BUENOS AIRES (IPS) Juan Pagnotta es un joven asesino a sangre fría de un hombre que intentó defender a su hija en un robo. Pero además, es uno de los tantos ejemplos de connivencia con policías de la oriental provincia argentina de Buenos Aires, que el nuevo secretario de Seguridad prometió desarticular.

El jurista León Arslanián volvió al cargo del que renunció hace seis años con un plan de reestructura a fondo de la policía provincial y del propio sistema de seguridad ciudadana, que incluye la sustitución de oficiales formados en la fuerza por civiles en algunos puestos claves.

Al asumir el 13 de abril la Secretaría de Seguridad del distrito más grande y poblado de Argentina, admitió que la corrupción ”es el problema más grave” de la estructura policial, a la que calificó de ”autoritaria, burocrática, esclerosada y disfuncional”.

También señaló que existen fuertes sospechas de que ese cuerpo de seguridad ”libera” zonas para el delito y da ”cobertura a malhechores”, una práctica habitual en tiempos de la última dictadura militar (1976-1983) para realizar los operativos de asesinatos y desaparición forzada de personas.

Esa corrupción es fruto del modelo autoritario, la falta de control, la connivencia con dirigentes políticos y la herencia de militares que manejaron la fuerza durante la dictadura, añadió el nuevo funcionario.

Arslanián presidió en 1985 la Cámara Federal que juzgó y condenó por delitos contra la humanidad a los jefes dictatoriales, luego indultados por el presidente Carlos Menem (1989-1999), fue ministro de Justicia entre 1991 y 1992 y en ese papel fue uno de los impulsores para implantar los juicios orales como forma de acelerar los procesos, y ocupó el actual cargo provincial en 1998.

Gabriel Lerner, de la Coordinadora contra la Represión Policial y abogado de familiares de víctimas del llamado gatillo fácil, explicó a IPS que los postulados de Arslanián son ”democráticos y progresistas”, aunque prefiere ser cauto hasta saber si hay voluntad política de poner en marcha las reformas anunciadas.

También Gustavo Palmieri, experto en temas de seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, destaca la trayectoria de ”respeto a la ley” de Arslanián y celebró la decisión política de convocarlo a pesar de algunas resistencias a su nombramiento desde distintos sectores.

Las reservas de los expertos tienen que ver, además, con lo complejo del problema. La connivencia entre policías y delincuentes es un fenómeno naturalizado en la provincia de Buenos Aires y registra un crecimiento exponencial en los últimos años, en particular con el robo y desguace de automóviles, secuestros con fines extorsivos, asesinatos y prácticas de gatillo fácil con jóvenes.

Las denuncias de todo tipo contra la llamada en su momento ”maldita policía”, que llevó a su descabezamiento en más de una oportunidad desde fines de los años 90, parecieron no hacer mella hasta el secuestro y posterior asesinato a fines de marzo de Axel Blumberg, de 23 años, que provocó una gran indignación tras la campaña pública iniciada por su padre.

Si bien esa situación no logró frenar la ola de violencia, marcó un antes y un después en esa asociación ilícita entre delincuentes y policías.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, reconoció que el problema de la inseguridad ciudadana fue puesto en el tope de la agenda por la movilización social que logró la arenga de Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, y se comprometió a eliminar ”el sistema de corrupción e ineficiencia” de la policía que ”vamos a enfrentar”. Incluso, ”si es necesario” se ”reemplazará” ese cuerpo, añadió.

La convocatoria de Blumberg, con ayuda de los medios de comunicación, llevó el 1 de abril a unas 200.000 personas frente a la sede del Congreso para pedir leyes penales más severas contra los autores de delitos graves y cambios en la organización de la policía en el país, en particular la de la provincia bonaerense.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad detuvieron a quienes se confiesan autores del asesinato del joven Blumberg, y también a Pagnotta, de 20 años. En los dos casos las investigaciones se centran ahora en las conexiones policiales que permitieron a los delincuentes actuar protegidos.

En el caso Blumberg, los vecinos habían alertado a la policía sobre los pedidos de auxilio del joven que estuvo secuestrado seis días antes de ser asesinado. Luego los vecinos denunciaron que la policía los intimidaba para que no declarasen. Finalmente el fiscal ordenó la detención de un suboficial de la Policía Federal, que tiene jurisdicción en la capital argentina y delegaciones en todo el país.

En cuanto a las circunstancias que derivaron en la muerte del comerciante Daniel Bogani, asesinado el 8 de abril por Pagnotta, también hay sospechas de connivencia policial.

Pagnotta secuestró a la hija de Bogani, y mientras sus familiares pedían ayuda a la policía su secuestrador la llevó a retirar plata a distintos cajeros bancarios automáticos.

Insatisfecho con lo recaudado, Pagnotta junto a otros dos cómplices fue a la casa de la joven e intentó ingresar apuntándole a la cabeza. El padre quiso proteger a su hija y Pagnotta lo baleó a quemarropa e hirió a su hija. La policía nunca llegó.

Días después, familias de dos personas asesinadas en abril y mayo de 2003 al parecer por el mismo delincuente, revelaron entonces su calvario desde que lo identificaron. Sus testimonios eran ignorados por la policía, y antes de que los testigos declaren ante la justicia recibían amenazas de muerte telefónicas. (FIN)