ROMA (IPS) ”Ya no puedo dormir tranquilo. Cualquiera que, como yo, haya invertido los ahorros de toda una vida en Parmalat lo entendería”, dice este italiano de 60 años que confiaba en que pronto se jubilaría en paz.

Este es uno de los miles de pequeños poseedores de bonos (títulos de deuda) de la otrora multimillonaria empresa de productos lácteos, cuyas operaciones comenzaron en 1962 con una facturación anual que se elevó de 200.000 dólares a 9.500 millones en 2002.

Nadie se mostró sorprendido cuando los bonos de las empresas, mucho más seguros que las acciones (participaciones en el capital de la sociedad anónima), atrajeron 7.500 millones de dólares.

Los compradores fueron seducidos por un interés de ocho por ciento, cuando el de los bonos del Estado italiano rendía apenas entre dos y tres por ciento.

Pero en diciembre, esta empresa supuestamente usuaria de un flujo de caja de 4.200 millones de dólares, no pudo pagar la amortización de una emisión de bonos relativamente pequeña, de 188 millones de dólares.

Una vez que fracasó esa operación, se supo que, en realidad, la empresa tenía un gigantesco déficit acumulado, disimulado mediante malversaciones contables, hoy estimado en 18.000 millones de dólares.

El valor de los bonos se precipitó de 3,8 a 0,125 dólares poco antes de Navidad. Las emisiones se suspendieron por tiempo indefinido. Una decena de personas, entre ellas el fundador de la empresa, Calisto Tanzi, están presas a raíz de la investigación judicial iniciada por la Fiscalía de Milán.

El escándalo afectó las operaciones de Parmalat en el extranjero. La filial brasileña de la empresa, considerada económicamente viable por sus responsables, recibió en las últimas horas desde la casa matriz --intervenida por el gobierno-- la orden de venta urgente de todos sus activos.

La filial chilena, por su parte, acumula una deuda de dos millones de dólares con sus proveedores de leche y afronta una situación financiera delicada.

Días atrás, la fiscalía de Milán dispuso el allanamiento de la filial en la ciudad italiana del banco suizo UBS en busca de documentación relativa a una emisión de bonos por 500 millones de dólares.

La fiscalía recibió hasta ahora más de 25.000 demandas que se investigan bajo el rótulo de fraude agravado.

En noviembre, ante inversionistas dudosos, Parmalat exhibió una carta-documento del Bank of America que acreditaba un depósito de 5.500 millones de dólares a nombre de Bonlat, subsidiaria de la compañía radicada en el país caribeño.

Pero poco después de que la compañía italiana no pudo pagar los 188 millones de dólares de amortización, el banco estadounidense cayó en la cuenta de la existencia de ese documento, el cual, advirtió, era falso.

Parmalat aún vende leche, yogurt, jugos, postres y otros productos similares. Sus trabajadores no están en peligro de perder el empleo. No son los consumidores ni el personal los que se han perjudicado, sino los inversores los que se sienten ordeñados.

Hace apenas un mes, Parmalat constituía el séptimo grupo económico italiano, con 36.356 trabajadores empleados por 139 fábricas en todo el mundo. Sus acciones figuraban en el índice Mib30, de referencia en el mercado bursátil italiano.

Para miles de pequeños inversores, el nombre de la compañía era ya una garantía. Ahora ven que su futuro se les escurre entre los dedos.

”Son personas que invirtieron entre 12.000 y 62.000 dólares para asegurarse su pensión, una vivienda o una herencia”, dijo a IPS el presidente de la asociación italiana de consumidores Movimiento de Defensa del Ciudadano, Antonio Longo.

Uno de cada tres inversores en Parmalat destinaron para eso gran parte de sus ahorros, indicó Altroconsumo, otra organización italiana de consumidores. Quince de estas asociaciones unieron fuerzas para ayudar a los pequeños inversores a recuperar al menos parte de sus fondos.

Las autoridades financieras italianas descubrieron que los registros contables de Parmalat estaban fraguados, a pesar de que habían sido certificados por Consob, la autoridad en materia bursátil, y auditada, en primera instancia, por la firma Grant Thornton y, después de 1999, por Deloitte & Touche.

El gobierno de Silvio Berlusconi intervino en diciembre para salvar a la compañía. El ministro de Industria, Antonio Marzano, lanzó una fórmula para mantener la compañía funcionando bajo una administración especial encabezada por Enrico Bondi, quien salvó a la empresa italiana de energía Montedison de la bancarrota en los años 80.

No resultan claras las recomendaciones de Bondi, ni el costo que los contribuyentes italianos pagarán por el rescate del gobierno.

”Estamos muy preocupados porque la lógica detrás del decreto es mantener vivo el sistema industrial, no salvaguardar a los ahorristas”, dijo Vincenzo Somma, de Altroconsumo.

Llueven acusaciones sobre bancos como los italianos Capitalia, Banca Intesa y Unicredit, los estadounidenses Bank of America y Citigroup, el holandés ABN Amro, el alemán Deutsche Bank, todos los cuales prestaron dinero a Parmalat para apoyar su esquema de acciones y bonos.

”Los bancos son responsables de este desastre y tienen que pagar los costos”, consideró Longo.

Pero la Asociación Bancaria Italiana (ABI), representante del sistema financiero de este país en el exterior --en especial en disputas con países en desarrollo emisores de bonos, como Argentina--, aseguró que ”en este caso, los bancos pueden considerarse parte afectada”.

Algunos bancos tomaron medidas para compensar a los inversores por los bonos de Parmalat que ellos emitieron, pero ”aún está por verse la disponibilidad de fondos”, según Somma.

La crisis de Parmalat deja en evidencia la falta de transparencia del sistema financiero italiano y el modo en que las compañías atraen los ahorros de la clase media.

Las investigaciones preliminares mostraron ”un enredo de controladores y controlados”, dijo Paolo Landi, de la asociación Adiconsum. ”Esto debe cambiar para evitar problemas similares en el futuro.”

Las organizaciones de consumidores Adiconsum, Consumatori Indipendenti y Lega Consumatori exigen fuertes castigos, la reposición total de las inversiones y la creación de un organismo europeo para proteger a los pequeños ahorristas.

Las asociaciones de consumidores consideran acciones civiles y penales contra los responsables. Pero eso insumirá tiempo, mientras el futuro de sus ahorros de años continuará incierto.

La caída de las acciones y bonos de empresas italianas en los últimos dos años ocasionaron pérdidas por más de 40.000 millones de dólares, golpeando a 800.000 inversores, según las organizaciones que los reúnen. (FIN)