LA HABANA (IPS) Una organización de derechos humanos de Cuba lleva la cuenta de los meses en que no se aplica la pena de muerte en este país: son 18 desde abril del año pasado, cuando fueron fusiladas tres personas acusadas de secuestrar una nave de pasajeros.

”No se han confirmado nuevos fusilamientos en los últimos 18 meses”, asegura un informe divulgado el 2 de noviembre por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que actúa en la ilegalidad.

”Sobre la base de informes recibidos de fuentes familiares o directamente desde las prisiones de alta seguridad, podemos inferir que en este momento hay entre 40 y 50 personas condenadas a muerte o expuestas a la pena máxima en Cuba”, añade el texto.

De acuerdo con la CCDHRN, la cantidad de fusilados desde que Fidel Castro tomó el poder, en 1959, y 2003 puede ascender a 5.000 o 6.000 personas, ”en su mayoría por los llamados delitos contra el Estado u otros de connotación política”.

Un estudio del cubano Armando M. Lago, consultor del instituto de investigaciones de la Universidad estadounidense de Stanford, calcula que 5.621 personas han sido ejecutadas en esos años en la isla.

Cuba no publica estadísticas oficiales sobre su población penal, condenados a muerte ni ejecuciones. Este país caribeño tampoco permite el acceso a sus prisiones de observadores internacionales.

Más de 1.526 personas fueron ejecutadas en 31 países durante 2002, según datos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. De acuerdo con esa fuente, 81 por ciento de las ejecuciones se produjeron en China, Irán y Estados Unidos.

El reporte de la CCDHRN sobre el caso cubano incluye una lista parcial de 35 hombres condenados a muerte que esperan, algunos desde hace varios años, su ejecución en ”los corredores de la muerte que existen en diez prisiones de alta seguridad”.

Las leyes cubanas excluyen de la pena capital a las mujeres y a los menores de edad.

La ausencia de ejecuciones tras los fusilamientos de abril de 2003 podría ser señal de retorno a una moratoria de facto aplicada desde inicios de esta década.

A mediados de noviembre de 2000, Castro había admitido públicamente que un grupo de juristas analizaba ”alternativas” con el fin de ”abolir la pena capital”.

Pero la situación dio un giro drástico cuando el 10 de abril del año pasado fueron fusilados tres de un grupo de 11 secuestradores de una lancha, ocho días después de haber sido arrestados y apenas una jornada después de la ratificación de la sentencia.

El proceso, que coincidió con la aplicación de severas sanciones a 75 opositores políticos, provocó un fuerte rechazo internacional y congeló el diálogo entre La Habana y la Unión Europea.

Autoridades cubanas consideraron entonces la pena de muerte como una medida necesaria para cortar una ola de secuestros de naves aéreas y marítimas por parte de personas que pretendían emigrar a Estados Unidos.

Los secuestros, que podían conducir a una nueva oleada migratoria, se produjeron en momentos de gran tensión, cuando en Estados Unidos se hablaba insistentemente de que tras la guerra ”preventiva””contra Iraq, iniciada por Washington en marzo, le tocaría el turno a Cuba.

La CCDHRN expresó este martes preocupación por lo que considera una ”propensión histórica” de las autoridades cubanas a seguir ”imponiendo nuevas penas capitales” y a que ”se reanuden los fusilamientos de manera sorpresiva”.

Esta tendencia se confirma con ”el hecho evidente de que el Código Penal y otros instrumentos penales vigentes contienen más de 60 motivos” para ”continuar aplicando la pena de muerte en Cuba”, añade.