“Ya no conocemos el río Xingu”, cuyas aguas dictan “nuestro modo de vida, nuestros ingresos, nuestra alimentación y nuestra navegación”, lamentó Bel Juruna, una joven lideresa indígena de la Amazonia brasileña.
Si la esperanza pudiera reírse, sonaría como la risa de Nemonte Nenquimo. Ya sea a través de la pantalla de un computador o el parlante de un teléfono celular, el fuerte sonido de su carcajada parece una invitación de amistad imposible de ignorar, así como su lucha por la Amazonia.
Nenquimo, una mujer indígena waorani de 35 años, ha encabezado la protesta de su gente para que el Estado ecuatoriano respete los territorios y los derechos de las nacionalidades indígenas amazónicas.
En las zonas de la selva amazónica donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, hubo mayor pérdida de
bosques entre 2000-2015 respecto de las tierras
indígenas sin minería, reveló un trabajo interactivo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
En la Amazonia, los territorios
indígenas funcionan como la barrera más efectiva frente al desmonte si se garantiza a sus comunidades sus derechos sobre los territorios.
Ahora que los gobiernos y los Estados comienzan su complejo viaje hacia la recuperación de la recesión económica causada por la pandemia de la covid-19, puede haber una amenaza mayor para los pueblos indígenas, sus tierras y recursos, alertaron con preocupación especialistas en el tema.
Los Estados de América Latina deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y la criminalización de sus luchas debe detenerse, como requisitos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en el marco de las Naciones Unidas para 2030.
Un protocolo de
salud desarrollado por un equipo de antropólogos, médicos y líderes tribales está permitiendo a las comunidades indígenas tsimanes asentadas en el departamento del Beni, al centro-norte de Bolivia, hacer frente a la pandemia de covid-19.
Aunque las carreteras que actualmente están proyectadas para ser construidas en la región amazónica producirán desarrollo, también provocarán
deforestación, violaciones a derechos
indígenas, transgresiones a las normas
ambientales y pérdidas económicas.
La combinación de los altos niveles de la degradación de la tierra y los impactos del cambio climático, han transformado la protección del ambiente en un asunto crucial, pero no sucede lo mismo con quienes luchan incansablemente para preservar la naturaleza, en ocasiones con alto riesgo.
Resistencia, esa es la consigna con que los indígenas de Brasil cerraron el Campamento Tierra Libre, un encuentro en la capital del país que se concentró en protestar contra las amenazas a sus derechos y reclamar la derogación de medidas adversas que ya comenzó a aplicar el gobierno de extrema derecha.
“A los 18 años fui la primera dirigenta en mi organización, mi abuelo que era un machista pedía que me pegaran porque estaba sentada entre hombres”, recuerda Teresita Antazú, lideresa indígena del pueblo yanesha, en la Amazonia peruana.
Erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición que afectan a los pueblos indígenas es el objetivo central del trabajo conjunto que desarrollarán el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe (FILAC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los pueblos indígenas, reconocidos como los mejores guardianes de los bosques en el mundo, están perdiendo algunas batallas en Brasil ante la intensificada presión de frentes de expansión agropecuaria, minera y energética.
"Tu propia casa no puede ser un sitio turístico”, exclama el líder indígena de Benín, Oussou Lio Appolinaire, enfundado en su traje tradicional de vivos colores amarillo y verde, respecto a la apertura indiscriminada de lugares sagrados para los grupos ancestrales.
En julio de 2015, el gobierno mexicano concedió un permiso a una firma estadounidense sobre uso de material genético obtenido en su territorio con fines comerciales y no comerciales, en un caso de los que avivan la preocupación en América Latina sobre el enfoque mercantil de la biodiversidad.
Los pueblos indígenas no aparecen con metas específicas en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, por lo que sus derechos seguirán rezagados y con poca visibilidad, especialmente en América Latina, alertan especialistas consultados por IPS.
Los territorios indígenas en la Amazonia almacenan más de la mitad de todo el carbono que existe en la selva, pero se trata de un servicio ambiental amenazado por la expansión de la minería, carreteras, agricultura y extracción de petróleo y madera.