Autoridades del área social de América Latina y el Caribe revalidaron este jueves 14 la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, adoptada en 2019, como mecanismo para enfrentar la emergencia desatada por la covid-19 y avanzar hacia una recuperación centrada en la igualdad.
La covid-19 ha causado al 14 de julio casi 160 000 muertes confirmadas en América Latina y el Caribe aunque, desafortunadamente, es probable que este número corresponda a una subestimación del verdadero efecto de la pandemia.
Uno de los pilares de las políticas de contención para restringir la propagación de covid-19 es alentar a las personas a #QuedarseEnCasa. El distanciamiento social, los estados de emergencia y las cuarentenas se han vuelto esenciales en la lucha por "aplanar la curva" de contagio en todo el mundo.
En los últimos meses, se han extendido protestas por toda la región latinoamericana ante las cuales han surgido numerosos intentos por explicar las causas detrás de este descontento social generalizado estando, la mayor parte de ellos, centrados en el papel de la desigualdad social o la corrupción.
La transparencia es un elemento crítico para hacer que la gobernabilidad sea más efectiva. Al hacer que la información esté disponible, crea una base para una mayor rendición de cuentas a los ciudadanos. En las últimas décadas, la transparencia ha aumentado en América Latina y el Caribe (ALC).
El desarrollo es un proceso desigual, acompañado de resultados heterogéneos entre sectores, entre regiones y entre grupos de ingresos. Dicho proceso, como fue elegantemente establecido por Albert Hirschman hace más o menos 60 años, genera tensiones frecuentes y exige la retribución de recursos y poder.
Una de las formas en que se manifiesta la desigualdad es haciendo que la localización sea una limitación para el logro socioeconómico. La igualdad de oportunidades implica que el lugar donde una persona nace o elige vivir, no debe determinar su acceso a oportunidades o la capacidad de vivir una vida decente.