SANTIAGO (IPS) Es necesario establecer políticas integrales de acceso a la información judicial para terminar con la cultura del secretismo que caracteriza a América Latina y limita la democracia, recomendaron un organismo de la OEA y una entidad intergubernamental autónoma en un nuevo estudio.

El documento, que analiza a fondo la situación en Argentina, Perú y Chile, sugiere también avanzar en los procesos de reforma de los sistemas judiciales, trabajar en leyes de acceso a la información pública, capacitar a los funcionarios del área y hacer más accesible el lenguaje judicial a los ciudadanos.

”En nuestras sociedades está instalada una cultura del secretismo que no le hace bien a la democracia”, dijo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni.

El estudio, presentado el 30 de noviembre en un seminario en esta capital, es parte de un proyecto de la relatoría que dirige Bertoni y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), una organización intergubernamental autónoma. Fue financiado por el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Fundación Ford para el Cono Sur.

La situación que se vive en Argentina, Perú y Chile es extensible a la mayoría de los 34 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a pesar de que se advierten importantes cambios en los últimos años, dijo el experto.

Varios países han renovado sus sistemas de justicia, especialmente en lo relativo a los procesos penales, y promulgado e implementado leyes de acceso a la información pública, como es el caso de México, Panamá, Ecuador y República Dominicana.

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento es obligatorio para los países que la han ratificado, dispone de varias garantías que relacionan el debido proceso con el acceso a la información.

CEJA y la relatoría subrayan que los procesos judiciales siempre inciden sobre los derechos de los ciudadanos y que garantizar el acceso a la información mejora la calidad de vida de las personas y favorece el bien común.

El estudio analizó en forma separada las funciones administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial y concluyó que en la región se ha registrado una mayor apertura hacia la jurisdiccional, debido a la instauración de un modelo de justicia penal del tipo acusatorio (con fiscales públicos), basado en las garantías del debido proceso.

En Argentina, Perú y Chile, los temas más sensibles se relacionan con los actos administrativos, es decir, la gestión de los recursos presupuestarios y la entrega de antecedentes de los funcionarios, en especial de los jueces, así como con todo lo relativo a su desempeño profesional.

Se considera sujetos demandantes de información judicial a los usuarios directos -abogados, imputados, víctimas, testigos-, los medios de comunicación y a las organizaciones no gubernamentales e investigadores del área.

De los tres países observados, Argentina es el primero que reformó su proceso penal, en 1992. Sin embargo, según el informe, el uso de la oralidad (en alegatos y declaraciones de testigos) en los juicios es todavía incipiente y presenta dificultades.

Según la autora del apartado argentino, Milena Ricci, entre las asignaturas pendientes ”está la sanción de una ley de acceso a la información pública para los tres poderes del Estado -actualmente en trámite en el Congreso- y la explicitación de una política de acción consensuada dentro del Poder Judicial”.

También instó a capacitar a los funcionarios judiciales y a mejorar la infraestructura de los lugares de atención de los ciudadanos, que tienen graves problemas de señalización.

”La corte argentina se está renovando y ha sido proactiva en esta materia. Así que independientemente de que salga una ley, que sería útil para exigir cambios, el mismo Poder Judicial puede implementar los mecanismos para favorecer el acceso a la información”, aseguró Ricci a IPS.

La reforma al sistema procesal penal fue aprobada este año en Perú, pero aún no se ha materializado. Este país también cuenta con una ley de acceso a la información pública, que entró en vigencia el 1 de enero del 2003, cuyos resultados a la fecha son escasos.

”En Perú no existe una política de implementación de esta ley. No hay ninguna entidad pública que tenga la capacidad y el mandato para hacerlo. Hoy las instituciones públicas hacen lo que creen necesario de acuerdo a su propia interpretación de la ley”, señaló a IPS el autor de la investigación en ese país, Javier Casas.

El abogado y periodista peruano destacó positivamente a México, con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, ”entidad que se dedica exclusivamente a señalar la política general del gobierno federal mexicano respecto de la transparencia”.

Casas indicó que la situación de Perú está fuertemente determinada por los altos índices de corrupción que registra el país. ”En estos momentos no está en la agenda nacional promover de manera general este tema (de acceso a la información judicial)”, dijo.

Sólo en gobiernos regionales hay algunas experiencias interesantes. ”Si es que éstas se consolidan pueden ser buenos ejemplos para las entidades similares”, comentó.

Chile aprobó un nuevo Código Procesal Penal en 2000, que introdujo la oralidad y publicidad como ejes centrales del proceso, y operará en todo el país desde junio de 2005, cuando se inicie su aplicación en la región Metropolitana, donde se produce 60 por ciento de los casos judiciales.

La directora de Programas de CEJA, Mildred Hartmann, explicó a IPS que en Chile la Reforma Procesal Penal ha logrado ”instaurar una verdadera política de publicidad (juicios públicos), y mostrar que ello es posible e incluso benéfico”.

Las demás ramas de la justicia (Civil y Laboral) se deberían sumar al esfuerzo y desplegar estrategias similares o comparables, acotó la experta. (FIN)