MEXICO (IPS) A sus 80 años, el mexicano Felipe Hernández y otros 7.500 ancianos exigen al gobierno de su país el dinero que se les descontó cuando trabajaron como ”braceros” en Estados Unidos en los años 40 y 50. Pero quizá no consigan nada y hasta terminen con una denuncia penal en contra.

Los ex braceros, como se les llama en México a los emigrantes campesinos pobres, que laboraron en Estados Unidos entre 1942 a 1964 bajo el amparo de un acuerdo suscrito entre los gobiernos de entonces de ambos países, exigen sin éxito desde 1998 el regreso del fondo de ahorro generado por su trabajo.

En la que fue la más drástica y llamativa de sus protestas, Hernández ingresó el 7 de febrero a la fuerza junto a 2.000 de sus compañeros a un rancho perteneciente a la madre del presidente Vicente Fox, en el central estado de Guanajuato.

Los ancianos abandonaron la propiedad luego de hablar con un negociador del gobierno, quien les prometió que serían recibidos por funcionarios para buscar una solución a sus demandas.

No obstante, el presidente Fox indicó que el allanamiento será
investigado y enfrentado legalmente, por lo que los ex braceros podrían ser procesados por invasión de propiedad.

El ingreso al rancho de la mamá del mandatario fue un acto desesperado y sería lamentable que se concrete cualquier acción legal por ello, dijo Ventura Gutiérrez, portavoz de Alianza Binacional Braceroproa.

Los ex trabajadores rurales, que se aglutinan en varias organizaciones, han recibido múltiples promesas del gobierno y legisladores mexicanos respecto de atender sus demandas, pero ninguna se ha concretado.

Mientras, la emigración a Estados Unidos sigue sin pausa. Cada año más de un millón de mexicanos, en su mayoría campesinos, cruzan la frontera con el país vecino del norte, pero de ellos sólo unos 400.000 logran establecerse mientras que los restantes son deportados.

”Yo quiero que me devuelvan mi dinero luego de que me partí la espalda trabajando al otro lado (en Estados Unidos) y ahora sigo tan pobre como en esos años”, declaró Juan Santiago, de 72 años y quien junto a unos 1.000 de sus compañeros marchó el 9 de febrero por las calles de la capital mexicana para insistir en sus demandas.

”Sólo pedimos lo que nos corresponde, o por lo menos una pequeña ayuda para poder dejar la miseria”, señaló por su parte Martina Molina, viuda de un ex bracero.

Los campesinos dejan periódicamente sus casas y se movilizan a la capital u otras ciudades en autobuses para realizar sus protestas, que según indican son financiadas por ellos y sus familiares.

El 4 de agosto de 1942, los entonces presidentes Franklin Roosevelt, de Estados Unidos, y Manuel Avila, de México, instituyeron el llamado Programa Bracero para cubrir la falta de mano de obra que aquejaba en aquellos años a los campos estadounidenses debido a que los trabajadores habían sido reclutados para luchar en la segunda guerra mundial.

Hasta 1964, cuando se canceló el programa, más de cuatro millones de mexicanos ingresaron a Estados Unidos para trabajar en la agricultura por un pago de 50 centavos de dólares por hora.

El acuerdo bilateral indicaba que 10 por ciento del salario de los trabajadores sería retenido para conformar un fondo de ahorro. Pero ese dinero nunca fue regresado a sus beneficiarios.

Tanto el banco estadounidense, Wells Fargo, principal firma encargada de transferir el dinero a México en los años que operó el programa, como el gobierno de Fox, dicen no saber dónde quedó el fondo de retiro, que con los intereses generados hasta la fecha ascendería a unos 500 millones de dólares.

En 2002, Charles Breyer, juez federal de la sudoccidental ciudad estadounidense de San Francisco, declaró improcedente una demanda que representantes de los braceros interpusieron contra los gobiernos de Estados Unidos y de México por el tema de sus fondos de retiro.

En su sentencia, el juez señaló que ”no dudo que muchos de esos trabajadores no hayan recibido sus ahorros a los cuales tenían derecho”, pero la demanda no procede debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.

Muchos de los trabajadores que viajaron en los años 40, 50 y 60 a Estados Unidos, donde según relatan fueron explotados y discriminados, ya murieron, pero otros son ancianos que se declaran desesperados por su pobreza.

Las organizaciones que aglutinan a los ex braceros, tienen registrados a 7.500 mexicanos que demandan sus fondos de retiro.

”Hay un componente humano dramático en el conflicto de estos ex emigrantes, y todas las autoridades se lavan las manos para no responder a una demanda que es justa”, señaló a IPS Karla Castillo, una activista que los apoya.

El gobierno del Fox responde que no hay un marco legal vigente ni dinero disponible para cubrir las demandas de los campesinos. ”Lo único que podemos ofrecer son los programas sociales del gobierno”, manifestó el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel.

Pero los ex braceros no están de acuerdo y, según explicó Castillo, esperan que el gobierno les entregue al menos entre 5.000 y 10.000 dólares a cada uno por aquel fondo de retiro que nunca recibieron. (FIN)