BUENOS AIRES (IPS) La producción y exportación de gas crecieron sin pausa en Argentina estimuladas por la privatización del sector en los años 90. Pero las fallas de control estatal en ese proceso, que llevó a incumplimientos en inversiones, están entre las causas centrales de la actual crisis energética, según expertos.

Ese modelo de expansión descontrolada muestra ahora su peor cara, con fuerte caída en las reservas gasíferas, falta de energía para la industria y aún con casi la mitad de los 37 millones de argentinos sin poder acceder al gas natural por cañería.

La crisis desatada en las últimas semanas, que amenaza con derivar en cortes de suministros de energía, tiene su origen en la decisión del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) de privatizar y cambiar la regulación de un sector estratégico como es el de los hidrocarburos, señalan economistas de diversos sectores relacionados con el tema.

Tras las privatizaciones de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) y de Gas del Estado en el primero de los dos periodos de gobierno de Menem, Argentina devino en exportador de hidrocarburos. Así, las inversiones en infraestructura crecieron en función de la nueva demanda externa, pero se frenaron completamente las obras destinadas al mercado interno.

"En ese momento los hidrocarburos dejaron de ser un bien estratégico para pasar a ser una mercadería comercializable, un commodity", explicó a IPS Gustavo Callejas, experto en energía y ex secretario de Combustibles y que ahora integra el grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora).

Con ese enfoque coinciden, aunque con matices, la Federación de Trabajadores de la Energía, el Grupo Fénix, que integran economistas de la estatal Universidad de Buenos Aires críticos del modelo neoliberal, y expertos de la consultora privada Alpha, fundada por ex funcionarios del área energética.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación sostuvo que desde mediados de los años 90 observa "fallas estructurales" en el control de las inversiones que las empresas en uso de licencias se comprometieron a realizar para justificar aumentos de tarifas. "Hay una negligencia crónica en el control", denunció el responsable del área, Leandro Depouy.

Desde la privatización, las exportaciones de petróleo y gas natural se incrementaron "en forma insensata", sin hacer caso de las leyes locales que exigen a las firmas privadas del sector asegurar primero el abastecimiento del mercado nacional y "conservar un adecuado nivel de reservas" antes de exportar, aseguró Callejas.

En Argentina, la producción de gas creció de 19.000 millones de metros cúbicos a comienzos de la década del 90 a más de 50.000 millones en la actualidad. El año pasado, 20 por ciento de esa producción fue destinada al mercado externo.

Pero, simultáneamente, en 2003 la economía creció 8,7 por ciento y ese despegue repercutió en una mayor demanda de energía. En el caso del gas, el consumo aumentó ocho por ciento en el sector residencial, 11 por ciento en el segmento industrial y 70 por ciento en ese combustible vendido de modo comprimido para automóviles.

Sin embargo, los beneficios del incremento de producción gasífera no llegaron a todos por igual. El 44 por ciento de la población argentina todavía no tiene acceso al gas natural y debe recurrir para su uso al que se vende de modo líquido envasado, mucho más caro que el distribuido por red.

Es que el último gasoducto que se construyó para abastecer al mercado nacional data de 1988 y fue responsabilidad de la empresa que aún estaba bajo la órbita estatal, aclaran los expertos consultados por IPS.

En cambio, el capital privado que explota los recursos gasíferos desde 1992 invirtió en nueve gasoductos para facilitar la venta a Chile, que constituye 70 por ciento de las exportaciones de ese combustible argentino que también llegan a Brasil y Uruguay.

"A las privatizadas no les interesa proveer este recurso natural a un pueblo sin trabajo", comentó José Rigane, del sindicato que reúne a los trabajadores de la energía. Las firmas transnacionales Repsol-YPF, Petrobrás y Pan American Energy son algunas de las principales operadoras que no invierten en el mercado local ni tampoco en exploración, apuntó.

El modelo privado implantado en Argentina llevó a que las reservas de gas natural, que al momento del cambio de regulación preveían el abastecimiento al país por 35 años, cayeran ahora al punto de sólo cubrir los próximos 10 años, advirtió el economista Martín Schor, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en coincidencia con Callejas.

El esquema de explotación orientado al mercado externo se fue delineando también como consecuencia de la política de precios. Callejas señaló que, aun cuando la producción de un barril de petróleo le cuesta a las empresas cuatro dólares, los argentinos deben pagarlo 28,5 dólares, que es el precio en el mercado internacional.

Lo mismo quieren hacer las firmas privadas con el valor del gas, sostuvo Callejas. El precio del gas quedó rezagado luego de la devaluación de la moneda argentina a comienzos de 2002, cuando se derogó la ley de convertibilidad que puso por 10 años la paridad de un peso igual un dólar.

Desde entonces, el precio de cada unidad de medida inglesa para exportación es de 1,50 dólares mientras que al mercado local la unidad se comercializa a 0,40.

Esa diferencia permitió a las centrales térmicas y a las industrias abastecerse de gas a un precio que la consultora Alpha consideró "retrasado" respecto del que las mismas firmas pueden conseguir con sus ventas a Brasil, Chile o Uruguay. Para la consultora, esa diferencia explica las mayores inversiones en gasoductos con esos países limítrofes.

En el informe del Grupo Fénix, elaborado a fines de marzo a raíz de la crisis energética, también se señala que las reservas disminuyeron y que no se han construido gasoductos para la red local desde la privatización, y acusan a las empresas de poner en práctica una maniobra para "mejorar los precios" internos.

Casi todos los observadores coinciden en que ahora solo resta que el gobierno argentino de Néstor Kirchner fije una política efectiva para evitar que se profundice la crisis.

Hasta ahora, las autoridades ordenaron restringir las exportaciones de "excedentes" de gas, lo cual provocó reclamos de Chile en particular, aceptó importar el fluido de Bolivia y de Brasil y estudia aplicar impuestos a las empresas.

No obstante, los expertos sostienen que esas medidas sólo servirán para paliar apenas la crisis o para aplazar los costos de tener que aplicar cortes de suministro de electricidad por falta de una adecuada provisión de gas natural a las centrales térmicas, que aportan casi la mitad de ese tipo de energía al país. (FIN)