GINEBRA (IPS) La ONU y su secretario general, Kofi Annan, reconocieron ”el fracaso colectivo” de la comunidad internacional para impedir el genocidio, en 1994, de más de 900.000 personas en Ruanda, la mayoría miembros de la etnia tutsi.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas), el mismo Annan, que en esa época se desempeñaba como subsecretario general a cargo de las operaciones de paz, y los gobiernos de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña han sido duramente criticados por su papel ante las evidencias de la catástrofe.

El secretario general admitió que las fallas de los funcionarios eran irreparables, pero anunció una serie de medidas con el fin de evitar la repetición de matanzas similares.

Annan comunicó el 7 de abril a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU su decisión de crear un nuevo puesto, de consejero especial sobre prevención del genocidio, definido como el exterminio sistemático y planificado de un grupo nacional, racial o étnico.

El asesor, que informará al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos, se ocupará también de casos de asesinatos masivos y de otras violaciones de los derechos humanos a gran escala, como la limpieza étnica.

En forma simultánea, Annan anunció el lanzamiento de un Plan de Acción de Prevención del Genocidio que involucrará a todo el sistema de la ONU.

El primer objetivo del programa será la prevención de los conflictos armados porque los genocidios ”casi siempre ocurren durante las guerras”, observó el funcionario.

En este aspecto, la comunidad internacional deberá también prestar mayor atención a los problemas y tensiones ambientales relacionados con la competencia por recursos naturales, aconsejó.

El plan de Annan subraya la protección de los civiles en los conflictos armados porque cuando ese sector de la población se convierte en un blanco deliberado a causa de su pertenencia a una comunidad particular, ”nos encontramos ante un genocidio potencial o ya en marcha”, dijo.

En concreto, el secretario general mencionó el caso de la provincia de Ituri, en la República Democrática de Congo, donde los conflictos étnicos podrían claramente desembocar en un genocidio.

Según despachos internacionales, por lo menos 1.000 personas murieron en acciones de violencia étnica en esa zona del noreste de la nación africana.

Otro punto del programa contra el genocidio es el fin de la impunidad. ”No podemos esperar la prevención del genocidio si los autores de los crímenes más odiosos son dejados en libertad y eluden la justicia”, dijo Annan.

El secretario general mencionó los méritos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y exhortó a ratificar el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional para entender en crímenes contra la humanidad.

El plan de la ONU incluye un sistema de alarma precoz y clara ante la aparición de señales previas de genocidio.

”Una de las razones de nuestro fracaso en Ruanda fue que no quisimos aceptar que el riesgo del genocidio era real”, dijo Annan.

”Una vez que había comenzado, demoramos demasiado en reconocerlo como tal y en llamarlo por su nombre”, admitió.

De hecho, los tutsis fueron objeto de varios ataques desde 1990. Pero la mayoría hutu, que controlaba el ejército y milicias armadas, desató las matanzas de tutsis y de hutus moderados el 7 de abril de 1994, al día siguiente del derribo del avión en que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, de origen hutu.

La carnicería duró unos 100 días. En ese lapso, los gobiernos de los países involucrados y la misma ONU evitaron tipificar de genocidio a los asesinatos, así como enviar fuerzas para detenerlos.

Los hutus mataron a unas 800.000 personas en tres meses, según cálculos de la ONU. Pero el ministro de Cultura de Ruanda, Robert Bayugamba, dijo la semana pasada que se recuperaron los cadáveres de 937.000 masacradas en ese periodo, y que esperaban hallar más.

Un año antes, el abogado senegalés Bacre Waly Ndiaye, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos para las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, había prevenido a la comunidad internacional de las condiciones que se incubaban en Ruanda.

”Nadie le prestó atención, lamentablemente”, reconoció Annan.

El representante del grupo africano ante la Comisión de Derechos Humanos, Roger Julien Menga, de la República del Congo, recordó a Annan que en su visita a Ruanda del 8 al 17 de abril de 1993, Ndiaye había observado que los casos de violencia intercomunitaria mostraban que las víctimas, tutsis en su inmensa mayoría, eran atacadas por su etnia.

Ndiaye, un ex vicepresidente del comité ejecutivo de la organización humanitaria Amnistía Internacional, se desempeñó como relator especial entre 1992 y 1998, cuando la entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, lo designó su representante en Nueva York.

El plan de Annan contra el genocidio recomienda acciones rápidas y decisivas cuando se tiene conocimiento de que los abusos están en marcha o van a ocurrir.

En ese sentido, el secretario general declaró que comparte la preocupación expresada la semana pasada por ocho expertos independientes designados por la Comisión de Derechos Humanos, ante los abusos y la crisis en la región sudanesa de Darfur.

Annan dijo que funcionarios de la ONU albergan las mismas inquietudes a causa de los desplazamientos forzados, y a largas distancias de poblaciones determinadas, que califican de ”limpieza étnica”.

La ONU enviará un equipo de alto nivel a Darfur para evaluar la situación y las necesidades de asistencia y protección, dijo el secretario general.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una institución humanitaria independiente con sede en Ginebra, saludó la decisión de Annan y compartió su preocupación por la ”política de limpieza étnica en la cual el gobierno de Sudán es cómplice”.

La OMCT recibió el 7 de abril informaciones de un bombardeo a la aldea de Mahajrea, ubicada al este de Nyala, en el estado meridional de Darfur.

Dos helicópteros artillados y un avión militar Antonov atacaron la aldea el 4 de abril y mataron a cuatro personas, dos de ellas menores de 15 años.

La organización no gubernamental había denunciado el martes ejecuciones extrajudiciales masivas, torturas y arrestos de 168 personas de la comunidad fur, en la misma región de Darfur. (FIN)