Los traficantes de personas, las milicias, e incluso los funcionarios estatales, cometen atrocidades en los países africanos que cruzan muchos migrantes de ese continente para alcanzar la costa del mar Mediterráneo, indicó un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y organizaciones aliadas.
Esta es la historia de más de 300.000 niñas y niños refugiados y migrantes que son solo una fracción de los millones que atraviesan fronteras internacionales sin la compañía de adultos y que son presa fácil para el tráfico y la trata de personas en todo el mundo.
Tras décadas de prohibición al negocio del sexo y duras condenas al proxenetismo y la trata, la compraventa de servicios sexuales amenaza con afianzarse en Cuba y urge el debate público al respecto, alertan especialistas, activistas y observadores consultados por IPS.
Los llamativos ojos azules, el físico trabajado y la ropa a la moda de Omar hacen pensar que se trata de un joven sin preocupaciones, agraciado por la belleza. Pero las apariencias engañan. El trauma de la guerra, el desplazamiento y su homosexualidad persiguen a este refugiado sirio en Alemania.
Los habitantes de la región minera de Antofagasta, en el norte de Chile, poseen en promedio el mayor ingreso interno por persona, mientras unas 4.000 de sus familias residen en precarios asentamientos informales, en una de las desigualdades más marcadas dentro del país.
Tras vivir en las sombras de la semiclandestinidad, miles de mujeres nicaragüenses que se dedican al trabajo sexual, han roto el silencio y conquistado el respaldo institucional de los poderes del Estado para irrumpir en funciones públicas y obtener derechos que antes les estaban vedados.
HuligeAmma, una mujer de unos 45 años, se inclina sobre una máquina de coser y pasa con cuidado la aguja sobre el borde de una camisa. Junto a ella está sentada Roopa, su hija de 22 años, que ríe al leer un mensaje en su teléfono celular.
Las mujeres en Iraq siguen siendo objeto de violencia física, emocional y sexual, según un desolador nuevo informe de dos organizaciones de derechos humanos.
Jameli Devi, de 36 años, se desempeña como trabajadora sexual en la carretera Garstin Bastion de Nueva Delhi, la mayor “zona roja” de Asia, donde operan unas 12.000 de los tres millones de prostitutas de India.
Karina Núñez Rodríguez tenía solo 12 años cuando se vio empujada a la prostitución. Ahora con medio siglo de vida y seis hijos, es una de las voces más elocuentes contra la explotación sexual de niñas y adolescentes en Uruguay, un país reacio a reconocer esta creciente lacra.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se negó a firmar un controvertido proyecto de ley que condenaba a cadena perpetua a personas sentenciadas por cometer “actos homosexuales”. No obstante, la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales (LGBTI) se sigue agravando en este país del oriente africano.
La tala es la principal industria de las Islas Salomón, un archipiélago ubicado en el océano Pacífico sur, 80 por ciento del cual está cubierto de bosques tropicales. Pero, aunque la madera representa 60 por ciento de sus ganancias por concepto de exportaciones, la mayoría de las comunidades locales no ven los beneficios.
La guerra civil de Sri Lanka llegó a su fin hace cuatro años, pero las mujeres aún pelean una dura batalla en las zonas que vivieron el conflicto, en el este y el norte de este país insular.
“No digo que todo el mundo tenga que ser trabajador sexual, pero se gana más dinero” que en otros rubros, señaló a IPS el camboyano Virak Horn, de 32 años, quien realiza esa actividad de modo independiente en Phnom Penh. Sus ingresos le permiten mantener a su familia y pagar sus estudios universitarios.
El largo debate sobre cómo regular el trabajo sexual llegó a un punto de ruptura entre la ONU y organizaciones que combaten la trata de personas. Estas creen que el foro mundial debe rever su posición, reflejada en dos informes que promueven la despenalización de todos los aspectos de la prostitución.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló una disposición por la cual el gobierno condicionaba su ayuda en la lucha contra el VIH/sida a que las organizaciones beneficiarias explicitaran su oposición a la prostitución.