La decisión del máximo tribunal de derogar la ley de amnistía, coloca a El Salvador ante la disyuntiva de si conviene al país enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.
El recrudecimiento de la violencia criminal que vive El Salvador está caldeando el ambiente interno en el país con un tono que recuerda la pasada guerra civil y que podría comprometer la incipiente democracia local.
Las elecciones municipales y legislativas en marzo y la contratación del exalcalde neoyorquino Rudolph Giuliani como una suerte de zar anticrimen, no son la mejor ecuación para propiciar una baja en los índices de homicidios en El Salvador, coinciden analistas.
La presión de las organizaciones sociales frenó temporalmente la concesión de frecuencias de televisión en El Salvador, un país donde la lucha por el espectro radioeléctrico tiene connotaciones no solo económicas, sino también políticas e ideológicas.
“La minería es inviable en El Salvador”, sentencian Salvador Sánchez Cerén, quien asumirá el 1 de junio la Presidencia de este país, y su equipo ambiental. Detrás de esta posición del nuevo gobierno hay muchas luchas de las comunidades rurales afectadas.
Cuando el 1 de junio el izquierdista Salvador Sánchez Cerén asuma la Presidencia de El Salvador, encontrará graves grietas en la tregua entre las pandillas delictivas, que gestionó el gobierno saliente y que por dos años mantuvo contenida la criminalidad.
Las pocas décimas que según el recuento definitivo mantendrán en la oposición a la derecha de El Salvador, tras las elecciones presidenciales del domingo 9, anticipan un boicot constante al segundo gobierno consecutivo del izquierdista FMLN.
La horticultura está floreciendo en el central Cuscatlán, el departamento más pequeño del diminuto El Salvador, de la mano de un programa nacional para promover la agricultura familiar y sacar de la pobreza a cientos de miles de personas.