BRUSELAS (IPS) El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, recibió en una gira por la Unión Europea (UE) duras críticas de grupos de la sociedad civil por su tratamiento a los derechos humanos, pero obtuvo el respaldo de altos funcionarios europeos.

Los grupos reclaman a los líderes europeos una actitud firme hacia Uribe, que procura la ayuda financiera de Bélgica, Alemania e Italia para combatir a las organizaciones guerrilleras que operan en su país, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El 11 de febrero, cuando Uribe comenzaba su visita a Italia y el Vaticano, los líderes de las tres principales federaciones sindicales italianas enviaron una carta al presidente Carlos Azeglio y al primer ministro Silvio Berlusconi en la que denunciaron la ”dramática” situación de los derechos humanos en Colombia.

Los líderes sindicales, que representan a unos 11 millones de trabajadores italianos, recordaron que "sólo en el último año fueron asesinados 72 activistas sindicales sin que los culpables hayan sido castigados”, y solicitaron la condena pública del gobierno de Uribe por desatender tales derechos.

Mientras, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron la ley aprobada en diciembre en Colombia que otorgó amplios poderes a las Fuerzas Armadas para detener sospechosos sin cargos, intervenir líneas telefónicas y recabar pruebas en zonas de guerra.

Ambos grupos sostienen que las nuevas facultades estimularán a las fuerzas gubernamentales a cometer más abusos, y exhortaron a los donantes europeos a no brindar más ayuda a Colombia hasta que el gobierno de Uribe cumpla con las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la nueva ley es incompatible con el derecho internacional.

Por otra parte, Uribe recibió el 9 de febrero en Bruselas el apoyo del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, al comienzo de su gira.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, ”reafirmó su compromiso de apoyar al gobierno (colombiano) en la búsqueda de una solución para el conflicto interno”, declaró Prodi tras su reunión con Uribe.

El 10 de febrero, el mandatario colombiano lanzó un nuevo programa de apoyo a los desplazados internos junto con el comisario europeo de Asuntos Exteriores, Chris Patten, y el comisario de Comercio, Pascal Lamy. El programa, de 11,7 millones de dólares, se aplicará en 2004 y 2005.

Uribe también firmó un acuerdo con la Oficina de la Policía Europea (Europol) y el canciller europeo, Javier Solana. El acuerdo facilitará el intercambio de información entre Colombia y la UE en áreas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Solana declaró que la UE ”apoya los esfuerzos realizados por el gobierno de Colombia para llevar la seguridad a todo el país”.

”Es esencial una amplia estrategia de paz para alcanzar una solución negociada en el conflicto interno armado, en línea con el derecho internacional y la protección de los derechos humanos”, agregó.

Unas 3.500 personas, en su mayoría civiles, murieron el año pasado a causa de la violencia en Colombia, donde el conflicto interno lleva ya más de 40 años.

La violencia procede de todas partes. Mientras las FARC y el ELN matan y secuestran, fuerzas gubernamentales y paramilitares cometen también ”masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, denunció la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Funcionarios del gobierno colombiano prometieron en una conferencia celebrada en Londres el pasado julio aplicar una lista de 24 recomendaciones realizadas por la Comisión, pero desde entonces la situación se ha deteriorado, según observadores y diplomáticos.

El 10 de febrero, Uribe defendió su política contra el terrorismo en un discurso ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

El presidente dijo que su política es necesaria para combatir a los rebeldes de izquierda involucrados en el narcotráfico y los secuestros, y afirmó que la criminalidad se redujo desde que él llegó al poder en 2002.

Colombia produce 70 por ciento de la cocaína mundial, y el tráfico de drogas en el país está controlado principalmente por la guerrilla de izquierda y los paramilitares de derecha.

Según Uribe, aliado del gobierno estadounidense, las leyes sobre detención de personas no son más duras que normas similares de Estados Unidos y Europa. ”Los terroristas son muy ricos en Colombia gracias a las drogas y el narcotráfico”, dijo a los parlamentarios europeos.

El presidente comparó a las FARC con los nazis. ”Si Hitler todavía tuviera encerrada a la gente en campos de concentración, los países extranjeros no estarían impulsando acuerdos humanitarios con él”, dijo, y agregó que ”los derechos humanos no deben utilizarse para encubrir acciones terroristas”.

Cerca de 12 legisladores europeos se retiraron del recinto del parlamento cuando Uribe pronunciaba su discurso, en protesta por la nueva ley que otorga amplios poderes a las Fuerzas Armadas.

Pero las declaraciones de Uribe no convencieron a los grupos de derechos humanos. Human Rights Watch exhortó a la UE a posponer una conferencia de donantes prevista para este año hasta que Colombia cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos.

La UE prometió 410 millones de dólares de ayuda a Colombia hasta 2006. Europa es el mayor donante de Colombia para programas humanitarios, de paz y derechos humanos.

”Colombia está en un punto de inflexión, y la posición de la UE será decisiva”, declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch en América.

Mientras, Amnistía Internacional urgió a la UE a insistir en que cualquier proceso de paz ofrezca garantías de verdad, justicia y compensación a las víctimas.

”La UE debe observar más de cerca lo que está ocurriendo y abstenerse de apoyar políticas que pueden exacerbar la crisis de derechos humanos en el país”, declaró el director de la oficina europea de la UE, Dick Oosting.

El líder liberal demócrata europeo Graham Watson se sumó a las inquietudes de la sociedad civil.

Watson, quien se negó a asistir a un almuerzo en honor a Uribe, destacó que la UE debe proteger los derechos humanos al negociar un acuerdo comercial con el gobierno colombiano. (FIN)