Juana Morales prepara una de las comidas favoritas en El Salvador, las pupusas, una especie de tortillas de harina rellenas. Pero las suyas son únicas: no son las tradicionales de maíz, sino de ojushte, una semilla altamente nutritiva, que cayó en el olvido y cuyo consumo se promueve ahora entre comunidades rurales.
Casi tres años después de que los indígenas de El Salvador obtuvieran el reconocimiento de sus plenos derechos en la Constitución, las políticas públicas y las leyes que deben traducir en realidad la histórica conquista siguen sin aparecer en el horizonte.
Una masacre, donde en 1932 murieron cerca de 40.000 indígenas en El Salvador, volvió invisibles a los integrantes de los pueblos originarios en el país. Ahora, una reforma de constitucional que reconoce su existencia y todo lo que ello conlleva, les devuelve sus derechos colectivos.
“Éramos pueblos no reconocidos, invisibilizados, lo que no le permitía al Estado ni a los pueblos indígenas contar con un marco jurídico que garantizara el reconocimiento y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas”, dice a IPS en una entrevista exclusiva Betty Pérez, la máxima responsable del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño.