PUERTO ESPAÑA (IPS) Con la Comunidad del Caribe llamando a todos los bandos en el conflicto en Haití a respetar los derechos fundamentales y las libertades civiles, un experto de la región exhorta a América Latina a involucrarse en la solución de la crisis política.

Brasil, en particular, debería unirse a la búsqueda de soluciones en Haití, donde la oposición demanda la renuncia del presidente Jean Bertrand Aristide, dijo el profesor Vaughn Lewis, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Indias Occidentales.

Lewis, quien duda en que Aristide logre calmar el país antes de marzo, como le exige la Comunidad de Naciones del Caribe (Caricom), cree que el bloque regional debe subir un nivel más las gestiones diplomáticas para ayudar a Haití a salir de la crisis política.

”Se requiere una combinación de Caricom, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero Caricom debe unirse a países latinoamericanos para ayudar en la situación”, dijo Lewis a IPS.

”No es únicamente Estados Unidos, que también es necesario. Hay una situación emergente en América, una visión de conjunto, especialmente desde Brasil, según la cual los asuntos continentales deben abordarse de manera colectiva”, agregó.

”Caricom no puede actuar como garantía de estabilidad ni está en posición para convencer a las fuerzas locales de tomar ciertas decisiones”, según el experto.

El bloque regional condenó el 10 de febrero el ”desorden y la anarquía” en Haití, y urgió a todos los grupos ”que tienen en sus corazones la paz y el bienestar de su pueblo a aceptar la urgente necesidad de diálogo y a contenerse de tomar medidas que signifiquen una escalada de violencia y conduzcan a la anarquía”.

La declaración se conoció cuando fuerzas rebeldes tomaron control de varios poblados para exigir la renuncia de Aristide. Informes extraoficiales indican que al menos 40 personas murieron desde el inicio de la ofensiva opositora sobre ciudades como Gonaives y St. Marc.

El 10de febrero, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, descartó cualquier tipo de intervención militar para restaurar la paz, pero admitió que Caricom podría enviar una misión armada de paz a Haití, isla de más de siete millones de habitantes.

A fines de enero, Manning y gobernantes de Jamaica, Santa Lucía y Bahamas se reunieron con Aristide en Kingston para elaborar un plan dirigido a poner fin a la crisis. Pero Aristide dejó entonces en claro que no tiene intenciones de renunciar antes de que concluya su periodo de gobierno, en 2006.

A comienzos de ese mismo mes, los líderes caribeños se habían reunido en Bahamas con representantes de la oposición haitiana. A partir de esas reuniones, los gobiernos de la región dieron a Aristide tiempo hasta marzo para calmar la situación.

El presidente haitiano acordó establecer un consejo asesor de base amplia que integre a personalidades independientes y aceptables para ambos bandos, dijo Patterson.

Aristide también accedió a liberar a cualquier detenido de manera arbitraria durante manifestaciones opositoras, a desarmar las pandillas armadas y a derogar las normas que restringen las protestas públicas.

Pero Lewis advirtió que la oposición debería notar la intervención de actores externos para ceder y permitir un acuerdo.

Aristide, líder de la oposición a la dictadura que durante décadas encabezó la familia Duvalier, fue derrocado por un golpe militar en 1991, nueve meses después de alcanzar por primera vez el gobierno.

En 1994, fue restaurado en el poder por 21.000 soldados estadounidenses, en una operación que costó 1.000 millones de dólares al gobierno de Bill Clinton.

Pero la ayuda de Washington se redujo en los últimos años, mientras la economía de Haití, el país más pobre de América, tambaleaba aun más y la crisis política se agravaba.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Naciones del Caribe (Caricom) se hicieron cargo, sucesivamente, de las gestiones por el fin de la crisis.

El presidente gobierna por decreto, pues el mandato de los legisladores concluyó en enero.

Las protestas, los gases lacrimógenos y los disparos son el pan de cada día en Puerto Príncipe. Más de una docena de radioemisoras quedaron fuera del éter, a veces por la demolición intencional de sus antenas transmisoras, a veces porque se redujo sus edificios a cenizas.

Cada semana aumenta el saldo fatal de la crisis. Decenas de personas murieron en actos de violencia política en los últimos meses. La mayoría son opositores abatidos por policías y, en ocasiones, por simpatizantes de Aristide que han operado con impunidad. Pero los disparos mortales también partieron de filas opositoras.

La oposición atribuyó a un fraude el triunfo arrollador del gobernante partido Lavalas en las elecciones parlamentarias de 2000, y por eso postuló la abstención en las presidenciales de ese mismo año, también ganadas por Aristide, cuyo periodo de gobierno concluye en 2006.

El gobierno afirmó que la oposición promueve un golpe de estado porque teme comparecer a elecciones. Los opositores replicaron que el gobierno de Aristide es ilegal.

Washington y la Unión Europea (UE) continúan reclamando elecciones. Aristide anunció en la Cumbre de las Américas celebrada la semana pasada en Monterrey, México, que habría comicios a fines de julio. (FIN)