CARACAS (IPS) El poder electoral de Venezuela anunció que la oposición no recogió suficientes firmas válidas para convocar a un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez, pero colocó en observación una cantidad de rúbricas que lo haría posible dentro de algunas semanas.

El anuncio fue hecho el 2 de marzo, al cabo de cuatro días de desórdenes en Caracas y las principales ciudades, protagonizados por enfurecidos opositores que reclaman al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de inmediato, con un saldo provisional de cuatro muertos y decenas de heridos de bala.

Para que el referendo se convoque, el Consejo debe validar 2.436.083 firmas de solicitantes, 20 por ciento del padrón electoral, según la Constitución de 1999, impulsada por Chávez, que estableció la figura revocatoria de los mandatos.

Francisco Carrasquero, presidente del Consejo, entregó los resultados de la revisión de las firmas, que la coalición opositora Coordinadora Democrática recogió entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2003.

El Consejo evaluó 3.086.013 firmas, y declaró como válidas 1.832.493, rechazó por incorrectas 377.503, y colocó bajo observación, como dudosas, 876.017.

Estas dudosas corresponden a planillas que fueron llenadas con caligrafía similar, es decir, quizás por la misma mano, luego de que oficialismo y oposición discutiesen durante semanas si el "acto personalísimo" de la solicitud correspondía sólo a la firma autógrafa del elector o a la escritura de sus otros datos personales en el formulario.

De las rechazadas, 143.930 son definitivamente inválidas, pues corresponden a personas no inscritas en el registro electoral, fallecidas, menores de edad o extranjeros. Otras 233.573 firmas fueron rechazadas porque falta o está incorrecto alguno de los datos del elector.

Las firmas estuvieron contenidas en 388.108 planillas, con diez casillas cada una, pero el Consejo invalidó o inutilizó por distintas razones 46.357 formularios.

La Coordinadora Democrática reivindicó haber recogido 3.447.000 firmas.

La decisión del Consejo lleva a un período de rectificaciones y reparos, que podrán efectuar los ciudadanos en la segunda quincena de marzo -si bien la fecha aún no se precisa- en 2.700 centros que se habilitarán en todo el país con ese fin.

El Consejo publicará los números del documento nacional de identidad de los electores que corresponden a firmas aceptadas, rechazadas o en observación, y hará una campaña de información a los ciudadanos para los reparos, anunció otro de los cinco integrantes del poder electoral, Jorge Rodríguez.

En síntesis, informó Rodríguez, poco más de un millón de firmas podrán ser ratificadas durante dos días en los 2.700 centros.

Podrán ir a ratificación tanto las firmas en planillas con caligrafía similar como las rechazadas por incorrección o incongruencia de alguno de los datos del ciudadano.

En la nueva fase deberán repararse o ratificarse, para obligar a la convocatoria del referendo, 603.590 firmas.

La decisión del Consejo de cinco miembros fue tomada por mayoría, pero Rodríguez rehusó precisar cuántos miembros votaron por ella este martes.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el estadounidense Centro Carter para la Paz, que han observado todas las fases del proceso, discreparon con la decisión del Consejo.

"No compartimos el criterio del Consejo, en particular separar para observación las planillas con caligrafía similar", dijeron los organismos en un comunicado conjunto leído poco después del anuncio del poder electoral por el jefe de la misión de la OEA, Fernando Jaramillo.

"Debió privar la voluntad del elector, y el volumen de planillas afectadas podría afectar todo el proceso?, según los representantes de la OEA y el Centro Carter.

Sin embargo, aclararon que "aunque tuvimos diferencias, el Consejo Electoral tomó su decisión, que nosotros respetamos".

"Haremos lo posible para que los ciudadanos puedan ir al proceso de ratificación de firmas, y llamamos a la población, a los medios de comunicación y a la fuerza armada para que no se apele a la violencia", afirmó Jennifer McCoy, portavoz del Centro Carter.

La Coordinadora Democrática de oposición aguardaba la opinión de la OEA y el Centro Carter para pronunciarse sobre la decisión del Consejo, si bien varios de sus dirigentes, durante estos días marcados por protestas, adelantaron que rechazarían ir al proceso de reparación.

El dirigente opositor Julio Borges, del centroderechista partido Primero Justicia, rechazó el plan de ratificación de firmas que propone el Consejo, y dijo que "apelamos a la OEA y el Centro Carter para que se respeten las firmas de 3,4 millones de venezolanos. Si no hay justicia, seguiremos en las calles".

"Que la OEA y el Centro Carter actúen como un juez de paz. Queremos un referéndum, y pronto. Como están planteados los reparos, es una humillación a la dignidad de los venezolanos. No hubo fraude, las firmas están allí y no claudicaremos en los principios", expresó Borges en la sede caraqueña de la Coordinadora Democrática.

De sus palabras se desprende que todavía hay un fluido proceso de negociación. (FIN)