BUENOS AIRES (IPS) En sintonía con alertas de agrupaciones de la sociedad civil respecto del riesgo de perder el control sobre el acuífero Guaraní, el Mercosur resolvió tomar las riendas de esa enorme reserva de aguas subterráneas de la región. Pero activistas creen que el impulso llega tarde.

Por ello el Mercosur (Mercado Común del Sur) decidió en su última cumbre, del 8 de julio en la nororiental ciudad argentina de Puerto Iguazú, crear un grupo de alto nivel para discutir cómo garantizar sus derechos sobre esa enorme reserva de agua dulce que abarca parte de los territorios de los cuatro países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En esa instancia semestral, el canciller argentino Rafael Bielsa aseguró que los cuatro países ”tienen perfectamente en claro” la importancia del acuífero y advirtió que, ”si el Mercosur no se apura, se pueden apurar otras regiones en ponernos condiciones que serían gravosas para nuestros intereses”.

La idea que está detrás de la creación del grupo es la de ”reafirmar nuestra soberanía” sobre el acuífero, frente a las teorías internacionales que conciben al agua como ”un recurso de la humanidad”, explicó a IPS el subsecretario de la cancillería uruguaya, William Ehlers.

”Nadie aceptaría que el petróleo o el gas son Patrimonio de la Humanidad , y nosotros tampoco aceptamos que el agua sea considerada un recurso de todos, por eso queremos reafirmar que (el acuífero) es nuestro, y vamos a avanzar en su administración conjunta y sustentable”, afirmó el diplomático.

El Mercosur ya había puesto en marcha un año atrás un plan para conocer la potencialidad del acuífero, cuya superficie se calcula en más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados en el subsuelo del nordeste de Argentina, una muy extensa área sudoccidental de Brasil, el sudeste de Paraguay y buena parte de Uruguay, con 37.000 kilómetros cúbicos estimados de agua dulce.

El denominado Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní fue elaborado en cuatro años por científicos, activistas ambientales y expertos de los gobiernos del bloque, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial.

Si bien el proyecto fue una iniciativa de los gobiernos que reclamaron asistencia financiera y eligieron a la Organización de Estados Americanos para que lo ejecute, organizaciones no gubernamentales alertaron sobre presuntos intentos del mismo Banco Mundial y de Estados Unidos para hacer pie en estas reservas.

Más aun, algunas entidades señalaron que detrás de las denuncias internacionales de Estados Unidos sobre la existencia de ”células terroristas dormidas” en la llamada Triple Frontera, la zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, se ocultaba el interés de asentar una base de control militar que custodiara el acuífero.

Los países del Mercosur y la secretaría general del proyecto conjunto negaron categóricamente una y otra vez esta supuesta conspiración entre Washington y los organismos multilaterales de crédito para controlar el acuífero.

No obstante, los presidentes del Mercosur decidieron en Puerto Iguazú, precisamente próxima a la Triple Frontera , curarse en salud y para ello dieron vida al grupo de alto nivel, con el fin de tomar las riendas del acuífero y resolver sobre su utilización.

Lejos de rechazar la iniciativa, el secretario general del Proyecto, el brasileño Luiz Amore, celebró el interés manifestado por los presidentes en la última cumbre y anticipó a IPS que habrá una resolución de apoyo al grupo de alto nivel para acercar información técnica y financiamiento.

”Esto muestra el interés de los países dueños del recurso en conocer mejor el acuífero para incorporarlo a su agenda de gestión”, añadió Amore, para luego asegurar que ”no hay conflicto” entre el proyecto de preservación y el nuevo grupo, porque se trata de tareas complementarias.

El programa que coordina Amore lleva adelante los asuntos técnicos en tanto los juristas designados por el Mercosur deberán discutir los principios y lineamientos que garanticen sus derechos sobre el acuífero. ”Son iniciativas que se apoyan una a otra para llegar al mismo lugar”, afirmó.

Amore admitió que, a nivel internacional, existe un debate acerca del agua entre quienes la consideran patrimonio de la humanidad y quienes la conciben como un recurso de cada país. También hay discusiones entre quienes consideran al agua como una mercancía y quienes la ubican como un bien social.

En este sentido, la historiadora Elsa Bruzzone, experta en defensa del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), explicó a IPS que el agua debe ser considerada ”un bien social, y al mismo tiempo un recurso estratégico que forma parte del patrimonio de cada país”.