BUENOS AIRES (IPS) Un ex funcionario argentino recuerda a cada paso que durante la administración de Fernando de la Rúa (1999-2001), cuando las provincias negociaban con fuerza ante un presidente debilitado, había un gobernador inflexible aunque cumplidor a rajatabla una vez que asumía un compromiso que consideraba justo.

Ese gobernador era Néstor Kirchner, el actual presidente de Argentina, quien al igual que cuando representaba a la austral provincia de Santa Cruz mantiene desde hace cinco meses firme su propuesta de una quita de 75 por ciento a los títulos de deuda en poder de acreedores privados que fueran declarados en cesación de pago en diciembre de 2001.

También es quien advirtió que Argentina no apelará a sus reservas internacionales de divisas para cancelar los 3.100 millones de dólares en obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencen en marzo ”si previamente no está el aviso del directorio (de ese organismo) sobre la aprobación” de la segunda revisión de las metas económicas acordadas.

Pero los agentes de los llamados ”fondos buitres” no se quedan en palabras al momento de rechazar la quita propuesta y ya pasaron a la ofensiva recurriendo a la justicia de Estados Unidos para que ésta declarara la inhibición de venta hasta ahora de 15 propiedades del estado argentino en ese país, por valor de unos 20 millones de dólares.

Los fondos buitres es una identificación de los expertos de aquellos capitales que se dirigen hacia las empresas o países en bancarrota para comprar deudas bancarias o bonos 'chatarra' en mora a precio muy deprimido para apostar a la recuperación del valor de esos créditos.

El gobierno de Kirchner se mantiene inflexible pese a esa fuerte presión, que podría incrementarse en el corto plazo, aunque por ahora es considerada simbólica porque la inhibición impuesta a pedido del fondo buitre conocido por las siglas NML es en reclamo de sólo 172 millones de dólares y sobre valores de apenas 20 millones.

También en las últimas horas han aparecido aliados de Argentina, como el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien se manifestó este jueves confiado en que el FMI apruebe las metas prometidas por Buenos Aires y se pueda cerrar en febrero el ansiado acuerdo crediticio.

”No hay antecedentes de una negociación tan dura entre un país y el FMI desde fines de los años 80”, señaló a IPS Alejandro Vanoli, profesor de la cátedra de Economía Internacional de la estatal Universidad de Buenos Aires y miembro del llamado Plan Fénix, que reúne a economistas críticos del neoliberalismo.

Argentina afronta en la actualidad una deuda de 170.000 millones de dólares, 95.000 millones de los cuales corresponden a bonos del Tesoro declarados en cese de pago (default) en diciembre de 2001. Ese paquete último de títulos en poder de privados es que Argentina propone desde septiembre canjear por bonos con una quita de valor nominal de 75 por ciento o papeles a cobrar a muy largo plazo.

Los tenedores de bonos, concentrados en Argentina, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania y Japón, son en general ahorristas o grandes inversores que adquirieron papeles durante el proceso de deterioro que llevó al colapso de 2001, cuando eran ofrecidos en los mercados de capitales a tasas de interés muy superiores a las que se obtenían de países estables.

Según un estudio realizado por el Plan Fénix, las ganancias extraordinarias obtenidas por esos inversores antes del colapso financiero argentino fue en torno a los 43.000 millones de dólares, un monto cercano a lo que deberían resignar ahora si aceptan los nuevos papeles con esa quita
de 75 por ciento.

Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguran que, en la medida que los tenedores privados de deuda admitan bonos con esos límites, el país va a lograr consolidar el actual crecimiento económico y eso permitirá cumplir con los compromisos que hoy se asuman.

La determinación del mandatario argentino de mantener esa posición pese a las críticas de los acreedores comenzó a poner nerviosa a la comunidad financiera internacional. El director gerente del FMI, Horst Koehler, llamó a Lavagna para reunirse el 9 de febrero en Miami. El encuentro que se prolongó por cinco horas.

La cita se produjo en el marco de la reunión de ministros de Economía del Grupo de los Siete (G-7) países más ricos, que finalizó con un pedido para que Argentina acelere la reestructuración de su deuda, e incluyó a la plana mayor del FMI interesada por seguir al detalle los puntos pendientes de la estrategia negociadora argentina.

”Hay un principio en la legislación del mundo occidental que refleja lo que el presidente Kirchner dijo muchas veces” y es que ”quien promete lo que no puede cumplir, actúa de mala fe”, sintetizó Lavagna al finalizar la reunión con Koehler y su gente.

Vanoli sostuvo que el eventual fracaso de esta negociación no sólo significaría un revés para Argentina y sus acreedores sino también para el FMI ”que viene de varios traspiés” a la hora de administrar sucesivas crisis financieras en el mundo desde el derrumbe de las economías del sudeste asiático en 1997.

Por pedido del G-7, cuyos gobiernos son presionados por los acreedores privados, el FMI apuró a Argentina para que acelere la reestructuración de su deuda mediante la selección de bancos que colocarán los nuevos títulos y para que defina un nuevo bono que podría estar atado al crecimiento futuro del país.

El fracaso sería aún mayor si se tiene en cuenta que Argentina, tras sufrir un verdadero colapso económico y financiero a fines de 2001, tuvo un crecimiento de su producto interno bruto de 8 por ciento en 2003 y prevé mantener esa tendencia este año según las estimaciones oficiales y de consultores privados.

A diferencia de lo que ocurría en la primera mitad de los años 90, esos resultados positivos se obtuvieron sin ayuda financiera de los organismos multilaterales de crédito y sin dejar de cumplir con los vencimientos de deuda con esas entidades a los que se les cancelaron más de 7.000 millones de dólares en los últimos dos años.

Mientras la puja se mantiene al más alto nivel político, los fondos buitres consiguieron que la justicia de Estados Unidos inhibiera algunos bienes estatales de Argentina en ese país, algo que Buenos Aires minimizó al considerar que no se trata de embargos y apeló la medida. (FIN)