desde hace unos meses vivía en la Patagonia, donde hacía tatuajes en una feria artesanal y se había solidarizado con el reclamo territorial de las comunidades indígenas de la zona.
Hace un año, un 11 de enero, cinco jóvenes fueron detenidos y luego desaparecidos mientras hacían una parada antes de volver a sus casas en Playa Vicente, en el sureste de México. La investigación realizada por sus padres reveló lo que durante años ha sido una realidad en ese estado: las desapariciones forzadas cometidas por la policía de Veracruz.
Hay ciertos sucesos que representan un punto de inflexión en un país. La forma en que el gobierno decide gestionarlos define la forma en que quedarán escritos en los libros de historia.
“Vete tú y le avisas a mi papá que aquí me detuvieron”, dijo Maximiliano Gordillo Martínez a su compañero de viaje el 7 de mayo, en la estación migratoria de Chablé, en el sureño estado mexicano de Tabasco. Fue la última vez que fue visto con vida y lo último que sus padres saben de él.
México está experimentando una monumental crisis de derechos humanos. Hay abundante evidencia de las extendidas violaciones de derechos humanos en el país, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” el lunes 2, ocasión en que el secretario general del foro mundial, Ban Ki-moon, se refirió a la triste realidad de una profesión en constante asedio.