SANTIAGO (IPS) Las mujeres, más si son jóvenes, obreras y pobres, corren el riesgo de aparecer degolladas, mutiladas y ultrajadas sexualmente una mañana cualquiera en plena calle de alguna ciudad latinoamericana, como lo certifican más de 1.500 casos en la última década y que aún siguen impunes.

Los asesinatos registrados en especial en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza de Estados Unidos, en la capital de Guatemala, en Alto Hospicio, Chile, además de Brasil y El Salvador dejan un reguero de sangre que nadie sabe donde termina, según activistas femeninas, académicos, parlamentarios y funcionarios reunidos en Santiago de Chile.

Son crímenes que pesan sobre la conciencia de los Estados, que, al no intervenir según las obligaciones establecidas en el derecho internacional, permiten la impunidad de este fenómeno, conocido como feminicidio, sostuvieron participantes del encuentro.

La violencia sexual es característica del feminicidio. "Son mujeres que se han encontrado con sus genitales mutilados y la mayoría presenta violación”, explicó a IPS, la antropóloga Isabel Espinosa.

"Sus cuerpos están ubicados de tal manera que sus órganos sexuales están expuestos y no da lo mismo si se mató un hombre o una mujer. Es decir, hay una connotación sexual intencional”, añadió la experta, quien fue una de las expositoras de la "Jornada de Reflexión--El feminicidio en América Latina”, realizada el 5 de este mes en Santiago por la organización Amnistía Internacional (AI).

Esta organización humanitaria con sede en Londres lanzó el 8 de marzo la campaña global "No más violencia en contra de las mujeres”, que propone enfrentar el maltrato a la población femenina afirmando los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

Para erradicar este tipo de violencia hay que promover la igualdad de género, buscar la justicia para los casos de violaciones de derechos humanos por discriminación sexual y determinar irrevocablemente la responsabilidad de los Estados y la comunidad internacional en el ejercicio diligente para castigar a los autores de estos crímenes, según AI.

El feminicidio se define como el fenómeno que ha cobrado la vida de miles de mujeres en la última década en América Latina por causas muchas veces derivadas del deterioro de los indicadores socioeconómicos y por una tradición patriarcal enraizada en la región, que intimida a las mujeres mediante muertes violentas con rasgos de misoginia.

Uno de los ejemplos más emblemáticos son las llamadas muertes de Juárez. Se trata de más de 300 mujeres asesinadas desde 1993 luego de haber sido secuestradas, violadas y torturadas.

Todas las mujeres asesinadas eran jóvenes, de escasos recursos económicos, inmigrantes en camino a Estados Unidos, estudiantes o trabajadoras de la denominada "maquila", la industria de ensamblaje en zonas francas que atrae las mayores inversiones externas y no cuenta con ninguna regulación dada la liberalización del comercio.

Las presiones internacionales hicieron que el gobierno de México iniciara una investigación a partir del 2001, pero según la información recogida por Espinosa, hasta hoy a la impunidad de esos asesinatos se agregan entre 400 y 4.000 mujeres reportadas como desaparecidas y entre 30 y 70 cadáveres aún sin poder identificar.

"Es sospechosa la poca claridad en las cifras del gobierno y de las organizaciones de mujeres”, apuntó la antropóloga.

Mientras, en la empobrecida localidad chilena de Alto Hospicio, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, 17 jóvenes, 11 de ellas menores de 18 años, fueron secuestradas, violadas, golpeadas y asesinadas entre 1998 y 2001.

Las autoridades, tras las denuncias correspondientes una vez que desaparecieran las jóvenes, culparon a las propias víctimas, atribuyéndoles abandono de hogar y esta involucradas en maltrato familiar, prostitución y trata de blancas, en una actitud calificada por los expertos de criminalización de la pobreza.

"Las mujeres de Alto Hospicio no fueron consideradas ciudadanas de derecho durante su desaparición ni luego de comprobarse las razones de su muerte”, afirmó la socióloga Sonia Vargas en su exposición en el foro de AI.

En el caso chileno, el Estado ofreció reparación económica a los familiares de las víctimas de Alto Hospicio, pero ellos aún arrastran el estigma de ser pobres, lo cual les arrebata el derecho a la justicia, aseguraron.