Los grupos criminales en América Latina también fueron afectados por la covid-19 y buscaron sobrevivir tratando de llenar los vacíos económicos y políticos generados por la pandemia, indicó un reporte sobre el año 2020 de la fundación InSight Crime, difundido desde esta capital.
El 26 de mayo miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para protestar contra el asesinato de George Floyd a manos de un policía. Esa protesta incendió en otras en 750 ciudades de Estados Unidos y desde el gobierno se respondió con toques de queda y llamando a la Guardia Nacional para proteger recintos comerciales.
Incidentes “extremadamente violentos”, con decenas de reclusos fallecidos, se registraron desde marzo en cárceles de varios países de América Latina y la situación puede agravarse al avanzar la pandemia covid-19, expuso este martes 5 la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Brasil se mantiene como campeón mundial de homicidios, pero celebra una fuerte reducción de la criminalidad desde 2018, pese a las elevadas tasas de desempleo, producto de la recesión económica de 2015-2016 aún sin una recuperación plena.
La prisión más famosa de Etiopía se yergue en el antiguo vecindario capitalino de Piazza, popular como centro de diversión los fines de semana, cuando las luces de neón y las ruidosas discotecas hacen que el público sucumba ante los encantos de la noche.
Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó la cárcel de El Reno en el estado de Oklahoma el 16 de este mes para comprobar las condiciones de vida de los 1.300 presos que allí se encuentran, ninguna autoridad pudo impedírselo.
En los sistemas penitenciarios de América Latina las personas presas conviven con la inseguridad, el hacinamiento extremo e incluso la muerte, lo que contradice en los hechos un gran logro de la región: la abolición de la pena de muerte en prácticamente todos sus países.
Los jóvenes pobres, los residentes en zonas urbanas marginales y las madres solas a cargo de su familia son los grandes perjudicados por las políticas contra las drogas ilícitas en América Latina, coincidieron representantes de gobiernos, organizaciones sociales y organismos multilaterales.
Casi 700 personas fueron ejecutadas en Irán el año pasado, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayoría integrantes de minorías étnicas o religiosas y acusadas de delitos relacionados con drogas.
Un anciano recibe la ayuda de una enfermera para levantarse de su silla. Se aferra a sus brazos y camina confiando ciegamente en que ella lo llevará a la mesa para almorzar.
En Argentina, un país de gran tradición sindical, se consolida una experiencia inédita: una organización que defiende los derechos laborales de un colectivo especialmente vulnerable, el de las personas procesadas o condenadas en prisión.